España: aumento de jubilaciones en el colectivo de Jueces

Sergio Oliva Parrilla, Magistrado,11/10/2023 
El alarmante aumento de jubilaciones en la carrera judicial. "La tormenta perfecta llega a los tribunales".
La tormenta perfecta llega a los tribunales: todos los datos apuntan a que se avecina una década de jubilaciones masivas de jueces, lo que afectará de lleno a la protección de los derechos de los ciudadanos… si nadie lo remedia.
La carrera judicial está experimentando un fenómeno alarmante en los últimos años: un aumento más que significativo en el número de jubilaciones. 

Y esto no ha hecho más que empezar. 

Antes de 2032, como no se tomen medidas a tiempo, se jubilará más del 33% de la actual carrera judicial.

Nos enfrentamos a un reto mayúsculo que puede asestar el golpe definitivo a una carrera judicial ya abandonada a su suerte desde hace décadas. Pero esto no es un problema solo de jueces. Las consecuencias se proyectarán y dejarán sentir sobre la columna vertebral del Estado de Derecho, dejando desprotegidos los derechos fundamentales de la ciudadanía sin garantía de una justicia imparcial e independiente.

Evolución de las jubilaciones en la carrera judicial.
Consultando el escalafón de la carrera judicial, se observa que entre 2022 y 2031, un total de 1.243 jueces cumplirían 70 años. Es un número extraordinariamente elevado (un 23% de la carrera actual).
Sin embargo, si analizamos en profundidad las jubilaciones de los jueces (publicadas diariamente en el Boletín Oficial del Estado) observamos como al número de jubilaciones forzosas (por cumplir 70 años) se le suman las jubilaciones voluntarias y anticipadas. El lector podrá suponer, como es lógico, que resulta imposible predecir el número de jubilaciones voluntarias y anticipadas que se producirán durante los próximos años, pero usando la estadística podemos aproximarnos a esa cifra.

Entre los años 2018 y 2022 se jubilaron un total de 430 jueces, de los que 230 lo hicieron por llegar a la edad legal de jubilación. Esto significa que, en ese periodo de 5 años, se jubilaron de forma voluntaria y anticipada 200 jueces, lo que supone un 46,5% del total.
De seguir con esta dinámica en los años que quedan hasta 2031, y siempre en términos aproximados, dada cuenta de lo volátil del dato (principalmente porque las jubilaciones voluntarias distorsionan el número de jubilaciones forzosas previstas) puede afirmarse, siendo realistas, que la cifra de jubilaciones totales superará las 1.700. 

Eso representa el 33% de la carrera judicial actual.

Este desolador panorama aún podría empeorar. 

Hasta el 3º trimestre de este año 2023, se habían jubilado 74 jueces: 33 de forma forzosa y 41 de forma voluntaria y anticipada. Es decir, más del 55% de las jubilaciones de este año no son por llegar a la edad legal. 

Aún es pronto para afirmar que, en términos estadísticos, estemos en el inicio de una tendencia, pero el horizonte es preocupante.

Causas del aumento de jubilaciones en la carrera judicial.
Varias razones contribuyen al aumento de las jubilaciones en la carrera judicial. En 1º lugar, se encuentra el envejecimiento de la población en general, lo que también afecta a los propios jueces. Muchos han llegado a la edad en la que pueden retirarse, lo que naturalmente lleva a un aumento en las jubilaciones. Además, en una aparente tormenta perfecta, se ha de tener en cuenta que en el próximo decenio tendrán lugar las jubilaciones de los nacidos durante el periodo denominado del “baby boom”.

A ello debemos sumar 2 causas fundamentales que, entrelazadas y retroalimentadas, constituyen un auténtico problema para los integrantes de la carrera judicial: el aumento, aparentemente imparable, de la carga de trabajo y la falta de incentivos que verdaderamente estimule la continuación en el desarrollo de la labor judicial ante la ausencia de una carrera profesional definida.

Así, por un lado, el aumento constante de la carga de trabajo en el sistema judicial genera una situación de estrés insostenible para muchos jueces. 

La creciente litigiosidad en la sociedad ha llevado a un incremento significativo en el número de casos que llegan a los tribunales. 

Esta sobrecarga de trabajo no solo afecta la calidad de la administración de justicia, sino que también tiene un impacto directo en la salud de los jueces, lo que precipita sus jubilaciones voluntarias y anticipadas.

Por otro lado, la falta de un sistema de incentivos claro y una carrera profesional en la judicatura pervierte el horizonte laboral y personal del Juez. Cuando los jueces no tienen un camino claro de desarrollo profesional que reconozca su experiencia y competencia, es más que probable que busquen otras oportunidades profesionales o consideren la jubilación anticipada como una opción atractiva.
Esto no solo pone en peligro la calidad de la justicia actual en un país democrático, sino que también pone en riesgo la garantía de la estabilidad y la integridad de la judicatura en el medio y largo plazo.

Posibles soluciones y medidas a tomar
Para abordar el alarmante aumento de jubilaciones en la carrera judicial, es necesario considerar diversas medidas. En 1º lugar, es prioritario el aumento de la plantilla de jueces. Actualmente hay 11,26 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17,6. El Gobierno debe diseñar un plan estratégico para los próximos años con una oferta pública nunca vista para los opositores a jueces, que permita, al menos de forma parcial, atemperar las dramáticas consecuencias de las jubilaciones masivas de la carrera judicial.

En 2º lugar, se necesita avanzar en la modernización de la Justicia, optimizando recursos que permitan mejorar la eficiencia y disminuir la carga de trabajo de los jueces, reduciendo la litigiosidad.

Y, en 3º lugar, es urgente la implementación de una carrera profesional en la judicatura. Esto supondría el reconocimiento de la experiencia y el desempeño, fomentando la especialización en áreas específicas del derecho, lo que mejora la eficiencia y la calidad de las decisiones judiciales y ofrece un incentivo intrínseco para que los jueces permanezcan en la profesión a largo plazo y sigan contribuyendo con su experiencia al mantenimiento de elevados estándares de calidad. 

Una carrera profesional bien estructurada permite retener el talento judicial.

Las jubilaciones masivas que experimentará la carrera judicial la próxima década marcarán de forma definitoria lo qué somos como Estado de Derecho y a qué aspiramos en un futuro no ya tan lejano. 

No en vano, las medidas que se tomen en respuesta a este desafío determinarán la integridad de nuestro sistema judicial. 

Y en este devenir es fundamental que esas soluciones vengan innegociablemente acompañadas de un compromiso inquebrantable con la imparcialidad, la transparencia y la independencia judicial.

Valores y reglas de conducta que deben guiar la actividad de los jueces

Pedro Tuset del Pino, Magistrado-Juez de lo Social de Barcelona, 27/01/2023
"El juez dará muestras de creatividad al aplicar el derecho".
Tal como manda el art. 117.1 de la CE., “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

En atención a ello, se impone la adopción de una serie principios éticos que orienten y guíen, a modo de valores y reglas conductuales el ejercicio jurisdiccional como garantía del recto funcionamiento de la Administración de Justicia y en garantía de los derechos de los justiciables.

De este modo, la adopción de un texto de ética judicial se enmarca en un contexto internacional favorable iniciado con la aprobación de:

a.- los Principios de Bangalore (2001), en el marco de Naciones Unidas, b.- el Dictamen del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos del

     Consejo de Europa sobre la ética y la responsabilidad de los jueces

     (2002), 

c.- el Código Modelo Iberoamericano de ética judicial (2006), adoptado por

     la Cumbre Judicial Iberoamericana, al que se adhirió el CGPJ por

     acuerdo del Pleno de 25 de febrero de 2016, y 

d.- la Declaración de Londres sobre la deontología de los jueces (2010),

     promovida por la Red Europea de Consejos de Justicia. 

e.- Finalmente, la Recomendación R(2010)12, de 17 de noviembre, del

     Comité de Ministros del Consejo de Europa exhorta a los Estados

     miembros a aprobar un Código de Ética Judicial. 

