Todo comenzó en 2010, cuando llegaron los
recortes, las reformas y los ajustes. Aumentaron los impuestos y se
perdieron muchos empleos, tanto en el sector público como en el privado.
Las consecuencias fueron dramáticas para gran parte de las familias
griegas y, sobre todo, para lo jóvenes, que vieron cómo en pocos meses
sus ingresos se reducían a casi la mitad.
Ahora, en los despachos de abogados del país
cada vez se ven más parejas que solicitan el divorcio de común acuerdo.
Lo curioso es que la mayor parte de ellas entran y salen abrazadas.
Cristina Galanopulu, una abogado ateniense, lo ha explicado en el diario
«Kathimerini»: «La gente intenta sobrevivir de cualquier forma. Ahora
mismo no se considera como cualificación tener una licenciatura, sino la
custodia de los hijos».
Ello se debe a que, hasta el año 2010, los
empleados estatales (no todos ellos funcionarios y muchos con contratos
temporales renovables) vieron cómo se derrumbaba el mito del trabajo
para siempre: al menos un 20% perdieron sus empleos y todos vieron sus
ingresos reducidos entre el 10 y el 30 %. Otros se vieron en la
lista de despidos tras 1 año cobrando el 60% de su sueldo. En esa
lista se excluían a las familias monoparentales, así que una manera de
evitar o retrasar un posible despido, especialmente en el caso de las
mujeres, era solicitar el divorcio y tener legalmente la custodia de los
hijos.
Para la Iglesia ortodoxa,el divorcio es una mala solución,pero las familias tienen que sobrevivir.
Otra ventaja de este divorcio de común acuerdo,
especialmente en el caso de los militares, policías, bomberos y otros
cuerpos del Estado, es no cambiar de destino. El traslado de uno de los
cónyuges supondría vivir a muchos kilómetros, a veces a una isla lejana,
y eso requiere más gastos: alquiler de vivienda o compartir con otro
colega, regresando a la vida de solteros y viendo solo a los hijos los
días libres y las vacaciones.
Además, el divorcio puede salvar la casa de
muchas familias, que, además, utilizaron como garantía ante el banco
otras propiedades de sus parientes. En Grecia se aprobó una ley con la
que no se permitían los desahucios de las viviendas principales, algo
que ha protegido a todos hasta ahora. Y a partir de ahora sí se
permiten, aunque con condiciones. Si el juez ve que los cónyuges están
divorciados, o en proceso de ello, y en la casa viven menores se
paraliza el desahucio hasta que se dividan las propiedades familiares,
ganándose tiempo para encontrar una solución.
De esta forma, se pueden
«salvar» no solo el apartamento o casa familiar, sino también la que se
ha utilizado como aval bancario, frecuentemente la de padres o parientes
cercanos.
Para la Renta.
El documento del divorcio ahora también es
necesario para presentar declaraciones de renta por separado, lo que
favorece a muchos profesionales liberales. Una demanda de divorcio
cuesta como máximo 400 euros y vale para todo. Cuando llega el momento
de presentarse ante el juez, con frecuencia 1 año más tarde, se puede
pedir un aplazamiento o bien retirar la demanda…
A quien más afectan estos divorcios es a la
Iglesia Ortodoxa griega: representa a la religión estatal (no existe aún
la separación entre Iglesia y Estado, algo que exigen los radicales y
otros partidos de izquierda) y es partidaria del matrimonio. Sin
embargo, el padre Yanis comenta con pena: «Divorciarse para solucionar
problemas materiales está mal. Y mentir, peor todavía. Pero a las
familias griegas lo que más les importa ahora es sobrevivir».
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