jueves, 19 de noviembre de 2026

Conflicto en un Divorcio: Patria Potestad y Custodia

Redacción Law&Trends, 
18/11/2026,
Cuando una pareja con hijos se separa, una de las cuestiones que más dudas genera es quién tiene derecho a tomar las decisiones importantes sobre los menores. Es habitual pensar que el progenitor que convive con ellos puede decidir sobre su educación, salud o lugar de residencia, pero la legislación establece una distinción fundamental entre la patria potestad y la guarda y custodia. Confundir ambos conceptos puede provocar desacuerdos y problemas legales entre los progenitores. Así lo explica Carolina Torremocha, abogada especializada en Derecho de Familia, en su blog.

La 1ª diferencia es que la patria potestad comprende el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres respecto de sus hijos. No depende de que los progenitores estén casados, convivan o mantengan una relación sentimental. Tampoco desaparece automáticamente cuando se produce una separación o un divorcio. Su finalidad es garantizar la protección, educación y desarrollo integral de los menores, teniendo siempre en cuenta su interés superior.

El art. 154 del C. Civil recoge las principales responsabilidades que implica su ejercicio. Entre ellas figuran velar por los hijos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos legalmente y administrar sus bienes. También incluye la decisión sobre su lugar de residencia habitual. Como recuerda Carolina Torremocha, la patria potestad supone «una serie de derechos y obligaciones» que los progenitores mantienen por el hecho de ser padres o madres.

Por regla general, después de una ruptura, la patria potestad continúa siendo compartida. Esto significa que ambos progenitores deben participar en las decisiones relevantes que afectan a la vida de sus hijos, aunque estos vivan habitualmente con uno de ellos. Elegir el centro educativo, decidir sobre determinados tratamientos médicos, cambiar de domicilio o autorizar actividades importantes son cuestiones que, en principio, requieren el acuerdo de ambos.

La custodia, en cambio, se refiere a la convivencia y al cuidado cotidiano de los menores. Determina con quién viven y quién se ocupa de sus necesidades diarias, como la alimentación, los horarios, las actividades escolares, el tiempo de estudio o el ocio. La abogada destaca que «la custodia se refiere a con quién conviven los hijos», una diferencia esencial para comprender qué decisiones puede tomar cada progenitor.

Existen distintas modalidades de guarda y custodia. La monoparental o individual se atribuye a uno de los progenitores, mientras que el otro mantiene un régimen de visitas, estancias y comunicación. La compartida distribuye los periodos de convivencia entre ambos, de manera alterna y conforme a lo establecido judicialmente. También existe la custodia distributiva o partida, en la que los hijos pueden quedar bajo la custodia de progenitores distintos, una solución que requiere valorar especialmente las circunstancias familiares y el interés de cada menor.

Uno de los errores más frecuentes, según advierte Torremocha, es pensar que tener atribuida la custodia exclusiva permite decidir unilateralmente sobre todos los aspectos de la vida de los hijos. Sin embargo, si la patria potestad sigue siendo compartida, el progenitor custodio no puede adoptar por su cuenta cualquier decisión relevante. La convivencia diaria le permite organizar las cuestiones ordinarias, pero las decisiones importantes deben consensuarse.

¿Qué sucede cuando los padres no consiguen ponerse de acuerdo? El art. 156 del C.Civil establece un procedimiento para resolver los desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad. Cualquiera de los progenitores puede acudir al juez, que escuchará a ambos y también al menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, cuando sea mayor de 12 años. El órgano judicial atribuirá la facultad de decidir sobre esa cuestión concreta a 1 de los 2.

Si los conflictos son reiterados o dificultan gravemente el ejercicio de la patria potestad, el juez puede atribuir total o parcialmente su ejercicio a uno de los progenitores o distribuir las funciones entre ambos. Esta medida tendrá una duración determinada, que no podrá superar los 2 años.

