Chantaje con la violencia sobre la Mujer: La Vivienda

El Gobierno quiere pagar el alquiler a las mujeres que denuncien por violencia de género: «Es un nuevo coladero».
Según consta en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aprobado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, se podrán beneficiar de esta ayudas las mujeres que puedan «acreditar su condición de víctima»
María Curiel, 20 junio 2026 
El Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo, ha anunciado la puesta en marcha de iniciativas en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género y sus familias con ayudas de hasta el 100 % del alquiler.

El objetivo prioritario de estas actuaciones, según explica el Ejecutivo, es facilitar la salida de estas familias de situaciones de violencia y evitar que ninguna víctima deba permanecer con su agresor por carecer de una alternativa residencial. «La vivienda constituye un elemento esencial para garantizar la protección, recuperación y autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos», argumenta.

Sin embargo, y tal y como han explicado a El Debate fuentes jurídicas especializadas en violencia de género, esta nueva medida puede convertirse en «un coladero para denuncias falsas». Según consta en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aprobado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, se podrán beneficiar de esta ayudas las mujeres que puedan «acreditar su condición de víctima».

Esto puede realizarse no únicamente con una sentencia condenatoria hacia el agresor, sino que, según el art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004, «también podrán acreditarse las situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente (...), o por cualquier otro título».

Según han asegurado las citadas fuentes jurídicas, la orden de protección es la herramienta más común para poder acceder a las ayudas para las mujeres que utilizan las denuncias de manera instrumental, es decir, o para beneficio propio o para dañar a su pareja. «Con la simple manifestación de la víctima sirve para que se active el Sistema VioGén y la orden de protección. Cuando la víctima es real, la protege. Sin embargo, muchas lo utilizan para beneficiarse de ayudas», señalan estas fuentes.

Prioridad en ayudas públicas
Además, de sufragar el gasto del alquiler, el Gobierno identifica a las víctimas de violencia de género como colectivo prioritario en el acceso a las ayudas públicas, junto con otras situaciones de vulnerabilidad como el riesgo de desahucio o la exclusión residencial. Y este reconocimiento implica: preferencia en la adjudicación de viviendas protegidas, acceso preferente a programas de ayuda y mayor intensidad en las subvenciones respecto al régimen general.

En ese sentido, el núcleo de la protección se articula a través del programa de ayuda a personas «especialmente vulnerables», que tiene como fin proporcionar una solución habitacional inmediata a personas en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo expresamente a mujeres víctimas de violencia de género, configurándose en este marco, como destinatarias directas de las ayudas.

Para este colectivo, las ayudas permiten una cobertura de hasta el 100% del coste del alquiler o uso de la vivienda. Asimismo, se abre la posibilidad de incluir gastos asociados como los suministros, la comunidad o internet, y se contempla la opción de conceder la ayuda por un periodo de hasta 5 años con seguimiento social, pudiendo abonarse directamente a la persona propietaria del inmueble.

Santander: El 1º divorcio del país hace 45 años (1981)

..... Santander hizo historia en España.....
La aprobación de la ley llegó en un momento de profundos cambios sociales.
Carlos Menéndez, 20.06.2026 
España cumple este año uno de los aniversarios más simbólicos de su etapa democrática. El 22 de junio de 1981, el Congreso aprobó la Ley del Divorcio, una norma que transformó el Derecho de Familia y puso fin a décadas en las que romper legalmente un matrimonio era una tarea prácticamente imposible. Apenas unos meses después, Santander entró en la historia al convertirse en el escenario del 1º divorcio concedido en democracia.

La aprobación de la ley llegó en un momento de profundos cambios sociales. Hasta entonces, la nulidad matrimonial dependía fundamentalmente de los tribunales eclesiásticos y las opciones civiles estaban muy condicionadas por los criterios de la Iglesia católica. La nueva legislación permitió que los jueces concedieran divorcios, aunque todavía exigía justificar determinadas causas o acreditar un periodo previo de separación.

