El negocio de la ley del divorcio en España: La Pensión de Alimentos

Luisja Sánchez, Periodista, 20/09/2024 
Los abogados de familia del ICAB siguen a Vicente Magro “Ponencia de Vicente Magro, en el centro de la imagen, magistrado de la Sala Penal donde abordó de poder reclamar el daño moral en las pensiones": piden reclamar el daño moral en el impago de pensiones de alimentos.

La Sección de Derecho de Familia del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha vuelto a convertir en referente informativo a su Congreso anual con temas de máxima actualidad. La intervención del magistrado de la Sala Penal Vicente Magro ha dejado claro, como ya lo hizo en el Congreso de la AEAFA de marzo, que se puede reclamar el daño moral cuando se impongan las pensiones alimentarias.

Este fue uno de los temas del 3º Congreso de Derecho de Familia que se ha celebrado este jueves y viernes en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona y que ha sido seguido por más de 200 juristas expertos en Derecho de Familia.

En esta ocasión este 3º Congreso de Derecho de Familia ha sido inaugurado por Jesús M. Sánchez, decano de la abogacía barcelonesa; Joaquim de Miquel, secretario de la Junta de Gobierno del ICAB; y Carmen Varela, vicepresidenta de la Sección de Derecho de Familia del ICAB, quienes han destacado la importancia de este Congreso como herramienta para abordar las principales problemáticas y normativas que se encuentra la abogacía que ejerce en este ámbito.

El Congreso se ha estructurado en 4 ponencias magistrales. La 1ª, sobre el impago de las pensiones alimenticias, ha ido a cargo de Vicente Magro, magistrado de la Sala IIª del Tribunal Supremo. Magro ha expuesto la dureza y el sufrimiento de personas que deben hacer frente a la crianza de los hijos con la dificultad añadida de no contar con el pago efectivo de las pensiones alimenticias. Este sufrimiento derivado del impago de la pensión alimenticia es un daño moral reclamable.

Durante la 2ª ponencia magistral, Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional de la UB y magistrada del Tribunal Constitucional, ha dado a conocer la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre derecho de familia. 

Desde el 2023 a la actualidad el TC ha publicado 7 sentencias también importantes donde defiende las tesis del interés superior del menor.

Díez ha hecho hincapié en que el TC ha puesto el foco en el interés superior del menor y sus derechos. Esta ha sido una de las escasas intervenciones públicas de esta magistrada hasta la fecha.
Preguntada sobre la inminente sentencia del Constitucional sobre las pensiones de viudedad en las parejas de hecho, a raíz de una cuestión planteada por la AP de Barcelona, ha confirmado que habrá fallo a lo largo de este año.

Otro tema de gran actualidad fue el abordado en la 3ª sesión. La mesa redonda ha versado sobre la maternidad subrograda, con las intervenciones de Vincenzo Barba, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Civil de la Universidad La Sapienza de Roma, y de la abogada Beatriz Huerga.
Precisamente, durante sus intervenciones han comentado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que los niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero puedan registrarse en España.
Esta sentencia ha abierto un debate entre los partidarios de los llamados vientres de alquiler y de sus acérrimos detractores que se ha podido comprobar en redes sociales donde los comentarios son incesantes.

La última ponencia magistral del Congreso ha tratado sobre los delitos en derecho de familia, con el abogado Miguel Capuz y la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona, Mª Isabel Hernando. En ésta, se ha puesto de manifiesto la interrelación existente entre el Derecho de Familia y aspectos del derecho penal, una realidad cada vez más frecuente porque las dilaciones en los procedimientos de familia hacen que alguna de las partes incurra en este tipo de comportamientos censurables desde el propio derecho penal.

Estas sesiones se han complementado con 2 talleres prácticos. Isabel Winkels, abogada y vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha presentado el taller sobre Justicia Sostenible de las familias en el que han intervenido Xavier Abel, magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Barcelona; Francisca Fariña, catedrática de psicología básica y psicología Jurídica del Menor de la Universidad de Vigo y presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, y Mila Arch, psicóloga forense y profesora de la Universitat de Barcelona.
En el marco de esta actividad práctica se ha presentado la «Guía para el ejercicio de la Parentalidad positiva». 

El 2º taller, presentado por Flor Carrasco, vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, ha versado sobre Derecho procesal de familia, y ha contado con las intervenciones de la abogada Cristina Martínez y de Ernest Pascual Franquesa, magistrado de la Sección 12ª de la Audiencia de Barcelona.

Para cerrar el Congreso se ha realizado un foro de debate con Javier Pereda, presidente de la Sección 18 de la Audiencia de Barcelona, y Almudena Izquierdo, magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 4 del Hospitalet de Llobregat. 

