sábado, 20 de mayo de 2017

IU: La imposición de custodia compartida es nociva e inaceptable

EFE, 19.05.2017
Izquierda Unida considera que la custodia compartida es una buena opción si es consensuada de mutuo acuerdo por los progenitores, pero cree que su imposición es una medida "inaceptable y nociva".
Esta semana en el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, indicó que aboga por la inclusión de la figura de custodia compartida en el Código Civil, una modalidad que considera que ha de normalizarse pero no imponerse de manera automática.
Al respecto, Izquierda Unida ha afirmado que nunca apoyará un desarrollo legislativo que contemple la imposición de la custodia compartida, ya que supondría "un retroceso en los avances conquistados por las mujeres".
Si no existe un acuerdo de cooperación entre los padres, los efectos de la custodia compartida "son muy negativos para la autonomía y los derechos de las mujeres, dado que se las obliga a mantener un tipo de relación con el padre que pueden no desear", ha indicado en un comunicado la responsable federal del Área de la Mujer de IU, Maite Mola.
Nota: La legislación sobre el divorcio en España, es un negocio para las mujeres divorciadas, y consecuentemente para los partidos políticos que buscan sus votos.

ESPAÑA: Se producen más de 90.000 divorcios al año

Divorcios, ¿Cómo encontrar al abogado adecuado para un trámite tan personal?
Durante un trámite relevante como el divorcio la figura del especialista que lo gestione toma importancia.
LUIS CIFUENTES, 19/05/2017
Ya sea de mutuo acuerdo, contencioso, con custodia compartida o régimen monoparental, en España se producen cada año más de 90.000 procesos de divorcio en los que se ven involucradas las familias afectadas. Debido a las graves consecuencias que el proceso tendrá para ellas también toman importancia los abogados especialistas que les representan en el proceso.
Durante el 2015 en España se divorciaron más 96.000 parejas, según los datos publicados por el INE a finales de 2016; una tasa del 2,1 por cada 1000 personas, según Eurostat, que se sitúa por encima de la media europea.
En la mayoría de los casos el divorcio no es un mero trámite, con todo lo que está en juego es necesario encontrar al abogado especialista más indicado para llevar el caso. Para facilitar la búsqueda de abogados especializados nacen plataformas como Easyoffer con la que más de 20.000 personas en toda España han encontrado al profesional que necesitaban para su caso.
Internet ofrece una gran puerta de acceso a abogados, pero también se trata de una entrada sin filtro; en ello radica la importancia de esta plataforma que facilita la conexión entre las personas que inician la tramitación de un divorcio y los abogados adecuados para su situación particular; ofrece la posibilidad de ser contactado por 3 profesionales, seleccionados por especialidad y localización, para poder comparar y elegir al candidato idóneo para el caso.
Un especialista para lo que más importa
Más allá del coste económico del divorcio, que de por si resulta preocupante para muchas parejas, existe también el coste que tendrá para las personas afectadas a otros niveles, especialmente en el caso de haber menores implicados.
El divorcio y las modificaciones en los núcleos familiares producen un gran impacto en los menores involucrados. La conflictividad que se genera en la pareja durante y con posterioridad a la separación no sólo tiene efectos en su relación, en el caso de los hijos estas situaciones llegan a afectar incluso a su rendimiento educativo, como muestra el estudio de 2017 conducido por Sandra Escapa. 
La fluidez del proceso y sus resultados son importantes.
En España hay más de 142.000 abogados ejerciendo la profesión según el censo de colegiados, una amplio abanico para elegir en los casos de divorcio que suponen un trámite muy personal y relevante para el que, dentro de los especialistas en la materia, es necesario encontrar al abogado adecuado ya que hay mucho en juego.
Nota: Desde la Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC) Tenemos convenios de Colaboración con prestigiosos despachos de abogados con más de 30 años de experiencia en derecho de familia. Garantizamos la Profesionalidad. El resultado final, la sentencia, depende del Juez que lleve tu caso, pero hay que ponérselo difícil.

