miércoles, 18 de noviembre de 2026

Padres divorciados: ¿cuándo una pensión de 600 euros es «abusiva» y el colegio un gasto extraordinario?

Pablo Javier Deheza, redactor E&J, 17/11/2026
La A. P. de Girona mantiene la pensión de 338 € y acepta el colegio como gasto extraordinario, aunque lo ve "insólito"
La niña tenía poco más de 1 año cuando sus padres se separaron. Más de 3 años después, ellos viven a unos 55 kms. de distancia y siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuánto debe pagar él y cómo repartirse el tiempo con ella. 

La A. P. de Girona ha rechazado la custodia compartida que pedía el padre y ha dejado 2 mensajes útiles para muchas familias: el colegio puede contar como gasto extraordinario y pedir 600 € de pensión puede acabar calificado de «abusivo».

Ninguno consigue lo principal de lo que pedía. El padre aspiraba a la custodia, exclusiva o, subsidiariamente, compartida por semanas alternas. La madre reclamaba una pensión de 600 € al mes. La Sala les da la razón solo en puntos concretos, y es en ellos donde la sentencia resulta más útil para otras familias.

La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), de la Sección 2.ª, con ponencia de Joaquín Fernández Font, resuelve los recursos de ambos progenitores contra la dictada por el Tribunal de Instancia de Olot, que había concedido la guarda a la madre. La Sala desestima las peticiones principales de los 2 y estima en parte cada recurso.

El razonamiento parte de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: ninguna norma da preferencia a la custodia compartida sobre la individual, y lo que decide es el interés del menor en el caso concreto. 
Aquí pesó que, tras la ruptura, quien llevó el día a día de la niña fue la madre, aunque el padre contribuyera económicamente.

Pesó también la geografía. La menor siempre ha vivido en la localidad del domicilio familiar, donde va al colegio, mientras que el padre reside a unos 55 kms, que son unos 20 más si se rodea por Girona. La Sala añade que cubrir ese trayecto en menos de una hora es difícil y que las dificultades prácticas para una niña tan pequeña son evidentes.

A ello se suma el clima entre los adultos. Según la sentencia, la relación entre los progenitores «no es muy buena», algo que difícilmente ayuda a resolver los problemas puntuales que exige la guarda compartida. Y ambos coinciden en que la situación actual funciona, de modo que no parece prudente cambiarla. La Audiencia recuerda, además, que el vínculo con el padre no depende solo del régimen de custodia, sino de contactos frecuentes, también por medios tecnológicos.

Traslados y viajes: lo que sí cambia.
El padre sí logra un cambio en la logística. Como se mudó a casa de sus padres tras la separación, por no tener otro domicilio, la Sala considera razonable repartir los traslados: él recogerá a la niña al empezar cada periodo de visitas y la madre irá a buscarla al terminar.

La Audiencia también deja sin efecto la exigencia de que ambos consientan, o de que haya autorización judicial, para sacar a la niña de España. Admite que el juez puede acordar medidas de oficio, pero no hay indicio alguno de riesgo de que no regrese, y los 2 viven y trabajan aquí.

La pensión de alimentos.
La pensión queda en 338 € mensuales. La madre reclamaba 600 y el padre pretendía bajarla a entre 296 y 328. La Sala califica la petición de la madre de «manifiestamente desproporcionada y abusiva» y la rebaja que pide el padre de «meramente simbólica».

La madre alegaba que las medidas provisionales ya habían fijado 400 € a cargo del padre, sin que nada justificase la rebaja posterior. La Sala responde que una pensión provisional no impide ajustarla tras examinar la prueba, como hizo el juzgado.

Los datos de la sentencia sitúan los ingresos netos del padre en unos 3.078 € al mes y los de la madre en unos 2.255. Pesa además que él cede el uso de la vivienda, de la que es copropietario, y que paga la mitad de las cuotas de la hipoteca, además de la mitad de los gastos escolares, de las actividades de natación e inglés y del seguro médico de la niña.

El colegio, gasto extraordinario.
El colegio, de 244 € al mes, se computa entre los gastos extraordinarios y se paga a medias. La Sala reconoce que es «insólito, por no decir completamente excepcional» que partes y jueces lo incluyan ahí, porque se trata de un gasto previsible y recurrente. Lo acepta porque la sentencia de instancia lo daba a entender y ninguna de las partes lo cuestionó con claridad. Avisa, eso sí, de que la fórmula puede ser fuente de conflictos cuando la niña crezca o cambie de centro.

Vivienda, costas y casación
Sobre la vivienda familiar, la madre obtiene que el uso, fijado como máximo de 4 años, pase a ser un mínimo de 4 años. La Sala recuerda que la menor y su madre residen allí desde finales de septiembre de 2023 y que el padre puede, si lo desea, vender su mitad o comprar la de ella.
Ningún recurso prospera del todo, por lo que no hay condena en costas. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de 20 días desde la notificación, si se acredita interés casacional.