Estos juristas han contestado a las dudas jurídicas de los asistentes que han llenado el salón de actos del ICAB.

La clausura del Congreso ha ido a cargo de la presidenta y vocal de la Sección de Derecho de Familia, Cristina Díaz-Malnero, y Rosa María Barberá, respectivamente, y la abogada y miembro de la Comisión de Normativa del ICAB Cristina Vallejo.
Precisamente, en sus intervenciones han coincidido en la necesidad de contar con tribunales especializados en infancia, familia y capacidad, una de las reivindicaciones históricas de todas las asociaciones de abogados de familia, para conseguir una justicia de servicio público, real y efectivo para poder asegurar la igualdad de los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.

¿Cómo se reparten los gastos extraescolares de mi hijo si tengo custodia compartida?

Otras noticias:
¿Quién cubre los gastos de traslado por cumplimiento del régimen de visitas? 

El reparto de gastos genera mucha controversia entre padres separados. 
Este tipo de desembolsos que han de hacer los padres es uno de los temas que más controversia genera en rupturas con hijos.

María Atienza, 20 septiembre 2024

Los gastos extraescolares pueden ir desde el desembolso de los libros y material escolar, actividades deportivas, clases de refuerzo, viajes de fin de curso, excursiones, academia de idiomas… hasta el pago de niñera, gastos universitarios en otra ciudad, carné de conducir o el dentista, entre otros tantos.
Para María Atienza Martínez, abogada experta en Derecho de Familia: 

¿Los gastos se incluyen dentro de la pensión alimenticia, o se considera un gasto adicional?
Para responder a esta pregunta, es imprescindible saber qué establece la sentencia de divorcio o el convenio regulador respecto a qué gastos cubre la pensión de alimentos.
Por ejemplo, se puede establecer que la pensión de alimentos incluye educación, alimento, vestido y cualquier tipo de actividad extraescolar, o los gastos de material y libros escolares.

¿Qué sucede si la sentencia no establece nada en concreto?
En ese caso, habrá que acudir nuevamente a la sentencia o al convenio regulador respecto a lo que se consideran "gastos extraordinarios", a cuyo pago están obligados los progenitores al 50%.
Si se ha establecido un listado, o se ha mencionado que hay ciertos gastos que se consideran específicamente como extraordinarios, no hay duda de que los progenitores tienen que pagarlo a la mitad.

Por ejemplo, en relación con las clases extraescolares, se puede establecer que 

"se considerarán gastos extraordinarios las clases de apoyo y actividades extraescolares, así como la práctica de cualquier deporte y los materiales y uniformidad que el menor necesite".
En caso de que no se haya establecido nada, será necesario contar con una comunicación y consentimiento previo de los progenitores, ya sea la custodia materna/paterna o compartida.

¿Es obligatorio contar con el consentimiento del otro progenitor?
Solo en aquellos casos que sean urgentes se podrá realizar el desembolso del gasto para, posteriormente, reclamárselo al otro progenitor. 

Pero rara vez suelen tener el carácter de urgencia.
Existen 2 posibilidades en caso de que el otro progenitor no autorice ese gasto:
a.- Tramitar una solicitud de intervención judicial relacionada con la patria potestad -regulado en el art. 84 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria- y que, por lo tanto, sea el juez el que decida en esa controversia si procede o no procede el gasto, y de qué manera se reparte entre los progenitores.
b.- Asumir el pago de ese gasto por cuenta propia.

¿Qué gastos se consideran extraordinarios en los tribunales?
Muchas veces nos encontramos que, ante el mismo tipo de gasto, existe una jurisprudencia totalmente contradictoria, lo que genera mucha inseguridad en las familias a la hora de decidir si reclamar o no ese desembolso asumido por uno de los progenitores.

A continuación, se pueden ver algunos casos:
Excursiones y viajes: algunos tribunales consideran que debe abonarse al 50% cuando ya se venía pagando ese gasto de excursiones en años anteriores. 

Otro ejemplo es el campamento de verano, que la A. P. de Granada considera que es beneficioso para el menor, y por lo tanto, obliga a ambos progenitores a pagarlo a medias.
Sin embargo, la A. P. de Barcelona considera que no procede declarar el gasto de las convivencias escolares como gasto extraordinario, y obliga a que el progenitor que reclama asuma el coste en su totalidad, porque forman parte de la enseñanza reglada. 

Por ende, se entiende que ese gasto ya está cubierto por la pensión de alimentos.

Canguro o niñera: la A. P. de Valencia consideró que el gasto de niñera se debe abonar al 50% cuando así aparezca reflejada en la sentencia de divorcio, ya que, además, era necesario por incompatibilidad horaria del progenitor, necesitando esa ayuda externa para el cuidado del menor. Por otro lado, la A. P. de Barcelona considera que no procede repartir el gasto de niñera al 50%, ya que la madre tenía compatibilidad horaria y la pensión de alimentos era de 2.500 € al mes, rebasando las necesidades ordinarias de alojamiento, cuidado y alimento del menor.

