sábado, 12 de junio de 2021

Ley 8/2021: Atribución de la vivienda familiar tras el divorcio

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Once. El art. 96 se redacta del siguiente modo
«1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de las circunstancias concurrentes. 
A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar, se equiparan a los hijos menores que se hallen en similar situación. 
Extinguido el uso previsto en el párrafo 1º, las necesidades de vivienda de los que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el Título VI de este Libro, relativo a los alimentos entre parientes. Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente. 
2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. 
3. Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados cuyo uso haya sido atribuido conforme a los párrafos anteriores, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial. Esta restricción en la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar se hará constar en el Registro de la Propiedad. La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe.»

Ley 8/2021:apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Diez. Se da nueva redacción al art. 94, que queda redactado así: 
«La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o emancipados que precisen apoyo para tomar la decisión, el progenitor que no los tenga en su compañía podrá solicitar, en el mismo procedimiento de nulidad, separación o divorcio, que se establezca el modo en que se ejercitará el derecho previsto en el párrafo anterior. 
La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en los párrafos anteriores, previa audiencia del hijo y del Ministerio Fiscal. Así mismo, la autoridad judicial podrá limitar o suspender los derechos previstos en los párrafos anteriores si se dieran circunstancias relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. 
No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. 
Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial. 
No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior. 
Igualmente, la autoridad judicial podrá reconocer el derecho de comunicación y visita previsto en el apartado 2º del art.160, previa audiencia de los progenitores y de quien lo hubiera solicitado por su condición de hermano, abuelo, pariente o allegado del menor o del mayor con discapacidad que precise apoyo para tomar la decisión, que deberán prestar su consentimiento. La autoridad judicial resolverá teniendo siempre presente el interés del menor o la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad.»


Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Proyectos de Ley ,19 de junio de 2020
Artículo 1: Objeto. 
1. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. 
2. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital. 
En todo caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, las agresiones y los abusos sexuales, la corrupción, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio infantil, la pornografía no consentida o no solicitada, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.
Artículo 27. Situación de ruptura familiar. Las Administraciones Públicas deberán prestar especial atención a la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos de ruptura familiar, adoptando, en el ámbito de sus competencias, medidas especialmente dirigidas a las familias en esta situación con hijos y/o hijas menores de edad, a fin de garantizar que la ruptura de los progenitores no implique consecuencias perjudiciales para los mismos. 
Entre otras, se adoptarán las siguientes medidas: 
a) Impulso de los servicios de apoyo a las familias, los puntos de encuentro familiar y otros recursos o servicios especializados de titularidad pública que permitan una adecuada atención y protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia. 
b) Acompañamiento profesional especializado a los progenitores, o en su caso, a las personas tutoras o guardadoras o acogedoras, durante el proceso de ruptura y en el ejercicio de sus responsabilidades parentales.
Disposición final IIª. Modificación del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889. Se modifica el art. 154 del C.Civil, aprobado por R.Decreto de 24 de julio de 1889, que queda redactado como sigue: 
«Art. 154. Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta función comprende los siguientes deberes y facultades: 
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 
2.º Representarlos y administrar sus bienes. 
3.º Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorización judicial. 
Si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad.»

El PSOE propone un teléfono gratuito de ayuda a prevenir el suicidio

Otras Informaciones:  www.labarandilla.org
La formación socialista registra una PNL en la que instan a Gobierno y comunidades autónomas a impulsar nuevas acciones para reducir la conducta suicida, la 1ª causa de muerte no natural en España.
REDACCIÓN CONSALUD,11.06.2021 
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este viernes una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con medidas enfocadas a reforzar la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, para que sea debatida en la Comisión de Sanidad y Consumo.
El texto presentado recoge 3 propuestas concretas. 
En la 1ª, plantean al Ministerio de Sanidad que valore con las comunidades autónomas “la posibilidad de poner en marcha un servicio gratuito de atención telefónica” para atender situaciones de “crisis, ansiedad, depresión” y otros problemas de salud mental.
Los socialistas proponen que este teléfono se conforme de forma “coordinada e integrada” y que sea atendido por profesionales de salud mental. Junto a la atención de situaciones de especial vulnerabilidad, plantean que sirva para reforzar “el abordaje de la prevención de la conducta suicida”. 
Para ello, quieren contar con la colaboración de los colegios profesionales y las entidades sociales vinculadas a la salud mental.
La 2ª de las acciones que presenta el PSOE es que junto a las autonomías y “en el marco de la Estrategia de Salud Mental” se puedan desarrollar “medidas de sensibilización, información y concienciación que visibilicen el problema del suicidio como un problema de salud pública”. 
Con ello, se pretende también que se reduzca el estigma social asociado y se favorezca la prevención de este tipo de conductas.
Finalmente, en la PNL se insta a “impulsar el uso del Manuel de apoyo a los Profesionales de al Información: ‘Recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación’. 
Se trata de un documento elaborado por el Ministerio de Sanidad con la participación de organizaciones de periodistas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos y Asociaciones de Salud mental. 
Para ello, se siguieron las recomendaciones de la OMS “con el fin de lograr una información responsable”.
1ª CAUSA DE MUERTE NO NATURAL
Durante la presentación de la iniciativa, Ana Prieto, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, ha remarcado que el suicidio es la 1ª causa de muerte no natural en España desde el año 2008, por encima de los accidentes de tráfico.
La diputada socialista ha insistido en la necesidad de que esta problemática se aborde de forma decisiva en el seno del Gobierno y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
Asimismo, ha hecho hincapié en los problemas de salud mental generados tras la crisis sanitaria, social y económica de la pandemia de Covid-19.