La conclusión de Carolina Torremocha es que patria potestad y custodia son figuras distintas y deben analizarse por separado en cualquier procedimiento de separación o divorcio. Comprender sus diferencias evita atribuirse facultades que no corresponden y ayuda a resolver los desacuerdos sin perder de vista lo verdaderamente importante: el bienestar y la estabilidad de los hijos.

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La crisis de la vivienda y el divorcio

La crisis de vivienda también frena los divorcios:
por qué cada vez hay menos rupturas en España.
Divorcios grises y volver a casa de tus padres: el precio de la vivienda obliga a muchas parejas a posponer la ruptura.
Cadena SER, Madrid, 18/11/2026 
Los jueves hablamos de tendencias en Hora 25 de tendencias; desde los team buildings hasta la moda de pincharse testosterona entre algunos hombres o los retiros de desconexión. Esta semana nos adentramos en los divorcios, que en España iban aumentando cada año, pero desde 2025 –último año desde el que hay registros– se registraron un 11,7% menos que el año anterior y, aunque quizá pensemos que esto se deba a que nos queremos más, los expertos apuntan a que detrás de ello uno de los factores puede ser la crisis de vivienda.

Los elevados precios de los alquileres y la dificultad de adquirir una vivienda en propiedad, más si cabe siendo una sola persona, obligan a muchas parejas a seguir conviviendo a pesar de estar divorciadas. 
Asimismo, cabe destacar la diferencia entre divorciarse y separarse, ya que el divorcio es la disolución del matrimonio, mientras que la separación es el cese de la convivencia, pero a efectos legales sigue siendo vinculado a esa persona.

En 2025 hubo 80.000 divorcios, un 3% menos que el año pasado y 16.000 menos que hace una década, según el Instituto Nacional de Estadística. 
Y bajan también las demandas de ruptura, un 12% en 2025, indican los datos del Consejo General del Poder Judicial. Varias abogadas expertas en divorcio coinciden con el análisis que hemos planteado: la crisis de la vivienda explica esta caída.

Los matrimonios rotos tuvieron una duración media de 16 años. La edad de los cónyuges que se separan oscila entre los 40 y los 49. 
4 de cada 5 fueron divorcios con acuerdo y sigue al alza la custodia compartida, que se da en más de la mitad de los casos. Estos son los indicadores generales, pero hay una tendencia en auge, los denominados divorcios grises, por lo de las canas, son los de los mayores de 50 años.

"Nadie nos enseña a divorciarnos"
Víctor Renobell, doctor en Sociología y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, ha hecho una radiografía del momento social o económico en el que nos encontramos en relación con los divorcios. "Nadie nos enseña a divorciarnos y eso cuesta, requiere un trabajo", ha explicado el experto, que insiste en que la sociedad ha cambiado y lo que antes se entendía como el compromiso social de crear una familia, hoy en día se aboga más por el bienestar personal y las personas centran más su compromiso en la propia persona; ahí también surgen las dudas.

Volver a vivir con tus padres tras el divorcio
A lo largo de la sección han llamado diferentes oyentes, pero la historia de Heriberto, que ha llamado desde Madrid, puede estar más extendida entre las personas divorciadas. En su experiencia tras el divorcio con su mujer, una separación aparentemente "nada traumática", tuvo que mudarse a casa de su madre cuando su ya exmujer decidió acabar la relación de 20 años.

El precio de la vivienda en España, principalmente en Madrid, le impidió adquirir una casa a la que mudarse, por lo que se vio obligado a tener que volver con su madre con 46 años, pero esto "fue una situación complicada". A ello se sumó la carga emocional por "el hecho de estar separado de mis hijas", de solo verlas de vez en cuando, desembocando en diversas crisis emocionales con "pensamientos suicidas", pero la amistad fue su salvavidas y un amigo cercano lo empujó a empezar en tratamiento psicológico. Ahora va a terapia, está mejor y en ningún momento ha culpado a su exmujer, pero sí culpa al sistema por el "desamparo" al que se ha visto sometido "por las circunstancias de la vivienda".

