lunes, 15 de julio de 2019

Lo que más molesta a un juez de un abogado... y viceversa

Los letrados piden más cordialidad y diálogo; y los magistrados critican la falta de concreción de las intervenciones.
Patricia del Aguila Barbero, Madrid, 28.05.19
Dicen que del amor al odio solo hay un paso; un principio que puede aplicarse a la relación entre abogados y jueces. La tensión propia de algunos procesos judiciales y la compleja gestión de los intereses en juego puede ocasionar que los actores de un juicio sobrepasen algunos límites y su actuación se vuelva irritante. Estas son las 5 acciones que molestan a los abogados de los jueces y viceversa.
1. Que no se estudie bien el caso. Para Óscar Fernández, abogado, una de las grandes quejas de los letrados es que, al iniciar la audiencia previa o el juicio, el juez no disponga de un conocimiento pormenorizado del asunto. Algo que “se percibe en los 1º comentarios del juez en sala” y que, además, es “muy frustrante”.
2. Que no sea dialogante ni cordial. La falta de diálogo, según Fernández, crea un clima que en nada facilita el desarrollo de la vista. “Ello no obsta a que, cuando sea preciso, el juez adopte decisiones acordes con su papel de celoso guardián de la dignidad, gravedad y orden en la sala”, aclara. No obstante, un gesto de amabilidad, como que el juez se disculpe si llega tarde, “suele agradar sobremanera”.
3. No respetar la intervención del abogado. El modo de dirigirse a los letrados, dar muestras de aprobación o desagrado durante el informe o echar “miradas furtivas” indicando cansancio o disgusto por la intervención es algo que también irrita a los abogados. En este punto, Fernández aconseja que “se abstengan de despachar con el personal auxiliar asuntos, o recoger y entregar papeles”, ya que “pueden y deben esperar”.
4. No recibir un trato idéntico al de fiscales y abogados del Estado. Es común que los letrados perciben que existe un trato desigual que, “si bien no afecta a la imparcialidad del juez, genera cierto malestar”. A esto se une que en el interrogatorio el juez no dé prioridad al letrado en favor de las partes, testigos o peritos, o tenga una actitud cerrada, inflexible y excesivamente formal.
5. No tener una actitud de escucha activa. Según Fernández, el lenguaje no verbal es especialmente revelador de la falta de interés en la intervención del letrado, así como estar mirando el reloj ostensiblemente o el móvil. “Los abogados tememos especialmente este proceder porque nuestra línea de defensa no va a ser plenamente conocida y estudiada a posteriori”, critica.
Por su parte, para Raimundo Prado, magistrado y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), las figuras del juez y el letrado constituyen las 2 funciones “más importantes y bellas dentro del edificio de la justicia”. No obstante, los jueces también tienen claro qué les molesta de los abogados en un juicio.
1. Adornar en círculo los informes. Una de las más comunes, según Prado, es la queja judicial de que los letrados adornen en círculos sus informes, cuando el asunto se halla perfectamente delimitado (haciendo que parezca que el juez no se entera de nada) y dando “10 mil explicaciones” con distintas palabras pero diciendo lo mismo. “Muchas veces lo hacen para justificar ante el cliente los honorarios”.
2. Interponer demandas inacabables. También suscitan molestia las demandas eternas de los abogados con “cortas y pegas”, aludiendo a sentencias que, o bien son reiterativas, nada tienen que ver con el asunto o no dan argumentos jurídicos, esperando que el juez aplique la iura novit curia (el juez conoce el derecho). Para más inri, admite Prado, “una de las cosas que más nos irrita es que les digas que acaben... y no acaban”.
3. Faltar al respeto al tribunal o a las partes. Según su experiencia, las faltas de respeto se dan de muchas formas, desde el uso de palabras “gruesas”, hasta llevar vestuarios extravagantes para un determinado acto procesal o tener una actitud agresiva con los testigos en juicio. También hay letrados que, en provincias, se dirigen al tribunal diciendo que en Madrid “se hace de tal forma”, comenta Prado.
4. Que invoquen por defecto al art. 24 de la Constitución. Algo que también irrita a los jueces es que los letrados tengan como único argumento a veces el art. 24 de la Constitución, que se refiere a la tutela judicial efectiva. “Solicitan aclaraciones de sentencias muy claras con el único fin de ganar tiempo, o se les nota que sustituyen a un compañero y no se han visto el asunto a fondo”, asegura.
5. Menospreciar a juezas o jueces jóvenes. Según Prado, la discriminación también se da en las relaciones profesionales con la judicatura y no solo en género. “Hay algunos abogados que sonríen con altivez y superioridad cuando tratan con un juez o una juez joven”, relata.
Como anécdota, agrega que también hay letrados que dicen ser íntimos amigos de un magistrado del Supremo ante el juez que va a juzgar a su cliente. Y en esta línea, quienes se quejan de que otro juez no tiene “ni idea” porque no le dio la razón; u otros que “te tratan como colegas de pandilla, y no respetan las normas de los tribunales de orden y trato”, dice. ¿Los más originales?: “Los que presumen del dinero que han ganado en algunos pleitos y del coche tan potente que tienen”.

TSJCat: Conciliación familiar y laboral con Custodia compartida

El TSJCat desestima el recurso de un trabajador con custodia compartida que pedía llegar 15 minutos más tarde para llevar a su hijo al colegio.
Luis Javier Sanchez, 15 Julio 2019
El fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) no tuvo en cuenta la reforma legislativa del Real Decreto de 6/2019, publicado el 7 de marzo en el BOE donde habla que ese cambio de jornada es un derecho del trabajador.
La defensa acudirá al Tribunal Supremo para lograr que sea efectivo este nuevo derecho.
A un padre divorciado, con custodia compartida, que vive solo, le denegó el TSJCat la modificación del horario para acompañar el hijo al colegio y entrar 1/4 de hora tarde cada día.
Curiosamente, este fallo y deliberación, de 13 de junio, no tuvo en cuenta la entrada en vigor dicho Real Decreto que modifica el artículo 34.8 del Estatuto de los trabajadores, para facilitar los cambios de jornada al trabajador.
En este caso, la situación de este trabajador era la de divorciado con un hijo de 13 años en custodia compartida una semana alterna.
La ley señala que el derecho es prevalente hasta los 12 años.
De los 13 a los 18 años hay un cierto vacío legal que no está amparado por los derechos conciliación.
Este asunto se genera con anterioridad a la modificación legislativa del 34.8 del Estatuto de los Trabajadores que ahora permite la reorganización de la jornada del trabajador de acuerdo con el empresario.
La demanda se interpuso el pasado 22 de enero del 2018 en el Juzgado de lo Social de Tarragona para luego tener el fallo desestimatorio de 4 de mayo de ese año.
Con posterioridad el TSJCat, en una sentencia de 20 de junio del 2019, la 3269/2019, desestima el recurso del trabajador y hace suyos los argumentos del citado Juzgado de lo Social, aunque la reforma ya estaba aprobada en marzo.
El tribunal desestima que no ha habido una vulneración del derecho a la conciliación del trabajador por lo que no ve procedente de una indemnización de 3.000 euros por los daños y perjuicios sufridos desde este punto de vista.
En dicho fallo el TSJCat da por probado que el peticionario tiene la custodia compartida de su hijo menor, 1 semana de cada 2, y que los cambios que él pide supondría realizar otra jornada de trabajo diferente.
Por su parte, la empresa prueba que, por causas organizativas internas, no puede acceder a la petición de dicho trabajador.
Esta empresa no tenía en su convenio nada relacionado con los cambios de jornada.
Sin embargo este trabajador sí tenía firmado un plan de igualdad donde sí quedaba reflejado como medidas de fomenta de paternidad, el trabajador podría disponer de las medidas de conciliación que necesitase, así lo señalaba una cláusula genérica de dicho plan.
Ese plan de igualdad sirvió para que el propio interesado solicitara dicho cambio de jornada.
Víctor Canalda, abogado del trabajador, especialista en derecho laboral con más de 10 años de experiencia, aclara que «estamos hablando de un asunto el de pedir la adecuación de la jornada de trabajo, conforme a la reforma última del 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, según último decreto de marzo que ya está generando litigiosidad».
Una nueva práctica de la que Confilegal ya se había hecho eco hace unos días en un reportaje anterior con declaraciones de algunos expertos.
En muchos casos, como éste, anteriores a la reforma normativa citada, es posible que este tipo de asuntos lleguen al Tribunal Supremo donde se adecúe el asunto a la nueva normativa.
Curiosamente, al trabajador “se le fue concediendo permisos para llegar más tarde al trabajo, al tener la custodia compartida de su hijo de forma alterna cada semana. Eso le hacía pedir ese permiso que se lo concedían siempre”, especifica su abogado.
Sin embargo, empezó a tener problemas con la empresa y busco una seguridad para poder llevar a su hijo al colegio. Ante esa posible situación, solicitó el art. 34.8 como derecho.
«Se le negó por 2 motivos en la solicitud que hizo extrajudicialmente porque si se le concedía a el era un agravio comparativo con el resto de los compañeros que pudieran poder reclamarlo. Y la otra razón tenía que ver con que el horario era común para todos. Luego en el juicio se habló de causas organizativas exclusivamente. En esta situación, a esta persona no le quedó otro motivo que demandar a la empresa”, destaca Canalda.
EL ART. 34.8 EN TELA DE JUICIO
La medida de reducir jornada que planteó la empresa tampoco le satisfizo.
Sabiendo que existía el art. 34.8, no era cuestión de perder salario por una medida de este tipo. Sin embargo la jurisprudencia es clara y hasta el momento muchos asuntos de este tipo se han solucionado en la petición de reducción de jornada, especialmente antes de la última reforma de ese articulo”, apunta el abogado.
Hace unos días recibió el fallo de la Sala de lo Social del TSJCat, donde se indicaba que no había lugar a pedir dicho cambio en la jornada de trabajo.
La sentencia, por lo novedosa, es importante, porque aplica el mismo criterio que antes de la aprobación del Real Decreto 6/2019, este que modifica el art. 34.8 y define lo que los expertos hablan la jornada a la carta”.
Al parecer es la 1ª sentencia sobre este tema que se conoce en Cataluña.
En su fallo, la Sala de lo Social recoge ese mismo criterio anterior a la reforma del Real Decreto 6/2019.
En esa sentencia se hace alusión a otra de enero del 2019 “donde se desestima igualmente la modificación del horario de entrada porque viene a decir que esa solicitud del trabajador, de forma unilateral, no puede modificar la jornada”.
Para Canalda es posible que en este último fallo el juez confunda lo que es modificaciones de jornada del art. 37 del Estatuto de los Trabajadores con adaptaciones horarias del artículo 34.
Hay una fina línea entre ambos conceptos. En nuestro caso hemos pedido una adaptación horaria y no un cambio de jornada. Al pedir que se entre más tarde, se alarga el jornada y podríamos estar hablando de una jornada diferente. Este es el criterio judicial que sigue”.
Para este jurista «estos asuntos tendrán que ser resueltos por los tribunales y por el propio Supremo según la nueva óptica”.
Incluso se da la posibilidad de que aunque “en el convenio colectivo de la empresa no se diga nada de esto, la propia normativa aprobada es clara, con lo cual cualquier tribunal tendrá que resolver en consecuencia al nuevo marco legislativo aprobado”.
A juicio de Canalda, el papel del TSJCat debe ser ahora el de limitar el derecho “ahora con la nueva legislación se ha abierto de par en par y ahí puede acogerse cualquiera. Deberá ser el árbitro en esta nueva situación que ahora se está generando”.
En este asunto, ya no le queda otra que confiar en el Tribunal Supremo para lograr dicho nuevo derecho individual.

