jueves, 5 de noviembre de 2026

¿Qué pruebas valora un juez para decidir la custodia de los hijos?

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Carolina Torremocha, 18/08/2026 ·
Cuando una madre o un padre llega al despacho para preparar un procedimiento de custodia, una de las primeras preguntas suele ser: «¿Qué tengo que demostrar?». La respuesta no consiste en reunir cientos de capturas de pantalla ni en intentar acreditar que la otra persona es un mal padre o una mala madre.

El objetivo del procedimiento no es premiar al progenitor que se presenta mejor ni castigar al que ha cometido más errores durante la relación. 
El juzgado debe establecer el sistema de custodia, estancias y cuidados que resulte más adecuado para los hijos, atendiendo a sus circunstancias concretas.
Por eso, la prueba verdaderamente útil es la que ayuda a reconstruir cómo se ha cuidado a los menores hasta la ruptura, cuáles son sus necesidades actuales y qué propuesta puede cumplirse de forma estable después de la separación.

¿Qué debe decidir el juez en un procedimiento de custodia?
El art. 92 del C. Civil obliga al juez a valorar las alegaciones de las partes, la prueba practicada y la relación que los progenitores mantienen entre sí y con sus hijos. La decisión debe estar motivada desde la perspectiva del interés superior del menor, no desde la conveniencia de los adultos.
Por su parte, el art. 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor exige tener en cuenta, entre otros elementos, sus necesidades materiales, educativas, emocionales y afectivas; sus deseos y opiniones; la conveniencia de un entorno familiar adecuado y libre de violencia; su edad y madurez; y la necesidad de soluciones estables.

Esto significa que no existe una preferencia automática por la custodia compartida ni por la custodia exclusiva aplicable a todas las familias. La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que la custodia compartida no debe tratarse como una medida excepcional, pero tampoco se concede de manera automática: debe ser adecuada para esos hijos y viable en esa familia.

Las pruebas más importantes en un juicio de custodia
1. La implicación anterior de cada progenitor
Nos permite comprobar quién se ocupaba habitualmente de las rutinas, el colegio, las revisiones médicas, las actividades, los deberes, la alimentación o las necesidades especiales de los hijos.
No se trata de llevar una contabilidad exacta de cada hora de crianza ni de negar que muchas familias se organizan mediante un reparto de funciones. Lo importante es determinar si la petición de custodia coincide con la realidad familiar anterior o si aparece únicamente después de iniciarse el conflicto.

Pueden resultar útiles las comunicaciones con el centro escolar, justificantes de asistencia a tutorías, citas médicas, correos sobre actividades, calendarios compartidos y mensajes contemporáneos a los hechos. Tienen más valor cuando muestran una pauta mantenida que cuando reflejan un episodio aislado.

1.2.- Posibilidad de implicación con los hijos desde la separación
Pero no caigas en el error de pensar que como antes no se ha hecho, no se hará a partir de ahora. Por experiencia, cada vez más sentencias indican que pese al histórico de cuidados en la familia, si se demuestra que a partir de la separación se puede llevar a cabo la crianza de los hijos, se podrá ejercer la custodia de los mismos.

A título de ejemplo, la Audiencia Provincial nos dictó una Sentencia que explicaba: “No nos parece, por tanto, que el hecho de que la Sra. XXXX haya sido la principal cuidadora de la hija menor pueda justificar por sí solo el rechazo del régimen de guarda y custodia compartida pues, como hemos dicho recientemente, ello puede obedecer a dinámicas de organización familiar pactadas constante la convivencia que, evidentemente, no podrán mantenerse cuando ésta se ha roto (en este sentido, la sentencia 322/2026, de 18 de mayo, rollo 1237/2025). (…) De lo expuesto hasta el momento consideramos injustificada la crítica basada en la falta o ausencia de un plan de parentalidad pues lo que se observa, más bien, es que el progenitor tiene conocimiento de las rutinas y necesidades de su hija”.

La Sentencia refiere que aunque el padre no fuera la principal figura de cuidado por el reparto de roles en la familia, si a partir de ahora puede ocuparse de la crianza, no hay motivos para denegar la custodia compartida.

2. La documentación escolar
El colegio puede ofrecer información relativamente objetiva sobre la vida diaria de los hijos. Las comunicaciones con tutores, informes de asistencia, autorizaciones, reuniones, incidencias y seguimiento académico ayudan a comprobar la implicación de cada progenitor y las necesidades del menor.

Toda esta documentación debe solicitarla tu abogado de familia al juzgado, ya que los centros escolares no suelen emitir informes a petición de las partes.
La intención de esta documentación es demostrar conocimiento de las necesidades educativas, asistencia constante, respuesta ante una dificultad o coordinación con el otro progenitor.

3. La documentación médica y terapéutica
Las citas médicas, tratamientos, revisiones, informes de especialistas o comunicaciones relativas a una terapia pueden ser relevantes cuando permiten conocer quién realiza el seguimiento y si ambos progenitores comprenden y atienden las necesidades sanitarias del hijo.

Esta documentación debe utilizarse con especial prudencia. La salud de los menores no puede convertirse en un instrumento de confrontación. Deben aportarse únicamente los datos necesarios para el procedimiento, respetando su intimidad y evitando difundir información que no tenga relación con la medida discutida.

Como ocurre con la documentación escolar, será a través del juzgado cuando se emitan informes, más allá de que podamos aportar Certificados individuales de que el menor acude “en compañía del padre o la madre”

4. Los horarios laborales y la disponibilidad real
Tener trabajo no impide ejercer una custodia compartida o exclusiva. La cuestión es si el horario, los desplazamientos, los viajes y la capacidad de conciliación permiten atender efectivamente a los hijos durante los periodos propuestos.

Pueden aportarse contratos, certificado de conciliación laboral, cuadrantes horarios, calendarios de guardias, documentación de viajes o acreditación del teletrabajo. Pero no basta con indicar una hora de entrada y salida: conviene presentar un plan concreto que explique quién recoge a los niños, dónde comen, cómo realizan los deberes y qué sucede si enferman.