El doctor Víctor Renobell ha aconsejado al oyente buscar apoyo en personas con su misma experiencia; algo, insiste, muy importante, "no desde la sociología", sino que el hecho de sentirse arropado "por gente que ha pasado por lo mismo es muy importante".

¿Cuánto cuesta divorciarse?
Óscar Martínez, que es abogado tesorero de la Asociación Española de Abogados de Familias, ha respondido a una pregunta que quizá más de uno se ha planteado antes de tomar esta decisión: ¿Cuánto cuesta divorciarse?

Es más caro, por tanto, un divorcio complicado en el que intenta alguna de las 2 partes, o ambas, reclamar a la otra. En estos casos, el conflicto se hace más grande y cada vez hay más elementos y ganancias. 
Asimismo, en los casos con una buena preparación y buen asesoramiento, el divorcio resulta más beneficioso; "incluso puede resultar más económico".

El código postal: ¿influye o no?
Relacionado con ello, Víctor Renobell nos ha explicado que, a pesar de que el código postal sea relevante, los barrios son el factor que indica las desigualdades. Pues, dependiendo de si tienen más o menos dificultades para seguir la vida con normalidad tras el matrimonio; siendo así la economía el factor clave en si ambos por separado pueden seguir avanzando.

Un estudio reciente, ha explicado el experto, afirmaba que en los matrimonios en que las mujeres tienen más ingresos que el hombre, es más propicio divorciarse. 
Así, cuando el peso recae sobre la mujer o tiene más importancia el nivel socioeconómico, incluso tiene más índices de divorcio; en definitiva, la variable socioeconómica es relevante.

Los divorcios grises
Las personas que más se divorcian están estadísticamente entre los 40 y los 50 años, lo que ahora conocemos como divorcios grises. El sociólogo lo atribuye también a que es una edad en la que los hijos ya suelen vivir fuera de casa o están más encaminados hacia la vida adulta.
Entonces, cuando entra la variable del valor del bienestar personal por encima del compromiso social, en ocasiones deriva en una ruptura debido a que ya no tienes ese "compromiso" con los hijos cuando son niños.

miércoles, 18 de noviembre de 2026

Padres divorciados: ¿cuándo una pensión de 600 euros es «abusiva» y el colegio un gasto extraordinario?

Pablo Javier Deheza, redactor E&J, 17/11/2026
La A. P. de Girona mantiene la pensión de 338 € y acepta el colegio como gasto extraordinario, aunque lo ve "insólito"
La niña tenía poco más de 1 año cuando sus padres se separaron. Más de 3 años después, ellos viven a unos 55 kms. de distancia y siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuánto debe pagar él y cómo repartirse el tiempo con ella. 

La A. P. de Girona ha rechazado la custodia compartida que pedía el padre y ha dejado 2 mensajes útiles para muchas familias: el colegio puede contar como gasto extraordinario y pedir 600 € de pensión puede acabar calificado de «abusivo».

Ninguno consigue lo principal de lo que pedía. El padre aspiraba a la custodia, exclusiva o, subsidiariamente, compartida por semanas alternas. La madre reclamaba una pensión de 600 € al mes. La Sala les da la razón solo en puntos concretos, y es en ellos donde la sentencia resulta más útil para otras familias.

La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), de la Sección 2.ª, con ponencia de Joaquín Fernández Font, resuelve los recursos de ambos progenitores contra la dictada por el Tribunal de Instancia de Olot, que había concedido la guarda a la madre. La Sala desestima las peticiones principales de los 2 y estima en parte cada recurso.

El razonamiento parte de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: ninguna norma da preferencia a la custodia compartida sobre la individual, y lo que decide es el interés del menor en el caso concreto. 
Aquí pesó que, tras la ruptura, quien llevó el día a día de la niña fue la madre, aunque el padre contribuyera económicamente.

Pesó también la geografía. La menor siempre ha vivido en la localidad del domicilio familiar, donde va al colegio, mientras que el padre reside a unos 55 kms, que son unos 20 más si se rodea por Girona. La Sala añade que cubrir ese trayecto en menos de una hora es difícil y que las dificultades prácticas para una niña tan pequeña son evidentes.