Para muchos juristas y dirigentes políticos de la época, aquella norma supuso uno de los avances más importantes de la Transición. “Fue la 1ª ley importante de la transición. Una revolución”, sostiene la abogada Paca Sauquillo en declaraciones a El Diario Cantabria, una de las voces que más defendió la necesidad de modernizar la legislación familiar española.

Una tramitación realmente compleja
La tramitación estuvo lejos de ser sencilla. Aunque el proyecto partió de la entonces gobernante UCD, la negociación con el PSOE resultó clave para sacar adelante un texto más ambicioso. Virgilio Zapatero, uno de los ponentes socialistas de la ley, recuerda también al medio cántabro que la propuesta inicial era insuficiente y que el diálogo con el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, permitió introducir cambios decisivos.

La votación final estuvo marcada por la tensión política. Una parte de los diputados centristas rompió la disciplina de partido y apoyó la norma junto a socialistas y comunistas. Aquella rebelión interna resultó determinante para que la ley fuera aprobada.

Mientras tanto, el debate trascendía las paredes del Congreso. La sociedad española vivía una profunda división. La Conferencia Episcopal llegó a calificar la norma como “una puerta abierta a la generación del mal”, mientras que colectivos feministas y numerosas asociaciones civiles reclamaban con fuerza su aprobación.

El supuesto aluvión de divorcios nunca llegó.
Pese a los temores de algunos sectores, el supuesto aluvión de divorcios nunca llegó. El 1º matrimonio que se acogió a la nueva legislación fue el formado por Julia Ivars y Vidal Gutiérrez, cuyo divorcio se formalizó en Santander el 7 de septiembre de 1981. Aquel año concluyó con 9.483 divorcios registrados en todo el país.

Desde entonces, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, cerca de 2,7 millones de matrimonios han puesto fin a su relación mediante este procedimiento. La legislación siguió evolucionando hasta la llegada del llamado “divorcio exprés” en 2005, que eliminó la obligación de alegar causas concretas.

4 décadas y media después, aquella ley que provocó intensos enfrentamientos políticos, religiosos y sociales es vista por muchos expertos como uno de los grandes hitos de la modernización democrática de España. Y Santander conserva para siempre un lugar destacado en esa historia al haber acogido el 1º divorcio de la nueva etapa democrática.

España: La Ley del Divorcio cumple 45 años:

Otros Medios: EP, democrata,
......  socavó a UCD sin desatar el temido aluvión de demandas.
El 22 de junio de 1981, España aprobó la Ley de Divorcio, marcando un cambio histórico en los derechos civiles y la disolución matrimonial.
Por Redacción Capital, 20 junio 2026
El 22 de junio de 1981, el Congreso de los Diputados de España vivió una jornada histórica al aprobar la Ley de Divorcio con 162 votos a favor, 128 en contra y 7 en blanco. Esta legislación permitía, por IIª vez en la historia del país, que los matrimonios pudieran disolverse civilmente, algo que no ocurría desde 1932 durante la II República. Hasta ese momento, los tribunales eclesiásticos eran los únicos que podían otorgar nulidades, siguiendo las normas de la Iglesia Católica.

La aprobación de esta ley permitió a los jueces conceder divorcios, aunque los cónyuges necesitaban justificar su solicitud, mostrando motivos como la infidelidad o el abandono del hogar, o llevar al menos un año de separación legal. Paca Sauquillo, abogada y actual presidenta del PSOE de la Comunidad de Madrid, asegura que "fue la 1ª ley importante de la transición. Una revolución".

La votación del texto no estuvo exenta de polémicas y amplió el cisma en el grupo parlamentario que sostenía al presidente Leopoldo Calvo Sotelo.
La propuesta inicial partió de la Unión de Centro Democrático (UCD), pero contó con críticas ya que, según Virgilio Zapatero, exministro y uno de los ponentes del PSOE en la ley, consideraron que el proyecto era "muy pacato". El nombramiento de Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Justicia en 1980 facilitó las negociaciones con el PSOE, que logró incluir todas sus enmiendas en la nueva norma.