Fracaso año tras año de la ley de violencia sobre la mujer.

Otros Medios: la razon,
Solo 44 mujeres asesinadas.

Que Jordi Wild dijera esa burrada y se quedara tan ancho significa que tenemos un problema generalizado de machismo en España.
Irene Cuevas, 16 noviembre 2026 
Es de cajón, hay frases donde no se puede poner el adverbio «solo». Cuando se habla de muertes, asesinatos, violaciones, ataques terroristas, accidentes... Es decir, cuando se habla de víctimas. Porque ninguna víctima es «solo» una víctima. A nadie se le ocurre decir que «solo» fueron asesinadas por ETA 853 personas o que «solo» murieron 233 personas en la Dana o «solo» 115 en los accidentes de Urda y Adamuz. A nadie se le ocurre decir esto, repito, porque es una salvajada. El lenguaje importa, el lenguaje construye estructuras cuando comunicamos algo.

De la misma manera que a nadie se le ocurre decir esto, una espera que a nadie se le ocurra decir lo que tan alegremente dijo el youtuber Jordi Wild (Jordi el salvaje) en su canal, cuando entrevistaba a Ada Colau. Que 44 mujeres asesinadas en lo que va de año en España no eran tantas en comparación con los 55 millones de personas que hay. Y que esos 44 casos no podían hablar de que tengamos un problema generalizado de asesinatos machistas.

Que Jordi Wild dijera esa burrada y se quedara tan ancho, sí significa que tenemos un problema generalizado de machismo en España. Cómo de arraigada tiene que estar la violencia machista como para que esto le parezca a alguien poco. No es un discurso aislado, hemos oído cientos de veces la minimización de la violencia machista en columnas, debates, libros, que no ocurre con ningún otro tipo de violencia en el mundo.

44 mujeres asesinadas en lo que va de año en España es casi una mujer asesinada a la semana. 44 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de sus ex parejas, porque para que contabilicen como violencia de género, los asesinos tuvieron que tener antes un vínculo afectivo con la víctima. Esto significa que hay 44 asesinos de mujeres que antes de matarlas durmieron con ellas, tuvieron hijos con ellas y se emocionaron con ellas. ¿A quién no le parece una burrada esto?

1.385 mujeres asesinadas desde que se contabilizan en el 2003. Fuera de esa cifra, además, están los feminicidios que no se contabilizan como violencia de género. Sin contar las más de 200.000 denuncias por violencia de género este año de mujeres que en algún momento han temido por su vida.

Entiendo que a Jordi todo le parecerá poco en comparación con los 15 millones de seguidores que tiene, pero me encantaría preguntarle qué cifra le parecería suficiente para dejar de decir burradas machistas en su canal. A Feijoó también le preguntaría qué cifra le parece suficiente para que deje de amenazar con eliminar el Ministerio de Igualdad.
Nota: La utilización politica de la violencia sobre la Mujer mediante las subvenciones millonarias.

martes, 17 de noviembre de 2026

Málaga: Fin de la Pensión de Alimentos a los 26 años.

Otras Noticias:

Su hijo terminó una FP y trabajó un año con un contrato de formación: la Audiencia permite al padre dejar de pagarle la pensión.
La Justicia avala que un padre deje de pagar la pensión a sus hijos de 31 y 33 años por ser independientes económicamente, aunque sigan viviendo con la madre y esta le reclame 22.000 € por atrasos.

La Justicia avala que un padre deje de pagar la pensión alimenticia a su hija de 26 años pese a que la madre afirmaba que carecía de independencia económica: había realizado trabajos esporádicos y no estudiaba desde Bachillerato.
La A. P. de Málaga revoca la cuota mensual de 200 € fijada en el divorcio al considerar que no se acreditó la necesidad de la joven; mantiene la compensación a la exesposa. 
El progenitor mantuvo en la apelación que la hija trabajaba desde 2022 como modelo de forma continuada.

Iago Rodríguez, 16.11.2026 
Una pensión de alimentos establecida para una hija mayor de edad ha quedado suprimida tras la apelación de su padre contra las medidas económicas del divorcio, de manera que el pago deja de exigirse desde la fecha de la sentencia de apelación, el 11 de febrero de 2026.
El juzgado había fijado al padre un importe de 200 € mensuales hasta julio de 2026 y el abono de la mitad de determinados gastos extraordinarios, mientras la madre sostenía que la joven solo había trabajado de forma ocasional y que sus ingresos no le permitían mantenerse por sí misma.

