Cómo afecta el divorcio a los hijos: impacto emocional, psicológico .....

...... y caminos para proteger su bienestar.
Ramón Ceballo, 3 de febrero 2026 
En la República Dominicana, el aumento sostenido de los divorcios en las últimas décadas ha transformado de manera significativa la estructura familiar. Datos oficiales recientes muestran que una proporción considerable de matrimonios termina en separación legal, situando al país entre los de mayor tasa relativa de divorcio en la región.

Sin embargo, más allá de las cifras, el verdadero desafío no es cuántas parejas se divorcian, sino cómo se gestionan esas separaciones y qué dinámicas familiares se construyen posteriormente.
No todo divorcio conduce a una familia disfuncional. Existen separaciones manejadas con madurez, acuerdos claros y corresponsabilidad parental que permiten preservar el bienestar emocional de los hijos.

El problema surge cuando el proceso ocurre en medio de conflictos prolongados, resentimientos no resueltos y ausencia de apoyo emocional, generando entornos inestables que pueden afectar el desarrollo infantil incluso años después de la ruptura legal.

El divorcio es una de las transiciones familiares más complejas que puede experimentar un niño. Aunque la ruptura de la relación entre los padres no siempre provoca daño emocional, el proceso y sus consecuencias pueden influir de forma importante en el desarrollo psicológico infantil cuando no se maneja con cuidado, respeto y apoyo adecuado.

La literatura científica ha identificado patrones comunes en niños que atraviesan la separación parental. Estudios longitudinales muestran que, en comparación con hijos de familias no divorciadas, pueden presentar mayores niveles de estrés, ansiedad y dificultades emocionales a corto y mediano plazo. Amato y Keith (1991), en un metaanálisis de más de 92 estudios, encontraron diferencias en el ajuste emocional y social, aunque resaltaron la influencia de factores individuales y del contexto familiar.

Los efectos varían según la edad. En la niñez temprana pueden aparecer regresiones en el lenguaje, alteraciones del sueño o ansiedad por separación (Hetherington, 2003). En la adolescencia son más frecuentes los sentimientos de abandono, conductas de riesgo o conflictos de identidad. Sin embargo, muchos niños muestran buena adaptación cuando cuentan con apoyo emocional estable.

El divorcio implica varios factores estresantes. El cambio en la estructura familiar, como mudanzas, separación física de uno de los padres o nuevas figuras parentales, puede generar inseguridad. Otro elemento clave es el conflicto entre los padres. 

La evidencia indica que no es la separación lo más perjudicial, sino la exposición constante a discusiones intensas (Kelly y Emery, 2003). 

Algunos niños experimentan sensación de pérdida, interpretando la ruptura como rechazo personal, afectando autoestima y confianza relacional.

Entre los efectos más reportados se encuentran mayor riesgo de ansiedad y depresión, dificultades conductuales, problemas escolares, irritabilidad, agresividad o retraimiento. También pueden aparecer temores para formar vínculos afectivos profundos por miedo al abandono. Sin embargo, muchos niños no presentan consecuencias negativas permanentes. 

El impacto depende de la forma en que se maneje la transición, del apoyo emocional disponible y del nivel de cooperación parental.

Para reducir riesgos, es fundamental un enfoque protector. 

1º, mantener comunicación abierta y acorde a la edad, explicando la situación con honestidad y calma. 

2º, conservar rutinas estables que aporten seguridad. 

3º, ofrecer apoyo emocional constante y respeto entre los padres, favoreciendo adaptación infantil. 

Cuando existen señales persistentes de angustia, como aislamiento o cambios del sueño, es recomendable buscar ayuda profesional en salud mental infantil.

El divorcio es un evento significativo en la vida infantil, pero no define el futuro emocional. La comunicación clara, el apoyo afectivo y la reducción del conflicto parental pueden disminuir el impacto y favorecer un desarrollo psicológico saludable. Comprender estas dinámicas y actuar de forma preventiva fortalece la resiliencia, una habilidad esencial para la vida adulta.

Promover entornos seguros y relaciones familiares respetuosas permite que los niños construyan autoestima sólida y confianza social. El acompañamiento temprano facilita procesos de adaptación emocional positivos y previene dificultades psicológicas futuras, favoreciendo bienestar integral durante su desarrollo.

La Ley Trans es una Chapuza legislativa

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Maltratadores, presos y opositores que fingen ser mujeres: más de un centenar de fraudes con la ley trans.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres evidencia en un mapa la facilidad del cambio de sexo registral. 
Gregoria Caro, 02/02/2026
Maltratadores, delincuentes, presos y opositores que fingen ser mujeres, que cambian su documento de identidad de masculino a femenino, para intentar sacar algún beneficio aprovechándose de los puntos ciegos del sistema. 

En 2024, fueron 3.491 hombres los que cambiaron su sexo al de mujer en el registro civil, según las últimas cifras oficiales, con la ley trans. 

