La nueva directriz del Consejo General del Poder Judicial pone fin a una práctica habitual en los centros educativos: el pedir sentencias o convenios reguladores íntegros para matriculaciones, excursiones o actividades escolares. A partir de ahora, bastará con un extracto judicial sobre custodia, patria potestad y recogidas, dejando fuera datos íntimos sobre pensiones, patrimonio o conflictos familiares
Alberto García Cebrián, 05/07/2026
La matriculación escolar, la inscripción en las actividades extraescolares o la simple autorización para una excursión en autobús han sido, durante años, una auténtica tortura burocrática para los padres separados o divorciados. Hasta hace muy poco, la inercia administrativa de los centros educativos imponía una condición innegociable: entregar la sentencia de divorcio o el convenio regulador completo.
Esta exigencia obligaba a las familias a desnudar su intimidad económica, patrimonial y personal ante el personal de secretaría y el equipo docente. Detalles sobre pensiones compensatorias, liquidación de gananciales, deudas o incluso los argumentos más amargos de la ruptura quedaban archivados en los expedientes escolares, al alcance de terceros.
Sin embargo, el panorama ha cambiado de forma radical. Con la aprobación de la Directriz 1/2026 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se pone fin a esta práctica invasiva. A partir de ahora, la protección de datos y el derecho a la intimidad prevalecen en las aulas: los colegios ya no pueden exigir el documento íntegro y deberán conformarse con un extracto que contenga estrictamente la información necesaria para la gestión escolar.
El fin de una vulneración histórica de la intimidad
La entrega de la sentencia completa en los colegios ha sido un secreto a voces en el ámbito del derecho de familia y una queja recurrente de los afectados. Para que un colegio supiera si un padre o una madre tenía la custodia compartida o si existía alguna restricción en las recogidas del menor, el centro exigía el "paquete completo".
¿El resultado? El tutor de matemáticas o la administrativa de secretaría terminaban sabiendo cuánto pagaba el progenitor de pensión alimenticia, si uno de los 2 se había quedado con la vivienda familiar en compensación por otra propiedad, o si el divorcio había sido contencioso debido a desavenencias graves.
Esta sobreexposición no solo vulneraba el derecho a la intimidad de los adultos, sino que a menudo estigmatizaba a los menores. La información delicada, en ocasiones, alimentaba comentarios o sesgos involuntarios dentro del entorno escolar, un espacio que debería ser un refugio neutro para el niño durante el proceso de separación de sus padres.
Qué establece exactamente la Directriz del CGPJ
La nueva directriz del órgano de gobierno de los jueces españoles llega para unificar criterios y adaptar la burocracia de los centros educativos al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la normativa nacional. El texto es tajante y se basa en el principio de minimización de datos: solo se debe solicitar la información estrictamente necesaria para la finalidad perseguida.
El núcleo del cambio: Los centros educativos ya no ostentan la legitimación para exigir el documento original y completo del convenio o la sentencia. Para salvaguardar el interés del menor y la organización del centro, bastará con la presentación de un extracto o testimonio parcial expedido por el juzgado correspondiente.
La directriz detalla que la documentación aportada al colegio debe limitarse exclusivamente a los siguientes puntos:
• Identificación clara de los menores y de ambos progenitores.
• El régimen de patria potestad (si es compartida o exclusiva).
• El régimen de custodia (monoparental, compartida, turnos de estancia).
• Cualquier medida específica que afecte a la seguridad del menor o a la limitación de recogida por parte de alguno de los progenitores o de terceras personas.
Todo lo relativo a pensiones de alimentos, asignación de vehículos, liquidación de empresas comunes o compensaciones económicas queda terminantemente fuera de las competencias de control de un centro educativo.
El "testimonio parcial": la nueva llave burocrática
Para llevar a cabo esta medida sin generar inseguridad jurídica en los colegios, la Directriz del CGPJ habilita y estandariza la expedición de los llamados testimonios parciales por exhibición o extractos certificados.
A partir de la entrada en vigor de esta norma, cuando un proceso de divorcio finaliza, los abogados de familia pueden solicitar directamente al Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del juzgado un documento oficial abreviado. Este documento cuenta con un Código Seguro de Verificación (CSV) y certifica, con plena validez legal ante cualquier organismo público o privado, únicamente los pronunciamientos de carácter paterno-filial.
Si el divorcio se produjo con anterioridad a 2026, los progenitores pueden acudir a su representación legal o directamente al juzgado que dictó la sentencia para solicitar este testimonio parcial, evitando tener que fotocopiar las decenas de páginas de su convenio antiguo para la próxima matriculación.
El papel de los colegios: de la exigencia inercial al cumplimiento estricto.
Cabe destacar que las escuelas y colegios no solicitaban las sentencias completas por una voluntad de cotilleo, sino por pura prevención de responsabilidad legal. En situaciones de alta conflictividad familiar, los directores de los centros se enfrentan a dilemas complejos: desde padres que pretenden llevarse a los niños en días que no les corresponde, hasta disputas sobre si un menor puede o no cursar la asignatura de religión o cambiar de centro.
Para protegerse de posibles denuncias por entregar a un alumno al progenitor equivocado, la solución más rápida para los centros era exigir el documento judicial completo.
Con la Directriz 1/2026, el CGPJ no desprotege a los colegios, sino que les facilita el trabajo. El extracto judicial es una herramienta ejecutiva clara y limpia. Los administrativos ya no tendrán que bucear entre folios de prosa jurídica y acuerdos financieros para encontrar lo que realmente les importa: quién tiene la guarda y custodia el martes por la tarde.
Los centros educativos que persistan en la exigencia de la sentencia íntegra se exponen a sanciones graves por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ya que estarían recabando datos masivos y no proporcionales a su función educativa.
Un respiro psicológico para las familias
Más allá del indudable avance en materia jurídica y digital, esta medida supone un enorme alivio emocional. El proceso de divorcio suele ser traumático, y la obligación de mostrar las heridas de esa ruptura en la ventanilla del colegio de los hijos no hacía más que perpetuar el malestar.
Especialistas en psicología infanto-juvenil señalan que blindar la intimidad del divorcio ayuda a mantener los roles claros. El colegio debe ser un espacio donde el niño sea evaluado por sus méritos académicos y su comportamiento, completamente al margen de la situación financiera o los conflictos de alcoba de sus padres.
En definitiva, la Directriz 1/2026 del CGPJ reequilibra la balanza entre la seguridad jurídica que necesitan las escuelas para proteger a los menores y el derecho inalienable de los ciudadanos a que su vida privada siga siendo, precisamente, privada.
P.D.: Se ha tardado 21 años en aplicar lo que pediamos desde PAMAC y el resto de las Asociaciones de Padres y Madres divorciados.
