Divorcio y Vivienda: Liquidación de bienes

El Tribunal Supremo cambia las reglas de los divorcios: haber vivido en la casa no garantiza su propiedad al liquidar los bienes.
La Sala señala que debe primar la igualdad de los lotes.
MARCA,18/02/2026 - 
Cuando un matrimonio se divorcia en estado de gananciales, una de las primeras disputas que surgen es quién se queda con la casa. Hasta ahora se habían tenido en cuenta unos factores, pero ahora el Supremo ha cambiado las reglas, dictaminando que el derecho constitucional a una vivienda digna y el principio de protección del cónyuge más vulnerable ya no serán determinantes para la decisión.

Esto se ha conocido tras la sentencia del Tribunal en el divorcio de un matrimonio de Cuenca, en la que la Sala ha desestimado el recurso de casación de la mujer. 

Ella se quedó viviendo en la casa hasta el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, el proceso mediante el cual se reparten los bienes acumulados durante el matrimonio.

El Tribunal Supremo ha rechazado los argumentos de la recurrente
Ante la falta de acuerdo entre los exconyuges, el juzgado designó a un contador-partidor (un profesional independiente encargado de hacer los lotes) para lograr la mayor igualdad. De esta manera, el experto decidió adjudicar la vivienda familiar al marido (valorada en 74.000 euros) y entregar el resto de bienes a la esposa, entre los que se encontraban un solar, un almacén y otra vivienda que se encontraba en estado de "inhabitabilidad".

La mujer, nada conforme, impugnó esta decisión y alegó que adjudicar la casa a su exmarido la dejaba en la calle, vulnerando su derecho constitucional (art. 47 CE). 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado los argumentos de la recurrente, estableciendo una distinción clara entre el derecho de uso y la adjudicación de la propiedad.
“La regla de evitación de la indivisión no es de aplicación imperativa [...], pero en este caso existe causa justa para apartarse de la regla general", argumenta la sentencia. Y es que, el tribunal considera que mantener a la exesposa en la vivienda perjudicaría gravemente el patrimonio del exmarido.

Como evitar que un proceso de Divorcio se eternice en el tiempo

Susanna Capdevila, abogada: “No es cuestión de suerte, esto es lo único que puedes hacer para que el proceso de divorcio no se te haga eterno”
La letrada opina en redes sociales cuáles son los pasos a seguir para finalizar, cuanto antes, con un proceso de divorcio largo y tedioso.
Carolina Viciano, 17 Febrero 2026 
Separarse o divorciarse no es un proceso sencillo. Todo lo contrario. No obstante, es un acto mundano y, como tal, se recrea en las redes sociales a diario. Por ello, son muchos los especialistas legales que optan por divulgar sus conocimientos a través de canales de TikTok o Instagram. Un ejemplo de ello es Susanna Capdevila, “defensa en procesos legales”, como se autodenomina en su perfil de TikTok, y experta en derecho familiar. Por ello, en esta ocasión, se decanta por indicar cómo evitar que un proceso de divorcio sea eterno.

Evitar un proceso de divorcio extenso depende, según Capdevila, de alcanzar un buen acuerdo entre las partes. La experta sostiene que la solución no está en la suerte, sino en la voluntad de pactar con información, asesoramiento y visión de futuro. Así lo explica en uno de sus últimos vídeos de la red social china, donde subraya que “la manera de evitar un proceso de divorcio, no sé si eterno, pero desde luego sí muy largo, es con un buen acuerdo”. Esta “es la mejor manera”, sentencia la letrada. “No es una cuestión de suerte, es cuestión de pactar”, prosigue en su vídeo.

La especialista en derecho de familia recomienda 3 pasos esenciales para facilitar el proceso. El 1º de ellos lo tiene claro: “Hay que ir bien asesorado y bien informado”. En 2º lugar, “hay que ir dispuesto a ceder en cosas, pero no a ceder en todo”. 

Y, por último, Capdevila considera imprescindible “pensar en el mañana”. 

Este punto final es para la abogada fundamental, a la par que uno de los más complejos, dado que “suele ser un hoy muy revuelto”.

Una opción, optar por el divorcio de mutuo acuerdo
El divorcio de mutuo acuerdo se consolida como la vía más utilizada por las parejas para disolver su matrimonio en España. Esta modalidad permite formalizar la separación mediante una solicitud conjunta y un convenio regulador. El documento recoge los términos económicos y personales, como la guarda y custodia de los hijos, la pensión alimenticia, el uso de la vivienda familiar, la liquidación del régimen económico matrimonial y cualquier otro aspecto patrimonial o personal relevante.

