lunes, 18 de febrero de 2019

Criterios jurídicos distintos sobre la Patria Potestad

La Audiencia retira la patria potestad a un coruñés por falta de interés hacia su hija.
La sala concluye que incumplió sus deberes por no pagar durante 31 meses la pensión y por no solicitar un régimen de visitas con la menor -Solo vio a la niña en una ocasión-.
Ana Carro, A Coruña, 17.02.2019
La A. P. A Coruña da la razón a una madre que pedía que se le retirase la patria potestad al padre de su hija por su falta de interés hacia la menor. En noviembre de 2017, una sentencia de un juzgado de Primera Instancia desestimaba la demanda de la mujer por entender que el progenitor estaba cumpliendo con su deber al estar al corriente del pago de la pensión de alimentos. Pero tras un recurso de apelación de esta madre, la Audiencia concluye que, más allá del aspecto económico, hay una "ausencia total y absoluto de interés" así como un incumplimiento de los deberes como padre.
La relación sentimental entre ambos, indica el fallo, se remonta a 2014, cuando nació su hija. Para el reconocimiento por parte del padre, no obstante, fue necesario que la madre iniciase un procedimiento civil de reclamación de paternidad, que se resolvió en 2016. A pesar de sus obligaciones, el hombre estuvo 31 meses sin abonar la pensión de la menor, que ahora tiene 4 años y medio.
Fue en febrero de 2017 cuando abonó todos los atrasos de dicha pensión, después de que se judicializara el caso. La sentencia indica que desde entonces cumplió con su obligación y abona mensualmente 100 euros por los gastos de alimentación. Aunque cumpla con esto, la sala entiende que el demandado "viene incumpliendo desde el nacimiento de su hija los deberes" como padre. Se basa no solo en que estuvo 31 meses sin abonar la pensión, sino también en que solo vio a su hija en una ocasión -porque se la cruzó por la calle, según la mujer- cuando tenía 18 meses y porque no ha reclamado un régimen de visitas con la menor, ya que alega "algo tan injustificable e injustificado" como que no puede cumplirlo por ser estudiante. Una situación en la que también está la madre de la niña. "Como si dicha circunstancia no le permitiera ver a su hija, ni siquiera un día a la semana", reza la sentencia.
Por todo ello la Audiencia concluye que, en este caso, la patria potestad "constituye solo un título", ya que hay una falta de interés por parte del padre, aunque este ha manifestado su intención de tener relación con la menor en un futuro.
El tribunal señala que el mantenimiento de la patria potestad por parte del padre "impediría la realización por parte de la madre de trámites" y "dificultaría la toma de decisiones que pueden ser esenciales para el bienestar de la menor". De cara al futuro, la sala indica que el progenitor podría solicitar la rehabilitación de la patria potestad si muestra interés y voluntad a estar presente en la vida de su hija.

