Fracaso continuado del uso político de la violencia sobre la Mujer (2004-26)

9 meses trágicos: la violencia machista deja 41 mujeres asesinadas en España, el peor dato desde 2023
Las últimas víctimas mortales tenían 33, 35 y 47 años y en ninguno de los 3 casos existían denuncias por malos tratos contra sus agresores
Mª García Arenales, 03 Oct 2026 
La violencia machista ha dejado 41 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante los 1ºs 9 meses del año, la cifra más alta para este periodo desde 2023, cuando se registraron 51 víctimas. Las últimas víctimas mortales tenían 33, 35 y 47 años y en ninguno de los 3 casos existían denuncias por malos tratos contra sus agresores, de acuerdo a los datos del Ministerio de Igualdad. El número de feminicidios en España asciende ya a 1.382 desde 2003, año en el que se comenzaron a recopilar estos datos.

Ieva, de 35 años, y madre de una hija y un hijo, fue asesinada en la provincia de Málaga por su pareja, un hombre de 39 años que la estranguló en el domicilio familiar el 16 de septiembre. 5 días después, el 21, la mujer falleció en el hospital.

Vanessa Y. M., de 47 años, fue asesinada por su pareja, Pedro, de 56 años, el 26 de septiembre en La Campana, Sevilla, delante de su hijo de 17 años. La mujer fue apuñalada en la vía pública y, aunque llegó a ser atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, falleció poco antes de la medianoche.

Meriane, de 33 años y origen brasileño, fue asesinada un día después, el 27 de septiembre, a manos de su pareja en su domicilio de Benidorm (Alicante) y luego trasladó su cuerpo a una zona de campo con la ayuda de otros 2 hombres.

Del total de 41 víctimas asesinadas en estos nueve meses, 27 eran españolas, el 65%, mientras que 14, el 34%, eran extranjeras, la misma proporción que en el caso de los feminicidas.

12 víctimas figuraban en el sistema VioGén
En 12 de los 41 casos existían denuncias previas por malos tratos, lo que equivale al 29% del total. Las 12 víctimas estaban inscritas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), el mecanismo del Ministerio del Interior para evaluar el riesgo y activar medidas de protección.

Varias de ellas tenían medidas de protección en vigor cuando fueron asesinadas, lo que vuelve a cuestionar la respuesta institucional ante las mujeres que ya habían alertado sobre la violencia que sufrían. El hecho de que casi 3 de cada 10 víctimas estuvieran incorporadas a VioGén muestra que la detección previa no bastó para evitar los asesinatos en esos expedientes.

Andalucía concentra casi 3 de cada 10 asesinatos.
Andalucía concentra el mayor número de víctimas, con 12 mujeres asesinadas, el 29% del total. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 6 casos, y Madrid, con 5. Cataluña registró 3 asesinatos. Aragón, Canarias, la Comunidad Foral de Navarra, Castilla-La Mancha y Cantabria contabilizaron 2 víctimas cada una.
En Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias y Murcia fue asesinada 1 mujer en cada comunidad autónoma.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.
Los datos del Ministerio de Igualdad también indican que de los 41 agresores, 18 mantenían una relación con la víctima en el momento del asesinato, mientras que los otros 23 eran exparejas o atravesaban un proceso de ruptura. Más de la mitad de los crímenes se produjo, por tanto, después de que la mujer hubiera decidido poner fin a la relación o comunicara su intención de hacerlo, por eso los especialistas advierten de que la separación figura entre los momentos de mayor riesgo para las víctimas: el agresor percibe que pierde el control sobre la mujer.

Solo 12 de las 41 víctimas mortales habían denunciado los malos tratos. Muchas mujeres no acuden a las autoridades por miedo a las represalias, dependencia económica o emocional, o porque todavía no identifican las conductas que sufren como violencia de género. De ahí la importancia de que estos casos se detecten de forma temprana y de que cuenten con el acompañamiento del entorno.

