sábado, 3 de diciembre de 2016

Hacienda halla un filón al comprobar deducciones por vivienda

Hacienda halla un filón al comprobar deducciones por vivienda.

La Agencia Tributaria exige a titulares de hipotecas que demuestren que tienen derecho a la ventaja fiscal en el IRPF.

Más de 5 millones de contribuyentes se aplican la rebaja por adquisición de una casa en la declaración de la renta.

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AGUSTÍ SALA, @agustisala, Viernes, 11 de Noviembre del 2016
Si le llega estos días una carta de Hacienda no se asuste. O quizás sí debería hacerlo. La Agencia Tributaria está enviando liquidaciones y requerimientos en los que exige a beneficiarios de la deducción del IRPF por vivienda habitual que demuestren que cumplen los requisitos para beneficiarse de ella.
La reclamación corresponde al ejercicio del 2015, pero se puede extender a los 4 años anteriores. Esta ventaja tributaria, que dejó de poder aplicarse para adquisiciones realizadas después del 2013, es la que tiene un mayor nº de beneficiarios en el impuesto de la renta, con más de 5 millones de contribuyentes, según datos de las memorias de la administración tributaria. Aunque fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que no existe una campaña concreta, admiten que la comprobación de esta deducción es habitual, ya que es la más extendida en el IRPF. 
"Diría que esto afecta a un 30% o 40% de las declaraciones que hacemos", explica Merche Pérez, asesora fiscal de la Gestoría Menfis, en Barcelona. Otros fiscalistas consultados también han detectado casos, aunque un menor volumen, que provocan perder la deducción total o parcialmente.
"Desde el 2007 o el 2008 los bancos popularizaron la modalidad de reunificación de deudas y la ampliación de créditos hipotecarios, es decir, que destinaran parte del préstamo a otros fines como obras en la casa o para comprarse un coche", explica Francesc Xavier Masdeu, portavoz de la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB). El fisco suele esperar 3 ó 4 años para ver la magnitud que adquiere una práctica y luego indaga. "Es como cuando se pesca. Si se echa una red en lugar de pescar con caña, siempre se pillan más peces", afirma ilustrativamente un asesor.

RASTREAR COMPRAS ANTIGUAS

Después de que en el 2015 desapareciera la deducción para las nuevas adquisiciones hechas antes del 2013, Hacienda comenzó a rastrear compras más antiguas en busca de deducciones incorrectamente aplicadas tras una etapa en la que los bancos ofrecían créditos, una parte de los cuales podían dedicarse a otros menesteres, como hacer obras, comprarse un coche o hacer viajes.
Y al llevar a cabo comprobaciones ha encontrado casos de estos, en los que una parte de los costes que se beneficiaron de la deducción no se destinaron realmente a comprar la vivienda habitual si no a otras cosas. El problema es que por buscar estas irregularidades se ha alarmado a muchos contribuyentes que actuaron de forma correcta, explican los asesores fiscales consultados.
En caso de que el afectado no pueda demostrar que tenía derecho a esta ventaja fiscal, deberá hacer una liquidación por la cantidad que se ha deducido más una sanción que suele ser del 50%. Si muestra su conformidad, puede aplicar una rebaja del 30% sobre la sanción. Las cantidades medias en las que podrían reducirse las devoluciones o aumentar las cuotas a pagar oscilan entre los 1.500 o 2.000 euros por ejercicio comprobado más la sanción, afirman los expertos consultados.

ESCRITURAS Y GASTOS DE COMPRA

En las comunicaciones se exige un profuso listado de documentación. En una de las cartas a las que ha tenido acceso este diario se reclama "la escritura de adquisición de vivienda, o en su caso, contrato privado de compraventa y justificantes de gastos de compra (notaría, registro de la propiedad, IVA, impuesto de transmisiones patrimoniales...); escritura de constitución del préstamo hipotecario o, en su caso, documento acreditativo de préstamo personal. Y si el préstamo es subrogado o ampliado, también escrituras de cancelación del préstamo anterior y de constitución del nuevo préstamo, así como justificantes del capital pendiente de amortizar en el momento de la cancelación; justificantes de los pagos realizados que hayan sido objeto de deducción en el presente ejercicio.
Pero se exigen otros muchos comprobantes como un "certificado histórico de empadronamiento además de cualquier otro documento que permita acreditar que el inmueble en cuestión constituye la vivienda habitual". También "documentación justificativa de las cantidades deducidas" por vivienda habitual en caso de que lo hubiera hecho con una anterior, así como "facturas de consumo eléctrico de la vivienda de enero a diciembre del ejercicio comprobado" y "facturas de consumos realizados en la vivienda por otro tipo de suministros de enero a diciembre del mismo ejercicio".

