Estrasburgo cuestiona a España por vulnerar la presunción de inocencia en las custodias.
Un grupo de padres se une para blindar la custodia compartida ante las leyes de género
El Parlamento Europeo admite una petición de Padres4Justicia para revisar el sistema judicial en materia de viogén.
Marcos Ondarra,16/07/2026
El Parlamento Europeo ha admitido una petición de Padres4Justicia relativa a la violación de los derechos de los niños, según la legislación europea, en los procedimientos judiciales españoles que versan sobre la separación. La iniciativa, que surge de Jonathan Charles Edwards, un paramédico británico que vive en Granada, denuncia una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los menores en los Juzgados de Violencia de Género y de Familia de España. En concreto, que en la práctica se produzcan separaciones automáticas y prolongadas de los menores de uno de sus progenitores tras una simple denuncia, sin aplicar el principio de proporcionalidad, sin evaluar «alternativas menos restrictivas» y sin una representación jurídica independiente del menor.
El escrito presentado ante la Comisión de Peticiones, consultado por THE OBJECTIVE, señala que «con demasiada frecuencia se separa automáticamente a los menores de un progenitor acusado durante períodos prolongados tras una denuncia por violencia de género, sin una aplicación efectiva e individualizada del principio de proporcionalidad y sin una consideración significativa de alternativas menos restrictivas de los derechos».
La preocupación que plantea esta petición «no es si deben existir medidas de protección cuando se identifican riesgos», sino si estas «respetan los derechos fundamentales cuando dan lugar a una separación prolongada sin una evaluación basada en pruebas, sin una representación jurídica independiente de los derechos y el interés superior del menor, ni una consideración de si la restricción sigue siendo necesaria y proporcionada».
España, en el foco
Esta petición se suma a la admisión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de una demanda contra España por vulnerar la presunción de inocencia en procedimientos de custodia. Ambas abordan el mismo núcleo problemático: separaciones o traslados unilaterales de menores basados en denuncias de violencia de género que persisten o se legitiman incluso tras absoluciones firmes, utilizando expresiones como «presunto agresor» y priorizando «indicios» sobre sentencias absolutorias. La demanda ya denunciaba estas prácticas como violaciones del art.24 de la Carta de la UE y del principio de proporcionalidad, y citaba precedentes del TEDH como Haddad contra España, que obliga a restablecer el contacto tras la absolución.
La demanda interpuesta por la letrada Guadalupe Sánchez cuestionaba la doctrina del Tribunal Constitucional, que permite cambios de residencia de la madre con el menor alegando violencia de género incluso después de absoluciones, un escenario similar al descrito en la petición de Padres4Justicia: informes periciales de la UVIVG que recomiendan reanudar el contacto y que, sin embargo, no se ejecutan.
Mientras Europa pone el foco sobre España por sus medidas discriminatorias sobre los padres, el Gobierno de Pedro Sánchez abunda en ellas. La nueva ley de infancia prevé, entre otras cuestiones, la revocación de la custodia compartida cuando existan «indicios fundados» de violencia de género contra la madre o de que con esta se pueda afectar emocionalmente al menor, cuando antes se exigía una prueba más sólida. O cuando haya una denuncia por violencia de género hacia el padre. Además, prohíbe la referencia al síndrome de alienación parental (SAP) en informes periciales o resoluciones judiciales, asegurando que es un «seudoconcepto científico» que «carece de aval».
El Parlamento Europeo admite una petición de Padres4Justicia para revisar el sistema judicial en materia de viogén.
Marcos Ondarra,16/07/2026
El Parlamento Europeo ha admitido una petición de Padres4Justicia relativa a la violación de los derechos de los niños, según la legislación europea, en los procedimientos judiciales españoles que versan sobre la separación. La iniciativa, que surge de Jonathan Charles Edwards, un paramédico británico que vive en Granada, denuncia una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los menores en los Juzgados de Violencia de Género y de Familia de España. En concreto, que en la práctica se produzcan separaciones automáticas y prolongadas de los menores de uno de sus progenitores tras una simple denuncia, sin aplicar el principio de proporcionalidad, sin evaluar «alternativas menos restrictivas» y sin una representación jurídica independiente del menor.
El escrito presentado ante la Comisión de Peticiones, consultado por THE OBJECTIVE, señala que «con demasiada frecuencia se separa automáticamente a los menores de un progenitor acusado durante períodos prolongados tras una denuncia por violencia de género, sin una aplicación efectiva e individualizada del principio de proporcionalidad y sin una consideración significativa de alternativas menos restrictivas de los derechos».
La preocupación que plantea esta petición «no es si deben existir medidas de protección cuando se identifican riesgos», sino si estas «respetan los derechos fundamentales cuando dan lugar a una separación prolongada sin una evaluación basada en pruebas, sin una representación jurídica independiente de los derechos y el interés superior del menor, ni una consideración de si la restricción sigue siendo necesaria y proporcionada».
