El trabajo del abogado en la era de la IA: ¿Nuevas Tarifas?

Pablo Fernández Alonso, Abogado, 11/11/2026 
Un abogado recibe un expediente de varios cientos de páginas y necesita reconstruir la secuencia de los hechos. Con una herramienta de inteligencia artificial puede obtener, en pocos minutos, una primera cronología, localizar discrepancias entre documentos y preparar un esquema de trabajo. El ahorro de tiempo es real. También lo es el riesgo de que la herramienta confunda la fecha de una resolución con la de su notificación o atribuya a un documento algo que solo figura en las alegaciones de una parte. Antes de utilizar esa cronología, el abogado tiene que volver al expediente.

Con motivo del Día Europeo de la Justicia, merece la pena detenerse en ese cambio, que ya forma parte del trabajo cotidiano en muchos despachos. Tareas como comparar 2 versiones de un contrato, ordenar documentación dispersa o preparar un 1º borrador pueden resolverse con mayor rapidez. Ese tiempo puede dedicarse a contrastar una prueba, explorar una vía de defensa o explicar al cliente las consecuencias de una decisión. Ahí se aprecia el valor de la herramienta para la persona que necesita asesoramiento.

Cuando se parte de un borrador generado por IA, parte del trabajo que antes se hacía al redactar pasa a la fase de revisión. Y revisar exige algo más que corregir el estilo. En un escrito procesal, por ejemplo, hay que comprobar que los hechos tienen respaldo en el expediente, que las resoluciones citadas existen y que lo que afirman se puede trasladar al caso. Incluso una sentencia auténtica puede sostener una conclusión distinta de la que le atribuye el borrador o resolver un supuesto que se parece al nuestro solo en apariencia.

La soltura con la que se presenta el resultado puede hacer que esas comprobaciones parezcan innecesarias. Una cita con fecha, órgano y número de resolución transmite seguridad, aunque esté equivocada. Algo parecido ocurre con los resúmenes. Una síntesis puede recoger fielmente casi todo un documento y omitir justo el párrafo que obliga a replantear la estrategia. Saber trabajar con IA implica formular bien el encargo y, sobre todo, saber qué revisar verificar antes de dar el resultado por bueno.

La revisión empieza al recibir el resultado, pero algunas de las decisiones más importantes se toman antes de introducir los datos. Si lo que se busca es comparar la redacción de 2 cláusulas, quizá baste con trabajar sobre esos fragmentos y retirar los datos que permitan identificar a las partes. Subir el contrato entero por comodidad puede exponer información ajena a la tarea. También importa saber quién puede acceder a los archivos, cuánto tiempo se conservan y si el proveedor puede utilizarlos para otros fines. La decisión depende de las condiciones del servicio, de su configuración y de la sensibilidad del asunto.

En penal y ciberdelincuencia estas cautelas tienen una dimensión muy concreta. Una herramienta puede ayudar a ordenar una secuencia extensa de mensajes, pero el resumen puede perder elementos decisivos, como la identidad de los interlocutores, la hora de envío o el contexto de una respuesta. Si uno de esos mensajes va a utilizarse para sostener una acusación o articular una defensa, el abogado debe poder localizarlo en el material original y explicar de dónde procede. La facilidad para generar un resumen aporta poco si después cuesta comprobar en qué se basa.

La responsabilidad del abogado se aprecia también en el asesoramiento cotidiano. Un cliente que pregunta si le conviene aceptar un acuerdo quiere entender: qué gana, a qué renuncia y qué riesgos asume si decide continuar. Para responderle hay que valorar el estado del procedimiento, la prueba disponible y sus prioridades. 

La IA puede ayudar a ordenar las alternativas. El abogado es quien debe explicarlas, formular una recomendación y responder por el asesoramiento que presta.

Este cambio tiene consecuencias para la formación de los futuros abogados. En el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura que impartimos en la Universidad Alfonso X el Sabio, UAX, una manera de enseñar a utilizar estas herramientas es pedir al alumno que revise un borrador generado por IA y justifique qué conservaría, qué corregiría y qué necesita verificar. El ejercicio práctico permite comprobar si sabe distinguir un argumento bien escrito de uno jurídicamente defendible y si puede sostenerlo con los hechos del caso.

