La Dispensa Colacional: Las Donaciones en Vida se deben de Reflejar en el Testamento

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Sergi Torrens, divulgador financiero: “En una donación sabemos lo que vamos a pagar, pero en una herencia no lo sabremos hasta el día que llegue”.
María, abogada, sobre los repartos de bienes en España: “Hay mecanismos para que no tengas que renunciar a la herencia por los impuestos”.

Montserrat Acebes, abogada, acerca de los repartos: “Para evitar que una donación en vida se reste de la herencia debe señalarse expresamente en el testamento”
La letrada ha sido clara sobre un asunto que puede ser crucial a la hora de distribuir una herencia.
Álex Martín, 08/11/2026
Montserrat Acebes, abogada, ha querido poner su mirada en un asunto que, si bien de primeras, no es demasiado conocido, puede jugar un papel fundamental en el reparto de una herencia. Este no es otro que el saber qué es lo que puede pasar cuando el testador toma la decisión de donar, en vida, uno de sus bienes a una de las partes que va a integrar dicho reparto. A pesar de que ya hay muchos que optan por entregar un inmueble o dar una cantidad concreta de dinero a uno de sus hijos antes de morir, hay que tener cuidado con este tipo de actos… porque tienen consecuencias.

Montserrat Acebes pone el foco en la colación
“¿Sabes que una donación en vida puede tener efectos a la hora de repartir una herencia? En el derecho español, cuando se hacen donaciones en vida, posteriormente se consideran entregas anticipadas de esa herencia. Esto es lo que se llama colación”, consideraba, en declaraciones recogidas por El Español, la abogada, que ha traído al foco un asunto que tiene más importancia de lo que parece. Porque, cuando hablamos de este asunto, ¿en qué consiste exactamente?

Muy sencillo: la colación consiste en tener en cuenta algunas donaciones concretas, las cuales se han llevado a cabo, de forma previa, a un heredero forzoso… cuando posteriormente se ha llevado a cabo un reparto de bienes. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que lo recibido en vida puede tener una gran influencia en las cantidades que correspondan después, cuando la persona que lega sus activos ya ha fallecido.

La fórmula para que la donación no se tenga que computar en forma de colación.
A pesar de esto, hay una manera por la cual todo aquel que va a legar su patrimonio puede evitar tener que computar la entrega de sus bienes, por poner un ejemplo, como colación. “Para evitar esta colación y que estas donaciones se consideren como parte de la herencia, la persona que lo ha donado tiene que dejarlo recogido expresamente en su testamento y esto es la dispensa colacional”, expresaba Acebes quien, para arrojar un poco más de luz acerca de este tema, ha querido poner un ejemplo.

El ejemplo en cuestión es el siguiente: uno de los herederos que van a tener acceso, en el futuro, al patrimonio del causante ha recibido una cantidad, en vida, de 150.000 € y, luego, quedan otros 500.000 que deben repartirse entre todas las partes. “Si el testador ha decidido que esa donación no va a tener que tenerse en cuenta en la herencia, va a dejar recogido en su testamento la dispensa colacional de esos 150.000 euros”, apuntaba Acebes, cuya misión no es otra que la de despejar dudas acerca de este tipo de temas, los cuales, a buen seguro, van a llamar, y mucho, la atención en nuestro país.

¿Qué ocurre con esto? Que, según el prisma de Acebes, dicha cantidad no se computaría, como entrega de forma anticipada, en el reparto posterior. “Lo que va a cambiar es que estos 150.000 € no van a ser tenidos en cuenta en el reparto de todos los herederos”. Pero, ojo, que este tipo de decisiones, como no puede ser de otra manera, tienen sus límites, ya que cualquier medida tiene que respetar la parte de la herencia que ha sido protegida a nivel legal. “Todo esto, con el límite de la legítima. Siempre deben respetarse los derechos de los herederos forzosos”, argumentaba.

Testamento: La separación de bienes no evita la legítima del cónyuge viudo

Mª Cristina Clemente, notaria: «La separación de bienes no evita la legítima del cónyuge viudo, quien es el heredero forzoso, igual que lo son los hijos»
La experta asegura que para evitar este tipo de situaciones en cualquier parte de España lo mejor es una buena planificación sucesoria.

Borja Sánchez, 06/11/2026 
Las herencias se han convertido en uno de los grandes laberintos del sistema nacional. Da igual desde el punto de vista que se afronten que siempre suponen un dolor de cabeza.
Lo que históricamente se podía entender como una buena noticia, ya que suponía recibir un bien, una cantidad de dinero, una propiedad o un terreno, ahora se ha convertido más en un problema. En un auténtico vía crucis que además es casi imposible de entender sin ayuda profesional.

Y más si cabe si la composición familiar trae añadida alguna peculiaridad que se salga de la unidad tradicional. Además, hay personas que intentan con buena voluntad buscarle los atajos al sistema, pero se terminan dando cuenta de que solo se adentran en callejones sin salida.

¿Cómo resolver una herencia en separación de bienes de una 2ª relación?
Uno de los caminos más complicados de tomar es cuando existe separación de bienes. «Uno de los errores en materia de herencias que suele causar mayor conflicto familiar por desconocimiento es cuando unos cónyuges pactan separación de bienes». Sobre todo cuando se trata de personas en 2ª nupcias o que ya tienen hijos de relaciones previas.

En estos casos, prima el deseo de que los herederos directos sean los hijos. Sin embargo, no es nada fácil conseguir eso tal y como explica la experta Mª Cristina Clemente. «Ellos piensan que así no se van a heredar el uno al otro. No se quieren heredar porque cada uno tiene hijos de relaciones anteriores y claro, cada uno quiere que lo suyo vaya a sus hijos respectivos y que en ningún momento el cónyuge viudo tenga derechos sobre los mismos».

Sin embargo, esta reputada notaria explica que las gestiones a realizar son realmente complicadas. «Pero lo que no suelen saber esos cónyuges es que la separación de bienes no evita la legítima del viudo. Es decir, en la mayor parte del territorio nacional el cónyuge es heredero forzoso, igual que lo son los hijos». 