CUSTODIA COMPARTIDA vs VIOLENCIA DE GÉNERO

Redacción,Tomás Martínez, 17 FEB 2019
Debido a los numerosos casos de violencia machista que por desgracia nos encontramos casi a diario, el Tribunal Supremo se ha visto obligado a pronunciarse sobre el tipo de custodia que debe operar en los casos en que hay hijos menores en la pareja. Su conclusión es que una condena por amenazas o malos tratos en el ámbito familiar no es compatible con que se adopte la medida de custodia compartida.
La Sala 1ª del Tribunal Supremo ha dictado sentencia 36/2016 por la que establece que la guarda y custodia compartida resulta incompatible con la condena de uno de los cónyuges por delito de amenazas en el ámbito familiar. Dicha Sentencia da respuesta al Recurso de Casación interpuesta por la madre de 2 hijos menores en contra de la Sentencia de la A. P. de Vizcaya, que acordaba la custodia compartida tras la separación de los padres existiendo en este particular caso, una condena por violencia de género.
El Tribunal Supremo recuerda que constituye premisa necesaria para acordar el régimen de guarda y custodia compartida que entre los padres exista una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que, pese a la ruptura afectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.
Lo que es de lógica, es que tras una ruptura matrimonial existan entre los cónyuges distintos conflictos consecuencia de dicha separación, pero la Sala hace hincapié, en que pese a que existe la normal conflictividad en la pareja, no se puede justificar que exista una condena por violencia de género que aparte al padre del entorno cercano a la familia y de la comunicación con la madre ya que esto provoca que exista una imposibilidad de realizar un ejercicio compartido de comunicación a favor de los menores que es la principal función de la custodia compartida.
Según la Sala, pese a las alegaciones que se hicieron por el padre de los menores, tales hechos traen consigo una repercusión en los hijos, que han sido testigos de un episodio de violencia contra su madre, y por lo tanto, son víctimas igualmente, encontrándose en una posición entre los progenitores, y por ende, de riesgo para ellos. Es doctrina de esta Sala (SSTS 29 de abril de 2013; 16 de febrero y 21 de octubre 2015), que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales que permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad, premisa en este caso incompatible con la situación de los autos.
El art. 2 de la LO 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, exige que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno “libre de violencia “ y que “en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”; criterios que aun expresados en una ley posterior a la demanda, incorpora los que esta Sala ha tenido reiteradamente en cuenta a la hora de integrar el interés del menor.
En virtud de lo cual, es lógico que según lo que recoge nuestro Código Civil, no proceda la guarda y custodia compartida cuando alguno de los padres esté siendo investigado en un procedimiento penal por atentar contra la vida física, la libertad, la integridad moral o la libertad o indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá la guarda y custodia compartida cuando el Juez de Primera Instancia advierta de lo practicado en el plenario del juicio la existencia de posibles indicios de violencia de género.
En conclusión, un divorcio conlleva una serie de consecuencias para los hijos siendo la buena relación entre los cónyuges pilar básico para el bienestar de los menores. Qué duda cabe que si esa relación es mala e incluso lleva aparejado no tan sólo una condena firme por un delito de violencia de género o en el ámbito familiar sino que ya esté siendo investigado este suceso, la guarda y custodia, al menos en ese momento concreto, no procede.