Las autoridades recuerdan que el teléfono 016 está disponible para orientar y asistir a mujeres en situación de violencia durante las 24 horas, todos los días de la semana, además de la atención en consultas en línea a través del correo electrónico ’016-online@igualdad.gob.es’. El canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en la página violenciagenero.igualdad.gob.es complementan las formas de acceso a la ayuda institucional.

La crisis de la vivienda convierte separarse en un lujo

Noticias relacionadas :

La custodia compartida y el divorcio exprés cumplen 20 años: ahora no hay que alegar nada y cada vez hay más hijos 'compartidos'.
El divorcio hace furor entre los mayores de 50.
"Comparto casa con mi ex porque no puedo pagarme un piso".
Los altos precios fuerzan a muchos separados a volver a la casa de los padres o a seguir compartiendo techo con la expareja tras la ruptura.
Los estudios apuntan a que tener un piso en propiedad facilita poderse divorciar, mientras que vivir de alquiler frena las separaciones.

Juan Fernández, 03 OCT 2026 
Clara F. y Manuel J. no se conocen de nada. De hecho, ni siquiera viven en la misma ciudad, pero comparten un doble drama personal de carácter sentimental y económico en el que los problemas afectivos se ven sobrepasados por algo tan árido y poco romántico como la tensión del mercado inmobiliario. 

Ella, médica madrileña de 47 años, decidió hace 2 separarse de su marido, pero cuando ambos echaron números descubrieron que no podían pagar 2 alquileres cerca del colegio de sus 3 hijos adolescentes.

"Al final, la solución que encontramos fue seguir en la misma casa, pero haciendo vidas separadas. Cada uno sale por su lado y dormimos en habitaciones distintas, pero compartimos los hijos y el techo. No es lo deseable, pero los precios de la vivienda en Madrid no nos dieron otra opción”, explica.

Manuel J., de 45 años, se considera “un privilegiado”. Nadie lo diría viendo la antigua portería de 15 metros cuadrados reconvertida en estudio donde vive a ras de calle en el centro de Barcelona, y por la que paga casi 1.000 euros. 

“Pero estoy contento porque así puedo estar cerca de mis hijas”, dice a cuento del principal criterio que guio su búsqueda de vivienda cuando él y su exmujer decidieron separarse hace 1 año y medio.

Con su sueldo de informático y los precios que han alcanzado los pisos en su zona, le tocó elegir: o se mudaba a un pueblo del extrarradio, o debía contentarse con cualquier cuchitril que encontrara en su barrio. "Opté por lo 2º para estar cerca de ellas, aunque sé que estoy pagando un alto precio en metros cuadrados. Mis hijas no pueden venir a casa a dormir y apenas puedo organizar cenas con amigos en casa", reconoce.

Doble reto
Clara y Manuel ponen historias personales a una expresión de la actual crisis inmobiliaria de la que se habla poco, pero que afecta cada vez a más ciudadanos: la del doble reto que han de afrontar las parejas que deciden poner fin a sus relaciones conyugales y se ven obligadas a sumar al desgarro emocional de la separación, la dificultad de encontrar una vivienda donde continuar sus vidas cada uno por su lado. Si a menudo hay que hacer malabares para pagar una hipoteca o un alquiler entre 2, atender ese gasto en solitario es hoy una tarea titánica en ciudades como Barcelona, donde este septiembre los anuncios están pidiendo 1.600 € por pisos de 80 m2, o Madrid, donde se superan los 1.800 €.

Elena Crespo (Abogada matrimonialista)
La carestía de la vivienda está obligando a miles de parejas a explorar a menudo complejas fórmulas habitacionales cuando deciden separarse, como saben bien los profesionales habituados a tratarles en el difícil trance de la ruptura. 

"La gente no es consciente de las soluciones tan variadas que se ponen en práctica", advierte la abogada matrimonialista Elena Crespo, habituada a gestionar separaciones en Barcelona y autora del ensayo 'Del divorcio se sale'.

