-->
España sólo ha aprobado
una ley mediante iniciativa legislativa popular en 30 años.
El medio millón de firmas que requiere cada propuesta
ciudadana y las materias excluídas son los principales escollos.
500.000 personas son sólo un 1 % de la
población española. Pero son suficientes para llenar casi 6 veces el Estadio
Santiago Bernabéu. Quizás por eso conseguir que todas se pongan de acuerdo para
firmar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ha sido tan complicado
que tan sólo han habido 66 propuestas en 30 años. Y de ellas, sólo 9
consiguieron recabar las firmas suficientes en el plazo estipulado.
Nuestra democracia representativa no limita la
participación ciudadana a la designación mediante el voto de los representantes
en las Cortes Generales, sino que existen también otras formas de participación
pública. Una de ellas son los miles de escritos que cada legislatura envían los
ciudadanos a la Comisión de Peticiones —algunos de ellos, realmente variopintos—.
La otra, la
Iniciativa Legislativa Popular.
Recogida en el art. 87.3 de la Constitución, supone
que los ciudadanos pueden elevar proposiciones de ley al Congreso de los
Diputados, siempre que cuenten con el aval de 500.000 firmas debidamente
acreditadas.
La ley que regula las ILP limita duramente las materias
sobre las que pueden versar
Pero lo que en principio parece una herramienta extremadamente útil tiene grandes
limitaciones. En 1º lugar, las materias que quedan excluidas por la
propia ley que la regula. Así, no serán admitidas las relativas a asuntos que,
según la Constitución, son propios de leyes Orgánicas —aquí se incluye lo
relacionado con las libertades públicas y los derechos fundamentales—, de
naturaleza tributaria, de carácter internacional, referentes a las
prerrogativas de gracia (el indulto, que corresponde al Rey con arreglo a la
Ley), Presupuestos Generales del Estado o el Consejo Económico y Social, la
planificación económica ni, por supuesto, la propia Constitución.
Una vez presentada la iniciativa, la mayoría son
inadmitidas, precisamente, por su texto o contenido inapropiado. Por
ejemplo, la proposición de Ley de la reforma salarial política, fue inadmitida
a trámite en términos absolutos en 5 días. Se presentó el 2 de febrero de
2011 y se calificó el día 8.
Una vez que la proposición pasa esta criba, quien la
propone dispone de 9 meses para recoger las 500.000 firmas y entregarlas a
la Junta Electoral Central. Si pasados los 9 meses no se consiguen las
firmas suficientes, la iniciativa caduca.
Inadmisión y caducidad criban ya el 80
% de las iniciativas populares, según
explica a Efe el jurista Aitor Martínez, autor de un estudio sobre las ILP en
España. Para él, los datos demuestran el «escaso interés» del legislador
español en favorecer la participación ciudadana e incluso su «miedo» a ésta.
Solo una ley, y subsumida en otra
Si la proposición logra recoger las firmas suficientes y
una vez que éstas han sido comprobadas y verificadas debidamente, el Congreso
dispone de 6 meses para que entre en el orden del día de un Pleno.
Pero, una vez en la Cámara Baja, continúan las trabas.
La «afortunada» fue presentada en la V Legislatura sobre
una reclamación de deudas comunitarias
El Congreso ha de tomar las propuestas en consideración y, de las 8 que
lograron ser discutidas en el pleno —la 9ª se tramitó por completo sin
requerir acuerdo o decisión—, ninguna superó la resistencia del Congreso. Por
tanto, sólo 1 de las 66 iniciativas consiguió convertirse en ley.
La «afortunada» fue una ILP presentada en la V
Legislatura (1995) sobre reclamación de deudas comunitarias que,
finalmente, acabó subsumida en otra proposición no de ley en la VI Legislatura
y supuso la modificación de un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal.
Si la ILP es un verdadero instrumento de democracia
participativa, poca efectividad ha tenido en su puesta en práctica. No
permite a los ciudadanos legislar, sino proponer al Congreso sobre qué
legislar, pero este puede, en última instancia, no tomarla en consideración,
como ha pasado hasta ahora.
¿Luz al final del túnel?
Viendo el nº de Iniciativas legislativas presentadas
en los últimos años, resulta evidente que éstas están proliferando. En
la presente legislatura, la Junta Electoral Central ya ha registrado 5
nuevas, que se suman a las 7 pendientes de la anterior legislatura. Sólo en
2011 se presentaron 13 ILP.
Solo en 2011 se presentaron 13 iniciativas legislativas
populares
Algunos expertos, como Martínez, vaticinan un «bombardeo» en los próximos
años, sobre todo con el auge de movimientos como el 15M y los indignados, que
reivindican más participación ciudadana, y la introducción de la firma
electrónica y el poder de convocatoria de internet, que permitirá
solucionar el escollo de la recogida de firmas.
Siguen existiendo dificultades, como la exigencia del certificado
digital emitido por la fábrica nacional de moneda y timbre, del que no
todos los ciudadanos disponen, para adherirse a una causa a través de internet.
Martínez considera, también, necesario que se sustituya
el trámite de la toma en consideración en el Congreso por el de debate de
totalidad, de forma que los promotores de la ILP puedan, incluso,
defenderla. Ahora solo es debatida ante el Pleno para que los grupos
parlamentarios fijen su posición.
En esta línea, surge la iniciativa del Partido Socialista
«Escaño 351», que
consiste en dar voz directa a los ciudadanos renovando la Comisión de
Peticiones. El objetivo es que los ciudadanos puedan defender en una audiencia
especial las iniciativas legislativas populares que realizan.
