martes, 16 de julio de 2019

Venezuela: Crisis "paraliza" los divorcios

Los concubinatos actualmente han aumentado y los matrimonios pasaron a la historia, debido a que la sociedad de hoy prefiere postergar la constitución de los núcleos familiares producto de la crisis social y económica que atraviesa el país, así lo indicó el sociólogo, Trino Márquez.
Sin embargo, el también doctor en ciencias sociales aclaró que los concubinos tienen los mismos derechos que los casados, es decir, mantienen responsabilidades
Márquez señaló que por los costos que lleva hacer el divorcio, el venezolano no realiza la separación o ruptura.
Costos inalcanzables. Héctor Bustillo indicó que para divorciarse hay que tener mucho dinero y por eso se está evitando en el país, debido a que esos procesos requieren de mucha inversión. “Acá ya el matrimonio ni se utiliza”, resaltó.
Blanca Alvarado afirmó que los ciudadanos no se están separando por los costos de los procesos legales.
El monto es demasiado alto, eso debería de ajustarse, para que la gente pueda divorciarse más rápido y fácil en el país”.
Sí o no al matrimonio. “Estoy en desacuerdo con el casamiento porque la gente se termina divorciando a los meses y no se toma en serio” manifestó Alfredo Jiménez, quien agregó que hoy en día el ciudadano está optando por tener relaciones “informales” y no lo contrario.
Naisleth Valera dijo que “las relaciones sí se ven afectadas por la crisis del país, lo que provoca que las personas eviten el compromiso y no se casen”. Valera además lamentó lo que actualmente atraviesan las parejas que hacen vida en la república.
Yo creo que la gente todavía sí puede mantener una relación, no todo el tiempo se llega al divorcio. Al hacer esto, estas personas se ahorran todo el proceso que se hace para llegar a la separación. Las relaciones tienen chance”, subrayó Lisbeth Campos.
El concubinato prevalece. Gladys López e Isaías Carreño, son una pareja de 25 años y sin ningún vínculo matrimonial, ambos aseguran que el casarse es para lograr tener algo estable y no para caer en el divorcio.
El concubinato no está mal, para las parejas que no quieren llegar al compromiso. El venezolano por la situación le huye a la legalización de las relaciones”, expresó López junto a Carreño.
Otros concubinos Isidro Gutiérrez y Sandra Alvarado aseguraron que “la crisis del país ha hecho que las familias se separen, cosa que antes no ocurría”.
Gutiérrez expresó que debido a esta situación las mujeres quedan solas en los hogares, “ahora el hombre se va del país y deja a su esposa e hijos, para buscar mejores oportunidades”. Alvarado dijo que “hoy en día hay más matrimonios separados porque el padre de familia no puede mantener con su sueldo una casa”.
Relación informal. Josmery Marcano indicó que los ciudadanos prefieren el “compromiso informal” para que al separarse sea más fácil y rápido sin tener que hacer papeleo. “La gente lo está haciendo porque no es factible para nada comprometerse”.
Agregó que la sociedad está pendiente de otros intereses que no le den responsabilidad. “Los jóvenes de esta sociedad prefieren usarse entre ellos y no tener nada “serio”. También que el casamiento no se ve como años atrás”, resaltó Marcano.
Ronald Salcedo dijo que el venezolano de la actualidad no se casa, debido a que prefiere estar en una relación informal con otra persona. “Todo el mundo está evitando el casamiento, eso hay que tenerlo claro”, añadió.
Ante la situación actual del país, la sociedad venezolana no lleva a cabo un relación formal con un matrimonio, lo que sin duda hace que caigan en la informalidad.
El divorcio pocos lo logran y lo hacen, por todo aquel papeleo que se debe realizar para hacerlo correctamente y como lo estipula la ley. Por lo que los criollos piden una ajustación en los precios de estos procesos legales.