En los últimos años la gran mayoría de países de la Unión Europea han suscrito textos de ética judicial (códigos, guías, compilación de principios) con distinto origen (Consejos Superiores de la Magistratura, asociaciones judiciales, conferencias de jueces, presidentes de tribunales, etc.).

En este contexto, el Consejo General del Poder Judicial puso en marcha un proceso tendente a la elaboración de unos “Principios de Ética Judicial” que han sido redactados por una comisión compuesta por representantes de las asociaciones judiciales, miembros no asociados de la judicatura y algunos expertos, con la valiosa participación de personas delegadas de cada Tribunal Superior de Justicia designadas por las respectivas Salas de Gobierno, siempre con la finalidad de que quedase reflejada la pluralidad de opiniones existente en la Carrera Judicial.

De entre los diversos principios éticos a que hace mención el citado documento, citaré los más destacables.La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

El juez y la jueza deben situarse en una disposición de ánimo que, al margen de sus propias convicciones ideológicas y de sus sentimientos personales, excluya de sus decisiones cualquier interferencia ajena a su valoración de la totalidad de la prueba practicada, a la actuación de las partes en el proceso, de acuerdo con las reglas del procedimiento, y a su entendimiento de las normas jurídicas que haya de aplicar.

Los miembros de la Judicatura han de asumir un compromiso activo en el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial y ejercer la función jurisdiccional de manera prudente, moderada y respetuosa con los demás poderes del Estado.

La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.
La imparcialidad opera también internamente respecto del mismo juzgador o juzgadora a quien exige que, antes de decidir un caso, identifique y trate de superar cualquier prejuicio o predisposición que pueda poner en peligro la rectitud de la decisión.
El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

En la toma de decisiones, el juez y la jueza han de evitar llegar a conclusiones antes del momento procesalmente adecuado a tal fin, que es el inmediatamente anterior a la resolución judicial.
La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.
El juez y la jueza, en su tarea de dirección de los actos orales, habrán de velar por que se cree un clima adecuado para que cada una de las partes y demás intervinientes puedan expresar con libertad y serenidad sus respectivas versiones sobre los hechos y sus posiciones sobre la aplicación del Derecho. Asimismo, ejercerán la escucha activa como garantía de un mayor acierto en la decisión.

La integridad exige que el juez y la jueza observen una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza o invoque su condición de tal.
El juez y la jueza adoptarán siempre la resolución que entiendan procedente y evitarán que su convencimiento sea alterado por razones de comodidad.

El juez y la jueza no aceptarán regalo, cortesía o consideración que exceda de las lógicas convenciones sociales y, en ningún caso, cuando ponga en riesgo su apariencia de imparcialidad.
El juez y la jueza deben dispensar en todo momento un trato respetuoso a todas las personas que intervienen en el proceso, mostrando la consideración debida a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. Asimismo, deben mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones.
El juez y la jueza deben procurar que el proceso se desarrolle tempestivamente y se resuelva dentro de un plazo razonable, velando por que los actos procesales se celebren con la máxima puntualidad.
El juez y la jueza, como ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión que ejercerán con prudencia y moderación con el fin de preservar su independencia y apariencia de imparcialidad y mantener la confianza social en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales.

Los anteriores principios se complementan con las Reglas de Deontología Profesional, redactado por el grupo de trabajo de la RECJ (Red Europea de Consejos de Justicia), recogidas en su informe de 2009-2010, en las que se alude a que la afirmación de principios de conducta profesional de los jueces refuerza la confianza de todos los ciudadanos y permite conocer mejor la función que desempeña el juez en la sociedad, de modo que tanto la independencia, como la integridad, la imparcialidad, la reserva y la discreción, la diligencia, el respeto y la capacidad de escucha, la igualdad de trato, la competencia y la transparencia son los valores comunes identificados. Continua AQUI....

España: Los mecanismos de revisión de la salud mental de los jueces, una asignatura pendiente

Por Germán Castro, Primer director de 'Diario de Ferrol', fundador de la publicación de pensamiento y cultura 'FerrolAnalisis' y presidente fundador del Club de Prensa de Ferrol. Columnista fundacional de MUNDIARIO/ 15 de mayo de 2013

La Justicia arrastra muchos males.

Hemos visto como con el controvertido caso de la expulsión del juez Garzón se puso de manifiesto un grave problema, que ya venía larvado de tiempo atrás, que no es otro que el de las desavenencias internas del CGPJ, la excesiva politización y los desencuentros personales. Vemos actualmente como los jueces que se ocupan de los casos más sonados, el juez Castro con Nóos y Pablo Ruz con Gürtel y Bárcenas están sometidos a extraordinarias presiones desde las propias instancias gubernamentales que apuestan por una defensa a ultranza de la Infanta Cristina, tapar a la Casa Real como sea, y no dudan en zaherir al juez Ruz porque está metiendo el dedo en la llaga de la gran corrupción y financiación irregular de los partidos, con cantidades de dinero escandalosas a cambio de adjudicaciones de obras públicas multimillonarias. No obstante, no es solo la politización de la Justicia y las presiones que padecen quienes quieren ejercerla de manera limpia e independiente, además, el tercer "poder"  viene acusando muchos males.
Los oropeles como tapadera
Bonifacio de la Cuadra, licenciado en Derecho y periodista, escribió ("Carlos Dívar, la punta del Iceberg de un poder judicial corrompido", FerrolAnalisis nº 27, director José A. Ponte Far) "La mayoría de los males permanecen tapados por los oropeles de una justicia solemne, engolada, ininteligible, lenta, formalista, anacrónica, opaca, pintoresca y, a veces, tenebrosa". Uno de los puntos que requiere la atención de los especialistas y analistas de todo cuanto sucede alrededor del mundo  de la judicatura, es la salud mental de los jueces, porque periódicamente saltan casos a la palestra que revelan trastornos patológicos visibles. Al parecer, el origen de algunos de estos males hay que buscarlo en el sistema de oposición en vigor. Una de las consecuencias del esfuerzo memorístico es que "algunas mentes acusan el impacto y antes o después afloran problemas de salud mental", precisa De la Cuadra. 
Debate sobre la mesa
Se ha debatido sobre la necesidad de crear instrumentos que permitan evaluar los riesgos para el desempeño de la función judicial, pero la discusión ha quedado sobre la mesa. Hace 5 años la comisión correspondiente del CGPJ alertaba de que había jueces en ejercicio con problemas de salud mental.  Hace 7, la misma comisión reconocía que en esos momentos había 30 jueces con padecimientos psíquicos. Las cosas siguen como estaban. Mientras en otras profesiones como policía o bombero se toman todo tipo de medidas con pruebas y evaluaciones y en otros países son frecuentes los exámenes psicotécnicos, aquí, en España, los jueces continúan exentos, pese a las graves decisiones que en determinados momentos de su vida profesional tienen que tomar sobre las personas. La salud mental de los jueces, una asignatura pendiente.