La Comunicación Jurídica: Con Justicio.es

Redacción E&J, 17/09/2024 
Justicio y su nueva función ‘jerga’ revolucionan la comunicación jurídica entre profesionales y clientes adaptando de forma única sus respuestas legales.
La evolución de Justicio supone un gran avance que eleva al máximo la comunicación entre los profesionales del sector legal y sus clientes de forma ágil, sencilla y rigurosa.

Justicio, el conocido archivero de la normativa estatal, autonómica y europea que se ha posicionado como un referente en la generación de respuestas legales fundamentadas, pasa al siguiente nivel con una nueva versión repleta de funciones inéditas.
Una versión que marca un antes y un después en la obtención de respuestas legales fundamentadas cubriendo como nunca las necesidades específicas de abogados, procuradores y otros profesionales del sector.

Y es que gracias a la nueva función «jerga», Justicio adapta de forma completa sus respuestas ajustando el volumen y la estructura del contenido e incorporando información complementaria explicativa. Y, por supuesto, todo ello adecuado a un estilo narrativo para distintos perfiles de usuario: profesionales legales, adultos, adolescentes e incluso niños.

Un avance realmente significativo que potencia al máximo la comunicación entre los profesionales legales y sus clientes de forma ágil, sencilla y siempre rigurosa.
Y es que, a partir de ahora, estos profesionales tendrán la capacidad de convertir sus detalladas y, muchas veces, complejas respuestas legales justo a lo que sus clientes necesitan y comprenden.

Un gran valor que da lugar a nuevas aplicaciones complementarias
Esta funcionalidad añade un gran valor al permitir a los profesionales legales adaptar las respuestas a distintos tipos de clientes y, al mismo tiempo, abre nuevas posibilidades de aplicación complementarias para diferentes ámbitos:
Información a la ciudadanía, pudiendo el ciudadano de a pie sin conocimientos legales obtener respuestas legales fundamentadas de forma clara, ágil y confiable.
Impulso de la educación legal, acercando la Ley a los más jóvenes en cuestiones de su día a día o incluso para un juicio de una forma más sencilla y cercana.

De hecho, con respecto a esta última aplicación, Justicio está recogiendo ya peticiones de numerosas instituciones educativas de distintos niveles para desarrollar iniciativas de divulgación legal inéditas hasta el momento en España.

Mejoras y beneficios de Justicio
Entre las mejoras más destacadas de esta nueva versión se encuentra la inclusión de toda la normativa europea, estatal, autonómica y local al completo, así como la ampliación de la base de datos y de la documentación, que ahora incluye la legislación comunitaria, jurisprudencia, doctrina, tratados, definiciones legales y preámbulos jurídicos.

También introduce acciones específicas que ofrecen al profesional legal una experiencia del usuario incomparable.

Términos legales y diccionario con definiciones adaptadas a cada perfil.
Referencias legales completas enlazadas en el texto de la respuesta.
Enlaces externos relacionados.
Búsquedas y preguntas adicionales sugeridas.
Alertas automáticas antes sospecha de acoso, violencia o peligro.
La evolución de Justicio, fruto de su gran comunidad.

Este gran avance de Justicio ha sido posible gracias al apoyo de su patrocinador oficial, la legaltech Little John, y a la sólida comunidad que ha conformado en pocos meses.
Una comunidad con interés global que ya supera los 600 miembros y los 60 colaboradores activos entre profesionales legales y técnicos, algunos de ellos pertenecientes incluso al propio Ministerio de Justicia.

Asimismo, el nuevo Justicio ha sido validado por reconocidos expertos, quienes han probado durante semanas y en exclusiva la versión beta. 

Entre ellos destacan, Antonio Serrano Acitores, en calidad de Coordinador de Digitalización e Innovación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Solano, experto en Administración Electrónica, Miguel Bueno Benedí, Letrado del Ministerio de Justicia o Esperanza Ferrando, como Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas en la Universidad CEU Cardenal Herrera, entre otros grandes profesionales.

Con más de 160.000 respuestas fundamentadas generadas en menos de 1 año, este archivero ha demostrado ser una solución de referencia para los profesionales del Derecho, revolucionando la forma en la que acceden a la Ley.
La nueva versión ya está disponible para todos de forma libre y gratuita en Justicio.es.

los 18 acuerdos de divorcio más locos: De deshacerse de un Da Vinci a vender un equipo

Marita Alonso, 17 Sept 2024 
En el instante en el que salió a la luz la noticia del divorcio entre Jeff y MacKenzie Bezos tras 25 años juntos, el interés del mundo se centró en descubrir cuál sería la cifra con la que la pareja se despediría de sus 25 años de historia. Conscientes del interés mediático y del morbo que rodeaba a la ruptura, ambos publicaron en sus redes sociales un comunicado conjunto que incluía la firma de ambos en el que anunciaron la noticia. 

"Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado el uno al otro y profundamente agradecidos por cada uno de los años en que estuvimos casados. Si hubiésemos sabido que íbamos a separarnos después de 25 años lo hubiésemos hecho igual. Tuvimos una gran vida juntos como matrimonio, y vemos un futuro maravilloso como padres, amigos, socios en aventuras, proyectos y, como individuos separados, persiguiendo más aventuras. Y, a pesar de las etiquetas, seguimos siendo familia y queridos amigos". El acuerdo para poner fin al matrimonio rondó los 35.000 millones de dólares, un pacto que hizo de la filántropa, que se quedó con un 4% de acciones de Amazon, una de las mujeres más ricas del planeta.

Tras 27 años de matrimonio, Bill y Melinda Gates firmaron un acuerdo de divorcio en Washington, y del mismo modo que hicieron los Bezos, firmaron un comunicado común para dar a conocer la noticia. "Hemos creado una fundación que trabaja en todo el mundo para que todas las personas puedan llevar vidas saludables y productivas. Seguiremos compartiendo la fe en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos seguir creciendo juntos como pareja en la próxima etapa de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras empezamos a navegar esta nueva vida". 

Aunque la pareja no tenía un acuerdo prenupcial, ambos firmaron el 'Giving Pledge', una iniciativa creada por ellos mismos y Warren Buffett para que las personas de grandes fortunas ricos donen en vida el 90% de su dinero. 'Forbes' indicó que “el divorcio del siglo”, como el medió habló de él, tenía entre manos la complicada labor de repartir una fortuna valorada en 130.500 millones de dólares. 

Aunque la cifra final sigue siendo una incógnita, sin duda se trata de uno de los divorcios con cifras más elevadas del mundo.

Fue una infidelidad del empresario, marchante de arte y criador de caballos de carreras Alec Wildenstein el motivo por el que su esposa, Jocelyn (conocida a causa de sus cirugías estéticas como “la mujer gato”), le pidió el divorcio tras 21 años de matrimonio. Alec tuvo que pagar 2.300 millones de euros, a los que tuvo que sumar 92 millones a lo largo de los siguientes 13 años.

El divorcio de la princesa Haya de Jordania y el emir de Dubái Mohammed bin Rashid Al Maktoum marcó un hito en la historia judicial británica al llegar a un acuerdo de más de 500 millones de libras. El fallo estipuló que la princesa sería la única responsable de los menores en lo que se refiere a su educación y cuidados médicos, mientras que el emir ha de efectuar pagos continuos a sus hijos, Al Jalila y Zayed, mediante una garantía bancaria de 340 millones de euros. BENETT

Dimitri Rybolovlev, el multimillonario ruso propietario del club de fútbol AS Monaco, estuvo felizmente casado 23 años con Elena Rybolovlev, pero a causa del divorcio, en 2014, el oligarca fue condenado a pagar a su exesposa 3.200 millones de euros, que luego se rebajaron hasta los 564 millones. Tras su millonario divorcio y sumido en un litigio con su marchante de arte por fraude, se vio obligado a vender el cuadro ‘Salvator Mundi’, de Leonardo da Vinci, considerado como el mayor redescubrimiento artístico del siglo XXI.

El magnate de los medios de comunicación australiano Rupert Murdoch y la periodista y novelista Anna Murdoch estuvieron más de 3 décadas juntos, y el divorcio supuso para ella 1.700 millones de dólares, la mitad de la fortuna del magnate. Preocupada ante posibles peleas dinásticas por la sucesión, se aseguró de que el acuerdo del divorcio indicara que sus 4 hijos tendrían el mismo control sobre el imperio. 

17 días después de su divorcio, contrajo matrimonio con la emprendedora Wendi Deng, que firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse con Murdoch. 

Tras comunicarle su voluntad de divorciarse de Jerry Hall mediante un correo electrónico consistente en 11 palabras, el magnate de los medios de comunicación se ha casado este año con Elena Zhukova, una bióloga molecular jubilada.

Infidelidades, casos de embriaguez en la carretera y adicciones sexuales hicieron que el divorcio entre el golfista Tiger Woods y la modelo sueca Elin Nordegren fuera muy mediático. Tras meses de negociaciones y 300 millones de dólares, difundieron a través de la cadena CNN un comunicado conjunto. "Estamos tristes de que nuestro matrimonio haya terminado y nos deseamos buena suerte para el futuro", dijeron. "Me siento más fuerte que nunca. Tengo confianza en mis creencias, en mis decisiones y en mí misma", dijo la modelo a la revista ‘People’, donde aseguró haber pasado "por fases de incredulidad, 'shock', enfado y últimamente de profunda pena por la pérdida de la familia que tanto quería para mis hijos". 