Divorcio a la cartagenera

Problemas económicos y uso abusivo de redes sociales originan un alto nº de separaciones en parejas jóvenes de Cartagena.
MIGUEL MEROÑO CARTAGENA 02/12/2016
Rosa Manrubia, abogada y colaboradora de Radio Cartagena, afirma que las causas que originan las separaciones son variadas, pero sobre todo se observa que problemas económicos, infidelidades y utilización de redes sociales y del 'WhatsApp' especialmente en parejas jóvenes, provocan un alto nº de divorcios en el municipio de Cartagena.
Según Manrubia, hace unos años se producían muchas separaciones en la franja de los 40, ahora se está detectando que no existe una edad concreta para que las parejas inicien el procedimiento de separación, constatando que existen menos prejuicios sociales que hace unos años.
El coste económico de un divorcio puede oscilar entre los 1.000 y 1.500 euros, según diferentes abogados consultados.
Recordamos que en la Diócesis de Cartagena, han aumentado un 20 % las demandas de nulidad matrimonial eclesiástica, cuando se ha cumplido 1 año de la reforma.
En nuestra Región, se han cumplimentado 82 demandas reduciéndose el tiempo para dictar sentencia de 11 a un máximo de 8 meses.

La Policía Local de Málaga dejará de tramitar denuncias por violencia de género

La Comisión Provincial de Policía Judicial retira a este Cuerpo las competencias para instruir diligencias en casos de malos tratos y menores infractores por extralimitarse en sus funciones en algunas actuaciones
JUAN CANO | MÁLAGA@JuanCanoSUR,1 diciembre 2016
La Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial, órgano integrado por representantes de la judicatura y las Fuerzas de Seguridad del Estado, ha decidido apartar a la Policía Local de Málaga de la instrucción de diligencias por casos de violencia de género y menores. En consecuencia, los agentes de este Cuerpo municipal dejarán de tramitar denuncias por malos tratos o infracciones protagonizadas por adolescentes, que a partir de ahora serán derivadas al Cuerpo Nacional de Policía.
La medida, adoptada en la reunión que se celebró el 26 de septiembre, ya ha sido comunicada al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por parte del presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá. La comisión ha trasladado al regidor su preocupación por lo que consideran una "extralimitación de competencias" en algunas actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local.
El órgano de coordinación entre agentes y judicatura argumenta su decisión en la necesidad de que el Cuerpo municipal se suscriba al convenio marco de colaboración en materia de protección de las víctimas de violencia de género y doméstica (VIOGEN), que permite realizar un seguimiento integral de las denunciantes y aplicarles un nivel de riesgo. La solicitud que posibilitaría a este Cuerpo incorporarse al convenio aún está en trámite en la Secretaria de Estado de Seguridad.
La decisión ha provocado un gran malestar en el seno de la Policía Local, que llevaba instruyendo estas denuncias desde 1998 y que dispone de un equipo de agentes especializado en violencia machista y menores, el Grupo de Investigación y Protección (GIP), antes llamado Gemac y Brigada K.

