viernes, 23 de febrero de 2018

Justicia regulará los “equipos psicosociales” para los divorcios

Diario SigloXXI, Viernes, 23 de febrero de 2018,
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció este viernes su intención de regular por ley los equipos psicosociales de los juzgados de Familia, que incluyen desde psicólogos a trabajadores sociales y a los que en la actualidad no se exige certificado de formación.
Catalá hizo este anuncio al inaugurar esta mañana en Madrid el XXVº encuentro de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), que preside Mª Dolores Lozano.
Según informó Aeafa, en este encuentro, que se prolongará hasta este sábado, más de 500 juristas de familia analizarán las últimas tendencias en materia de divorcios, custodia compartida, maternidad subrogada, sustracción internacional de menores o, violencia de género. También se tratará de adopciones, emancipación, declaraciones de incapacidad o reclamaciones de paternidad.
En su intervención el ministro anunció su intención de regular por ley los equipos psicosociales de los juzgados de Familia. Hasta ahora, los equipos psicosociales que atienden los casos de divorcios y separaciones no están sujetos a ninguna regulación específica que certifique su profesionalidad.
SALAS DE ATENCIÓN
Cuando esta regulación se lleve a efecto, se garantizará la formación de estos equipos integrados por psicólogos, trabajadores sociales y, presumiblemente, mediadores, cosa que hasta ahora no sucedía.
El ministro resaltó la importante función que desarrollan los equipos psicosociales, “al ayudar a jueces y a fiscales a resolver casos conflictivos” en caso de rupturas de pareja. “Es imprescindible dotarles de mayor capacitación tanto en medios materiales como en infraestructuras”, señaló el titular de Justicia.
En este sentido, los abogados de Familia mostraron su confianza en que, fruto de esta intervención del Ministerio, se establezcan espacios físicos donde llevar a cabo entrevistas a los miembros de la familia en proceso de divorcio y exploraciones a los hijos.
Asimismo, Catalá se refirió a la necesidad de “seguir explorando en la mediación para los procedimientos de familia para llegar a un acuerdo entre las partes que no sea la vía judicial como ya ocurre en países como Francia o Italia”.
“PACTO DE ESTADO POR LA FAMILIA”
El ministro recordó que, según consta en la Memoria del Consejo General de Poder Judicial, el 28% de los casos de separaciones o divorcios se ha concedido la custodia compartida de los hijos, lo que “confirma una nuevo escenario social que requiere diálogo y consenso por parte de las asociaciones, interlocutores y las administraciones”.
Por su parte, la presidenta de la Aeafa, Mª Dolores Lozano, llamó a promover un “pacto de Estado sobre la familia”, en el que se aborden políticas para su protección integral.
Lozano alertó de que la ruptura familiar ha aumentado considerable-mente en España, convirtiéndose en uno de los principales problemas, ya que “somos el 2º país de la Unión Europea con mayor de rupturas por matrimonio, afectando a casi 150.000 niños”.
La presidenta de Aeafa también aludió a la necesidad imperiosa de contar con una “jurisdicción de Familia propia e independiente que garantice la atención adecuada, eficaz e igualitaria para todos los ciudadanos, sin discriminación territorial alguna y con profesionales preparados en esta material que aborden adecuadamente los problemas derivados de la crisis familiar”.

Nota: curioso que no se hable de la Titulación o Colegiación de los Psicólogos o del problema fundamental de la Atribución y Uso de la que fue Vivienda Familiar.

Custodia Compartida vs. Patria Potestad.