lunes, 15 de julio de 2019

Lo que más molesta a un juez de un abogado... y viceversa

Los letrados piden más cordialidad y diálogo; y los magistrados critican la falta de concreción de las intervenciones.
Patricia del Aguila Barbero, Madrid, 28.05.19
Dicen que del amor al odio solo hay un paso; un principio que puede aplicarse a la relación entre abogados y jueces. La tensión propia de algunos procesos judiciales y la compleja gestión de los intereses en juego puede ocasionar que los actores de un juicio sobrepasen algunos límites y su actuación se vuelva irritante. Estas son las 5 acciones que molestan a los abogados de los jueces y viceversa.
1. Que no se estudie bien el caso. Para Óscar Fernández, abogado, una de las grandes quejas de los letrados es que, al iniciar la audiencia previa o el juicio, el juez no disponga de un conocimiento pormenorizado del asunto. Algo que “se percibe en los 1º comentarios del juez en sala” y que, además, es “muy frustrante”.
2. Que no sea dialogante ni cordial. La falta de diálogo, según Fernández, crea un clima que en nada facilita el desarrollo de la vista. “Ello no obsta a que, cuando sea preciso, el juez adopte decisiones acordes con su papel de celoso guardián de la dignidad, gravedad y orden en la sala”, aclara. No obstante, un gesto de amabilidad, como que el juez se disculpe si llega tarde, “suele agradar sobremanera”.
3. No respetar la intervención del abogado. El modo de dirigirse a los letrados, dar muestras de aprobación o desagrado durante el informe o echar “miradas furtivas” indicando cansancio o disgusto por la intervención es algo que también irrita a los abogados. En este punto, Fernández aconseja que “se abstengan de despachar con el personal auxiliar asuntos, o recoger y entregar papeles”, ya que “pueden y deben esperar”.
4. No recibir un trato idéntico al de fiscales y abogados del Estado. Es común que los letrados perciben que existe un trato desigual que, “si bien no afecta a la imparcialidad del juez, genera cierto malestar”. A esto se une que en el interrogatorio el juez no dé prioridad al letrado en favor de las partes, testigos o peritos, o tenga una actitud cerrada, inflexible y excesivamente formal.
5. No tener una actitud de escucha activa. Según Fernández, el lenguaje no verbal es especialmente revelador de la falta de interés en la intervención del letrado, así como estar mirando el reloj ostensiblemente o el móvil. “Los abogados tememos especialmente este proceder porque nuestra línea de defensa no va a ser plenamente conocida y estudiada a posteriori”, critica.
Por su parte, para Raimundo Prado, magistrado y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), las figuras del juez y el letrado constituyen las 2 funciones “más importantes y bellas dentro del edificio de la justicia”. No obstante, los jueces también tienen claro qué les molesta de los abogados en un juicio.
1. Adornar en círculo los informes. Una de las más comunes, según Prado, es la queja judicial de que los letrados adornen en círculos sus informes, cuando el asunto se halla perfectamente delimitado (haciendo que parezca que el juez no se entera de nada) y dando “10 mil explicaciones” con distintas palabras pero diciendo lo mismo. “Muchas veces lo hacen para justificar ante el cliente los honorarios”.
2. Interponer demandas inacabables. También suscitan molestia las demandas eternas de los abogados con “cortas y pegas”, aludiendo a sentencias que, o bien son reiterativas, nada tienen que ver con el asunto o no dan argumentos jurídicos, esperando que el juez aplique la iura novit curia (el juez conoce el derecho). Para más inri, admite Prado, “una de las cosas que más nos irrita es que les digas que acaben... y no acaban”.
3. Faltar al respeto al tribunal o a las partes. Según su experiencia, las faltas de respeto se dan de muchas formas, desde el uso de palabras “gruesas”, hasta llevar vestuarios extravagantes para un determinado acto procesal o tener una actitud agresiva con los testigos en juicio. También hay letrados que, en provincias, se dirigen al tribunal diciendo que en Madrid “se hace de tal forma”, comenta Prado.
4. Que invoquen por defecto al art. 24 de la Constitución. Algo que también irrita a los jueces es que los letrados tengan como único argumento a veces el art. 24 de la Constitución, que se refiere a la tutela judicial efectiva. “Solicitan aclaraciones de sentencias muy claras con el único fin de ganar tiempo, o se les nota que sustituyen a un compañero y no se han visto el asunto a fondo”, asegura.
5. Menospreciar a juezas o jueces jóvenes. Según Prado, la discriminación también se da en las relaciones profesionales con la judicatura y no solo en género. “Hay algunos abogados que sonríen con altivez y superioridad cuando tratan con un juez o una juez joven”, relata.
Como anécdota, agrega que también hay letrados que dicen ser íntimos amigos de un magistrado del Supremo ante el juez que va a juzgar a su cliente. Y en esta línea, quienes se quejan de que otro juez no tiene “ni idea” porque no le dio la razón; u otros que “te tratan como colegas de pandilla, y no respetan las normas de los tribunales de orden y trato”, dice. ¿Los más originales?: “Los que presumen del dinero que han ganado en algunos pleitos y del coche tan potente que tienen”.

