Colegios: Certificados de las Sentencias de Divorcio

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Los divorciados ya no tendrán que entregar la sentencia ni los convenios reguladores en los colegios.
Doménico Chiappe, Madrid/Colpisa, 22 abril 2026 
El Poder Judicial pone a disposición de los interesados unos formularios para requerir los nuevos certificados en los tribunales
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una directiva para evitar que las parejas divorciadas con hijos menores tengan que entregar sus sentencias de divorcio o convenios reguladores en colegios, a la hora de fijar quiénes pueden recoger a los niños y cuándo. 

Una práctica habitual que regía también en centros sanitarios, clubes deportivos y otras o entidades, y que dejaban expuestos datos íntimos, al proveer los documentos íntegros. Desarrollada en conjunto con la Agencia Española de Protección de Datos, la medida se basa en unos certificados, provistos por los tribunales, de certificados que contienen solo la información necesaria. 

Las directrices 1/2026, de 14 de abril de 2026, de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial cumple con el «principio de minimización de datos en la expedición de certificados que contengan información que afecten a menores», especifica el CGPJ. 

Los datos que sí incluirán los nuevos documentos señalan quién tiene la patria potestad o la guarda y custodia, quién puede recoger a los menores en los centros, quién se hace cargo de determinados gastos escolares, quién puede decidir sobre la realización de una actividad extraescolar o autorizar la publicación de imágenes de los alumnos en una red social del centro.

También si existe una orden de alejamiento o de protección. Hasta ahora se entregaban las sentencias íntegras, donde aparecen datos sensibles familiares que aumentan la vulnerabilidad del menor, como la situación económica y patrimonial, antecedentes judiciales, pensiones de alimentos o compensatorias, uso de la vivienda conyugal y conflictos entre los progenitores, enumera la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, (Aeafa), Lola López-Muelas. 

Esas sentencias, decretos o convenios son sustituidos por los certificados que, sin embargo, deben ser expedidos uno por cada centro destinatario.

Los interesados pueden acceder a los formularios en la web del CGPJ para solicitar a los juzgados estas certificaciones limitadas únicamente a los extremos necesarios, explican los abogados de familia. 

«De este modo, los órganos jurisdiccionales emitirán los certificados omitiendo los datos personales cuya inclusión no sea estrictamente pertinente, erradicando así la entrega de documentos judiciales en su integridad a terceros».

La Pensión de Alimento en un año electoral: La Ruina del Estado.

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Igualdad propone que el Estado abone las pensiones alimenticias impagadas en casos de divorcio.
El Ministerio de Igualdad estudia la creación de "un instrumento" que adelante a los hijos el dinero que les corresponde cuando el progenitor se niega a abonar la pensión de forma reiterada.
Patricia Martín, Madrid, 22 Abril 2026 
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha abogado este miércoles por adoptar nuevas medidas contra la violencia de género económica, en concreto en aquellos casos en los que un progenitor se niega a abonar la pensión alimenticia de los hijos tras un divorcio. 

“Es importante crear un instrumento por el que el Estado adelante esas pensiones alimenticias que sirven para el mantenimiento del bien superior del menor y para evitar esta violencia que se ejerce sobre muchas mujeres de forma soterrada y es la base de otras violencias”, ha apuntado Redondo en la sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en Estrasburgo.

La ministra ha intervenido en un debate conjunto sobre la mejora de la aplicación del Convenio de Estambul, donde ha defendido las políticas en materia de igualdad que está impulsando España. Ha defendido, por ejemplo, el Pacto de Estado contra la violencia de género renovado en 2025, con la única ausencia de Vox, donde los partidos proponen nuevas medidas frente a la violencia vicaria, digital o económica, que completen la legislación actual.

Siguiendo este mandato, el Ministerio de Igualdad lleva meses estudiando un paquete normativo que defina la violencia económica y penalice las conductas aparejadas. Para ello, se ha constituido un grupo de trabajo en la Delegación del Gobierno contra la violencia machista, con el fin de que juristas expertos aporten soluciones específicas destinadas a modificar la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal, de forma que el marco jurídico contemple el maltrato económico como una forma de disminuir la capacidad y la autonomía económica de las mujeres, en el ámbito de la violencia de género.