La clave de este procedimiento radica en el diálogo. La negociación directa entre los cónyuges, habitualmente con el apoyo de abogados o mediadores, facilita la consecución de un acuerdo que, una vez plasmado en el convenio regulador, debe presentarse ante la autoridad judicial o notarial. 

El proceso resulta más ágil y menos costoso, además de contribuir a una relación más cordial entre los excónyuges, lo que puede favorecer el bienestar de los hijos.

En cuanto a los conflictos sobre la custodia de las mascotas, la abogada Susanna Capdevila recuerda que, desde enero de 2022, la legislación española considera a los animales como “seres sintientes” y no como bienes muebles. 

Ante la falta de acuerdo entre las partes, será el juez quien decida, priorizando el bienestar del animal. Capdevila detalla que “el juez va a decidirlo, salvando las distancias, como si fueran hijos”, un enfoque que introduce criterios similares a los de custodia de menores, aunque adaptados a la realidad animal. 

Por tanto, la ley obliga a valorar quién puede garantizar mejor el cuidado veterinario, el tiempo de convivencia, la adecuación del hogar y la estabilidad emocional del animal. Los acuerdos sobre la custodia deben documentarse y, ante litigios, es recomendable presentar pruebas del vínculo y los cuidados proporcionados.

Cómo impacta la infidelidad en el proceso de divorcio
Otro punto frecuente de debate es el impacto de la infidelidad en los procesos de divorcio. Según explicó Capdevila en otro vídeo subido a redes sociales, la ley española no atribuye consecuencias legales a la infidelidad en las condiciones de la separación. “La infidelidad hoy en día no juega ningún papel en separación o divorcio porque no hace falta ni siquiera alegar causa”, afirmó la abogada. 

Desde la reforma del Código Civil en 2005, el divorcio se concede sin necesidad de justificación, y la moralidad de la conducta no afecta el reparto de bienes, la custodia de los hijos ni las pensiones alimenticias.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.
El convenio regulador, pieza central del divorcio consensuado, debe incluir acuerdos sobre la custodia, el régimen de visitas, las pensiones y el reparto de bienes y deudas. El documento debe ser claro, equilibrado y viable para que el juez o notario lo apruebe sin dificultades. Por lo que optar por un divorcio de mutuo acuerdo ofrece beneficios como mayor rapidez, menor coste y menor impacto emocional, especialmente cuando hay hijos involucrados. 

El proceso facilita la colaboración de las partes y contribuye a una transición más estable para toda la familia. “Pensar en el mañana y en lo que es mejor para los hijos, en caso de haberlos, es fundamental”, concluyó Susanna Capdevila.

La Brecha salarial y el Divorcio

Historia
Cómo divorciarse en la antigua Roma: así disolvían los matrimonios en el Imperio romano, sin jueces ni papeles.

Esta es la brecha salarial dentro del matrimonio que dispara las probabilidades de divorcio.
Cómo la llegada de los hijos reconfigura el equilibrio económico y redefine la estabilidad conyugal.

Sergio Parra, 16.02.2026 
El amor suele narrarse como un territorio de emociones puras, de afinidades electivas y promesas susurradas al oído. Sin embargo, bajo esa superficie lírica descansa una arquitectura menos obvia: la estructura económica que sostiene la vida en común. El matrimonio no es únicamente afecto. 

Es también distribución de recursos, poder de negociación y expectativas sociales que operan, muchas veces, sin ser nombradas.

Un dato incómodo lo confirma: las parejas en las que el marido ganaba más que su esposa han mostrado, en distintos análisis empíricos, menores tasas de divorcio. 

No se trata de una apología del desequilibrio, sino del reconocimiento de que la distribución relativa de ingresos no es un detalle técnico. 

Es una variable estructural que moldea incentivos, identidad y estabilidad.

Cuando ella gana más que él
Diversos trabajos han observado que cuando la mujer supera en ingresos al marido (o cuando esa relación cambia de forma abrupta) la probabilidad de ruptura aumenta. Investigaciones como la de Bertrand, Kamenica y Pan, publicada en el Quarterly Journal of Economics, sugieren que las normas de género y las expectativas sociales influyen de manera significativa en la satisfacción marital cuando la mujer se convierte en principal proveedora. El dinero no “rompe” el amor; lo que altera es la coherencia entre estructura económica y narrativa cultural.