De ellos, al menos, un centenar lo hicieron de forma fraudulenta.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha puesto en marcha un mapa interactivo de España en el que documenta los impactos negativos del derecho de una persona desde los 16 años a que en los documentos oficiales figure el género con el que se identifique sin necesidad de informes médicos. Es una campaña para denunciar las lagunas de esta ley, que documenta cada caso y adjunta el artículo del medio donde se publicó. Los recopilan desde que la norma del anterior Ministerio de Igualdad, de Podemos, entró en vigor en febrero de 2023.

Critican que la facilidad para cambiar el sexo en el registro que ofrece la ley trans permite que haya hombres que estén sorteando y desvirtuando normas como la ley contra la violencia de género, la de igualdad efectiva y otras políticas públicas diseñadas para corregir las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres.
Advierten de que permitir la autodeterminación de género pone en «riesgo» la igualdad y hasta la «integridad de las mujeres», sobre todo en categorías donde la fuerza o la velocidad son decisivas

Es importante señalar que el cambio de sexo legal no afecta a los procedimientos por violencia machista cometidos antes de la modificación, sin embargo, lo preocupante es que sí puede afectar si esa agresión se comete después de variar el DNI. 

En Navarra, los juzgados de violencia sobre la mujer tenían el año pasado acreditados varios casos de maltratadores que se cambiaron de sexo con intención de evitar que les juzguen por violencia de género si volvían a cometer una agresión.

Estos fraudes entorpecen procedimientos judiciales, a la espera de determinar si las denuncias deben tramitarse en un juzgado de violencia sobre la mujer o en un juzgado de instrucción. Un ejemplo publicado en la 'Opinión de Zamora', en 2024: «Un investigado por amenazar a su novia cambia el sexo en el DNI y dice ser lesbiana». Pidió ser trasladado a una cárcel de mujeres y hasta se procedió por violencia doméstica y no por machista.

La ley trans se aprobó en febrero de 2023, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Podemos
Art. 43. Legitimación. Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo.

«Casos de maltratadores, feminicidas o proxenetas de menores que no han encontrado ningún obstáculo para solicitar y obtener la modificación del sexo en los registros civiles. Hoy, son legalmente mujeres. Conviene recordar que en el registro no se verifican los antecedentes penales de la persona que solicita el cambio de sexo registral», lamentan desde la Alianza, que añaden esto también provoca desajustes en la estadística de criminalidad cometida por mujeres.

El último caso en el que la ley trans se usó de forma fraudulenta fue publicado por ABC. Manu y Paco, nombres ficticios, cuyos DNI dicen hoy que son mujeres. Ambos están peleando la custodia compartida de sus hijos, y, según informó Berta González de la Vega, llevan años en los tribunales, donde acumulan archivos y absoluciones a denuncias de sus ex parejas mujeres. Así, explican, no serán juzgados por violencia de género.

En el mapa de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres no están todos los casos falsos de cambio de género. La organización feminista denuncia «el oscurantismo de las instituciones, que están negando acceso a la información que permitiría conocer la amplitud real del problema».

«Chapuza legislativa»
Explican que en las respuestas obtenidas en sus consultas a Transparencia se reconoce que no se están recogiendo estos datos. Y consideran que «la falta de voluntad política de hacer accesibles estas informaciones evidencia que pondrían de manifiesto la chapuza legislativa que implica un concepto jurídico como la autodeterminación de un dato registral».

El mapa señala también otros casos de delincuentes que intentan ampararse en la ley trans para buscar beneficios penitenciarios, por ejemplo, celdas individuales. En Asturias, en 2023, hubo 6 presos que pudieron cambiar al módulo de mujeres al tramitar la solicitud de cambio de sexo registral. Las feministas apuntan a otro caso aún más duro: «El de Jonathan Robaina, el asesino y violador de su prima, Vanessa Santana, que durante el juicio exigió ser llamado Lorena». Empezó a ser tratado en la cárcel como mujer, a pesar de que nunca se había identificado como tal.

También han documentado hombres opositores que han perjudicado a otros aspirantes al presentarse utilizando un DNI femenino y haciendo un uso indebido de las acciones destinadas a empleos con baja representación de mujeres. Un opositor adelantó 100 puestos y consiguió en 2024 una plaza de bombero en Madrid tras registrarse como mujer. Un juez decidirá si incurrió en un fraude de ley después de que el aspirante que se quedó fuera lo recurriera, dado que nunca se identificó como mujer. Además, según publicó ABC, era seguidor del grupo ultraderechista MGTOW (Los hombres siguen su propio camino), de carácter misógino y supremacista blanco.