La custodia compartida, en el punto de mira
Myriam Z. Albéniz, Tenerife, 23.02.2018
Los profesionales del Derecho detectamos a menudo que los conceptos de patria potestad y guarda y custodia, pese a sus notables diferencias, mueven a confusión a muchas personas ajenas al ámbito jurídico. La 1ª se define como la relación existente entre padres e hijos menores, materializada en una serie de derechos y deberes centrados en su protección, desarrollo y educación integral. La 2ª, en cambio, consiste en cuidar, asistir y vivir con ellos en su día a día.
Por regla general, la patria potestad se ejerce por ambos cónyuges tras los procesos de divorcio y separación, excepción hecha de las situaciones de malos tratos o asimiladas. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, la guarda y custodia se venía atribuyendo habitualmente a la madre, mientras que era el padre quien debía abandonar el hogar conyugal, estaba obligado a abonar las pensiones alimenticias correspondientes y gozaba de un régimen de visitas más o menos amplio establecido por sentencia judicial.
En la actualidad se está abogando por que la custodia compartida ya no sea la excepción sino la regla, con independencia de que los padres mantengan o no una buena relación personal tras su ruptura. De hecho, algunos jueces incluso han dictado sentencias puntuales en las que establecen que sean ellos y no sus hijos quienes se turnen en el uso y disfrute de la vivienda familiar para evitar la sensación de desarraigo de los menores, obligados a hacer la maleta y trasladarse de una casa a otra. Se pretende de ese modo que permanezcan en el mismo entorno y que sean los progenitores quienes cambien de domicilio durante el período estipulado -semanas, quincenas, meses?-. Desde luego no es tarea fácil, pero toda medida tendente a preservar el mantenimiento de las relaciones paterno filiales debe ser defendida si se trata de una vía adecuada para que los miembros de la familia resulten beneficiados.
Es en este escenario donde se sitúa la reciente sentencia de la Audiencia de Córdoba que impone la custodia compartida a un padre que nunca estuvo dispuesto a asumirla. Este fallo judicial -denotando la especial sensibilidad y el grado de sentido común que requiere el Derecho de Familia para obtener una solución adecuada a cada caso concreto- tiene en cuenta la enfermedad de 1 de sus 2 hijos, así como la imposibilidad de la madre para cuidarlos en solitario. En el presente ejemplo no se trata de aumentar la aportación económica paterna para evitar su compromiso, sino de exigirle una mayor implicación personal.
Hasta ahora, los tribunales entendían que si un progenitor se negaba a cuidar de sus vástagos, difícilmente podía ser obligado a ello. Así sucedió en la Audiencia de Valencia, donde una mujer solicitó colaboración paterna para el cuidado de un hijo enfermo, o en un juzgado de Madrid, para el de un menor autista.
Se argumentó en idéntico sentido que no se podían imponer a un padre unas estancias no solicitadas por él mismo. Ahora parece que, por fin, ha primado el interés de estos dos hermanos de 14 y 16 años, uno de ellos discapacitado, cuya madre se encuentra desbordada por unas penosas circunstancias que asimismo les afectan a ellos enormemente.
Los detractores de esta polémica sentencia manifiestan que no se puede obligar a un padre (ni a una madre, que alguna habrá) a querer a sus hijos. Y no les falta razón. Pero a lo que sí se les debe obligar es a cuidarles. A los partidarios de considerar la guarda y custodia solo como un derecho, este fallo les ha de servir para provocar una profunda reflexión acerca también de los deberes y las obligaciones inherentes a la condición de padres. ¿O, acaso, todos los actos de la vida diaria se ajustan plenamente a los deseos y preferencias individuales? Es preciso, pues, apelar a la responsabilidad parental, máxime cuando el bienestar de los hijos está en juego.

jueves, 22 de febrero de 2018

Pensión de alimentos: el Master universitario es un gasto extraordinario

Un "auxilio económico" conveniente.
La Audiencia eleva la pensión que un divorciado debe abonar a sus 2 hijos universitarios - Fija como gastos compartidos con su ex el máster de la mayor.
Marta Fontán, Vigo (Pontevedra) 21.02.2018
Una de las cuestiones que plantea más litigios en los procedimientos de Familia es la pensión de alimentos que los padres divorciados deben abonar a sus hijos. Objeto de sinfín de sentencias, la Sección VIª de la A. P. de Pontevedra, con sede en Vigo, dictó recientemente un fallo que aborda esta cuestión. 
En un caso en el que los 2 hijos son mayores de edad pero carecen de independencia económica, al estar estudiando.
Los magistrados elevan la pensión mensual que el padre debe pagar a los jóvenes. De 267 a 367 euros. 
Ello por los mayores gastos que tienen como universitarios. 
El chico estudia en Vigo, pero su hermana mayor lo hace fuera de Galicia.
Un tema en el que se detiene la sala es en el máster en el que se matriculó la chica. Y los costes que el mismo supone, considerados gastos extraordinarios, "serán compartidos por partes iguales por ambos progenitores", tal y como acordaron los excónyuges. Sobre este curso extraordinario, la Audiencia valora en la resolución que si bien no está acreditado su "carácter de imprescindibilidad", "sí ha de considerarse al menos conveniente como culminación de la formación universitaria y en cuanto favorece una mayor facilidad de colocación".
Y sobre la "limitación temporal del auxilio económico" a esta joven para su formación, impuesta en la sentencia objeto de recurso, la sala la elimina: "Establecer ahora mismo un acotamiento del tiempo puede abocar a situaciones de desamparo de la hija que no haya logrado ocupación laboral".

miércoles, 21 de febrero de 2018

Aumenta el negocio del divorcio: El Coordinador de Parentalidad ¿Para que sirve?