Las parejas con menos probabilidades de divorciarse fueron aquellas en las que el esposo tenía un ingreso mucho mayor que su esposa, que incluye parejas donde la esposa no trabaja fuera del hogar.

Esto no solo es cierto en los Estados Unidos. En la Suecia altamente igualitaria, una mayor proporción de los ingresos obtenidos por la esposa crea un mayor riesgo de divorcio. Y otro estudio encontró que incluso una ganancia inesperada (ganar la lotería) conduce a una mayor probabilidad de divorcio para las mujeres ganadoras y una menor probabilidad de divorcio para los ganadores masculinos.

Estos resultados sugieren que el cónyuge que proporciona la mayor cantidad financiera en el matrimonio es diferente a los esposos frente a las esposas, y son consistentes con la afirmación de que las mujeres todavía valoran las perspectivas financieras de un cónyuge más que los hombres.

El primer hijo
Es en este punto donde la llegada del 1º hijo introduce un giro decisivo. El nacimiento no solo transforma rutinas y prioridades; altera la ratio de ingresos dentro de la pareja. Un reciente estudio (cuyo aporte metodológico permite aislar efectos causales) muestra que la parentalidad no simplemente coincide con trayectorias laborales divergentes: las provoca. 

La desigualdad intrafamiliar se desplaza de manera estructural.

Así, el nacimiento del 1º hijo genera una penalización persistente en los ingresos de las mujeres, mientras que los hombres apenas experimentan variaciones significativas. No hablamos solo de una pausa temporal; en algunos contextos, hasta un tercio de la desigualdad posterior puede atribuirse causalmente a la maternidad. Es, en esencia, un shock estructural.

Imaginemos una pareja en la que, antes del hijo, la mujer percibía el 95 % del salario del marido. 5 años después del nacimiento, su ingreso relativo desciende al 70 %. 

La relación no solo ha cambiado en términos absolutos; ha transitado hacia una configuración más asimétrica. La desigualdad interna ya no es un reflejo accidental del mercado, sino el resultado directo de la reorganización familiar.

Aquí surge una tesis incómoda pero necesaria: las parejas en las que el marido ganaba más no eran menos propensas al divorcio únicamente por inercia cultural, sino porque esa asimetría generaba una suerte de estabilidad estratégica. Cuando el hombre mantiene la posición de principal proveedor, el equilibrio económico se alinea con expectativas normativas heredadas. Se reducen fricciones identitarias, se simplifica la narrativa de roles y, por tanto, disminuyen ciertas tensiones latentes.

La paradoja es que la llegada del hijo tiende, en numerosos casos, a restaurar o intensificar esa asimetría. Incluso en matrimonios inicialmente igualitarios, la maternidad desplaza la ratio hacia una mayor desigualdad. Desde la perspectiva de la estabilidad, este movimiento puede funcionar como mecanismo de consolidación. La penalización laboral femenina refuerza el modelo tradicional de proveedor masculino, y ese modelo (nos resulte más o menos deseable) ha mostrado correlaciones con menor probabilidad de ruptura.

Más allá de la estabilidad
Pero estabilidad no equivale a justicia. La lección sociológica más profunda no es que la desigualdad “proteja” el matrimonio, sino que la coherencia entre estructura económica y expectativas sociales reduce tensiones. Cuando las normas culturales cambian más lentamente que la realidad económica, aparecen fricciones. 

Y cuando la economía se reconfigura (como ocurre tras el nacimiento de un hijo) el matrimonio se reordena con ella.

La cuestión normativa, entonces, no puede limitarse a la reducción de las tasas de divorcio. Si políticas públicas eficaces lograran mitigar la child penalty, acercando nuevamente la ratio de ingresos entre hombres y mujeres, podrían aumentar la equidad y la autonomía individual. Sin embargo, también modificarían equilibrios que históricamente han producido cierta estabilidad conyugal. 

El desafío consiste en aceptar que menos dependencia estructural puede implicar más negociación, más redefinición y, quizá, más rupturas en el corto plazo.