Custodia Compartida: La Pensión de alimentos y el IRPF

El Supremo resolverá si los padres que comparten custodia pueden deducir en el IRPF la pensión de alimentos.
Hacienda impide el beneficio si tienen derecho al mínimo por descendientes.
El tribunal advierte que la ley del impuesto no regula la situación
Eva Díaz, 30/01/20260
El Tribunal Supremo (TS) analizará por 1ª vez si los padres que tienen la custodia compartida de los hijos pueden deducirse en la declaración de la Renta la pensión de alimentos. El alto tribunal admitió el 14 de enero un recurso para aclarar la controversia.

La Ley del IRPF permite, en el caso de que solo un padre tenga la custodia, que el progenitor que vive con los hijos se aplique el mínimo por descendiente (varía entre 2.400 € y 4.500 €, según el número de hijos) y que el otro se deduzca la pensión por alimentos que paga.

No obstante, cuando la custodia es compartida, la norma permite prorratear a partes iguales el mínimo por descendiente, pero no regula qué pasa con la deducibilidad de la pensión de alimentos. 

Hacienda deniega al padre o madre que paga esta prestación y que a la par tiene la custodia compartida que se deduzca el importe de la misma. El fisco argumenta que es incompatible con la norma, que establece la incompatibilidad de ambos beneficios fiscales: el mínimo por descendiente y la reducción de la pensión de alimentos.

El Supremo, sin embargo, indica que la Ley del IRPF solo regula esta incompatibilidad en los casos en los que solo un padre tiene la custodia. 

"El precepto aplicable no declara la incompatibilidad en los supuestos, como el que aquí nos ocupa, al no regular esta situación expresamente, siendo por ello necesario, en aras, como hemos expuesto, a los principios de justicia material, que junto con el reconocimiento de la aplicación del mínimo por descendiente en un 50% se permita igualmente la compensación fiscal de las pensiones abonadas en virtud de resolución judicial", indica el tribunal en su auto.

Estudiará si la norma permite deducir la cuantía de la pensión cuando hay custodia compartida o si, en cambio, existe "una laguna legal". Considera que Hacienda no puede esgrimir la incompatibilidad ante la ausencia de regulación.

Juan Soto Ivars, autor del libro «Esto no existe»: «La Fiscalía no persigue las denuncias falsas de violencia de género»
Barbara Hermida, 28 Enero 2026
Es un libro que está sembrando la polémica. Y que muestra una realidad que no siempre parece fácil de asumir. No todas las denuncias que se realizan en España por violencia de género son reales; existen las denuncias falsas, y la Fiscalía no las persigue.
Es un ensayo que analiza el uso instrumental de la ley española de violencia de género. Es polémico porque cuestiona la narrativa oficial de que las denuncias falsas son mínimas (0,01%), argumentando que esa cifra es engañosa al ignorar casos sin condena por falso testimonio, y estima cifras mucho mayores basadas en testimonios y datos judiciales.

Una realidad «oculta» que ha analizado Juan Soto Ivars –escritor, columnista y periodista español– en su libro «Esto no existe». Una realidad de la que se habla en los pasillos judiciales, en las comisarias, pero de la que se mantiene un silencio incómodo rodeado de burocracia y falso feminismo.

Soto Ivars acusa al sistema judicial y mediático de silencio por miedo a ser tildados de «negacionistas», intereses económicos en subvenciones y propaganda ideológica que invisibiliza víctimas masculinas y alienación parental.

¿Qué es lo que te hace ponerte a escribir este libro?
Cuando se da en la prensa la noticia de 2009 de que el 0.001% de las denuncias son falsas, cualquier persona escéptica, al ver ese dato oficial, tiene que pensar que es mentira. Así de simple.
Y como es un dato oficial, y es manifiestamente falso, empecé a tirar del hilo; empecé a conocer abogados, fiscales, juezas de instrucción de violencia de la mujer… y descubrí que todos en el sector lo conocen. Es un escándalo.

España es el único país de Europa que se discrimina al hombre en cuestión de sexo en la violencia, pues vi que había trabajo para el periodismo.
«Hay cosas que sí se tienen que eliminar, como el hecho de que ser hombre sea un agravante en un delito».
La Fiscalía no lo persigue, porque en muchos casos no llega a decirse que era una denuncia falsa. En muchos casos se archiva por falta de pruebas.

Tienen el problema de la burocracia. Y el problema del miedo a las asociaciones de feministas. A mí me sorprende ver hasta qué punto en el mundo de la Justicia hay verdadero pavor a las asociaciones de juristas feministas, o a la típica fiscal muy feminista. Por eso, a mí no me daban nombres.

Es verdad que para iniciar otro procedimiento por denuncia falsa, la carga de burocracia es brutal, porque el sistema está blindado para que no lo hagan. Y esto no pasa en otros delitos.
Tú tienes que dar muchas explicaciones como fiscal para empezar a perseguir a una mujer que ha denunciado por violencia de género. Muchas explicaciones. Y por eso, lo archivas, y te lo quitas de en medio.