En el despacho, la medida del avance está en lo que ese tiempo permite hacer por el cliente. Si una 1ª revisión documental lleva menos tiempo, el beneficio puede estar en detectar antes una contradicción relevante, preparar mejor una reunión o explicar con más calma las consecuencias de una decisión difícil. Cuando el cliente pregunte «¿por qué me recomienda esto?», la respuesta sigue correspondiendo al abogado.

Cómo sobrevivir a los cuatro desafíos financieros del divorcio: “La vivienda es el principal foco de conflicto”

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La custodia compartida por defecto cumple 10 años: así ha cambiado para siempre a las familias.

Quién se queda con la casa, cuándo hay que pagar compensaciones económicas, cómo gestionar los gastos de los hijos y otras cuestiones que complican la separación.
Raquel Quelart, 09/11/2026 
Los divorcios van de capa caída: el año pasado se disolvieron 80.785 matrimonios, un 2,7% menos que en el 2024. Los datos estadísticos arrojan que la tendencia se remonta a hace al menos una década, impulsada por la menor nupcialidad y también por un factor que amarga la vida de muchas parejas: el dinero o, más bien dicho, la falta de él. Una situación que se agrava para los cónyuges con rentas bajas o modestas, a quienes divorciarse les hace más vulnerables económicamente.

Conscientes de ello, muchas parejas resisten a pesar de estar hartas, tal como admitía la abogada especialista en derecho de familia Adriana Auset en este episodio del podcast 'Bolsillo'. “De hecho, la crisis de la vivienda y el encarecimiento del coste de vida están haciendo que los aspectos económicos de los divorcios sean potencialmente mucho más conflictivos y difíciles de resolver. Muchos matrimonios actualmente se divorciarían y no lo hacen por estos motivos”, ratifica Auset cuando se le vuelve a preguntar por la cuestión.

Antaño, “en muchos divorcios, aunque la separación supusiera un esfuerzo económico, cada miembro de la pareja podía aspirar a reorganizar su vida en otra vivienda con cierta viabilidad. Actualmente esa posibilidad es mucho más complicada, por no decir imposible”, agrega la letrada. 

Incluso en las clases medias-altas, en las que el divorcio no suele ser tan dañino para el bolsillo, sí es oneroso, “porque a mayor renta o patrimonio, se suelen pagar pensiones de alimentos y compensaciones económicas [al cónyuge menos rico] de mayor cuantía en relación a los matrimonios con menos recursos”, argumenta el abogado y mediador Ignacio Marsal.

El precio: El 1º escollo
La primera factura del divorcio es el coste del propio trámite. Aunque las tarifas varían en función del abogado, un divorcio de mutuo acuerdo suele costar entre 900 y 1.200 €, una cifra que puede elevarse hasta los 3.500 € cuando el proceso se resuelve por la vía contenciosa. El importe final dependerá de la complejidad de cada caso. Con todo, el coste del papeleo resulta peccata minuta comparado con otros gastos que se prolongarán en el tiempo, como las pensiones compensatorias o alimenticias y el hecho de tener que afrontar con un único sueldo el alquiler o la hipoteca, los suministros del hogar y, en algunos casos, un 2º vehículo.

¿Quién se queda en la vivienda principal?: El 2º escollo
Auset asegura que la vivienda es hoy “el principal foco de conflicto en un divorcio” coincidiendo con el fuerte incremento de los precios de este tipo de inmuebles, sobre todo en las grandes capitales. Es el asunto, por lo tanto, que más se ha complicado, hasta el punto de que cada vez más excónyuges se ven abocados a tener que convivir bajo el mismo techo ante la falta de alternativa habitacional.

En los casos en los que la separación residencial es viable económicamente y el divorcio se produce de mutuo acuerdo, las partes pactan un precio para vender la vivienda a un 3º o para que un excónyuge le compre su mitad al otro. Es habitual encargar una tasación del inmueble, cuyo coste se reparte entre los 2 copropietarios.

Por el contrario, si el divorcio es contencioso, se solicita judicialmente la división del bien común, se tasa la vivienda y se fija tanto su valor de adjudicación como la compensación que corresponde al excónyuge que deja de ser dueño. Cuando ambas partes quieren quedarse con el piso, el juez suele ordenar la venta a un 3º.

En los casos en que la solución adoptada pasa por que uno de los excónyuges se quede como único propietario de la vivienda familiar, compensando económicamente a quien deja de serlo, puede ocurrir que la falta de financiación termine obligando a vender el inmueble a un 3º. Otra situación frecuente se produce cuando existe una hipoteca: uno de los cónyuges logra adjudicarse el 100% de la vivienda con ayuda familiar o recursos propios, pero el banco se niega a liberar al otro de la deuda, aunque haya perdido la titularidad de la casa. Mientras el préstamo siga vivo, esto puede limitar el acceso de este último a financiación bancaria para comprar otra vivienda. Además, el banco podría reclamarle las cuotas impagadas si el excónyuge no pudiera hacer frente a ellas.