Es ahí donde se produce el problema.

Además, este tipo de situaciones son especiales. «La peculiaridad de esa legítima es que es en usufructo. Pero para tener derecho a legítima solo se necesita ser viudo o viuda. Es decir, no es necesario que los hijos sean comunes y da igual que tu régimen sea el de separación de bienes o el de gananciales».

Tal y como explica la especialista, parece que no hay escapatoria. Aunque ella ofrece una serie de caminos mediante los cuales se pueden hacer avances significativos. «Para evitarlo no se puede renunciar en vida, ya que en la mayor parte de España las renuncias a herencias futuras son nulas de pleno derecho. Lo que podemos hacer es un testamento».

«Una buena planificación sucesoria pasa por un testamento porque la legítima no la puedes suprimir», advierte. «Pero al menos sí que puedes delimitar sobre qué bien ha de recaer ese usufructo que habiendo hijos es 1/3 de la herencia».
Para entenderlo mejor expone un caso en el que sí se actúa de manera correcta 

para no quedar del todo atrapado por el sistema. «Por ejemplo, se puede concretar en el domicilio conyugal o bien si prefieres conmutar o transformar un dinero».

Para conseguir eso, recuerda que «el testamento es el medio idóneo para hacerlo». Así que no vale confiar simplemente en la separación de bienes cuando se trata de una herencia y no de una separación.

Custodia compartida: quién puede quedarse en la vivienda tras la separación

La custodia compartida no decide automáticamente quién se queda en la vivienda familiar. La necesidad de cada progenitor, la titularidad del inmueble y las circunstancias de los hijos influyen en la atribución del uso. El ICAM reclama una reforma del Código Civil para regular expresamente estos supuestos.

Dolores Sánchez, 7 Nov. 2026 
Compartir los tiempos de cuidado no resuelve por sí solo dónde vivirán los adultos después de la ruptura. La vivienda puede pertenecer a uno, ser de ambos o estar alquilada, y las posibilidades económicas de los progenitores pueden ser distintas.

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha señalado esta cuestión tras su congreso de Familia y Sucesiones, celebrado los días 5 y 6 de noviembre. 

Su petición es una propuesta de reforma, no una modificación legal ya aprobada.

Ser propietario y tener el uso son cosas diferentes
La propiedad identifica a quién pertenece el inmueble. La atribución del uso determina quién puede ocuparlo en las condiciones fijadas tras la ruptura.
Por eso, conocer únicamente el nombre que aparece en la escritura no basta para anticipar la solución familiar. Tampoco puede afirmarse que la custodia compartida obligue siempre a vender la casa o a alternarse en ella.

Qué criterios se valoran
La doctrina recogida en una resolución publicada en el BOE señala 2 elementos centrales para estos supuestos: el interés más necesitado de protección y la titularidad de la vivienda.
La atribución debe atender a las circunstancias concretas y establecer una duración. La jurisprudencia ha manejado distintos plazos y soluciones; no existe una regla general que conceda siempre 1,2 ó 3 años.

No hay una única respuesta para todos los territorios
También importa qué derecho civil resulte aplicable. Determinados territorios disponen de regulación propia sobre las relaciones familiares y el uso de la vivienda.
La ley vasca, por ejemplo, contiene criterios específicos para custodia compartida y para el progenitor con mayores dificultades de acceso a otra vivienda. 

Esas previsiones no deben trasladarse automáticamente a cualquier separación en España.

Qué debería quedar claro en un acuerdo
Antes de firmar un convenio conviene identificar la vivienda, su titularidad, quién tendrá el uso, durante cuánto tiempo y cómo se atenderán los gastos.
También deben distinguirse el uso familiar y las obligaciones frente a 3º. 

Un acuerdo entre progenitores no debe interpretarse sin más como una modificación aceptada por el banco o por el arrendador.

El ICAM sitúa el problema en la dificultad de sostener 2 domicilios después de una separación. Su reclamación busca que la normativa dé una respuesta más expresa a una modalidad de custodia cada vez más frecuente.

Nota; La Teoria de " la Casa Nido " nunca fue una solución, en Francia se utilizó, en su día, para que disminuyeran el nº de divorcios, dado que mantener 2 viviendas era casi imposible económicamente.

El ICAM reclama reformar el Código Civil para regular el uso de la vivienda

.... en los casos de custodia compartida
Redacción Confilegal, 6 /11/2026 
La custodia compartida ya es mayoritaria en los divorcios con hijos en los que se decide sobre su guarda, pero el Código Civil sigue sin establecer expresamente qué debe ocurrir con el uso de la vivienda familiar en estos casos. Una laguna normativa que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera necesario corregir para reducir los conflictos judiciales tras las rupturas.

Esta ha sido una de las principales reivindicaciones del II Congreso de Familia y Sucesiones del ICAM, celebrado los días 5 y 6 de noviembre, durante el que también se han reclamado una mayor especialización judicial y cambios en la aplicación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC).

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la custodia compartida se acordó en el 50,8 % de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo en los que se decidió sobre la guarda de hijos menores en 2025, frente al 49,7 % del año anterior.
Sin embargo, el art. 96 del C.Civil, que regula la atribución del uso de la vivienda familiar después de una separación o divorcio, no contempla expresamente una solución específica para los supuestos de custodia compartida.

El problema de la vivienda tras el divorcio
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha advertido de que esta falta de regulación obliga a los tribunales a resolver mediante criterios jurisprudenciales situaciones familiares cada vez más frecuentes.
El problema no es menor. Cuando una pareja se separa y ambos progenitores comparten la custodia de sus hijos, determinar quién puede continuar utilizando la vivienda familiar puede convertirse en uno de los principales motivos de enfrentamiento.