Ahora también han incluido la violencia sexual.
Partimos de la base de que el art. 153 del C.Penal es una locura. Porque creo que la mitad de las denuncias irían por el 153. El problema de las denuncias falsas es muy grave. No sabemos cuántas son. Obviamente, muchas más de las que dice la Fiscalía. Pero está el problema de la denuncia instrumental, que es peor todavía.

Yo tengo la impresión de que casos de mujeres maltratadas muy graves, y casos de denuncias falsas muy viles, son una minoría. El problema es el 153. La denuncia instrumental en una pelea mutua, como pasó con Juana Rivas.

Una pelea de pareja en la que el tablero inclinado convierte la situación del varón en la desprotección más absoluta. Hablamos de que en una pelea de pareja, no se va a tratar a los 2 con el mismo rasero.«Cuando empecé el libro, pensaba que el fondo del problema era una buena intención. intención de proteger. He descubierto que no. Que hay una red clientelar muy grande, y que hay un fanatismo muy insensible», cuenta Juan Soto Ivars en esta entrevista.

También por parte de las mujeres, se está utilizando estas denuncias como amenaza…
La amenaza de “si no cedes, te denuncio”. Son denuncias que no llegan a interponerse porque ante la amenaza, prefiere retirar la custodia compartida, o la cuestión que sea.

¿Se están utilizando los procedimientos de violencia de género para denunciar otros delitos, como amenazas o coacciones?
Es que el chantaje que te propone este tema cuando lo hablas en debate con una feminista te responden con que frivolizas con la situación que vive la mujer maltratada. Y de lo que parece que no quieren enterarse, es de que 200.000 denuncias en un año no son eso.

Por eso a mí me interesa hablar del artículo 153. Porque es el que hace pasar como violencia contra la mujer muchas situaciones que no se parecen en nada a lo que entendemos por una mujer desamparada, vulnerable o maltratada por un psicópata.
«El feminismo se parece al nacionalismo en una cosa. Se considera que la mujer es un pueblo separado del resto. Y si criticas lo que hace la mala mujer, estás llamando a las mujeres malas».

¿Tendrías algún ejemplo?
Te cuento el caso. Es una pareja que se lleva fatal, y tienen una hija, de unos 2 años. Están enfrentados todo el día, y se separan. Como la niña es un “marrón”, ella accede a la custodia compartida.
Y él se echa otra novia. Entonces ella, se siente vilipendiada, despechada, y le monta un pollo en uno de lo intercambios de la niña. Pierde los papeles, y le agrede. Él la empuja, y ella se da un golpe con un mueble, sin hacerse herida.

Ella le denuncia. Por algo que es real, que le empuja. Pero ella le estaba arañando la cara. Y él acepta una condena de conformidad, pero pierde la custodia compartida, porque al aceptar la conformidad, ya es un “maltratador”.
La única ventaja que tienen los hombres en esta situación, es que las juezas de instrucción están hartas de estas situaciones. En general, mi experiencia con estas juezas de violencia sobre la mujer es que están hartas. Pero nadie alza la voz.

¿Qué te dicen abogados, jueces… ante un caso como este?
Una jueza de instrucción me dijo que ella ya habla con la fiscal y la procuradora para dejar claro que el caso no va a ningún sitio. La Fiscalía está obligada a acusar en violencia de género, porque si no, tiene que dar muchas explicaciones. Pero acuerdan archivarlo. Lo arreglan en el despacho, con la denuncia. Lo ven venir, porque son casos evidentes.

¿Por qué crees que las denuncias falsas se han convertido en un tabú?
Porque el feminismo se parece al nacionalismo en una cosa. Se considera que la mujer es un pueblo separado del resto. Y si criticas lo que hace la mala mujer, estás llamando a las mujeres malas.
Yo echo de menos un debate en el que una feminista me explique por qué no se lanzan al cuello de aquellas que están cometiendo un fraude sobre un tema tan sensible como este. Las mujeres tendrían que haber escrito este libro.

Porque mientras esto pasa, para las mujeres realmente víctimas no hay recursos. No hay ayudas. El dinero no está llegando a estas mujeres, está destinándose a personas que cobran para que la sociedad reciba sólo información falsa.

«Yo tengo muchísimos casos de hombres que se suicidan por estas denuncias. Y no hay ningún esfuerzo institucional para averiguar qué pasa con esto», explica el autor.

¿Muchas veces, estos casos llegan a juicio para “quitarse el marrón»?
Efectivamente. Los policías lo dicen, y los instructores de violencia lo dicen. Pasan “la pelota” para arriba.
La frase es “yo me cubro las espaldas”, que es lo que te dicen los policías. Tienen pavor de que no mandar a un hombre al calabozo, o no recoger la denuncia, acabe en una mujer muerta en su conciencia.

Esto para un hombre es devastador. Y yo pido que se haga un estudio sobre el riesgo de suicidio, y el hombre víctima de denuncias falsas por violencia de género.
Yo tengo muchísimos casos de hombres que se suicidan por estas denuncias. Y no hay ningún esfuerzo institucional para averiguar qué pasa con esto.