Cuando Mel Gibson y Robyn Gibson contrajeron matrimonio no firmaron un contrato prematrimonial, por lo que 28 años después del 'Sí, quiero', y tras 2 años de negociaciones, el actor tuvo que pagar más de 625 millones de euros a su exesposa por la liquidación de sus bienes. Un adiós realmente de cine…

El magnate del petróleo Harold Hamm tuvo que pagar a la filántropa Sue Ann Hamm 800 millones de euros a causa del divorcio, pero no fue esa generosa suma lo único que la exesposa recibió. 

En la repartición de bienes, ella se hizo también con el domicilio de la pareja, valorado en 4 millones de euros y situado en Oklahoma y con un rancho en Carmel Valley, valorado en 14,5 millones de euros. Aunque al comienzo su exesposa pidió más dinero por la separación, finalmente aceptó esa cantidad.

"He pagado 670 millones de euros a mi exmujer", declaró el magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone a un tabloide británico, evitando así que los medios especularan con las cifras. Tras 24 años de matrimonio y 2 hijas, la exmodelo croata Slavica Malic decidió crear una empresa para gestionar las riquezas del divorcio.

El empresario fundador de McCaw Cellular y Clearwire Corporation, Craig McCaw, tuvo que pagar a su exmujer, la escritora y periodista Wendy McCaw, 460 millones de dólares. 

Después de 21 años de matrimonio, ella empleó el dinero para comprar el periódico 'Santa-Barbara News-Press', que entonces pertenecía a ‘The New York Times’.

Robert L. y Sheila Johnson se convirtieron en marido y mujer en 1969, y fue en 1980 cuando fundaron la cadena Black Entertainment Television. Se convirtieron en la 1ª pareja afroamericana en ser multimillonarios, y su divorció se cifra en 327 millones de euros. En 2005, ella se casó con el juez que había tramitado su divorcio.

“Después de 10 años juntos, los 2 hemos tomado la difícil decisión de separarnos. Seguiremos siendo buenos amigos, padres y socios en los proyectos que hemos desarrollado juntos. Estamos comprometidos a criar de forma conjunta a nuestros dos hijos. También continuaremos trabajando juntos como cofundadores del Museo de Arte Contemporáneo Garage en Moscú y el Centro Cultural Isla New Holland en San Petersburgo”, anunciaron el oligarca Roman Abramóvich y la filántropa Dasha Zhukova en un comunicado publicado en exclusiva en 'Page Six'. 

Ambos protagonizaron uno de los divorcios más caros de la historia. Su divorcio previo, con la que fuera su segunda esposa, Irina Malandina, se saldó en 165,52 millones de euros.

Maya Polsky y Michael Polsky, fundador, presidente y director ejecutivo de Invenergy LLC, se mudaron a EE.UU. en 1976 con 500 dólares en efectivo tras haber contraído matrimonio en 1975 en Ucrania. Polsky logró una inmensa fortuna fundando diferentes empresas de energía, y cuando en 2003 Maya Polsky solicitó el divorcio, la pareja llegó a un acuerdo por 184 millones de dólares.

En 2006 Juanita Vanoy presentó la solicitud de divorcio en un juzgado de las inmediaciones de Chicago en vista de las "irreconciliables" diferencias con el deportista Michael Jordan. 

Esta separación forma parte de la historia al ser uno de los más caros del mundo del deporte, pues le costó al jugador de baloncesto 168 millones de dólares.

El multimillonario ruso Boris Berezovsky tuvo que pagar un tercio de su fortuna con motivo de su divorcio de su 2ª esposa, Galina Besharova. El acuerdo fue de 122 millones de euros. El fallecido oligarca, cuando se exilió a Londres en 2000, fue junto a Yelena Gorbunova, con quien llevaba casi 2 décadas, pero no se llegaron a casar porque Galina Besharova se aseguró de poner todo tipo de impedimentos.

Menos truculenta, pero igualmente lucrativa, fue la separación del cantante Neil Diamond y la productora de televisión Marcia Murphey. 

Alegando “diferencias irreconciliables”, el juez dictaminó que el músico tenía que pagarle 150 millones de dólares. “Ella vale cada centavo”, dijo él.

Los dueños de los Dodgers de Los Ángeles, Frank y Jamie McCourt, se vieron sumidos en una batalla legal que terminó con un acuerdo mediante el que Jamie recibió 130 millones, una compensación económica a cambio de la que renunció por completo a su parte del equipo.