domingo, 17 de febrero de 2019

Feministas españolas contra la Corresponsabilidad Parental ó Custodia compartida

Corresponsabilidad versus custodia compartida
Altamira Gonzalo, 17/02/2019
Se ha instalado en nuestra cultura jurídica y social un término que utilizamos para referirnos a una forma de cuidado de hijos e hijas menores de edad cuando sus progenitores deciden separarse. Este término, biensonante y amable, es el de «custodia compartida». ¿Quién no va a estar de acuerdo con él? Compartir es sinónimo de generosidad e incluso de progreso y de igualdad y ninguna persona de buena fe se puede oponer a nada de ello.
Sin embargo, este concepto jurídico, es reciente en nuestra legislación, en concreto, es del año 2005, fecha en la que se introdujo, de manera excepcional, en el art. 92.8 del Código Civil por Ley 15/2005, de 7 de julio. En nuestra legislación foral tuvo su entrada triunfal en el año 2010, mediante la ley 2/2010 de 26 de mayo, posteriormente incorporada al Código de derecho foral de Aragón, que lo hizo nada menos que para establecer que, en caso de ruptura, el interés de los y las menores está representado de manera preferente por la custodia compartida y que, salvo prueba de que esa forma de custodia no es lo más beneficioso, deberá acordarse así.
Esta ley fue propuesta por el PAR a iniciativa de la Asociación de Padres de Separados de Aragón (de la que después de su aprobación ya no se supo nada más); recuerdo los tiempos en los que el PAR era un partido bisagra, condición que ya no tiene, era un novio cultivado por el resto de partidos. Esto, en mi modesta opinión, hizo que se votara una ley por casi todos los partidos presentes entonces en las Cortes de Aragón, salvo por IU, que se abstuvo en la votación. Sin embargo, ninguno de los partidos que entonces votó favorablemente la ley y tiene presencia nacional, ha propuesto una ley similar para modificar el Código Civil e instaurar en él la custodia compartida preferente, a pesar de las mayorías, incluso absolutas, que desde entonces ha tenido el PP. 
Una ley similar se aprobó en el año 2011 en la Comunidad valenciana, pero fue declarada inconstitucional y ya no está vigente. De forma que solo en nuestra Comunidad Autónoma existe una ley que establezca que en caso de ruptura de la pareja o del matrimonio, la custodia de los hijos/as será preferentemente compartida.
La custodia –y la autoridad familiar– de los hijos e hijas se comparte mientras los padres conviven. Cuando viven de manera separada, más bien la reparten entre ellos según el tiempo de estancia de los hijos con cada progenitor. Pero, a pesar de la contradicción in términis que supone hablar de custodia compartida cuando viven separados los progenitores, el término se ha acuñado. Yo prefiero hablar de custodia repartida.
Es un objetivo a conseguir, sobre todo para el bienestar de las mujeres, que los cuidados de los/as descendientes sean compartidos por ambos progenitores, es decir, que seamos corresponsables. Sin embargo, la realidad es otra, y es la siguiente según los propios datos estadísticos del Ministerio de Trabajo para Aragón:
EXCEDENCIAS CUIDADO HIJOS/AS:
madres /padres
Año 2010 96,01% - 3,99%
Año 2016 93,90% - 6,10%
Las cifras son tozudas y demuestran que, durante la convivencia de la familia, los cuidados son todavía hoy, en su gran mayoría, desgraciadamente, cosa de las madres. Y demuestran que esta ley foral en este aspecto concreto no ha servido para mejorar sustancialmente la realidad, porque en 6 años, de 2010 a 2016, la situación se ha modificado bien poco. Para el resto del Estado, la cifra de la desigualdad entre mujeres y hombres en los cuidados son similares a los nuestros.
¿Entonces, por qué esta ley?
Porque de esta manera se dejan de pagar pensiones para los hijos en la mayoría de los casos; porque se establecen cuentas bancarias conjuntas para los gastos de hijos e hijas, que son un semillero de disputas y una forma de controlar al otro/a tras el divorcio; porque así ya no hay razón para atribuir el uso del domicilio familiar al progenitor custodio, porque la custodia es compartida. Ninguno de estos motivos, que no se mencionan nunca, pero que son muy reales, tiene que ver con los intereses de la prole.
No desconozco que hay ocasiones en las que la negativa a compartir la custodia por una de las partes no es razonable y son los casos en los que, en la vida en común de la pareja, ambos han cuidado de sus hijos/as de manera más o menos igual, pero también sé que en estos casos llegan en su mayoría a acuerdos entre ellos. Afortunadamente, la mayor parte de las rupturas familiares en España se resuelve de acuerdo: en el año 2016, el 76,6% de los divorcios fueron de mutuo acuerdo. Y en el 10,8% de los casos, acordaron la custodia compartida.
El problema está en las rupturas contenciosas. Ahí es cuando entra en juego la aplicación por parte del Juez de la custodia compartida de manera preferente. Esto ha dado lugar a un aumento de la litigiosidad, siendo los y las menores el centro del litigio. Los hijos sufren mucho en estos procesos en los que sus padres disputan a muerte sobre cuál es mejor o es más querido; se ven inmersos, cuando más seguridad necesitan, en conflictos de lealtades que les están ocasionando daños que desconocemos y sinceramente, tampoco veo mucho interés por conocer. Siempre he demandado que, cuando se acuerde una custodia compartida contra la voluntad de uno de los progenitores, lo que, pienso, tiene mal pronóstico para los/as hijos, debería acordarse la revisión de éstos por el Gabinete Psicosocial del Juzgado pasado un tiempo. Pera conocer cómo les ha afectado; si ha sido beneficioso o no y poder, en su caso, rectificar.
Porque que la ley predetermine qué clase de custodia es mejor para los hijos en cualquier caso salvo alguna excepción, priva al Juez de su facultad, más bien de su obligación, de examinar el caso concreto y resolver lo que crea en conciencia que es más beneficioso. La inmensa mayoría de los jueces y juezas lo hacen así a pesar de la ley; pero, si se interpreta de manera literal, la respuesta viene dada.
Por tanto, la modificación que se ha propuesto por el PSOE, IU, Chunta Aragonesista Y Podemos en las Cortes de Aragón, dirigida a modificar la ley foral con la finalidad de suprimir la preferencia y que sea en cada caso el juez que deba resolver quien establezca qué custodia va a ser más beneficiosa para los hijos e hijas, me parece necesaria, prudente y acertada, además de ajustarse a la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo, porque nuestros niños y niñas y nuestras madres y padres son bien parecidas en Aragón y en Andalucía y lo que es bueno aquí, también lo es allí. Con otras materias se puede legislar de manera diferente según la comunidad si se tienen competencias para ello, pero menores es una materia muy delicada y los experimentos hay que hacerlos con cautela.
De la misma manera pienso que la propuesta hecha por los partidos de introducir un factor nuevo a tener en cuenta al decidir qué clase de custodia se debe acordar, consistente en examinar la dedicación de cada progenitor al cuidado durante la convivencia, no me parece ni un premio ni un castigo, sino una garantía para los y las menores tras la ruptura familiar.
Nota: Con el paso de los años, la empanada mental que tiene esta mujer aumenta progresivamente.Tanto interés por los menores que le importa un bledo las normativas Europeas que si defienden el bienestar superior de los menores.......desde tiempos de los Vikingos, pero España es Africa y tiene que ser la mujer la que cuide del gallinero, quedándose con el uso del mismo.