TSJCat: Conciliación familiar y laboral con Custodia compartida

El TSJCat desestima el recurso de un trabajador con custodia compartida que pedía llegar 15 minutos más tarde para llevar a su hijo al colegio.
Luis Javier Sanchez, 15 Julio 2019
El fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) no tuvo en cuenta la reforma legislativa del Real Decreto de 6/2019, publicado el 7 de marzo en el BOE donde habla que ese cambio de jornada es un derecho del trabajador.
La defensa acudirá al Tribunal Supremo para lograr que sea efectivo este nuevo derecho.
A un padre divorciado, con custodia compartida, que vive solo, le denegó el TSJCat la modificación del horario para acompañar el hijo al colegio y entrar 1/4 de hora tarde cada día.
Curiosamente, este fallo y deliberación, de 13 de junio, no tuvo en cuenta la entrada en vigor dicho Real Decreto que modifica el artículo 34.8 del Estatuto de los trabajadores, para facilitar los cambios de jornada al trabajador.
En este caso, la situación de este trabajador era la de divorciado con un hijo de 13 años en custodia compartida una semana alterna.
La ley señala que el derecho es prevalente hasta los 12 años.
De los 13 a los 18 años hay un cierto vacío legal que no está amparado por los derechos conciliación.
Este asunto se genera con anterioridad a la modificación legislativa del 34.8 del Estatuto de los Trabajadores que ahora permite la reorganización de la jornada del trabajador de acuerdo con el empresario.
La demanda se interpuso el pasado 22 de enero del 2018 en el Juzgado de lo Social de Tarragona para luego tener el fallo desestimatorio de 4 de mayo de ese año.
Con posterioridad el TSJCat, en una sentencia de 20 de junio del 2019, la 3269/2019, desestima el recurso del trabajador y hace suyos los argumentos del citado Juzgado de lo Social, aunque la reforma ya estaba aprobada en marzo.
El tribunal desestima que no ha habido una vulneración del derecho a la conciliación del trabajador por lo que no ve procedente de una indemnización de 3.000 euros por los daños y perjuicios sufridos desde este punto de vista.
En dicho fallo el TSJCat da por probado que el peticionario tiene la custodia compartida de su hijo menor, 1 semana de cada 2, y que los cambios que él pide supondría realizar otra jornada de trabajo diferente.
Por su parte, la empresa prueba que, por causas organizativas internas, no puede acceder a la petición de dicho trabajador.
Esta empresa no tenía en su convenio nada relacionado con los cambios de jornada.
Sin embargo este trabajador sí tenía firmado un plan de igualdad donde sí quedaba reflejado como medidas de fomenta de paternidad, el trabajador podría disponer de las medidas de conciliación que necesitase, así lo señalaba una cláusula genérica de dicho plan.
Ese plan de igualdad sirvió para que el propio interesado solicitara dicho cambio de jornada.
Víctor Canalda, abogado del trabajador, especialista en derecho laboral con más de 10 años de experiencia, aclara que «estamos hablando de un asunto el de pedir la adecuación de la jornada de trabajo, conforme a la reforma última del 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, según último decreto de marzo que ya está generando litigiosidad».
Una nueva práctica de la que Confilegal ya se había hecho eco hace unos días en un reportaje anterior con declaraciones de algunos expertos.