Por otro lado, Marsal hace hincapié en que, en ocasiones, la titularidad de la vivienda y el derecho de uso no van de la mano. “Puedo ser titular, pero el juzgado puede establecer que el derecho de uso de la casa lo tenga mi mujer al considerar que está más necesitada de protección”, aclara. Así, si, por ejemplo, la custodia de los menores se le otorga en exclusiva a la madre, “con total seguridad el derecho de uso de la vivienda se le atribuirá a ella”, asevera.

En cualquier caso, razona Auset, “el problema de la vivienda conduce a que la custodia compartida se vuelva más difícil de organizar económicamente, porque requiere que ambos progenitores puedan disponer de una vivienda adecuada y que se encuentren relativamente cercanas para facilitar la estabilidad escolar y social de los hijos”.

El pago de pensiones a hijos y excónyuge: El 3º escollo
Otro conflicto “frecuente”, prosigue la abogada, aparece cuando 1 de los 2 excónyuges tiene que pagar al otro una pensión alimenticia para los hijos. El desacuerdo se da a menudo cuando quien debe abonarla considera que no le queda suficiente dinero para mantener su propio hogar o porque quien la recibe valora que es demasiado baja para cubrir las necesidades reales de los hijos.

En la mitad de divorcios con menores se otorga la custodia compartida. Cuando se aplica este régimen, “en términos generales, cada progenitor asume los gastos ordinarios de los niños (como ropa, gasto escolar y alimentación) mientras viven con él”, explica Marsal. Y los gastos extraordinarios (por ejemplo, ortodoncia y tratamientos médicos) se reparten a partes iguales.

Sin embargo, puede pasar que, aun habiendo custodia compartida, uno de los progenitores tenga que asumir una pensión de alimentos cuando sus ingresos sean más elevados que los del otro. Por ejemplo, si el padre gana 3.000 € y la madre solo 1.000, “casi con total seguridad el padre deberá pagar una pensión de alimentos [para los hijos] a la exmujer”, aclara el letrado.

¿Pero y si con el paso del tiempo quien parte con desigualdad económica acaba prosperando y mejoran sus ingresos de manera sustancial? “Bien, pues esto sería motivo para pedir una modificación de las medidas que se acordaron en el momento en que se dictó la sentencia o se firmó el convenio regulador”, responde. 

Otro aspecto que genera dudas es hasta cuándo deberá sufragarse la pensión alimenticia. “Se tiene que soportar hasta que los hijos sean económicamente suficientes, hasta que tengan trabajo con un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas”, responde Marsal. 

Por lo tanto, “el progenitor no puede dejar de pagar la pensión a los 18 años si su hijo o hija todavía está estudiando, cosa distinta es que a los 29 años ni trabaje ni estudie”.

“La idea más importante es que tener los mismos ingresos y acordar una custodia compartida no significa necesariamente que todo se reparta a partes iguales, ni que desaparezca automáticamente la pensión de alimentos de los hijos. No obstante, de manera generalizada y en la práctica, ante ingresos iguales los gastos de los hijos se suelen repartir al 50%”, recalca Auset.

Además de la pensión de alimentos, puede ocurrir que uno de los cónyuges esté obligado a abonar al otro una pensión compensatoria, que “busca compensar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges respecto a la posición que tenía durante el matrimonio cuando concurren los requisitos legales”, dilucida la letrada.

En el régimen de separación de bienes que se aplica por defecto en algunas comunidades, como es el caso de Catalunya, cada cónyuge conserva los bienes que tenía antes del matrimonio y cada uno es propietario de los bienes que adquiere durante el matrimonio. Las cuentas bancarias individuales pertenecen a su titular, “salvo que se acredite otra titularidad o derecho”, y los bienes comprados conjuntamente se reparten según el porcentaje de propiedad que conste en el título de adquisición. Por lo tanto, en separación de bienes “no existe una obligación general de sumar todo el patrimonio generado durante el matrimonio y dividirlo por dos ni hacer una liquidación como sucede en el régimen de gananciales”, comenta la abogada.