La votación en el Congreso fue secreta y una treintena de diputados centristas se unieron a socialistas y comunistas, votando en contra de su partido, la UCD. Este apoyo permitió la aprobación de la ley, siendo Fernández Ordóñez uno de sus defensores más firmes, quien afirmó: "No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos".

La discusión parlamentaria se centró en las causas del divorcio y la cláusula de dureza, que permitía denegar la demanda si se consideraba que provocaba un perjuicio grave. Luis Berenguer, exdiputado por UCD, recordó las tensiones entre las distintas facciones del partido y cómo el ala más progresista abogaba por una votación secreta que posibilitó que la ley saliera adelante.

Fuera del Parlamento, la ley también generó divisiones en la sociedad, expresadas por la Conferencia Episcopal que calificó la norma como "una puerta abierta a la generación del mal". El movimiento feminista, sin embargo, fue un actor clave para la aprobación de la ley, presionando para que saliera adelante. Paca Sauquillo destaca el papel que las feministas jugaron en este proceso.

Finalmente, la ley entró en vigor en agosto de 1981, y la 1ª pareja en divorciarse lo hizo en Santander el 7 de septiembre de ese año. A pesar de las expectativas de un aluvión de divorcios, solo se registraron 9.483 ese año. Desde entonces, se han realizado unos 2,7 millones de divorcios.

Aunque en 2005 se introdujo el "divorcio exprés", aún quedan aspectos del marco legal que podrían actualizarse. Juristas como José Luis Cembrano y Elena Zarraluqui señalan la falta de medios en la Justicia y sugieren mirar hacia el Código de Familia catalán como referencia para futuras reformas.
Virgilio Zapatero concluye que con la ley de 1981 se resolvió un problema, pero ahora se trata de legislar para satisfacer derechos: "Una actitud distinta".

Limite de la Atribución y uso de la vivienda familiar

La Audiencia de Lleida retira el uso de la vivienda familiar a una madre por convivir con una nueva pareja y eleva la pensión de alimentos a favor de la hija.
El informe de detective aportado por el padre demostró que la nueva pareja de la madre accedía a diario al domicilio familiar haciendo uso de llaves propias, lo que para el tribunal evidenciaba una convivencia estable y continuada en la vivienda.
Fede Sáenz, 17 Junio 2026 
Una madre divorciada ya no tendrá derecho de uso de una vivienda familiar en Lleida. Así resolvió la A. P. de Lleida el pasado 17 de abril: el tribunal ha revisado las condiciones del acuerdo de divorcio firmado en 2019 y, además de retirar el uso exclusivo de la vivienda familiar, ha fijado una nueva pensión alimentaria, de 600 € mensuales, para una hija menor de edad en común. Esta nueva cuantía supone un aumento del 64% respecto de la cantidad anterior.

El cambio se ha producido después de que la madre presentase un recurso contra una sentencia de octubre de 2025, alegando que no existían pruebas suficientes de que conviviese con una nueva pareja y reclamando, además, una actualización de la pensión alimentaria para que esta se ajustase al coste de vida.
El padre aportó un informe de detective privado para demostrar la convivencia de su exmujer con una nueva pareja.

El tribunal se apoyó principalmente en un informe de un detective privado para tomar su decisión. El detective documentó la presencia habitual de la nueva pareja de la madre en el domicilio familiar durante varios días de noviembre y diciembre de 2023. De acuerdo con el informe, esta persona accedía al domicilio a diario, tenía llaves propias, y se encargaba de tareas del hogar como sacar la basura o pasear a los perros.

Su coche, además, aparecía cada mañana en la puerta, con el capó frío, y varios vecinos eran capaces de reconocer al visitante. Durante su declaración en el juicio, el detective aseguró que la convivencia de la madre con su nueva pareja era continua y que había visto salir a la pareja junta y cogida de la mano. En su opinión, dijo, no cabía duda sobre la existencia de una vida compartida.