Justicia potenciará los equipos de coordinación de parentalidad en juzgados.
EFE, València, 20 feb 2018.- 

La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha mostrado su apoyo a la experiencia piloto sobre coordinación de parentalidad que se ha llevado a cabo durante los últimos meses en el partido judicial de València.
La coordinación de Parentalidad es un procedimiento que, por orden de un juez de familia, sirve para ayudar a las parejas que han terminado su relación a encauzar de nuevo la situación para evitar nuevos conflictos y garantizar el bienestar de los menores implicados.La experiencia, que se inició en mayo de 2017 en un proyecto propuesto por la directora del Instituto de Medicina Legal, Elvira Garrido, ha sido evaluada este martes en el transcurso de una jornada en la Ciudad de la Justicia de València, ha informado la Generalitat.
Se trata un mecanismo muy utilizado en Estados Unidos y que en España se está desarrollando ahora en Cataluña, y la experiencia demuestra que la conflictividad entre las parejas con hijos que han roto su vínculo permanece tiempo después de la resolución judicial.
Dados los beneficios logrados con la experiencia piloto, la consellera ha anunciado que su departamento buscará "la manera de aumentar el nº de profesionales que integran los equipos psicosociales".
Ha explicado que se les asegurará "una formación especializada mediante convenios con las universidades que les permitan participar en aquellos cursos, seminarios y másteres que se centren en esta materia", y se intentará integrar también a los colegios de psicólogos de la Comunitat.
En el programa piloto que se ha llevado a cabo se ha atendido a 10 familias que presentaban un elevado nivel de conflicto y que tenían que hacer frente a numerosos litigios.
La mayoría de los niños de estas familias presentaba desajustes emocionales y en 7 de los casos, además, los menores presentaban rechazo hacia el progenitor o progenitora que no tenía la custodia.
De las familias remitidas al equipo de Coordinadores de Parentalidad, 9 tenían custodia monoparental y 1 tenía custodia compartida. De las 9 primeras, en 7 casos los hijos no mantenían contacto con 1 de los progenitores.
Tras la intervención del equipo psicosocial, ahora todos mantienen contacto con ambos aunque algunos de ellos continúan en una etapa de re-vinculación.
También se daba la circunstancia de que el 70 % de las familias no cumplía las sentencias judiciales impuestas, situación que se ha revertido, ya que tras la intervención se está cumpliendo el 100 % de las sentencias.
Además, se ha conseguido que se cumpla con las obligaciones económicas total o parcialmente en la mayoría de los casos, han destacado las mismas fuentes. 
Nota: ¿Para que sirven los actuales Centros de Atención a la Familia o las Escuelas de Padres? Hay que colocar a los Psicologos.... a pesar del problema de los actuales equipos psicosociales y no se quiere corregir los errores de la actual normativa sobre el divorcio en España.

El Tribunal Supremo legisla sobre la Custodia Compartida en España,

Mª Dolores Lozano, presidenta de Aeafa: “Es urgente y absolutamente necesaria la creación de la Jurisdicción de Familia, propia e independiente a la Jurisdicción Civil”.
Ana Sanz Martín, 20.Febrero 2018
María Dolores Lozano Ortiz, nacida en Palma de Mallorca, es presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) asociación que reúne a unos 2.000 abogados en toda España. Esta especializada en Derecho de Familia, es abogada rotal y mediadora familiar. Pertenece al Colegio de Abogados de las Islas Baleares desde 2016 (....)