Los magistrados no dan por demostrada esa falta de independencia económica, pues la hija tenía 26 años, había realizado trabajos y no constaban estudios posteriores al Bachillerato, y tampoco se aportaron datos que permitieran verificar la duración y remuneración de los empleos que la madre describía como ocasionales.

La prueba que faltó en el procedimiento
La Sentencia número 151/2026 de la Sección VIª de la A. P. de Málaga señala que la madre reconoció la actividad laboral de la hija, pero no explicó ni acreditó sus características, y consideró insuficientes las facturas que presentó de una academia de preparación de oposiciones por 100 € mensuales desde 2022 para demostrar la necesidad de mantener la prestación.

La Sala censura que no se presentara la vida laboral de la joven ni documentación sobre lo que cobraba, pues quien pedía la pensión debía acreditar los requisitos para concederla y tenía mayor facilidad para obtener esos datos porque convivía con la hija, mientras que esta, según la resolución, no mantenía relación con el padre desde la ruptura.

El progenitor mantuvo en la apelación que la hija trabajaba desde 2022 como modelo de forma continuada y cuestionó que siguiera preparando oposiciones, pero la sentencia basa la extinción en la ausencia de prueba suficiente sobre la situación económica de la joven, sin dar por comprobados todos los extremos afirmados por el padre.

La Audiencia añade que, próxima a cumplir 27 años y sin otros estudios concretos acreditados después del Bachillerato, la hija tenía capacidad objetiva para trabajar conforme al art. 152.3 del C.Civil, que contempla la posibilidad de que quien recibe alimentos pueda "ejercer un trabajo, profesión o industria", y acuerda extinguir el pago desde el día de la propia resolución.

Qué otras medidas cambian tras la apelación
La apelación también afectaba al uso de la vivienda familiar y a la pensión compensatoria reconocida a la madre, a quien el juzgado había atribuido la casa junto con la hija por la dependencia económica que apreciaba en esta última, un fundamento que la Audiencia corrige porque la mayoría de edad de la joven impide justificar la atribución de la vivienda en esos términos.

El tribunal concede el uso de la casa a la exesposa durante un año desde la sentencia por ser el interés más necesitado de protección, dados sus menores ingresos y problemas de salud, aunque advierte de que el terreno pertenece al padre del exmarido y de que las controversias sobre la construcción y su propiedad deberán resolverse en los procedimientos correspondientes.

La pensión compensatoria de 200 € mensuales durante 3 años se mantiene porque la Sala aprecia un desequilibrio económico tras el divorcio, cuando la mujer percibe una pensión por incapacidad permanente absoluta de 849 € al mes y el hombre ingresa entre 2.200 y 2.300 €, aunque la resolución aclara que aún no era firme y que cabía recurso de casación.

sábado, 14 de noviembre de 2026

Custodia Compartida; El Gobierno crea el título de familia monoparental

El Gobierno
crea el título de familia monoparental y abre la puerta a un mejor acceso a ayudas, becas y otros beneficios.
Permite que sean tratadas como familias numerosas con 2 hijos a cargo y amplía quiénes pueden acceder a la categoría de familia numerosa especial, que baja en términos generales de 5 a 4 hijos.

Eva Belmonte, 12 noviembre 2026
El BOE de ayer recogió un decreto ley que crea el título de familia monoparental y abre la puerta a que esa acreditación permita acceso prioritario, reducciones de precio y ayudas en mejores condiciones para estas familias, además de ampliar la protección a las familias numerosas. La norma entra en vigor este 12 de noviembre, pero la mayoría de los nuevos derechos que incluye se podrán reclamar desde el próximo 1 de enero. 
Las comunidades autónomas tendrán 6 meses para adaptar sus sistemas.

Podrán obtener el nuevo título de familia monoparental todas las personas que tengan hijos o hijas y no cuenten con un 2º progenitor. También, en el caso de que sí haya 2 progenitores, cuando la guarda y custodia la tenga solo uno de ellos y no reciba pensión de alimentos del otro, en casos de violencia machista y si uno de los dos progenitores está ausente de forma temporal y forzada durante más de 1 año, como presos o personas internadas en centros sanitarios.

Esta categoría se mantendrá siempre que los hijos sean solteros y menores de 21 años, o de 26 en el caso de que estén estudiando o para las víctimas de violencia machista. En el caso de que tengan alguna discapacidad, no tendrá límite de edad. Y que convivan (con ausencias temporales justificadas) con la persona progenitora y dependan económicamente de ella (no cobren más del IPREM). 
La familia dejará de pertenecer a esta categoría si la madre o el padre se casa o establece una pareja de hecho.