Es por este motivo que en Catalunya existe la compensación económica por razón de trabajo, que puede aplicarse cuando uno de los cónyuges se ha dedicado sustancialmente más que el otro a la casa y los hijos sin una remuneración adecuada, lo que ha posibilitado que la otra parte pudiera conseguir un incremento patrimonial superior. “Pero si ambos han trabajado, han tenido ingresos similares y han contribuido de manera equivalente a las responsabilidades familiares, normalmente será más difícil justificar esta compensación”, dice Auset.

¿Cómo organizar el reparto de los gastos de los hijos?: El 4º desafío financiero
En el régimen de custodia compartida hay diferentes maneras de gestionar quién asume los gastos de los hijos. 

En 1º lugar, puede establecerse un porcentaje proporcional a los ingresos de cada progenitor, por el que, por ejemplo, uno costee el 30% y el otro el 70%.
Una manera de organizarse muy habitual es crear una cuenta común en la que ambos progenitores ingresan una cantidad mensual para costear los gastos de los hijos. 

Sin embargo, Marsal no recomienda esta fórmula porque, según su experiencia, “suele dar problemas” por la dificultad de definir qué tipología de gastos deben cubrirse con el bote común y por el hecho de que algunos progenitores cargan en la cuenta pagos que no están justificados. 

En contraste, el 2º modelo consiste en que cada progenitor asume los gastos ordinarios de los hijos durante el tiempo que están a su cargo.

En cuanto los gastos escolares, como matrícula, libros, uniformes y excursiones y actividades escolares, “no siempre se consideran incluidos en los gastos cotidianos de cada progenitor”, comenta Auset, por lo que es importante que el convenio regulador especifique quién los paga y cómo se reparten.

En cuanto a los gastos extraordinarios, aquellos que no forman parte de las necesidades habituales y previsibles de los hijos, como determinados tratamientos médicos, la ortodoncia u otras necesidades excepcionales o urgentes, “pueden surgir discrepancias, ya que las sentencias suelen exigir el acuerdo de ambos progenitores”, declara la abogada. Para evitar conflictos, una solución es establecer de mutuo acuerdo en el convenio regulador un número mínimo de actividades extraescolares que podrá realizar el menor. Por ejemplo, se puede fijar una actividad relacionada con el aprendizaje de un idioma extranjero y otra de carácter deportivo.

Por último, Marsal recomienda: “Antes de firmar el convenio regulador, tenemos que saber cuáles son los derechos que nos corresponden, qué patrimonio tenemos y qué hay que repartir, así como qué obligaciones económicas tendremos que asumir tras la separación. Puede ocurrir que [uno de los cónyuges] tenga que pagar una pensión de alimentos a los hijos si la custodia se concede a la otra parte y, además, una compensación económica al excónyuge. En ese caso, podría tener que afrontar el pago de 2 pensiones: la de los hijos y la del otro cónyuge, al menos durante un tiempo”.

La IA: Empresas y ciudadanos empiezan a regatear las facturas de los abogados

Rodrigo Corchero, Graduado en Derecho. 08/11/2026 08:00
El cambio en los sistemas de facturación es clave para mantener y justificar el valor añadido.
Hay una conversación incómoda que probablemente va a empezar a repetirse cada vez con mayor frecuencia entre abogados y clientes. El asunto ha terminado y llega la factura. 10 horas de estudio del expediente, 6 de preparación del escrito, 5 de análisis documental, 4 de investigación jurídica… 
Y entonces el empresario, o simplemente el ciudadano que tiene que pagar la minuta, puede hacerse una pregunta que hace 5 años probablemente ni siquiera se le habría ocurrido: ¿realmente han sido necesarias todas esas horas o detrás de una parte del trabajo estaba la inteligencia artificial?

La pregunta puede molestar, pero no tiene nada de absurda. 

Porque el empresario tampoco vive ajeno a la revolución tecnológica. 

Probablemente utiliza ya inteligencia artificial en su propia compañía.

Y el ciudadano ha visto cómo estas herramientas son capaces de resumir un documento de cien páginas, comparar 2 contratos, analizar un texto o elaborar un 1º borrador en cuestión de segundos. El cliente, sencillamente, ya sabe que la IA existe. Y empieza a saber también lo que permite hacer.

El impacto de la IA en los equipos legales
Hasta hace muy poco tiempo, detrás de un asunto jurídico complejo podía existir un pequeño ejército. El socio mantenía la relación con el cliente y definía la estrategia, pero debajo había asociados, abogados junior y personal de apoyo.