domingo, 14 de julio de 2019

El Poder Judicial estudia implementar robots que predigan sentencias

MÁS INFO
Los robots ahorrarían a los jueces españoles 1/4 parte de su trabajo.
El Consejo General del Poder Judicial estudia ya la aplicación generalizada de sistemas de "Justicia predictiva".
JOAQUÍN HERNÁNDEZ, 14 Julio 2019
El Consejo General del Poder Judicial estudia ya la potencial aplicación generalizada en España de sistemas de "Justicia predictiva", según han apuntado fuentes del órgano de Gobierno de los jueces a Vozpópuli.
Estas tecnologías consisten en algoritmos capaces de recoger toda la jurisprudencia sobre un asunto y estimar las probabilidades de que los procedimientos judiciales se resuelvan en un sentido u otro, con un grado de eficacia que ronda el 85% de los casos según experiencias ya dadas en otros países europeos y en EEUU a la hora de perfilar y cuantificar en sus resultados a los jueces y a los abogados.
Fuentes conocedoras de estas tecnologías y su potencial aplicación inciden en que tiene claras ventajas pero también plantea serios desafíos.
Ventajas y desventajas
Entre las ventajas aparecen la posible eliminación de incertidumbre jurídica (dado el alto grado de eficacia de los mecanismos), la reducción de una importante cantidad de burocracia (permitiría anticipar aquellos asuntos menores que se repiten con frecuencia en una dirección y 'atascan' los juzgados), la rebaja de costes derivada de lo anterior, y un incremento de las conciliaciones en detrimento de los juicios.
Paralelamente, entre los factores de riesgo, enumera el jurista especializado en Derecho Tecnológico Jorge Morell, aparecen la posibilidad de que la Justicia predictiva traiga aparejado un viraje del 'Imperio de la Ley' a la 'norma aplicada', contribuyendo a un entorno en el que las resoluciones se argumenten cada vez menos.
Otros riesgos son el llamado 'efecto rebaño', esto es, que la gente en general, incluidos los propios jueces, entre a cuestionar menos los asuntos y se ciña por el peso de la matemática; e injusticias por la vía de los los posibles sesgos del algoritmo - no es siempre es fácil entender por que el algoritmo llega a las conclusiones que llega - y las cuestiones éticas inherentes.
No para los jueces.
Según apuntan desde el CGPJ a este medio, la intención del órgano es que los sistemas de Justicia predictiva puedan servir como "herramienta de ayuda" para juristas y profesionales del derecho en general (abogados, procuradores, etc.), y no afecten directamente a las decisiones de los propios jueces.
"Los jueces tienen que resolver sobre personas, con sentimientos, y entrando en cada caso concreto", incide el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.
Fuentes jurídicas inciden en la potencial 'presión' que puede suponer para el juez a la hora de resolver un caso el conocimiento público de las estadísticas sobre sus tendencias. Francia, país en el que el CGPJ reconoce estar fijándose, ha prohibido ya por ley el uso de los sistemas de justicia predictiva para perfilar públicamente los resultados de un juez -los abogados franceses han reclamado lo propio para ellos-.
Otro país al que el CGPJ observa es Estonia, aunque descarta, de momento, la aplicación en España de sus 'jueces robots'.
"Las aplicaciones que está desarrollando Estonia afectan a procesos muy concretos, repetitivos y de bajo coste económico y, en cualquier caso, su concreta exportación a otros países de la UE, como es España, no se contempla en estos momentos por las diferencias entre sus respectivos ordenamientos jurídicos", dicen fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Una eventual irrupción de 'jueces robots' precisaría, de hecho, una reforma constitucional.

Nota: Es importante conocer las "tendencias personales" de cada juzgado, asi como ¿Cual es su productividad? En el caso de los procesos de divorcio, se mecanizaría la situación actual, a favor siempre de la misma parte.

sábado, 13 de julio de 2019

Hay que cambiar el Código civil del S. XVIII de una vez por todas

El Supremo condena a unos abuelos de Langreo a pagar por la manutención de sus nietos.
Ratifica el auto de la Audiencia y les obliga a aportar 100 euros al mes por cada uno de los menores ante la difícil situación de los padres.
Marta Varela, Langreo, 12 julio 2019
Una sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 3 de julio, ratifica el auto de la Audiencia Provincial de mayo de 2017 en el que se obliga a unos abuelos de Langreo a colaborar mensualmente con 100 euros por cada nieto en la manutención de los mismos. Una situación que se desprende de la precariedad en la que viven con su madre desde 2015, cuando se divorció del hijo de los condenados y padre de los niños, de 8 y 12 años. La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida por los abuelos al Supremo, donde finalmente no se ha aceptado el recurso y se ratifica como firme el fallo.
Ese veredicto de la Audiencia fue el resultado del recurso interpuesto en contra de la posición de la Fiscalía y de una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Langreo. La madre de los pequeños demandó a los abuelos paternos para que colaboraran en el sustento alimenticio de los niños ante la situación de penuria económica que padecen. Según consta en la sentencia, los progenitores de los menores están divorciados desde 2015 y el padre debería aportar una pensión alimenticia mensual de 200 euros a cada uno de sus hijos, pero no lo hace alegando que está en situación de desempleo y hasta el pasado año se encontraba en prisión. Ahora serán los abuelos paternos los que deberán contribuir a la pensión alimenticia de sus nietos, aunque lo harán de forma parcial aportando 200 euros por los 2, si bien su hijo en el auto de divorcio, de 2015, debería estar aportando cada mes 400 euros como pensión de alimento a favor de los menores, de los que tiene la custodia. Algo que no hace al carecer de ingresos suficientes.
Desde la 1ª sentencia se consideró que la situación económica de sus abuelos les permite contribuir con la manutención de sus nietos, ya que el abuelo tiene una pensión mensual que oscila entre los 2.300 y los 2.500 euros, a pesar de que vive con su mujer y 2 hijas. 
En este sentido, la Audiencia Provincial indicó que «la obligación de prestar alimentos entre parientes encuentra su razón de ser en el principio de solidaridad familiar, que tiene cobertura de rango institucional». Los demandados habían alegado que ellos también tienen cargas familiares ya que ayudan a sus hijas, lo que «les impide atender las necesidades de sus nietos». El fallo de la Audiencia fue claro y consideró «que aún pueden colaborar al mantenimiento de los pequeños».

