Andan los miembros del Consejo General del Poder Judicial preocupados
por la filtración continua de sumarios declarados secretos y ocupados
en cómo atajar una práctica que parece más una costumbre.
Vive el
llamado gobierno de los jueces sin vivir en sí porque esos sumarios son
secretos a voces.
Tengo un amigo periodista, versado en información de tribunales, que
mantiene la siguiente filosofía acerca de cualquier cuestión sumarial:
"Yo no lo voy a contar hasta que no se declare el secreto del sumario".
Y
así lo ha hecho y lo hace siempre que puede, creo que con éxito
profesional, hasta ahora.
No es esta una cuestión banal, tanto en el orden puramente jurídico y
judicial como en el informativo.
2 derechos constitucionales de los
ciudadanos considerados fundamentales: tutela judicial efectiva de sus
derechos e intereses legítimos (artículo 24) frente al de comunicar y
recibir libremente información veraz (artículo 20).
Sin duda, es
necesaria una conciliación, pues la realidad demuestra que, hasta ahora,
arrasa el 2º.
Lo cierto es, y dicho está en tiempos muy anteriores a los actuales,
que se han dado y dan situaciones de auténtica indefensión y que se
causa un perjuicio casi irreparable a quien es sometido a juicio
mediático, aun más en los nacidos y alimentados por revelaciones
sumariales contra las que existe una teórica protección de secreto y
que, por ello, resultan informativamente mucho más morbosos.
Paralelamente se sufre la llamada pena de telediario, que antes fue un
rincón de las revistas satíricas con el más que descriptivo nombre de la
cárcel de papel.
Desde el punto de vista de la comunicación hay que reconocer que
muchas filtraciones judiciales han dado un balance de conocimiento por
la opinión pública de graves conductas delictuosas, y por ello
antisociales, que de otro modo hubieran pasado inadvertidas.
La alarma
social es una consecuencia inevitable y necesaria de las mismas, pero,
sin duda, también un exponente de salud democrática.
Revelar estos secretos es un delito, al tiempo que puede ser un gran
quebranto para la investigación y el investigado, y una oportunidad de
conocimiento de conductas antisociales. El periodista siempre optará por
lo 2º y quienes deben de administrar justicia, administración
sometida con carácter general al principio de publicidad, por lo
1º.
Pero no nos engañemos.
El problema está en la oficina judicial, pues
solo pueden filtrar, total o parcialmente, sumarios secretos quienes
tienen acceso a ellos: el juez, el fiscal, el secretario y, en
ocasiones, la policía judicial. Ahí es donde en 1º lugar hay que
buscar las filtraciones.
¿Y qué puede hacer un afectado por este tipo de filtraciones?
Yo le
recomendaría hacer lo que solemos decir pomposamente los periodistas y
comunicadores: "Este señor debe dar explicaciones", y las daría.
Como en
nuestro país resulta que quien calla otorga y que en los juicios
mediáticos, y por muchas veces que se repita la palabra presunción,
suele pedirse más probar la inocencia que la culpabilidad, creo que es
mejor dar explicaciones.
Explicaciones claras y a tiempo sobre la propia
conducta y la propia honorabilidad.
Desgraciadamente, la justicia en nuestro país es de una lentitud
exagerada y, aunque llegue, si llega tarde, será muy difícil que
contrarreste las demoledoras consecuencias de un juicio mediático.
Por
lo tanto, cuando se pone en la picota la conducta de una persona, esta
tiene todo el derecho a defenderse por los mismos medios y en los mismos
medios.
Para eso es necesario, en 1º lugar, entender bien la
filosofía de la prensa y de los periodistas, que no es otra que la de
dar la información, si es posible en primicia y en exclusiva, es decir,
"el sumario para mí solo".
Claro que, según el medio en cuestión, esta
información sumarial se potenciará y se orientará según su línea e
intereses.
En 2º lugar, es necesario plantearse el lógico qui prodest,
pues, según para quien pudiera ser provechosa la filtración sumarial,
habrá que plantear la reacción.
Conviene, después, planificar la
estrategia y las acciones, que han de ser rápidas, por no decir
inmediatas, claras y rotundas.
Cualquier duda, cualquier indecisión será
interpretada por los medios de manera desfavorable a los afectados, por
lo que la determinación y la rapidez serán claves en la credibilidad de
las respuestas, aunque siempre hay que obrar con la necesaria cautela,
ya que es el periodista quien dispone de una información que en un
sumario declarado secreto no está al alcance del imputado ni de su
defensa.
En definitiva, ya que en el ámbito judicial es casi segura una clara
indefensión, y en tanto no cambie la legislación o los jueces sean más
eficaces en la persecución y evitación de las filtraciones, sí hay que
defenderse en el campo mediático.
No hacerlo es una renuncia que puede resultar muy cara, no solo para
la persona imputada en un sumario sino, también, para su familia y
legítimos intereses profesionales o empresariales.
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