El adelanto
En este contexto, el departamento capitaneado por Redondo está estudiando alguna fórmula o instrumento que permita que el Estado adelante las pensiones alimenticias impagadas, de forma que los menores y sus madres no sufran de forma reiterada la merma de ingresos. Fuentes de Igualdad indican que una de las fórmulas que se está estudiando cómo agilizar el pago a través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que en la actualidad exige que el impago sea reconocido por sentencia o convenio judicial, que el otro progenitor haya solicitado previamente la ejecución de la sentencia y se haya intentado el embargo sin éxito. 

Requisitos que dilatan el proceso. Y se están analizando también otros fondos o fórmulas, que serán consultadas con el Ministerio de Hacienda.

Cabe destacar que tanto el Tribunal Supremo como varias sentencias han dictaminado que “el impago de pensiones es una forma de violencia de género”. “El incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en estado de necesidad […] y al progenitor que los tiene consigo en custodia, a llevar a cabo un exceso de esfuerzo, privándose de atender sus propias necesidades”, indica una sentencia del Supremo del 2021.

Según un estudio de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), el impago está presente en 2 de cada 10 divorcios y no siempre va aparejado a denuncias por violencia de género.

Una proyección de la estadística apunta a que cerca de 105.000 mujeres y sus hijos en España podrían encontrarse en esta situación.

España y el Divorcio (1981-2026) Potencia la cris económica y emocional.

2 millones de mujeres y 45 años de divorcio: el cambio imparable en España.
Cada año se rompen unos 82.000 matrimonios; 1 de cada 40 minutos en comunidades como Madrid. Entre el 60% y el 70% han sido solicitados por ellas. ¿Hemos aprendido a divorciarnos bien desde su legalización en 1981?
Miriam Kaplan, 21/04/2026 
En España, el divorcio dejó de ser una excepción hace tiempo. Desde su legalización en 1981, con la Ley 30/1981, en plena transición democrática, y su simplificación en 2005 con el llamado “divorcio exprés”, el país ha pasado de considerar la ruptura matrimonial como un hecho extraordinario a asumirla como una realidad cotidiana de la vida familiar. Hoy se disuelven en torno a 80.000 matrimonios cada año, con variaciones moderadas -82.991 divorcios en 2024- dentro de una horquilla relativamente estable, según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios. En comunidades como Madrid, cada 40 minutos se rompe un matrimonio.

Si observamos el recorrido histórico, el cambio es aún más evidente. Desde 1981, España ha registrado entre 3,5 y 4 millones de divorcios. Entre el 60% y el 70% han sido iniciados por mujeres, lo que situaría la cifra en aproximadamente 2,1 a 2,8 millones de rupturas impulsadas por ellas, frente a entre 1,2 y 1,6 millones iniciadas por hombres. En sus razones, suelen repetirse ciertos patrones, como mayor insatisfacción femenina en relaciones desiguales, creciente independencia económica y una distribución aún desigual de las cargas domésticas y de cuidados.

Un tercio llega después de 20 años de convivencia
A estas cifras se suman otros datos que ayudan a entender la dimensión del fenómeno. Los matrimonios que terminan en divorcio han durado, de media, 16,4 años, y en un 32% de los casos la ruptura llega después de más de 2 décadas de convivencia. Además, en más de la mitad de los divorcios hay hijos menores implicados, lo que significa que el conflicto ya no afecta solo a 2 adultos.

Un tercio de las parejas se divorcia pasados los 20 años de casados

La estadística ofrece también una imagen de cambio en la gestión de la ruptura. 

Si durante décadas la custodia recaía casi exclusivamente en la madre, hoy el reparto se ha transformado. En 2024, la custodia compartida alcanzó el 49,7% de los casos, frente al 47,8% de custodia materna y apenas un 3,5% de custodia paterna exclusiva. Sobre el papel, la igualdad ha entrado en el derecho de familia. 

La pregunta es si esa igualdad formal se traduce también en una experiencia emocional más equilibrada para los hijos.

“¿Qué es un niño entre padres heridos?”
En su nuevo libro, "Custody: The Secret History of Mothers"  la investigadora Lara Feigel, intuye que en los divorcios, los adultos negocian, pero son los niños quienes suelen absorber el coste más profundo. La escritora Edna O’Brien lo formula de manera más cruda: “¿Qué es un niño entre padres heridos? Solo un arma”.