viernes, 12 de julio de 2019

El Supremo abre la puerta a modificar el régimen de gananciales

....... incluso tras un divorcio.
Mª Jamardo,11/07/2019
La Sala de lo Civil determina en 2 novedosas resoluciones que a partir de ahora "la prueba del carácter privativo del dinero" en los procedimientos de liquidación de sociedades de gananciales "no es irrelevante".
El Tribunal Supremo abre la puerta a modificar el régimen de gananciales sobre algunos bienes, entre ellos la vivienda familiar, incluso después de un divorcio. El Alto Tribunal sienta jurisprudencia: los bienes muebles o inmuebles serán gananciales no por el mero régimen del matrimonio -y "con independencia del origen de los fondos" con el que fueron comprados- sino "si ambos cónyuges de mutuo acuerdo les atribuyeron carácter ganancial".
En 2 recientes resoluciones adoptadas por la Sala Primera de lo Civil, los magistrados consideran que cuando un matrimonio en gananciales compra un bien con parte de dinero propio de 1 sólo de ellos -esto es, privativo- aunque declare aportarlo para la sociedad, será "el no adquirente interesado en que se califique el bien como ganancial" quien tendrá que "probar la existencia de un acuerdo" entre ambos para que así sea.
Algo que el tribunal recuerda que "exige" el Código Civil "para atribuir carácter de ganancial a un bien" comprado por el matrimonio durante la vigencia de la sociedad de gananciales: es imprescindible el "común acuerdo" de los cónyuges "con independencia del origen de los fondos".
Es decir, si la sociedad se disuelve tras un divorcio, quien aportó la cantidad inicial puede recuperar la misma sin tener que repartirla, siempre que la otra parte no pueda acreditar que pactaron asignarla a la sociedad de gananciales a partes iguales o proporcionales a una cuota concreta.
Así lo establece una sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Supremo -a la que ha tenido acceso OKDIARIO y de la que fue ponente la magistrada Ángeles Parra– donde considera que "son gananciales los bienes adquiridos conjuntamente por los esposos cuando consta la voluntad de ambos de atribuir carácter ganancial al bien adquirido".
Por el contrario, "si se prueba que para la adquisición se han empleado fondos privativos, el cónyuge titular del dinero tiene derecho a que se le reintegre el importe actualizado" tras el divorcio, incluso aunque en el momento de la compra "no hiciera reserva sobre la procedencia del dinero ni sobre su derecho de reembolso", concluye el tribunal.
Voluntad expresa
El Supremo resuelve así 2 procedimientos similares en los que se planteaba una duda razonable sobre "el ámbito y los efectos de la atribución de la condición de gananciales por voluntad expresa o presunta de los cónyuges, a los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad de gananciales".
En sendos recursos se preguntaba al Alto Tribunal sobre la correcta interpretación por las diferencias surgidas en 2 matrimonios tras un divorcio contencioso, en el momento de la liquidación de una sociedad de gananciales, "respecto de varios inmuebles adquiridos durante el matrimonio bien por uno solo de los cónyuges -que declaró adquirir con carácter ganancial- bien por ambos cónyuges -que declaraban comprar con carácter ganancial".
La respuesta del Supremo es sencilla "la declaración de 1 solo cónyuge de que adquiere para la sociedad o de que adquiere con carácter ganancial, por sí sola, no es suficiente para que el bien tenga ese carácter ganancial, de modo que si el cónyuge adquirente prueba el carácter privativo del dinero empleado, el bien será privativo".

En otros Mass Media: Periodista digital

La custodia compartida, ¿es el más aconsejable? ¿a quien beneficia?

Se trata de algo tan sencillo y a la vez tan complejo, como plasmar en un documento el reparto de las responsabilidades entre ambos progenitores.
Carmen González Poblet, Madrid, Abogada, 11 JUL 2019
Mucho se ha escrito y hemos oído, acerca de que el régimen de custodia compartida es la opción más beneficiosa para el correcto desarrollo y bienestar de los hijos menores y el sistema deseable, así lo califica nuestro Alto Tribunal, (prohibido únicamente en el ámbito de la violencia de género), aunque a día de hoy su fijación no está generalizada ni en nuestra sociedad ni en nuestros Juzgados.
¿Pero se está haciendo, cuando se hace, bien? ¿Nuestros menores quedan verdaderamente protegidos bajo la custodia de ambos progenitores?
La respuesta a mi juicio es afirmativa, pero siempre y cuando su determinación conlleve el haber contemplado previamente todos los aspectos de la vida del menor que sean posibles, para que cada progenitor conozca de antemano las obligaciones y responsabilidades que contrae, y sí aun así surgen discrepancias, se pueda recabar para solventarlas, la ayuda de profesionales especializados colaboradores de la justicia.
Me refiero sin duda a implementar, de manera generalizada 2 instrumentos que pueden contribuir a conseguir que así sea: el plan de parentalidad y la figura del coordinador parental.
El plan de parentalidad regulado en el Código Civil catalán, ─más avanzado en muchos aspectos que el Código Civil común─ , debería ser introducido en todos estos pronunciamientos y con carácter obligatorio, aunque ello conlleve la modificación de la legislación común.
¿Pero en qué consiste?
Pues se trata de algo tan sencillo y a la vez tan complejo, como plasmar en un documento, el reparto de las responsabilidades entre ambos progenitores, para que ejerzan la patria potestad de una manera responsable, y alcancen acuerdos, al menos de mínimos, en aspectos de la vida del menor.
Sin pretender hacer una relación cerrada de estas circunstancias, imposible de realizar por otro lado, me permito detallar algunas que deben y pueden preverse: periodos de estancia del menor con cada progenitor, durante el curso escolar y en periodo vacacional; si van a mediar visitas del otro progenitor en cada período; destino y ocupación, por quien y cuando del domicilio familiar; disponibilidad de tiempo de cada progenitor para atender a sus hijos; condiciones de la vivienda de cada padre; personas que componen las nuevas unidades familiares; lugar, horario, cómo y por quién se van a realizar las entregas y recogidas de los menores en cada periodo; previsión de cubrir temporalmente la imposibilidad de ejercer la custodia por uno de ellos; gastos de desplazamientos y salidas de los menores, edad... ; comunicación con los hijos: periodicidad, horario, medios; quien realiza el seguimiento escolar y del resto de actividades y salud; compromiso de no utilizar al menor como correo entre los padres, forma y medio de facilitarse la información; distribución y participación en las festividades y celebraciones de los menores o familiares; viajes del menor fuera de su domicilio: notificación, autorizaciones; objetos a proveer al hijo: edad…; aspectos religiosos; forma de abonar los gastos y entre otros muchos, la forma de resolver las controversias que puedan surgir.
Sin lugar a dudas, si los padres lo confeccionasen y/o lo exigiesen los tribunales para su evaluación con carácter previo a la concesión de esta forma de custodia, no solo nuestros menores serían los grandes beneficiarios, sino que también, se dejaría de solicitar, este régimen como forma de protección de los intereses de los padres, ajenos e incluso contrarios a los de los hijos en múltiples familias.
Y si una vez instaurado este régimen, la resolución judicial no ha concluido el conflicto familiar, nuestro ordenamiento jurídico, debería introducir con el mismo carácter generalizado en todo el territorio nacional, la figura del coordinador parental, como alternativa a la resolución de conflictos, figura que existe con éxito desde el año 1990 en USA y Canadá . En España desde el año 2013 se ha ido introduciendo en Cataluña y posteriormente en Baleares y Valencia...
Figura que necesita, sin duda, de un amplio desarrollo en aspectos tales como: especialidad y conocimientos que debe tener, quien coordina y certifica la lista de estos coordinadores, cuya misión es auxiliar al juez y a las familias en la gestión de sus rupturas; quien abona sus honorarios; que facultades deben tener: informativas, decisorias, consultivas…; y en qué situaciones debe intervenir: tales como incumplimiento de visitas, en procedimientos de modificación de medidas, ejecuciones…
La finalidad es que con la ayuda de este profesional, en un período de tiempo razonable, la familia acepte las nuevas pautas y sea capaz de autogestionarse.
En definitiva, si se alcanzan compromisos sobre las obligaciones y responsabilidades que asume cada progenitor y se pone en marcha y desarrolla la figura del COPAR, aunque sea con elevadas dosis de prudencia, me permito ser optimista en el convencimiento de conseguir que este régimen sea efectivamente el sistema deseable para nuestros menores.
Nota: Ante la crisis económica, nada como crear puestos de trabajo "agradecidos", Los votos tienen un valor muy elevado en estos momentos.¿Cual es el coste para el tesoro público? sabiendo que es un fracaso dado la regulación del divorcio en España actualmente.....

miércoles, 10 de julio de 2019

Divorcio: Cuando también deciden los menores.