Uno buscaba jurisprudencia, otro revisaba documentación, otro preparaba antecedentes y otro elaboraba el 1º borrador; todo aquello eran horas humanas. Y, de una manera u otra, el cliente terminaba pagándolas. Pero una parte importante de esas tareas es precisamente la que está empezando a transformar la inteligencia artificial, y ello no significa que ya no haga falta el abogado.

Significa algo diferente: para determinados trabajos pueden hacer falta muchas menos horas de abogado. Y esto introduce una cuestión que el sector jurídico tendrá que afrontar tarde o temprano.
Si antes un trabajo necesitaba 20 horas y ahora, utilizando correctamente la tecnología, puede hacerse en 5, ¿quién debe beneficiarse de las 15 horas ahorradas? ¿El despacho?, ¿el cliente?, o ¿los 2?

Eficiencia tecnológica frente al ahorro de costes
Porque utilizar inteligencia artificial no debería ser motivo para criticar a ningún abogado. Al contrario. Si existe una herramienta que permite trabajar más deprisa, revisar más documentación o prestar un mejor servicio, lo razonable es utilizarla, siempre bajo la necesaria supervisión profesional.

El problema aparece si la tecnología reduce drásticamente el coste de producir el trabajo, pero la factura continúa calculándose exactamente como cuando aquella tecnología no existía.

Si anteriormente el cliente sabía que detrás del socio había 3 abogados trabajando y ahora sabe que muchas de aquellas tareas pueden hacerse mediante IA, resultará cada vez más difícil convencerle de que debe seguir pagando exactamente lo mismo por las mismas horas teóricas de trabajo.

Ahí aparece además un problema para el tradicional sistema de facturación por horas. La inteligencia artificial premia la eficiencia; la hora facturable, paradójicamente, puede castigarla. Si un abogado necesitaba 10 horas para resolver un problema y gracias a la tecnología ahora necesita 2, se ha convertido en un profesional mucho más productivo. Pero si únicamente cobra por el tiempo empleado, esa mayor productividad significa que debería facturar menos.

La obsolescencia de la hora facturable: nuevos modelos
Es una contradicción que probablemente empujará a los despachos hacia otras fórmulas: precios cerrados, honorarios por proyecto, cuotas periódicas o sistemas en los que se pague cada vez más por el valor aportado y menos por el número de horas empleadas.

Este cambio en los sistemas de facturación es básico para mantener y justificar el valor añadido. Y no estamos hablando únicamente de grandes empresas negociando sofisticadas minutas con grandes bufetes. También puede ocurrir con la ciudadanía y pequeñas empresas.
En definitiva, el análisis de los nuevos sistemas de facturación, como hemos dicho, es clave para poder seguir manteniendo el valor añadido.

La Dispensa Colacional: Las Donaciones en Vida se deben de Reflejar en el Testamento

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Sergi Torrens, divulgador financiero: “En una donación sabemos lo que vamos a pagar, pero en una herencia no lo sabremos hasta el día que llegue”.
María, abogada, sobre los repartos de bienes en España: “Hay mecanismos para que no tengas que renunciar a la herencia por los impuestos”.

Montserrat Acebes, abogada, acerca de los repartos: “Para evitar que una donación en vida se reste de la herencia debe señalarse expresamente en el testamento”
La letrada ha sido clara sobre un asunto que puede ser crucial a la hora de distribuir una herencia.
Álex Martín, 08/11/2026
Montserrat Acebes, abogada, ha querido poner su mirada en un asunto que, si bien de primeras, no es demasiado conocido, puede jugar un papel fundamental en el reparto de una herencia. Este no es otro que el saber qué es lo que puede pasar cuando el testador toma la decisión de donar, en vida, uno de sus bienes a una de las partes que va a integrar dicho reparto. A pesar de que ya hay muchos que optan por entregar un inmueble o dar una cantidad concreta de dinero a uno de sus hijos antes de morir, hay que tener cuidado con este tipo de actos… porque tienen consecuencias.

Montserrat Acebes pone el foco en la colación
“¿Sabes que una donación en vida puede tener efectos a la hora de repartir una herencia? En el derecho español, cuando se hacen donaciones en vida, posteriormente se consideran entregas anticipadas de esa herencia. Esto es lo que se llama colación”, consideraba, en declaraciones recogidas por El Español, la abogada, que ha traído al foco un asunto que tiene más importancia de lo que parece. Porque, cuando hablamos de este asunto, ¿en qué consiste exactamente?