La Fiscalía no persigue las denuncias falsas. Y los hombres tampoco hablan
No. No lo hacen. Porque también hay una cosa «enfermiza» entre los hombres denunciados, víctima de la «bala de plata», que siguen protegiendo a la madre de sus hijos, a la mujer que les ha arruinado la vida. Es un instinto de protección que he visto en muchos casos.

¿Hay impunidad de la denuncia falsa?
Casi del 100%. Hay un montón de sentencias de absolución. Y hay otras, en las que la Fiscalía, a pesar de todo, no persigue. No lo hace jamás.
Es un hecho que la Fiscalía no persigue las denuncias falsas de violencia de género.
«A los hombres les aconsejaría que lo grabaran todo. Muchos se salvan porque había audio. Que reduzcan al máximo el contacto. Que no mantengan relaciones sexuales, porque de ahí vienen gran parte de las denuncias por agresión sexual».

¿Y cuál sería la solución?
Yo la ley no la derogaría, porque prefiero que se reforme. Porque hay cosas que sí se tienen que eliminar, como el hecho de que ser hombre sea un agravante en un delito.
Pero yo creo que también es importante dejar de percibir la violencia mortal contra la mujer como un iceberg. El «vete a tomar por culo» no es un asesinato. No tiene nada que ver. «Tratarse mal», por una bronca, por una discusión, no es un «maltrato».
E intentar que haya muy pocos juicios de divorcio.

¿Qué consejos le darías a un hombre en un proceso de divorcio?
A los hombres les aconsejaría que lo grabaran todo. Muchos se salvan porque había audio. Que reduzcan al máximo el contacto. Que no mantengan relaciones sexuales, porque de ahí vienen gran parte de las denuncias por agresión sexual.

Los consejos que se pueden dar a una maltratada, se parecen mucho a los que se pueden dar a un hombre con una denuncia falsa. Pero el consejo más terrorífico es para el que está metido ya en el proceso: el instinto te pide pelear por la custodia, por ver a tus hijos.

Pero el consejo es que el hombre renuncie a cualquier proceso judicial. Y que espere a que los menores se hagan preguntas.
Aunque a veces se deje a los niños en manos de una maltratadora.

¿Te ha cambiado la perspectiva con este libro?
Cuando empecé, pensaba que el fondo del problema era una buena intención. intención de proteger. He descubierto que no. Que hay una red clientelar muy grande, y que hay un fanatismo muy insensible.

Y lo he descubierto después de escribir el libro, cuando las feministas no reaccionan cuando les dices que las víctimas de las denuncias falsas también son las verdaderas víctimas, a las que absorben los recursos. Pero eso tampoco existe. 

Tras el Divorcio: Ayudas de la Seguridad Social 2026

La Seguridad Social esconde ayudas que casi nadie conoce: algunas podrían darte un vuelco económico.
Pedro Antolinos, Periodista, 28/01/2026 
La Seguridad Social ofrece un gran número de ayudas que puede que desconozcas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó hace unos meses la ‘Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias 2025’, a la que se pueden acoger los ciudadanos que cumplan con los requisitos. 

Estas bases han sido actualizadas al mes de abril de 2025 y, desde el 1 de enero, algunas de estas prestaciones han incrementado sus cuantías. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ayudas ‘desconocidas’ de la Seguridad Social.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue a la deriva camino al día de su juicio final, desde los diferentes ministerios del ejecutivo siguen aprobando ayudas para que los beneficiarios no se olviden de ellas en las próximas elecciones. 

En la ‘Guía de Ayudas Sociales y Servicios para las Familias 2025’, actualizada hace unos meses, se pueden encontrar prestaciones ocultas a nivel familiar, en materia de empleo, vivienda o hasta en cultura y deporte.

Las ayudas ‘ocultas’ de la Seguridad Social
Complemento para la reducción de brecha de género
Esta ayuda de la Seguridad Social poco a poco va siendo más conocida desde que los padres también pueden acceder cumpliendo con unos requisitos. Esta es la histórica prestación para la maternidad de la que ahora también se pueden aprovechar los progenitores que durante su trayectoria profesional hayan cotizado de menos por estar al cuidado de los hijos.

«Las mujeres que hayan tenido 1 o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, reconocidas a partir del 4 de febrero de 2021, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres», dice la Seguridad Social sobre una ayuda que ahora también va directa a los hombres.
Las cuantías serán de 35,90 € al mes por hijo hasta los 143,60 €, que se establecen como máximo mensual en caso de tener 4 hijos.

Ayudas en caso de impago de pensiones de alimentos en situaciones de separación o divorcio
Las separaciones o divorcios son tendencia en España y el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos se encarga de los menores que puedan ser víctimas del impago de una de las partes en la pensión de alimentos. «Los poderes públicos deben dar cobertura y solución a estas situaciones de desatención de los hijos e hijas menores, proporcionando una garantía para la protección económica de las familias que se encuentren en estas circunstancias», informan desde la Seguridad Social.