A la Greña: Divorcio entre Jueces... cuando la realidad supera la ficción

La guerra de los Rose entre jueces. Un magistrado denuncia que su pareja, que también es juez, adjudica quiebras al abogado con el que mantiene una relación; y ella le atribuye a él maltrato

 

José A. Hernández| Badajoz 6 OCT 2013 

El surrealismo se apoderó entre los días 24 y 27 de septiembre de las sedes judiciales de Puertollano y Badajoz a cuenta de la disputa conyugal de una pareja de jueces de dichas demarcaciones. 
La pareja batalla con ahínco por la custodia de sus hijos, de 4 y 6 años. Y los 2 han puesto en marcha la maquinaria judicial sacando supuestos trapos sucios del otro. Y se disparan con metralla pesada. Cientos de mensajes, de whatsApp, detectives... 
Hasta al mismísimo Danny DeVito de La guerra de los Rose le resultaría complicado explicar (de forma aséptica) la tensión vivida entre Luis José S. T., juez de instrucción de Puertollano, y Esther S. V., juez única mercantil de Badajoz. Ambos tienen poco más de 40 años.
El lío empezó el 24 de septiembre, cuando arribó a Puertollano un auto procedente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz. Esther había puesto una denuncia a Luis José el 2 de septiembre pidiendo que le alejaran de ella y reclamando la custodia de los niños. Una colega suya de Badajoz estimó su denuncia por maltrato y ordenó la entrega de los menores a la madre, entre otras duras medidas. Y dio orden a la policía para que se cumpliese su decisión. Aunque, al ser partidos judiciales distintos, si hay pegas la ejecución corresponde a los juzgados de la zona donde hay que cumplimentar el auto. La llegada del auto a Puertollano desató el esperpento.

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Un sector de los jueces exige un mayor control de su salud mental

La comisión disciplinaria del Poder Judicial constata las dificultades para jubilar a magistrados con padecimientos psíquicos que están en activo.

 

Mónica Ceberio Belaza / Manuel Altozano | el pais.com/Madrid 20 MAR 2008

Un bombero, un policía o un piloto, para poder serlo tienen que demostrar que están en sus cabales, en pleno uso de sus facultades mentales. Tienen que pasar pruebas psicotécnicas y de personalidad. 
Un juez, el encargado de decidir si alguien debe pasar 35 años en la cárcel, no. Tampoco va a ser evaluado durante sus años de ejercicio profesional. ¿Y si sufre depresiones severas, tiene un trastorno bipolar o esquizofrenia? El procedimiento para jubilar a los jueces por incapacidad es lento y complicado. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, encargada de sancionar a los magistrados, acaba de alertar de una realidad conocida en la judicatura: hay jueces con graves problemas de salud mental que continúan en sus puestos de trabajo y toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos.

El caso del juez Ferrín Calamita reabre la polémica de la inhabilitación: No existe una 'segunda fila' donde destinar a jueces con patologías

El caso del juez de familia Fernando Ferrín Calamita, recientemente suspendido de su cargo y sancionado por denigrar a los homosexuales en sus resoluciones, ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de hacer normas específicas para afrontar este problema. Ferrín ha reconocido que sufre una "depresión reactiva en fase aguda" y que, al menos desde 1995, padece de "distimia", una alteración del estado anímico, y de "estrés laboral". (...)

La comisión disciplinaria del CGPJ (...)  órgano, al que llegan las quejas y las denuncias, reconocía que había "constatado la enfermedad psíquica de determinados magistrados que siguen realizando sus funciones de manera irregular". Esta situación, según el informe, supone "un perjuicio para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y para la efectiva tutela judicial de los ciudadanos".
El pleno del CGPJ rechazó adoptar medidas al respecto alegando que, planteado así, el asunto produciría una alarma social injustificada. (....)

Asociaciones como la progresista Jueces para la Democracia también piden que se articulen medios para que los jueces con graves anomalías no puedan seguir actuando. Y un informe de octubre de 2006 del Poder Judicial reconocía que había en esos momentos unos 30 jueces con "padecimientos psíquicos".
"Que hay jueces que no deberían trabajar por problemas psíquicos lo sabemos todos en la carrera", señala Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia. (...)

¿Cuál es el problema? ¿Por qué se deja durante años actuar a un juez claramente incapaz de ejercer su función? Una de las razones principales parece ser económica. Los jueces se oponen a ser incapacitados porque la reducción del sueldo es muy notable. "Casi el 60% del salario son complementos y eso no se tiene en cuenta a la hora de la pensión, por lo que los jueces jubilados pasan a cobrar menos de la mitad", explica Lorenzo del Río, portavoz de la asociación moderada Francisco de Vitoria. (...)
 Otro problema es que no hay reglas especiales para jueces y magistrados, que están sujetos a las mismas normas que el resto de funcionarios. (....)

El trabajo de un juez se basa en la argumentación, en la razón, y cuando están en órganos unipersonales la responsabilidad total y absoluta recae sobre ellos. Pero los médicos que evalúan la incapacidad no son siempre conscientes de este hecho diferencial. "En la judicatura no existe una segunda fila donde destinar a jueces con patologías que impiden tomar decisiones trascendentes pero no inhabilitan para un trabajo normal", señala Martínez Lázaro.(...)
"Hay jueces que tienen problemas para tomar decisiones, son dubitativos y no ponen sentencias", señala Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria. (...)


Mientras tanto, no es frecuente, pero sí posible, que los ciudadanos se encuentren a un juez depresivo, con ansiedad, que argumenta de forma absurda sus sentencias o que tarda 3 años en ponerlas. Son casos contados, pero con una enorme trascendencia. Porque cada juez ejerce, por sí solo y de forma independiente, 1 de los 3 poderes del Estado. El de impartir justicia.

Salud mental de los Jueces en España

Estracto de la Memoria dle CGPJ del 2011 presentada en el Congreso de los Diputados:
 
Pero el consejo no puede dejar de preocuparse, en la medida en que puede, en la medida en que le corresponde, de que los jueces y tribunales tengan una mejora de sus condiciones laborales. En este sentido hay que señalar que en el año 2011 se creó, dentro del servicio de personal judicial, una sección de prevención de riesgos laborales. Desde el año 1995 en que se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se había tomado ninguna medida respecto del personal judicial. 
Eso motivó que el año pasado hayamos pasado por 1ª vez en la historia una revisión médica todos los jueces de este país, cosa que no se había producido en la vida, aunque desde el año 1995 está en vigor la ley. 
Por otra parte, en la elaboración del reglamento de la carrera judicial que tuvo lugar en 2011 se recogió también el impacto de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dando lugar a la aplicación transversal del principio de igualdad de trato, que se ha traducido fundamentalmente en la regulación de diversas modalidades de excedencia voluntaria, licencias, permisos y posible reducción de jornada por razón de cuidado de hijos, que no estaba previsto en la ley orgánica, y sin embargo se ha previsto como derivación de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que también había que traducirlo al personal judicial.

Pregunta:
¿Cuantos Jueces y Magistrados se Jubilan anualmente por razones de Salud Mental?
Respuesta:
No sabe/No contesta

CGPJ decide jubilar por incapacidad a una juez sevillana

 .... que dio pastillas a su hija tras intentar suicidarse.

Directorio: Comisión Permanente Consejo General Poder Judicial

SEVILLA, 13 Sep.2012 (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado la jubilación por incapacidad permanente para la juez de Sevilla que, en el año 2009, fue internada en un centro psiquiátrico tras supuestamente intentar quitarse la vida al tiempo que daba a su hija de 8 años de edad un fármaco ansiolítico, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El juicio estaba previsto para el pasado día 29 de junio, aunque finalmente no llegó a celebrarse después de alcanzarse un acuerdo de conformidad por el que la que fuera juez de Instrucción nº 13, María José B.B., fue absuelta del delito de lesiones que le imputaba la acusación particular, que solicitaba 2 años de cárcel por este hecho, al tener en cuenta la eximente completa de trastorno mental alegada por la Fiscalía y la defensa.  
No obstante, el Juzgado de lo Penal nº 11 de Sevilla le impuso la medida de:
a.- 4 años de alejamiento respecto de su hija menor, 
b.- a la que deberá además indemnizar con 12.500 euros. 
La acusada lleva cumpliendo la medida cautelar de alejamiento respecto de su hija menor desde hace ya más de 1 año y medio, aproximadamente.
Hay que recordar que, en su día, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó incoar expediente de jubilación por incapacidad para el ejercicio de la función judicial para la juez, delegando en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la correspondiente designación del instructor del expediente.