El falso debate entre custodia monoparental o custodia compartida esconde en ocasiones intereses ocultos pero visibles que atañen, al menos eso creen algunos, al uso de la vivienda familiar y el pago de pensiones de alimentos.
Rafael Soto Rueda, Abogado, 9 julio 2019,
Aquellos que han tenido que pasar por el mal trago de gestionar cuestiones familiares en los juzgados de Málaga capital saben que aquella frase de «tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando» no sería aplicable en nuestros juzgados de familia.
En Málaga los procedimientos de familia se reparten no según entran al juzgado sino conforme al apellido de la madre de la criatura o de la mujer, y ya le digo yo que no es lo mismo que el asunto se tramite en el juzgado nº5 que en el nº 6 que en el 16. Y algunos este detalle lo sabemos.
Comencemos diciendo que los procedimientos de familia han dejado de ser un juicio entre letrados, ya que existiendo menores, estos procedimientos «los deciden estos menores» aunque por parte de los profesionales que nos dedicamos a esto intentemos defender lo contrario, y todo ello en base a un santo grial llamado el interés superior del menor que es un faro que se supone ha de guiar el derecho de familia pero que en más de una ocasión nos deslumbra hasta dejarnos ciegos.
Si los menores tienen 12 o más años, su decisión a efectos prácticos es casi ley, entre los 8 y 12 años dependerá de la madurez que el juzgado aprecie en sus manifestaciones vía exploración de menores o a través del informe de los equipos técnicos adscritos a los juzgados de familia, fundamentalmente la recomendación que hagan los psicólogos en cuanto al reparto de tiempo de los menores, y en base a ello se desprenden todas las consecuencias jurídicas que dicho reparto de tiempo tiene.
Hoy nos encontramos con que los menores tienen un decálogo de derechos que han de gestionar desde muy pequeños, los entiendan o no, o lo que es más relevante a mi juicio, se les pone el foco para que tomen decisiones que no debieran ser tomadas por niños, y no nos engañemos, a efectos prácticos las 'declaraciones' de menores de 12 o más años están determinando, vinculando y diseñando por décadas un núcleo familiar adulto.
Es decir, ¿en qué cabeza cabe que si mi compañera y yo decidimos si mi hijo de 12 años tiene móvil o no o que vaya de campamento o no, el hecho de dejar de ser pareja legitime a ese mismo niño de 12 años para que decida con quién va a vivir o si quiere o no quiere ver a su padre o a su madre o con qué frecuencia quiere verlos? o ¿cómo le explico yo a un padre o a una madre que si su niño de 12 años no quiere verlo pues que... no lo va a ver porque no se puede obligar a un niño de 12 años a hacer algo que no quiere hacer?
Una vez que los menores o los psicólogos han decidido el modelo de familia que le conviene a la familia y sugerido un reparto de tiempo entran en escena los criterios de su señoría, criterios que a día de hoy en nuestros juzgados son claros y evidentes, de ahí que no sea lo mismo que te monte Isabel o que te monte Fernando.
El falso debate entre custodia monoparental o custodia compartida esconde en ocasiones intereses ocultos pero visibles que atañen, al menos eso creen algunos, al uso de la vivienda familiar y el pago de pensiones de alimentos. Resulta curioso que algunos que defienden la custodia compartida no les suene para nada qué es eso de corresponsabilidad parental, creen que es un latinajo, y algunas que defienden la custodia monoparental se les llene la boca hablando de igualdad de derechos y oportunidades entre los diferentes sexos, sexas o sexes. Curioso, curioso.
Hoy en día las consecuencias de elección de un tipo u otro de custodia se han ido matizando, lo que sin duda es positivo, pero siguen pesando y mucho en ese falso debate entre ambas modalidades de custodia.
Lo bueno de todo esto es que sabiendo qué quieren nuestros hijos y conociendo el criterio de su señoría se nos da algo parecido a una certeza que los profesionales podemos trasladar a nuestro cliente, que a fin de cuentas es lo que quieren... ya sea Isabel ya sea Fernando.

Aprome dirige el Centro de Intervención Parental en Madrid

Nuevo recurso pionero para las familias en situación de crisis de pareja o inmersas en procesos judiciales o administrativos.
El Centro de Intervención Parental acaba con las listas de espera en los puntos de encuentro.
www.madrid.es, 22/10/2018
El recurso ofrecerá 4 servicios: coordinación parental, punto de encuentro familiar, orientación psicosocial e intervención grupal de prevención.
El nuevo espacio ofrece un lugar idóneo, neutral y seguro para favorecer la mejora de la relación parental.
Podrán acceder al mismo las familias de todos los distritos de la ciudad derivadas de los órganos judiciales o administrativos al Ayuntamiento de Madrid.
La delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha presentado esta mañana el nuevo Centro de Intervención Parental (CIP) para favorecer la mejora de la relación parental de las familias que sufren una crisis de pareja o se encuentran inmersas en procesos judiciales o administrativos. En este acto ha estado acompañada por Ana Carrascosa, magistrada letrada del Consejo General del Poder Judicial y Emelina Santana, asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia.
El nuevo recurso, que será pionero al apostar por la figura del coordinador de parentalidad, ha logrado desde su puesta en marcha acabar con las listas de espera en los puntos de encuentro familiar que en el pasado mes de agosto era de 70 familias.
Durante la presentación, Higueras ha celebrado que Madrid cuente con un centro de estas características que va a permitir, entre otras cosas, abordar de manera más integral la situación de las niñas y los niños que sufren un alto nivel de conflicto por la ruptura de la convivencia de sus padres y atenuar el impacto negativo de estas crisis familiares en sus vidas.
Cuatro servicios
El CIP ofrece un espacio físico idóneo, neutral y seguro para llevar a cabo los 4 servicios que oferta a las familias de todos los distritos de la ciudad: coordinación parental, punto de encuentro familiar, orientación psicosocial especializado en situaciones de ruptura e intervención grupal para la prevención en familias en situaciones de ruptura.
Este recurso cuenta con un equipo interdisciplinar de 10 profesionales (psicológas/os, trabajadoras sociales, coordinadoras/es parentales, abogadas/os y mediadoras/es) y va a formar parte de un proyecto piloto para implantar la figura del coordinador de parentalidad. Este proyecto ha sido promovido por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
Además, la dirección de familia e infancia, adscrita al área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, trabaja con un grupo de expertos coordinado y promovido por el Consejo General del Poder Judicial en el que están integrados el Colegio de Abogados de Madrid, la fiscalía de familia, la de violencia de género, magistrados de varios juzgados de familia, violencia de género, equipos psicosociales y Audiencia Provincial.
El acceso de las familias es por derivación de los órganos judiciales y administrativos al Ayuntamiento. El horario del CIP es de martes a domingo. La gestión corre a cargo de la Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores (APROME) cuyo contrato de 3 años de duración alcanza 1,4 millones de euros.

La discutida figura del coordinador de parentalidad, otro paso atrás para la custodia compartida