viernes, 19 de mayo de 2017

Negocio: Vivienda y violencia de género

Las mujeres víctimas de violencia de género son el sector más perjudicado por los desahucios.
Así lo señala un informe de Amnistía Internacional, que asegura que «la crisis de vivienda en España no ha terminado»
abc.es/05/05/2017
El derecho a la vivienda en España «no está protegido adecuadamente» según denunció este jueves el investigador de Amnistía Internacional (AI) Koldo Casla durante la presentación de un informe en el que también se constata la «poca o nula información y el estigma» que padecen las personas desahuciadas en España.
El documento, llevado a cabo por Casla con el título «La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España», revela que, 10 años después del inicio de la recesión económica, «la crisis de vivienda en España no ha terminado».
Además, la ONG añade que «las autoridades, en lugar de tomar medidas para proteger a miles de personas afectadas por esta situación, han dado pasos hacia atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil».
«La crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión», ha declarado la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos. «Esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución», añade.
La organización también lamenta que no existan datos desagregados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, al no distinguir entre locales comerciales y viviendas, por lo que Suárez-Llanos ve «imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas».
Derecho de segunda categoría.
En este punto, Amnistía Internacional lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo.
AI explica que, aunque según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, las mujeres víctimas de violencia de género deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección lo que supone que, en la práctica, la mayoría de las víctimas no logre el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda.
«La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social», añade Casla, para quién el acceso a la vivienda «no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos».
Madrid y Barcelona, a la cabeza.
El informe de AI indica que, en 2016, se produjeron 34.193 desahucios por impago de alquiler, 144.055 desde 2013. Asimismo, el año pasado, el 11% de las familias no pudieron pagar a tiempo la hipoteca o alquiler, situación que afectó al 17,3% de los hogares monoparentales.
Del total de desahucios que tuvieron lugar en 2016, las provincias de Madrid y Barcelona acumulan el 34% de ellos, con 4.760 y 6.710 desalojos por impago de alquiler respectivamente, según se indica en el informe.
En Madrid, AI hace referencia a la situación de las víctimas de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento.
Tras entrevistarse con 14 de ellas, así como con organizaciones representantes de personas afectadas, denuncia que «los gastos de alquiler subieron y muchas personas han sufrido la denegación de la prórroga de ayudas a la vivienda puesto que ya no son de propiedad pública» por lo que los afectados «siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución».
En Cataluña, Amnistía Internacional indica que, a pesar de que se han dado «pasos positivos» sobre el derecho a la vivienda, los protocolos que existen entre los servicios sociales y las autoridades judiciales para hacer frente a los desalojos «no siempre se cumplen».
Como consecuencia, añade, «no se garantiza una respuesta efectiva y un alojamiento alternativo» a las personas en riesgo de exclusión social cuando existe una demanda de desalojo, especialmente cuando afecta a menores, personas con discapacidad o problemas de salud mental, o personas de avanzada edad.
AI precisa que España destina el 2% del total de viviendas a vivienda social, frente a 32% de Holanda, 20% de Austria, 18% Reino Unido y 17% en Francia. El país también se sitúa a la cola en gasto público en vivienda pues España es uno de los que menos gasto público destina a este servicio, el 0,5%, en comparación con otros como Francia (1,44%) o Eslovaquia (0,61%).
Recomendaciones.
A tenor de los resultados, AI ha formulado una serie de recomendaciones para garantizar el derecho a la vivienda. Así, pide al Gobierno español que garantice que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojo incorpore salvaguardias adecuadas, incluida una prueba de proporcionalidad.
También considera que se debe adoptar un protocolo marco en relación con los desalojos que incluya medidas para garantizar la coordinación entre tribunales y autoridades municipales para proporcionar viviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados.
Asimismo, aboga por presentar un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social. Además, cree que se debe modificar la Ley de Violencia de Género para garantizar que se incluya en la misma el daño y abuso económico.
En el caso de comunidades autónomas y ayuntamientos, pide que se destinen más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda y que evalúen el impacto de sus políticas de vivienda, especialmente en las mujeres.
También se reclama a Cataluña que mejore la coordinación de los servicios sociales, de vivienda y de víctimas de violencia de género, y que asegure la efectiva aplicación de los protocolos; mientras que en Madrid subraya que se ha puesto en marcha la campaña «El derecho a la vivienda #NoSeVende», para proteger a los afectados por la venta de viviendas sociales.
En este sentido, solicita a este gobierno autonómico que restablezca las prestaciones sociales para garantizar que los inquilinos pueden hacer frente a todos los pagos y pide a las autoridades locales y autonómicas que deben evitar los desahucios de viviendas sociales si no hay garantía de una vivienda alternativa.

jueves, 18 de mayo de 2017

El Gobierno se compromete a "normalizar" la custodia compartida si no hay maltrato