ACUERDO DEL CGPJ

De este modo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó suspender cautelarmente de funciones a la que fuera magistrada de Instrucción nº 13 de Sevilla en tanto en cuanto se "sustanciaba" el expediente de jubilación.
Tras ello, fue el pasado día 28 de agosto cuando el CGPJ publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un Real Decreto, consultado por Europa Press y firmado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el que declara la jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones judiciales de María José B.B..
Este acuerdo se tomó en el Pleno del CGPJ celebrado el día 25 de julio, según señala el Real Decreto, que declara la jubilación por incapacidad de la juez "con los derechos pasivos que le correspondan por dicha causa".

LOS HECHOS

El Juzgado de Instrucción nº 2 acordó a finales de 2009 el ingreso en un centro psiquiátrico para la juez, que habría intentado quitarse la vida por medio de la ingesta de distintos medicamentos al tiempo que, presuntamente, daba a una de sus hijas, de 8 años de edad, un fármaco ansiolítico. Asimismo, le impuso una orden de alejamiento respecto de sus 2 hijos.  
La juez afectada es la que citó inicialmente a declarar como imputado por supuestos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias al entonces senador y secretario general del PSOE de Sevillla, José Antonio Viera, aunque con posterioridad, y como consecuencia de su condición de aforado, dejó "sin efecto" la citación producida en relación al local del municipio de Burguillos que pertenece a la Estatal de Correos y Telégrafos y que, según se investigaba en aquellas fechas, habría sido utilizado de forma "gratuita" por la agrupación local del PSOE.

Condenan al Exjuez decano Rodríguez Carretero

La Audiencia de Valladolid celebra la vista de apelación del exjuez decano Rodríguez Carretero

El exjuez, a la derecha, junto a su letrado defensor el día del juicio.

La Sección IVª de lo Penal escuchará exclusivamente al condenado respecto del incidente mantenido con sus hijos

la vanguardia.comVALLADOLID, 4 ,Junio 2012 (EUROPA PRESS)

La vista de apelación para resolver los recursos contra la sentencia que condenó al que fuera decano de los jueces vallisoletanos entre 2001 y 2002, José Alberto Rodríguez Carretero, a una pena de 1 año y 3 meses de cárcel y al pago de un multa de 540 euros como autor de un delito de amenazas y una falta de lesiones sobre sus hijos José Alberto y Ramón R.Ll, respectivamente, se celebrará mañana martes en la Audiencia Provincial.

La encargada de resolver los recursos de las distintas partes (fiscal, acusación particular y defensa) contra el fallo del Juzgado de lo Penal nº 3 será la Sección IVª de la Audiencia de Valladolid, tribunal que ha citado al condenado al objeto de celebrar una vista en la que, con carácter exclusivo, tan sólo escuchará el testimonio del exjuez decano para que aclare la reyerta sostenida con 2 de sus hijos durante una junta general de accionistas de una empresa familiar celebrada en un céntrico hotel de la ciudad en febrero de 2010, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de lo Penal nº3, absolvió al exmagistrado de un delito de lesiones en grado de tentativa y otro consumado, así como de 2 delitos de amenazas y de 1 falta de lesiones por los que venía siendo acusado, y por los que se exponía a penas de entre 8,5 y 3,1 años de cárcel, tal y como habían solicitado el fiscal y la acusación particular, respectivamente, y por contra le consideró autor de un delito de amenazas y de una falta de lesiones, en ambos casos con la agravante de parentesco.

La resolución fue prácticamente coincidente con la postura esgrimida durante el proceso por la defensa del imputado, que solicitó una sentencia absolutoria y, con carácter subsidiario, argumentó que en el peor de los casos los hechos tan sólo serían constitutivos de unas amenazas.

El referido delito de amenazas estimado por la juez hace referencia al momento en que el condenado extrajo un cuchillo de cocina de un maletín que no se limitó a exhibir sino que dirigió hacia su hijo José Alberto, y con respecto a la falta de lesiones, de la que fue víctima su otro hijo, Ramón, el fallo precisa que la misma se produjo cuando los 2 vástagos del exjuez forcejeaban con éste en el suelo con la intención de inmovilizarle y arrebatarle el arma.

En concepto de responsabilidad civil, el fallo incluía la obligación del condenado de indemnizar a su hijo José Alberto en la cantidad de 125 euros por los desperfectos causados en una chaqueta.

TRASTORNO ADAPTATIVO

La juez consideró probado que acusado tenía un trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento, siguiendo tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos, y ello a raíz del planteamiento por parte de su esposa de la separación, junto con conflictos familiares también por motivos económicos y sin que existiese convivencia con sus hijos.

Los hechos enjuiciados tuvieron por escenario la cafetería del Hotel Felipe IV, sito en la calle Gamazo, donde la noche del 11 de febrero de 2010 José Alberto Rodríguez Carretero participaba en la junta de una sociedad familiar, una convocatoria en la que participaron igualmente sus hijos José Alberto y Ramón junto con un notario para levar acta de lo allí acordado.

La reunión estuvo caracterizada por la tensión, hasta que el procesado anunció su propósito de abandonarla y llegó a ponerse el abrigo, si bien acto seguido optó por tomar asiento de nuevo y situó sobre sus rodillas el maletín que portaba.

Fue entonces cuando, a preguntas de uno de sus hijos de si estaba grabando el encuentro, el imputado sacó uno de los 2 cuchillos que llevaba encima--sostiene que los había llevado a una ferretería para afilarlos--y lo dirigió contra su hijo José Alberto, mientras que su otro hijo, Ramón, y un médico que trataron de mediar resultaron levemente heridos, el primero en una mano y el segundo en un dedo.

El condenado, que se encontraba desde hacía tiempo bajo gran presión al estar inmerso en un proceso de separación y su relación con sus hijos se encuentra muy deteriorada, fue ingresado en el Módulo Penitenciario del Clínico tras dictar entonces contra él la juez instructora auto de prisión provisional comunicada y sin fianza por delito de homicidio frustrado.

Con posterioridad estuvo en situación de prisión preventiva en la cárcel de Logroño, donde permaneció hasta mediados de abril del pasado año, cuando la Audiencia de Valladolid acordó su puesta en libertad pero bajo la prohibición de residir y acudir a la capital y la provincia.

¿Qué ha desayunado el señor juez?

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/04/12/neurociencia/1302588313.html
PSICOLOGÍA En los tribunales: ¿Qué ha desayunado el señor juez?


Las decisiones más favorables para los reos se toman al principio del día.

Según pasa la mañana hasta el almuerzo, éstas son más desfavorables.

Los expertos españoles creen que son otros factores los que influyen.


Maria Valerio/Madrid/Martess 12/04/2011
Hay un dicho estadounidense que reza que 'la sentencia depende de qué haya tomado el juez para desayunar'.
Una investigación que publica la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' lo acaba de ratificar después de analizar más de 1.000 decisiones judiciales tomadas por varios magistrados israelíes.
El estudio, publicado en una de las más serias de las revistas científicas, observó que los reos tenían peores probabilidades de quedar en libertad condicional a medida que avanzaba la mañana, y volvían a ganar puntos a su favor después de una pausa para almorzar (una comida ligera a base de sandwiches y fruta, en su mayoría).