MÁS INFORMACIÓN
El Supremo abre la puerta a que los padres divorciados dejen de mantener a hijos desagradecidos.
Un tribunal da la razón a un padre divorciado que se negó a pagar la universidad privada a su hija.
Un juez impone un mediador para 'reeducar' a unos divorciados en guerra por la custodia de su hija.
Se trata de una medida excepcional y novedosa que habilita la ley para los casos de rupturas conflictivas, y que se ocupa de pacificar y normalizar la situación.
PATRICIA ESTEBAN, Madrid, 9 JUL 2019
Tras un divorcio, la guerra por los hijos comunes puede llegar a niveles tan elevados que afecten de modo muy negativo a los menores. El conflicto continuo, los reproches y ataques, utilizando a los niños como arma arrojadiza, es muy perjudicial para la estabilidad emocional de los más pequeños. Los jueces de familia, saturados con litigios que los progenitores deberían ser capaces de resolver por su cuenta, tienen que, en muchas ocasiones, tomar parte o actuar como un 3º padre.
En estos casos de divorcio conflictivo, los magistrados cuentan armas legales para asegurar el bienestar de los menores. 
La ley les permite (art. 158 del CCivil) adoptar en sus sentencias las medidas que estimen oportunas para apartarles "de un peligro" o evitarles "perjuicios en su entorno familiar". En última instancia, y si no hay más remedio, pueden intervenir a la expareja y nombrar a un 3º para supervisar el cumplimiento de las resoluciones y ayudarles a gestionar su ruptura.
Un ejemplo cercano es el de una reciente sentencia de un juzgado madrileño (cuyo texto puede consultar aquí) que ha obligado a unos padres divorciados, incapaces de ponerse de acuerdo sobre la custodia y educación de sus hijas, a someterse a la supervisión de un coordinador parental que les controle. El magistrado concluye que esta es la mejor solución para desbloquear una situación de "grave, dilatado y elevado" nivel de conflicto en la que ambos se han enquistado. Además de supervisar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, especifica la sentencia, el coordinador deberá ocuparse del "adiestramiento" de los progenitores para conseguir que lleguen a ser autónomos en la toma de decisiones sobre sus hijas. Poca broma; el juez apercibe expresamente a la expareja: la falta de colaboración con el coordinador designado o una actitud obstaculizadora puede salirles cara, será suficiente para imponerles una multa.
La hija, más madura que sus padres.
La situación que describe el juez en su sentencia es la de unos padres con 2 hijas en común que viven sumidos en un "grave y persistente conflicto". Una relación de "enemistad manifiesta" y "nula comunicación" que perjudica a las menores.
Los divorciados llevaban años peleando en los juzgados por el cumplimiento de las medidas estipuladas; denuncias del padre contra la madre de por medio en comisaría y ante la Fiscalía de Menores. Unas disputas, expresa la resolución, que traían causa "fundamentalmente, de la resistencia de la madre al cumplimiento de lo acordado en la sentencia (de 2016) de este juzgado". Las quejas de la mujer, añade, se centraban en la contribución del padre a los gastos extraordinarios de las menores, a sus distintos estilos educativos, y a discrepancias en torno a "los estudios a realizar por la mayor de las hijas".
Es el padre el que interpone nueva demanda para solicitar una modificación de medidas. En concreto, pedía que se le otorgara la custodia exclusiva de la hija mayor, y, consecuentemente, se suprimiera la pensión de 351 euros que pasaba a su ex por ella, de modo que cada uno se hiciera cargo de los gastos de la hija que tuviera bajo su techo. Una solución, en su opinión, salomónica: reparto de hijas y de cargas. Por su parte, la madre rechazó de plano el cambio de custodia y solicitó, a su vez, un pronunciamiento expreso del juez sobre los gastos extras, cuestión que generaban continuos conflictos.
Frente a estas posturas irreconciliables, el juez resuelve respetar la "sabia" decisión de la hija por la que ambos compiten, y a la que, apunta, solo restan unos meses para poder independizarse legalmente. La chica, aplaude el magistrado, demostró un "alto grado de madurez y determinación", cuando, "hastiada" por intentar mediar entre ellos sin éxito, comenzó a vivir en casa de su padre y de su madre por igual, alternando los fines de semana para no separarse de su hermana menor. Como elogia el magistrado, la chica, dando muestras del "respeto y amor" que profesa a sus progenitores, aparca cualquier actitud egoísta y contribuye a rebajar el nivel de conflicto entre ellos. La expareja disfruta de una saneada situación patrimonial, lo que hace más incompresible, recoge el juez, las peleas por motivos económicos que causan a la adolescente "inmenso dolor y tristeza".
Pese a no poder conceder una custodia compartida, ya que ninguno de los padres la había pedido, el juez no duda en blindar la voluntad de la menor, para que, tal y como ha decidido, continúe viviendo en casa de su padre y de su madre, bajo cuyo cuidado permanece. 
En consecuencia, resuelve rebajar proporcionalmente la pensión que por esta hija paga el padre, de modo que se descuente el "ahorro" en alimentos que supone para la madre esta situación, fijándola en 220 €.
En cuanto a los gastos extras, que centran las continuas disputas de la expareja, el juez aclara que lo son las clases de apoyo o refuerzo, así como gastos sanitarios no cubiertos por la sanidad pública, y cualquier otro que resulte imprevisible (unas lentillas, por ejemplo). Estos costes tienen que pagarse a medias, siempre, salvo urgencia, previa consulta al progenitor no custodio (en este caso el padre). 
Por el contrario, la madre debe hacerse cargo de todos los gastos de estudio y de formación de ambas hijas.
Superar el conflicto
Dada la ineptitud de los progenitores para ponerse de acuerdo por si solos en cuestiones básicas sobre el cuidado y crianza de sus hijas, el juez ve imprescindible la intervención del coordinador de parentalidad, figura de creación reciente, que viene aplicándose con éxito en otros países. La situación, concluye la sentencia, es grave, sobre todo respecto de la hija menor, por lo que "se hace precisa una mejora de las relaciones entre los progenitores que permita el correcto ejercicio de las funciones de parentalidad".
La resolución explica con detalle cuáles son las funciones de esta persona, nombrada por la Administración autonómica (la Subdirección general de Familia). El coordinador, se aclara, es un perito con conocimientos de psicología, trabajo social, mediación, técnicas de negociación y conciliación y derecho de familia, que actúa por delegación del juez y como su auxiliar (pudiendo hacer sugerencias y presentando informes sobre la evolución de los padres intervenidos).
Entre las funciones que el juez encomienda al coordinador, la de colaborar con los progenitores para "reducir el nivel de tensión, conflicto y enfrentamiento", y dar soporte y orientación para procurar "un correcto ejercicio de las funciones parentales". Aunque carece de facultades para resolver controversias (por "nimias" que fueran), es el encargado de establecer un plan de parentalidad, fijando pautas y criterios, con detalles relativos al cumplimiento del régimen de visitas y estancias o respecto al ocio o los estudios de las menores. 
Una persona, en definitiva, que les enseñe a ejercer su paternidad de manera responsable.
PLAN PILOTO EN MADRID
El magistrado de la sentencia, titular del Juzgado de Familia n.º 24 de Madrid, es pionero en el nombramiento del coordinador de parentalidad en casos de divorcios conflictivos. Estas resoluciones se enmarcan dentro de un plan piloto para implantar esta figura en la capital.
De hecho, el Ministerio de Justicia instó a las distintas comunidades autónomas con competencias en Justicia a poner en marcha programas piloto de coordinación de parentalidad, para proteger a los menores que se ven inmersos en situaciones de conflicto por la mala relación de sus progenitores una vez dictada sentencia en un proceso de familia. Las cifras muestran que es cada vez mayor el porcentaje de familias en que la alta conflictividad entre los progenitores, una vez dictada sentencia, hace imposible su ejecución.
Entre los instrumentos que pueden ayudar a rebajar esta tensión y descongestionar los saturados juzgados de familia se encuentra la figura del coordinador de parentalidad, cuyo papel es asistir a los progenitores con alta conflictividad para que puedan resolver sus disputas y facilitar así la ejecución de las medidas incluidas en la resolución judicial.
Como recoge la resolución, esta figura, procedente del derecho anglosajón, se ha venido aplicando con éxito desde el año 1990 en el ámbito del Derecho comparado (USA, Canadá, y Argentina). En España, Cataluña fue la primera comunidad autónoma en implantarla, después de que diversas sentencias de la A. P. de Barcelona y el TSJ de Cataluña la contemplaran. 
Le siguió Baleares, y entre 2017 y 2018, Valenciana y Aragón.
Nota: hay que dar salida laboral a los psicólogos y trabajadores sociales y que los jueces trabajen menos y ganen más.

martes, 9 de julio de 2019

Amazon: Divorcio de Jeff Bezos y MacKenzie Tuttle

El divorcio del fundador de Amazon se cierra con un acuerdo de 38.300 millones de dólares.
Por Indira Aniorte, 08 de julio de 2019,
Jeff Bezos, el fundador de Amazon.com, y la escritora, MacKenzie Tuttle, han formalizado su divorcio, con un acuerdo valorado en alrededor de 38,3 mil millones de dólares.
La pareja anunció su plan de divorciarse en una declaración conjunta en Twitter en enero de este año. El pasado mes de abril, Amazon señaló en una presentación que “el 4% de sus acciones en circulación, o lo que es lo mismo, 19,7 millones de acciones, se registrarían a nombre de Mackenzie Tuttle después de la aprobación judicial del divorcio”.
No obstante, Jeff Bezos mantiene una participación del 12% con un valor de 114,8 mil millones de dólares y sigue siendo la persona más rica del mundo, apuntó Bloomberg. Mientras que Mackenzie Tuttle recibirá acciones de Amazon por un valor de 38,3 mil millones de dólares.
Por su parte, la escritora Mackenzie Tuttle planea dejar toda su participación en ‘The Washington Post’, al igual que en la compañía de exploración espacial Blue Origin a Jeff Bezos, así como el derecho de voto asociado a su restante participación en Amazon.
MacKenzie se comprometió en mayo a donar la mitad de su fortuna a obras de caridad para unirse a ‘Giving Pledge’, una campaña anunciada por el multimillonario Warren Buffett y el cofundador de Microsoft Corp, Bill Gates, en 2010.

lunes, 8 de julio de 2019

Familias en Positivo: Apoyo a la parentalidad positiva.