5. Apoyos familiares
La ayuda de abuelos, familiares o nuevas parejas no es negativa por sí misma. Puede constituir una red de apoyo muy valiosa.
La cuestión cambia cuando el apoyo es tan habitual que el periodo de custodia se ejerce materialmente por terceras personas y existe otro progenitor con disponibilidad para atender directamente al menor.

Si el padre o la madre que pide la custodia no puede estar al cuidado de los menores y éstos permanecerán siempre con terceras personas o cuidadoras contratadas, es posible que no sea la mejor para el interés de los hijos. Siempre que el otro progenitor sí tenga disponibilidad.

6. Calendarios, rutinas y organización cotidiana
Un calendario puede ayudar a visualizar pernoctas, recogidas, visitas, cancelaciones o periodos de cuidado. No obstante, un documento elaborado unilateralmente para el juicio tendrá poca fuerza si no puede relacionarse con datos externos: mensajes, correos, justificantes, fotografías fechadas o comunicaciones del colegio.

Es preferible una cronología sencilla, verificable y centrada en hechos relevantes a una tabla interminable con cada retraso de 5 minutos. La finalidad es que el juzgado comprenda la organización real, no transmitir una vigilancia obsesiva del otro progenitor.
Todo esta organización puede incluirse en el Plan de Parentalidad, con el máximo de detalles posibles.

7. WhatsApp, correos electrónicos y otras comunicaciones
Los mensajes pueden acreditar propuestas de organización, cambios de horario, negativas, incumplimientos, interés por la salud o el colegio y la capacidad de ambos progenitores para comunicarse.
También pueden demostrar que una acusación formulada en la demanda no coincide con lo que se decía cuando los hechos ocurrieron.

Las capturas aisladas pueden ser impugnadas o perder fuerza si no muestran la conversación completa. Deben conservarse los archivos originales y evitar cualquier edición. Tampoco puedes acceder sin autorización al teléfono, correo o cuentas privadas de la expareja o de los hijos. La prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales puede resultar inadmisible e incluso suponer una denuncia.

8. El interrogatorio de los progenitores
El interrogatorio sirve para contrastar la versión de cada parte con los documentos y con los hechos objetivos. En un procedimiento de custodia son especialmente relevantes las preguntas concretas: horarios, nombres de profesores o médicos, actividades, rutinas, viajes, pernoctas y decisiones adoptadas respecto de los menores.

Las afirmaciones generales —«siempre me he ocupado», «nunca está disponible»— tienen menos utilidad que los datos precisos. Además, la coherencia entre lo solicitado, la organización propuesta y la documentación aportada influye en la credibilidad de cada versión.

9. Los testigos
Pueden declarar familiares, personas del entorno, cuidadores o profesionales que conozcan hechos relevantes. El hecho de que un testigo sea familiar no impide su declaración, aunque el juzgado valorará su relación con las partes y la objetividad de su conocimiento.

Los testigos son más útiles cuando relatan hechos que han presenciado directamente que cuando expresan opiniones sobre quién debería tener la custodia. Un testigo no debe limitarse a decir que alguien es «un padre excelente»; debe explicar qué ha visto, con qué frecuencia y en qué contexto.
En la práctica, la prueba testifical está muy limitada en el derecho de familia, precisamente porque las personas implicadas no son imparciales.

10. El informe psicosocial y los dictámenes periciales
El art. 92.9 del C.Civil permite al juez recabar el dictamen de especialistas sobre la idoneidad del régimen de custodia. El informe psicosocial puede valorar las capacidades parentales, los vínculos, las necesidades de los hijos, la dinámica familiar y la adecuación de las distintas alternativas.

Es una prueba importante, pero no vincula automáticamente al juez. La resolución debe valorar el informe junto con el resto del material probatorio y motivar la decisión.
Pueden aportarse dictámenes periciales privados cuando resulten pertinentes, aunque su utilidad dependerá de la metodología, la información examinada y la posibilidad de ratificación y contradicción en juicio.

11. La audiencia de los menores o exploración del menor
Los hijos no eligen la custodia. Tienen derecho a ser oídos y a que su opinión sea tomada en consideración conforme a su edad y madurez, pero la decisión corresponde al juez.
La ley no impide escuchar a un menor de menos de 12 años si tiene madurez suficiente.

A partir de los 12 años se considera, en todo caso, que existe suficiente madurez para ejercer este derecho. La audiencia debe practicarse de forma adaptada, preservando la intimidad del menor y evitando situarlo en la posición de tener que escoger entre sus padres.
La opinión del hijo es un elemento relevante, pero debe analizarse junto con sus motivos, su estabilidad, su grado de comprensión y el resto de las circunstancias familiares.

¿Qué hace que una prueba sea realmente útil?
Una prueba suele ser más convincente cuando reúne 4 características:1º. Es contemporánea a los hechos y no ha sido creada únicamente para el procedimiento.
2.- Puede comprobarse mediante otra fuente o documento.
3.- Acredita una pauta relevante, no una anécdota aislada.
4.- Está conectada con el bienestar y las necesidades del menor.

Por ejemplo, un mensaje aislado en el que un progenitor cancela una tarde no demuestra falta de implicación. En cambio, una sucesión de cancelaciones, relacionada con calendarios, comunicaciones y una organización alternativa asumida constantemente por el otro progenitor, puede mostrar una realidad relevante.

Errores frecuentes al preparar las pruebas de custodia
Aportar demasiado sin explicar qué demuestra.
Un expediente con cientos de páginas puede ocultar los documentos importantes. Cada bloque de prueba debe responder a una pregunta concreta y relacionarse con el hecho que se pretende acreditar.
Filtrar y evitar saturar al Tribunal que puede perder el foco en lo más importante.
Intentar convertir cada conflicto de pareja en un hecho parental

La ruptura puede haber sido dolorosa, pero no todas las conductas de la relación afectan a la capacidad para cuidar a los hijos. Debe diferenciarse el conflicto de pareja del ejercicio de las responsabilidades parentales, salvo que exista violencia, control, riesgo o una repercusión acreditada sobre los menores.