En muchos casos, como éste, anteriores a la reforma normativa citada, es posible que este tipo de asuntos lleguen al Tribunal Supremo donde se adecúe el asunto a la nueva normativa.
Curiosamente, al trabajador “se le fue concediendo permisos para llegar más tarde al trabajo, al tener la custodia compartida de su hijo de forma alterna cada semana. Eso le hacía pedir ese permiso que se lo concedían siempre”, especifica su abogado.
Sin embargo, empezó a tener problemas con la empresa y busco una seguridad para poder llevar a su hijo al colegio. Ante esa posible situación, solicitó el art. 34.8 como derecho.
«Se le negó por 2 motivos en la solicitud que hizo extrajudicialmente porque si se le concedía a el era un agravio comparativo con el resto de los compañeros que pudieran poder reclamarlo. Y la otra razón tenía que ver con que el horario era común para todos. Luego en el juicio se habló de causas organizativas exclusivamente. En esta situación, a esta persona no le quedó otro motivo que demandar a la empresa”, destaca Canalda.
EL ART. 34.8 EN TELA DE JUICIO
La medida de reducir jornada que planteó la empresa tampoco le satisfizo.
Sabiendo que existía el art. 34.8, no era cuestión de perder salario por una medida de este tipo. Sin embargo la jurisprudencia es clara y hasta el momento muchos asuntos de este tipo se han solucionado en la petición de reducción de jornada, especialmente antes de la última reforma de ese articulo”, apunta el abogado.
Hace unos días recibió el fallo de la Sala de lo Social del TSJCat, donde se indicaba que no había lugar a pedir dicho cambio en la jornada de trabajo.
La sentencia, por lo novedosa, es importante, porque aplica el mismo criterio que antes de la aprobación del Real Decreto 6/2019, este que modifica el art. 34.8 y define lo que los expertos hablan la jornada a la carta”.
Al parecer es la 1ª sentencia sobre este tema que se conoce en Cataluña.
En su fallo, la Sala de lo Social recoge ese mismo criterio anterior a la reforma del Real Decreto 6/2019.
En esa sentencia se hace alusión a otra de enero del 2019 “donde se desestima igualmente la modificación del horario de entrada porque viene a decir que esa solicitud del trabajador, de forma unilateral, no puede modificar la jornada”.
Para Canalda es posible que en este último fallo el juez confunda lo que es modificaciones de jornada del art. 37 del Estatuto de los Trabajadores con adaptaciones horarias del artículo 34.
Hay una fina línea entre ambos conceptos. En nuestro caso hemos pedido una adaptación horaria y no un cambio de jornada. Al pedir que se entre más tarde, se alarga el jornada y podríamos estar hablando de una jornada diferente. Este es el criterio judicial que sigue”.
Para este jurista «estos asuntos tendrán que ser resueltos por los tribunales y por el propio Supremo según la nueva óptica”.
Incluso se da la posibilidad de que aunque “en el convenio colectivo de la empresa no se diga nada de esto, la propia normativa aprobada es clara, con lo cual cualquier tribunal tendrá que resolver en consecuencia al nuevo marco legislativo aprobado”.
A juicio de Canalda, el papel del TSJCat debe ser ahora el de limitar el derecho “ahora con la nueva legislación se ha abierto de par en par y ahí puede acogerse cualquiera. Deberá ser el árbitro en esta nueva situación que ahora se está generando”.
En este asunto, ya no le queda otra que confiar en el Tribunal Supremo para lograr dicho nuevo derecho individual.

