Daniel Rodríguez Herrera|2015-08-13
Los defensores no de las mujeres maltratadas sino de la ley de violencia de género defienden que la norma permita abominaciones como meter en el calabozo a un hombre denunciado y someterlo a un asimétrico proceso kafkiano que sería ilegal si se le infligiera a una mujer bajo una denuncia similar. De un tiempo a esta parte, su argumento principal es que al fin y al cabo las denuncias falsas son sólo el 0,01% del total. Naturalmente, se trata de mera basura dialéctica. En realidad, no tenemos ni idea de cuántas denuncias falsas hay, y cualquiera que afirme saberlo debería ser corregido o ignorado de inmediato.El argumento que esgrimen para defender esa cifra es que, del total de denuncias por violencia machista, sólo el 0,01% acaba en una condena por denuncia falsa. Cierto, pero al hacerlo ignoran la cantidad de evidencias que hacen falta para que algún fiscal se atreva a realizar la acusación, no sólo porque es un delito casi siempre difícil de probar, sino porque en el ambiente social y político en el que vivimos hacerlo supone jugarte la carrera. De hecho, no es raro que las mismas personas que defienden esta línea de razonamiento expongan, en ocasiones en el mismo texto, que en realidad la violencia doméstica contra las mujeres es mucho mayor que la que indicaría el número de denuncias. Es decir, que las condenas por denuncia falsa son un máximo absoluto, mientras que las denuncias –no condenas, denuncias– por maltrato serían un mínimo. Y dicen que esos son los datos y que no se pueden discutir.
En realidad, de prácticamente todo, sí se pueden discutir los datos, porque cuando los exponemos generalmente lo hacemos interpretándolos a través de una teoría previa. Hay quien lo hace desde teorías tan contradictorias como la anterior. Otros podrían hacer lo contrario, indicar que, del millón de denuncias por violencia de género de los últimos años, el 80% no ha acabado en condena, y que por tanto todas esas denuncias son falsas. Pero tampoco sería cierto. No tener pruebas no significa necesariamente que los hechos no hayan ocurrido.
En realidad, de los datos se puede sacar muy poco. Poquísimo. Tan sólo que las denuncias falsas se sitúan en un punto indeterminado entre el 0,01% de condenas por denuncia falsa y el 80% de denuncias que no llegan a condena. Naturalmente, decir eso es casi lo mismo que no decir nada. Pero son las únicas cifras que podemos aportar sin que se nos caiga la cara de vergüenza por nuestra falta de objetividad.
Tenemos, eso sí, indicios que deberían llevar a pensar a cualquiera que no esté cegado por razones ideológicas o personales que la cifra es bastante mayor que el 0,01%. Y se llaman incentivos. Denunciar por maltrato pone a la mujer en una clamorosa posición de superioridad en un proceso de divorcio. Y en una situación tan traumática como es para tantos matrimonios el proceso de divorcio, muchas mujeres (y hombres) hacen cosas que en otro momento serían incapaces de hacer. Naturalmente, eso no significa que todas las mujeres en esa situación recurran a esos extremos, ni siquiera una mayoría. Pero sí está claro que, con las ventajas que les ofrece la ley de violencia de género, serán más que antes de su aprobación, y no serán un número pequeño. Y que dar por cierta la cifra del 0,01% es un insulto al sentido común. Pero sirve para el objetivo final, que es mantener esa aberración jurídica que viola el más sagrado de los principios de todo sistema legal que se precie: la presunción de inocencia.