Como demostraron los investigadores, los jueces tomaban las decisiones más favorables a los condenados al principio de la mañana, en un porcentaje del 65% de los casos que se iba reduciendo hasta la pausa del almuerzo (donde las posibilidades de conceder la condicional practicamente se reducían a cero).

Después de este descanso, de nuevo ascendían hasta el 65% y se iban poniendo de nuevo en contra de los presos a medida que pasaban las horas.

Marina García Hernando, antropológa y especialista en Ciencias Forenses, discrepa con los resultados y con la posibilidad de que el desayuno en sí influya en las decisiones judiciales. Aunque sí reconoce que los magistrados pueden verse influidos a la hora de tomar sus decisiones por un amplio abanico de factores, "aunque se trata más de elementos externos que intrínsecos a su personalidad, como que hayan o no desayunado o se hayan peleado con su pareja".


Factores externos

Ella menciona, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo o la excesiva burocratización como 2 de estos elementos, aunque también destaca las peculiaridades de cada sistema judicial, por lo que estos resultados no serían aplicables a los magistrados españoles.
"Eso del desayuno es muy gringo", bromea.
 Además, añade ya en serio, "sería catastrófico que ese tipo de elementos banales influyesen en el desempeño de su trabajo, más cuando de ello depende el futuro de otras personas".


Coincide con ella su colega Dolors Costa, psicóloga clínica y miembro de la Asociación Nacional de Criminalistas (Ancref).
"No creo que les influyan los factores personales, como el humor de ese día, pero sí algunos externos", explica.
Entre los que ella ha observado en su práctica como perito, destacan algunos tan variados como:
1.-  el modo en que están redactados los informes ("no es lo mismo algo a doble espacio y con lo destacado en negritas, que soltarles todo el rollo"),
2.- pero también la presencia ("incluso el tipo de ropa") y
3.- la seguridad que muestren sus interlocutores.
Aunque eso sí, admite, "en juicios larguísimos que me han tocado por la tarde sí observas que el grado de atención del juez va disminuyendo con el paso de las horas".

Los investigadores del trabajo, de las universidades Ben Gurion (Israel) y Columbia (Nueva York, EEUU), admiten que es difícil saber si sus conclusiones tienen que ver con la comida que ingirieron los jueces durante la pausa, o con el acto de descansar en sí.
Sin embargo, sí sostienen que existen variables externas, aparentemente sin importancia, que podrían hacer que sus decisiones no sean 100 por 100 racionales.
También concluyen que es posible que estas variantes también participen de alguna manera en la toma de decisiones en otros ámbitos, como el médico, legislativo o financiero.
"Los expertos no son inmunes a la influencia de este tipo de información irrelevante", apuntan. Así pues, si le toca visitar un juzgado, asegúrese de que el juez haya desayunado.

Una juez de Madrid abandona su cargo: se siente intimidada por su decano

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-06-2003/abc/Nacional/una-juez-de-madrid-abandona-su-cargo-al-denunciar-que-se-siente-intimidada-por-su-decano_185408.html
Una juez de Madrid abandona su cargo al denunciar que se siente intimidada por su decano. La juez sustituta señala que un «inadecuado comportamiento» del decano le ocasionó «malestar, inseguridad, temor y zozobra», lo que le impide seguir ejerciendo.


MANUEL MARÍN. 04/06/2003.MADRID.
Una juez sustituta de los Juzgados madrileños de la Plaza de Castilla ha presentado ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial su renuncia a continuar ejerciendo su cargo alegando que se ha sentido intimidada por su juez decano, José Luis González Armengol.
El pasado día 29 de mayo, la juez sustituta presentó ante la Permanente del Consejo un breve escrito en el que, «por motivos personales», formulaba su «expresa renuncia» definitiva desde ese mismo día.
La Comisión requirió entonces un informe al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, al tener conocimiento de esta petición, ha sido ella misma quien ha decidido remitir tanto al Tribunal Superior como a la Comisión Permanente una ampliación de su escrito de renuncia.


En él, la juez sustituta relata una supuesta reunión mantenida con el juez decano de Plaza de Castilla en un restaurante próximo esa zona-y al domicilio particular de ella- el pasado 22 de mayo para celebrar que había aprobado una oposición de acceso al Cuerpo de secretarios judiciales.

Tras la comida ella accedió, «por no ser descortés y aunque en varias ocasiones le reitero mis reparos», a que el juez decano la acompañara a la vivienda de ella, donde, según su interpretación de los hechos, él hizo ademán de abrazarla con la aparente idea de besarla, a lo que la juez se negó pidiéndole que «me deje en paz».


La juez sustituta sostiene en su escrito que José Luis González Armengol le habría comentado el problema que se le presentaba en el Decanato en relación con las sustituciones y le habría recordado que ella nunca había ejercido en los Juzgados de Primera Instancia -siempre había trabajado en los de Instrucción-. «Con ironía me contestó que a lo mejor tengo que ir ...», añade su escrito de renuncia.

Pese a que según su versión de los hechos González supuestamente le dijo «tranquila, tranquila, que no pasa nada», la juez sustituta mantiene que en aquel momento «la situación y el miedo me bloquean y me impiden reaccionar, dada la persona de quien se trata (cuyo comportamiento en modo alguno me esperaba) y que dependía jerárquicamente de él».


«En todo este momento -añade ella-, estaba bloqueada y no supe reaccionar, pensando que era mejor aparentar normalidad y tranquilidad, para que no se percatara de que tenía miedo y se prevaliera de mi debilidad e inferioridad en relación a él por el temor a las posibles consecuencias que podían derivarse de los hechos que habían acontecido».
«En ese momento -relata- tuve la conciencia de que los hechos marcaban un antes y un después, y que si hasta entonces no había tenido ningún problema en mi vida profesional, a partir de aquel momento dudaba de lo que podía sobrevenir».


Temor a repercusiones negativas

La juez manifiesta ante el Tribunal Superior y ante el Consejo General del Poder Judicial que una vez que González se marchó de su casa -salieron juntos de la vivienda y se despidieron cuando él tomó un taxi- «sentí a la vez una gran liberación y, por otra parte, una gran decepción e indignación por el comportamiento que el Sr. Juez Decano había mostrado hacia mí, pues hasta ese momento, en todo el periodo de tiempo en que había tenido trato con él, nunca me había insinuado o expresado nada que me hiciera sospechar lo que podría ocurrir porque, incluso el día de los hechos, durante la comida y hasta el incidente, no hubo ninguna actitud, gesto, expresión o insinuación que me levantara sospecha alguna (...)».


La juez añade que sintió «temor» a las «repercusiones negativas en mi vida profesional» dado que sus funciones como juez sustituta «dependían de él, desde el mismo instante en que es de su competencia el llamamiento para cubrir los Juzgados vacantes».
La la situación resultó incómoda para ella -siempre según su versión de lo supuestamente acontecido- y el mismo día 29 (cuando renunció) tuvo que telefonear al Decanato para que localizaran a otro juez sustituto que cubriera ese día la plaza del Juzgado de Instrucción  nº43, que ella misma tenía asignada.
«Me resultaba -afirma- imposible poder acudir a realizar correctamente mis funciones como juez sustituta ante la sensación de temor que tenía a posibles represalias».


Sustituciones en verano

La juez recuerda en su escrito que en los Juzgados de Madrid «había tenido una bien considerada vida profesional, máxime cuando tenía en expectativa realizar sustituciones en este mes de junio, al menos, si así se acordaba por el juez decano, en el Juzgado de Instrucción nº 48 y 3 de Madrid, pues sus titulares me comunicaron telefónicamente que iban a solicitar un permiso y estaban interesados en hacer la propuesta en el sentido de que cubriera yo su sustitución».
Además, afirma que tenía previsto hacer sustituciones en julio en el Juzgado nº 32 y en el 3 hasta septiembre.