En los últimos años, el despacho de esta letrada ha sido testigo de cómo la subida de los precios de la vivienda está impactando en las rupturas conyugales. “Tengo clientes que se han visto obligados a volver a casa de sus padres a los 50 años tras divorciarse, con lo que esto conlleva de pérdida de independencia y sensación de fracaso, y otros han tenido que apañarse alquilando habitaciones en pisos compartidos, que tampoco es plato de buen gusto a estas edades", explica antes de detallar el caso más llamativo que ha atendido en los últimos meses: 

“Un cliente ha tenido que mudarse a una autocaravana porque no puede pagarse un piso en Barcelona. Hoy es más fácil encontrar trabajo que casa para vivir”.

Rupturas no oficiales
El año pasado se tramitaron en España 83.657 divorcios y separaciones, pero esta cifra no recoge las rupturas sentimentales que no llegaron al juzgado ni a la notaría porque los precios actuales de la vivienda disuadieron a las parejas de oficializar la escisión. “Cada vez hay más separados que se ven obligados a seguir conviviendo en la misma casa porque no pueden pagarse un nuevo sitio donde residir”, reconoce la psicóloga de pareja Patricia Maguet.

Patricia Maguet (Psicóloga de pareja y encargada de la sección de Psicología de la Intervención Social del Col·legi Oficial de Psicología de Cataluña)
En estos casos, la crisis inmobiliaria se manifiesta con una crudeza que acaba afectando a lo más íntimo de las personas. “He llegado a atender a parejas que no solo no pueden costearse vivir en casas separadas tras romper la relación, sino que se ven obligadas a seguir compartiendo el dormitorio y hasta el mismo colchón porque solo hay uno en el piso donde residen”, explica Maguet. 

En estas situaciones extremas, "el respeto y el acuerdo" son decisivos para hacer posible la convivencia forzada. “Hay acuerdos que llegan hasta el punto de pactar: 'Oye, en la cama no me toques, tú en tu lado y yo en el mío'”, revela la terapeuta.

Hijos

Si los precios de los pisos complican los divorcios, la presencia de hijos los dificulta aún más. “En estos casos, una fórmula emergente es la casa-nido: los menores se quedan en el domicilio familiar y los progenitores se alternan con ellos en semanas o quincenas enteras”, explica Maguet. “Pero el problema de vivienda sigue siendo el mismo: la semana que a él o a ella no le toca estar con los hijos, tiene que buscarse una habitación para vivir o volver a casa de los padres", añade Elena Crespo.

¿Existe alguna relación entre la carestía de la vivienda y la supervivencia de las parejas? Tras estudiar la evolución del sector inmobiliario y de los divorcios en España entre 1991 y 2012, los economistas de la Universidad de Zaragoza Rafael González-Val y Miriam Marcén concluyeron que "un aumento del precio de la vivienda está asociado a un mayor número de rupturas conyugales, y esta correlación se manifiesta en las grandes ciudades más que en las provincias”.

En los últimos 5 años, en los que los precios de las casas se han disparado, el número de divorcios ha mostrado una estabilidad que pondría en duda esta teoría, pero González-Val advierte de un cambio determinante en la estructura inmobiliaria del país que altera la ecuación: 

"Hoy hay más parejas viviendo en alquiler que antes de la pandemia, y los estudios revelan que una subida de precios anima a las parejas a separarse si son propietarias, porque ganan dinero en la operación, pero les frena si están en régimen de alquiler, porque temen que va a serles más difícil encontrar una nueva casa”.

En opinión de este experto, la relación entre las rupturas conyugales y el ladrillo no ofrece margen para la duda. "En conjunto, los datos sugieren que los cambios en el valor de las viviendas influyen en las decisiones de las parejas a la hora de plantearse la continuidad de sus matrimonios", concluye.

Guipuzcoa: los abogados de familia ya no recomiendan la «casa nido»

Noticia relacionada.