A ello se suma el clima entre los adultos. Según la sentencia, la relación entre los progenitores «no es muy buena», algo que difícilmente ayuda a resolver los problemas puntuales que exige la guarda compartida. Y ambos coinciden en que la situación actual funciona, de modo que no parece prudente cambiarla. La Audiencia recuerda, además, que el vínculo con el padre no depende solo del régimen de custodia, sino de contactos frecuentes, también por medios tecnológicos.

Traslados y viajes: lo que sí cambia.
El padre sí logra un cambio en la logística. Como se mudó a casa de sus padres tras la separación, por no tener otro domicilio, la Sala considera razonable repartir los traslados: él recogerá a la niña al empezar cada periodo de visitas y la madre irá a buscarla al terminar.

La Audiencia también deja sin efecto la exigencia de que ambos consientan, o de que haya autorización judicial, para sacar a la niña de España. Admite que el juez puede acordar medidas de oficio, pero no hay indicio alguno de riesgo de que no regrese, y los 2 viven y trabajan aquí.

La pensión de alimentos.
La pensión queda en 338 € mensuales. La madre reclamaba 600 y el padre pretendía bajarla a entre 296 y 328. La Sala califica la petición de la madre de «manifiestamente desproporcionada y abusiva» y la rebaja que pide el padre de «meramente simbólica».

La madre alegaba que las medidas provisionales ya habían fijado 400 € a cargo del padre, sin que nada justificase la rebaja posterior. La Sala responde que una pensión provisional no impide ajustarla tras examinar la prueba, como hizo el juzgado.

Los datos de la sentencia sitúan los ingresos netos del padre en unos 3.078 € al mes y los de la madre en unos 2.255. Pesa además que él cede el uso de la vivienda, de la que es copropietario, y que paga la mitad de las cuotas de la hipoteca, además de la mitad de los gastos escolares, de las actividades de natación e inglés y del seguro médico de la niña.

El colegio, gasto extraordinario.
El colegio, de 244 € al mes, se computa entre los gastos extraordinarios y se paga a medias. La Sala reconoce que es «insólito, por no decir completamente excepcional» que partes y jueces lo incluyan ahí, porque se trata de un gasto previsible y recurrente. Lo acepta porque la sentencia de instancia lo daba a entender y ninguna de las partes lo cuestionó con claridad. Avisa, eso sí, de que la fórmula puede ser fuente de conflictos cuando la niña crezca o cambie de centro.

Vivienda, costas y casación
Sobre la vivienda familiar, la madre obtiene que el uso, fijado como máximo de 4 años, pase a ser un mínimo de 4 años. La Sala recuerda que la menor y su madre residen allí desde finales de septiembre de 2023 y que el padre puede, si lo desea, vender su mitad o comprar la de ella.
Ningún recurso prospera del todo, por lo que no hay condena en costas. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de 20 días desde la notificación, si se acredita interés casacional.

Fracaso año tras año de la ley de violencia sobre la mujer.

Otros Medios: la razon,
Solo 44 mujeres asesinadas.

Que Jordi Wild dijera esa burrada y se quedara tan ancho significa que tenemos un problema generalizado de machismo en España.
Irene Cuevas, 16 noviembre 2026 
Es de cajón, hay frases donde no se puede poner el adverbio «solo». Cuando se habla de muertes, asesinatos, violaciones, ataques terroristas, accidentes... Es decir, cuando se habla de víctimas. Porque ninguna víctima es «solo» una víctima. A nadie se le ocurre decir que «solo» fueron asesinadas por ETA 853 personas o que «solo» murieron 233 personas en la Dana o «solo» 115 en los accidentes de Urda y Adamuz. A nadie se le ocurre decir esto, repito, porque es una salvajada. El lenguaje importa, el lenguaje construye estructuras cuando comunicamos algo.

