Domitila Diez, Madrid - 13 JUL 2026
El anteproyecto de ley de violencia vicaria machista irá este martes, previsiblemente, al Consejo de Ministros.
Es la 2ª vuelta del texto, que ha suscitado meses de debates entre los ministerios coproponentes: Infancia, Igualdad y Justicia, y sobre todo entre estos 2 últimos. La norma busca definir y tipificar jurídicamente aquella violencia que ejercen parejas o exparejas contra hijos u otras personas del entorno afectivo de la víctima, con el objetivo de causarle el mayor daño posible a esta y cuya expresión más extrema es el asesinato. En lo que va de año han sido asesinados 3 niños, y desde que hay estadística oficial, en 2013, son 68; y son solo las víctimas que son hijos e hijas de esas mujeres, pero hay también madres, hermanas y otros seres queridos violentados con este fin y que no se reflejan en las estadísticas.
Ahora, se espera que la norma de un paso más hacia su trámite parlamentario, y que se conozcan detalles sobre las modificaciones a raíz de la negociación del 1º borrador, que adelantó este periódico en septiembre del año pasado. La ley es uno de los compromisos de esta legislatura en materia de Igualdad y también una medida recogida en el Pacto de Estado contra la violencia de género, renovado en 2025.
La 1ª versión del proyecto tipificaba a la violencia vicaria como un delito específico, mediante un nuevo artículo en el Código Penal. El texto también incluía una nueva pena que prohibía publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido; algo que tuvo que ver con la polémica que despertó la publicación el año pasado del libro El odio, sobre José Bretón, en la cárcel por el asesinato de sus 2 hijos.
Además, el documento modificaba el Código Civil para establecer que los menores sean escuchados de forma obligatoria cuando se defina el régimen de visitas, comunicación o estancia con sus padres. Matizaba que, cuando ello no sea posible, se conozca su voluntad por medido de sus representantes legales, siempre que no tengan interese contrapuestos, o a través de otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza, puedan transmitirla; una cuestión en la que se ha venido incidiendo en diversas normativas, como en la reforma de la Ley de protección a la infancia (Lopivi), ahora en trámite parlamentario.
Otros de los puntos del documento era retirar la patria potestad de forma automática a aquellos padres con condena firme por violencia de género, vicaria o sexual contra la pareja o expareja o contra los hijos. En mayo, el pleno del Consejo General del Poder Judicial dio su aval a este apartado, con la recomendación de que “debe preverse la posibilidad de la revisión de la privación de patria potestad cuando esté justificado por el interés superior del menor”.
En febrero, la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional calificó a esta 1ª versión del texto como un “retroceso”, que incluía solo “retoques superficiales”. La entidad, conformada por más de 20 organizaciones —tanto de profesionales del ámbito de la violencia de género como de mujeres víctimas—, advertía en una carta de que crear “un delito neutro de violencia vicaria”, ya sea ejercido por hombres o por mujeres, iba en contra del concepto de violencia vicaria y de las verdaderas necesidades de un fenómeno social de esta naturaleza.
Las asociaciones reclamaban que las reformas se enfocasen en revisar los problemas de las legislaciones en vigor y en el día a día en los juzgados; e insistían en el lema de que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”. Por ejemplo, aunque la ley reconoce desde 2015 a los hijos e hijas como víctimas de la violencia de género, en la práctica se sigue priorizando el mantenimiento del contacto con el agresor en nombre de lo que la justicia entiende es el interés superior del menor.
Ahora, se espera que la norma de un paso más hacia su trámite parlamentario, y que se conozcan detalles sobre las modificaciones a raíz de la negociación del 1º borrador, que adelantó este periódico en septiembre del año pasado. La ley es uno de los compromisos de esta legislatura en materia de Igualdad y también una medida recogida en el Pacto de Estado contra la violencia de género, renovado en 2025.
La 1ª versión del proyecto tipificaba a la violencia vicaria como un delito específico, mediante un nuevo artículo en el Código Penal. El texto también incluía una nueva pena que prohibía publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido; algo que tuvo que ver con la polémica que despertó la publicación el año pasado del libro El odio, sobre José Bretón, en la cárcel por el asesinato de sus 2 hijos.
Además, el documento modificaba el Código Civil para establecer que los menores sean escuchados de forma obligatoria cuando se defina el régimen de visitas, comunicación o estancia con sus padres. Matizaba que, cuando ello no sea posible, se conozca su voluntad por medido de sus representantes legales, siempre que no tengan interese contrapuestos, o a través de otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza, puedan transmitirla; una cuestión en la que se ha venido incidiendo en diversas normativas, como en la reforma de la Ley de protección a la infancia (Lopivi), ahora en trámite parlamentario.
Otros de los puntos del documento era retirar la patria potestad de forma automática a aquellos padres con condena firme por violencia de género, vicaria o sexual contra la pareja o expareja o contra los hijos. En mayo, el pleno del Consejo General del Poder Judicial dio su aval a este apartado, con la recomendación de que “debe preverse la posibilidad de la revisión de la privación de patria potestad cuando esté justificado por el interés superior del menor”.
En febrero, la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional calificó a esta 1ª versión del texto como un “retroceso”, que incluía solo “retoques superficiales”. La entidad, conformada por más de 20 organizaciones —tanto de profesionales del ámbito de la violencia de género como de mujeres víctimas—, advertía en una carta de que crear “un delito neutro de violencia vicaria”, ya sea ejercido por hombres o por mujeres, iba en contra del concepto de violencia vicaria y de las verdaderas necesidades de un fenómeno social de esta naturaleza.
Las asociaciones reclamaban que las reformas se enfocasen en revisar los problemas de las legislaciones en vigor y en el día a día en los juzgados; e insistían en el lema de que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”. Por ejemplo, aunque la ley reconoce desde 2015 a los hijos e hijas como víctimas de la violencia de género, en la práctica se sigue priorizando el mantenimiento del contacto con el agresor en nombre de lo que la justicia entiende es el interés superior del menor.