La norma además crea, de forma similar a lo que ocurre con las familias numerosas, 2 categorías: la general y la especial, a la que accederán aquellas personas con 2 o mas hijos, también cuando el ingreso por cada miembro de la unidad familiar no supere en 1,5 veces el IPREM o si cualquiera de los miembros de la familia tiene discapacidad de más de un 33% o está incapacitado para trabajar.

Y, ¿qué beneficios comportará? El decreto ley establece que las administraciones públicas establecerán medidas de no discriminación a este tipo de familias y criterios de corrección para que en el acceso a ayudas u otros beneficios, como mínimo, tengan las mismas condiciones que aquellas con 2 progenitores, además de acceso prioritario a medidas de conciliación.

Yendo a la concreto, establece que los límites de renta para acceder a prestaciones por nacimiento, adopción o cuidados podrán incrementarse y que, para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se permitirá la convivencia con otros familiares sin que pierdan el complemento. Asegura que los sistemas de becas y ayudas se adaptarán como máximo en 2 años para que tengan acceso preferente a ellas y les da prioridad en programas de empleo. Ademas, establece que se pondrán en marcha exenciones y bonificaciones en transporte público y acceso a bienes y servicios culturales, sociales, deportivos y de ocio, como las entradas a museos.

La norma establece que ese título será gestionado por las comunidades autónomas, que deberán informar a la Seguridad Social de su expedición, y tendrá validez en todo el territorio nacional. Ademas, será compatible con el de familias numerosas, cuando se den ambos casos, aunque sus beneficios no se acumularán.

De hecho, la reforma permite que familias monoparentales puedan acceder a la condición de familia numerosa con 2 hijos y no 3, que es la regla general. Hasta ahora, esta regla solo aplicaba a familias en las que uno de los 2 progenitores hubiera fallecido.

Ademas, permite que, en caso de custodia compartida, ambos progenitores contabilicen a los hijos de cara a ser clasificados como familia numerosa; y rebaja el porcentaje de discapacidad que debe tener alguno de los progenitores para acceder a estos beneficios con 2 hijos y no 3, que pasa del 65 al 33%.

El decreto ley reforma la categoría de familia numerosa especial, que hasta ahora era para familias de 5 o más hijos: pasa a ser a partir de 4 por regla general, incluyendo también aquellas con 3 hijos pero algun parto múltiple o ingresos de menos de 1,5 IPREM. Si alguno de ellos tiene alguna discapacidad o está incapacitado para trabajar, sigue contando por 2.

Los títulos de familia numerosa vigentes seguirán siendo válidos, excepto aquellos que cambien, con las nuevas reglas, a la categoría especial. En esos casos, se actualizarán automáticamente, excepto en el caso de que se acceda por bajos ingresos, que deberán solicitarlo.

Además, el decreto ley da un paso más en la mejora del pago del Fondo de garantía de pagos de alimentos, el sistema que permite cubrir las pensiones que el progenitor obligado no paga. Si en el decreto ley de la semana pasada se subía de 100 a 300 el anticipo máximo, el de hoy amplía quienes pueden acceder al sistema general y al de urgencia, que obliga a emitir una resolución en un máximo de 2 meses.

jueves, 12 de noviembre de 2026

El trabajo del abogado en la era de la IA: ¿Nuevas Tarifas?

Pablo Fernández Alonso, Abogado, 11/11/2026 
Un abogado recibe un expediente de varios cientos de páginas y necesita reconstruir la secuencia de los hechos. Con una herramienta de inteligencia artificial puede obtener, en pocos minutos, una primera cronología, localizar discrepancias entre documentos y preparar un esquema de trabajo. El ahorro de tiempo es real. También lo es el riesgo de que la herramienta confunda la fecha de una resolución con la de su notificación o atribuya a un documento algo que solo figura en las alegaciones de una parte. Antes de utilizar esa cronología, el abogado tiene que volver al expediente.

Con motivo del Día Europeo de la Justicia, merece la pena detenerse en ese cambio, que ya forma parte del trabajo cotidiano en muchos despachos. Tareas como comparar 2 versiones de un contrato, ordenar documentación dispersa o preparar un 1º borrador pueden resolverse con mayor rapidez. Ese tiempo puede dedicarse a contrastar una prueba, explorar una vía de defensa o explicar al cliente las consecuencias de una decisión. Ahí se aprecia el valor de la herramienta para la persona que necesita asesoramiento.

Cuando se parte de un borrador generado por IA, parte del trabajo que antes se hacía al redactar pasa a la fase de revisión. Y revisar exige algo más que corregir el estilo. En un escrito procesal, por ejemplo, hay que comprobar que los hechos tienen respaldo en el expediente, que las resoluciones citadas existen y que lo que afirman se puede trasladar al caso. Incluso una sentencia auténtica puede sostener una conclusión distinta de la que le atribuye el borrador o resolver un supuesto que se parece al nuestro solo en apariencia.