«Las restricciones se mantienen mucho tiempo después de que los equipos de evaluación de la violencia de género concluyan que no ha habido violencia de género y recomienden que se reanude el contacto con los menores, en aras del interés superior de estos», abunda la petición, admitida a trámite este pasado mes de junio.
Padres4Justicia Spain denuncia 2 fallos estructurales: la insuficiente capacidad de los centros de contacto supervisado, que convierte las medidas de protección en separaciones de facto indefinidas incluso cuando los informes periciales recomiendan reanudar el contacto, y la ausencia en España de una figura equivalente al Guardian ad Litem anglosajón, Verfahrensbeistand alemán o administrateur ad hoc francés que defienda exclusivamente los intereses del menor. Estas deficiencias persisten incluso después de que los equipos de evaluación de violencia de género (UVIVG) concluyan que no ha existido violencia y recomienden retomar la relación paterno-filial, incumpliendo el art. 31 del Convenio de Estambul y la obligación positiva de los Estados de restablecer el contacto familiar según la jurisprudencia del TEDH.
En el caso del peticionario, un informe pericial de la UVIVG que data de 2024 determinó que no existían indicadores de maltrato y recomendó reiniciar el contacto con los hijos mediante visitas tuteladas o supervisadas. Pese a la posterior absolución en enero de 2025 y el archivo de todos los procedimientos, el contacto sigue sin restablecerse. La petición solicita al Comité de Peticiones que examine si el funcionamiento del sistema español garantiza una protección adecuada de los derechos de los menores en virtud de la Carta de la UE, especialmente en materia de proporcionalidad, revisión efectiva de las medidas y representación independiente del menor.
Padres4Justicia Spain denuncia 2 fallos estructurales: la insuficiente capacidad de los centros de contacto supervisado, que convierte las medidas de protección en separaciones de facto indefinidas incluso cuando los informes periciales recomiendan reanudar el contacto, y la ausencia en España de una figura equivalente al Guardian ad Litem anglosajón, Verfahrensbeistand alemán o administrateur ad hoc francés que defienda exclusivamente los intereses del menor. Estas deficiencias persisten incluso después de que los equipos de evaluación de violencia de género (UVIVG) concluyan que no ha existido violencia y recomienden retomar la relación paterno-filial, incumpliendo el art. 31 del Convenio de Estambul y la obligación positiva de los Estados de restablecer el contacto familiar según la jurisprudencia del TEDH.
En el caso del peticionario, un informe pericial de la UVIVG que data de 2024 determinó que no existían indicadores de maltrato y recomendó reiniciar el contacto con los hijos mediante visitas tuteladas o supervisadas. Pese a la posterior absolución en enero de 2025 y el archivo de todos los procedimientos, el contacto sigue sin restablecerse. La petición solicita al Comité de Peticiones que examine si el funcionamiento del sistema español garantiza una protección adecuada de los derechos de los menores en virtud de la Carta de la UE, especialmente en materia de proporcionalidad, revisión efectiva de las medidas y representación independiente del menor.
España, en el foco
Esta petición se suma a la admisión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de una demanda contra España por vulnerar la presunción de inocencia en procedimientos de custodia. Ambas abordan el mismo núcleo problemático: separaciones o traslados unilaterales de menores basados en denuncias de violencia de género que persisten o se legitiman incluso tras absoluciones firmes, utilizando expresiones como «presunto agresor» y priorizando «indicios» sobre sentencias absolutorias. La demanda ya denunciaba estas prácticas como violaciones del art.24 de la Carta de la UE y del principio de proporcionalidad, y citaba precedentes del TEDH como Haddad contra España, que obliga a restablecer el contacto tras la absolución.
La demanda interpuesta por la letrada Guadalupe Sánchez cuestionaba la doctrina del Tribunal Constitucional, que permite cambios de residencia de la madre con el menor alegando violencia de género incluso después de absoluciones, un escenario similar al descrito en la petición de Padres4Justicia: informes periciales de la UVIVG que recomiendan reanudar el contacto y que, sin embargo, no se ejecutan.
Mientras Europa pone el foco sobre España por sus medidas discriminatorias sobre los padres, el Gobierno de Pedro Sánchez abunda en ellas. La nueva ley de infancia prevé, entre otras cuestiones, la revocación de la custodia compartida cuando existan «indicios fundados» de violencia de género contra la madre o de que con esta se pueda afectar emocionalmente al menor, cuando antes se exigía una prueba más sólida. O cuando haya una denuncia por violencia de género hacia el padre. Además, prohíbe la referencia al síndrome de alienación parental (SAP) en informes periciales o resoluciones judiciales, asegurando que es un «seudoconcepto científico» que «carece de aval».