La ministra de Sanidad insistió en la necesidad de que los jueces puedan analizar cada caso y que, en las ocasiones en que exista acuerdo, dispongan del recurso a la custodia compartida.
S. R., EP, Madrid. 17.05.2017
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha pedido buscar el apoyo de todos los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo de cara a "normalizar" la custodia compartida en toda España, para que sea un instrumento en el ordenamiento jurídico, aunque nunca si existen conflictos o violencia machista.
"No se trata de imponer la custodia compartida sino de normalizar el recurso a la misma y que este recurso exista en todo el territorio nacional, facilitando el trato cotidiano y frecuente de los niños con sus progenitores y reduciendo el nivel de conflicto de la pareja", ha indicado Montserrat en respuesta a una interpelación urgente de Ciudadanos.
La ministra ha insistido en la necesidad de que los jueces puedan analizar cada caso y que, en las ocasiones en que exista acuerdo, dispongan del recurso a la custodia compartida por si consideran que es la fórmula más adecuada, teniendo en cuenta: que prime el interés superior del menor y evitar la imposición de esta fórmula en caso de conflicto extremo y violencia machista. "En ningún caso en las situaciones de violencia de género, ante estas situaciones solo cabe tolerancia cero", ha precisado.
Asimismo, ha apostado por que cada fórmula de custodia se prevea con la "suficiente flexibilidad para posibilitar la adaptación a posibles cambios a la situación de partida y en aras del interés del menor".
Por su parte, la diputada de C´s Melisa Rodríguez ha recordado que con Alberto Ruíz-Gallardón como ministro de Justicia ya se aprobó por mayoría en la Cámara Baja una moción que instaba al Gobierno a, en un plazo de 6 meses, hacer las modificaciones necesarias para impulsar la guardia y custodia compartida en España poniendo el derecho del menor como prioridad; un punto que también se recoge en el Pacto de investidura firmado entre Ciudadanos y el PP.
"Desidia" del Ejecutivo
"Lamentablemente tengo que hablar de la desidia del Gobierno en esta materia porque si se ha tenido que traer este tema otra vez al Congreso es porque no se ha hecho nada", ha señalado Rodríguez. 

También ha hablado de desidia para referirse a la ausencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en este debate, ya que a él iba dirigida la interpelación inicialmente.
Para Montserrat, la custodia compartida "no puede ser impulsada únicamente con el apoyo del PP y Ciudadanos" ya que suponen la mitad de la representación en el Congreso y, por tanto, "la mitad de la sociedad". En este sentido, ha considerado "imprescindible el apoyo de otros grupos" para obtener "un apoyo mayoritario" ante un tema que supone una gran preocupación para la sociedad.
En este sentido ha señalado que "lo importante será la moción" consecuencia de esta interpelación urgente que se debatirá en el Pleno con la que, a su juicio, se podrá ver qué grupos defienden el interés del menor y apoyen "la introducción de este modelo en el Derecho Civil".
Distinción por regiones
Rodríguez también ha puesto de manifiesto la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas pues mientras en Cataluña el porcentaje de sentencias en las que se concede la custodia compartida aumentan hasta el 40%, en otras como Extremadura solo alcanzan el 8%. "No puede haber distinciones cuando se trata del interés superior del menor", ha defendido.
En este sentido, Montserrat ha reconocido que "no puede ser que haya unas comunidades autónomas que tengan este derecho reconocido en su propio Derecho Civil y otras no" y por ello ha indicado que es algo que hay que "modificar".
Finalmente, tanto la ministra como la diputada de Ciudadanos han coincidido en la obligación de ambos progenitores para ejercer la corresponsabilidad tanto si están juntos como separados.
"La familia es nuestra razón de ser y es compromiso de este Gobierno avanzar hacia la corresponsabilidad y la conciliación introduciendo el modelo de guardia y custodia compartida en el Derecho Civil, y ahí nos vamos a encontrar para trabajar y llegar al consenso", ha concluido Montserrat.

En Otros Medios: La Vanguardia,
Nota: Más de lo mismo, de lo que ya esta regulado, y solo crea conflictos.