La soltura con la que se presenta el resultado puede hacer que esas comprobaciones parezcan innecesarias. Una cita con fecha, órgano y número de resolución transmite seguridad, aunque esté equivocada. Algo parecido ocurre con los resúmenes. Una síntesis puede recoger fielmente casi todo un documento y omitir justo el párrafo que obliga a replantear la estrategia. Saber trabajar con IA implica formular bien el encargo y, sobre todo, saber qué revisar verificar antes de dar el resultado por bueno.

La revisión empieza al recibir el resultado, pero algunas de las decisiones más importantes se toman antes de introducir los datos. Si lo que se busca es comparar la redacción de 2 cláusulas, quizá baste con trabajar sobre esos fragmentos y retirar los datos que permitan identificar a las partes. Subir el contrato entero por comodidad puede exponer información ajena a la tarea. También importa saber quién puede acceder a los archivos, cuánto tiempo se conservan y si el proveedor puede utilizarlos para otros fines. La decisión depende de las condiciones del servicio, de su configuración y de la sensibilidad del asunto.

En penal y ciberdelincuencia estas cautelas tienen una dimensión muy concreta. Una herramienta puede ayudar a ordenar una secuencia extensa de mensajes, pero el resumen puede perder elementos decisivos, como la identidad de los interlocutores, la hora de envío o el contexto de una respuesta. Si uno de esos mensajes va a utilizarse para sostener una acusación o articular una defensa, el abogado debe poder localizarlo en el material original y explicar de dónde procede. La facilidad para generar un resumen aporta poco si después cuesta comprobar en qué se basa.

La responsabilidad del abogado se aprecia también en el asesoramiento cotidiano. Un cliente que pregunta si le conviene aceptar un acuerdo quiere entender: qué gana, a qué renuncia y qué riesgos asume si decide continuar. Para responderle hay que valorar el estado del procedimiento, la prueba disponible y sus prioridades. 
La IA puede ayudar a ordenar las alternativas. El abogado es quien debe explicarlas, formular una recomendación y responder por el asesoramiento que presta.

Este cambio tiene consecuencias para la formación de los futuros abogados. En el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura que impartimos en la Universidad Alfonso X el Sabio, UAX, una manera de enseñar a utilizar estas herramientas es pedir al alumno que revise un borrador generado por IA y justifique qué conservaría, qué corregiría y qué necesita verificar. El ejercicio práctico permite comprobar si sabe distinguir un argumento bien escrito de uno jurídicamente defendible y si puede sostenerlo con los hechos del caso.

En el despacho, la medida del avance está en lo que ese tiempo permite hacer por el cliente. Si una 1ª revisión documental lleva menos tiempo, el beneficio puede estar en detectar antes una contradicción relevante, preparar mejor una reunión o explicar con más calma las consecuencias de una decisión difícil. Cuando el cliente pregunte «¿por qué me recomienda esto?», la respuesta sigue correspondiendo al abogado.

martes, 10 de noviembre de 2026

Cómo sobrevivir a los cuatro desafíos financieros del divorcio: “La vivienda es el principal foco de conflicto”

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Quién se queda con la casa, cuándo hay que pagar compensaciones económicas, cómo gestionar los gastos de los hijos y otras cuestiones que complican la separación.
Raquel Quelart, 09/11/2026 
Los divorcios van de capa caída: el año pasado se disolvieron 80.785 matrimonios, un 2,7% menos que en el 2024. Los datos estadísticos arrojan que la tendencia se remonta a hace al menos una década, impulsada por la menor nupcialidad y también por un factor que amarga la vida de muchas parejas: el dinero o, más bien dicho, la falta de él. Una situación que se agrava para los cónyuges con rentas bajas o modestas, a quienes divorciarse les hace más vulnerables económicamente.

Conscientes de ello, muchas parejas resisten a pesar de estar hartas, tal como admitía la abogada especialista en derecho de familia Adriana Auset en este episodio del podcast 'Bolsillo'. “De hecho, la crisis de la vivienda y el encarecimiento del coste de vida están haciendo que los aspectos económicos de los divorcios sean potencialmente mucho más conflictivos y difíciles de resolver. Muchos matrimonios actualmente se divorciarían y no lo hacen por estos motivos”, ratifica Auset cuando se le vuelve a preguntar por la cuestión.

Antaño, “en muchos divorcios, aunque la separación supusiera un esfuerzo económico, cada miembro de la pareja podía aspirar a reorganizar su vida en otra vivienda con cierta viabilidad. Actualmente esa posibilidad es mucho más complicada, por no decir imposible”, agrega la letrada. 
Incluso en las clases medias-altas, en las que el divorcio no suele ser tan dañino para el bolsillo, sí es oneroso, “porque a mayor renta o patrimonio, se suelen pagar pensiones de alimentos y compensaciones económicas [al cónyuge menos rico] de mayor cuantía en relación a los matrimonios con menos recursos”, argumenta el abogado y mediador Ignacio Marsal.