Al final, la llegada de un hijo no solo inaugura una biografía compartida; redibuja la cartografía económica del matrimonio. Y en esa cartografía, las líneas de ingreso se convierten en líneas de poder, de identidad y de permanencia. Comprenderlo no implica resignarse a viejos esquemas, sino reconocer que la arquitectura invisible del dinero sigue sosteniendo (o tensionando) las promesas pronunciadas ante el altar.

Referencias:

Leventer, Dor. 2026. “Identification of Child Penalties.” arXiv preprint arXiv: 2602.07486.
Kleven, Henrik, Camille Landais, y Jakob Egholt Søgaard. 2019. “Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark.” American Economic Journal: Applied Economics 11 (4): 181–209.
Kleven, Henrik. 2022. “The Economics of the Child Penalty.” Annual Review of Economics 14: 1–24.
Angelov, Nikolay, Per Johansson, y Erica Lindahl. 2016. “Parenthood and the Gender Gap in Pay.” Journal of Labor Economics 34 (3): 545–579.
Bertrand, Marianne, Claudia Goldin, y Lawrence F. Katz. 2010. “Dynamics of the Gender Gap for Young Professionals in the Financial and Corporate Sectors.” American Economic Journal: Applied Economics 2 (3): 228–255.

Violencia de "Género": Derechos, Ayudas,....

Ministerio de Igualdad de España, Febrero 2026.                                      La efectividad de los derechos y el pleno ejercicio de los mismos no es posible si sus titulares desconocen su existencia o de qué forma ejercitarlos. Esta necesidad se hace aún más patente para las mujeres víctimas de violencia de género, para quienes es esencial conocer las medidas que pueden adoptarse en relación con su protección y seguridad, los derechos y ayudas que les reconoce la ley y los recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral a los que pueden acceder. Ésta es la finalidad de la presente publicación.La garantía del derecho a la información, que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce a todas las mujeres víctimas de esta lacra social, no sólo es necesaria para su protección integral, sino que es el presupuesto básico para hacer realidad sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.GUÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2024

Hacienda aclara que los mayores de 65 años no tienen exención en el IRPF

..... si venden una vivienda antes de residir 3 años en ella.
Para aplicar esta exención no basta con empadronarse en la vivienda; es necesario residir efectivamente durante al menos tres años.
Lucía Rodríguez Ayala, 12/02/2026 
La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha resuelto que los contribuyentes mayores de 65 años no pueden beneficiarse de la exención del IRPF por la venta de su vivienda habitual si no han residido en ella durante al menos 3 años de forma efectiva y continuada. Así lo señala en la consulta vinculante V0241-25, de 5 de marzo de 2025, que analiza el caso de una mujer que pretendía acogerse a esta exención sin cumplir el plazo mínimo de residencia legalmente exigido.

La contribuyente, mayor de 65 años, heredó en 2021 el 50% de una vivienda, y en 2022 adquirió el resto de su hermano. En ese mismo año se empadronó en el inmueble, tras vender su anterior residencia habitual. A lo largo de 2024, se planteó vender la nueva vivienda y preguntaba si se hubiera podido aplicar la exención prevista para mayores de 65 años recogida en la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Y es que el art. 33.4.b) de esta ley establece que “estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por personas mayores de 65 años”.

La clave está en qué se considera “vivienda habitual”

La DGT deniega la aplicación de esta exención, precisamente por el concepto de vivienda habitual. El art. 41 bis del Reglamento del IRPF (aprobado por Real Decreto 439/2007), define como vivienda habitual aquella “que haya constituido la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de, al menos, 3 años”. 

Además, señala que para acreditar esa residencia, el empadronamiento no es suficiente por sí solo.

Aunque la mujer estaba empadronada en la vivienda desde 2022, no había cumplido aún el plazo mínimo de residencia a fecha de la venta, y no alegó ninguna causa excepcional (como dependencia, traslado o matrimonio) que pudiera justificar la interrupción del plazo. Por tanto, la vivienda no podía considerarse habitual a efectos fiscales.

La DGT recuerda que la residencia es una cuestión de hecho que debe acreditarse por cualquier medio de prueba válido en derecho, y que el empadronamiento, por sí solo, no acredita el uso efectivo de la vivienda como habitual.
En este caso, al no cumplirse el plazo de uso efectivo de la vivienda de 3 años, no se cumplen los requisitos para aplicar la exención en el IRPF y la ganancia obtenida deberá tributar como ganancia patrimonial.

