La implantación de nuevas tasas judiciales por
recurrir en segunda instancia provocará que un número significativo de usuarios
de la justicia desistan de hacerlo por incapacidad económica, según pronostica
el CGPJ. La portavoz, Gabriela Bravo, cree que esta medida es incompatible con
el Estado de Derecho.
cinco dias.com Borja Guerrero - Madrid - 18/05/2012
El nuevo marco de tasas judiciales que pretende implantar el Ministerio de Justicia para desatascar los
tribunales no agrada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El órgano de gobierno de jueces y fiscales
prepara un informe en contra, conocido parcialmente el lunes
pasado, pero ayer la portavoz dejó claro que si la
segunda instancia requiere un desembolso adicional "muchos
ciudadanos" desistirán de recurrir dada la situación económica.
Las tarifas "pueden suponer un
obstáculo que cercena el derecho a la tutela judicial efectiva" y son "poco compatibles" con la concepción del Estado de
Derecho, señaló Gabriela Bravo en un desayuno organizado por la Asociación de
Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur). Los ciudadanos ya "están
contribuyendo con sus impuestos al sostenimiento de los servicios
básicos".
Justicia pretende recaudar con la revisión de las
tasas actuales, la implantación de las nuevas en segunda instancia y su
extensión a las personas físicas 306 millones de euros anuales, frente a los 172
de 2010.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
justifica la medida por su efecto disuasorio, por la necesidad de desatascar
los tribunales y para destinar los ingresos a sufragar el 100% del coste de la
justicia gratuita.
Los ciudadanos con menores niveles de renta estarían
exentos del pago de las tasas.
El informe parcialmente conocido del CGPJ sostiene que
los nuevos importes son "excesivos", "exorbitantes" y
disuaden de pleitear.
Ya existen determinadas tasas en la justicia,
aplicables a personas jurídicas y que no se revisan desde su implantación en
2002.
El Gobierno elabora el anteproyecto de ley que
supondrá un incremento de entre 50 y 750 euros el coste de los recursos.
Así, por ejemplo, en los recursos de apelación habrá
que abonar 500 euros más (de 300 a 800), mientras que los de casación o
infracción procesal aumentan el 100%, al pasar de 600 euros a 1.200.
La agrupación de juzgados que ha propuesto el CGPJ al
ministerio de cara a la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación
permitirá una mayor especialización de los jueces y más rapidez en la
resolución de los asuntos, defendió ayer Gabriela Bravo.
El órgano de los jueces plantea agrupar los 431
partidos judiciales actuales en 190 o 200, sin reducir juzgados ni plantilla,
recalcó la portavoz.
La dispersión actual tiene que desaparecer porque no
responde a los criterios de economía y aprovechamiento racional de recursos.
Cada
partido ha de agrupar al menos a ocho juzgados, lo que permitiría a cada juez
dedicarse a un orden jurisdiccional específico, y cubrir una población mínima
de 100.000 personas. Bravo apostó también por implantar tribunales de instancia.
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