Muy sencillo: la colación consiste en tener en cuenta algunas donaciones concretas, las cuales se han llevado a cabo, de forma previa, a un heredero forzoso… cuando posteriormente se ha llevado a cabo un reparto de bienes. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que lo recibido en vida puede tener una gran influencia en las cantidades que correspondan después, cuando la persona que lega sus activos ya ha fallecido.

La fórmula para que la donación no se tenga que computar en forma de colación.
A pesar de esto, hay una manera por la cual todo aquel que va a legar su patrimonio puede evitar tener que computar la entrega de sus bienes, por poner un ejemplo, como colación. “Para evitar esta colación y que estas donaciones se consideren como parte de la herencia, la persona que lo ha donado tiene que dejarlo recogido expresamente en su testamento y esto es la dispensa colacional”, expresaba Acebes quien, para arrojar un poco más de luz acerca de este tema, ha querido poner un ejemplo.

El ejemplo en cuestión es el siguiente: uno de los herederos que van a tener acceso, en el futuro, al patrimonio del causante ha recibido una cantidad, en vida, de 150.000 € y, luego, quedan otros 500.000 que deben repartirse entre todas las partes. “Si el testador ha decidido que esa donación no va a tener que tenerse en cuenta en la herencia, va a dejar recogido en su testamento la dispensa colacional de esos 150.000 euros”, apuntaba Acebes, cuya misión no es otra que la de despejar dudas acerca de este tipo de temas, los cuales, a buen seguro, van a llamar, y mucho, la atención en nuestro país.

¿Qué ocurre con esto? Que, según el prisma de Acebes, dicha cantidad no se computaría, como entrega de forma anticipada, en el reparto posterior. “Lo que va a cambiar es que estos 150.000 € no van a ser tenidos en cuenta en el reparto de todos los herederos”. Pero, ojo, que este tipo de decisiones, como no puede ser de otra manera, tienen sus límites, ya que cualquier medida tiene que respetar la parte de la herencia que ha sido protegida a nivel legal. “Todo esto, con el límite de la legítima. Siempre deben respetarse los derechos de los herederos forzosos”, argumentaba.

Testamento: La separación de bienes no evita la legítima del cónyuge viudo

Mª Cristina Clemente, notaria: «La separación de bienes no evita la legítima del cónyuge viudo, quien es el heredero forzoso, igual que lo son los hijos»
La experta asegura que para evitar este tipo de situaciones en cualquier parte de España lo mejor es una buena planificación sucesoria.

Borja Sánchez, 06/11/2026 
Las herencias se han convertido en uno de los grandes laberintos del sistema nacional. Da igual desde el punto de vista que se afronten que siempre suponen un dolor de cabeza.
Lo que históricamente se podía entender como una buena noticia, ya que suponía recibir un bien, una cantidad de dinero, una propiedad o un terreno, ahora se ha convertido más en un problema. En un auténtico vía crucis que además es casi imposible de entender sin ayuda profesional.

Y más si cabe si la composición familiar trae añadida alguna peculiaridad que se salga de la unidad tradicional. Además, hay personas que intentan con buena voluntad buscarle los atajos al sistema, pero se terminan dando cuenta de que solo se adentran en callejones sin salida.

¿Cómo resolver una herencia en separación de bienes de una 2ª relación?
Uno de los caminos más complicados de tomar es cuando existe separación de bienes. «Uno de los errores en materia de herencias que suele causar mayor conflicto familiar por desconocimiento es cuando unos cónyuges pactan separación de bienes». Sobre todo cuando se trata de personas en 2ª nupcias o que ya tienen hijos de relaciones previas.

En estos casos, prima el deseo de que los herederos directos sean los hijos. Sin embargo, no es nada fácil conseguir eso tal y como explica la experta Mª Cristina Clemente. «Ellos piensan que así no se van a heredar el uno al otro. No se quieren heredar porque cada uno tiene hijos de relaciones anteriores y claro, cada uno quiere que lo suyo vaya a sus hijos respectivos y que en ningún momento el cónyuge viudo tenga derechos sobre los mismos».

Sin embargo, esta reputada notaria explica que las gestiones a realizar son realmente complicadas. «Pero lo que no suelen saber esos cónyuges es que la separación de bienes no evita la legítima del viudo. Es decir, en la mayor parte del territorio nacional el cónyuge es heredero forzoso, igual que lo son los hijos». 