domingo, 14 de julio de 2019

El Poder Judicial estudia implementar robots que predigan sentencias

MÁS INFO
Los robots ahorrarían a los jueces españoles 1/4 parte de su trabajo.
El Consejo General del Poder Judicial estudia ya la aplicación generalizada de sistemas de "Justicia predictiva".
JOAQUÍN HERNÁNDEZ, 14 Julio 2019
El Consejo General del Poder Judicial estudia ya la potencial aplicación generalizada en España de sistemas de "Justicia predictiva", según han apuntado fuentes del órgano de Gobierno de los jueces a Vozpópuli.
Estas tecnologías consisten en algoritmos capaces de recoger toda la jurisprudencia sobre un asunto y estimar las probabilidades de que los procedimientos judiciales se resuelvan en un sentido u otro, con un grado de eficacia que ronda el 85% de los casos según experiencias ya dadas en otros países europeos y en EEUU a la hora de perfilar y cuantificar en sus resultados a los jueces y a los abogados.
Fuentes conocedoras de estas tecnologías y su potencial aplicación inciden en que tiene claras ventajas pero también plantea serios desafíos.
Ventajas y desventajas
Entre las ventajas aparecen la posible eliminación de incertidumbre jurídica (dado el alto grado de eficacia de los mecanismos), la reducción de una importante cantidad de burocracia (permitiría anticipar aquellos asuntos menores que se repiten con frecuencia en una dirección y 'atascan' los juzgados), la rebaja de costes derivada de lo anterior, y un incremento de las conciliaciones en detrimento de los juicios.
Paralelamente, entre los factores de riesgo, enumera el jurista especializado en Derecho Tecnológico Jorge Morell, aparecen la posibilidad de que la Justicia predictiva traiga aparejado un viraje del 'Imperio de la Ley' a la 'norma aplicada', contribuyendo a un entorno en el que las resoluciones se argumenten cada vez menos.
Otros riesgos son el llamado 'efecto rebaño', esto es, que la gente en general, incluidos los propios jueces, entre a cuestionar menos los asuntos y se ciña por el peso de la matemática; e injusticias por la vía de los los posibles sesgos del algoritmo - no es siempre es fácil entender por que el algoritmo llega a las conclusiones que llega - y las cuestiones éticas inherentes.
No para los jueces.
Según apuntan desde el CGPJ a este medio, la intención del órgano es que los sistemas de Justicia predictiva puedan servir como "herramienta de ayuda" para juristas y profesionales del derecho en general (abogados, procuradores, etc.), y no afecten directamente a las decisiones de los propios jueces.
"Los jueces tienen que resolver sobre personas, con sentimientos, y entrando en cada caso concreto", incide el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.
Fuentes jurídicas inciden en la potencial 'presión' que puede suponer para el juez a la hora de resolver un caso el conocimiento público de las estadísticas sobre sus tendencias. Francia, país en el que el CGPJ reconoce estar fijándose, ha prohibido ya por ley el uso de los sistemas de justicia predictiva para perfilar públicamente los resultados de un juez -los abogados franceses han reclamado lo propio para ellos-.
Otro país al que el CGPJ observa es Estonia, aunque descarta, de momento, la aplicación en España de sus 'jueces robots'.
"Las aplicaciones que está desarrollando Estonia afectan a procesos muy concretos, repetitivos y de bajo coste económico y, en cualquier caso, su concreta exportación a otros países de la UE, como es España, no se contempla en estos momentos por las diferencias entre sus respectivos ordenamientos jurídicos", dicen fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Una eventual irrupción de 'jueces robots' precisaría, de hecho, una reforma constitucional.