C´s solicita al Gobierno regular la custodia compartida en España

La portavoz del GPCs, Melisa Rodríguez, exige al PP que cumpla el punto 38 de las exigencias de Ciudadanos
Fuente: Ciudadanos (C’s) - 17.05.2017
La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno que “se pongan en marchar de forma urgente las medidas necesarias para regular la custodia compartida en España” y que se tenga en cuenta que “siempre tiene que primar el interés y bienestar del menor”.
En este sentido, Rodríguez ha criticado que “debido a esta falta de regulación a nivel nacional, se ha creado un mapa de perversión sobre la custodia compartida ya que, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan los progenitores, la normativa varía”.
“Ciudadanos no va a hacer oídos sordos porque eso sería ahondar en la desigualdad de género, ahondar en que no prime el interés del menor”, ha manifestado la portavoz de la formación liberal.
Por todo ello, Rodríguez ha exigido al Ejecutivo que “cumpla con el punto 68 de las exigencias de Ciudadanos” que dice que hay que impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en caso de separación o divorcio, haciendo prevalecer siempre el interés del menor y siguiendo las directrices de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.
“A ver si, de una vez por todas, desbloqueamos este asunto”, ha sentenciado Rodríguez que ha concluido su intervención plenaria dejando claro que “Ciudadanos va a seguir dando la lata para defender la igualdad y los derechos de los ciudadanos y los niños de este país y para que todos los cambios que la sociedad ya ha asumido, pero el Gobierno no, lleguen y sean una realidad”.

Nota: C´s no tiene pensado modificar la actual ley del divorcio, y por lo tanto tampoco la Guarda y Custodia. Piden, como siempre, la Custodia Compartida de Mutuo Acuerdo, no en los procesos contenciosos. Y que nos digan que entienden por "Interés Superior del menor".

Divorcio: Diferencias entre Custodia Monoparental y Compartida


¿Tienes dudas sobre cómo se resuelve la custodia compartida?
La abogada Estrella Toribio nos cuenta en ‘El bufete de la radio’ las diferencias entre la custodia monoparental y compartida, los requisitos para que se otorgue y la legislación que se aplica para conseguirla en Albacete.
Cadena SER, Albacete, 17/05/2017
Este miércoles en 'El bufete de la radio', la abogada Estrella Toribio, especialista en Derecho Civil y Penal, y en Derecho de Familia, nos habla de la custodia compartida y la patria potestad, resolviendo todas las dudas que pueden surgir al respecto, tanto si estamos en un proceso de separación con hijos de por medio, como si estamos intentando conseguir la custodia.
¿QUÉ ES LA CUSTODIA COMPARTIDA?
La corresponsabilidad parental en cuanto al reparto equitativo de derechos y deberos frente a sus hijos.
¿QUÉ ES LA CUSTODIA INDIVIDUAL O MONOPARENTAL?
El menor se queda bajo el cuidado de uno de los progenitores, quien se ocupará de cubrir todas sus necesidades, y el progenitor no custodio debe contribuir económicamente a cubrir esas necesidades.
¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE REUNIR PARA TENER LA CUSTODIA COMPARTIDA?
El principal requisito es el interés del menor, además de tener en cuenta las condiciones de habitabilidad, compatibilidad de horarios escolares con los laborales, la proximidad de los domicilios al colegio, etc.
¿PUEDE MODIFICARSE LA CUSTODIA MONOPARENTAL A LA CUSTODIA COMPARTIDA?
Sí, por acuerdo de las partes, o por incumplimiento de uno de los progenitores.
¿QUÉ ES LA PATRIA POTESTAD?
Una obligación de los progenitores frente a los menores, y un derecho de los menores frente a los padres.
¿A PARTIR DE QUÉ EDAD UN MENOR PUEDE DECIR CON QUÉ PADRE ESTAR?
Desde los 12 años, o menos si tiene suficiente juicio.
¿ES FÁCIL CONSEGUIR LA CUSTODIA COMPARTIDA?
En Albacete se aplica la legislación común, es decir, el Código Civil. Sin embargo, en otras Comunidades Autónomas tienen una legislación más específica, donde es más fácil.

¿CUÁNTO TENDRÉ QUE PAGAR DE PENSIÓN DE ALIMENTOS?