Los próximos 23 y 24 de febrero se celebran en Madrid las XXV Jornadas Centrales de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), ¿Qué expectativas tiene para estas Jornadas? (....)
La Aeafa reclama una reforma integral civil y procesal del Derecho de Familia, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es el Tribunal Supremo quien está legislando sobre la custodia compartida, desde la Sentencia del 7 de Julio de 2011, modelo de crianza que se está imponiendo a pesar de la obstrucción de algunos Tribunales y Audiencias Provinciales, que finalmente han ido modulando su criterio, a costa de la reiterada e insistente Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo; ciertamente la labor “Evangelización” del TS en el establecimiento de la custodia compartida en territorio de derecho común ha sido consecuencia de la inactividad del Poder Legislativo Nacional frente al Legislador Autonómico. Lo realmente peliagudo es la reforma del art. 96 del Código Civil, la vivienda familiar, y es esta cuestión, desde mi punto de vista, lo que está motivando el estancamiento de la Ley de Custodia Compartida, de la que ya existe un proyecto, que descansa plácidamente en algún cajón. A mi entender, el Legislador Nacional está más preocupado por contentar a los grupos de presión contrarios a la custodia compartida, y en consecuencia, contrarios también a la reforma del uso de la vivienda familiar, que de abordar una reforma necesaria, y de la que disfrutan una parte importante de la población española, que reside en las Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta cuestión. El Legislador Catalán ha llevado una reforma rigurosa y acorde a las necesidades de la sociedad sobre custodia compartida y uso de la vivienda familiar (....)

«La custodia compartida debe pasar de la excepcionalidad a la regla general»