Provocar conversaciones para fabricar pruebas
Enviar mensajes hostiles o preguntas diseñadas para obtener una determinada respuesta puede perjudicar la credibilidad de quien los aporta. Las comunicaciones deben ser claras, respetuosas y centradas en las necesidades de los hijos.

Involucrar a los hijos en la obtención de pruebas
No debe pedirse al menor que grabe al otro progenitor, fotografíe su vivienda, transmita conversaciones o tome partido. Además del posible problema jurídico, esta conducta puede causar un daño emocional y ser valorada negativamente en el procedimiento.
Confiar en que el juez investigará todo de oficio

El art. 752 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al tribunal acordar pruebas de oficio en procesos de familia. Sin embargo, esto no sustituye la obligación de las partes de identificar los hechos relevantes y aportar o proponer a tiempo los medios de prueba de los que pretendan valerse.
Si quieres probar algo, debes solicitarlo, no esperes que el Juzgado vaya a realizar investigación alguna.

Un caso real de necesidad de prueba: el otro progenitor viaja mucho:
Imaginemos que ambos progenitores solicitan la custodia compartida, pero uno de ellos afirma que el otro viaja constantemente y delegará el cuidado en los abuelos. Una alegación genérica sobre los viajes tendrá poco recorrido si no se acredita.

La prueba útil podría consistir en cuadrantes laborales, billetes o comunicaciones sobre desplazamientos, calendarios de pernoctas anteriores y mensajes en los que se solicite de forma reiterada que terceras personas recojan o atiendan a los menores. Al mismo tiempo, deberán examinarse la frecuencia real de los viajes, la capacidad de reorganización y la red de apoyo disponible.

El resultado no depende de demostrar que los abuelos cuidan alguna vez a los niños. Dependerá de si el régimen propuesto puede ser ejercido realmente por el progenitor y de si esa organización es la que mejor atiende las necesidades de los hijos.

En Sentencia de la A.P. de Valencia que nos dictaron este año, la prueba fue determinante al respecto: “A ello debe añadirse el que la progenitora dispone de más tiempo libre que el progenitor, pues solo trabaja 8 días al mes, mientras que el progenitor ha tenido problemas para cuadrar su horario con la atención de sus hijos, dada su profesión que le obliga a hacer viajes con frecuencia incluso fuera del España. En 2º lugar, el que la progenitora tiene una red de apoyo familiar en las inmediaciones de su domicilio, de la que carece el progenitor habido cuenta de la residencia de éstos en XXXX, aun cuando son frecuentes las visitas de la abuela paterna a su residencia”

Conclusión: ordenar la prueba es tan importante como reunirla.
En un juicio de custodia, la cantidad de documentos no determina el resultado. Lo decisivo es que la prueba permita comprender la historia de cuidados, las necesidades de los menores y la viabilidad de la propuesta presentada.
Una buena preparación parte de preguntas concretas: ¿qué hecho necesito demostrar?, ¿qué documento puede acreditarlo?, ¿es una situación aislada o una pauta?, ¿cómo afecta realmente a mis hijos?

La estrategia debe construirse antes de presentar la demanda o la contestación. De esta forma es posible seleccionar la prueba útil, evitar conflictos innecesarios y formular una propuesta realista que sitúe el interés de los hijos en el centro del procedimiento.

miércoles, 4 de noviembre de 2026

El TS fija en 2 años el uso del piso privativo en custodias compartidas

El Supremo
revoca una sentencia de la A.P. de Huelva que adjudicaba la vivienda familiar a la madre hasta 2038 para evitar una «expropiación forzosa» de facto.
La Sala recuerda que el grado moderado de discapacidad de un menor no justifica un uso ilimitado.
Miguel González Quiles, Sevilla, 04.11.2026 
En una resolución de calado en materia de derecho de familia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acota los límites temporales para la atribución del uso de la vivienda familiar en supuestos de guarda y custodia compartida.
En su sentencia 1522/2026, dictada el pasado 29 de septiembre de 2026 (Recurso de Casación 8474/2025), el alto tribunal fija en 2 años el plazo máximo para que la madre abandone la vivienda –titularidad privativa del padre–, anulando el pronunciamiento anterior de la A.P. de Huelva, que le había concedido el disfrute del inmueble hasta el 30 de noviembre de 2038.

El fallo, del que ha sido ponente el magistrado José Luis Seoane Spiegelberg, recoge que la pareja, mantuvo una relación more uxorio y tiene 2 hijos menores en común, el 2º con un grado I de dependencia moderada (en concreto, un 36 % de discapacidad).

Tras la ruptura, el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Huelva acordó el régimen de custodia compartida con alternancia semanal, una pensión alimenticia de 300 € mensuales a cargo del padre (150 € por hijo) y la atribución del uso de la vivienda familiar.
Sin embargo, la Sección 2ª de la A. P. de Huelva (sentencia 613/2025 de 16 de julio) extendió el uso del inmueble a favor de la madre hasta el año 2038, sumando 3 años extra tras la mayoría de edad del hijo menor por su situación de discapacidad.

Concesión desproporcionada
El Tribunal Supremo considera desproporcionada dicha concesión de más de 16 años sobre un bien privativo del padre y subraya que en las custodias compartidas no resulta aplicable la atribución indefinida del art. 96.1 del C. Civil.
Según razona el tribunal en su Fundamento de Derecho 3º, la adjudicación en estos casos debe buscarse por analogía en el párrafo 4º del precepto, que exige una ponderación temporalizada: «La interpretación del art. 96 del C.Civil no se concilia con una adjudicación temporalmente ilimitada del uso de la vivienda familiar [...] De no ser así, una adjudicación ilimitada en el tiempo implicaría una suerte de expropiación forzosa de un indiscutible valor económico del que se vería privado el titular exclusivo o cotitular de la precitada vivienda».

El Supremo analiza los informes médicos y pedagógicos del menor con discapacidad, concluyendo que no precisa adaptaciones físicas del inmueble ni atenciones específicas que exijan permanecer en ese piso concreto. Asimismo, pondera que la madre dispone de ingresos mensuales propios (1.237,51 € más la pensión de 300 €) y que el régimen de custodia compartida le permite ampliar su jornada laboral. Por ello, estima parcialmente el recurso de casación y limita el uso de la vivienda a 2 años contados desde la fecha de la sentencia.