La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad.
En su recurso, la madre alegó que el informe solo cubría un periodo breve que no podía considerarse prueba de una vida en común estable. Sostuvo que las imágenes aportadas recogían escenas de una relación sentimental puntual y defendió que no se había acreditado ayuda económica ni asistencia mutua. Además, pidió duplicar la pensión alimentaria hasta los 1.000 €, argumentando que los 500 € establecidos hasta entonces no reflejaban el coste de vida actualizado ni la capacidad económica del padre.

El tribunal rechazó el argumento de falta de pruebas sobre la convivencia, señalando que ni la madre ni su entorno ofrecieron una explicación convincente para la presencia casi constante de la nueva pareja en la vivienda. La resolución explica que una convivencia de carácter “marital” implica compartir intimidad y publicidad similares al matrimonio, independientemente de la existencia de registro formal.

Respecto a la pensión alimentaria, el tribunal reconoce que la cantidad anterior era insuficiente. Hasta la fecha, la base actualizada era de 366,90 € mensuales. 

El nuevo fallo establece la pensión en 600 €, lo que supone un incremento de 233,10 € respecto a la cantidad anterior. 

La petición de elevarla a 1.000 € se descartó por considerarse desproporcionada en función del nivel de vida y los antecedentes del caso.

La madre dispondrá de un plazo máximo de 6 meses para abandonar el domicilio, a contar desde la notificación de la sentencia. Una vez cumplido ese plazo, la nueva pensión alimentaria de 600 € deberá abonarse de forma regular. El resto de las condiciones del acuerdo de divorcio de 2019 se mantienen, salvo que contradigan la nueva sentencia. Las costas del proceso de apelación no se imponen a ninguna de las partes. La resolución contempla la posibilidad de presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo en los 20 días siguientes a la notificación, en los supuestos previstos por la ley.

Los Abogados contra la Mediación Familiar en los procesos de Divorcio, se les acaba el negocio.

El ICAM advierte de la posible inconstitucionalidad de la obligación de negociar antes de demandar.
En los asuntos familiares, puede cronificar el conflicto y afectar al interés del menor.
Eva Díaz, 15/06/2026
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) advierte hoy en el Congreso de que la obligación de intentar negociar fuera de los tribunales antes de poder interponer una demanda puede ser inconstitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional admitió el pasado mes de febrero un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, obligatoria en el ámbito civil desde que el 3 de abril de 2023 entró en vigor la Ley de Eficiencia de la Justicia.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha participado hoy en la jornada celebrada en el Congreso : 1 año de la Ley de Eficiencia. Revisión ya.
Ribón señala que esta obligación, configurada a través de los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) supone en determinados casos "una barrera de acceso a la jurisdicción" y compromete el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Ribón expone el impacto de esta norma en procedimientos especialmente sensibles como en asuntos de familia, justicia gratuita y litigios internacionales o transfronterizos.

En los asuntos de familia, el Colegio advierte de que la demora puede cronificar el conflicto y afectar directamente al interés superior del menor. En el ámbito de la justicia gratuita, la exigencia de comunicaciones fehacientes u otros actos de acreditación puede traducirse en una carga añadida para personas vulnerables. 

Y en los procedimientos internacionales, la activación previa de un MASC puede revelar anticipadamente la intención de demandar en España y favorecer movimientos procesales estratégicos en otros foros.

Ribón señaló que cuando los procesos introducen demoras, costas añadidas, incertidumbre o desigualdad práctica deja de ser un instrumento de racionalización y puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos.
El 84% de los letrados colegiados en el Colegio de Abogados de Madrid valora negativamente los MASC como condición previa para acceder a los tribunales.

El 50,7% ha tenido dificultades para acreditar el intento de acuerdo ante el juzgado. Para el ICAM, este dato evidencia uno de los principales riesgos de la reforma: que el debate procesal se desplace desde el fondo del asunto hacia la suficiencia formal del intento negociador, generando litigiosidad accesoria, retrasos e incertidumbre.

Finalmente, el 71% considera que los requisitos de procedibilidad se están interpretando de forma muy desigual, lo que incrementa la inseguridad jurídica y dificulta una aplicación homogénea de la norma. 