Fuentes próximas al Decanato de los Juzgados de Madrid indicaron que González Armengol prefiere no pronunciarse sobre los motivos alegados por la juez sustituta para plantear su renuncia hasta conocerlos directamente.

En cualquier caso indicaron que «nunca se ha condicionado, ni coaccionado, ni vetado ni impuesto nada a ningún juez sustituto» e, incluso, en la última reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia se han cerrado las sustituciones previstas para los próximos meses «sin problemas ni quejas por parte de nadie».

Chile: Evaluación Psicológica de los Jueces

http://www.lanacion.cl/a-evaluacion-sicologica-juez-y-su-ex-mujer-por-causa-de-custodia/noticias/2010-08-03/233927.html

A evaluación sicológica juez y su ex mujer por causa de custodia

El magistrado Emilio Elgueta denunció a su ex pareja por violencia intrafamiliar y hoy la formalizarán.
Ella lo acusa de no permitirle ver a sus hijos
Consultado por su versión ayer, el ministro Emilio Elgueta dijo -a través de la oficina de Comunicaciones del Poder Judicial- que no haría declaraciones

Por Andrea Chaparro / La Nación /Miercoles 4 de Agosto de 2010.
A una evaluación sicológica deberá someterse el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Emilio Elgueta, y quien fuera su segunda cónyuge Alejandra Rebolledo, luego que el juez del tribunal de alzada capitalino Joaquín Billard dispusiera ayer -con acuerdo de los involucrados- esta medida antes de tomar una determinación en la causa por el régimen de visita y custodia de sus hijos, de 6 y 11 años.

A la salida de una audiencia, realizada ayer en la Corte, la abogada Tatiana Maulén, a cargo de la defensa de la mujer, confirmó la información y explicó que la evaluación se hará “a través de un instituto de sicoterapia para ayudar a los niños a volver a acercarse a la madre. Obviamente, bajo apercibimiento legal nuevamente, para que todos cumplan con lo establecido”.

La profesional precisó que la decisión de acudir a este centro se tomó con acuerdo de ambas partes.
“Se logró de común acuerdo a instancia del tribunal”, dijo.
Consultada por la orden de arresto que había pedido contra el ministro Elgueta por haber incumplido 3 resoluciones -que permitían a la madre visitar a los niños-, la abogada manifestó que “obviamente que uno no continúa con el apremio, porque uno busca que la madre pueda tener cercanía con los hijos”.

La disputa judicial entre el magistrado Elgueta y su ex mujer es instruida por la ministra de la Corte de Apelaciones, Jessica González, debido a la investidura del cargo del involucrado.
Pero la magistrada, en los últimos días, ha sido subrogada por el juez Billard por encontrase fuera de Chile, en comisión de servicio.

Según los antecedentes del caso, los niños estaban al cuidado del padre -por resolución de la jueza González- luego que Rebolledo se internara 2 de semanas en una clínica por depresión.
El problema fue que tras ello, Elgueta no ha permitido que se reúna con sus hijos, pese a que las visitas fueron fijadas judicialmente, asegura la defensa de la mujer.
Pero eso no es todo, el juez de la Corte denunció a Rebolledo ante la fiscalía, acusándola de violencia intrafamiliar.

FORMALIZACIÓN
Por estos hechos será formalizada hoy en el VIIIº Juzgado de Garantía de Santiago.
Al respecto, la mujer dijo que “aquí hay un abuso de su investidura, incluso constató lesiones que no puede justificar porque yo jamás le hice nada. Sólo hubo una discusión afuera del colegio de los niños, donde yo lo tomé de la camisa para que no se fuera”.

La causa está en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente y ayer incluso el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo, se refirió al tema, luego que trascendiera que uno de los fiscales que había tramitado la causa de Elgueta había participado en el concurso a fiscal regional centro norte, cuya terna fue votada por los ministros de las cortes metropolitanas.
De ser así, dijo, “era una situación que ameritaba discutirla en la audiencia (del pasado lunes)”

Las bajas laborales entre Jueces aumenta

http://www.quemada.com/htm/51_apartado.asp

Los jueces sustitutos dictaron el 13% de las sentencias en 2009

28/05/2010
Los 1.408 jueces sustitutos y magistrados suplentes que hubo en España en 2009 totalizaron el 13,8% de las sentencias dictadas, de acuerdo con los datos de un estudio del Consejo General del Poder Judicial.
Ese porcentaje fue incluso mayor en los Juzgados de lo Penal: un 15,6%.

El estudio del CGPJ expone por qué motivos se efectuó la sustitución de un magistrado el año pasado.
1.-La asistencia a cursos es el principal (un 23,6% de los casos),
2.-seguido por los permisos de hasta 3 días (17,9%),
3.-la baja por enfermedad (11,1%)
4.-y las vacaciones anuales de un mes de duración exceptuando las disfrutadas en agosto (8,3%).

Según este mismo informe, Cataluña suma más jueces y magistrados sustituidos que cualquier otra Comunidad Autónoma: 203.
La Comunidad Valenciana es segunda por nº de sustitutos (146), seguida por Andalucía (145). Por el contrario, en La Rioja sólo 10 magistrados fueron suplidos, mientas que en Cantabria fueron 16 y en Navarra y Extremadura, 22.

Juzgan en Sevilla a un juez por maltrato y lesiones psíquicas a su compañera

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=172536

Juzgan en Sevilla a un juez por maltrato y lesiones psíquicas a su compañera

EFE.Sevilla.lunes, 21 junio 2010
El juzgado penal nº7 de Sevilla juzga el próximo 1 de julio a un juez que se enfrenta a una petición del fiscal de 3 años y medio de cárcel por delitos de trato degradante y lesiones psíquicas a su compañera, a la que tenía "subyugada, dominada y subestimada" y a la que propinaba latigazos.

El escrito de acusación del fiscal solicita para el procesado, R.C., 2 años de cárcel por un delito de trato degradante, 1 año y medio por otro delito de lesiones psíquicas y 8 días de localización por una falta de vejaciones injustas, por los cientos de mensajes sms que envió a su compañera con insultos.

El acusado y la denunciante entablaron en octubre de 2003 una relación que duró 3 años y en la que él "hacía valer su superioridad", al tratarse de un juez y ella una funcionaria judicial, a la que llamaba "oficialucha de mierda", según la acusación.

El imputado sometía a su compañera a un trato "vejatorio y soez", y cuando sus relaciones se deterioraron le hizo objeto de "hostigamiento y acoso", aunque la mujer no lo denunció hasta septiembre de 2006 porque los malos tratos se alternaban con otros momentos en los que le pedía perdón.
La petición del fiscal se une a los 6 años de cárcel y 100.000 euros de indemnización que ha solicitado la acusación particular que ejerce la denunciante, además del pago de 20.000 euros en costas judiciales.

Fuentes del caso han informado hoy de que existe la posibilidad de que el juicio no llegue a celebrarse porque se produzca un acuerdo entre las partes.
El juez se encuentra desde octubre de 2007 acogido a la jubilación voluntaria, a la que tenía derecho por haber superado los 60 años de edad y 30 de trabajo en la administración del Estado.

En su escrito de acusación, el fiscal recoge varios episodios de violencia como los latigazos que R.C. propinaba a su compañera por todo el cuerpo, que en una ocasión le propuso que se bebiera su orina "como prueba de amor" y que la denunciante llegó a plantearse una reconstrucción quirúrgica del himen porque el juez le reprochaba la "virginidad perdida".