Divorcio: Vivienda sin hijos

El derecho a una vivienda digna no concede un derecho de preferencia al cónyuge más necesitado sobre la vivienda familiar.
Garrido, 12 Febrero 2026
En caso de divorcio de un matrimonio en régimen de gananciales sin hijos, el principio del interés más necesitado de protección permite atribuir el uso de la vivienda familiar al cónyuge que lo precise, pero solo hasta el momento en que se liquida el régimen económico matrimonial.

En el supuesto litigioso -divorcio de un matrimonio en régimen económico matrimonial de gananciales sin hijos-, el reparto de los bienes se estructuró mediante la formación de 2 lotes, en uno de los cuales se encontraba la vivienda habitual y, en otro, el resto de los bienes, entre los que se encontraban las 4/5 partes de un inmueble (vivienda incluida) adquiridas constante el matrimonio del que la esposa era titular de la 1/5 parte restante, con carácter privativo.

Sin embargo, lo cierto es que esta última vivienda no se encontraba en condiciones de habitabilidad, por lo que la esposa se opuso a ese reparto considerando que la única vivienda que podía solucionar su necesidad habitacional era la vivienda familiar. Lo contrario, supondría la pérdida de la única alternativa habitacional viable para ella.

En caso de divorcio, nos recuerda el Tribunal Supremo en su argumentación, cuando no haya hijos y a falta de acuerdo entre los cónyuges, podrá acordarse que el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario «corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección» -art. 96.2 CC-.

Se trata ésta, de una medida de naturaleza estrictamente temporal, dirigida a ofrecer una solución habitacional transitoria tras la ruptura, por un período que en la práctica se ha delimitado entre 1 año y hasta que se produzca la liquidación de la sociedad de gananciales, momento a partir del cual se pone fin a la comunidad preexistente y cada parte ha de hacer frente a su situación, sin perjuicio de la posible fijación, temporal o indefinida, como fue el caso, de una pensión compensatoria en caso de que el divorcio produzca un desequilibrio económico a uno de los cónyuges en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio.

En suma, con relación a la vivienda familiar, el principio del interés más necesitado de protección actúa a los efectos de posibilitar la atribución del uso al cónyuge que lo precise, pero con una duración determinada, que en todo caso finaliza con la liquidación del régimen económico matrimonial, sin que pueda invocarse para pretender un mejor derecho a la hora de practicar dicha liquidación, sea respecto de la composición del lote o hijuela o de la determinación del propio lote a adjudicar. 

La liquidación deberá llevarse a cabo de conformidad con las normas del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, señala el Alto Tribunal.

Pues bien, la protección del interés más necesitado es lo que justificó precisamente en este caso que la esposa tuviera el uso y disfrute de la vivienda casi 10 años, como también, a través del desequilibrio económico que supuso el divorcio para ella, que se estableciera a su favor una pensión compensatoria, dirigida a restaurar la situación económica previa. Pero el principio del interés más necesitado despliega sus efectos exclusivamente hasta la extinción del régimen económico matrimonial.

Y un último apunte: no debe olvidarse ni la igualdad del valor económico de los lotes, ni que la posibilidad de venta de los bienes que integran el lote adjudicado permite a la esposa la búsqueda de una solución habitacional, sea mediante la reforma del inmueble ahora inhabitable, sea por compra de otro distinto, señala el Tribunal Supremo.
[Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 22 de enero de 2026, recurso n.º 68/2024]

las mejores opciones sobre el uso de la vivienda durante el divorcio

Alicia Alarcón,11 Febrero 2026
Ninguna separación ha sido nunca un proceso sencillo, rápido ni agradable. Con frecuencia, aparecen conflictos de intereses y llegar a un acuerdo puede ser muy costoso para nuestros bolsillos. Además, todo se complica cuando el patrimonio es compartido o hay menores implicados. 

Una de las 1ª medidas que no tarda en llegar es el cese de la convivencia, pero no es tan sencillo como que una de las partes salga por la puerta.

Necesita regularse y, a veces, la posesión de la custodia juega un papel clave. 

¿La entrada de una nueva pareja puede cambiar la naturaleza de la vivienda familiar? ¿Qué ocurre con el domicilio cuando la custodia es compartida? 

¿Cuáles son los riesgos económicos tras perder la justificación legal de la vivienda?
Son algunas de las preguntas más recurrentes en situaciones de separación que Verónica Bermejo, abogada y socia de 'Llamas & Bermejo abogadas', ha resuelto en exclusiva para la revista lecturas.