De la misma manera que a nadie se le ocurre decir esto, una espera que a nadie se le ocurra decir lo que tan alegremente dijo el youtuber Jordi Wild (Jordi el salvaje) en su canal, cuando entrevistaba a Ada Colau. Que 44 mujeres asesinadas en lo que va de año en España no eran tantas en comparación con los 55 millones de personas que hay. Y que esos 44 casos no podían hablar de que tengamos un problema generalizado de asesinatos machistas.

Que Jordi Wild dijera esa burrada y se quedara tan ancho, sí significa que tenemos un problema generalizado de machismo en España. Cómo de arraigada tiene que estar la violencia machista como para que esto le parezca a alguien poco. No es un discurso aislado, hemos oído cientos de veces la minimización de la violencia machista en columnas, debates, libros, que no ocurre con ningún otro tipo de violencia en el mundo.

44 mujeres asesinadas en lo que va de año en España es casi una mujer asesinada a la semana. 44 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de sus ex parejas, porque para que contabilicen como violencia de género, los asesinos tuvieron que tener antes un vínculo afectivo con la víctima. Esto significa que hay 44 asesinos de mujeres que antes de matarlas durmieron con ellas, tuvieron hijos con ellas y se emocionaron con ellas. ¿A quién no le parece una burrada esto?

1.385 mujeres asesinadas desde que se contabilizan en el 2003. Fuera de esa cifra, además, están los feminicidios que no se contabilizan como violencia de género. Sin contar las más de 200.000 denuncias por violencia de género este año de mujeres que en algún momento han temido por su vida.

Entiendo que a Jordi todo le parecerá poco en comparación con los 15 millones de seguidores que tiene, pero me encantaría preguntarle qué cifra le parecería suficiente para dejar de decir burradas machistas en su canal. A Feijoó también le preguntaría qué cifra le parece suficiente para que deje de amenazar con eliminar el Ministerio de Igualdad.
Nota: La utilización politica de la violencia sobre la Mujer mediante las subvenciones millonarias.

martes, 17 de noviembre de 2026

Málaga: Fin de la Pensión de Alimentos a los 26 años.

Otras Noticias:

Su hijo terminó una FP y trabajó un año con un contrato de formación: la Audiencia permite al padre dejar de pagarle la pensión.
La Justicia avala que un padre deje de pagar la pensión a sus hijos de 31 y 33 años por ser independientes económicamente, aunque sigan viviendo con la madre y esta le reclame 22.000 € por atrasos.

La Justicia avala que un padre deje de pagar la pensión alimenticia a su hija de 26 años pese a que la madre afirmaba que carecía de independencia económica: había realizado trabajos esporádicos y no estudiaba desde Bachillerato.
La A. P. de Málaga revoca la cuota mensual de 200 € fijada en el divorcio al considerar que no se acreditó la necesidad de la joven; mantiene la compensación a la exesposa. 
El progenitor mantuvo en la apelación que la hija trabajaba desde 2022 como modelo de forma continuada.

Iago Rodríguez, 16.11.2026 
Una pensión de alimentos establecida para una hija mayor de edad ha quedado suprimida tras la apelación de su padre contra las medidas económicas del divorcio, de manera que el pago deja de exigirse desde la fecha de la sentencia de apelación, el 11 de febrero de 2026.
El juzgado había fijado al padre un importe de 200 € mensuales hasta julio de 2026 y el abono de la mitad de determinados gastos extraordinarios, mientras la madre sostenía que la joven solo había trabajado de forma ocasional y que sus ingresos no le permitían mantenerse por sí misma.

Los magistrados no dan por demostrada esa falta de independencia económica, pues la hija tenía 26 años, había realizado trabajos y no constaban estudios posteriores al Bachillerato, y tampoco se aportaron datos que permitieran verificar la duración y remuneración de los empleos que la madre describía como ocasionales.

La prueba que faltó en el procedimiento
La Sentencia número 151/2026 de la Sección VIª de la A. P. de Málaga señala que la madre reconoció la actividad laboral de la hija, pero no explicó ni acreditó sus características, y consideró insuficientes las facturas que presentó de una academia de preparación de oposiciones por 100 € mensuales desde 2022 para demostrar la necesidad de mantener la prestación.