Nota: Es importante conocer las "tendencias personales" de cada juzgado, asi como ¿Cual es su productividad? En el caso de los procesos de divorcio, se mecanizaría la situación actual, a favor siempre de la misma parte.

sábado, 13 de julio de 2019

Hay que cambiar el Código civil del S. XVIII de una vez por todas

El Supremo condena a unos abuelos de Langreo a pagar por la manutención de sus nietos.
Ratifica el auto de la Audiencia y les obliga a aportar 100 euros al mes por cada uno de los menores ante la difícil situación de los padres.
Marta Varela, Langreo, 12 julio 2019
Una sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 3 de julio, ratifica el auto de la Audiencia Provincial de mayo de 2017 en el que se obliga a unos abuelos de Langreo a colaborar mensualmente con 100 euros por cada nieto en la manutención de los mismos. Una situación que se desprende de la precariedad en la que viven con su madre desde 2015, cuando se divorció del hijo de los condenados y padre de los niños, de 8 y 12 años. La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida por los abuelos al Supremo, donde finalmente no se ha aceptado el recurso y se ratifica como firme el fallo.
Ese veredicto de la Audiencia fue el resultado del recurso interpuesto en contra de la posición de la Fiscalía y de una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Langreo. La madre de los pequeños demandó a los abuelos paternos para que colaboraran en el sustento alimenticio de los niños ante la situación de penuria económica que padecen. Según consta en la sentencia, los progenitores de los menores están divorciados desde 2015 y el padre debería aportar una pensión alimenticia mensual de 200 euros a cada uno de sus hijos, pero no lo hace alegando que está en situación de desempleo y hasta el pasado año se encontraba en prisión. Ahora serán los abuelos paternos los que deberán contribuir a la pensión alimenticia de sus nietos, aunque lo harán de forma parcial aportando 200 euros por los 2, si bien su hijo en el auto de divorcio, de 2015, debería estar aportando cada mes 400 euros como pensión de alimento a favor de los menores, de los que tiene la custodia. Algo que no hace al carecer de ingresos suficientes.
Desde la 1ª sentencia se consideró que la situación económica de sus abuelos les permite contribuir con la manutención de sus nietos, ya que el abuelo tiene una pensión mensual que oscila entre los 2.300 y los 2.500 euros, a pesar de que vive con su mujer y 2 hijas. 
En este sentido, la Audiencia Provincial indicó que «la obligación de prestar alimentos entre parientes encuentra su razón de ser en el principio de solidaridad familiar, que tiene cobertura de rango institucional». Los demandados habían alegado que ellos también tienen cargas familiares ya que ayudan a sus hijas, lo que «les impide atender las necesidades de sus nietos». El fallo de la Audiencia fue claro y consideró «que aún pueden colaborar al mantenimiento de los pequeños».