La AEAFA denuncia ante la ONU que los menores españoles no son escuchados

...... en divorcios y rupturas de pareja.

abogacia.es,17 septiembre 2024
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha denunciado hoy ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra, la vulneración del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en los divorcios y rupturas de pareja en nuestro país.
“Lamentablemente, en la práctica judicial española solo existe la obligación de escucharlos a partir de los 12 años y, por desgracia, no siempre se cumple esta exigencia, salvo en los procesos relativos a la sustracción de menores donde la exploración se puede llevar a cabo, aunque sean pequeños”, señala la vocal de la AEAFA, Nerea Sologaistua.

La AEAFA considera que en estas situaciones se dilucidan cuestiones tan importantes como qué padre o madre será el más idóneo para su cuidado, el sistema de guarda y custodia o cómo se desarrollará la comunicación y visitas con el otro progenitor. Y por eso exige que se elimine la frontera de los 12 años para que su opinión pueda ser recabada por el juez.

También pide que la escucha no se produzca en el mismo día y hora que la audiencia del divorcio o de adopción de medidas que afectan a la familia. Actualmente los menores son llamados a exploración judicial el mismo día y hora de la audiencia, lo cual les provoca un estrés innecesario además de incrementarse el riesgo de conflicto de lealtades.

En España más de la mitad de los niños y niñas (55%) que acude a un juzgado por una crisis de familia comparece en la sala de vistas y el mismo día de la celebración del juicio donde sus padres litigan. 

Solo el 6% de los menores en España expone su opinión en una sala amigable y adecuada para tal efecto, mientras un 35% restante lo hace en el despacho del juez, según indica el Observatorio del Derecho de Familia de la AEAFA.

La AEAFA lamenta que la falta de medios económicos y materiales dejen sin efecto la legislación vigente y el derecho a una asistencia jurídica inmediata y gratuita cuando son víctimas de maltrato/abuso o cuando son declarados en desamparo y desean oponerse judicialmente a esta medida administrativa.

La Ley de Infancia entró en vigor el 5 de junio de 2021 y desde su publicación se establecía el periodo de 1 año para crear los Juzgados de Violencia contra la Infancia y Adolescencia. Esta medida es “esencial” para evitar la revictimización de los menores. Sin embargo, a pesar del mandato, solo existe 1 de ellos en Las Palmas de Gran Canaria con carácter piloto.

Por este motivo, la AEAFA ha trasladado al Comité de los Derechos del Niño el incumplimiento de la ley para evitar situaciones de maltrato institucional. Cuando un niño o niña denuncia se ve obligada a testificar varias veces. 1º, con los agentes policiales, después en la unidad de valoración forense (cuando la hay) y luego, ante la jueza o juez. 

La idea es evitar la victimización secundaria de los niños y, a través de estos juzgados, garantizar que sean atendidos por operadores jurídicos especializados; en espacios adecuados y amigables; y mediante un proceso rápido y ágil.

Asimismo, la asociación considera necesario aumentar sustancialmente la dotación de medios económicos y humanos a la administración de justicia, para poder tener un servicio público de la calidad que merecen todos los ciudadanos independiente-mente de su lugar de residencia. 

“Los niños, niñas y adolescentes sufren maltrato institucional porque España aprueba leyes bienintencionadas, pero luego ni se desarrollan normativamente ni se acompañan de recursos económicos y personales”, señala Sologaistua.

¿Un hermano o hermana se ha divorciado? Tu matrimonio es ahora más seguro

, según una investigación.

20 Minutos, 15.09.2024 
Los autores estudiaron a 67.000 personas en pareja y a sus hermanos durante 20 años.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Amberes, en Bélgica, ha demostrado que tener un hermano o hermana que ha pasado por un divorcio puede evitar que nos separemos de nuestro propio cónyuge incluso si somos infelices.

Los autores estudiaron a 67.000 personas en pareja y a sus hermanos durante 20 años, descubrieron que nuestra propensión a separarnos era menor después de ver a un hermano o hermana pasar por una separación.
Los efectos fueron particularmente pronunciados entre los hermanos que pertenecían al mismo tipo de relación (casados o convivientes) y cuando tenían edades cercanas.

Los investigadores, cuyos hallazgos fueron publicados en el Journal of Social and Personal Relationships, dijeron: "La ruptura de un hermano podría tener un impacto protector en el estado y la duración de la relación".
Una de las razones puede ser que ver las consecuencias negativas de una separación puede hacer que las personas se lo piensen 2 veces antes de terminar sus propias relaciones.

"Cuando las personas reciben información sobre la experiencia de divorcio o separación de alguien cercano a ellos, como un hermano, esto puede tener un impacto significativo en sus consideraciones respecto a la disolución de la pareja", dice el estudio.