La Sala censura que no se presentara la vida laboral de la joven ni documentación sobre lo que cobraba, pues quien pedía la pensión debía acreditar los requisitos para concederla y tenía mayor facilidad para obtener esos datos porque convivía con la hija, mientras que esta, según la resolución, no mantenía relación con el padre desde la ruptura.

El progenitor mantuvo en la apelación que la hija trabajaba desde 2022 como modelo de forma continuada y cuestionó que siguiera preparando oposiciones, pero la sentencia basa la extinción en la ausencia de prueba suficiente sobre la situación económica de la joven, sin dar por comprobados todos los extremos afirmados por el padre.

La Audiencia añade que, próxima a cumplir 27 años y sin otros estudios concretos acreditados después del Bachillerato, la hija tenía capacidad objetiva para trabajar conforme al art. 152.3 del C.Civil, que contempla la posibilidad de que quien recibe alimentos pueda "ejercer un trabajo, profesión o industria", y acuerda extinguir el pago desde el día de la propia resolución.

Qué otras medidas cambian tras la apelación
La apelación también afectaba al uso de la vivienda familiar y a la pensión compensatoria reconocida a la madre, a quien el juzgado había atribuido la casa junto con la hija por la dependencia económica que apreciaba en esta última, un fundamento que la Audiencia corrige porque la mayoría de edad de la joven impide justificar la atribución de la vivienda en esos términos.

El tribunal concede el uso de la casa a la exesposa durante un año desde la sentencia por ser el interés más necesitado de protección, dados sus menores ingresos y problemas de salud, aunque advierte de que el terreno pertenece al padre del exmarido y de que las controversias sobre la construcción y su propiedad deberán resolverse en los procedimientos correspondientes.

La pensión compensatoria de 200 € mensuales durante 3 años se mantiene porque la Sala aprecia un desequilibrio económico tras el divorcio, cuando la mujer percibe una pensión por incapacidad permanente absoluta de 849 € al mes y el hombre ingresa entre 2.200 y 2.300 €, aunque la resolución aclara que aún no era firme y que cabía recurso de casación.

sábado, 14 de noviembre de 2026

Custodia Compartida; El Gobierno crea el título de familia monoparental

El Gobierno
crea el título de familia monoparental y abre la puerta a un mejor acceso a ayudas, becas y otros beneficios.
Permite que sean tratadas como familias numerosas con 2 hijos a cargo y amplía quiénes pueden acceder a la categoría de familia numerosa especial, que baja en términos generales de 5 a 4 hijos.

Eva Belmonte, 12 noviembre 2026
El BOE de ayer recogió un decreto ley que crea el título de familia monoparental y abre la puerta a que esa acreditación permita acceso prioritario, reducciones de precio y ayudas en mejores condiciones para estas familias, además de ampliar la protección a las familias numerosas. La norma entra en vigor este 12 de noviembre, pero la mayoría de los nuevos derechos que incluye se podrán reclamar desde el próximo 1 de enero. 
Las comunidades autónomas tendrán 6 meses para adaptar sus sistemas.

Podrán obtener el nuevo título de familia monoparental todas las personas que tengan hijos o hijas y no cuenten con un 2º progenitor. También, en el caso de que sí haya 2 progenitores, cuando la guarda y custodia la tenga solo uno de ellos y no reciba pensión de alimentos del otro, en casos de violencia machista y si uno de los dos progenitores está ausente de forma temporal y forzada durante más de 1 año, como presos o personas internadas en centros sanitarios.

Esta categoría se mantendrá siempre que los hijos sean solteros y menores de 21 años, o de 26 en el caso de que estén estudiando o para las víctimas de violencia machista. En el caso de que tengan alguna discapacidad, no tendrá límite de edad. Y que convivan (con ausencias temporales justificadas) con la persona progenitora y dependan económicamente de ella (no cobren más del IPREM). 
La familia dejará de pertenecer a esta categoría si la madre o el padre se casa o establece una pareja de hecho.