Iuris Bilbao Abogados
En España, en 2016, se produjeron casi 7 rupturas por cada 10 matrimonios. En muchos casos la situación, aparte de lágrimas y enfados de por vida, no entraña excesiva complejidad. ¿Pero qué ocurre en aquellos supuestos en los que hay hijos en común? Es evidente que las relaciones terminan pero los hijos siguen ahí. Y una vez producido el correspondiente divorcio o separación, ¿quién se ocupa de todos los gastos que generan (colegio, ropa, la extraescolar de inglés, etc.)?
La pensión alimenticia: mucho más que el simple alimento
Es necesario destacar desde el 1º momento que, cuando se habla de “alimentos” en jerga jurídica, no se hace referencia exclusivamente a la comida física, sino que el término se extiende a todo lo necesario para la manutención de una persona: vestido, gastos de asistencia sanitaria, un techo donde dormir, entre otros.
Como es natural, ambos progenitores tienen el deber de contribuir a los alimentos de los hijos, persista el vínculo sentimental o no. De esta manera, se denomina “pensión de alimentos” a aquella cantidad que el progenitor que no ostenta la custodia de los hijos debe abonar mensualmente al otro, en concepto de manutención.
Mi ex se ha quedado con la custodia de los niños. ¿Cuánto tengo que pasarle al mes?
Evidentemente no hay 2 casos iguales. La regla general es que la cuantía de la pensión variará en función de las circunstancias, de forma que, como es lógico, habrá que pagar más cuando las necesidades de los hijos sean mayores y cuando la economía del obligado a prestarlos así lo permita.
A modo orientativo, el Consejo General del Poder Judicial ha elaborado unas tablas atendiendo a las particularidades de cada familia. Sin embargo, es necesario precisar que los importes contenidos en las mismas no son vinculantes, sino meramente orientativos. Veámoslo con un ejemplo:
Me he divorciado, quedándose mi ex cónyuge con la custodia de nuestro hijo de 8 años. Él/ella no trabaja y yo cobro mil euros (1.000 €) al mes. ¿A cuánto asciende la pensión?
Cabe destacar que el importe exacto de la pensión varía en función de la Comunidad Autónoma (e incluso entre municipios). En el caso de una pareja de Bilbao, con los datos propuestos, la mensualidad debería rondar los doscientos ochenta y cuatro euros (284€), si bien no hay que olvidar que esta pensión de alimentos se va actualizando periódicamente conforme al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC). Cada año la vida cuesta más y esta pensión de alimentos no iba a ser la excepción.
¿Y si mi ex cobrara 1000 euros al mes?
Como es natural, si el cónyuge custodio dispone también de ingresos, es lógico que el importe de la pensión de alimentos se reduzca. En el caso planteado, el importe orientativo según las tablas oficiales descendería a doscientos ocho euros (208 €) aproximadamente.
¿Y si el sueldo mensual de mi ex es de tres mil euros (3.000 €)?
En este caso, aunque haya un desequilibrio tan evidente entre rentas, cabe destacar que la pensión alimenticia no se puede suprimir porque evidentemente, los hijos siguen siendo de los 2. La cuantía se reduciría notablemente, eso sí: aproximadamente ciento treinta y seis euros (136 €).
Y para terminar, desmintamos un falso mito…
Son muchos los progenitores que creen que sus responsabilidades económicas se terminan cuando los hijos cumplen 18 años. No obstante, si bien es cierto que con la mayoría de edad se extingue patria potestad, persiste la obligación de prestar la citada pensión alimenticia, siempre y cuando los hijos, salvo excepciones, todavía vivan en el domicilio familiar y carezcan de recursos económicos propios y suficientes.

El Poder Judicial investiga a la jueza denunciada por revelar secretos

El CGPJ le abre un expediente disciplinario y lo comunica al presidente del Tribunal Superior de Balears.
J.F. Mestre Palma 17.05.2017 
El Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra la jueza de primera instancia de Palma que ha sido denunciada por un presunto delito de revelación de secretos y otro de injurias. Precisamente ayer la magistrada prestó declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Balears y lo hizo en calidad de investigada. Declaró asistida por sus 2 abogados y fue interrogada por la magistrada Felisa Vidal, instructora de dicha querella. Se le acusa de haber enviado información a su expareja sobre un caso de divorcio en el que había intervenido como magistrada. Escritos en los que desacredita y ataca con dureza a la mujer que presentó la demanda de divorcio y lo hizo porque esta mujer iniciaba una relación sentimental con la expareja de la jueza.
Con respecto al expediente disciplinario, el CGPJ ha comunicado al presidente del Tribunal Superior de Balears, Antoni Terrasa la decisión que se ha adoptado. A pesar del inicio de dicho expediente, el Consejo no ha adoptado ninguna medida provisional. La jueza sigue presidiendo un juzgado de primera instancia de Palma, aunque este expediente interno podría afectar a su carrera profesional.
Sobre la declaración que realizó ayer como investigada, la magistrada reconoció la autoría de los mensajes electrónicos que envió a su expareja. Escritos que envió a distintas horas y en diferentes días. En estas cartas intenta convencer a su expareja de que no inicie una relación sentimental con la mujer a la que había conocido, dada la mala impresión que tenía de ella como consecuencia de la vista de medidas provisionales en la que ella había intervenido. Una impresión que se hizo la magistrada sin ni siquiera haber escuchado la declaración de la mujer que se estaba divorciando, ya que no habló durante dicha vista.
Desacreditar a su expareja
La magistrada sostuvo ayer que lo que pretendía al escribir estas cartas era avisar a su expareja de la mala impresión que le había causado la mujer divorciada. También intentó desacreditar a dicha expareja, que en su momento aportó los correos que le había enviado y que ya declaró como testigo en esta investigación.
En estos escritos electrónicos la jueza incluye detalles del proceso de divorcio en el que ella había intervenido como magistrada. Se trataba de una vista para adoptar medidas provisionales en esta demanda de divorcio. La jueza se posicionó a favor del marido y rechazó la pretensión económica que pedía la esposa. En estos relatos escritos la denunciada dedica varios insultos a la divorciada.