sábado, 16 de febrero de 2019

Declaración de la Renta 2018: dudas más frecuentes


Marta Espinosa,15/02/2019
Se acerca la campaña de la Declaración de la Renta 2018, y surgen dudas referentes a la obligación de declarar, las deducciones y reducciones aplicables, límites, etc. Desde Rankia, hemos intentado arrojar un poco de luz sobre estos temas a través de diferentes artículos, y en esta ocasión hemos recopilado dudas frecuentes que se presentan a la hora de realizar la Declaración de la Renta.
Si hice la Declaración el año pasado, ¿Estoy obligado a realizarla también este año?
No, de hecho el haber realizado la Declaración de la Renta en un ejercicio no obliga a tener que realizarla también en el siguiente. Esto dependerá de las circunstancias de cada año.
Además, hay que tener en cuenta que hacer el borrador de la renta no implica que sea obligatorio presentarlo.
¿En qué casos puedo aplicarme la deducción por vivienda habitual?
Deducción por inversión en vivienda habitual: esta deducción se suprimió en 2013, no obstante existe un régimen transitorio que permite a aquellos que en fecha anterior al 1 de enero de 2013, hayan comprado su vivienda habitual; o hayan satisfecho cantidades destinadas a su rehabilitación, mejora, ampliación (terminadas antes del 1 de enero de 2017); tendrán derecho a aplicarse esta deducción. Asimismo, cuando se trate de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017; también se tiene derecho a aplicarse la deducción. La base máxima es de 9.040€ anuales.
Deducción por alquiler de la vivienda habitual: esta deducción se suprimió en 2015, pero al igual que en el caso anterior, existe un régimen transitorio para aquellos contribuyentes que tuvieran un contrato de arrendamiento anterior al 1 de enero de 2015. Deben haber satisfecho con anterioridad a dicha fecha cantidades por el alquiler de su vivienda habitual; además de haber tenido derecho a esta deducción en relación a las cantidades que se hayan satisfecho anteriormente al 1 de enero de 2015 en concepto de alquiler de dicha vivienda.
Aquellos contribuyentes con base imponible inferior a 24.107,20 euros anuales podrán deducir el 10,05 % de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual.
*Respecto a la base máxima de esta reducción:
9.040€ anuales, cuando la base imponible sea igual o menor a 17.707,20€ anuales.
9.040 - [1,4125 x (BI - 17.707,20)], en el caso de que la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20€ anuales.
¿Cuándo puedo realizar tributación conjunta?
Podrán optar por la tributación conjunta las personas que formen una unidad familiar, cuando sus miembros sean contribuyentes del IRPF. Existen 2 tipos de unidad familiar:
La formada por un matrimonio no separado legalmente y sus hijos, en el caso de que tengan. Éstos deberán ser menores de edad no emancipados, o mayores de edad incapacitados judicialmente.
La monoparental, formada por un progenitor soltero, viudo o separado, y sus hijos; siempre que reúnan los requisitos descritos anteriormente.
En los casos de pareja de hecho con hijos, o casos de separación o divorcio con guardia y custodia compartida, solamente 1 de los 2 progenitores podrá optar por la tributación conjunta junto con los hijos, cuando se cumplan los requisitos. El otro miembro de la pareja debe declarar de forma individual.
¿Puedo aplazar el pago de la Declaración de la Renta?
Sí. Por una parte, existe la opción de aplazar el pago de la Declaración de la Renta, pero no en su totalidad: mientras que el 60% del importe deberá abonarse en el momento en el que presentes la declaración, el resto podrás ingresarlo en un plazo que ronda los 5 meses (hasta el 5 de noviembre). Para esto, debemos indicar la opción de pago fraccionado en Renta Web. Fraccionar el pago es la opción más frecuente.
Otra alternativa es el aplazamiento del pago, pagando lo que se debe en cuotas mensuales. Se deberá justificar la causa, y hasta un importe de 6.000€ no será necesario aportar garantía.
Otra opción a considerar es la posibilidad de solicitar un crédito bancario. En este último caso, el banco pagará la declaración, y mes a mes tendremos que pagarle las cuotas correspondientes a un tipo de interés.
¿En qué consiste la deducción por gastos de guardería?
Como comentamos en el artículo IRPF: ¿cuáles son las novedades para 2019? Con efectos desde el 1 de enero del año 2018, la deducción por maternidad se incrementa en 1.000 € adicionales, cuando quien tenga derecho a esta deducción haya tenido gastos de custodia en guardería/centros de educación infantil autorizados, cuando el hijo sea menor de 3 años. Es importante tener en cuenta que serán deducibles los gastos que se hayan realizado hasta el mes de anterior a que el hijo empiece el 1º curso de infantil, aunque ya haya cumplido los años durante el 2018.
Si es el padre o el tutor el que asume estos gastos de guardería, también puede disfrutar de la deducción. Es tarea de las guarderías y centros autorizados el presentar a Hacienda el modelo 233, que recoge la información requerida y gastos deducibles. La fecha límite para que las guarderías realicen este trámite es el 15 de febrero de 2019.