El Supremo reconoce a una pareja de hecho no registrada tras 30 años juntos

CONSULTE LA SENTENCIA AQUÍ
REDACCIÓN, 10/06/2021
Hay otros medios de pruebas más allá de la inscripción registral o la constitución ante notario, como los hijos en común o el libro de familia.
Tras 5 años de batalla judicial, el Tribunal Supremo ha dado la razón a una mujer que solicitaba tener derecho a una pensión de viudedad por haber sido pareja de hecho de un guardia civil durante 30 años. 
La justicia le había negado el acceso a la ayuda por no inscribir la unión en el registro civil, ni constituirla ante notario, tal como exige la ley.
Ahora, el Alto Tribunal entiende que existen otras vías para probar la convivencia estable, a pesar de no estar registrada en documentos oficiales. Como una casa adquirida a medias, 3 hijos en común, el libro de familia o las declaraciones del IRPF de años anteriores.
El despacho gallego Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS Abogados) ha sido el encargado de llevar el caso desde A Coruña hasta Madrid. A pesar de la jurisprudencia en contra y de la inflexibilidad de la norma, decidieron llegar al final y presentar todo tipo de pruebas para acreditar la efectiva convivencia. El plan funcionó y desde el bufete califican el fallo de "vuelco histórico en la jurisprudencia en relación con las pruebas necesarias para acreditar la existencia de la pareja de hecho".
Una nueva vía
Hasta el momento, para acreditar la existencia de una pareja de hecho a efectos legales (por ejemplo, para que el viudo reclame ser parte de la herencia) no se admitían medios probatorios distinto de la inscripción en el registro correspondiente.
El fallo del Supremo abre la puerta a una interpretación más flexible. Desde CSS Abogados declaran “estar muy satisfechos con lo que hemos logrado porque significa que la Justicia ha optado por flexibilizar su criterio anterior, evitar una interpretación literal de la norma y ver las múltiples formas de constituir una relación entre dos personas”.
La Sala estipula que con las pruebas aportadas hay “una acreditación palpable de que ha existido una convivencia entre la recurrente y el causante durante 30 años, por lo que nos encontramos ante ese concepto de pareja de hecho” y que “la prueba de la existencia de una pareja de hecho no solo puede acreditarse mediante (…) la inscripción en un registro especifico autonómico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento público (…), sino también mediante el certificado de empadronamiento o cualquier otro medio de prueba válido en Derecho que demuestre la convivencia de manera inequívoca”.
Para los letrados, el caso puede ser un precedente para que, a partir de ahora, los "ciudadanos con situaciones similares se sientan con legitimación y/o capacidad para presentar otro medio de prueba válida en Derecho", más allá de "las estrictamente contempladas por ley".

  

Juana Rivas ingresa en el centro de inserción de Granada

Otras Noticias: 
El Ministerio de Justicia comienza a tramitar la petición de indulto de Juana Rivas.
Otros Mass Media: Público,
....... para cumplir su condena de 2 años y medio de prisión.
LA VOZ,
11 jun 2021
Rivas, que también ha solicitado el indulto al Gobierno, está condenada en firme por haber permanecido en el verano del 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus 2 hijos para no entregarlos al padre.
Juana Rivas ha ingresado en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir la condena firme a 2 años y medio de prisión por no haber entregado a sus hijos al padre en el verano de 2017.
«Jamás en mi vida hubiera pensado que nos pasaría algo así. Creo que principalmente esta condena es para mis hijos», ha señalado esta madre de Maracena en estos momentos tan «difíciles». Rivas ha llegado en taxi en torno a las 10.48 horas a este Centro de Inserción Social acompañada de sus abogados con gesto serio y visiblemente afectada portando algunos bolsos con pertenencias, informa Europa Press.
El letrado ya avanzó que esta vecina de Maracena (Granada) no iba a «eludir» el ingreso en la cárcel decretado por el Juzgado de lo Penal nº1, aunque volvió acusar a este órgano de no «atender ninguno de los argumentos» que le ha trasladado como parte, entre otros los recursos de reforma y apelación que ha presentado contra su encarcelamiento, recoge Efe.
Rivas, que también ha solicitado el indulto al Gobierno, está condenada en firme por haber permanecido en el verano del 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus 2 hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, quien en el 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en el 2016. Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos y después de que su expareja denunciase la desaparición, la acusada entregó a los 2 niños un mes después en Granada.
La A. P. de Granada y el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada apreciaron que la acusada había cometido 2 delitos de sustracción de menores, uno por cada niño, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a su entrega al padre que ostentaba la custodia de los mismos por disposición judicial
El Tribunal Supremo consideró finalmente que, aunque el art. 225 bis del Código Penal siempre se refiere al «menor», en singular, el título donde se ubica la norma, alude a las relaciones familiares, de ahí que finalmente la condenara por 1 solo delito a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, además de la pérdida de la patria potestad.