Feigel, profesora en el King’s College de Londres, reconstruye la historia de la custodia a través de figuras que van desde Caroline Norton hasta Britney Spears para dejar claro que cambian las leyes, evolucionan las doctrinas, se humaniza el lenguaje jurídico, pero el lugar del niño en la ruptura apenas se modifica. 

Ya no es una propiedad del padre ni una extensión automática de la madre, pero con frecuencia sigue siendo el punto donde se proyecta el conflicto.

España constituye un buen laboratorio para observar esa tensión entre progreso legal y fragilidad emocional. La reforma de 2005 agilizó los procedimientos al eliminar la necesidad de alegar causa; pero también transformó la cultura del divorcio. 

En 2006, 1º año completo tras el cambio, se registraron 126.952 divorcios, un aumento del 74,3%. La cifra marcó el paso hacia la normalización y desde entonces, el fenómeno se ha estabilizado.

3 de cada 10 incumplen la pensión de alimentos
Pero la normalización no equivale a la neutralización del daño. La ley ha conseguido ordenar el proceso. Establece tiempos, define responsabilidades y reparte recursos, aunque no siempre se cumplen. En 3 de cada 10 divorcios se incumple la pensión de alimentos y las visitas y los procesos en los juzgados tardan una media de 3 años en solucionarse. Se puede incluso escuchar al menor. Sin embargo, no puede intervenir en aquello que no es cuantificable, como la sensación de pérdida o la experiencia de vivir entre 2 mundos que ya no encajan.

En más de la mitad de los divorcios hay hijos menores sobre los que decidir la custodia.
La evolución de la custodia compartida ilustra bien esta ambivalencia. Su crecimiento en España del 21,3% en 2014 al 49,7% en 2024 indica un avance hacia la corresponsabilidad. Pero también plantea la duda de si repartir el tiempo implica necesariamente reducir el conflicto. Las estadísticas no responden a eso. 

Pueden mostrar equilibrio en el calendario, pero no en la vivencia del niño.

El sistema jurídico necesita tomar decisiones claras sobre realidades que rara vez lo son. Debe traducir vínculos afectivos en categorías legales y convertir la complejidad de una familia en porcentajes de convivencia, fines de semana alternos y obligaciones económicas. Es un trabajo imprescindible, pero incompleto.

Cómo medir el bienestar emocional del niño
El principio rector del “interés superior del menor” está presente en el Código Civil y en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y sitúa al niño en el centro del sistema. Sin embargo, su aplicación concreta es más problemática. ¿Puede medirse el bienestar emocional? ¿Puede un juez determinar con precisión qué es lo mejor para un menor que necesita a 2 personas que ya no pueden convivir?

El derecho puede escuchar al niño, pero no puede evitar que sienta que elegir implica traicionar. Puede establecer un régimen de visitas, pero no puede garantizar que ese régimen no se viva como una fragmentación. Puede ordenar la vida tras la ruptura, pero no impedir que algo esencial se haya roto.

En cualquier caso, hay que desconfiar de la nostalgia que idealiza un pasado de matrimonios estables que muchas veces ocultaban serios problemas. España ha avanzado de forma indiscutible. Ha ampliado la autonomía personal, ha incorporado la igualdad en la custodia y ha construido un marco legal más flexible. Pero el hijo sigue convirtiéndose en moneda de cambio. “Aquí hay ganadores y perdedores, y el niño es el premio”, resume Feigel en su libro. El divorcio puede ser un derecho, una necesidad o incluso una solución más saludable que la convivencia deteriorada. 

La cuestión es cómo se gestiona su impacto en quienes no lo han elegido.

Aprendizajes en 45 años de divorcio
Las cifras muestran una sociedad que ha aprendido a divorciarse. Procedimientos más rápidos, mayor simetría en la custodia y estabilidad en el número de rupturas. Pero las cifras no captan la vivencia de un niño que divide su vida entre 2 hogares, que aprende a no decir ciertas cosas en uno u otro, y que gestiona afectos que ya no conviven. El divorcio puede resolverse en un juzgado y quedar fijado en una sentencia clara, equilibrada, incluso ejemplar desde el punto de vista jurídico. Pero su efecto no termina ahí.

Nota: Utilización de los menores en los procesos de ruptura, sin entrar en los efectos negativos de la actual ley del divorcio en los progenitores, tanto emocionales como económicos.