Remitimos el enlace del décimo nº del Boletín de la web Familias en Positivo:  http://familiasenpositivo.org/boletines/10/
Familias en Positivo es una iniciativa del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), desarrollada en el marco del convenio entre ambas entidades para la promoción de medidas de apoyo a la parentalidad positiva.
Confiamos en que la información destacada en el Boletín resulte de su interés y le animamos a consultar la web Familias en Positivo y a participar en su desarrollo: http://familiasenpositivo.es/
Un cordial saludo,

Europa: Regulación del proceso de sustracción de menores

Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 219, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores.
Documento Aqui

Guía para actuar ante la violencia de género en el ámbito de la pareja

Una guía en 5 idiomas y con adaptaciones intentará frenar la violencia de género.
La directora del Instituto de la Mujer en funciones de Castilla-La mancha la define este recurso como “el compendio” de todos los lanzados en la pasada legislatura.
Las personas con “dificultades de comprensión lectora, un público objetivo muy grande”, accederán a esta herramienta gracias a Plena Inclusión.
Bárbara D. Alarcón, 07/07/2019
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha publicaba el pasado mes de marzo un nuevo recurso para reducir la violencia machista. Se trata de la ‘Guía para actuar ante la violencia de género en el ámbito de la pareja’, una herramienta que, para ser efectiva, debía llegar a la máxima población posible, tanto hombres como mujeres.
Desde el Gobierno regional han apostado por su traducción teniendo en cuenta, sobre todo, la definición que le otorga la propia directora del Instituto de la Mujer en funciones, Araceli Martínez Esteban. “Es el compendio de todos los recursos que se han ido poniendo en marcha a lo largo de la legislatura".
Rumano, árabe, chino, francés e inglés han sido los idiomas elegidos por el Instituto de la Mujer, posiblemente teniendo en cuenta las nacionalidades predominantes en nuestra región. 
Según el padrón municipal de 2018, en Castilla-La Mancha hay 2.035.505 personas, entre las que la población extranjera se sitúa en 163.820, con un total de 83.645 hombres y 80.175 mujeres.
La directora del Instituto de la Mujer en funciones destaca que esta guía es un recurso dirigido a ambos sexos ya que recoge desde los conceptos básicos sobre violencia de género, hasta los roles y actitudes de los maltratadores.
El papel que tienen los hombres en la erradicación de la violencia de género con la reprobación del agresor y la generación de alianzas con las mujeres a favor de la igualdad y en contra del machismo", explicaba Martínez.
Según la Junta de Comunidades, la guía fue diseñada para ser utilizada por víctimas de violencia de género, asociaciones, profesionales, estudiantes, profesorado y, en definitiva, por la sociedad en general. Quizá sea esta la razón por la que se ha financiado su traducción.
La versión en rumano cubrirá a 54.318 personas, entre las que hay 22.890 hombres y 31.428 mujeres. Teniendo en cuenta los datos demográficos, la nacionalidad marroquí es la 2ª más mayoritaria de la región por lo que, la guía en árabe podrá ser consultada por hasta 31.501 personas, 17.706 hombres y 13.795 mujeres.
Respecto a la traducción al chino, cabe destacar que la mayoría de turistas que visitan Castilla-La Mancha llegan desde este país asiático. Además, entre la población extranjera de esta nacionalidad hay 2.966 hombres y 2.822 mujeres.
Más allá del idioma
Cualquier adaptación a lectura fácil va dirigida a personas con discapacidad intelectual, pero de forma más amplia también a personas con dificultades de comprensión lectora”, nos cuentan desde la organización Plena Inclusión, encargada de realización una adaptación de la guía que va más allá del idioma.
Basándose en el castellano, el Ejecutivo autonómico también a promovido la adaptación de la Guía a “lectura fácil”, una edición que podrá ser consultada por personas con “falta de vocabulario, comprensión gramatical y, en definitiva, con dificultades para entender un texto normal”.
Tal y como apunta Araceli Martínez Esteban, la guía también es un “instrumento” para el entorno de las víctimas. “En Plena Inclusión trabajamos para personas con discapacidad intelectual pero esto beneficia a todo el mundo”, añaden.
Según la organización, entre la adaptación de este recurso podrá ser utilizado por migrantes que todavía tienen dificultades con el idioma; o por personas mayores que hayan perdido capacidades de comprensión.
“Cuando nos referimos a dificultades de comprensión lectora hablamos de cifras mucho más altas. Es un público objetivo muy grande”, aseguran.
“Es absolutamente necesario el compromiso de toda la sociedad para luchar y erradicar este gravísimo problema social que es la violencia de género", añadía la directora en funciones del Instituto de la Mujer. Estas guías traducidas y la original estarán disponibles próximamente en el Instituto de la Mujer y en sus direcciones provinciales.
El Gobierno regional ha realizado las traducciones como parte de la Estrategia de Prevención, Concienciación y Sensibilización de la violencia de género puesta en marcha por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

sábado, 6 de julio de 2019

Totalitarismo: Feminista radical contra el ex-Juez Serrano

El juez Serrano (VOX) debe ser separado de la carrera judicial.
Por Altamira Gonzalo, 04 de julio de 2019,
La gravedad de las expresiones vertidas por Francisco Serrano contra las mujeres con ocasión de la sentencia -o más propiamente del adelanto del Fallo- del Tribunal Supremo en el caso de la Manada, ha sido tal que, en un acto de cobardía enorme por su parte, responsabilizó de las mismas a un colaborador, y hasta su partido VOX se desentendió de ellas.
Estas son las declaraciones del juez Francisco Serrano, de VOX: "Desde ahora, la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que gratis puede salir más caro". "Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres".
"Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión".
El machismo casposo -estilo Torrente- que rezuman esas frases dichas por el juez, avergüenzan a cualquier persona, nos ofende gravemente a las mujeres, a todas nosotras y son la manifestación de una mentalidad que considera que las mujeres somos seres inferiores y que estamos aquí para dar placer a los hombres. Para este misógino antidemócrata, satisfacer su sexualidad le autoriza a hacer con las mujeres lo que él quiera y lo menos arriesgado para él y lo más barato es, dice, sexo de pago, hacer de putero.
Pues bien. Quien dice esas frases es el cabeza de lista de VOX en Andalucía y su portavoz en el parlamento andaluz, de profesión, juez en excedencia. VOX es un partido de extrema derecha, que ha hecho bandera de la negación de la violencia de género y de la desigualdad y está tratando, allá donde tiene mando, de cargarse todos los recursos que tanto tiempo y esfuerzo ha costado crear. Serrano es Vox, Vox es Serrano. Nada extraño, por tanto. Pero la reflexión que quiero hacer en estas notas es cómo es posible que hoy en España una persona con esta forma de pensar, pueda estar capacitado para ejercer la muy noble función de impartir justicia.
Quienes nos movemos en el ámbito del Derecho de Familia conocemos desde hace años a Francisco Serrano, porque se ha señalado desde hace tiempo por su oposición furibunda a todas las leyes que se han aprobado para combatir la desigualdad entre mujeres y hombres, sobre todo ha sido muy activo contra la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. También es activo defensor de la custodia compartida impuesta y del Síndrome de Alienación Parental. Recurre con frecuencia el mito de las denuncias falsas, que tiene como fin desacreditar a las mujeres que se atreven a denunciar, consiguiendo como resultado disuadir a muchas de ellas de poner denuncias contra su maltratador.
Actualmente está muy implicado el Sr. Serrano en la difusión de un nuevo invento neomachista, el del coordinador parental, impartiendo formación en el correspondiente master que se lleva a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos. Si bien, desde la dirección de Comunicación de la URJC, quieren dejar claro que este señor no forma parte del actual equipo docente de la citada universidad.
Todo ello tiene un mismo hilo conductor, que es la negación de la existencia de la violencia de género y tratar de que ésta persista tras la ruptura de la pareja, mediante los instrumentos indicados: la custodia compartida impuesta, el SAP o los coordinadores parentales. 
Todos ellos pretenden un mismo fin, que es continuar controlando y maltratando a las mujeres después de la ruptura de la pareja o del divorcio. Todos estos instrumentos han sido importados de EEUU, donde fueron ideados hace unos años por movimientos contrarios a la igualdad.
Esta persona ya era conocida cuando entró en Vox por sus ideas ultra derechistas y negacionistas de la violencia de género. Y fue por esta razón precisamente por lo que VOX lo puso a la cabeza de la lista electoral y le hizo su portavoz en el Parlamento. Porque con sus exabruptos contra las mujeres y contra la ley Integral conseguía atraer los votos de maltratadores y de sus familias. Él es VOX, por más que esta formación quiera ahora, una vez que lo ha utilizado, distanciarlo de su formación. Como bien dicen en sus grupos en las redes sociales, lo que les hace diferentes es no doblar la cerviz ante el lobby de género.
Lo que me suscita más desasosiego es que este personaje con estas ideas sobre las mujeres, sobre más de la mitad de la población, ha ejercido como Juez de Familia durante muchos años. Y ejerciendo como tal fue condenado por prevaricación, por inmiscuirse en las competencias de otro juez con el fin de favorecer a un padre en relación con las visitas de un hijo. Una vez cumplida la condena de inhabilitación para ejercer por 2 años, no se incorporó al Juzgado dedicándose al ejercicio de la abogacía, a quien por cierto tuve de contrario, siendo su cliente un condenado por malos tratos. Pero y esta es mi inquietud, continúa siendo juez en excedencia, lo que significa que, cuando él decida, puede volver a un Juzgado y dictar sentencias y hacerlas cumplir.
Defender ideas contrarias a la igualdad es estar en contra de la Constitución española. Todos los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva, art. 9.2 de la C.E. La igualdad se persigue por medio de la Ley Integral y mediante la aplicación de la normativa internacional contenida en instrumentos ratificados por España, como el Convenio de Estambul. 
Si no se acatan esas normas, si se está manifiestamente en contra. 
Si se considera que el único sexo seguro es el de pago, es decir, la explotación de las mujeres prostituidas para el placer de los hombres. 
Si se piensa que las mujeres son pérfidas y ponen denuncias para fastidiar a los hombres, cuando el 80% de las mujeres asesinadas jamás habían denunciado, ¿cómo un elemento que piensa así puede aplicar e interpretar las normas bajo el principio constitucional de igualdad? 
Es imposible, salvo que se piense que estamos ante míster Hyde y el doctor Jekyll. Pero yo no lo creo posible.
Lo que falla estrepitosamente es el sistema de acceso y de permanencia en la Carrera Judicial. Padecemos un sistema decimonónico, instaurado por la Constitución de 1869, que fue progresista en su día, pero que no lo es hoy y ha permanecido, en lo esencial, sin modificar. El sistema de acceso es memorístico y requiere disponibilidad económica para poder preparar la oposición de acceso. Superarlo, garantiza que se tienen conocimientos jurídicos y la capacidad para aprenderlos y de memorizarlos, pero no garantiza que quien supera la oposición y la Escuela Judicial posterior esté dotado/a de empatía para tratar a la ciudadanía, de equilibrio personal, sea persona ecuánime, acepte y comprenda de manera real los principios constitucionales, sobre todo el de igualdad que afecta a la mayoría de la población; que tenga una mínima experiencia de vida, requisitos todos ellos absolutamente necesarios para desempeñar de manera satisfactoria la función de juzgar los problemas jurídicos que la ciudadanía, siempre como último recurso, plantea al Poder Judicial. Hay muchos, muchos jueces y juezas extraordinarios, pero falla el control en los extremos señalados tanto en el acceso como a lo largo del desempeño de la vida profesional.
Porque cada persona puede elegir el abogado/a que desee, pero no puede elegir al Juez que le vaya a juzgar. Porque el Juez está predeterminado por la ley. De ahí la importancia que tiene el hecho de que quienes imparten justicia, a todos los niveles, sean personas en quienes concurren los requisitos anteriores. Y esto no se garantiza con el sistema actual de acceso a la Carrera Judicial, porque prevalecen las pruebas memorísticas y no se da la importancia que requiere al equilibrio psicológico, emocional, a las convicciones democráticas personales, todo ello muy necesario, junto con los conocimientos jurídicos, para impartir Justicia en el siglo XXI.
El Partido Socialista llevó en su programa electoral para el 29A propuestas concretas de reforma del actual sistema de acceso. Espero que en esta legislatura se pueda llevar a cabo. Porque por pura democracia, es necesario que la ciudadanía confíe y esté orgullosa de su sistema judicial.
Nota: El PSOE ha estado en el Poder más de 30 años y solo han puesto parches o crear estómagos agradecidos.