Pensión de alimentos
Por el contrario, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima las pretensiones del progenitor respecto a la pensión de alimentos y el reparto de gastos extraordinarios al 50 %.
El tribunal recuerda en el Fundamento de Derecho 6º que «en el régimen de custodia compartida, la estancia paritaria de los hijos con sus progenitores no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción en los ingresos de los padres», manteniendo la pensión de 300 € al constatarse que el padre percibe unos ingresos netos/brutos notablemente superiores (4.938,33 € mensuales).

martes, 3 de noviembre de 2026

La otra cara de la violencia de género: los hombres que sufren maltrato a manos de su pareja

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Madrid atiende a 100 hombres violados al año pero la ministra de Igualdad critica que Ayuso les ponga un centro
En el ámbito de la violencia doméstica sí que se se cuentan a los hombres como víctimas. En 2025 se condenó a más de 3.800 mujeres por este tipo de delito
Gonzaga Durán, 02 nov. 2026
En España existe desde hace décadas la lacra de la violencia de género, que está definida legalmente como «la que ejerce un hombre sobre una mujer que es o ha sido su pareja». 
Por consiguiente, aquí solo se considera a la mujer como víctima. 
Se trata de un problema al que se destinan millones de euros de las partidas presupuestadas con el objetivo de erradicarla, una meta que, por desgracia, está lejos de cumplirse.

Sin embargo, en el ámbito de la violencia doméstica sí que se cuenta a los hombres como víctimas. Se trata de la violencia que se produce en el entorno familiar o de convivencia. El propio Instituto Nacional de Estadística (INE) los distingue por delito en la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) que cada año realiza para ofrecer datos y así tratar de explicar la magnitud de este problema.


Víctimas de violencia doméstica de 2025 INE

En 2025, el último año sobre el que se tienen datos sobre esta cuestión, se registraron un total de 9.513 víctimas en asuntos de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares, un 7,4 % más que en el año anterior. 
De ellas, el 60,9 % fueron mujeres y el 39,1 % hombres. Así consta según los datos proporcionados por el INE.

En este sentido, el número de víctimas fue mayor que el de personas denunciadas, con una relación de 1,3 víctimas por cada persona denunciada. 
Además, 376 personas figuraron como denunciadas y víctimas a la vez. 
En el 36,4 % de los casos las víctimas de violencia doméstica fueron el padre o la madre, en el 24,3 % los hijos y en el 9,5 % los hermanos.

Durante el 2025 se dictaron un total de 18.620 medidas cautelares en los asuntos de violencia doméstica inscritos, registrándose un aumento del 3,8 % con respecto al año anterior. 
El 72,5 % de estas medidas recayeron sobre hombres y el 27,5 % sobre mujeres.

En el último año registrado, se dictaron sentencias firmes correspondientes a asuntos –con órdenes de protección o medidas cautelares dictadas– inscritas en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género en 2025 o en años anteriores sobre 40.929 personas. 
Estas personas fueron condenadas por violencia de género y 10.757 por violencia doméstica. De ellas, 3.805 fueron mujeres y 6.952 fueron hombres.


Sentencias firmes sobre personas condenadas por violencia de género y violencia doméstica INE
En este sentido, se dictó sentencia firme en menos de 1 año a 3 de cada 4 personas (el 72,3 % del total). En violencia doméstica, en menos de 1 año al 62,7 %, según los datos aportados por el INE.

Personas condenadas por violencia de género y violencia doméstica según la duración del asunto INE.
Con todos estos datos, cabe señalar que las cifras podrían quedarse un tanto cortas debido a que los hombres maltratados optan por no presentar ninguna denuncia ya sea por miedo al ridículo o a la humillación, por problemas de credibilidad o falta de apoyo jurídico o de recursos públicos.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registró en 2024 un total de 48 mujeres asesinadas por su pareja o expareja, y a 4 hombres asesinados por su pareja o expareja femenina.
El mismo observatorio registra durante el periodo comprendido entre 2009 y 2023 un total de 827 mujeres asesinadas por hombres y a 97 hombres asesinados por mujeres en el ámbito de pareja.

Madrid atiende a víctimas masculinas de violencia sexual
La Comunidad de Madrid puso en marcha el pasado mes de mayo el Servicio de Prevención y Atención Integral para hombres víctimas de violencia sexual en entornos de chemsex y otros ámbitos. El SERPAICAM es, según explica el Ejecutico autonómico, un «servicio público y gratuito que tiene como objetivo prestar atención social, psicológica, sexológica, jurídica y educativa, tanto a nivel individual como grupal, a cualquier hombre que haya sufrido violencia sexual ejercida por otros hombres en cualquier situación o entorno».

Esta servicio tiene 2 objetivos. Por un lado, «dar respuesta a necesidades detectadas en hombres víctimas de agresiones sexuales ejercida por otros hombres en diferentes contextos». 
En 2º lugar, busca "abordar de manera integral necesidades emergentes, como el uso de sustancias psicoactivas en entornos sexuales, que puede derivar en situaciones de riesgo y vulnerabilidad social como: la pérdida de autocuidado, el empobrecimiento de la vida social y de ocio, el empeoramiento en el rendimiento laboral y académico, absentismo laboral, problemas económicos y legales, entre otros.

Según el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso, los servicios de salud de la región atienden a una media de 100 hombres al año por haber sido víctimas de agresiones sexuales y de violaciones.
El pasado 6 de mayo, la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno madrileño, Ana Dávila, inauguró el Iº centro en España para hombres agredidos sexualmente. 
Tras la apertura de este centro especializado, el SERPAICAM ha atendido a 77 hombres víctimas durante los 5 primeros meses de su funcionamiento.