En estas decisiones confluyen el interés de los menores, las necesidades de alojamiento de los progenitores y los derechos de propiedad sobre el inmueble.
Precisamente por ello, el Congreso dedicó una sesión a analizar la atribución y extinción del derecho de uso de la vivienda, con la participación de magistrados y especialistas que examinaron las respuestas ofrecidas por distintas instancias judiciales y el Tribunal Supremo.

A la incertidumbre jurídica se añade el encarecimiento de la vivienda, especialmente acusado en Madrid, que dificulta que los progenitores puedan mantener 2 domicilios después de una ruptura.
La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, puso el foco en esta realidad económica. «Tenemos un verdadero problema en este momento porque en Madrid han subido sustancialmente tanto los alquileres como los precios de compra de las viviendas», afirmó.

La letrada advirtió de las dificultades que encuentran muchas familias para asumir los gastos de dos hogares, especialmente cuando deben organizar la convivencia de los hijos en régimen de custodia compartida. 

«Y eso no es sostenible ante un divorcio», aseguró.
Esta situación está provocando nuevos conflictos judiciales, tanto sobre la atribución inicial de la vivienda como sobre el momento en que debe extinguirse el derecho a utilizarla.

El ICAM también cuestiona los MASC obligatorios
Las reclamaciones del Colegio no se limitan a la vivienda familiar. Winkels ha insistido en la necesidad de extender la especialización judicial en familia, infancia y capacidad a todo el territorio nacional, para evitar que el acceso a órganos especializados dependa del lugar de residencia.
Aunque la implantación de los Tribunales de Instancia ha supuesto avances en esta materia, el ICAM considera que todavía persisten diferencias territoriales que deben corregirse.

Otro de los asuntos abordados ha sido la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en determinados procedimientos de familia.
La vicedecana sostiene que este requisito está provocando dilaciones e inseguridad jurídica que pueden perjudicar especialmente a los menores y a las personas vulnerables. Por ello, el Colegio mantiene su petición de eliminar esta exigencia en los procedimientos afectados.

«Seguiremos impulsando la modificación legislativa precisa para corregir cada una de las disfunciones que siguen operando en el derecho de familia, infancia y capacidad», manifestó Winkels.

Discapacidad, envejecimiento y conflictos internacionales
El Congreso también abordó otros desafíos que están adquiriendo importancia en el Derecho de Familia.
Entre ellos, la planificación anticipada de las medidas de apoyo para las personas con discapacidad o que puedan necesitarlas en el futuro.
Winkels destacó la utilidad de los poderes preventivos y las medidas voluntarias de apoyo, instrumentos que permiten decidir con antelación quién deberá prestar asistencia y en qué condiciones.

Finalmente, los especialistas analizaron la creciente complejidad de los procedimientos familiares con elementos internacionales. Estos asuntos exigen determinar qué tribunales son competentes, qué legislación debe aplicarse y cómo intervienen los convenios internacionales.

Para el ICAM, todas estas cuestiones evidencian una misma necesidad: adaptar la legislación a las nuevas realidades familiares y ofrecer respuestas jurídicas más claras a los ciudadanos.

¿Qué pruebas valora un juez para decidir la custodia de los hijos?

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Carolina Torremocha, 18/08/2026 ·

Cuando una madre o un padre llega al despacho para preparar un procedimiento de custodia, una de las primeras preguntas suele ser: «¿Qué tengo que demostrar?». La respuesta no consiste en reunir cientos de capturas de pantalla ni en intentar acreditar que la otra persona es un mal padre o una mala madre.

El objetivo del procedimiento no es premiar al progenitor que se presenta mejor ni castigar al que ha cometido más errores durante la relación. 

El juzgado debe establecer el sistema de custodia, estancias y cuidados que resulte más adecuado para los hijos, atendiendo a sus circunstancias concretas.
Por eso, la prueba verdaderamente útil es la que ayuda a reconstruir cómo se ha cuidado a los menores hasta la ruptura, cuáles son sus necesidades actuales y qué propuesta puede cumplirse de forma estable después de la separación.

¿Qué debe decidir el juez en un procedimiento de custodia?
El art. 92 del C. Civil obliga al juez a valorar las alegaciones de las partes, la prueba practicada y la relación que los progenitores mantienen entre sí y con sus hijos. La decisión debe estar motivada desde la perspectiva del interés superior del menor, no desde la conveniencia de los adultos.
Por su parte, el art. 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor exige tener en cuenta, entre otros elementos, sus necesidades materiales, educativas, emocionales y afectivas; sus deseos y opiniones; la conveniencia de un entorno familiar adecuado y libre de violencia; su edad y madurez; y la necesidad de soluciones estables.

Esto significa que no existe una preferencia automática por la custodia compartida ni por la custodia exclusiva aplicable a todas las familias. La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que la custodia compartida no debe tratarse como una medida excepcional, pero tampoco se concede de manera automática: debe ser adecuada para esos hijos y viable en esa familia.

Las pruebas más importantes en un juicio de custodia
1. La implicación anterior de cada progenitor
Nos permite comprobar quién se ocupaba habitualmente de las rutinas, el colegio, las revisiones médicas, las actividades, los deberes, la alimentación o las necesidades especiales de los hijos.
No se trata de llevar una contabilidad exacta de cada hora de crianza ni de negar que muchas familias se organizan mediante un reparto de funciones. Lo importante es determinar si la petición de custodia coincide con la realidad familiar anterior o si aparece únicamente después de iniciarse el conflicto.

Pueden resultar útiles las comunicaciones con el centro escolar, justificantes de asistencia a tutorías, citas médicas, correos sobre actividades, calendarios compartidos y mensajes contemporáneos a los hechos. Tienen más valor cuando muestran una pauta mantenida que cuando reflejan un episodio aislado.

1.2.- Posibilidad de implicación con los hijos desde la separación
Pero no caigas en el error de pensar que como antes no se ha hecho, no se hará a partir de ahora. Por experiencia, cada vez más sentencias indican que pese al histórico de cuidados en la familia, si se demuestra que a partir de la separación se puede llevar a cabo la crianza de los hijos, se podrá ejercer la custodia de los mismos.