La norma además crea, de forma similar a lo que ocurre con las familias numerosas, 2 categorías: la general y la especial, a la que accederán aquellas personas con 2 o mas hijos, también cuando el ingreso por cada miembro de la unidad familiar no supere en 1,5 veces el IPREM o si cualquiera de los miembros de la familia tiene discapacidad de más de un 33% o está incapacitado para trabajar.

Y, ¿qué beneficios comportará? El decreto ley establece que las administraciones públicas establecerán medidas de no discriminación a este tipo de familias y criterios de corrección para que en el acceso a ayudas u otros beneficios, como mínimo, tengan las mismas condiciones que aquellas con 2 progenitores, además de acceso prioritario a medidas de conciliación.

Yendo a la concreto, establece que los límites de renta para acceder a prestaciones por nacimiento, adopción o cuidados podrán incrementarse y que, para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se permitirá la convivencia con otros familiares sin que pierdan el complemento. Asegura que los sistemas de becas y ayudas se adaptarán como máximo en 2 años para que tengan acceso preferente a ellas y les da prioridad en programas de empleo. Ademas, establece que se pondrán en marcha exenciones y bonificaciones en transporte público y acceso a bienes y servicios culturales, sociales, deportivos y de ocio, como las entradas a museos.

La norma establece que ese título será gestionado por las comunidades autónomas, que deberán informar a la Seguridad Social de su expedición, y tendrá validez en todo el territorio nacional. Ademas, será compatible con el de familias numerosas, cuando se den ambos casos, aunque sus beneficios no se acumularán.

De hecho, la reforma permite que familias monoparentales puedan acceder a la condición de familia numerosa con 2 hijos y no 3, que es la regla general. Hasta ahora, esta regla solo aplicaba a familias en las que uno de los 2 progenitores hubiera fallecido.

Ademas, permite que, en caso de custodia compartida, ambos progenitores contabilicen a los hijos de cara a ser clasificados como familia numerosa; y rebaja el porcentaje de discapacidad que debe tener alguno de los progenitores para acceder a estos beneficios con 2 hijos y no 3, que pasa del 65 al 33%.

El decreto ley reforma la categoría de familia numerosa especial, que hasta ahora era para familias de 5 o más hijos: pasa a ser a partir de 4 por regla general, incluyendo también aquellas con 3 hijos pero algun parto múltiple o ingresos de menos de 1,5 IPREM. Si alguno de ellos tiene alguna discapacidad o está incapacitado para trabajar, sigue contando por 2.

Los títulos de familia numerosa vigentes seguirán siendo válidos, excepto aquellos que cambien, con las nuevas reglas, a la categoría especial. En esos casos, se actualizarán automáticamente, excepto en el caso de que se acceda por bajos ingresos, que deberán solicitarlo.

Además, el decreto ley da un paso más en la mejora del pago del Fondo de garantía de pagos de alimentos, el sistema que permite cubrir las pensiones que el progenitor obligado no paga. Si en el decreto ley de la semana pasada se subía de 100 a 300 el anticipo máximo, el de hoy amplía quienes pueden acceder al sistema general y al de urgencia, que obliga a emitir una resolución en un máximo de 2 meses.

jueves, 12 de noviembre de 2026

El trabajo del abogado en la era de la IA: ¿Nuevas Tarifas?

Pablo Fernández Alonso, Abogado, 11/11/2026 
Un abogado recibe un expediente de varios cientos de páginas y necesita reconstruir la secuencia de los hechos. Con una herramienta de inteligencia artificial puede obtener, en pocos minutos, una primera cronología, localizar discrepancias entre documentos y preparar un esquema de trabajo. El ahorro de tiempo es real. También lo es el riesgo de que la herramienta confunda la fecha de una resolución con la de su notificación o atribuya a un documento algo que solo figura en las alegaciones de una parte. Antes de utilizar esa cronología, el abogado tiene que volver al expediente.