viernes, 12 de julio de 2019

El Supremo abre la puerta a modificar el régimen de gananciales

....... incluso tras un divorcio.
Mª Jamardo,11/07/2019
La Sala de lo Civil determina en 2 novedosas resoluciones que a partir de ahora "la prueba del carácter privativo del dinero" en los procedimientos de liquidación de sociedades de gananciales "no es irrelevante".
El Tribunal Supremo abre la puerta a modificar el régimen de gananciales sobre algunos bienes, entre ellos la vivienda familiar, incluso después de un divorcio. El Alto Tribunal sienta jurisprudencia: los bienes muebles o inmuebles serán gananciales no por el mero régimen del matrimonio -y "con independencia del origen de los fondos" con el que fueron comprados- sino "si ambos cónyuges de mutuo acuerdo les atribuyeron carácter ganancial".
En 2 recientes resoluciones adoptadas por la Sala Primera de lo Civil, los magistrados consideran que cuando un matrimonio en gananciales compra un bien con parte de dinero propio de 1 sólo de ellos -esto es, privativo- aunque declare aportarlo para la sociedad, será "el no adquirente interesado en que se califique el bien como ganancial" quien tendrá que "probar la existencia de un acuerdo" entre ambos para que así sea.
Algo que el tribunal recuerda que "exige" el Código Civil "para atribuir carácter de ganancial a un bien" comprado por el matrimonio durante la vigencia de la sociedad de gananciales: es imprescindible el "común acuerdo" de los cónyuges "con independencia del origen de los fondos".
Es decir, si la sociedad se disuelve tras un divorcio, quien aportó la cantidad inicial puede recuperar la misma sin tener que repartirla, siempre que la otra parte no pueda acreditar que pactaron asignarla a la sociedad de gananciales a partes iguales o proporcionales a una cuota concreta.
Así lo establece una sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Supremo -a la que ha tenido acceso OKDIARIO y de la que fue ponente la magistrada Ángeles Parra– donde considera que "son gananciales los bienes adquiridos conjuntamente por los esposos cuando consta la voluntad de ambos de atribuir carácter ganancial al bien adquirido".
Por el contrario, "si se prueba que para la adquisición se han empleado fondos privativos, el cónyuge titular del dinero tiene derecho a que se le reintegre el importe actualizado" tras el divorcio, incluso aunque en el momento de la compra "no hiciera reserva sobre la procedencia del dinero ni sobre su derecho de reembolso", concluye el tribunal.
Voluntad expresa
El Supremo resuelve así 2 procedimientos similares en los que se planteaba una duda razonable sobre "el ámbito y los efectos de la atribución de la condición de gananciales por voluntad expresa o presunta de los cónyuges, a los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad de gananciales".
En sendos recursos se preguntaba al Alto Tribunal sobre la correcta interpretación por las diferencias surgidas en 2 matrimonios tras un divorcio contencioso, en el momento de la liquidación de una sociedad de gananciales, "respecto de varios inmuebles adquiridos durante el matrimonio bien por uno solo de los cónyuges -que declaró adquirir con carácter ganancial- bien por ambos cónyuges -que declaraban comprar con carácter ganancial".
La respuesta del Supremo es sencilla "la declaración de 1 solo cónyuge de que adquiere para la sociedad o de que adquiere con carácter ganancial, por sí sola, no es suficiente para que el bien tenga ese carácter ganancial, de modo que si el cónyuge adquirente prueba el carácter privativo del dinero empleado, el bien será privativo".

En otros Mass Media: Periodista digital

La custodia compartida, ¿es el más aconsejable? ¿a quien beneficia?