La finalidad de la Comunidad de Madrid es dar cobertura a los hombres que se han visto envueltos en las siguientes situaciones:
Hombres que tienen sexo con hombres en situación de vulnerabilidad ante un consumo problemático de drogas emergentes y otras sustancias psicoactivas, sumisión química, etc., en entornos sexuales y de chemsex, en situación o riesgo de sufrir agresiones sexuales.
Hombres que han sufrido violencia y/o abusos sexuales en su infancia o adolescencia.
Hombres en situación de prostitución.
Hombres víctimas de agresiones sexuales por otros hombres en entornos laborales, penitenciarios y otros.
Profesionales de entidades públicas y privadas que demanden información especializada en las materias objeto del servicio.
Familiares y población en general, con interés en las materias objeto del servicio.
«Me da vergüenza decir que soy un hombre maltratado»

En España sí que ha habido casos de hombres que han sufrido maltrato físico o psicológico por parte de sus parejas y que han querido contarlo a través de los medios de comunicación.
El más mediático de ellos ocurrió en 2018 y fue el de José Antonio, un camionero de 52 años que sufrió graves quemaduras después de que su esposa le arrojase un producto químico corrosivo –sosa cáustica– mientras dormía en la cama de matrimonio. El hombre se quedó sordo y ciego de un ojo tras este episodio.

«Me da vergüenza decir que soy un hombre maltratado», admitió José Antonio en una entrevista desde su casa de Archena (Murcia) concedida a El Mundo en julio de 2018. Estuvo casado durante 14 años con la brasileña Deijanira Nogueira da Silva, 12 más joven que él. «Yo la quería, la quise desde el 1º día, pero después de lo que hizo ya sólo quiero paz, cuidarme y sobrevivir a lo que venga», afirmó.

El 14 de mayo de aquel año, José Antonio estaba durmiendo cuando se despertó sobresaltado por el dolor. Y es que su mujer le roció la cara y parte del cuerpo con un producto químico corrosivo. «Ahora te voy a dejar guapo para tus amigas», le contestó su mujer. Los gritos de socorro alertaron a una vecino, que llamó a la Guardia Civil. El propio José Antonio bajó a abrirles la puerta a los agentes, que se quedaron impresionados al ver la escena: «»Cuando me vieron todo quemado y sangrando por la heridas de la piel se quedaron impresionados, sin habla. Parecía un Jesucristo. Les conté lo que había ocurrido y subieron a por mi mujer".

Deijanira fue detenida y enviada a la cárcel al quedarse sin argumentos para explicar el porqué de su agresión. Sigue en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio.
José Antonio reconocía sentirse desamparado ante la ley. Y es que cuando el agresor es una mujer y la víctima es su pareja masculina, no se aplica la Ley de Violencia de Género. En este caso, se aplica el art. 173 de malos tratos habituales y violencia doméstica del Código Penal. Esto significa que las penas son menores y que las víctimas no pueden entrar en el sistema Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén).

El caso de Karen y Manuel
Otro caso mediático que incluso llegó a ser noticia fuera de nuestras fronteras fue el de Karen y Manuel. Se trata de 2 nombres ficticios y que fueron cambiados para proteger las identidades de las personas involucradas en la sentencia que tuvo lugar en 2018.
En mayo de 2007, Karen acudió a una comisaría de Policía de Madrid para denunciar a su esposo, Manuel, por presuntos malos tratos físicos y psíquicos. 
Ella llegó a presentar un parte médico en el que se dejaba constancia de la presencia de hematomas en brazos, glúteos y en la región dorsal. 
Afirmó que su esposo le había causado estas lesiones semanas antes.

La denuncia llegó a un juzgado de violencia contra la mujer y se aplicaron contra Manuel las medidas de seguridad y prevención correspondientes: le prohibían acercarse a ella o comunicarse con ella.

En 2011, un juzgado de lo penal dictó una sentencia en la que absolvía a Manuel de los delitos que se le imputaban: violencia psíquica habitual y maltrato en el ámbito familiar. Una vez absuelto, él acusó a Karen de denuncia falsa y de estafa procesal. También acusó al padre de Karen –testigo del caso– de delito de falso testimonio. 
En 2017, un tribunal competente absolvió a los 2 de estos delitos. Sin embargo, el mismo tribunal condenó a Karen «como autora responsable de un delito de denuncia falsa a la pena de 12 meses de multa, a razón de 12 € de cuota diaria, con una responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas o fracción impagadas y al pago de 1/4 parte de los costos procesales».

Manuel llevó el caso al Tribunal Supremo al no estar conforme con esta sentencia, pidiendo que se revisara la absolución de los delitos antes mencionados. 
Ya en 2018, el Supremo condenó a Karen «como autora del delito de falso testimonio» a 1 año y 6 meses de prisión y multa de 9 meses con cuota diaria de 12 € y confirmó su absolución por el delito de estafa procesal». Cabe recordar que el delito de falso testimonio implica penas más graves que las de denuncia falsa.

Asociaciones que se han creado para defender a los hombres
En los últimos años han surgido varias asociaciones para la defensa de los derechos de los hombres maltratados, así como darles apoyo social y protección jurídica. Estas organizaciones se han fundado con el objetivo de visibilizar la violencia ejercida hacia los hombres en el ámbito de la pareja, así como ofrecer herramientas judiciales frente a lo que consideran discriminación institucional.

Una de estas asociaciones es la Fundación para la Defensa de los Hombres Maltratados (FundaHOM). Su ámbito de actuación es mayoritariamente la Comunidad Valenciana, aunque también ofrecen soporte en el resto del territorio nacional. La asociación ofrece servicios de asistencia jurídica y psicológica y busca promover, entre varios asuntos, «la formación de nuevas masculinidades con voz crítica respecto a la desigualdad que sufren los hombres y, al mismo tiempo alejadas del modelo machista».

Esta entidad busca la «protección del colectivo de hombres víctimas de malos tratos en las relaciones con sus parejas o exparejas, mujeres, dentro del marco legal vigente, actualmente conocida como violencia doméstica», además de la «La promoción de la igualdad integral de derechos entre los hombres y mujeres, en concreto velando por las víctimas de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja».