Los claroscuros de las denuncias falsas por violencia de género

Por Mercedes Patón, de Patón&Asociados, 18 Mayo 2017
Las denuncias falsas contra hombres en casos de violencia de género existen. Este es un hecho objetivo conocido por jueces y abogados que se dediquen al Derecho de familia.
Lo que ya no están tan claro, por falta de consenso y cifras concluyentes, es el porcentaje de denuncias falsas frente a las que no lo son. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2016 se presentaron en España 142.293 denuncia por violencia de género. De estas, más del 45% derivaron en sobreseimiento libre o provisional; casi el 12% terminaron en sentencia condenatoria y menos del 3% en condena absolutoria.
Si atendemos a otro informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, también del CGPJ, sólo el 0,4% de las denuncias por violencia machista serían falsas. Y es que de las 500 sentencias estudiadas por el propio Consejo General entre los años 2012 y 2014, sólo en 2 ocasiones se abrió un proceso por falso testimonio contra 2 mujeres.
Por otro lado, la Fiscalía especializada en Violencia sobre la Mujer reflejaba en su memoria anual de 2016 que únicamente el 0,0079% de las denuncias presentadas entre 2009 y 2015 serían falsas.
Sin embargo, existen contradicciones llamativas. 
Como que según datos del mismo CGPJ, entre los años 2004 y 2015, más de 1 millón de denuncias interpuestas por violencia de género fueron archivadas, no estaban probadas o incluso son consideradas simulaciones de delito. Este gran número de denuncias que no llegaron a recibir sentencia reflejan que esta práctica es más habitual de lo que pueda parecer.
Además, es fácil encontrar multitud de informes independientes, elaborados por asociaciones y colectivos que incluso sostienen la correlación entre los fondos europeos canalizados para las políticas de género y el incremento de las denuncias falsas.
Sea como fuere, este tipo de denuncias son una realidad que, en mayor o menor porcentaje, afectan de manera habitual a los hombres en procesos de divorcio. Además son también una forma de violencia, una violencia que se produce sin necesidad de golpes o insultos y que deja también una huella difícil de borrar.
El principal motivo por el que las mujeres suelen interponer este tipo de denuncias es para quedarse con la custodia de los hijos, aunque otras mujeres denuncian a sus parejas por motivos económicos o simplemente por despecho.
Las consecuencias inmediatas que tienen las denuncias falsas por violencia de género para el hombre es pasar hasta un máximo de 72 horas en prisión preventiva. También se le expulsa del hogar familiar, no puede solicitar la custodia compartida de sus hijos y tampoco podrá solicitar ningún tipo de prestación pública.
En cambio, la mujer al interponer una denuncia falsa por malos tratos, tiene ciertos derechos como son la asistencia jurídica gratuita, ventajas laborales e incluso recibir una prestación social en caso de necesitarla. Además, las penas que puede recibir si se descubre que esa denuncia es falsa son mínimas.
Los hombres que son víctimas de esta lacra tienen que enfrentarse a un doble juicio. Por una parte, deben acudir a los tribunales, junto con un abogado especialista en denuncias falsas, donde se enfrentan a la justicia.
El 2º juicio al que se enfrentan los hombres víctimas de denuncias falsas por malos tratos es el social, ya que aunque sean inocentes, muchas de sus amistades, familiares o incluso compañeros de trabajo, pueden estigmatizar a la víctima al pensar que son culpables.