Muchas personas piensan que, si tienen la custodia, nadie puede quitarles el uso de la vivienda. ¿Es realmente así?
No es exactamente así. El uso de la vivienda familiar se regula en el artí. 96 del C. Civil que establece que, en defecto de acuerdo, corresponderá a los hijos menores de edad y al progenitor con quien convivan. 

Sin embargo, la Jurisprudencia ha ido avanzando y matizando este uso, por ejemplo, en caso de convivencia con nueva pareja en el domicilio familiar. 

¿Por qué el Tribunal Supremo considera que la entrada de la nueva pareja cambia la naturaleza de la vivienda familiar?
El Tribunal Supremo considera que con la entrada de un 3º el carácter de vivienda familiar se pierde, al convertirse en el hogar de una nueva unidad familiar distinta a la originaria. En consecuencia, se justifica la extinción del derecho de uso atribuido inicialmente al progenitor custodio.

¿Basta con que la nueva pareja “duerma a menudo” en la casa o tiene que haber convivencia estable?
No basta con que sea una convivencia esporádica o puntual. Tiene que haber convivencia estable, que deberá acreditarse con todo tipo de pruebas: certificado de empadronamiento, detectives, testigos, documentos como facturas o contratos de servicio que correspondan a esa dirección, etc....

¿Qué puede hacer el otro progenitor cuando detecta esta nueva convivencia?
Debe presentar una demanda de modificación de medidas, aportando pruebas de esa convivencia con la nueva pareja y solicitar en base a ello la extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar. Con carácter previo a la interposición de la demanda, debe intentarse alcanzar un acuerdo con la otra parte a través de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) ya que es requisito obligatorio desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025.

Dicho acuerdo puede consistir incluso:

1.- en fijar un alquiler en relación al uso de la vivienda por esa 3ª persona, o 

2.- en acordar entre ellos el pago de la totalidad de la hipoteca por el que está disfrutando de la vivienda junto con su nueva pareja, eximiendo de tal obligación a la otra parte, o 

3.- en sacar a la venta la vivienda.

¿Cómo se protege a los hijos menores si se extingue el derecho de uso de la vivienda?
La extinción de la atribución del uso no priva a los hijos menores de su derecho a una vivienda, lo que cambia es que la vivienda deja de considerarse domicilio familiar. El Tribunal Supremo en estos casos concede un plazo prudencial para organizarse y reubicarse. El abanico de posibilidades que se abre es muy amplio: liquidar gananciales vendiendo la vivienda a un 3º, o quedársela uno de los progenitores,…

¿Qué riesgos económicos corre quien mantiene el uso de la casa tras perder su justificación legal?
El riesgo que corre es que, y a través de un procedimiento de modificación de medidas iniciado por la otra parte, se extinga el uso de la vivienda familiar que tiene atribuido, con las consecuencias económicas que ello conlleva. 

Es decir, mientras que tiene el uso atribuido, tiene garantizada la vivienda, pagando como mucho el 50% de la hipoteca si la tuviera, y los suministros individualizados de la misma. Mientras que si se extingue el uso, tendrá que ir pensando en buscar otra vivienda donde los costes podrán ser mayores.

¿En casos de custodia compartida tiene todavía sentido atribuir la vivienda a uno solo de los progenitores?
En custodia compartida el uso del domicilio familiar se decide principalmente de mutuo acuerdo. En defecto de acuerdo, el juez atribuirá temporalmente su uso al cónyuge más necesitado de protección (evaluando la situación económica de cada uno de los progenitores, sus ingresos y la titularidad de la vivienda), o incluso podría llegar a establecer un uso alterno por periodos a favor de cada uno de ellos.
Sin embargo, en estos casos de custodia compartida, lo más habitual es que finalmente se proceda a la liquidación de la vivienda, y a que cada progenitor establezca junto a sus hijos su domicilio familiar donde considere.

¿Qué aconsejaría a alguien divorciado antes de iniciar una nueva convivencia en la unidad familiar?
Que se asesore previamente con un abogado de familia que le explique las consecuencias que dicha nueva situación puede acarrear, a fin de que, y debidamente asesorados, puedan decidir los pasos a dar, teniendo siempre presente que si se hacen las cosas bien, es perfectamente posible conjugar la estabilidad de los menores y su bienestar con la convivencia con una nueva pareja.