Para la abogacía madrileña, la admisión de una demanda no puede depender de interpretaciones dispares sobre la suficiencia del trámite previo.

Divorcio: la exención de IRPF al vender la antigua casa

Otros Medios: fiscal-impuestos,

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Si está casado, ¿qué le conviene más, declaración conjunta o individual?
Ignacio Faes10/06/2026 
El Supremo lo avala aunque el contribuyente no haya residido de forma efectiva en el inmueble en los 2 años anteriores a su transmisión, siempre que la propiedad haya continuado siendo la residencia habitual del otro progenitor.

El Tribunal Supremo consolida el criterio fiscal aplicable a las rupturas matrimoniales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha determinado que el cónyuge que se ve obligado a abandonar la vivienda familiar tras un divorcio mantiene el derecho a acogerse a la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por reinversión en una nueva vivienda habitual. Esta medida se aplica aunque el contribuyente no haya residido de forma efectiva en el inmueble en los 2 años anteriores a su transmisión, siempre que la propiedad haya continuado siendo la residencia habitual del otro progenitor y de los hijos comunes.

El caso analizado tiene su origen en el recurso de un contribuyente contra una liquidación de la Agencia Tributaria. Tras su divorcio en el año 2012, el uso del domicilio conyugal fue atribuido judicialmente en exclusiva a su exesposa e hijos. En 2015 se procedió a la extinción del condominio de la propiedad mediante compensación económica, y el recurrente destinó la totalidad de los fondos obtenidos a la compra de una nueva vivienda en un plazo menor a 2 meses. No obstante, la Administración tributaria le denegó la exención fiscal por reinversión al considerar que el inmueble original había dejado de ser su residencia habitual hacía más de 2 años.

La sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Isaac Merino Jara, revoca la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que respaldaba la postura de la Administración. El alto tribunal fundamenta su fallo en la doctrina establecida en mayo de 2023, la cual determina que el requisito de ocupación efectiva del inmueble en el momento de la transmisión, o en cualquier día de los 2 años anteriores, se entiende cumplido para el cónyuge que debe abandonar el domicilio si dicha condición de residencia habitual se mantiene en el cónyuge que permaneció en él.

El tribunal argumenta que no cabe realizar una lectura aislada de los apartados que regulan la vivienda habitual en el Reglamento del IRPF. De este modo, la asimilación del tratamiento tributario busca evitar un perjuicio patrimonial para el copropietario que deja el inmueble por decisión judicial. En este procedimiento, la propia Abogacía del Estado se allanó a las pretensiones del recurrente ante la jurisprudencia existente, lo que ha llevado al tribunal a estimar el recurso, anular la liquidación provisional y reconocer el derecho del ciudadano a acogerse a la exención por reinversión.

La Genética y el riesgo de Divorcio: ¿Realidad o ficción?

Variantes genéticas comunes y riesgo de separación: el dato que desafía las estimaciones previas sobre el riesgo de divorcio.
Nuevos análisis con registros poblacionales y trabajos académicos abren una duda clave sobre la ruptura de pareja y desplazan el foco hacia otros condicionantes.
Celeste Sawczuk, 06 Junio 2026 
El entorno social y familiar influye más que la genética en la probabilidad de separación de pareja, destacan investigadores noruegos.
Un conjunto de investigaciones recientes en Noruega revela que los factores genéticos explican solo una parte limitada de la probabilidad de separación de pareja, mientras que el entorno social y familiar desempeña un papel clave y, en muchos casos, más determinante.

Diversos estudios noruegos basados en grandes cohortes y registros administrativos han cuantificado cuánto influyen la herencia genética y el contexto ambiental en el riesgo de divorcio. Según estos análisis, las variantes genéticas comunes explican solo alrededor del 9% de la variación del riesgo en mujeres y el 3% en hombres. El resto se atribuye a la educación, la cultura, la historia de vida y factores familiares, que pueden mitigar o potenciar cualquier predisposición genética.