A título de ejemplo, la Audiencia Provincial nos dictó una Sentencia que explicaba: “No nos parece, por tanto, que el hecho de que la Sra. XXXX haya sido la principal cuidadora de la hija menor pueda justificar por sí solo el rechazo del régimen de guarda y custodia compartida pues, como hemos dicho recientemente, ello puede obedecer a dinámicas de organización familiar pactadas constante la convivencia que, evidentemente, no podrán mantenerse cuando ésta se ha roto (en este sentido, la sentencia 322/2026, de 18 de mayo, rollo 1237/2025). (…) De lo expuesto hasta el momento consideramos injustificada la crítica basada en la falta o ausencia de un plan de parentalidad pues lo que se observa, más bien, es que el progenitor tiene conocimiento de las rutinas y necesidades de su hija”.

La Sentencia refiere que aunque el padre no fuera la principal figura de cuidado por el reparto de roles en la familia, si a partir de ahora puede ocuparse de la crianza, no hay motivos para denegar la custodia compartida.

2. La documentación escolar
El colegio puede ofrecer información relativamente objetiva sobre la vida diaria de los hijos. Las comunicaciones con tutores, informes de asistencia, autorizaciones, reuniones, incidencias y seguimiento académico ayudan a comprobar la implicación de cada progenitor y las necesidades del menor.

Toda esta documentación debe solicitarla tu abogado de familia al juzgado, ya que los centros escolares no suelen emitir informes a petición de las partes.
La intención de esta documentación es demostrar conocimiento de las necesidades educativas, asistencia constante, respuesta ante una dificultad o coordinación con el otro progenitor.

3. La documentación médica y terapéutica
Las citas médicas, tratamientos, revisiones, informes de especialistas o comunicaciones relativas a una terapia pueden ser relevantes cuando permiten conocer quién realiza el seguimiento y si ambos progenitores comprenden y atienden las necesidades sanitarias del hijo.

Esta documentación debe utilizarse con especial prudencia. La salud de los menores no puede convertirse en un instrumento de confrontación. Deben aportarse únicamente los datos necesarios para el procedimiento, respetando su intimidad y evitando difundir información que no tenga relación con la medida discutida.

Como ocurre con la documentación escolar, será a través del juzgado cuando se emitan informes, más allá de que podamos aportar Certificados individuales de que el menor acude “en compañía del padre o la madre”

4. Los horarios laborales y la disponibilidad real
Tener trabajo no impide ejercer una custodia compartida o exclusiva. La cuestión es si el horario, los desplazamientos, los viajes y la capacidad de conciliación permiten atender efectivamente a los hijos durante los periodos propuestos.

Pueden aportarse contratos, certificado de conciliación laboral, cuadrantes horarios, calendarios de guardias, documentación de viajes o acreditación del teletrabajo. Pero no basta con indicar una hora de entrada y salida: conviene presentar un plan concreto que explique quién recoge a los niños, dónde comen, cómo realizan los deberes y qué sucede si enferman.

5. Apoyos familiares
La ayuda de abuelos, familiares o nuevas parejas no es negativa por sí misma. Puede constituir una red de apoyo muy valiosa.
La cuestión cambia cuando el apoyo es tan habitual que el periodo de custodia se ejerce materialmente por terceras personas y existe otro progenitor con disponibilidad para atender directamente al menor.

Si el padre o la madre que pide la custodia no puede estar al cuidado de los menores y éstos permanecerán siempre con terceras personas o cuidadoras contratadas, es posible que no sea la mejor para el interés de los hijos. Siempre que el otro progenitor sí tenga disponibilidad.

6. Calendarios, rutinas y organización cotidiana
Un calendario puede ayudar a visualizar pernoctas, recogidas, visitas, cancelaciones o periodos de cuidado. No obstante, un documento elaborado unilateralmente para el juicio tendrá poca fuerza si no puede relacionarse con datos externos: mensajes, correos, justificantes, fotografías fechadas o comunicaciones del colegio.

Es preferible una cronología sencilla, verificable y centrada en hechos relevantes a una tabla interminable con cada retraso de 5 minutos. La finalidad es que el juzgado comprenda la organización real, no transmitir una vigilancia obsesiva del otro progenitor.
Todo esta organización puede incluirse en el Plan de Parentalidad, con el máximo de detalles posibles.

7. WhatsApp, correos electrónicos y otras comunicaciones
Los mensajes pueden acreditar propuestas de organización, cambios de horario, negativas, incumplimientos, interés por la salud o el colegio y la capacidad de ambos progenitores para comunicarse.
También pueden demostrar que una acusación formulada en la demanda no coincide con lo que se decía cuando los hechos ocurrieron.

Las capturas aisladas pueden ser impugnadas o perder fuerza si no muestran la conversación completa. Deben conservarse los archivos originales y evitar cualquier edición. Tampoco puedes acceder sin autorización al teléfono, correo o cuentas privadas de la expareja o de los hijos. La prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales puede resultar inadmisible e incluso suponer una denuncia.

8. El interrogatorio de los progenitores
El interrogatorio sirve para contrastar la versión de cada parte con los documentos y con los hechos objetivos. En un procedimiento de custodia son especialmente relevantes las preguntas concretas: horarios, nombres de profesores o médicos, actividades, rutinas, viajes, pernoctas y decisiones adoptadas respecto de los menores.

Las afirmaciones generales —«siempre me he ocupado», «nunca está disponible»— tienen menos utilidad que los datos precisos. Además, la coherencia entre lo solicitado, la organización propuesta y la documentación aportada influye en la credibilidad de cada versión.

9. Los testigos
Pueden declarar familiares, personas del entorno, cuidadores o profesionales que conozcan hechos relevantes. El hecho de que un testigo sea familiar no impide su declaración, aunque el juzgado valorará su relación con las partes y la objetividad de su conocimiento.