jueves, 14 de febrero de 2019

La Guarda y Custodia según las residencias de los padres.

Gloria Sánchez Castrillo, Área Derecho Privado. 14 de Febrero de 2019
La residencia de los progenitores en localidades lejanas imposibilita la custodia compartida
Guarda y custodia; régimen de visitas; patria potestad.

STS núm. 482/2018, de 23 de julio [RJ 2018, 2966].
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto en un procedimiento de atribución de la guarda y custodia de un menor en el que ambos progenitores residen en localidades lejanas.
Supuesto de hecho
En el procedimiento de familia aquí analizado, la sentencia de primera instancia, a partir de la relevancia del informe psicosocial, optó por establecer un sistema de guarda y custodia compartida que posteriormente resultó inviable tras el traslado voluntario de la madre a una localidad alejada de donde reside el menor.
Este hecho permite otorgar en exclusiva la guarda y custodia al padre junto al establecimiento de un régimen de visitas adaptado a la distancia entre ambos domicilios debiendo atenderse en la medida de lo posible a la disponibilidad del no custodio evitando así fijar un lugar concreto u horario restringido de recogida y entrega del menor.
Criterio o ratio decidendi
No existe prueba alguna que permita afirmar que el traslado de residencia de la madre favorezca al menor, circunstancia que permite atribuir la guarda y custodia en exclusiva al padre y establecer un régimen de visitas siguiendo las pautas aconsejadas en el informe psicosocial, fijando unos períodos de estancia con la madre que guarden el debido equilibrio entre las necesidades evolutivas del menor y la salvaguarda de la progenitora como figura de apego.
Valora el tribunal que lo más adecuado para el menor es confiarlo a la custodia del padre dada su corta edad y la especial necesidad de protección, al residir los progenitores en ciudades distintas y alejadas, así como flexibilizar el régimen de visitas para mantener con el no custodio un contacto lo más amplio posible.
Documentos relacionados
Normativa considerada : Art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.
Art. 92, 94 y 159 del Código Civil.
Sentencias a favor
STS 154/2012, de 9 de marzo.