En estos estudios, liderados por la Universidad de Oslo y publicados en Sociological Science, se emplearon datos del estudio MoBa y registros administrativos nacionales. Se analizaron tanto matrimonios como parejas de hecho con hijos, así como datos de gemelos y adopciones, para descomponer la transmisión intergeneracional.

Ruth Eva Jørgensen, socióloga de la Universidad de Oslo, explica que no existe un “gen del divorcio”, sino cientos o miles de variantes genéticas que, al interactuar entre sí y con el entorno, configuran solo tendencias estadísticas a gran escala, no el destino de personas concretas.
El entorno social y familiar influye más que la genética en la probabilidad de separación de pareja, destacan investigadores noruegos.

Peso relativo de la genética en el riesgo de divorcio.
De acuerdo con Sociological Science, el impacto de los polimorfismos genéticos en la probabilidad de separación es notablemente inferior a cálculos previos. 

Las variantes genéticas comunes explican el 9% de la variación en mujeres y el 3% en hombres. Cifras anteriores, derivadas de estudios con gemelos, situaban la heredabilidad incluso en torno al 50%, aunque estos métodos agrupan tanto variantes comunes como raras, además de influencias del entorno compartido.

Jørgensen sostiene que la influencia genética sobre la disolución de pareja es constante, pero minoritaria y condicionada por el contexto social. Elementos como la educación superior, el bienestar subjetivo o una mayor edad al tener el 1º hijo se asocian con menor riesgo de ruptura, mientras que predisposiciones genéticas ligadas a conductas de riesgo, como el inicio sexual precoz o el consumo de tabaco, incrementan la probabilidad de separación.

Sin embargo, estos hallazgos reflejan asociaciones estadísticas y no permiten predecir rupturas individuales. El entorno familiar y social modula decisivamente cualquier predisposición genética.
No existe un único 'gen del divorcio', sino cientos de variantes genéticas que solo indican tendencias estadísticas, señalan los expertos.

Transmisión intergeneracional: ambiente familiar y riesgos heredados
Los estudios sobre transmisión intergeneracional han comparado familias biológicas y adoptivas mediante registros noruegos y el artículo “Parental Divorce and Children’s Partnership Dynamics”. Se concluye que el entorno familiar es el principal canal de transmisión: en hijos biológicos, el divorcio parental supone un aumento significativo del riesgo de ruptura adulta, pero el efecto prácticamente se diluye entre los hijos adoptados.

El análisis de gemelos respalda esta evidencia: aunque existe una influencia genética limitada, la experiencia de una ruptura parental y el entorno familiar parecen tener un mayor peso que la herencia biológica en las decisiones y conductas de pareja de los hijos.

Genética, entorno y determinismo: advertencias desde la investigación
Investigadores de la Universidad de Oslo y publicaciones recientes advierten sobre los riesgos de interpretar los datos genéticos como un destino inalterable. Subrayan la diferencia entre predisposición estadística y determinismo: los genes pueden elevar o reducir, según el contexto, la tendencia al divorcio, pero no garantizan ningún desenlace.

El peso de los factores culturales, las normas sociales y las políticas públicas puede reducir o amplificar el impacto de la genética en la disolución de pareja. La sociogenómica demuestra que la genética interactúa constantemente con la biografía individual, el entorno social y los vínculos personales.
Las mujeres muestran mayor influencia genética en la variación del riesgo de divorcio frente a los hombres, con un 9% versus 3% respectivamente .

Aunque la disponibilidad de datos genéticos avanza, expertos insisten —según recoge Sociological Science— en que los resultados no deben interpretarse como un destino inevitable, sino como tendencias colectivas en grandes poblaciones. Además, la heredabilidad del riesgo de divorcio varía según el contexto, el periodo histórico y las restricciones sociales vigentes.

El caso de Noruega, con baja estigmatización y una fuerte red de bienestar, permite analizar con precisión cómo biología y ambiente se combinan en la dinámica de la pareja.
Las investigaciones sintetizadas sugieren que las diferencias genéticas contribuyen a configurar nuestras tendencias relacionales, pero solo cobran sentido a través de la experiencia vital, el entorno familiar y las circunstancias sociales.