CASI 4 VECES MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR: Las asesinadas por violencia de género en 2011 que denunciaron esperaron medio año su resolución judicial.
Ninguna de las víctimas fue sometida a una evaluación forense de su situación de riesgo.
El tiempo medio de espera para la
resolución de un procedimiento judicial por violencia de género se
disparó el año pasado, cuando las mujeres asesinadas que habían
denunciado malos tratos tuvieron que esperar hasta 6 meses y medio
para conocer la sentencia definitiva sobre su caso, casi 4 veces
más que en 2010.
Así queda reflejado en el informe anual del Observatorio de
Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) presentado este miércoles, que analiza las
circunstancias que rodearon la muerte de las 16 mujeres que pese a
presentar un total de 22 denuncias por violencia machista el año pasado,
fueron asesinadas.
El informe indica que la media:
1.- de duración de los
procedimientos terminados con sentencia fue de 197,7 días, mientras
2.- los
que acabaron con sobreseimiento se prolongaron 112,5 días.
3.- En 2010, las
sentencias tardaron 53,14 días en llegar y
4.- los sobreseimientos, 17 días.
En total, 18 de los procedimientos instados por estas mujeres habían
concluido en el momento del asesinato, mientras que en los 4
restantes, ella ya había muerto cuando el juez se pronunció.
"El incremento del tiempo en la finalización de un
procedimiento que no se tramita por el procedimiento de juicio rápido,
no se valora como especialmente trascendente, pues son múltiples los
factores, ajenos al funcionamiento normal del juzgado, los que hacen que
un procedimiento finalice antes o después", argumenta el Observatorio.
No obstante, añade que "es necesario dejar constancia de que los asuntos
de violencia de género deben tener una tramitación preferente en aras a
salvaguardar la integridad de la víctima".
Desde este organismo explican que "no se trata de una
tendencia", ya que la duración de los procedimientos es tan variable
como las propias características de cada denuncia, y que no se debe en
ningún caso a la inactividad del juzgado, sino a la dilación de las
diligencias la investigación que pueden tardar más o menos en función de
variables como la localización de un testigo o del propio imputado.
En
los casos de juicios rápidos la duración media está en ocho días.
En total, de las 16 fallecidas que habían presentado denuncia
previa por malos tratos, 14 pidieron una orden de protección y 11 la
obtuvieron porque 3 finalmente renunciaron a ella. De estas 11
órdenes vigentes, otras 3 mujeres las rechazaron, en un 4º caso
se trataba de una condena de alejamiento y se cumplió íntegramente y, en
otros 3, ellas reanudaron la convivencia con sus agresores pese al
mandato judicial.
Así, fueron 4 las mujeres con una orden de protección
vigente y sin quebrantar las que resultaron asesinadas.
"Estos 4
casos son los que nos deben llevar a seguir trabajando y perfeccionando
los mecanismos. En 2011 se dictaron 23.514 órdenes de protección en los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, o sea, que las medidas de
protección funcionan, porque cuando una mujer denuncia, se la protege",
ha señalado en declaraciones a Europa Press la presidenta del
Observatorio, Inmaculada Montalbán.
DENUNCIABAN AMENAZAS Y SE MINIMIZÓ EL RIESGO
Estas mujeres habían denunciado:
a.- en su mayoría amenazas,
especialmente de muerte (86%);
b.- gritos, insultos y abusos verbales (73%);
c.- puñetazos, golpes y arañazos;
d.- y violencia económica,
hechos que, según
explica el informe, "pueden hacer pensar que no revisten mayor gravedad o
peligro para la integridad física de la mujer" aunque al final, todas
fueran objeto de muerte violenta.
"Lo que vemos es que en el relato de denuncia aparecen hechos
nimios que pueden parecer sin importancia o que no entrañan ningún
riesgo. Hay que mantener y mejorar la formación (de los profesionales
implicados) para que se entienda que la violencia sobre la mujer en el
ámbito de la pareja, aunque sea en las primeras coacciones tiene un
carácter grave", ha señalado Montalbán.
En este sentido, ha asegurado que el Poder Judicial está
trabajando "para perfeccionar los mecanismos de graduación del riesgo".
No en vano, ni las fuerzas policiales ni los jueces que atendieron a
estas 16 mujeres apreciaron que se encontrasen en una situación de
riesgo extremo.
La evaluación policial figura en 8 de los casos:
a.- en
2 no se apreció riesgo alguno,
b.- en 3 se consideró que era bajo,
c.- en
2 se calificó de nivel medio y
d.- en uno, alto. De ninguna denuncia se
dedujo una situación extrema.
En cuanto a los jueces, pueden solicitar una evaluación
general del riesgo a las Unidades de Valoración Forense creadas por la
Ley Integral para completar la información sobre la víctima, el agresor y
el entorno de ambos, evaluar su situación y adoptar la medida de
protección más adecuada. En ninguno de los casos consta que se realizara
este dictamen.
Montalbán explica que "las Unidades de Valoración Forense no
están implantadas aún en todos los territorios y tardan en emitir sus
informes porque realizan un análisis más completo, con un equipo de
asistentes sociales y forenses y demás".
"Hay que terminar de
implantarlas y que funcionen con normalidad, seguimos trabajando para
perfeccionarlo", ha añadido.
Dado el coste de implantación de estas unidades y la dilación
en la elaboración de sus informes, el Ministerio de Justicia del último
Gobierno socialista aprobó en 2011 un protocolo que permite graduar el
riesgo de una víctima en 72 horas introduciendo una serie de variables
en un programa informático que, en la actualidad, se encuentra en fase
de implantación y que no aparece en el informe del Observatorio por ser
posterior a los casos que analiza.
En cualquier caso, Montalbán incide en que la evaluación del
riesgo "no supone coger una bola del futuro y saber que va a pasar, sino
que tiene sus variables y es un instrumento más para ver qué protección
es la más adecuada".
Por eso, pide "no caer en el análisis simplista de
que la falta de valoración del riesgo es igual a muerte" porque "con
independencia de que existiera valoración o no, lo cierto es que la
mayoría de las mujeres que denunciaron estaban protegidas" por medidas
que había dictado el juez en su favor.
7 DE CADA 10 NO ACUDIERON A LA JUSTICIA
Lo más grave, según ha dicho, es que en total el año pasado 62
mujeres fallecieron y sólo 16, menos del 30 %, había acudido
previamente a la justicia y este año, la tendencia es un "mayor
silencio" porque si a 27 de junio de 2011, habían sido asesinadas 29
mujeres de las que 8 tenían denuncias previas, este año se cuentan 26
de las que sólo 3 había denunciado.
"Es el momento de que se ofrezcan ayudas económicas y sociales
tanto a las que sufren violencia y renuncian como a quienes no quieren
denunciar, porque es la única manera de que salven la vida, si reciben
ayuda económica para poder romper con el ciclo de la violencia y salir
adelante.
Aunque en el ámbito judicial trabajamos para intentar mejorar,
tenemos que enfocar la vista al momento previo para intentar fortalecer
a esas mujeres y que denuncien", ha señalado Montalbán.
¡¡¡¡ TODO POR LA PASTA ¡¡¡¡ Aunque no sea Efectiva la normativa
![9788497908597 portada: LA ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR Aplicación práctica de la medida en los procesos de separación y divorcio [Cristóbal Pinto Andrade]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t03aFFin9xcDWeFfTI9YxPYHbw9ZRXyMUtNqOLCDuPa3Wj610vFgmbrqhgokC6LT_ljOPAmVMHV_pxGSVjIpqiq5K3ziRCq9v0OUP67w=s0-d)