"Al presenciar de 1ª mano la agitación emocional, la tensión financiera y los trastornos sociales que suelen acompañar a la disolución de un matrimonio o una relación duradera, las personas pueden volverse más cautelosas a la hora de seguir un camino similar y de afrontar las desventajas que implica poner fin a una relación", concluyen.

Feminismo: Las brechas en la lucha contra la violencia de género

...... agresores reincidentes, valoración del riesgo y más intentos de feminicidio.

Elena Omedes,15.09.2024 
La violencia de género es el 3º delito con mayor reincidencia en España: el 40% vuelve a maltratar.
A Yaneli, de 31 años, la mató su pareja a cuchilladas en la madrugada del 12 de septiembre. Lorena, con 46 años y 2 hijos, fue asesinada el 2 de septiembre en Castellón por su novio, que acumulaba ya 3 sentencias por maltrato y el cual había llegado a tener una orden de alejamiento que decayó en febrero de 2023. Ella ya había sufrido violencia de género de una relación anterior. Antes fueron Amparo (58 años), Mari Àngels (66), Pilar (61), Mónica (48) y Margarita (36). Mujeres que se suman a la lista negra de feminicidios que anota en lo que llevamos de año 35 víctimas mortales de la violencia de género; 1.279 desde que comenzaron a contabilizarse en las estadísticas oficiales en 2003.

Los casos revelan que hay todavía demasiadas ocasiones en las que el sistema falló a la hora de proteger a esas mujeres. Bien porque habían denunciado, bien porque el agresor era reincidente, bien porque no se valoró adecuadamente el riesgo o porque no se tenía constancia de la situación de violencia a la hora de conceder una custodia compartida o un régimen de visitas de los hijos. Hay brechas en la red de protección a las víctimas de violencias machistas que complican todavía más la lucha contra estos crímenes.

De los 59 hombres que asesinaron a sus parejas o exparejas en 2023, el 11,8% (7) tenía antecedentes por violencia de género con otras parejas, según apunta la Fiscalía en su última memoria. Otros 2 habían sido denunciados por maltratar a sus madres y 1 tenía antecedentes por agresiones sexuales. De las víctimas, 4 ya habían sufrido violencia de parejas anteriores. ¿Qué sucede, entonces, para que el sistema no sea capaz de vigilar a esos casos que ya están en el radar?

Un 40% de reincidencia
Miguel Lorente, forense y delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011, recuerda que la violencia de género es el 3º delito donde más reincidencia hay, en torno a un 41%, solo después del robo o hurto y los de tráfico. Según defiende, en este caso las medidas más efectivas suelen ser las de reinserción de esos agresores. "Hay estudios que indican que la reincidencia de quienes pasan por esa reeducación baja al 5% los 5 primeros años y al 11% los 10 primeros años", cuenta a 20minutos.

En cuanto a las mujeres revictimizadas, otro asunto crucial que defiende el forense es la necesidad de asegurar que no solo han resuelto su situación desde el ámbito jurídico, sino también desde el psicológico. 

"Es muy importante tratar a las mujeres de las lesiones del problema de salud que la violencia de género les ha producido, cosa que no estamos haciendo", defiende.

El ex delegado del Gobierno aboga también por implantar mecanismos como los que ya utilizan en EE.UU. para registrar a los pederastas. "Es el tema de las famosas listas. Tienen distintos niveles de alerta. Si un policía sabe que un hombre es un maltratador reincidente, puede hacer un seguimiento discontinuo de su vida. 

Puede contactar incluso con los entornos de él y de ella y, según el nivel de riesgo de reincidencia, seguir estrechando esa vigilancia", subraya.

Hay algunas medidas que se han ido impulsando para paliar con esa laguna. Desde hace poco más de 1 año, la Policía puede alertar a las víctimas de que su agresor es reincidente, pero ese aviso solo se hace en los casos considerados de riesgo medio o alto. La Fiscalía propone lo contrario que los antecedentes sean un factor de riesgo. El problema, incide Lorente, es que el mecanismo activado por el Ministerio del Interior para advertir a las víctimas solo funciona si han denunciado previamente. Algo que pierde efectividad, teniendo en cuenta que en torno al 80% de las asesinadas no había denunciado.

Fallos en la valoración del riesgo
La Fiscalía habla en su informe de un "mal endémico" extendido en todas las comunidades autónomas en torno a las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI). Son equipos multidisciplinares (de médicos, psicólogos y trabajadores sociales) que evalúan tanto a la víctima, como al agresor y el entorno para que el juez determine el nivel de riesgo y las medidas que se tienen que desplegar en consecuencia. Sin embargo, los fiscales sostienen que el panorama es "desolador" y denuncian una "escasa dotación de personal" que acaba repercutiendo en su labor y "reduciendo su intervención a los supuestos de mayor gravedad, fundamentalmente en casos de maltrato habitual, y prescindiendo de ellos por ser los tiempos de espera intolerables".