El precio: El 1º escollo
La primera factura del divorcio es el coste del propio trámite. Aunque las tarifas varían en función del abogado, un divorcio de mutuo acuerdo suele costar entre 900 y 1.200 €, una cifra que puede elevarse hasta los 3.500 € cuando el proceso se resuelve por la vía contenciosa. El importe final dependerá de la complejidad de cada caso. Con todo, el coste del papeleo resulta peccata minuta comparado con otros gastos que se prolongarán en el tiempo, como las pensiones compensatorias o alimenticias y el hecho de tener que afrontar con un único sueldo el alquiler o la hipoteca, los suministros del hogar y, en algunos casos, un 2º vehículo.

¿Quién se queda en la vivienda principal?: 
El 2º escollo
Auset asegura que la vivienda es hoy “el principal foco de conflicto en un divorcio” coincidiendo con el fuerte incremento de los precios de este tipo de inmuebles, sobre todo en las grandes capitales. Es el asunto, por lo tanto, que más se ha complicado, hasta el punto de que cada vez más excónyuges se ven abocados a tener que convivir bajo el mismo techo ante la falta de alternativa habitacional.

En los casos en los que la separación residencial es viable económicamente y el divorcio se produce de mutuo acuerdo, las partes pactan un precio para vender la vivienda a un 3º o para que un excónyuge le compre su mitad al otro. Es habitual encargar una tasación del inmueble, cuyo coste se reparte entre los 2 copropietarios.

Por el contrario, si el divorcio es contencioso, se solicita judicialmente la división del bien común, se tasa la vivienda y se fija tanto su valor de adjudicación como la compensación que corresponde al excónyuge que deja de ser dueño. Cuando ambas partes quieren quedarse con el piso, el juez suele ordenar la venta a un 3º.

En los casos en que la solución adoptada pasa por que uno de los excónyuges se quede como único propietario de la vivienda familiar, compensando económicamente a quien deja de serlo, puede ocurrir que la falta de financiación termine obligando a vender el inmueble a un 3º. 
Otra situación frecuente se produce cuando existe una hipoteca: uno de los cónyuges logra adjudicarse el 100% de la vivienda con ayuda familiar o recursos propios, pero el banco se niega a liberar al otro de la deuda, aunque haya perdido la titularidad de la casa. Mientras el préstamo siga vivo, esto puede limitar el acceso de este último a financiación bancaria para comprar otra vivienda. Además, el banco podría reclamarle las cuotas impagadas si el excónyuge no pudiera hacer frente a ellas.

Por otro lado, Marsal hace hincapié en que, en ocasiones, la titularidad de la vivienda y el derecho de uso no van de la mano. “Puedo ser titular, pero el juzgado puede establecer que el derecho de uso de la casa lo tenga mi mujer al considerar que está más necesitada de protección”, aclara. Así, si, por ejemplo, la custodia de los menores se le otorga en exclusiva a la madre, “con total seguridad el derecho de uso de la vivienda se le atribuirá a ella”, asevera.

En cualquier caso, razona Auset, “el problema de la vivienda conduce a que la custodia compartida se vuelva más difícil de organizar económicamente, porque requiere que ambos progenitores puedan disponer de una vivienda adecuada y que se encuentren relativamente cercanas para facilitar la estabilidad escolar y social de los hijos”.

El pago de pensiones a hijos y excónyuge: 
El 3º escollo
Otro conflicto “frecuente”, prosigue la abogada, aparece cuando 1 de los 2 excónyuges tiene que pagar al otro una pensión alimenticia para los hijos. El desacuerdo se da a menudo cuando quien debe abonarla considera que no le queda suficiente dinero para mantener su propio hogar o porque quien la recibe valora que es demasiado baja para cubrir las necesidades reales de los hijos.

En la mitad de divorcios con menores se otorga la custodia compartida. Cuando se aplica este régimen, “en términos generales, cada progenitor asume los gastos ordinarios de los niños (como ropa, gasto escolar y alimentación) mientras viven con él”, explica Marsal. Y los gastos extraordinarios (por ejemplo, ortodoncia y tratamientos médicos) se reparten a partes iguales.

Sin embargo, puede pasar que, aun habiendo custodia compartida, uno de los progenitores tenga que asumir una pensión de alimentos cuando sus ingresos sean más elevados que los del otro. Por ejemplo, si el padre gana 3.000 € y la madre solo 1.000, “casi con total seguridad el padre deberá pagar una pensión de alimentos [para los hijos] a la exmujer”, aclara el letrado.