Otra de estas organizaciones es Justicia para los Hombres, que nace como una "una asociación benéfica inscrita en Andalucía con ámbito de actuación en toda España cuya finalidad fundamental es defender los derechos de los hombres en todos los ámbitos y conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.
Esta entidad presta apoyo y protección «a los colectivos más vulnerables: personas con discapacidad, ancianos, niños, víctimas de violencia o maltrato, personas con adicciones y familias en peligro de exclusión social».

El Centro Homa, otra de estas organizaciones, cuenta con sedes en Madrid, Barcelona y Sevilla. Ofrece «atención psicológica, defensa legal y elaboración de informes psicológicos periciales a hombres maltratados por su pareja para ayudarles a superar la difícil situación por la que están pasando».
«Te ofrecemos asesoramiento jurídico para acompañarte durante todo el proceso que se deriva de la violencia sufrida por parte de tu pareja. Nuestros abogados expertos en las consecuencias legales derivadas del maltrato sufrido y podrán dar respuesta a todas tus dudas jurídicas y legales. Te orientarán para que no cometas errores y tomes las decisiones que más te favorezcan. Aunque ya tengas un abogado, una 2ª opinión te irá muy bien en tu situación actual», remarca en su página web.

Una de las asociaciones más multitudinarias en este sentido es la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS). Se trata de la 1ª organización que se creó en España con el fin de defender los derechos de los padres y madres separados y divorciados. «Así como de toda su familia extensa», apostilla.
Nació en marzo de 1993 para «luchar por los derechos que nos corresponden como padres y madres, como personas y para evitar que se nos discrimine social y judicialmente». Entre sus logros, estaría la promulgación de «una normativa para que se dé a ambos progenitores las calificaciones escolares de nuestros hijos», así como la aprobación de una ley de «custodia compartida». «Somos la única Asociación a nivel general en España, que lucha por los intereses de toda la familia tanto del padre como de la madre, y que el primer de los objetivos es que no se vulnere los derechos de los menores», aseguran en su página web.

La Asociación Española para la Defensa y Protección de Padres Divorciados (ASEPADI) tiene su sede central en Madrid y se dedica a «asistir técnica y psicológicamente a los progenitores que atraviesan rupturas matrimoniales, velando por mantener el equilibrio emocional de los hijos y facilitando asistencia letrada especializada en derecho de familia».
«Con nuestra asociación colaboran profesionales que abarcan todas las áreas que nuestros asociados pudieran necesitar (abogados, psicólogos, pedagogos, etc…), a fin de que hallen en nosotros la tranquilidad y ayuda necesaria», alegan en su página web.

Cataluña: La Justicia avala que un padre deje de pagar la pensión alimenticia a su hija de 22 años

La Justicia avala que un padre deje de pagar la pensión alimenticia a su hija de 22 años que se incorporó al mercado laboral, aunque luego volviera a estudiar.
La joven realizó prácticas remuneradas y se matriculó después en un grado superior de FP, pero los jueces consideran que su incorporación previa al mercado laboral extinguió la ayuda.

Iago Rodríguez, 02.11.2026 
Una hija de 22 años que regresó a estudiar Formación Profesional después de haber trabajado no mantendrá la pensión de alimentos de 200 € mensuales que pagaba su padre, cuya supresión ha ratificado la A. P. de Barcelona al estimar probada la aptitud de la joven para conseguir ingresos propios.

La madre apeló la decisión del juzgado y solicitó que prosiguiera el pago por un presunto error en la apreciación de la prueba, pero el tribunal otorgó mayor peso a la trayectoria laboral y a los datos patrimoniales de la hija que a su matriculación posterior en un ciclo formativo.
El litigio también comprendía la utilización de la anterior vivienda familiar, el reparto de la propiedad compartida por los padres y las costas del proceso, aunque el recurso se centró en la pensión de la hija y en los costes judiciales aplicados a la madre.

Prácticas e ingresos probados
La Sentencia número 555/2026, dictada el 27 de octubre por la Sección XIIª de la A. P. de Barcelona, indica que la pensión se había establecido en 200 € al mes en una resolución de 2010 y, para revisar su permanencia, analiza un informe de vida laboral datado en noviembre de 2025 y una indagación patrimonial relativa al ejercicio previo.

La joven constó registrada por prácticas formativas no pagadas entre enero y abril de 2024 y, desde mayo de ese año hasta enero de 2025, por prácticas pagadas mediante contratos temporales sucesivos, mientras que la indagación patrimonial mencionada en la sentencia le asigna 15.767 € netos durante 2024, que equivalen a unos 1.313 € mensuales si se reparten entre 12 meses.

La Sala estima que esos datos demuestran su integración al mercado laboral y su "capacidad de generar ingresos de forma autónoma", sin imputar los 15.767 € única-mente a las prácticas, pues la resolución muestra ese importe como el resultado de la consulta patrimonial del año 2024.

Por qué no varió la decisión
La hija se inscribió en un ciclo superior de FP durante el curso 2024-2025, tras empezar a trabajar, pero para el tribunal esa determinación posterior no anuló el motivo que había posibilitado suprimir la pensión, puesto que la aptitud para obtener ingresos se había probado cuando reanudó los estudios.

Los magistrados emplean el Código Civil de Cataluña, que prevé la conservación de alimentos para hijos mayores de edad que siguen formándose bajo ciertas condiciones, y evocan que esta aportación entre progenitores puede terminar cuando el hijo se integra al mercado laboral, si bien todavía no haya logrado una independencia económica duradera.

La resolución preserva la posibilidad de que la hija exija alimentos directamente a sus progenitores si los necesita de nuevo, una acción que debería formular ella misma y que no reinstaura la pensión de 200 € suprimida en este proceso.