¿Como encontrar un abogado? Criterios a seguir

No tengo abogado, ¿cómo encuentro uno de confianza?
Conviene elegir un especialista en el área de derecho del caso, con experiencia y, si es posible, del que se tenga referencias
BLANCA ÁLVAREZ, 5 de febrero de 2019
¿Una disputa con la comunidad de vecinos? ¿Problemas con tu inquilino? ¿El banco ha cobrado un concepto que no debía? Son muchas las situaciones en las que podemos necesitar ponernos en manos de un abogado, pero cuando llega el momento... ¿cómo elegir uno? Lo más conveniente, según los especialistas consultados en este reportaje, es escoger un abogado experto en el asunto de litigio. Si es un tema de trabajo, hay que acudir a un laboralista; si lo que se dirime es quién se queda con la custodia de los niños tras un divorcio, habrá que asesorarse con un abogado de familia, etc. Además, y primordial para no equivocarnos, es elegir a un profesional con suficiente experiencia y, si es posible, con referencias..
¿Abogado de cabecera? No, un especialista en cada materia.
Tener un abogado como quien tiene un médico de cabecera es habitual en países como EE.UU., pero no en el nuestro. ¿Por qué los españoles no tenemos un abogado de referencia a quien acudir para cualquier problema? La clave está en el sistema legal, pues el anglosajón es muy diferente. En España, es bueno tener un abogado en quien confiar, "pero la complejidad del Derecho hace necesario que los asuntos se traten por especialistas", explica Juan Carlos Burguera, del despacho Burguera Abogados.
No es lo mismo tratar un despido que la custodia de los hijos, ni reclamar una indemnización por un accidente que actuar contra un banco. El Derecho tiene múltiples ramas (derecho de familia, fiscal, laboral, penal...) y cada especialista se maneja mejor en el área en la que es experto que en las demás. Esta especialización asegura que siempre estaremos en las mejores manos, según el asunto que necesitemos.
Además, si en todas las profesiones la experiencia es un grado, en el caso de escoger abogado es fundamental tener en consideración qué ha hecho antes. Sus años de trabajo y los éxitos con los que cuente harán que tengamos más confianza y afrontaremos la situación con más seguridad.
¿Cuándo se necesita un abogado?
¿En qué ocasiones nos hará falta un abogado? "Prácticamente todo lo que hacemos puede acabar necesitando la intervención de un abogado", apunta Burguera. Y, en especial, todo lo que implique un desembolso económico: compras, suministros, productos bancarios, seguros, viajes, inmuebles, trabajo... Pero "incluso materias que en principio no son económicas acaban en los juzgados, como cuestiones de familia o sobre el derecho al honor", reconoce. Y, además, hay cuestiones básicas, como firmar un contrato o revisar una factura, para las que en ocasiones se precisa de la ayuda de un experto.
Casi todo lo que hacemos puede acabar necesitando la intervención de un abogado
¿Y cuáles son las circunstancias más comunes para las que se recurre a un abogado en España? ¿Conflictos con vecinos o con la empresa? ¿Reclamaciones por accidente? ¿Herencias, divorcios, custodias...? "Últimamente -explica el experto- han tenido especial relevancia las reclamaciones bancarias, aunque en el resto de materias sigue habiendo litigiosidad".
Buscar un abogado: mejor, con referencias
El abogado escogido debe reunir una serie de cualidades. Además de ser experto en la materia que tenga que tratar, es importante que sea accesible. Así, hay que valorar que mantenga al tanto de los avances del caso y que responda a las llamadas y los correos electrónicos.
A veces es difícil saber dónde y cómo buscar (y encontrar) un buen abogado: por Internet, en prensa, a través de un anuncio en la tele o la radio... "Mi recomendación -apunta Burguera- es buscar un especialista en la materia de la que trate el caso". Es importante, además, contar con referencias antes de decidirse. En ocasiones, las darán familiares, amigos o compañeros, pues el boca a boca y la experiencia de allegados funciona muy bien en estos casos. También es posible consultar las opiniones vertidas en Internet. Y, por supuesto, la impresión que produzca tras mantener una conversación con él o ella será definitiva para tomar una decisión.
Los honorarios de los abogados
¿Cuánto costarán los servicios de un abogado? ¿Qué tarifas medias cobran? "No es posible hablar de tarifas medias pues cada asunto, en función de su complejidad, requiere un presupuesto personalizado", indica el letrado de Burguera Abogados.
Es importante no tener solo en cuenta este factor y evitar decidirnos por un abogado u otro por sus honorarios. Con tarifas similares (aunque sea un poco más elevada), siempre conviene escoger al que tenga más experiencia o aquél de quien se tenga referencias.
Abogados de oficio, defensores de quien no tiene recursos.
Los abogados del turno de oficio son profesionales muy competentes y asignados por la Administración para que las personas con pocos recursos puedan ser asistidos legalmente.
En el turno de oficio, como señala el abogado Juan Carlos Burguera, normalmente "se exige una especialización, por lo que la mayoría de los letrados tiene un buen conocimiento de la materia específica de la que van a tratar".
Nota: En PAMAC, colaboramos con despachos de abogados especializados en temas de Familia y de reconocida experiencia, después de más de 30 años.