La mayoría de matrimonios se separan tras estar entre 5 y 19 años juntos

.......  en los divorcios con custodia compartida.

2 de cada 3 matrimonios con niños menores que se divorcian al año en Gipuzkoa terminan ya con custodia compartida.
Macarena Tejada, San Sebastián, 03/10/2026 
2 de cada 3 rupturas de matrimonios con hijos menores terminan ya con custodia compartida en Gipuzkoa. Cada vez se tiende más a este régimen de convivencia cuando finaliza una relación de pareja en la que hay niños. Y así lo confirman los datos. Según las últimas estadísticas de Eustat, de 1.031 divorcios anuales en nuestro territorio, en 654 hay menores de por medio y en la mayoría, 437, se acuerda una custodia compartida. 

Son cifras de 2024 pero actualizadas este 2026. La evolución, además, es clara. 

En apenas 1 año esta manera de organizarse ha aumentado un 15%, mientras que la custodia a cargo de la madre ha bajado un 26%.

No hay dudas. «La tendencia es a la custodia compartida», asegura Pedro Elustondo, abogado especialista en familia con despacho en Donostia. Se refiere a «la forma de organizar el cuidado del hijo menor una vez se ha divorciado la pareja». Con esta vía, «en teoría tanto el padre como la madre se hacen cargo del menor al 50%».

Es lo más habitual, aunque no siempre se divide el tiempo de la misma manera para ambos progenitores. Es decir, «puede haber acuerdos en los que se decida que, por motivos laborales por ejemplo, el menor va a pasar el 60% del tiempo con uno y el 40% con otro», siempre que ambos adultos estén a favor de esto.

No solo ha aumentado el número de parejas que han optado por la custodia compartida en Gipuzkoa en los últimos tiempos, sino que este colectivo también ha crecido en el conjunto del País Vasco, donde en apenas un año ha pasado de 1.119 casos a 1.296, mientras que el número de divorcios se ha mantenido estable –en torno a los 3.200–.

¿Pero a qué se debe este cambio de tendencia? Hasta hace unos años la custodia corría normalmente a cargo de la madre. Pero hace ya tiempo que hubo un punto de inflexión, entre otras cosas, por «el cambio sociológico que hemos vivido. Por un lado, una mayor presencia de la mujer en el mercado laboral y por otro, una mayor conciencia de la necesidad de las 2 figuras en la educación y crecimiento de los hijos». Llegado el momento de la ruptura, «es mucho más fácil la organización si se hace con una custodia compartida». 

Además, «es lo mejor para los menores, porque facilita que tengan más o menos una distribución de su tiempo similar, tanto con el padre como con la madre», reflexiona Elustondo según los casos que ve en su despacho.

Cuando una pareja con hijos menores decide dar el paso de romper, de forma casi automática se plantea una custodia compartida, a no ser que haya razones de peso que justifiquen que los niños se quedan con una de las partes. De ahí que el último año del que hay datos se hayan alcanzado en Gipuzkoa 437 custodias compartidas, frente a las 183 a cargo de la madre y 105 del padre. A fin de cuentas, «en un asunto contencioso, si no se demuestra al juzgado que hay argumentos o razones que justifiquen esa custodia monoparental, bien sea del padre o bien de la madre, es muy complicado acreditar esa necesidad». En casos de mutuo acuerdo llegar a una custodia monoparental es todavía más complicado, porque normalmente ninguna de las 2 partes quiere estar en el día a día sin su hijo por voluntad propia.

Pensión alimenticia.
En este tipo de rupturas de mutuo acuerdo se redacta un documento llamado convenio regulador. «Son como las reglas del juego que van a regir en esa pareja a partir de ese momento», dice Elustondo. Si no hay hijos, es un documento muy simple en el que se recoge que la pareja se va a divorciar y en caso de que haya bienes, se enumeran y se redacta cómo se van a distribuir. Es cuando hay descendencia cuando se complica el asunto. «Se acuerdan todos los aspectos que conciernen a esos hijos, desde el ejercicio de la patria potestad, el ejercicio de la guardia y custodia, la pensión de alimentos o el pago de los gastos extraordinarios».