viernes, 5 de julio de 2019

España: Ascienden a 27 las víctimas por violencia de "género" en 2019

Informativos Telecinco/Agencias, 03/07/2019
Desde 2003 se ha contabilizado un total de 1.002 víctimas.
El Gobierno ha confirmado como un caso de violencia de género el crimen de la mujer que fue asesinada en Rute (Córdoba), cuyo marido se entregó en una comisaría de la Policía Nacional en Madrid tras confesar a los agentes que la había matado.
"El machismo criminal sigue destrozando vidas. Ayer un hombre asesinó brutalmente a su mujer en Rute (Córdoba) y dejó huérfanos a sus 2 hijos. Mi cariño para ellos, para toda la familia de Piedad. Ni un paso atrás. Avancemos juntos y juntas para acabar con la #ViolenciaMachista", ha escrito el líder del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, en su perfil de Twitter.
El asesinato de esta mujer, de 42 años, eleva a 27 las víctimas mortales en lo que va de año, 10 más que las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el mismo periodo de 2018, cuando hasta el 2 de julio eran 17. Desde el año 2003 en que hay estadísticas oficiales, se ha contabilizado un total de 1.002 víctimas por este tipo de violencia.
De acuerdo a los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de las 27 asesinadas únicamente 3 (el 11,1%) habían acudido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para denunciar su situación de maltrato, frente a 24 (el 88,9%) que no había denunciado a su presunto agresor.
Se habían concedido medidas de protección en favor de la víctima en 2 de los 3 casos denunciados, y en 1 de ellos las medidas estaban vigentes en el momento del crimen. De las 27 víctimas mortales, 24 tenían una relación de pareja con el acusado, y 3 mantenían una relación de expareja o estaba en fase de ruptura. En total, 21 de ellas convivían con su presunto agresor.
La mayoría de las víctimas de los asesinatos por violencia de género (el 44,4%) tenían entre 41 y 50 años, tramo de edad también mayoritario entre los presuntos agresores (44,4%). 
El 59,3% de las mujeres asesinadas eran españolas, mientras que 11 de ellas (40,7%) procedían de otro país.
Respecto a los presuntos agresores, el 55,6% son españoles y el 44,4% extranjeros. De los 27 presuntos maltratadores, 9 se suicidaron tras cometer el crimen y 2 lo intentaron sin éxito.
Según se recoge en la estadística del Gobierno, desde enero permanece en investigación el caso de Romina Celeste Núñez, desaparecida en día de Año Nuevo en Costa Teguise (Lanzarote). Su marido afirma que se la encontró muerta y que se deshizo de su cadáver lanzándolo al mar.
También se mantiene en investigación, el crimen en Ayamonte (Huelva), donde una pareja fue localizada el pasado mes de junio sin vida y con signos de violencia. Así pues, de momento ninguna de estas 2 mujeres se suman al registro oficial de víctimas mortales.
De acuerdo a estos mismos datos, en lo que va de 2019, un total de 17 menores de edad se han quedado huérfanos por violencia de género contra sus madres y, desde 2013, se contabilizan 247. La última mujer asesinada en Rute (Córdoba) tenía 2 hijos de 6 y 10 años de edad.
De los 27 crímenes contabilizados este año, 22 tuvieron lugar en 5 territorios: Andalucía (6), Canarias (5), Comunidad de Madrid (4), Comunidad Valenciana (4) y Cataluña (3). 
Los 5 restantes se produjeron en Aragón (1), Cantabria (1), Castilla y León (1), Galicia (1) y la Región de Murcia (1).

jueves, 4 de julio de 2019

¿Persecución penal del incumplimiento del régimen de visitas?

Solo procederá acudir a a la vía penal si se ha agotado con carácter previo la vía civil.
Vicente Magro Servet, Tribuna, 03-07-2019
I. Introducción
Resulta importante destacar las graves consecuencias que suelen desprenderse de los problemas de las rupturas matrimoniales y de pareja cuando existen hijos habidos en estas relaciones y sobre los que es preciso adoptar una solución en cuanto al régimen de guarda y custodia y, de atribuirse a uno de ellos, el régimen de visitas para el progenitor no custodio. Pero además de las consecuencias graves que se conocen en estos casos, las peores son siempre para los menores, que comprueban que la distribución del tiempo que deben pasar con uno u otro progenitor se tiene que resolver por un juez cuando no existe un pacto o convenio al respecto, o que, incluso, cuando se acuerdan estos tiempos suelen surgir, también, problemas más tarde en el régimen de ejecución del régimen de visitas como modo y manera de hacer daño un progenitor a otro, mediante la utilización de los menores para llevarlo a cabo ante otras diferencias personas o económicas que puedan existir entre ellos.
Por esta razón suele ser común que se recomiende por los profesionales que se lleguen a acuerdos de mediación con expertos mediadores que puedan conseguir llegar a un acuerdo que se quedará plasmado en el convenio que se aprobará y refrendará por el juez.
Pero no se trata, tan sólo, de conseguir una firma en un documento, cual es el convenio de mutuo acuerdo donde se reflejará el régimen de visitas, si se opta por atribuir la custodia a uno de ellos, sino que la ventaja de la mediación consiste en que ese acuerdo se consigue, o alcanza, tras un proceso de convencimiento de las partes mediante la intervención del mediador profesional en derecho de familia y experto en mediación.
Porque no se trata tan solo de firmar un documento donde se plasmen unos periodos en donde el progenitor no custodio tendrá derecho a recoger y devolver a los menores, sino que ambos progenitores asumen conscientemente este derecho del no custodio, que, a su vez, es una obligación para él, y otra para el progenitor custodio que no puede oponerse a que aquél se lleve a los menores con él en los periodos pactados.
Por ello, este tema viene más desde el “convencimiento” de ambos progenitores de que deben cumplir esta obligación, que, desde una imposición fijada en la sentencia, bien sea en proceso contradictorio, o en ese acuerdo de mediación. Porque los problemas en los asuntos de familia no vienen tanto de la tramitación del procedimiento, sino en la fase de ejecución, que es donde surgen los conflictos y los problemas graves, que unas veces se intentan resolver en el ámbito del propio procedimiento civil, pero que en otras se acude a la vía penal cuando la reiteración en el incumplimiento, o la obstinación por no dejar cumplir ese derecho de visitas, o la de no devolver a los menores cuando se debe hacer, llevan a una de las partes a acudir a la denuncia penal para resolver estos incumplimientos. Continua el artículo Aqui ........