¿Pero y si con el paso del tiempo quien parte con desigualdad económica acaba prosperando y mejoran sus ingresos de manera sustancial? “Bien, pues esto sería motivo para pedir una modificación de las medidas que se acordaron en el momento en que se dictó la sentencia o se firmó el convenio regulador”, responde. 
Otro aspecto que genera dudas es hasta cuándo deberá sufragarse la pensión alimenticia. “Se tiene que soportar hasta que los hijos sean económicamente suficientes, hasta que tengan trabajo con un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas”, responde Marsal. 
Por lo tanto, “el progenitor no puede dejar de pagar la pensión a los 18 años si su hijo o hija todavía está estudiando, cosa distinta es que a los 29 años ni trabaje ni estudie”.

“La idea más importante es que tener los mismos ingresos y acordar una custodia compartida no significa necesariamente que todo se reparta a partes iguales, ni que desaparezca automáticamente la pensión de alimentos de los hijos. No obstante, de manera generalizada y en la práctica, ante ingresos iguales los gastos de los hijos se suelen repartir al 50%”, recalca Auset.

Además de la pensión de alimentos, puede ocurrir que uno de los cónyuges esté obligado a abonar al otro una pensión compensatoria, que “busca compensar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges respecto a la posición que tenía durante el matrimonio cuando concurren los requisitos legales”, dilucida la letrada.

En el régimen de separación de bienes que se aplica por defecto en algunas comunidades, como es el caso de Catalunya, cada cónyuge conserva los bienes que tenía antes del matrimonio y cada uno es propietario de los bienes que adquiere durante el matrimonio. Las cuentas bancarias individuales pertenecen a su titular, “salvo que se acredite otra titularidad o derecho”, y los bienes comprados conjuntamente se reparten según el porcentaje de propiedad que conste en el título de adquisición. Por lo tanto, en separación de bienes “no existe una obligación general de sumar todo el patrimonio generado durante el matrimonio y dividirlo por dos ni hacer una liquidación como sucede en el régimen de gananciales”, comenta la abogada.

Es por este motivo que en Catalunya existe la compensación económica por razón de trabajo, que puede aplicarse cuando uno de los cónyuges se ha dedicado sustancialmente más que el otro a la casa y los hijos sin una remuneración adecuada, lo que ha posibilitado que la otra parte pudiera conseguir un incremento patrimonial superior. “Pero si ambos han trabajado, han tenido ingresos similares y han contribuido de manera equivalente a las responsabilidades familiares, normalmente será más difícil justificar esta compensación”, dice Auset.

¿Cómo organizar el reparto de los gastos de los hijos?: 
El 4º desafío financiero
En el régimen de custodia compartida hay diferentes maneras de gestionar quién asume los gastos de los hijos. 
En 1º lugar, puede establecerse un porcentaje proporcional a los ingresos de cada progenitor, por el que, por ejemplo, uno costee el 30% y el otro el 70%.
Una manera de organizarse muy habitual es crear una cuenta común en la que ambos progenitores ingresan una cantidad mensual para costear los gastos de los hijos. 
Sin embargo, Marsal no recomienda esta fórmula porque, según su experiencia, “suele dar problemas” por la dificultad de definir qué tipología de gastos deben cubrirse con el bote común y por el hecho de que algunos progenitores cargan en la cuenta pagos que no están justificados. 
En contraste, el 2º modelo consiste en que cada progenitor asume los gastos ordinarios de los hijos durante el tiempo que están a su cargo.

En cuanto los gastos escolares, como matrícula, libros, uniformes y excursiones y actividades escolares, “no siempre se consideran incluidos en los gastos cotidianos de cada progenitor”, comenta Auset, por lo que es importante que el convenio regulador especifique quién los paga y cómo se reparten.

En cuanto a los gastos extraordinarios, aquellos que no forman parte de las necesidades habituales y previsibles de los hijos, como determinados tratamientos médicos, la ortodoncia u otras necesidades excepcionales o urgentes, “pueden surgir discrepancias, ya que las sentencias suelen exigir el acuerdo de ambos progenitores”, declara la abogada. Para evitar conflictos, una solución es establecer de mutuo acuerdo en el convenio regulador un número mínimo de actividades extraescolares que podrá realizar el menor. Por ejemplo, se puede fijar una actividad relacionada con el aprendizaje de un idioma extranjero y otra de carácter deportivo.