Aunque el problema, según Lorente, se encuentra más bien en la valoración del riesgo que hace la Policía, que es quien se encarga de este asunto en la mayoría de ocasiones. 1ª, porque no son equipos especializados; y, 2º, porque en esos casos la valoración del riesgo se basa en el testimonio de la mujer, "que normalmente minimiza el riesgo". Así lo evidencia también la Macroencuesta de Violencia de Género, que apunta que un 44% de las mujeres no denuncia porque no cree que el maltrato sufrido sea lo suficientemente grave.

Más dificultades en localidades pequeñas
En su momento se recordó a los fiscales la necesidad de valorar el quebrantamiento de penas o de medidas cautelares como un factor de riesgo para adoptar medidas más graves o instalar dispositivos de control telemático, como las tobilleras o las pulseras. Medidas que, sin embargo, son más complicadas de asegurar en las pequeñas localidades.

El informe advierte de las "dificultades" de guardar la distancia de 500 metros en localidades más pequeñas, y alude a la "deficiente cobertura" de las zonas rurales y al tiempo que tardan en trasladarse los técnicos del Centro COMETA al lugar de los hechos.

Una alarma para las custodias compartidas
El 45% de las asesinadas el año pasado tenía hijos menores de edad. 

Los feminicidios de este 2024 han sacado a relucir otras lagunas en el sistema de protección en casos de custodias compartidas con sus agresores, que al final acaban desembocando en violencia vicaria. 2024 es, de hecho, el peor año desde que se tienen registros: 10 niños asesinados por el maltratador con el objetivo de hacer el mayor daño posible a la madre; 63 desde 2013.

Los fiscales llevan tiempo pidiendo una mayor coordinación entre las secciones de familia y las de violencia de género para "evitar decisiones contradictorias" y conocer los antecedentes de violencia machista en todos los procedimientos, algo que se complica todavía más en los mutuos acuerdos. La Memoria de 2023 expresa la "preocupación" por la "resistencia" de algunos jueces a suspender el régimen de visitas, priorizando la relación paternofilial incluso en casos de violencia; y alerta de un aumento de casos de violencia machista en los lugares de entrega de los menores acordados cuando las relaciones entre los padres son tensas o hay una alta conflictividad.

Para Lorente, esa descoordinación puede solucionarse estableciendo que los juzgados hagan una serie de "preguntas rutinarias" para saber si existe otro procedimiento activo. Defiende también la utilidad que supondría disponer de una base de datos en la que se puedan cruzar los datos, algo que igualmente apoya la Fiscalía en su informe, donde proponen crear "alguna herramienta informática que permitiera advertir, como si de una alarma se tratara, sobre la existencia de tales antecedentes".

No declarar: un derecho que se vuelve en su contra
En 2023, 19.500 mujeres se acogieron a la dispensa de no declarar contra su agresor. Esto es, el 10% de las víctimas de violencia de género. Las distintas fiscalías dicen que es el principal motivo de sobreseimiento de la causa o de la absolución y expresan la "paradoja" de un derecho que está dejando desprotegidas a las mujeres y que en muchos casos "puede volverse en su contra". 

"Es absurdo que una ley del siglo XIX se esté usando para desproteger a unas mujeres que sabemos que se niegan a declarar por medios, presiones, inseguridad y confusión", denuncia el ex delegado del Gobierno.

"Es una ley que está contemplada para que tú no seas la víctima y no tengas que declarar contra tu marido cuando ha sido autor de un delito en el que tú no eres parte. Pero en este caso sí que eres parte de ese delito, y además te ves afectada por él. Es una barbaridad. En cualquier otro crimen esto estaría totalmente modificado, pero como estamos hablando de mujeres maltratadas y asesinadas… pues no se ha modificado todavía", añade.

Intentos de feminicidios
Hay otro aspecto interesante que señala la Fiscalía en su última memoria: los asesinatos que estuvieron a punto de cometerse, pero que al final la víctima consiguió salvarse la vida. Según datos del año pasado, de 66 hechos graves, 45 podrían ser constitutivos de feminicidios de violencia de género "intentados". 

En 1 de cada 4 la víctima había denunciado y en el 20% de los casos el agresor tenía antecedentes.

"Ahí ya no estamos hablando de un historial de violencia. Es cuando se produce una situación cercana a la muerte o cuando, de no haber intervenido, o haber ocurrido alguna circunstancia, ese riesgo también habría existido", detalla Lorente, que pone como ejemplo el caso de Otero (Toledo), donde este agosto un hombre mató a su hijastra de 17 años e hirió de gravedad a su mujer, de 36, tras dispararles con un arma de fuego.