miércoles, 3 de julio de 2019

Europa: 1.800 casos de sustracción de menores en los procesos de divorcio

www.abogacia.es, Bruselas, 3 Julio 2019
Adopción de nuevas normas para proteger mejor a los menores afectados por litigios parentales transfronterizos.
La Comisión Europea ha realizado una ficha informativa sobre el Reglamento Bruselas II bis sobre litigios transfronterizos, centrada en los menores afectados por estos.
El Reglamento Bruselas II bis constituye la piedra angular de la cooperación judicial de la UE en los asuntos de naturaleza transfronteriza en materia matrimonial (divorcio, separación, anulación de matrimonio) y de responsabilidad parental, tales como la custodia, el derecho de visita y la sustracción de menores. El Reglamento se aplica en todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca, desde el 1 de marzo de 2005.
Al haber un número creciente de familias internacionales, que en la actualidad se estiman en 16 millones, los litigios transfronterizos en materia de familia han aumentado en la UE. En la UE se producen cada año alrededor de 140.000 divorcios internacionales y unos 1.800 casos de sustracción de menores por alguno de sus progenitores.
El Consejo ha adoptado mejoras de las normas de la UE («Reglamento Bruselas II bis») que protegen a los menores en el contexto de litigios transfronterizos relativos a la responsabilidad parental y la sustracción de menores. Las nuevas normas (Reglamento refundido Bruselas II bis) harán que los procedimientos judiciales sean más claros, rápidos y eficientes. Se basan en la propuesta presentada por la C.E. en 2016.
El Reglamento se aplica únicamente a los asuntos transfronterizos dentro de la UE.
Establece normas que determinan cuál es el país cuyos órganos jurisdiccionales son competentes para dirimir las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la responsabilidad parental y la sustracción de menores en litigios que afecten a más de un país.
Garantiza que las resoluciones dictadas en un país de la UE sean reconocidas y ejecutadas en otro país de la UE.
Los Estados miembros conservan la competencia exclusiva sobre todas las normas sustantivas, por ejemplo, sobre la manera de ejercer el derecho de visita o los criterios aplicables para atribuir derechos de custodia a un progenitor.
Los cambios se refieren principalmente a los procedimientos relativos a cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental y la sustracción internacional de menores, y tendrán un efecto positivo en todos los procedimientos que afecten a los menores, del modo que sigue:
Agilización de la resolución de los asuntos de sustracción transfronteriza de menores
Garantía de que el menor sea oído
Garantía de la rápida ejecución de las resoluciones en otros Estados miembros
Mejora de la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros
Establecimiento de normas más claras sobre la circulación de los documentos públicos y los acuerdos.
Las nuevas normas garantizan la claridad jurídica, reducen los costes relacionados con los procedimientos y la asistencia jurídica y, lo que es más importante, acortan la duración de los procedimientos a fin de limitar las repercusiones negativas sobre los menores en la medida de lo posible.
Procedimientos de restitución más eficientes. Menores costes. Normas más claras
Si una pareja internacional se separa, puede ser muy tentador para uno de los cónyuges regresar a su país de origen con el hijo o hijos. Si ambos progenitores tienen la custodia compartida del menor, un progenitor que se lleve al menor sin permiso vulnera el derecho de custodia del otro progenitor y pone en peligro el interés superior del menor. El nuevo Reglamento de Bruselas II bis, al igual que las normas actuales, impide el traslado transfronterizo de menores mediante el establecimiento de un mecanismo de restitución inmediata del menor al Estado miembro en el que este vivía antes de la sustracción. Este mecanismo se basa en gran medida en el mecanismo de restitución del Convenio de La Haya de 1980, que el Reglamento completa.
Estos procedimientos de restitución tendrán lugar en el Estado miembro en el que se haya producido la sustracción del menor. Si se ordena y se lleva a cabo la restitución del menor, el objetivo se alcanza y los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de residencia habitual del menor podrán conocer del asunto de custodia si los progenitores así lo desean.
Si el Estado miembro al que el menor ha sido trasladado negara la restitución, se aplicaría un procedimiento adicional para dar la última palabra en cuanto a la restitución del menor al órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor residiera antes de la sustracción.
Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-3374_es.htm

Reparto de los tiempos en guarda y custodia compartida

Almudena Domínguez Martín, 2 de Julio de 2019
Custodia de menores, Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio.
STS 30/2019, de 17 enero (RJ 2019, 98).
Supuesto de hecho:
Por sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Málaga de 30 de noviembre de 2015 se estimó la demanda de divorcio interpuesta y acordó la disolución del matrimonio, estableciéndose las medidas definitivas, entre otras que "La guarda y custodia y ejercicio de la patria potestad será compartida entre ambos progenitores.” 
Frente a la citada resolución, se interpuso por el padre recurso de apelación, mostrando su disconformidad, no con la custodia compartida acordada, sino con el reparto establecido de estancias de los hijos con cada progenitor, pues el sistema de reparto, a su juicio, más que establecer un régimen de guarda y custodia compartida establecería para el padre un régimen de visitas y comunicaciones reducido.
Tras la desestimación de la apelación, el padre interpone recurso de casación por razón del interés casacional basándose, entre otros motivos, en la infracción de la doctrina jurisprudencial referente a que la atribución de la custodia compartida conlleva el reparto de los tiempos de estancia de los menores de forma equitativa entre ambos progenitores, evitándose así desequilibrios en los tiempos de presencia (STS 133/2016, de 4 marzo (RJ 2016, 1399), STS 283/2016, de 3 de mayo (RJ 2016, 2218) (RJ 2016, 2218), o STS 658/2015, de 17 de noviembre (RJ 2015, 5392), entre otras.
Además, también alega la infracción de los criterios interpretativos del Tribunal Supremo sobre el art. 92 del Código Civil (LEG 1889, 27), del interés del menor en concepto de custodia compartida y cómo inciden estos criterios en el reparto equitativo de los tiempos de estancia de los menores con cada progenitor, y la vulneración de los criterios sobre obligación de dar alimentos y de atribución de la vivienda.
Tanto la madre como el fiscal se opusieron al recurso de casación interpuesto, interesando la confirmación de la sentencia recurrida, alegando que, el hecho de que se disponga una custodia compartida no implica que no se impongan obligaciones alimenticias en favor de los hijos y a cargo de uno de los progenitores, lo que es factible cuando exista disparidad de ingresos entre ambos, o cuando concurran circunstancias que hagan necesaria la fijación de tal aportación económica.
Criterio o ratio decidendi
Es doctrina del TS (STS 630/2018, de 13 de noviembre (RJ 2018, 4930)) que el sistema de custodia compartida no conlleva un reparto igualitario de tiempos sino que pretende un reparto lo más equitativo posible y atemperado con la diversidad de las jornadas laborales de los progenitores.
En base a lo anterior, el Tribunal considera que los repartos de tiempo que se efectuaron en la sentencia recurrida confirman los del juzgado, que a su vez, respetaron la práctica que los padres venían realizando con anterioridad a la demanda de divorcio, si bien ahora el padre no está de acuerdo con ella. 
Por lo tanto, el tribunal de apelación ha respetado la esencia de la custodia compartida, ajustándola al régimen laboral de los progenitores, a las guardias del padre, a lo pactado por los progenitores y a que ha sido un sistema que se ha desenvuelto con normalidad y que, de acuerdo con el informe psicosocial, ha influido positivamente en los menores.
En cuanto a la proporcionalidad de los alimentos, también considera el TS acertada la resolución de la Audiencia Provincial, dado que ha tenido en cuenta los salarios de los progenitores, los tiempos de estancia y que el juzgado atribuyó a la madre los gastos que no fueran estrictamente alimentarios.
Y, por último, en lo que se refiere a la adscripción de la vivienda familiar, el tribunal de apelación se limitó a mantener la adscripción de la vivienda familiar a los menores y a la madre, puesto que eso fue lo solicitado por el padre, y así se aprobó por el juzgado. 
Al no ser objeto de recurso de apelación, tampoco puede serlo de casación.
Documentos relacionados
Normativa considerada
Arts. 92, 93, 96, 145, 146, 151, 154, del Código Civil
Art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996 (RCL 1996, 145) de Protección del Menor
Jurisprudencia
STS 133/2016, de 4 marzo (RJ 2016, 1399)
STS 283/2016, de 3 de mayo (RJ 2016, 2218)
STS 658/2015, de 17 de noviembre (RJ 2015, 5392)
STS 630/2018, de 13 de noviembre (RJ 2018, 4930)
Historia del caso
Confirma: SAP Málaga (Sección 6ª), de 6 de febrero de 2018 (JUR 2019\36926)