Los testigos son más útiles cuando relatan hechos que han presenciado directamente que cuando expresan opiniones sobre quién debería tener la custodia. Un testigo no debe limitarse a decir que alguien es «un padre excelente»; debe explicar qué ha visto, con qué frecuencia y en qué contexto.
En la práctica, la prueba testifical está muy limitada en el derecho de familia, precisamente porque las personas implicadas no son imparciales.

10. El informe psicosocial y los dictámenes periciales
El art. 92.9 del C.Civil permite al juez recabar el dictamen de especialistas sobre la idoneidad del régimen de custodia. El informe psicosocial puede valorar las capacidades parentales, los vínculos, las necesidades de los hijos, la dinámica familiar y la adecuación de las distintas alternativas.

Es una prueba importante, pero no vincula automáticamente al juez. La resolución debe valorar el informe junto con el resto del material probatorio y motivar la decisión.
Pueden aportarse dictámenes periciales privados cuando resulten pertinentes, aunque su utilidad dependerá de la metodología, la información examinada y la posibilidad de ratificación y contradicción en juicio.

11. La audiencia de los menores o exploración del menor
Los hijos no eligen la custodia. Tienen derecho a ser oídos y a que su opinión sea tomada en consideración conforme a su edad y madurez, pero la decisión corresponde al juez.
La ley no impide escuchar a un menor de menos de 12 años si tiene madurez suficiente.

A partir de los 12 años se considera, en todo caso, que existe suficiente madurez para ejercer este derecho. La audiencia debe practicarse de forma adaptada, preservando la intimidad del menor y evitando situarlo en la posición de tener que escoger entre sus padres.
La opinión del hijo es un elemento relevante, pero debe analizarse junto con sus motivos, su estabilidad, su grado de comprensión y el resto de las circunstancias familiares.

¿Qué hace que una prueba sea realmente útil?
Una prueba suele ser más convincente cuando reúne 4 características:1º. Es contemporánea a los hechos y no ha sido creada únicamente para el procedimiento.
2.- Puede comprobarse mediante otra fuente o documento.
3.- Acredita una pauta relevante, no una anécdota aislada.
4.- Está conectada con el bienestar y las necesidades del menor.

Por ejemplo, un mensaje aislado en el que un progenitor cancela una tarde no demuestra falta de implicación. En cambio, una sucesión de cancelaciones, relacionada con calendarios, comunicaciones y una organización alternativa asumida constantemente por el otro progenitor, puede mostrar una realidad relevante.

Errores frecuentes al preparar las pruebas de custodia
Aportar demasiado sin explicar qué demuestra.
Un expediente con cientos de páginas puede ocultar los documentos importantes. Cada bloque de prueba debe responder a una pregunta concreta y relacionarse con el hecho que se pretende acreditar.
Filtrar y evitar saturar al Tribunal que puede perder el foco en lo más importante.
Intentar convertir cada conflicto de pareja en un hecho parental

La ruptura puede haber sido dolorosa, pero no todas las conductas de la relación afectan a la capacidad para cuidar a los hijos. Debe diferenciarse el conflicto de pareja del ejercicio de las responsabilidades parentales, salvo que exista violencia, control, riesgo o una repercusión acreditada sobre los menores.

Provocar conversaciones para fabricar pruebas
Enviar mensajes hostiles o preguntas diseñadas para obtener una determinada respuesta puede perjudicar la credibilidad de quien los aporta. Las comunicaciones deben ser claras, respetuosas y centradas en las necesidades de los hijos.

Involucrar a los hijos en la obtención de pruebas
No debe pedirse al menor que grabe al otro progenitor, fotografíe su vivienda, transmita conversaciones o tome partido. Además del posible problema jurídico, esta conducta puede causar un daño emocional y ser valorada negativamente en el procedimiento.
Confiar en que el juez investigará todo de oficio

El art. 752 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al tribunal acordar pruebas de oficio en procesos de familia. Sin embargo, esto no sustituye la obligación de las partes de identificar los hechos relevantes y aportar o proponer a tiempo los medios de prueba de los que pretendan valerse.
Si quieres probar algo, debes solicitarlo, no esperes que el Juzgado vaya a realizar investigación alguna.

Un caso real de necesidad de prueba: el otro progenitor viaja mucho:
Imaginemos que ambos progenitores solicitan la custodia compartida, pero uno de ellos afirma que el otro viaja constantemente y delegará el cuidado en los abuelos. Una alegación genérica sobre los viajes tendrá poco recorrido si no se acredita.

La prueba útil podría consistir en cuadrantes laborales, billetes o comunicaciones sobre desplazamientos, calendarios de pernoctas anteriores y mensajes en los que se solicite de forma reiterada que terceras personas recojan o atiendan a los menores. Al mismo tiempo, deberán examinarse la frecuencia real de los viajes, la capacidad de reorganización y la red de apoyo disponible.

El resultado no depende de demostrar que los abuelos cuidan alguna vez a los niños. Dependerá de si el régimen propuesto puede ser ejercido realmente por el progenitor y de si esa organización es la que mejor atiende las necesidades de los hijos.

En Sentencia de la A.P. de Valencia que nos dictaron este año, la prueba fue determinante al respecto: “A ello debe añadirse el que la progenitora dispone de más tiempo libre que el progenitor, pues solo trabaja 8 días al mes, mientras que el progenitor ha tenido problemas para cuadrar su horario con la atención de sus hijos, dada su profesión que le obliga a hacer viajes con frecuencia incluso fuera del España. En 2º lugar, el que la progenitora tiene una red de apoyo familiar en las inmediaciones de su domicilio, de la que carece el progenitor habido cuenta de la residencia de éstos en XXXX, aun cuando son frecuentes las visitas de la abuela paterna a su residencia”

Conclusión: ordenar la prueba es tan importante como reunirla.
En un juicio de custodia, la cantidad de documentos no determina el resultado. Lo decisivo es que la prueba permita comprender la historia de cuidados, las necesidades de los menores y la viabilidad de la propuesta presentada.
Una buena preparación parte de preguntas concretas: ¿qué hecho necesito demostrar?, ¿qué documento puede acreditarlo?, ¿es una situación aislada o una pauta?, ¿cómo afecta realmente a mis hijos?