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En caso un divorcio en régimen de separación de bienes es posible pedir una indemnización
La custodia compartida se otorga en el 28,3% de los divorcios y separaciones. Según los abogados de familia, en nuestro país aún se concede un elevado número de custodias exclusivas a la madre (66%) o al padre (5%)
Laura Peraita@LauraPeraita, 20/02/2018 
Esta misma semana se daba a conocer una sentencia pionera en la A. P. de Córdoba por la que se obliga a un padre a asumir la custodia compartida de sus dos hijos, el menor de ellos con una discapacidad del 33%. Se trata de la 1ª vez que se impone en nuestro país que un padre acepte la custodia compartida pese a su oposición.
En los último años, la custodia compartida ha tenido una gran evolución, no sólo a nivel legislativo, sino también jurisprudencial y práctico. En 2005, a raíz de la Ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, es cuando se introdujo por 1ª vez en el ordenamiento jurídico español la posibilidad de fijar una guarda y custodia compartida.
Rol tradicional
En 2016 hubo en nuestro país un total de 96.824 divorcios y la custodia compartida de los hijos fue otorgada en el 28,3% de los casos, cuando en el año anterior se concedió en el 24,7% de las rupturas. Aún así, y siguiendo con las últimas cifras registradas del INE, la custodia exclusiva correspondió a la madre en el 66,2% de los casos y al padre en el 5%. Extremadura, Andalucía y Canarias es donde menos se otorga, con un 15%; mientras que en Cataluña, Baleares, Valencia y País Vasco, donde más, con una media de un 40%.
Esta referencia demuestra que en España, según explica José Luis Sariego, abogado de familias y ex asesor del Consejo General del Poder Judicial, «hay una cultura reinante del siglo XIX y un machismo legislativo porque se protege a las mujeres como las más débiles cuando no siempre es así en todos los casos. La mujer ha evolucionado mucho; ahora ocupa altos puestos en empresas y es muy capaz de tener una posición social importante. Lo que ocurre es que hay un rol tradicional muy arraigado en nuestra sociedad que contribuye a que una madre padezca un fuerte sentimiento de culpabilidad cuando, tras su divorcio, una sentencia otorga la custodia compartida de su hijo también al padre. Se siente señalada, en muchos casos por otras mujeres –matiza–, como si no fuera buena madre, capaz de ocuparse ella sola de atender a su hijo. Esto no debería ser así por muchas razones».
Explica que en la actualidad, poco a poco el padre, por lo general, tiene una presencia más activa en la crianza de los hijos y, en muchos casos, cuando hay un divorcio, la figura paterna desaparece. «Ya no resulta extraño ver padres en las puertas de los colegios o en las consultas del pediatra, algo que no ocurría en generaciones anteriores».
Además, según este letrado, la custodia compartida es una de las herramientas más eficaces para lograr la igualdad de trato entre hombre y mujer. Lo explica con un ejemplo. «Si en una empresa hay a 2 mujeres candidatas, ambas con 2 hijos, pero una con custodia exclusiva y otra con la compartida, ¿a quién es más fácil que contraten? Seguramente a la que no tiene la exclusiva, puesto que se entiende que tendrá más facilidades y no estará tan esclavizada para poder atender a su prole, por lo que tendrá más posibilidades de desarrollar su carrera profesional».
Mayor equilibrio con ambos progenitores
Aún así, lo que debe primar por encima de todo, es el interés del menor. Ello supone que exista un equilibro para que pueda disfrutar de su figura paterna y materna como referentes en su futuro desarrollo. «Cuando hay una custodia exclusiva, el 99% de las parejas acuden continuamente a juicios por modificación de medidas, ajustes de sentencias, denuncias penales... En el caso de las compartidas solo un 1% requiere de estos juicios porque la pareja está llamada a entenderse, a ponerse de acuerdo por el bienestar de sus hijos. En muchos casos –añade el abogado de Familias–, después de un divorcio la pareja se replantea su vida y el tiempo que pasa con los hijos y se dan cuenta de que apenas están unas horas con ellos, por lo que se esfuerzan en dedicarles más atención».
Los hijos bajo el régimen de custodia compartida son en general más felices por poder distribuir su tiempo con su padre y su madre
Según varios estudios realizados en Suecia, Noruega y Estados Unidos, los hijos bajo el régimen de custodia compartida son en general más felices por poder distribuir su tiempo con su padre y su madre. Es más, en algunos informes se destaca que estos niños suelen respetar más las normas que cuando están solo bajo la custodia exclusiva de una madre o de un padre porque si, por ejemplo, la madre le dice que no le compra un móvil, el padre, que quizá solo ve a su hijo un par de horas al día, no puede negarse a darle todo lo que le pida. «Es decir, las normas de los progenitores entran en contradicción, lo que hará que el niño, desde pequeño no sepa atenderse al cumplimiento y respeto de las mismas», asegura José Luis Sariego.
Negación
No obstante, para otorgar una u otra custodia no hay que olvidar que cada caso es distinto y, tal y como matiza Mariluz García, especialista de Derecho de Familia de Aba Abogadas, el art. 92.7 delimita claramente «la imposibilidad de fijar una custodia compartida cuando cualquiera de los progenitores estuviera incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivieran con ambos. Tampoco procedería en el caso de existir indicios fundados de violencia doméstica», puntualiza.
Factores decisivos
Alejandro Aradas, abogado especializado en Derecho laboral y civil en A Coruña, insiste en que hasta el año 2005, la atribución de la custodia era siempre para uno de los progenitores, otorgándole al otro el derecho de visitas, «lo que a la larga generaba una desigualdad». A pesar de que la Ley 15/2005 contempló la posibilidad de la custodia compartida, «no debería ser lo excepcional, sino la regla general siempre que no resulte perjudicial para el menor, pues el mantenimiento de la potestad conjunta resulta, sin duda, la mejor solución, puesto que le permite seguir relacionándose de forma estable con ambos progenitores», asegura Aradas.
Añade que para que el juez pueda concederla debe ser solicitada por los 2 cónyuges de común acuerdo. No obstante, puede ser concedida cuando lo solicite al menos uno de ellos, siempre que esta decisión vele por el interés del menor.
El código Civil no contiene una lista de criterios para decidir si procede este tipo de custodia, sino que se debe analizar cada caso concreto. En este sentido, apunta que, «en 1º lugar, y como medida más importante, no debe existir hostilidad entre los padres, ya que es necesario un grado de entendimiento».
Otro de los factores determinantes es la dedicación que han tenido los progenitores con los hijos en la etapa anterior a la separación, aunque la jurisprudencia utiliza además los siguientes criterios: la relación de los progenitores con el niño; los deseos manifestados por el menor; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales y con otras personas que convivan en el hogar familiar; la situación del centro escolar; los acuerdos adoptados por los progenitores; la ubicación de sus respectivos domicilios, horarios y actividades de unos y otros, así como los informes aportados en el proceso judicial.
«El juez, en vista de las pruebas aportadas por las partes puede decidir lo que considere la mejor opción de custodia para el menor», señala Alejandro Aradas.
Se puede establecer la custodia por semanas, meses, trimestres o, incluso, años. «No implica que los menores vivan siempre en el mismo inmueble, aunque han de ser empadronados en un solo domicilio, aquel en el que pase la mayor parte del tiempo, o en el escogido de mutuo acuerdo por los progenitores», puntualiza.
Por otro lado, «puede utilizarse el sistema de la vivienda nido siendo los hijos los que permanecen en el inmueble, ocupando siempre la misma habitación, y los progenitores los que, de manera alterna, residen en el domicilio familiar. En cuanto a los gastos, cada uno de ellos atenderá directamente los alimentos cuando tenga consigo al hijo, siendo los gastos extraordinarios pagados por los dos, como el colegio, excursiones...».
Nota: Curioso que no se hable del aspecto económico del divorcio entre los afectados: Vivienda, pensiones,......en un momento de crisis económica.

martes, 20 de febrero de 2018

LA CONVIVENCIA MARITAL COMO CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA

mateo bueno abogado.com/Febrero 2018
Una situación frecuente e injusta en materia de Derecho de Familia es cuando, tras una ruptura, se adjudica el uso de la vivienda familiar al progenitor custodio y éste rehace su vida llevándose a vivir a la que era vivienda familiar a su nueva pareja. 