Se trata de algo tan sencillo y a la vez tan complejo, como plasmar en un documento el reparto de las responsabilidades entre ambos progenitores.
Carmen González Poblet, Madrid, Abogada, 11 JUL 2019
Mucho se ha escrito y hemos oído, acerca de que el régimen de custodia compartida es la opción más beneficiosa para el correcto desarrollo y bienestar de los hijos menores y el sistema deseable, así lo califica nuestro Alto Tribunal, (prohibido únicamente en el ámbito de la violencia de género), aunque a día de hoy su fijación no está generalizada ni en nuestra sociedad ni en nuestros Juzgados.
¿Pero se está haciendo, cuando se hace, bien? ¿Nuestros menores quedan verdaderamente protegidos bajo la custodia de ambos progenitores?
La respuesta a mi juicio es afirmativa, pero siempre y cuando su determinación conlleve el haber contemplado previamente todos los aspectos de la vida del menor que sean posibles, para que cada progenitor conozca de antemano las obligaciones y responsabilidades que contrae, y sí aun así surgen discrepancias, se pueda recabar para solventarlas, la ayuda de profesionales especializados colaboradores de la justicia.
Me refiero sin duda a implementar, de manera generalizada 2 instrumentos que pueden contribuir a conseguir que así sea: el plan de parentalidad y la figura del coordinador parental.
El plan de parentalidad regulado en el Código Civil catalán, ─más avanzado en muchos aspectos que el Código Civil común─ , debería ser introducido en todos estos pronunciamientos y con carácter obligatorio, aunque ello conlleve la modificación de la legislación común.
¿Pero en qué consiste?
Pues se trata de algo tan sencillo y a la vez tan complejo, como plasmar en un documento, el reparto de las responsabilidades entre ambos progenitores, para que ejerzan la patria potestad de una manera responsable, y alcancen acuerdos, al menos de mínimos, en aspectos de la vida del menor.
Sin pretender hacer una relación cerrada de estas circunstancias, imposible de realizar por otro lado, me permito detallar algunas que deben y pueden preverse: periodos de estancia del menor con cada progenitor, durante el curso escolar y en periodo vacacional; si van a mediar visitas del otro progenitor en cada período; destino y ocupación, por quien y cuando del domicilio familiar; disponibilidad de tiempo de cada progenitor para atender a sus hijos; condiciones de la vivienda de cada padre; personas que componen las nuevas unidades familiares; lugar, horario, cómo y por quién se van a realizar las entregas y recogidas de los menores en cada periodo; previsión de cubrir temporalmente la imposibilidad de ejercer la custodia por uno de ellos; gastos de desplazamientos y salidas de los menores, edad... ; comunicación con los hijos: periodicidad, horario, medios; quien realiza el seguimiento escolar y del resto de actividades y salud; compromiso de no utilizar al menor como correo entre los padres, forma y medio de facilitarse la información; distribución y participación en las festividades y celebraciones de los menores o familiares; viajes del menor fuera de su domicilio: notificación, autorizaciones; objetos a proveer al hijo: edad…; aspectos religiosos; forma de abonar los gastos y entre otros muchos, la forma de resolver las controversias que puedan surgir.
Sin lugar a dudas, si los padres lo confeccionasen y/o lo exigiesen los tribunales para su evaluación con carácter previo a la concesión de esta forma de custodia, no solo nuestros menores serían los grandes beneficiarios, sino que también, se dejaría de solicitar, este régimen como forma de protección de los intereses de los padres, ajenos e incluso contrarios a los de los hijos en múltiples familias.
Y si una vez instaurado este régimen, la resolución judicial no ha concluido el conflicto familiar, nuestro ordenamiento jurídico, debería introducir con el mismo carácter generalizado en todo el territorio nacional, la figura del coordinador parental, como alternativa a la resolución de conflictos, figura que existe con éxito desde el año 1990 en USA y Canadá . En España desde el año 2013 se ha ido introduciendo en Cataluña y posteriormente en Baleares y Valencia...
Figura que necesita, sin duda, de un amplio desarrollo en aspectos tales como: especialidad y conocimientos que debe tener, quien coordina y certifica la lista de estos coordinadores, cuya misión es auxiliar al juez y a las familias en la gestión de sus rupturas; quien abona sus honorarios; que facultades deben tener: informativas, decisorias, consultivas…; y en qué situaciones debe intervenir: tales como incumplimiento de visitas, en procedimientos de modificación de medidas, ejecuciones…
La finalidad es que con la ayuda de este profesional, en un período de tiempo razonable, la familia acepte las nuevas pautas y sea capaz de autogestionarse.
En definitiva, si se alcanzan compromisos sobre las obligaciones y responsabilidades que asume cada progenitor y se pone en marcha y desarrolla la figura del COPAR, aunque sea con elevadas dosis de prudencia, me permito ser optimista en el convencimiento de conseguir que este régimen sea efectivamente el sistema deseable para nuestros menores.
Nota: Ante la crisis económica, nada como crear puestos de trabajo "agradecidos", Los votos tienen un valor muy elevado en estos momentos.¿Cual es el coste para el tesoro público? sabiendo que es un fracaso dado la regulación del divorcio en España actualmente.....