La Audiencia también ratifica las costas de la primera instancia aplicadas a la madre porque, si bien aceptó algunas solicitudes sobre la vivienda, su allanamiento fue parcial y la demanda del padre se acogió en su totalidad, aparte de aplicarle los costes de la apelación después de rechazar su recurso e indicar que procede casación si se satisfacen los requisitos legales.

domingo, 1 de noviembre de 2026

Seguir en la vivienda familiar tras el divorcio no obliga siempre a pagar un alquiler al excónyuge

Rodrigo Corchero, Graduado en Derecho. 27/10/2026 
La A. P. de Barcelona fija cuándo comienza la indemnización y reconoce el acta notarial como prueba de los desperfectos visibles tras la entrega de las llaves.
Continuar viviendo en la casa común después de que haya terminado el derecho de uso concedido en la sentencia de divorcio no obliga automáticamente a indemnizar al otro copropietario. Para que nazca ese derecho no basta siempre con enviar un burofax exigiendo la salida. Es necesario que exista una oposición clara al uso exclusivo y, sobre todo, un perjuicio real para quien reclama.

La A. P. de Barcelona ha aplicado este criterio al conflicto entre 2 excónyuges que continuaban siendo propietarios por mitades de la vivienda familiar. 
El derecho de uso atribuido a la mujer en la sentencia de divorcio tenía una duración de 3 años, pero ella permaneció en el inmueble junto con el hijo común una vez transcurrido ese plazo.
El exmarido le envió el 28 de mayo de 2019 un burofax en el que se oponía expresamente a la ocupación exclusiva y reclamaba que abandonara inmediatamente la vivienda. A 1ª vista, ese requerimiento podía marcar el comienzo de la indemnización. Pero la realidad era más compleja.

La Audiencia observa que el hombre no explicó entonces qué perjuicio concreto le ocasionaba la ocupación. No manifestó que quisiera residir en la vivienda, alquilarla a un tercero o venderla. Sus actuaciones demostraban que pretendía poner fin a la copropiedad y que incluso había ofrecido a su exmujer la posibilidad de adquirir su mitad. Al mismo tiempo, ella había solicitado judicialmente la prórroga del derecho de uso y continuaba viviendo en la casa con el hijo común, que, pese a ser mayor de edad, aún carecía de independencia económica. La pensión alimenticia era de 225 euros mensuales y se mantuvo precisamente porque el hijo seguía dependiendo de sus padres.

La Sala concluye que durante ese periodo existía una controversia legítima sobre el destino de la vivienda. El mero hecho de que uno de los copropietarios utilizara por sí solo el inmueble no generaba automáticamente una obligación de pagar rentas. El uso exclusivo de una cosa común puede ser contrario al derecho del otro comunero, pero para reclamar una indemnización deben acreditarse una oposición efectiva y un perjuicio cierto.

La situación cambió después del procedimiento de división de la cosa común. Ambos excónyuges mostraron interés en adjudicarse la vivienda y el juzgado realizó un sorteo el 14 de diciembre de 2021. El resultado favoreció al exmarido, que consignó judicialmente el 50% del valor de tasación el 11 de enero de 2022.
Desde ese momento, según la Audiencia, quedó clara e inequívoca su voluntad de disponer exclusivamente de la totalidad del inmueble. La expectativa de la exmujer de permanecer en la vivienda había desaparecido y su ocupación dejó de encontrar justificación.

La indemnización no comienza, por tanto, con el primer burofax de 2019, sino el 11 de enero de 2022, cuando el adjudicatario consignó la mitad del valor de la vivienda. Hasta la inscripción del 100% de la propiedad a su nombre, la compensación se calcula sobre la mitad de la renta. 
Desde la inscripción registral, se toma el valor completo.

La Sala utiliza como referencia los 750 € mensuales que el propietario obtuvo realmente cuando posteriormente alquiló el piso. Rechaza las estimaciones superiores presentadas en la demanda porque la indemnización debe responder al perjuicio verdadero, no a una expectativa hipotética más favorable. 
Por este concepto reconoce 2.825 €.

La sentencia aborda también qué sucede cuando finalmente se recupera la vivienda y aparecen desperfectos. El propietario aseguró que, al entrar, encontró desorden, suciedad y daños causados intencionadamente. 
Para acreditar el estado del inmueble había encargado un acta notarial inmediatamente después de recibir las llaves.

La A. P. de Barcelona reconoce expresamente el valor de esta prueba. Un acta notarial levantada justo después de la devolución constituye un elemento relevante para acreditar la situación real de la vivienda y los daños visibles cuya apreciación no requiera conocimientos técnicos.

En este caso, además, era la única prueba significativa sobre el estado del inmueble en aquel momento. Su contenido coincidía con la declaración del hijo común, quien admitió que durante los últimos tiempos él y su madre habían dejado de efectuar reparaciones y labores de mantenimiento porque desconocían cuál sería el destino final de la vivienda.
Sin embargo, el acta no demostraba un estado de abandono total ni desperfectos de gran consideración. Tampoco podía acreditar por sí sola la causa de daños que exigieran una valoración técnica.

La Sala considera indemnizables los motores de las persianas, el mando del aire acondicionado, determinadas luces y una factura de suministros pendiente. En cambio, excluye el coste de levantar la propia acta notarial: se trata de un gasto probatorio asumido para preparar la reclamación, pero no de un daño causado directamente por la anterior ocupante.
También descarta el coste de legalizar la instalación de gas porque no se demostró qué circunstancia hizo necesario ese desembolso ni que fuera imputable a la exmujer. La indemnización por desperfectos queda así fijada en 1.526,73 €.

El exmarido había reclamado un total de 17.761,45 €. El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Granollers le concedió únicamente 1.926,73 € por los daños de la vivienda y rechazó la compensación por su uso. 
La Audiencia estima parcialmente el recurso de él y también parte de la impugnación formulada por ella, dejando la condena definitiva en 4.351,73 €: 2.825 € por la ocupación indebida y 1.526,73 € por los desperfectos acreditados.

La resolución establece 2 cuestiones prácticas. 
La 1ª es que un requerimiento de salida no convierte automáticamente toda ocupación posterior en indemnizable. 
Quien reclama debe demostrar que se opuso verdaderamente al uso exclusivo y que quería utilizar, vender, alquilar o disponer económicamente del inmueble. 
La 2ª es que, cuando se recupera una vivienda, la prudencia aconseja documentar inmediatamente su estado. El acta notarial puede resultar decisiva para acreditar lo que estaba a la vista, aunque no sustituye a un informe pericial cuando la causa del defecto exige conocimientos técnicos.