La estrategia debe construirse antes de presentar la demanda o la contestación. De esta forma es posible seleccionar la prueba útil, evitar conflictos innecesarios y formular una propuesta realista que sitúe el interés de los hijos en el centro del procedimiento.

El TS fija en 2 años el uso del piso privativo en custodias compartidas

El Supremo revoca una sentencia de la A.P. de Huelva que adjudicaba la vivienda familiar a la madre hasta 2038 para evitar una «expropiación forzosa» de facto.
La Sala recuerda que el grado moderado de discapacidad de un menor no justifica un uso ilimitado.
Miguel González Quiles, Sevilla, 04.11.2026 
En una resolución de calado en materia de derecho de familia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acota los límites temporales para la atribución del uso de la vivienda familiar en supuestos de guarda y custodia compartida.
En su sentencia 1522/2026, dictada el pasado 29 de septiembre de 2026 (Recurso de Casación 8474/2025), el alto tribunal fija en 2 años el plazo máximo para que la madre abandone la vivienda –titularidad privativa del padre–, anulando el pronunciamiento anterior de la A.P. de Huelva, que le había concedido el disfrute del inmueble hasta el 30 de noviembre de 2038.

El fallo, del que ha sido ponente el magistrado José Luis Seoane Spiegelberg, recoge que la pareja, mantuvo una relación more uxorio y tiene 2 hijos menores en común, el 2º con un grado I de dependencia moderada (en concreto, un 36 % de discapacidad).

Tras la ruptura, el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Huelva acordó el régimen de custodia compartida con alternancia semanal, una pensión alimenticia de 300 € mensuales a cargo del padre (150 € por hijo) y la atribución del uso de la vivienda familiar.
Sin embargo, la Sección 2ª de la A. P. de Huelva (sentencia 613/2025 de 16 de julio) extendió el uso del inmueble a favor de la madre hasta el año 2038, sumando 3 años extra tras la mayoría de edad del hijo menor por su situación de discapacidad.

Concesión desproporcionada
El Tribunal Supremo considera desproporcionada dicha concesión de más de 16 años sobre un bien privativo del padre y subraya que en las custodias compartidas no resulta aplicable la atribución indefinida del art. 96.1 del C. Civil.
Según razona el tribunal en su Fundamento de Derecho 3º, la adjudicación en estos casos debe buscarse por analogía en el párrafo 4º del precepto, que exige una ponderación temporalizada: «La interpretación del art. 96 del C.Civil no se concilia con una adjudicación temporalmente ilimitada del uso de la vivienda familiar [...] De no ser así, una adjudicación ilimitada en el tiempo implicaría una suerte de expropiación forzosa de un indiscutible valor económico del que se vería privado el titular exclusivo o cotitular de la precitada vivienda».

El Supremo analiza los informes médicos y pedagógicos del menor con discapacidad, concluyendo que no precisa adaptaciones físicas del inmueble ni atenciones específicas que exijan permanecer en ese piso concreto. Asimismo, pondera que la madre dispone de ingresos mensuales propios (1.237,51 € más la pensión de 300 €) y que el régimen de custodia compartida le permite ampliar su jornada laboral. Por ello, estima parcialmente el recurso de casación y limita el uso de la vivienda a 2 años contados desde la fecha de la sentencia.

Pensión de alimentos
Por el contrario, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima las pretensiones del progenitor respecto a la pensión de alimentos y el reparto de gastos extraordinarios al 50 %.
El tribunal recuerda en el Fundamento de Derecho 6º que «en el régimen de custodia compartida, la estancia paritaria de los hijos con sus progenitores no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción en los ingresos de los padres», manteniendo la pensión de 300 € al constatarse que el padre percibe unos ingresos netos/brutos notablemente superiores (4.938,33 € mensuales).

La otra cara de la violencia de género: los hombres que sufren maltrato a manos de su pareja

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En el ámbito de la violencia doméstica sí que se se cuentan a los hombres como víctimas. En 2025 se condenó a más de 3.800 mujeres por este tipo de delito
Gonzaga Durán, 02 nov. 2026
En España existe desde hace décadas la lacra de la violencia de género, que está definida legalmente como «la que ejerce un hombre sobre una mujer que es o ha sido su pareja». 

Por consiguiente, aquí solo se considera a la mujer como víctima. 

Se trata de un problema al que se destinan millones de euros de las partidas presupuestadas con el objetivo de erradicarla, una meta que, por desgracia, está lejos de cumplirse.

Sin embargo, en el ámbito de la violencia doméstica sí que se cuenta a los hombres como víctimas. Se trata de la violencia que se produce en el entorno familiar o de convivencia. El propio Instituto Nacional de Estadística (INE) los distingue por delito en la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) que cada año realiza para ofrecer datos y así tratar de explicar la magnitud de este problema.


Víctimas de violencia doméstica de 2025 INE

En 2025, el último año sobre el que se tienen datos sobre esta cuestión, se registraron un total de 9.513 víctimas en asuntos de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares, un 7,4 % más que en el año anterior. 

De ellas, el 60,9 % fueron mujeres y el 39,1 % hombres. Así consta según los datos proporcionados por el INE.

En este sentido, el número de víctimas fue mayor que el de personas denunciadas, con una relación de 1,3 víctimas por cada persona denunciada. 

Además, 376 personas figuraron como denunciadas y víctimas a la vez. 

En el 36,4 % de los casos las víctimas de violencia doméstica fueron el padre o la madre, en el 24,3 % los hijos y en el 9,5 % los hermanos.

Durante el 2025 se dictaron un total de 18.620 medidas cautelares en los asuntos de violencia doméstica inscritos, registrándose un aumento del 3,8 % con respecto al año anterior. 