Tenerife: caso de parricidio de las 2 niñas Olivia y Anna, visto desde otro prisma.

Bruno Perera,11 junio 2021
Sin ánimos de justificar la acción de parricidio cometida por Tomás Gimeno padre de las 2 niñas canarias Olivia y Anna desaparecidas con el mismo el 27 de abril de este año; quiero dar mi opinión sobre los hechos que pudieron haber dado lugar a la tragedia en la cual según reportan las últimas noticias, Olivia fue ayer 10/06/2021 encontrada por el barco oceanográfico español Ángeles Alvariño, muerta dentro de una bolsa lastrada con un ancla a unas 3m/n =5.556m “este” de Güímar Tenerife, y a unos 1.000m de profundidad. 
También en cercanía de dicho lugar se halló una botella de buceo de aire comprimido y otra bolsa vacía, más un cinturón de plomos que se cree que quizás el padre de las niñas usó como lastre propio para suicidarse y hundirse después de haber acabado con las vidas de ambas crías.
Ver enlace del suceso de forma más explícita: elpais.com
Si han leído la noticia que he expuesto en el enlace, permítanme que a seguir basándome en la información publicada dé mi opinión clara y sincera sobre lo que pudo haber causado este desagradable final.
1.- Antes de este drástico acontecimiento, Tomás Gimeno y Beatriz Zimmerman estaban divorciados y tenían la custodia compartida de las 2 niñas.
2.- Después del divorcio, o antes, lo ignoro, Beatriz conoció a una persona unos 20 años mayor que ella y se puso a vivir con él.
3.- La expareja Tomás y Beatriz tenían problemas con la custodia compartida, cual daba lugar a varias confrontaciones entre ellos.
4.- Tomás siendo hombre joven y deportista se sentía humillado porque pensaba que un hombre 20 años mayor que él le había robado a su esposa y de alguna forma a sus dos hijas.
5.- Durante el conflicto de la custodia Beatriz informó, o Tomás se enteró que ella se cambiaba de domicilio con su nuevo novio a un país fuera de España y que se llevaba a las 2 niñas con ella.
6.- Tomás no pudo aceptar que la madre de las niñas decidiera irse a otro país con ellas dejándolo sin poder ver a sus hijas en custodia compartida.
7.- Los problemas psicológicos que ya tenía Tomás por el divorcio y por ver a su exmujer con un hombre mayor que él, más el saber que su exesposa se llevaría a sus 2 hijas lejos a donde él no tendría posibilidad de compartir la custodia de las 2 niñas que él tanto amaba, desencadenó en su cerebro una especie de esquizofrenia evolutiva que dio lugar a que llegara a concluir que, si a él su exmujer le negaba el placer de compartir su amor con sus 2 hijas, tampoco ella debía poseer el derecho de gozar de ellas. 
Y de ahí que Tomás con su mente enferma y atrofiada por la tragedia optara por acabar con la vida de las 2 menores pensando que si a él su exmujer le quitaba el derecho sobre sus hijas, él con la acción que tomó de drogar, envenenar o asfixiar a sus 2 hijas y luego mandarlas al fondo del mar, le daba a entender a su exmujer que si él no tenía derechos sobre sus 2 hijas ella tampoco los tendría.
Esto que hasta aquí he explicado de forma corta no justifica la acción parricida que cometió Tomás, pero no hay que olvidar que esta persona no es un monstruo como algunas feministas, políticos y la mayoría de los medios de comunicación lo presentan, porque la verdad es que Tomás fue un hombre que por diferentes causas llegó a desarrollar una esquizofrenia aguda que lo llevó a cometer semejante barbaridad.
Y en todo este conflicto, esa mayoría de medios de comunicación como si hubiesen sido todos cortados por la misma tijera han propagado al mundo entero un crimen que no ha sido el único porque iguales, solo en España, han ocurrido varios a cuales no se les dio tanto bombo y platillo como a este.
Esta clase de parricidios se podrían controlar y disminuir si se cambiara la Ley de custodia compartida que dijera que los hijos menores en situación de custodia compartida no pueden ser llevados a vivir a otra nación, sea por el padre o la madre, salvo mutuo acuerdo.
Y a seguir me dirán: Bruno Perera eres un monstruo machista igual que Tomás porque no ves más allá de tu machismo. 
Pues contesto: Quizás sea más monstruo quien me acusa si no se para a pensar que todo fue llevado a cabo por una persona que tenía su mente enferma, o, en otras palabras, sus cables cruzados, que no justifican su acción, pero que es la realidad de lo que ha acontecido.