Por último, Marsal recomienda: “Antes de firmar el convenio regulador, tenemos que saber cuáles son los derechos que nos corresponden, qué patrimonio tenemos y qué hay que repartir, así como qué obligaciones económicas tendremos que asumir tras la separación. Puede ocurrir que [uno de los cónyuges] tenga que pagar una pensión de alimentos a los hijos si la custodia se concede a la otra parte y, además, una compensación económica al excónyuge. En ese caso, podría tener que afrontar el pago de 2 pensiones: la de los hijos y la del otro cónyuge, al menos durante un tiempo”.

lunes, 9 de noviembre de 2026

La IA: Empresas y ciudadanos empiezan a regatear las facturas de los abogados

Rodrigo Corchero, Graduado en Derecho. 08/11/2026 08:00
El cambio en los sistemas de facturación es clave para mantener y justificar el valor añadido.
Hay una conversación incómoda que probablemente va a empezar a repetirse cada vez con mayor frecuencia entre abogados y clientes. El asunto ha terminado y llega la factura. 10 horas de estudio del expediente, 6 de preparación del escrito, 5 de análisis documental, 4 de investigación jurídica… 
Y entonces el empresario, o simplemente el ciudadano que tiene que pagar la minuta, puede hacerse una pregunta que hace 5 años probablemente ni siquiera se le habría ocurrido: ¿realmente han sido necesarias todas esas horas o detrás de una parte del trabajo estaba la inteligencia artificial?

La pregunta puede molestar, pero no tiene nada de absurda. 
Porque el empresario tampoco vive ajeno a la revolución tecnológica. 
Probablemente utiliza ya inteligencia artificial en su propia compañía.

Y el ciudadano ha visto cómo estas herramientas son capaces de resumir un documento de cien páginas, comparar 2 contratos, analizar un texto o elaborar un 1º borrador en cuestión de segundos. El cliente, sencillamente, ya sabe que la IA existe. Y empieza a saber también lo que permite hacer.

El impacto de la IA en los equipos legales
Hasta hace muy poco tiempo, detrás de un asunto jurídico complejo podía existir un pequeño ejército. El socio mantenía la relación con el cliente y definía la estrategia, pero debajo había asociados, abogados junior y personal de apoyo.

Uno buscaba jurisprudencia, otro revisaba documentación, otro preparaba antecedentes y otro elaboraba el 1º borrador; todo aquello eran horas humanas. Y, de una manera u otra, el cliente terminaba pagándolas. 
Pero una parte importante de esas tareas es precisamente la que está empezando a transformar la inteligencia artificial, y ello no significa que ya no haga falta el abogado.

Significa algo diferente: para determinados trabajos pueden hacer falta muchas menos horas de abogado. Y esto introduce una cuestión que el sector jurídico tendrá que afrontar tarde o temprano.
Si antes un trabajo necesitaba 20 horas y ahora, utilizando correctamente la tecnología, puede hacerse en 5, ¿quién debe beneficiarse de las 15 horas ahorradas? ¿El despacho?, ¿el cliente?, o ¿los 2?

Eficiencia tecnológica frente al ahorro de costes
Porque utilizar inteligencia artificial no debería ser motivo para criticar a ningún abogado. Al contrario. Si existe una herramienta que permite trabajar más deprisa, revisar más documentación o prestar un mejor servicio, lo razonable es utilizarla, siempre bajo la necesaria supervisión profesional.

El problema aparece si la tecnología reduce drásticamente el coste de producir el trabajo, pero la factura continúa calculándose exactamente como cuando aquella tecnología no existía.

Si anteriormente el cliente sabía que detrás del socio había 3 abogados trabajando y ahora sabe que muchas de aquellas tareas pueden hacerse mediante IA, resultará cada vez más difícil convencerle de que debe seguir pagando exactamente lo mismo por las mismas horas teóricas de trabajo.

Ahí aparece además un problema para el tradicional sistema de facturación por horas. La inteligencia artificial premia la eficiencia; la hora facturable, paradójicamente, puede castigarla. Si un abogado necesitaba 10 horas para resolver un problema y gracias a la tecnología ahora necesita 2, se ha convertido en un profesional mucho más productivo. Pero si únicamente cobra por el tiempo empleado, esa mayor productividad significa que debería facturar menos.

La obsolescencia de la hora facturable: nuevos modelos
Es una contradicción que probablemente empujará a los despachos hacia otras fórmulas: precios cerrados, honorarios por proyecto, cuotas periódicas o sistemas en los que se pague cada vez más por el valor aportado y menos por el número de horas empleadas.

Este cambio en los sistemas de facturación es básico para mantener y justificar el valor añadido. Y no estamos hablando únicamente de grandes empresas negociando sofisticadas minutas con grandes bufetes. También puede ocurrir con la ciudadanía y pequeñas empresas.
En definitiva, el análisis de los nuevos sistemas de facturación, como hemos dicho, es clave para poder seguir manteniendo el valor añadido.