Dependiendo de cómo se organice esa guardia y custodia, se estructurará de una forma u otra la pensión de alimentos, por ejemplo. Es decir, «si hay una guardia y custodia en la que una semana el niño está con su madre y otra su padre, normalmente no hay una pensión de alimentos». Se entiende que es el deber del progenitor con quien está en cada momento alimentar a ese menor. Pero no todo es la comida. Hay colegio y puede haber alguna extraescolar, entre otras cosas. Por eso, muchos «meten una cantidad de dinero en una cuenta común a la que llaman pensión de alimentos, aunque realmente no sea una pensión alimenticia como tal».

Son diferentes formas de organizar una familia cuando el matrimonio se ha roto. Hay muchas variables, pero en todas se busca lo mismo: facilitar la vida a los menores afectados por el divorcio. Por eso, un convenio debe recoger cómo se va a articular la custodia compartida, con todos los detalles. En el epígrafe, una vez se dice que esa custodia va a ser compartida, se explica cómo se va a articular. Es decir, «si va a ser una custodia compartida por semanas, en la que el menor va a estar una semana con el padre y una semana con la madre. Si va a ser una custodia compartida con casa-nido», lo que significa que el hijo está siempre en casa y los que se van moviendo son los padres.

También si va a ser una custodia compartida en la que el tiempo no se distribuya al 50%. Por ejemplo, si va a ser una distribución en la que el niño va a estar normalmente con uno de los progenitores y luego va a estar un fin de semana de cada 12 días, o todos los fines de semana, o una noche entre semana con el otro. En definitiva, cómo se va a organizar esa custodia. «Es el reparto del tiempo del menor con sus padres», en el que el tema de las vacaciones «suele dar mucho juego».

Lo más normal es que los hijos pasen 1 semana con su madre y otra con su padre, asegura Elustondo. Y el concepto de casa nido se usa cada vez menos. «Si hago ahora un repaso de lo que va de año, creo recordar que he tenido un solo asunto en el que se han organizado así», insiste el abogado. «Más que nada porque a la larga eso genera problemas» entre la expareja. «1º, que cuando sales de casa necesitas otro lugar al que ir, pero sigues sufragando los gastos del domicilio común. Hay otro problema, la convivencia. No compartes tu tiempo en la vivienda con tu expajera, pero sí la vivienda en sí. ¿Quién limpia? ¿Quién hace la compra? Son cuestiones que pueden generar muchos problemas».

De ahí que cada vez sean menos los menores que se quedan en sus domicilios cuando sus padres se divorcian y sea más habitual que estos cambien de piso cada semana, dependiendo de con quién les toque estar. «Además, como una de las partes rehaga su vida, es complicada la situación para estar con su nueva pareja cuando tiene que estar en el domicilio que tiene con su expareja. Compartir casa es una situación que a la larga siempre da problemas, por eso cada vez se hace menos. Solo de forma temporal, durante los 1ºs meses». Vender la vivienda en común y y que cada parte se reorganice por su cuenta es ya lo más común.

Se agilizarán los procesos de familia con menores de edad.
El Congreso ha aprobado recientemente iniciar la tramitación de una proposición de ley impulsada por el PNV para agilizar los procesos de familia con menores de edad con el fin de proteger el interés superior del menor en los casos en los que el enfrentamiento entre los progenitores dificulta el acuerdo. El objetivo de esta iniciativa, según explicó la portavoz Maribel Vaquero, es «agilizar» estos procesos cuando la discrepancia entre los progenitores «puede perjudicar al menor, por eso la proposición de ley plantea, entre otras cosas, eliminar la obligación de acudir previamente a medios de solución de controversias cuando estén en juego derechos de los menores como la alimentación, la vivienda o la relación con ambos progenitores». El diputado jeltzale Mikel Legarda añadió que «todos conocemos las peculiaridades emocionales que presentan las rupturas inamistosas de las parejas o las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Son casi siempre situaciones de duelo».