Mallorca: NO puedes renunciar a la patria potestad.

Un hombre intenta renunciar a la patria potestad de sus hijos, pero los jueces no lo permiten.
El padre, vecino de Palma, denunciaba el mal comportamiento de los menores.
J.F. Mestre | Palma 13.02.2019
La Audiencia de Palma, a través del tribunal de la Sección IVª, ha rechazado la intención de un padre, que pretendía que se le privara de la patria potestad de sus 2 hijos, debido al comportamiento conflictivo de los 2 menores, a la vez que también pedía que se eliminara la pensión de alimentos que estaba abonando.
El padre no estuvo conforme con la decisión del juzgado de primera instancia, que ya le denegó su intención de apartarse de cualquier responsabilidad relacionada con sus hijos. Denunciaba el padre el mal comportamiento de sus hijos, que solían amenazarle de muerte. Además, también señalaba que los 2 se drogaban, no iban al colegio y él sufría una grave enfermedad, debido a estos problemas familiares, que le impedía trabajar.
Al mismo tiempo, señalaba que los menores también tenían problemas con su madre, ya que no quería que vivieran con ella, lo que obligó a los 2 hermanos a trasladarse al domicilio de su abuela materna, que tenía 80 años de edad. Por todas estas razones, y apelando a razones humanitarias, el hombre solicitaba a los tribunales que se acordara la privación como padre de la patria potestad de sus hijos.
El tribunal ha analizado en profundidad la situación de los 2 menores y recuerda que la prioridad es siempre la salvaguarda de sus intereses y, sobre todo, la protección adecuada para su desarrollo, su formación y la relación que deben mantener con sus padres.
El tribunal tiene muy claro que la patria potestad es un derecho al que no se puede renunciar. De hecho, se trata de una serie de derechos y a la vez de obligaciones, que los padres tienen sobre sus hijos. Se trata, en realidad, de la función de protección y formación que corresponde a los que han asumido la decisión de tener a un hijo, es decir, a los padres, siempre y cuando este progenitor se encuentre en condiciones de poder desarrollar esta responsabilidad.
En esta misma línea, la sentencia recuerda al padre que en ninguna de las circunstancias legales que se establecen la posibilidad de renunciar a la patria potestad figura el mal comportamiento de los hijos para poder retirarle este derecho. Todo lo contrario, solo se retira dicha responsabilidad al progenitor cuando su comportamiento pueda perjudicar gravemente al desarrollo formativo del menor.
En el caso de este vecino de Palma los jueces entienden que la posibilidad de que quede anulada la patria potestad, en nada mejoraría la situación de los hijos, ni mejoraría su comportamiento.

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