Añade que un día en que la denunciante sospechaba que podría estar embarazada, R.C. le propinó puñetazos en el vientre y le dijo: "Esta es una forma asquerosa de pillar a un hombre".
Cuando comenzaron a deteriorarse las relaciones, el acusado llegó a enviar a su compañera hasta 50 sms diarios amenazantes, en los que, entre otros insultos, le decía "acomplejada, loca, ajada, podrida, cobarde", le advertía:
"si quieres seguir conmigo, debe ser con una relación de posesión absoluta", y le aseguraba: "jamás pensé en casarme contigo".

La petición del fiscal incluye 21.000 euros de indemnización por el trastorno de estrés postraumático y la depresión mayor que sufrió la denunciante como consecuencia de estos hechos, según la Unidad de Valoración Integral de la Violencia de Género (UVIVG) de la Junta.

Intento de Suicidio de una Juez en Sevilla

http://www.elmundo.es/2009/12/14/espana/
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/14/andalucia_sevilla/1260773745.html

Chema Rodriguez. Sevilla.14.12.2009
Un fuerte trastorno depresivo llevó el jueves a la juez Mª José B.B. a intentar quitarse la vida después de administrar las mismas pastillas que ella habia ingerido, ansiolíticos, a su hija de solo 8 años.
La magistrada es titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla y solo unos dias antes habia sido objeto de críticas y amenazas de denuncia ante el CGPJ por imputar al secretario general del PSOE sevillano, Jose Antonio Viera, por la utilización fraudulenta de una sede de Correos en Burguillos.

Según fuentes próximas al caso, el suceso ocurrió en la tarde del jueves.
La madre y la niña fueron atendidas en el hospital. Según las mismas fuentes, la juez sufria algún tipo de trastorno psiquiatrico por el que se encontraba en tratamiento y que derivo en un intento de suicidio finalmente frustrado.
Tras su paso por el hospital, la magistrada fue internada en un centro psiquiátrico.

Hace unas semanas, la juez imputó al máximo mandatario del PSOE sevillano por los presuntos delitos de malversación y cohecho, aunque a los pocos dias tuvo que retractarse y anular la citación debido a la condición de senador de José Antonio Viera.

Una juez recibe amenazas de muerte desde su propio móvil

http://www.laopiniondegranada.es/granada/2009/10/20/juez-recibe-amenazas-muerte-propio-movil/159813.html

Tribunales:Una juez recibe amenazas de muerte desde su propio móvil
Un juzgado abrió un proceso por "denuncia falsa" contra la magistrada tras recibir los detalles del informe sobre la investigación policial

LA OPINIÓN. Martes 20 de octubre de 2009.
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Granada, Aurora Fernández, ha archivado la investigación abierta a una juez de la capital por un presunto delito de denuncia falsa.
La magistrada había denunciado unos episodios de acoso por un extraño y una amenaza telefónica en la que un anónimo aseguraba que la iba a matar.
Cuando la Policía Nacional investigó lo sucedido comprobó que las supuestas amenazas habían sido realizadas mediante una llamada realizada desde el teléfono móvil de la propia magistrada, que es titular de uno de los juzgados de Primera Iª de la capital.

El caso está archivado porque en la instrucción realizada por el juzgado de Aurora Fernández no se han encontrado indicios de delito contra la magistrada desde cuyo móvil salió la supuesta amenaza de muerte contra ella misma, según confirmaron fuentes judiciales.
El auto da carpetazo a un asunto que en las últimas semanas ha generado un notable revuelo en el ámbito judicial granadino.

La magistrada pasó de ser denunciante a estar investigada.
Hace unos 2 meses acudió a la Policía Nacional porque aseguraba que se sentía víctima del acoso de un perturbado que llegó a molestarla en su domicilio particular.
Los agentes investigaron lo sucedido pero no pudieron acreditar nada.
Durante el tiempo en que duraron las pesquisas, la mujer presentó una nueva denuncia por una amenaza de muerte recibida en el teléfono de su juzgado, con sede en Plaza Nueva.

La investigación policial acreditó que la llamada se realizó desde el móvil de la magistrada, tal y como consta en un informe policial elaborado por el Grupo de Homicidios de Granada.
Los supuestos episodio de acoso denunciados por esta magistrada –ninguno ha sido confirmado– han sido investigados por 2 juzgados distintos.

El Iºse remonta a la época estival.
La magistrada denunció que había escuchado golpes en las puerta de su domicilio particular y que al asomarse a la mirilla observó a un individuo frente a su puerta.
El sospechoso, según la denuncia, llamaba la atención con sus arremetidas y llegó a poner un ´post-it´ en la mirilla para evitar que fuese identificado. La magistrada mostró a la Policía su inquietud por lo sucedido.
Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación. Interrogaron a posibles testigos y montaron un servicio de vigilancia con efectivos de paisano en las inmediaciones de su domicilio.
El despliegue policial estuvo en funcionamiento durante un mes sin resultado alguno, tal y como consta en el informe remitido por los agentes al Juzgado de Instrucción nº4 que se encargó de investigar la denuncia original.

Durante esa fase se produjo la polémica llamada al juzgado de la denunciante.
El interlocutor dijo al funcionario que descolgó el auricular que sabía quién era la juez y que la iba a matar.
Esta nueva amenaza fue incorporada a las diligencias y el juez de instrucción ordenó a la Policía Nacional que investigara el origen de la misma para tratar de localizar al autor.
La sorpresa fue mayúscula para los agentes encargados del caso.
Tras las gestiones pertinentes comprobaron que el número desde el que se produjo la llamada al juzgado se correspondía con el teléfono móvil de la propia magistrada.

El dato causó gran estupor entre los investigadores, según han reconocido fuentes cercanas al caso.
Los policías incluyeron todos los detalles de las pesquisas en un informe que enviaron al juzgado de instrucción.
En el relato de hechos pusieron de manifiesto que a la certeza de no haber encontrado ninguna prueba de las amenazas que la magistrada dijo haber recibido en su domicilio se le unía ahora la revelación de que la última amenaza provenía del teléfono móvil de la propia denunciante.

El juez analizó la Iª parte de la denuncia de esta mujer, relacionada con los episodios de supuesto acoso que aseguraba haber sufrido en su domicilio.
El informe de Homicidios y la ausencia de otras pruebas llevaron al juez a decretar el archivo de la causa, de conformidad con el Ministerio Fiscal.
La magistrada, en definitiva, denunciaba una cosa que no se había podido probar pese al gran esfuerzo de la Policía Nacional por descubrir al supuesto acosador.

Pero esas mismas diligencias incluían las conclusiones de la investigación realizada por el Grupo de Homicidios sobre la amenaza telefónica que se realizó desde el móvil de la denunciante.
Según han confirmado distintas fuentes, el juez de instrucción pidió al fiscal que le informara sobre el asunto.
El Ministerio Público contestó recordándole que era obligación del juzgado poner en conocimiento del Decanato la posible comisión de un nuevo delito, según se deducía del informe policial.
El juez de Instrucción nº4 así lo hizo.

Antonio Moreno dedujo testimonio por "denuncia falsa" y lo envió al Decanato de los juzgados para que entrase en reparto en otro juzgado –al ser un hecho distinto al investigado– y se analizase.
El Juzgado de Instrucción nº3 se encargó del proceso por denuncia falsa contra la magistrada granadina y decidió, en un auto reciente, su archivo al no encontrar indicios de delito contra ella. El fiscal dio su visto bueno, a pesar de que en la fase anterior recordó al juez de Instrucción nº 4 que debía perseguir el presunto delito.