El 72,5 % de estas medidas recayeron sobre hombres y el 27,5 % sobre mujeres.

En el último año registrado, se dictaron sentencias firmes correspondientes a asuntos –con órdenes de protección o medidas cautelares dictadas– inscritas en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género en 2025 o en años anteriores sobre 40.929 personas. 

Estas personas fueron condenadas por violencia de género y 10.757 por violencia doméstica. De ellas, 3.805 fueron mujeres y 6.952 fueron hombres.


Sentencias firmes sobre personas condenadas por violencia de género y violencia doméstica INE
En este sentido, se dictó sentencia firme en menos de 1 año a 3 de cada 4 personas (el 72,3 % del total). En violencia doméstica, en menos de 1 año al 62,7 %, según los datos aportados por el INE.

Personas condenadas por violencia de género y violencia doméstica según la duración del asunto INE.
Con todos estos datos, cabe señalar que las cifras podrían quedarse un tanto cortas debido a que los hombres maltratados optan por no presentar ninguna denuncia ya sea por miedo al ridículo o a la humillación, por problemas de credibilidad o falta de apoyo jurídico o de recursos públicos.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registró en 2024 un total de 48 mujeres asesinadas por su pareja o expareja, y a 4 hombres asesinados por su pareja o expareja femenina.
El mismo observatorio registra durante el periodo comprendido entre 2009 y 2023 un total de 827 mujeres asesinadas por hombres y a 97 hombres asesinados por mujeres en el ámbito de pareja.

Madrid atiende a víctimas masculinas de violencia sexual
La Comunidad de Madrid puso en marcha el pasado mes de mayo el Servicio de Prevención y Atención Integral para hombres víctimas de violencia sexual en entornos de chemsex y otros ámbitos. El SERPAICAM es, según explica el Ejecutico autonómico, un «servicio público y gratuito que tiene como objetivo prestar atención social, psicológica, sexológica, jurídica y educativa, tanto a nivel individual como grupal, a cualquier hombre que haya sufrido violencia sexual ejercida por otros hombres en cualquier situación o entorno».

Esta servicio tiene 2 objetivos. Por un lado, «dar respuesta a necesidades detectadas en hombres víctimas de agresiones sexuales ejercida por otros hombres en diferentes contextos». En 2º lugar, busca "abordar de manera integral necesidades emergentes, como el uso de sustancias psicoactivas en entornos sexuales, que puede derivar en situaciones de riesgo y vulnerabilidad social como: la pérdida de autocuidado, el empobrecimiento de la vida social y de ocio, el empeoramiento en el rendimiento laboral y académico, absentismo laboral, problemas económicos y legales, entre otros.

Según el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso, los servicios de salud de la región atienden a una media de 100 hombres al año por haber sido víctimas de agresiones sexuales y de violaciones.
El pasado 6 de mayo, la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno madrileño, Ana Dávila, inauguró el Iº centro en España para hombres agredidos sexualmente. 

Tras la apertura de este centro especializado, el SERPAICAM ha atendido a 77 hombres víctimas durante los 5 primeros meses de su funcionamiento.

La finalidad de la Comunidad de Madrid es dar cobertura a los hombres que se han visto envueltos en las siguientes situaciones:
Hombres que tienen sexo con hombres en situación de vulnerabilidad ante un consumo problemático de drogas emergentes y otras sustancias psicoactivas, sumisión química, etc., en entornos sexuales y de chemsex, en situación o riesgo de sufrir agresiones sexuales.
Hombres que han sufrido violencia y/o abusos sexuales en su infancia o adolescencia.
Hombres en situación de prostitución.
Hombres víctimas de agresiones sexuales por otros hombres en entornos laborales, penitenciarios y otros.
Profesionales de entidades públicas y privadas que demanden información especializada en las materias objeto del servicio.
Familiares y población en general, con interés en las materias objeto del servicio.
«Me da vergüenza decir que soy un hombre maltratado»

En España sí que ha habido casos de hombres que han sufrido maltrato físico o psicológico por parte de sus parejas y que han querido contarlo a través de los medios de comunicación.
El más mediático de ellos ocurrió en 2018 y fue el de José Antonio, un camionero de 52 años que sufrió graves quemaduras después de que su esposa le arrojase un producto químico corrosivo –sosa cáustica– mientras dormía en la cama de matrimonio. El hombre se quedó sordo y ciego de un ojo tras este episodio.

«Me da vergüenza decir que soy un hombre maltratado», admitió José Antonio en una entrevista desde su casa de Archena (Murcia) concedida a El Mundo en julio de 2018. Estuvo casado durante 14 años con la brasileña Deijanira Nogueira da Silva, 12 más joven que él. «Yo la quería, la quise desde el 1º día, pero después de lo que hizo ya sólo quiero paz, cuidarme y sobrevivir a lo que venga», afirmó.

El 14 de mayo de aquel año, José Antonio estaba durmiendo cuando se despertó sobresaltado por el dolor. Y es que su mujer le roció la cara y parte del cuerpo con un producto químico corrosivo. «Ahora te voy a dejar guapo para tus amigas», le contestó su mujer. Los gritos de socorro alertaron a una vecino, que llamó a la Guardia Civil. El propio José Antonio bajó a abrirles la puerta a los agentes, que se quedaron impresionados al ver la escena: «»Cuando me vieron todo quemado y sangrando por la heridas de la piel se quedaron impresionados, sin habla. Parecía un Jesucristo. Les conté lo que había ocurrido y subieron a por mi mujer".

Deijanira fue detenida y enviada a la cárcel al quedarse sin argumentos para explicar el porqué de su agresión. Sigue en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio.
José Antonio reconocía sentirse desamparado ante la ley. Y es que cuando el agresor es una mujer y la víctima es su pareja masculina, no se aplica la Ley de Violencia de Género. En este caso, se aplica el art. 173 de malos tratos habituales y violencia doméstica del Código Penal. Esto significa que las penas son menores y que las víctimas no pueden entrar en el sistema Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén).