Es ahí donde se produce el problema.

Además, este tipo de situaciones son especiales. «La peculiaridad de esa legítima es que es en usufructo. Pero para tener derecho a legítima solo se necesita ser viudo o viuda. Es decir, no es necesario que los hijos sean comunes y da igual que tu régimen sea el de separación de bienes o el de gananciales».

Tal y como explica la especialista, parece que no hay escapatoria. Aunque ella ofrece una serie de caminos mediante los cuales se pueden hacer avances significativos. «Para evitarlo no se puede renunciar en vida, ya que en la mayor parte de España las renuncias a herencias futuras son nulas de pleno derecho. Lo que podemos hacer es un testamento».

«Una buena planificación sucesoria pasa por un testamento porque la legítima no la puedes suprimir», advierte. «Pero al menos sí que puedes delimitar sobre qué bien ha de recaer ese usufructo que habiendo hijos es 1/3 de la herencia».
Para entenderlo mejor expone un caso en el que sí se actúa de manera correcta 

para no quedar del todo atrapado por el sistema. «Por ejemplo, se puede concretar en el domicilio conyugal o bien si prefieres conmutar o transformar un dinero».

Para conseguir eso, recuerda que «el testamento es el medio idóneo para hacerlo». Así que no vale confiar simplemente en la separación de bienes cuando se trata de una herencia y no de una separación.

Custodia compartida: quién puede quedarse en la vivienda tras la separación

La custodia compartida no decide automáticamente quién se queda en la vivienda familiar. La necesidad de cada progenitor, la titularidad del inmueble y las circunstancias de los hijos influyen en la atribución del uso. El ICAM reclama una reforma del Código Civil para regular expresamente estos supuestos.

Dolores Sánchez, 7 Nov. 2026 
Compartir los tiempos de cuidado no resuelve por sí solo dónde vivirán los adultos después de la ruptura. La vivienda puede pertenecer a uno, ser de ambos o estar alquilada, y las posibilidades económicas de los progenitores pueden ser distintas.

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha señalado esta cuestión tras su congreso de Familia y Sucesiones, celebrado los días 5 y 6 de noviembre. 

Su petición es una propuesta de reforma, no una modificación legal ya aprobada.

Ser propietario y tener el uso son cosas diferentes
La propiedad identifica a quién pertenece el inmueble. La atribución del uso determina quién puede ocuparlo en las condiciones fijadas tras la ruptura.
Por eso, conocer únicamente el nombre que aparece en la escritura no basta para anticipar la solución familiar. Tampoco puede afirmarse que la custodia compartida obligue siempre a vender la casa o a alternarse en ella.

Qué criterios se valoran
La doctrina recogida en una resolución publicada en el BOE señala 2 elementos centrales para estos supuestos: el interés más necesitado de protección y la titularidad de la vivienda.
La atribución debe atender a las circunstancias concretas y establecer una duración. La jurisprudencia ha manejado distintos plazos y soluciones; no existe una regla general que conceda siempre 1,2 ó 3 años.

No hay una única respuesta para todos los territorios
También importa qué derecho civil resulte aplicable. Determinados territorios disponen de regulación propia sobre las relaciones familiares y el uso de la vivienda.
La ley vasca, por ejemplo, contiene criterios específicos para custodia compartida y para el progenitor con mayores dificultades de acceso a otra vivienda. 

Esas previsiones no deben trasladarse automáticamente a cualquier separación en España.

Qué debería quedar claro en un acuerdo
Antes de firmar un convenio conviene identificar la vivienda, su titularidad, quién tendrá el uso, durante cuánto tiempo y cómo se atenderán los gastos.
También deben distinguirse el uso familiar y las obligaciones frente a 3º. 

Un acuerdo entre progenitores no debe interpretarse sin más como una modificación aceptada por el banco o por el arrendador.

El ICAM sitúa el problema en la dificultad de sostener 2 domicilios después de una separación. Su reclamación busca que la normativa dé una respuesta más expresa a una modalidad de custodia cada vez más frecuente.

Nota; La Teoria de " la Casa Nido " nunca fue una solución, en Francia se utilizó, en su día, para que disminuyeran el nº de divorcios, dado que mantener 2 viviendas era casi imposible económicamente.