El tribunal establece, en esencia, que no basta con tener formalmente razón: hay que demostrar cuándo comenzó el perjuicio y cuál fue su alcance verdadero. 
La indemnización nace cuando la ocupación deja de estar justificada y se convierte en una privación efectiva del derecho del otro propietario. 
Y los daños se pagan cuando se prueban, no simplemente cuando se afirman.

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe recurso de casación.

sábado, 31 de octubre de 2026

Fracaso de una Ley y del Ministerio de Igualdad: Continua el Goteo de casos por violencia contra la mujer

Ascienden a 44 las mujeres asesinadas este año por violencia
de género tras confirmar Igualdad el caso de Barcelona.
Una mujer de 38 años fue presuntamente asesinada por su pareja; deja 2 hijos y eleva hasta 44 las víctimas mortales registradas durante 2026.
El Confidencial/EP, 30/10/2026 
El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 44 y a 1.385 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en Barcelona.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 38 años, presuntamente asesinada por su pareja en Barcelona el miércoles 28 de octubre. La víctima tenía 2 hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
Tras este crimen machista, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España ha ascendido a 35 en 2026 y a 545 desde 2013.

El miércoles, la Policía Municipal de Madrid detuvo a un hombre que confesó ser el autor de la muerte violenta de su pareja en el distrito de Nou Barris de Barcelona.
Por la mañana, efectivos de Mossos y Bombers de Barcelona se dirigieron al lugar donde se habría cometido el crimen tras recibir aviso por parte de una persona que informaba de que había una mujer en el interior de un domicilio y localizaron el cuerpo sin vida de la víctima.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado, en un mensaje en X, "con toda firmeza" el asesinato machista. "Debemos acabar con la violencia de género, pero también aislar a quienes la ejercen. Los maltratadores no pueden tener cabida en nuestra sociedad. Si eres víctima o testigo, llama al 016. No estás sola. Mi sentido pésame", ha aseverado.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con 6; Cataluña, con 4; Castilla-La Mancha, con 3; Aragón, Canarias, Cantabria y Navarra, con 2; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con 1.

El 72% no había denunciado
En total, 32 de los 44 casos por violencia machista (72,7%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en 10 de ellos (22,7%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Además, 28 de las víctimas mortales eran españolas (63,6%) y 16 de otro país (36,4%). En el caso de los presuntos agresores, 29 de ellos eran españoles (65,9%) y 15 (34,1%) de otro país.

La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 52 mujeres asesinadas en el mismo periodo. Así, 2025 tenía hasta octubre 36 crímenes machistas y 2024 un total de 41.

La Legitima: Abandono Familiar y Desheredación

Mª Clemente, notaria: "Para que el abandono familiar sea causa de desheredación, debe de verse un comportamiento reprobable e injustificado imputable en exclusiva al hijo".
El Supremo anuló la exclusión de 2 hermanos del testamento de su padre tras examinar cómo el divorcio y los conflictos entre los progenitores habían deteriorado la relación con ellos.
Iago Rodríguez, 30.10.2026 
Llevar años sin hablar con un hijo no basta por sí solo para privarlo de la legítima: la causa invocada en un testamento debe ajustarse a la ley y, si se discute, tiene que poder acreditarse. Si la ruptura empezó durante la infancia, tras una separación conflictiva, atribuir el alejamiento solo a los hijos exige examinar cómo se originó la falta de trato y qué hicieron los progenitores para recuperar el vínculo.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2026 examina la desheredación de 2 hermanos cuyo padre alegó menosprecio y abandono desde el divorcio y durante su enfermedad: los hechos probados no permitían responsabilizarlos en exclusiva del distanciamiento y conservaron su derecho a la legítima.

El conflicto tras el divorcio
La notaria Mª Clemente explica en un vídeo de su cuenta de TikTok que debe apreciarse "un comportamiento reprobable e injustificado" imputable al hijo y, según la transcripción facilitada, la conducta ha de ser ajena al testador, algo que el Supremo descartó por el origen de la ruptura familiar.

La Sentencia número 503/2026 recoge el enfrentamiento de los padres, las disputas sobre las visitas y los procedimientos relacionados con los alimentos, conflictos que alcanzaron a los hijos cuando eran adolescentes y llevaron a la sala a rechazar que se les atribuyera en exclusiva la falta de atención o afecto hacia su padre al final de su vida.

La Audiencia Provincial había puesto el foco en la ausencia de contacto de la hija desde 2011, pero el Supremo reprochó que ignorara el origen de esa distancia y el comportamiento posterior del padre, que no contribuyó a reparar la relación. Clemente llama la atención sobre ese punto: el padre era "el adulto" y el tribunal presumía en él mayor capacidad para tomar la iniciativa y enmendar la relación, al tiempo que rechazó desligar el alejamiento del hijo de la conflictividad entre los progenitores.

Las condiciones legales
El Código Civil establece que la desheredación solo puede fundarse en causas legales expresadas en el testamento y, entre las previstas para hijos y descendientes, figuran la negativa injustificada a dar alimentos al progenitor, el maltrato de obra y las injurias graves de palabra, mientras que la jurisprudencia incluye en el maltrato de obra determinados supuestos de maltrato psicológico.

Esa interpretación exige valorar si el distanciamiento es imputable al hijo y si ha causado al testador un perjuicio físico o psíquico suficiente, requisitos que el Supremo no consideró cumplidos en el caso de los 2 hermanos por el conflicto matrimonial y su efecto en la familia.

La sentencia restableció el fallo del juzgado, que había declarado injusta la desheredación, después de que la Audiencia Provincial diera la razón a los herederos designados, de modo que los 2 hijos conservaron su condición de legitimarios y su derecho a percibir la parte de la herencia que les correspondía.

Si un desheredado niega la causa alegada, el art. 850 del C. Civil atribuye a los herederos del testador la carga de probarla, por lo que ante un periodo prolongado sin contacto el examen judicial atiende al origen de la ruptura, a la conducta de cada parte y al daño atribuido al hijo.