Con motivo del Día Europeo de la Justicia, merece la pena detenerse en ese cambio, que ya forma parte del trabajo cotidiano en muchos despachos. Tareas como comparar 2 versiones de un contrato, ordenar documentación dispersa o preparar un 1º borrador pueden resolverse con mayor rapidez. Ese tiempo puede dedicarse a contrastar una prueba, explorar una vía de defensa o explicar al cliente las consecuencias de una decisión. Ahí se aprecia el valor de la herramienta para la persona que necesita asesoramiento.

Cuando se parte de un borrador generado por IA, parte del trabajo que antes se hacía al redactar pasa a la fase de revisión. Y revisar exige algo más que corregir el estilo. En un escrito procesal, por ejemplo, hay que comprobar que los hechos tienen respaldo en el expediente, que las resoluciones citadas existen y que lo que afirman se puede trasladar al caso. Incluso una sentencia auténtica puede sostener una conclusión distinta de la que le atribuye el borrador o resolver un supuesto que se parece al nuestro solo en apariencia.

La soltura con la que se presenta el resultado puede hacer que esas comprobaciones parezcan innecesarias. Una cita con fecha, órgano y número de resolución transmite seguridad, aunque esté equivocada. Algo parecido ocurre con los resúmenes. Una síntesis puede recoger fielmente casi todo un documento y omitir justo el párrafo que obliga a replantear la estrategia. Saber trabajar con IA implica formular bien el encargo y, sobre todo, saber qué revisar verificar antes de dar el resultado por bueno.

La revisión empieza al recibir el resultado, pero algunas de las decisiones más importantes se toman antes de introducir los datos. Si lo que se busca es comparar la redacción de 2 cláusulas, quizá baste con trabajar sobre esos fragmentos y retirar los datos que permitan identificar a las partes. Subir el contrato entero por comodidad puede exponer información ajena a la tarea. También importa saber quién puede acceder a los archivos, cuánto tiempo se conservan y si el proveedor puede utilizarlos para otros fines. La decisión depende de las condiciones del servicio, de su configuración y de la sensibilidad del asunto.

En penal y ciberdelincuencia estas cautelas tienen una dimensión muy concreta. Una herramienta puede ayudar a ordenar una secuencia extensa de mensajes, pero el resumen puede perder elementos decisivos, como la identidad de los interlocutores, la hora de envío o el contexto de una respuesta. Si uno de esos mensajes va a utilizarse para sostener una acusación o articular una defensa, el abogado debe poder localizarlo en el material original y explicar de dónde procede. La facilidad para generar un resumen aporta poco si después cuesta comprobar en qué se basa.

La responsabilidad del abogado se aprecia también en el asesoramiento cotidiano. Un cliente que pregunta si le conviene aceptar un acuerdo quiere entender: qué gana, a qué renuncia y qué riesgos asume si decide continuar. Para responderle hay que valorar el estado del procedimiento, la prueba disponible y sus prioridades. 
La IA puede ayudar a ordenar las alternativas. El abogado es quien debe explicarlas, formular una recomendación y responder por el asesoramiento que presta.

Este cambio tiene consecuencias para la formación de los futuros abogados. En el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura que impartimos en la Universidad Alfonso X el Sabio, UAX, una manera de enseñar a utilizar estas herramientas es pedir al alumno que revise un borrador generado por IA y justifique qué conservaría, qué corregiría y qué necesita verificar. El ejercicio práctico permite comprobar si sabe distinguir un argumento bien escrito de uno jurídicamente defendible y si puede sostenerlo con los hechos del caso.

En el despacho, la medida del avance está en lo que ese tiempo permite hacer por el cliente. Si una 1ª revisión documental lleva menos tiempo, el beneficio puede estar en detectar antes una contradicción relevante, preparar mejor una reunión o explicar con más calma las consecuencias de una decisión difícil. Cuando el cliente pregunte «¿por qué me recomienda esto?», la respuesta sigue correspondiendo al abogado.