El ICAM reclama reformar el Código Civil para regular el uso de la vivienda

.... en los casos de custodia compartida
Redacción Confilegal, 6 /11/2026 
La custodia compartida ya es mayoritaria en los divorcios con hijos en los que se decide sobre su guarda, pero el Código Civil sigue sin establecer expresamente qué debe ocurrir con el uso de la vivienda familiar en estos casos. Una laguna normativa que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera necesario corregir para reducir los conflictos judiciales tras las rupturas.

Esta ha sido una de las principales reivindicaciones del II Congreso de Familia y Sucesiones del ICAM, celebrado los días 5 y 6 de noviembre, durante el que también se han reclamado una mayor especialización judicial y cambios en la aplicación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC).

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la custodia compartida se acordó en el 50,8 % de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo en los que se decidió sobre la guarda de hijos menores en 2025, frente al 49,7 % del año anterior.
Sin embargo, el art. 96 del C.Civil, que regula la atribución del uso de la vivienda familiar después de una separación o divorcio, no contempla expresamente una solución específica para los supuestos de custodia compartida.

El problema de la vivienda tras el divorcio
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha advertido de que esta falta de regulación obliga a los tribunales a resolver mediante criterios jurisprudenciales situaciones familiares cada vez más frecuentes.
El problema no es menor. Cuando una pareja se separa y ambos progenitores comparten la custodia de sus hijos, determinar quién puede continuar utilizando la vivienda familiar puede convertirse en uno de los principales motivos de enfrentamiento.

En estas decisiones confluyen el interés de los menores, las necesidades de alojamiento de los progenitores y los derechos de propiedad sobre el inmueble.
Precisamente por ello, el Congreso dedicó una sesión a analizar la atribución y extinción del derecho de uso de la vivienda, con la participación de magistrados y especialistas que examinaron las respuestas ofrecidas por distintas instancias judiciales y el Tribunal Supremo.

A la incertidumbre jurídica se añade el encarecimiento de la vivienda, especialmente acusado en Madrid, que dificulta que los progenitores puedan mantener 2 domicilios después de una ruptura.
La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, puso el foco en esta realidad económica. «Tenemos un verdadero problema en este momento porque en Madrid han subido sustancialmente tanto los alquileres como los precios de compra de las viviendas», afirmó.

La letrada advirtió de las dificultades que encuentran muchas familias para asumir los gastos de dos hogares, especialmente cuando deben organizar la convivencia de los hijos en régimen de custodia compartida. 

«Y eso no es sostenible ante un divorcio», aseguró.
Esta situación está provocando nuevos conflictos judiciales, tanto sobre la atribución inicial de la vivienda como sobre el momento en que debe extinguirse el derecho a utilizarla.

El ICAM también cuestiona los MASC obligatorios
Las reclamaciones del Colegio no se limitan a la vivienda familiar. Winkels ha insistido en la necesidad de extender la especialización judicial en familia, infancia y capacidad a todo el territorio nacional, para evitar que el acceso a órganos especializados dependa del lugar de residencia.
Aunque la implantación de los Tribunales de Instancia ha supuesto avances en esta materia, el ICAM considera que todavía persisten diferencias territoriales que deben corregirse.

Otro de los asuntos abordados ha sido la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en determinados procedimientos de familia.
La vicedecana sostiene que este requisito está provocando dilaciones e inseguridad jurídica que pueden perjudicar especialmente a los menores y a las personas vulnerables. Por ello, el Colegio mantiene su petición de eliminar esta exigencia en los procedimientos afectados.

«Seguiremos impulsando la modificación legislativa precisa para corregir cada una de las disfunciones que siguen operando en el derecho de familia, infancia y capacidad», manifestó Winkels.

Discapacidad, envejecimiento y conflictos internacionales
El Congreso también abordó otros desafíos que están adquiriendo importancia en el Derecho de Familia.
Entre ellos, la planificación anticipada de las medidas de apoyo para las personas con discapacidad o que puedan necesitarlas en el futuro.
Winkels destacó la utilidad de los poderes preventivos y las medidas voluntarias de apoyo, instrumentos que permiten decidir con antelación quién deberá prestar asistencia y en qué condiciones.

Finalmente, los especialistas analizaron la creciente complejidad de los procedimientos familiares con elementos internacionales. Estos asuntos exigen determinar qué tribunales son competentes, qué legislación debe aplicarse y cómo intervienen los convenios internacionales.

Para el ICAM, todas estas cuestiones evidencian una misma necesidad: adaptar la legislación a las nuevas realidades familiares y ofrecer respuestas jurídicas más claras a los ciudadanos.