viernes, 2 de diciembre de 2016

La tasa de suicidio médico es el doble que la de la población general


La Confederación Medica Latinoiberoamericana (Confemel) alerta del incremento de las patologías psiquiátricas en el personal sanitario, debido a los altos niveles de exigencia que sufren.
REDACCIÓN | Madrid - 01-12-2016 |  
Los médicos tienen más tendencia al suicidio que la población general. Lo demuestran diversos estudios (una reciente investigación revelaba que los médicos son la profesión con mayor tasa de suicidio y que, hasta el 9,4% de los estudiantes de Medicina de los últimos años, ya había tenido ideaciones suicidas durante su formación), y ahora lo alertan desde la misma Confederación Medica Latinoiberoamericana (Confemel).
Esta organización, reunida recientemente en Brasil, y que cuenta con la participación de médicos de numerosos países, entre ellos España, ha impulsado un manifiesto en el que expresa su preocupación por el aumento de los casos de “burn out” (depresión y desmotivación) y de la tasa de suicidios en facultativos “que duplica los valores de la población general”.
Según la bautizada como la “Declaración de Brasilia”, la incidencia de patologías de la esfera psiquiátrica en el personal de Salud “es cada vez mayor, vinculado a los altos niveles de exigencia y las dificultades vinculadas a las condiciones laborales”.
Por ello, los profesionales piden a las autoridades sanitarias de los distintos países miembros a implementar políticas dirigidas a paliar “este aumento de la incidencia y a mejorar las condiciones laborales en todos sus términos como medida directa para atacar esta lacra”.
Por otra parte, la Confederación también incide en las inequidades en el acceso a la salud, bien por costos o por cuestiones geográficas. A su juicio, “son elementos claves a tener en cuenta a la hora de trabajar en nuestros sistemas de salud de cara al futuro”.
Además, la declaración insta a generar mecanismos de control “para valorar el funcionamiento y la calidad de nuestros sistemas de Salud”. Otro de los temas puestos sobre la mesa por el colectivo profesional es el relativo a la corrupción, a la que consideran un problema estructural de muchas de nuestras sociedades, “transformándose en un factor disruptivo del funcionamiento de nuestros sistemas”.

Declaración de Brasilia

miércoles, 30 de noviembre de 2016

CATALÁ APUESTA POR IMPULSAR LA CUSTODIA COMPARTIDA CON UNA REGULACIÓN “EQUILIBRADA”



La Información.com/ Madrid, 30.11.16
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, apostó hoy en el Congreso por impulsar la custodia compartida en casos de separación o divorcio con una regulación nacional “equilibrada”, algo para lo que llamó al diálogo a los partidos políticos y colectivos sociales. Catalá se refirió a este asunto en el Pleno de la Cámara Baja, donde la diputada de Ciudadanos Marta Martín le preguntó “cuándo piensa impulsar las reformas legales necesarias para incorporar a nuestro Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en el caso de separación o divorcio”.Martín se refirió a que este asunto está contemplado en el acuerdo de investidura entre su partido y el PP, por lo que emplazó al ministro a afrontar esta cuestión “urgentemente”. La diputada argumentó que impulsar la custodia compartida ayudará a promover en España la “igualdad de género desde un sentido europeísta”.
GENERAR UN “DEBATE SOCIAL”
Además, esta representante destacó el hecho de que, a pesar del esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas en este terreno, el Tribunal Constitucional anuló la ley valenciana de custodia compartida al entender que invadía competencias estatales. Por su parte, Catalá expresó el “compromiso” del Gobierno y del PP por una regulación nacional de la custodia compartida, pero apostó por el diálogo para lograr una legislación “equilibrada”.Argumentó que es un asunto que genera “discrepancias” en la sociedad, por lo que hay que buscar el consenso. Por este motivo, defendió impulsar un “debate social” y una “reflexión” sobre la custodia compartida, de forma que se extienda entre la población.
En otros medios:m.ideal.esnewsbelow.es,
Pregunta de la diputada de Ciudadanos: AQUI



Aragón: Atasco judicial por la solicitud de Modificación de medidas(2011-16)

La custodia compartida atasca los juzgados de familia con la revisión de 120 separaciones.
El juez Decano reclama más trabajadores sociales a la DGA porque 1 funcionaria acumula todos los informes.
RAMÓN J.CAMPO. ZARAGOZA, 10/01/2011
El Juzgado Decano de Zaragoza remitió estas Navidades un informe a la Consejería de Justicia del Gobierno aragonés para reclamar la creación de más plazas de trabajadores sociales. La única funcionaria que se encarga de elaborar estos informes para los 3 juzgados de Familia ha recibido la petición de realizar 120 informes sobre separaciones en apenas 1 mes y medio, desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Y no da abasto para responder a los ciudadanos porque se han atascado los juzgados.