«Es la prestación económica que el Fondo reconoce al titular de los alimentos impagados, adelantándole la pensión alimenticia adeudada (en todo o en parte) por el obligado al pago», dice a la vez que informa que la cuantía del anticipo por beneficiario es de 100 € mensuales, que percibirá la madre, padre o persona que tenga la guardia y custodia de la persona beneficiaria.

Ayudas al alquiler de la vivienda habitual
España tiene un problema en vivienda que el Gobierno de Sánchez no está sabiendo atajar y, por ello, ofrecen unas ayudas para el alquiler cuyos beneficiarios serán los inquilinos o personas arrendatarias cuando el tipo de la vivienda sea habitual y permanente.

El requisito principal para acceder a esta ayuda será el límite de ingresos de la unidad de convivencia, que no podrá superar 3 veces el IPREM. La cuantía de la ayuda será de hasta el 50% de la renta del alquiler, con un límite de 600 € al mes y 900 € sólo en casos más graves. Esta ayuda de la Seguridad Social se podrá alargar durante 5 años.

Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural
España tiene un problema con la baja tasa de natalidad y por ello desde hace años se fomenta el nacimiento o adopción con ayudas. En esta guía se puede encontrar una que va directa a las mujeres que tengan riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. Las personas que estén en esta situación cobrarán el 100% de la base reguladora hasta la suspensión.

«Es la situación que se produce cuando la trabajadora está expuesta en el desarrollo de su trabajo a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de ella misma, del feto o para el lactante, y así lo certifiquen los servicios médicos del INSS o de las Mutuas», informa la Seguridad Social, que también deja claro que: «El empresario debe adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo de la trabajadora afectada o pasar a desempeñar un puesto de trabajo diferente compatible con su estado. Si ello no es posible, se procederá a la suspensión del contrato de trabajo».

Subsidio para personas víctimas de violencia de género o sexual
El SEPE ofrece varios subsidios para las personas que estén en situación de desempleo y uno hace mención a las víctimas de violencia de género o sexual. «Si eres persona víctima de violencia de género, sexual o la ejercida por padres o hijos, puedes acceder al subsidio por desempleo si cumples los requisitos exigidos», informan, siendo uno indispensable estar en situación de desempleo y haber agotado la prestación. Las cuantías serán las siguientes:

Primeros 180 días: 570 € al mes.
Día 181 al 360: 540 € al mes.
A partir del día 361: 480 € al mes.

Ayuda por lesiones temporales tras un accidente de tráfico
Las personas que son víctimas de un accidente de tráfico también pueden acceder a unas prestaciones de la Seguridad Social, que van destinadas a cubrir el periodo de tiempo en el que no pueden cumplir con su trabajo. Estas cuantías pueden ir desde 39 € al día para las personas que necesiten de una rehabilitación hasta los 130 € al día para las personas que estén en la UCI y hayan perdido la autonomía. 

Si hay operación quirúrgica, se recibirá entre 500 € y 2.000 en función de la complejidad de la operación. A esto hay que sumar las cantidades percibidas por la baja laboral y la posterior incapacidad permanente.

Igualdad cambiará las pulseras antimaltrato por tobilleras

..... porque “son menos manipulables”.
El Gobierno licita un nuevo contrato por 71 millones tras los fallos en los dispositivos. El pliego obliga a cambiar los aparatos defectuosos en 24 horas
Mª Sosa Troya, Madrid - 27 Enero 2026 
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza un nuevo contrato, por 71 millones de €, para gestionar las llamadas pulseras antimaltrato, los dispositivos que víctimas de violencia machista —tanto de género como sexual— y sus agresores llevan cuando se dicta una orden de alejamiento. El actual contrato expira el próximo 6 de mayo y la decisión se toma después de que hace unos meses trascendieran fallos en estos aparatos. A partir de ahora, la mayoría de los dispositivos serán tobilleras, en vez de brazaletes. 

En palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, esta decisión se toma porque son “más fiables, menos manipulables”, según han indicado los técnicos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Redondo ha apuntado que el nuevo contrato va a permitir cambiar en un máximo de 24 horas “los dispositivos que tengan manipulación o cualquier tipo de disfunción”, y se exigirá la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de 3 meses una vez retirados. Además, está prevista la implantación de mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, y se ha mejorado la resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal.

Por otro lado, tanto la tobillera como el teléfono móvil que completa el sistema del inculpado tendrá una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída, además de que contarán con pantallas de cristal reforzado. 

La ministra ha explicado que también se ha añadido un cambio que pedían las víctimas con las que han contactado: “Una mejora en las baterías, de más larga duración, [que] permitirán mayor autonomía de las víctimas”.