El caso de Karen y Manuel
Otro caso mediático que incluso llegó a ser noticia fuera de nuestras fronteras fue el de Karen y Manuel. Se trata de 2 nombres ficticios y que fueron cambiados para proteger las identidades de las personas involucradas en la sentencia que tuvo lugar en 2018.
En mayo de 2007, Karen acudió a una comisaría de Policía de Madrid para denunciar a su esposo, Manuel, por presuntos malos tratos físicos y psíquicos. 

Ella llegó a presentar un parte médico en el que se dejaba constancia de la presencia de hematomas en brazos, glúteos y en la región dorsal. 

Afirmó que su esposo le había causado estas lesiones semanas antes.

La denuncia llegó a un juzgado de violencia contra la mujer y se aplicaron contra Manuel las medidas de seguridad y prevención correspondientes: le prohibían acercarse a ella o comunicarse con ella.

En 2011, un juzgado de lo penal dictó una sentencia en la que absolvía a Manuel de los delitos que se le imputaban: violencia psíquica habitual y maltrato en el ámbito familiar. Una vez absuelto, él acusó a Karen de denuncia falsa y de estafa procesal. También acusó al padre de Karen –testigo del caso– de delito de falso testimonio. 

En 2017, un tribunal competente absolvió a los 2 de estos delitos. Sin embargo, el mismo tribunal condenó a Karen «como autora responsable de un delito de denuncia falsa a la pena de 12 meses de multa, a razón de 12 € de cuota diaria, con una responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas o fracción impagadas y al pago de 1/4 parte de los costos procesales».

Manuel llevó el caso al Tribunal Supremo al no estar conforme con esta sentencia, pidiendo que se revisara la absolución de los delitos antes mencionados. 

Ya en 2018, el Supremo condenó a Karen «como autora del delito de falso testimonio» a 1 año y 6 meses de prisión y multa de 9 meses con cuota diaria de 12 € y confirmó su absolución por el delito de estafa procesal». Cabe recordar que el delito de falso testimonio implica penas más graves que las de denuncia falsa.

Asociaciones que se han creado para defender a los hombres
En los últimos años han surgido varias asociaciones para la defensa de los derechos de los hombres maltratados, así como darles apoyo social y protección jurídica. Estas organizaciones se han fundado con el objetivo de visibilizar la violencia ejercida hacia los hombres en el ámbito de la pareja, así como ofrecer herramientas judiciales frente a lo que consideran discriminación institucional.

Una de estas asociaciones es la Fundación para la Defensa de los Hombres Maltratados (FundaHOM). Su ámbito de actuación es mayoritariamente la Comunidad Valenciana, aunque también ofrecen soporte en el resto del territorio nacional. La asociación ofrece servicios de asistencia jurídica y psicológica y busca promover, entre varios asuntos, «la formación de nuevas masculinidades con voz crítica respecto a la desigualdad que sufren los hombres y, al mismo tiempo alejadas del modelo machista».

Esta entidad busca la «protección del colectivo de hombres víctimas de malos tratos en las relaciones con sus parejas o exparejas, mujeres, dentro del marco legal vigente, actualmente conocida como violencia doméstica», además de la «La promoción de la igualdad integral de derechos entre los hombres y mujeres, en concreto velando por las víctimas de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja».

Otra de estas organizaciones es Justicia para los Hombres, que nace como una "una asociación benéfica inscrita en Andalucía con ámbito de actuación en toda España cuya finalidad fundamental es defender los derechos de los hombres en todos los ámbitos y conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.
Esta entidad presta apoyo y protección «a los colectivos más vulnerables: personas con discapacidad, ancianos, niños, víctimas de violencia o maltrato, personas con adicciones y familias en peligro de exclusión social».

El Centro Homa, otra de estas organizaciones, cuenta con sedes en Madrid, Barcelona y Sevilla. Ofrece «atención psicológica, defensa legal y elaboración de informes psicológicos periciales a hombres maltratados por su pareja para ayudarles a superar la difícil situación por la que están pasando».
«Te ofrecemos asesoramiento jurídico para acompañarte durante todo el proceso que se deriva de la violencia sufrida por parte de tu pareja. Nuestros abogados expertos en las consecuencias legales derivadas del maltrato sufrido y podrán dar respuesta a todas tus dudas jurídicas y legales. Te orientarán para que no cometas errores y tomes las decisiones que más te favorezcan. Aunque ya tengas un abogado, una 2ª opinión te irá muy bien en tu situación actual», remarca en su página web.

Una de las asociaciones más multitudinarias en este sentido es la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS). Se trata de la 1ª organización que se creó en España con el fin de defender los derechos de los padres y madres separados y divorciados. «Así como de toda su familia extensa», apostilla.
Nació en marzo de 1993 para «luchar por los derechos que nos corresponden como padres y madres, como personas y para evitar que se nos discrimine social y judicialmente». Entre sus logros, estaría la promulgación de «una normativa para que se dé a ambos progenitores las calificaciones escolares de nuestros hijos», así como la aprobación de una ley de «custodia compartida». «Somos la única Asociación a nivel general en España, que lucha por los intereses de toda la familia tanto del padre como de la madre, y que el primer de los objetivos es que no se vulnere los derechos de los menores», aseguran en su página web.

La Asociación Española para la Defensa y Protección de Padres Divorciados (ASEPADI) tiene su sede central en Madrid y se dedica a «asistir técnica y psicológicamente a los progenitores que atraviesan rupturas matrimoniales, velando por mantener el equilibrio emocional de los hijos y facilitando asistencia letrada especializada en derecho de familia».
«Con nuestra asociación colaboran profesionales que abarcan todas las áreas que nuestros asociados pudieran necesitar (abogados, psicólogos, pedagogos, etc…), a fin de que hallen en nosotros la tranquilidad y ayuda necesaria», alegan en su página web.