La pionera ley aragonesa de la custodia compartida entró en vigor el 8 de septiembre, pero en 4 meses ya ha chocado con la falta de medios. Como no ha trascurrido tiempo suficiente para tener datos estadísticos sobre las necesidades de esta nueva norma, la DGA responde sobre la marcha a las peticiones que le trasmiten los juzgados.

La ley ya recogía la necesidad de contar con un servicio de mediación atendido por psicólogos, cuya función es explicar la norma a los separados y sugerirles un acuerdo para evitar que lleguen a juicio. Esto se hizo en noviembre y se puso en marcha tras crear nuevas plazas de psicólogos. Pero ahora lo que faltan son trabajadores sociales, que hagan los informes que necesitan los jueces para poder emitir una sentencia.
Tras la entrada en vigor de la norma, la reacción de muchas personas separadas ha sido reclamar la revisión de sus convenios. Con ello pretenden ahorrarse o reducir las pensiones que pasan a las mujeres para la manutención de sus hijos. Sobre todo, en plena crisis económica que ha llevado a 92.000 aragoneses al paro.
La nueva norma da un plazo de 1 año para modificar las condiciones anteriores y adaptarse a ellas. Los abogados matrimonialistas están recibiendo muchas peticiones de revisión. Y para eso, los jueces necesitan pruebas periciales de trabajadores sociales que le informen sobre las condiciones sociales y económicas de los separados en litigio.
El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, precisa que ese plazo legal de 1 año para amoldar las sentencias será ampliable porque es una ley más favorable para los justiciables.
Juicios fijados para junio
Esta falta de profesionales está condicionando la agenda de los jueces. En concreto, el titular del Juzgado de Familia nº 6, Javier Forcada, reconoce que está fijando sus juicios para junio. "Si necesitamos un informe psicológico o de una trabajadora social, hasta que no lo aporten, no se puede celebrar la vista", explica.
El juez es rotundo al manifestar que están sobrepasados por el exceso de trabajo. "Está claro que ahora se ha multiplicado el nº de sentencias y nos hacen falta más medios", señaló Forcada.
Hace 1 mes y medio, un separado preguntó en una conferencia celebrada del Colegio de Abogados: "Soy un padre pagador de la pensión, ¿cuándo podrá aplicarse la revisión de la separación?". Si entonces le dijeron que la fecha del juicio para esa modificación, si no hay acuerdo entre las partes, sería para abril, el atasco de la custodia compartida ya provoca una lista de espera de medio año. Sería para junio.
De cualquier modo, toda ley nueva necesita un rodaje y la llegada de la jurisprudencia que ilumine su interpretración. Al ser una materia susceptible de llegar a través de recursos para que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) , no se prevé que se pueda pronunciar al menos hasta el próximo otoño. 
El presidente del TSJA, Fernando Zubiri, ha manifestado que la Sala de lo Civil está muy dispuesta para resolver un caso de la custodia compartida sin dilaciones.
Los 3 juzgados de Familia de Zaragoza ya superan el centenar de casos acumulados, entre las nuevas demandas y revisiones.
Los profesionales y afectados reclaman información y muchas conferencias divulgativas para conocer de 1ª mano esta ley. Así se puso de manifiesto en la conferencia del Colegio de Abogados, celebrada a finales de noviembre, que estuvo lleno hasta la bandera. Hay tanto interés y expectación entre los profesionales, como ignorancia entre los afectados sobre los efectos de la norma.
"Un cambio importante"
Ese día, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martínez de Aguirre, no llegó a calificarla como una revolución porque era "algo fuerte", pero sí dijo que es "un cambio importante". "Antes de la ley, en más del 85% de los casos se daba la custodia individual a la madre. En la actualidad, la preferencia es la custodia compartida y se notarán las modificaciones", asumió Martínez de Aguirre.
Cuando se aprobó, se anunció el peligro de que crecerían las denuncias por malos tratos para evitar las custodias compartidas. El juez Forcada, un defensor de la ley para adaptarse a la sociedad actual, no ha notado ese aumento