El pasado septiembre trascendieron fallos en el sistema Cometa, que se encarga del seguimiento de estos dispositivos telemáticos. Como ha recordado la ministra, en noviembre de 2023 el servicio cambió de adjudicataria y gestora: de Telefónica (que lo había gestionado desde su creación, en 2009) a una unión temporal de empresas (UTE) entre Vodafone y Securitas. Y en esa transición hubo un fallo en el volcado de datos de un proveedor a otro.

Según Redondo, la plataforma gestiona “30 millones de geolocalizaciones” cada día. En el momento de la migración, hubo “disfunciones en cuanto a la itinerancia de datos” entre plataformas, que fueron “incorporadas a la Memoria de la Fiscalía [General del Estado] de 2024, que hacía referencia a que se había producido un número importante de sobreseimientos y órdenes de absolución de algunos maltratadores en España”. 

El pasado septiembre, el Observatorio contra la Violencia de Género y de Género del Consejo General del Poder Judicial aseguró que a principios de año ya había alertado al Gobierno de problemas con las pulseras antimaltrato. Redondo ha explicado este martes que en ese momento pidieron “a distintas instituciones, fundamentalmente el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía”, que reportaran esas sentencias absolutorias o de sobreseimiento. 

“A fecha de hoy, seguimos esperando”, ha afirmado Redondo.

En España, unos 4.500 hombres llevan actualmente estas pulseras, que se activan por orden judicial y que se instalan en la muñeca o en el tobillo. Y desde 2009, cuando comenzaron a usarse, 22.063 mujeres las han utilizado en algún momento. 

A las víctimas se les proporciona un teléfono inteligente que emite una alerta si el hombre se aproxima, porque las pulseras permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas. 

Pese a las incidencias detectadas el año pasado, no hay constancia de que ninguna mujer haya sido asesinada mientras portaba alguno de estos dispositivos.

La ministra ha explicado este martes que, tras conocer los fallos, se pusieron en contacto con las víctimas y con trabajadoras del servicio Cometa, y pusieron en marcha 2 investigaciones, una interna y otra a través de una auditoría externa, que les hicieron conscientes de que había que “mejorar el contrato”. 

Ahora, asegura Redondo, “el servicio va a ser mucho más eficaz y eficiente”. “Es evidente que la tecnología puede fallar, pero lo que no puede fallar es la respuesta de un Gobierno responsable”, ha dicho.

El nuevo contrato tiene una duración inicial de 36 meses y cuenta con un presupuesto de 71,37 millones de €, que podrían elevarse hasta los 111,1 si se dieran las 2 prórrogas anuales que son posibles. 

El contrato vigente hasta ahora tenía un importe menor: “salió a licitación por 50,1 millones”, según ha explicado Redondo, y por “30 meses de duración”.

Según el ministerio, el nuevo pliego incorpora mejoras “en los dispositivos, en el suministro, el mantenimiento y en su almacenamiento”. Se incrementa el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato, hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo de estos aparatos disponibles para su instalación en cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas. 

También se permitirá comprar por separado los elementos de los que consta el kit (teléfonos móviles, tobillera, cargadores, etc.) para “adecuar el volumen de compra a la realidad de pérdidas, manipulaciones y rotura de cada uno de estos elementos según se vayan produciendo”.

Por otro lado, se añadirá un sistema que generará una alerta adicional a las ya activas de proximidad y que estará basada en la detección directa entre el dispositivo del agresor y la víctima vía bluetooth, que funcionará también como una alerta de proximidad. Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual, según detalla el ministerio, “se tendrá al investigado, inculpado o condenado localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio”. Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos a la Sala Cometa.

Allí hay 151 trabajadoras, pese a que el contrato actual se inició con 70, según ha afirmado Redondo, que ha asegurado que se subrogan todas las empleadas (fundamentalmente son mujeres): a partir de ahora, se exigirá un mínimo de 151 personas en sala. También se creará la figura del responsable coordinador del servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, que controlará el stock de cada elemento del kit. Y se pasará de 1 a 2 responsables coordinadores de la sala Cometa. Habrá 1 coordinador jurídico, 2 asesores jurídicos y 2 especialistas en psicología para las llamadas de víctimas que requieran atención especializada. Porque por 1ª vez el contrato incluye un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con Cometa.

El ministerio detalla que se reducirán los tiempos para la notificación y resolución de incidencias técnicas graves. También se clarifican los mecanismos para que el incumplimiento de estos acuerdos a nivel de servicio dé lugar a las penalidades establecidas en el pliego. Y se establece que 3 meses antes de la finalización del contrato, la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de los usuarios, su monitorización y la gestión de los dispositivos electrónicos y el intercambio de información y responsabilidades durante el periodo de transición. 

Un plan que deberá validar la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que podrá solicitar cambios si lo considera necesario.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. 

También se puede contactar a través del e-mail 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). 

Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Feminismo: El impago de la pensión de alimentos a menores

.... cuando el dinero se convierte en un arma de control.
Detrás de cada mensualidad impagada hay tensión, preocupación y una carga emocional que ningún progenitor debería soportar
Mª Marín Puche, Madrid, 26 Enero 2026 
El impago de la pensión de alimentos no debe reducirse a una cuestión privada: se trata del incumplimiento económico más frecuente y dañino tras una ruptura y/o divorcio. Muchas personas lo sufren en silencio reduciéndolo conceptualmente a simples retrasos o argumentando que no merece la pena denunciar. Pero la realidad jurídica y humana es muy distinta: detrás de cada mensualidad impagada hay tensión, preocupación y una carga emocional que ningún progenitor debería soportar.

No podemos olvidar que el impago de la pensión de alimentos es una conducta tipificada como delito en el art. 227 del C.Penal. Así lo ha reiterado el Tribunal Supremo en su sentencia nº 41/2024: quien deja de pagar pudiendo hacerlo incurre en abandono de familia y se enfrenta a severas consecuencias penales y civiles.

Por tanto, nos encontramos ante una vulneración grave del derecho de los hijos y del progenitor custodio a recibir la asistencia económica fijada judicialmente. El bien jurídico protegido no es solo la autoridad de la resolución judicial, sino la garantía de que los miembros más vulnerables de la unidad familiar no queden desamparados.

Delito de abandono: ¿Qué requisitos deben cumplirse? Este delito se configura como una omisión dolosa: basta con no pagar durante 2 meses consecutivos o 4 alternos, existiendo capacidad económica y conocimiento de la obligación.
Además, este tipo de deuda se considera “líquida, vencida y exigible”, de modo que se cumplen automáticamente los 3 requisitos que se exigen para poder reclamar su abono: líquida, porque la cantidad está fijada judicialmente y no admite interpretaciones; vencida, porque cada mensualidad tiene un plazo concreto en el que debe abonarse y éste ya ha transcurrido; y exigible, porque existe una resolución judicial firme que la respalda, sin posibilidad de compensación unilateral.

¿Qué hacer si mi ex pareja deja de pagar? 

El 1º paso siempre es recopilar pruebas: extractos bancarios, la sentencia donde consta la obligación de abonar alimentos, o incluso conversaciones en las que el progenitor reconoce que no va a pagar.
También pueden presentarse indicios de su situación económica real, como vida laboral, nóminas, declaraciones de IRPF o señales públicas de gastos que contradicen la supuesta falta de recursos.

Basta con acreditar que el impago existe y conviene recordar que esta obligación subsiste incluso en los casos en los que el progenitor ha perdido la custodia o incluso la potestad parental. La pensión de alimentos no depende de la relación personal con los menores ni del régimen de custodia o guarda: es una obligación legal autónoma que se mantiene aunque no exista convivencia ni contacto.

Por ello, ningún argumento basado en el distanciamiento personal o en el conflicto entre progenitores puede justificar la ausencia de pago.
La jurisprudencia reciente, especialmente la STS 41/2024, introduce además una perspectiva fundamental, al considerar que el impago reiterado puede constituir una forma de violencia económica: una forma de control y presión que genera un daño emocional profundo e indemnizable.
La ansiedad permanente, la angustia ante los gastos básicos, las renuncias constantes, la sensación de desprotección y la carga psicológica prolongada no son efectos colaterales, sino un daño real y reparable.

El Supremo reconoce que este daño moral puede ser indemnizado si se acredita, lo que supone un avance significativo para quienes han soportado durante años un castigo silencioso en forma de impago.
Es más, el fenómeno del impago de alimentos tiene además una dimensión estructural que no puede ignorarse. En España, en 3 de cada 10 divorcios se incumple el pago de la pensión alimenticia y la guarda exclusiva a favor de la mujer es concedida en el 46,60 % de los casos (siendo el 49,70 % la guarda compartida).

Esto convierte el impago en un problema con un claro sesgo de género que contribuye a la feminización de la pobreza, incrementa la carga económica de las madres que ya sostienen solas la crianza y perpetúa desigualdades económicas que se intensifican tras la ruptura.

La evolución jurisprudencial de los últimos años responde precisamente a esta realidad social, que durante décadas se invisibilizó bajo la idea de que estos conflictos pertenecían al ámbito privado. 

Hoy sabemos que el impago no es solo una irresponsabilidad económica, sino un mecanismo que reproduce desigualdad y que puede encajar en formas reconocidas de violencia contra la mujer y contra la infancia.

Actuar es imprescindible porque cada día que pasa sin reclamar refuerza la impunidad y prolonga el sufrimiento. Reclamar significa recuperar lo que te corresponde, obtener una indemnización por el daño causado y enviar un mensaje claro: nadie puede usar la pensión alimenticia como herramienta de venganza y control. La justicia no solo protege números, protege personas. Y en ese punto, la respuesta jurídica debe ser firme: el silencio cuesta caro, pero la ley habla claro.