La vuelta al cole no es un gasto extraordinario

 .... qué deben pagar los padres separados.
Ana Rodríguez Gómez, Law&Trends, 03/10/2026
Con el inicio de cada curso escolar vuelve una de las dudas habituales entre progenitores separados: quién debe asumir el coste de los libros, el uniforme, la matrícula o el material escolar y si estos desembolsos pueden reclamarse al otro progenitor al margen de la pensión de alimentos. 

La conclusión general que expone Rodríguez es que los gastos asociados al comienzo del curso escolar tienen, con carácter general, la consideración de gastos ordinarios y, por tanto, deben quedar incluidos en la pensión de alimentos. La razón está en que se trata de desembolsos necesarios para la educación de los hijos, que se producen periódicamente y pueden preverse con antelación. “Los libros, la matrícula, el uniforme y el material escolar son gastos ordinarios”, señala Ana Rodríguez, salvo que el convenio regulador o la sentencia establezcan expresamente otro sistema de pago.

El hecho de que buena parte de estos gastos se concentre en septiembre tampoco modifica su naturaleza. Según explica el despacho, que un gasto se abone una sola vez al año no significa que sea extraordinario si se trata de una necesidad que se repite de forma periódica y resulta previsible. De este modo, el coste anual puede ser tenido en cuenta al determinar la pensión y distribuirse de manera aproximada entre las 12 mensualidades.

Entre los desembolsos que, como regla general, forman parte de los gastos ordinarios aparecen los libros de texto, el material escolar, la matrícula ordinaria y el uniforme exigido por el centro educativo. También pueden incluirse otros gastos habituales, como determinadas cuotas, el comedor o el transporte escolar, aunque en estos casos deben analizarse las circunstancias concretas y, especialmente, lo establecido en el convenio o en la resolución judicial.

La cuestión ha sido abordada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. Ana Rodríguez recuerda la doctrina establecida en la Sentencia 579/2014, de 15 de octubre, según la cual los gastos generados al comienzo de cada curso son ordinarios al reunir las características de necesidad, periodicidad y previsibilidad. Este criterio fue posteriormente reiterado por las sentencias 557/2016 y 500/2017. Más recientemente, la Sentencia 587/2025, de 21 de abril, volvió a considerar ordinarios los gastos correspondientes a libros de texto y matrículas escolares.

Esta consideración tiene una consecuencia práctica importante: el progenitor que abona la pensión no tiene que pagar automáticamente otro 50 % de los gastos escolares simplemente porque la sentencia establezca que los gastos extraordinarios se abonan por mitad. “No puede reclamarse automáticamente la mitad como si se tratara de un gasto extraordinario”, advierte Rodríguez.

La situación puede ser diferente si el convenio regulador o la sentencia mencionan expresamente determinados gastos escolares y establecen que deben abonarse aparte o en una proporción concreta. En ese supuesto, habrá que atender a lo dispuesto en la resolución judicial mientras esta no sea modificada.

El artículo también plantea qué ocurre cuando la pensión fijada resulta insuficiente para cubrir las necesidades educativas de los hijos. En esos casos, la solución no pasa necesariamente por convertir los gastos escolares en extraordinarios. Si se ha producido una modificación sustancial de las circunstancias, puede plantearse una modificación de medidas para adaptar la pensión a las necesidades actuales de los menores y a la capacidad económica de ambos progenitores.

La clave, por tanto, está en revisar siempre el contenido concreto del convenio regulador o de la sentencia. La regla general considera ordinarios los gastos previsibles y periódicos del inicio del curso, pero una resolución puede establecer un régimen específico para determinados conceptos.