En estos casos nos encontramos con la siguiente situación:
a) El progenitor no custodio, propietario de la vivienda, no puede hacer uso de la misma pero tiene que pagar, como mínimo, el 50 % de la hipoteca si la hay, así como el 50 % de los impuestos que gravan esa vivienda.
b) Un tercero –nueva pareja del progenitor custodio–, que disfruta plenamente de la vivienda sin tener obligación alguna.
Esta situación me parece claramente injusta pero, salvo en contadas ocasiones, la justicia la «bendice» en interés superior del menor; sin embargo yo siempre he defendido que lo que se tiene que hacer en estos casos es acordar la extinción de la atribución del uso de la vivienda y, con carácter subsidiario para el caso de que no se acuerde la extinción de la atribución del uso, acordar la reducción de la pensión de alimentos que el progenitor no custodio abona.
Hace un tiempo en este mismo espacio virtual ya publiqué un post bajo el título «Extinción atribución uso vivienda por convivencia con nueva pareja» en el que comenté una sentencia del año 2007 dictada por la Ilma. A. P. de Almería. Esta sentencia, que podemos calificar de pionera, acordó la extinción de la atribución del uso de la vivienda por considerar que estas situaciones suponen «un enriquecimiento injusto y abuso de derecho.»
Pues bien, en este post voy a comentar uno de estos casos, en el que yo he intervenido como abogado demandante en defensa de un padre que estaba «sufriendo» esta situación.
Inicialmente por Sentencia, de fecha 17 de abril de 2017, dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3 de Valladolid, se acordó la reducción de la pensión de alimentos, es decir, no se acordó la extinción de la atribución del uso de la vivienda pero sí la reducción de la pensión de alimentos que este padre abonaba a la progenitora custodia, que a su vez tenia atribuido el uso de la vivienda.
No conformes con ello formulamos Recurso de Apelación contra la sentencia dictada en primera instancia que, mediante Sentencia, de fecha 15 de enero de 2018, dictada por la Sección 1.ª de la Ilma. A. P. de Valladolid, ha sido estimado, de forma tal que la Sala ha acordado la extinción de la atribución del uso de la vivienda con la única condición de que previamente se proceda a la liquidación de la sociedad de gananciales.
La Sentencia que, en mi opinión, es impecable, se fundamenta en un factor determinante: que la vivienda conserve o no el «carácter de familiar.»
Es obvio que cuando una pareja está junta y tienen hijos, la vivienda que ocupan tiene el carácter de familiar –si no tuvieran hijos también–.
Cuando llega la ruptura esa vivienda sigue conservando el «carácter de familiar.» ¿Por qué? Porque en ella siguen viviendo el progenitor custodio y los hijos y, aunque la familia esté rota, sigue siendo una familia.
Sin embargo, cuando en esa «vivienda familiar» entra un tercero, la vivienda pierde el «carácter de familiar», pasando a servir en su caso a una familia distinta y diferente.
Por lo tanto, si la familia es distinta y diferente, ninguna obligación tiene el progenitor no custodio de mantener a esa nueva familia y, en consecuencia, lo que hay que hacer es acordar la extinción de la atribución del uso de la vivienda como, con excelente criterio, ha hecho la Sección 1.ª de la Ilma. A. P. de Valladolid.
Llegados a este punto tengo que decir que contra dicha Sentencia el Ministerio Fiscal, en «interés superior del menor», ha formulado «Recurso de Casación por Interés Casacional», razón por la cual, aquí doy por terminado este post, hasta que se pronuncie la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Sentencia, que dado su interés, sin lugar a dudas comentaremos en este espacio.
Más información en:
Sentencia, de fecha 17 de abril de 2017, dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3 de Valladolid
Sentencia, de fecha 15 de enero de 2018, dictada por la Sección 1.ª de la Ilma. A. P. de Valladolid
Nota: No es la Jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo, por lo que el Fiscal presenta el Recurso de Casación. Caso perdido, hasta la modificación del Art. 96 del CC. Sigamos sin ocupar las calles y Plazas.