Fiscal condenado pide la baja por enfermedad

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041700_10_579140__Sucesos-fiscal-Denia-condenado-malos-tratos-pide-baja-enfermedad
El fiscal de Dénia condenado por malos tratos pide la baja por enfermedad
La sentencia de Gandia no le impide seguir ejerciendo sus funciones en los tribunales

EUROPA PRESS/LEVANTE-EMV.COM
El fiscal coordinador de Dénia, Vicente López, condenado en una sentencia por un delito de lesiones contra su ex mujer, ha pedido la baja por enfermedad, según confirmaron a Europa Press fuentes de toda solvencia.

El juzgado de lo Penal de Gandia ha condenado a Vicente López Fernández, fiscal coordinador de Dénia, a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de lesiones contra su ex mujer.
La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, considera probado que el día 26 de abril de 2007, el acusado, "de forma consciente y violenta", empujó a la mujer, funcionaria de Justicia, hacia las escaleras de subida del domicilio de ésta.

Ese empujón le hizo perder el equilibrio y caer al suelo, sufriendo lesiones que tardaron 5 días en curar.
Tras el incidente el hombre se metió en el ascensor y abandonó el edificio.
Los hechos ocurrieron en el rellano de la escalera donde vivía la víctima, en la ciudad de Gandia, y el encuentro de su ex marido se produjo con motivo de una visita a su hija menor.

La sentencia recoge que no se accedió al piso debido a la mala relación entre los ex cónyuges.
En el transcurso de aquel encuentro la niña estaba muy nerviosa y no paraba de llorar, lo que generó una situación tensa en la que la ex pareja "intercambió expresiones hirientes".
En ese contexto la madre pidió a su ex marido que le entregara a la menor para intentar calmarla y que dejara de llorar, algo a lo que él se negó.
Discurrida la media hora establecida para la visita, la niña volvió a brazos de su madre, quien se la entregó a la abuela, presente en ese momento, para que la llevara al interior de la vivienda.
El incidente violento sucedió en ese momento.

La juez considera probado que, "sin mediar discusión previa y de manera brusca y repentina", el hombre cogió fuertemente a su ex mujer del brazo derecho y, "de forma consciente y violenta, la soltó y empujó hacia las escaleras de subida", de manera que, al perder el equilibrio, cayó al suelo y sufrió varias lesiones.
El fiscal de Dénia acudió horas después a la Comisaría de Policía para denunciar lo ocurrido, a efectos de que su ex mujer pudiera presentar una denuncia por malos tratos.

Pese a que Vicente López mantuvo una versión diferente en el juicio, negando los hechos, la juez ha considerado probada la comisión de un delito de lesiones contra su ex mujer.
Además de ser condenado a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la sentencia también le impone una orden de alejamiento de al menos 100 metros del domicilio y de cualquier lugar en que se encuentre su ex mujer, durante 2 años, así como la prohibición de tenencia de armas.
El fallo, sin embargo, le permite seguir ejerciendo sus funciones como fiscal coordinador de los juzgados de Dénia.

La salud mental de nuestros magistrados

http://www.interviu.es/default.asp?idpublicacio_PK=39&idioma=CAS&idnoticia_PK=57547&idseccio_PK=547&h=
No hay mecanismos para controlar la salud mental de quienes imparten justicia
• Sus herramientas de trabajo son la razón y la ley.
Sin embargo, en España los jueces no tienen que someterse a revisiones periódicas de salud mental, requisito imprescindible para acceder a profesiones como las de bombero, piloto o policía. No existen controles psíquicos para los magistrados.

Reportaje por: Ana María Pascual 06/07/09
Muy cerca de la Audiencia Nacional y enfrente del Tribunal Supremo, en la calle Marqués de la Ensenada, de Madrid, los 5 miembros de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instruyen expedientes sancionadores para los magistrados que no ejercen su labor con la debida diligencia.

Hace 5 años, esta comisión deliberaba respecto a un magistrado que tenía pendientes cientos de sentencias.
Un informe psicológico resumía la salud mental de aquel juez, titular de un juzgado de lo Penal único de una capital de provincia: “Trastorno depresivo recurrente por el que está recibiendo asistencia médico-psiquiátrica, lo que le ha producido una disminución de su impulso vital con incidencia en su producción laboral e intelectual”.

El CGPJ castigó al juez, equiparando su enfermedad mental con una negligencia profesional.
Se le incoaron 2 expedientes, con sus correspondientes multas.
Puesto que la dolencia psíquica del juez no desapareció, la situación en su juzgado fue de mal en peor, llegando a 3 años de retrasos en el dictado de sentencias.
Finalmente, la Comisión Disciplinaria abogó por la jubilación forzosa por incapacidad permanente.

En España, para ser policía, bombero o piloto hay que demostrar que se está en pleno uso de las facultades mentales; estos profesionales deben someterse a controles periódicos de salud mental. Los jueces, no.
Ni para ingresar en la judicatura ni durante su carrera están obligados a pasar pruebas para detectar trastornos psicológicos.

José Miquel López, que fue titular del Juzgado nº 6 de Barcelona, llegó a:
a.- simular un infarto en pleno juicio;
b.- otro día se puso a llorar ante la declaración de un acusado;
c.- en otra ocasión condenó a un testigo.
d.- Imponía a veces penas superiores a las que solicitaba el fiscal, algo prohibido por la ley.
e.- Y quizá lo más grave: mantuvo en prisión a una mujer a la que él mismo había absuelto previamente.
Fue apartado de la carrera judicial en octubre de 1995 por “enfermedad grave”.

70 jueces y magistrados han sido jubilados por incapacidad permanente desde junio de 1995 –en la actualidad hay 4.860 jueces en activo–.
Aproximadamente el 90 %(es decir, al menos 60) lo fueron por trastornos psicológicos, según indican fuentes del CGPJ.

La incapacidad de un juez también puede ser física, sobre todo en casos de graves enfermedades crónicas y terminales.
No parece ser lo que le ocurrió a María Luisa Borrego, ex titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, jubilada forzosamente en marzo de 2007.
Las noticias de la inestabilidad mental de la jueza le llegaron al CGPJ por parte de la fiscalía cántabra, que había recogido las quejas de buena parte de los funcionarios de aquel juzgado.
La policía estuvo a punto de ver cómo fracasaba una operación contra una banda de falsificadores de tarjetas de crédito cuando la jueza Borrego ordenó a los agentes que devolvieran a los delincuentes las tarjetas falsas y los efectos que habían comprado con ellas, desde abrigos de piel hasta ordenadores.
También llegó a pedir a la policía que no le enviaran detenidos por las tardes ni los días festivos, en los que a veces se negaba a trabajar, obviando las guardias a las que estaba obligada.

Padecimientos psíquicos.
En octubre de 2006, el CGPJ reconoció que al menos una treintena de magistrados en activo sufrían “padecimientos psíquicos”.
Desde entonces hasta hoy sólo una decena de jueces han sido incapacitados permanentemente por enfermedades mentales.
En lo que va de año, un único magistrado ha sido jubilado forzosamente por incapacidad permanente.
En 2008, fueron dos; en 2007, ocho, igual que en 2006; el año anterior fue el que más jubilaciones de este tipo ha sumado desde 1995: diez.

Los motivos por los que se incapacita a los jueces se mantienen en secreto; en los acuerdos del Pleno tan sólo constan los términos lesión y patología.
Con sólo 32 años, Guillermo Forteza, que entonces era titular del Juzgado de Instrucción 14 de Valencia, fue jubilado por incapacidad permanente en 1989.
Antes fue condenado por “coacción y vejación injusta” a su esposa.
Se hizo popular por ordenar unas espectaculares redadas contra prostitutas.
Los informes de 2 médicos forenses y de un tribunal médico coincidieron en que el juez sufría “un trastorno de la personalidad que le hace incapaz para continuar desempeñando sus funciones judiciales”.
Forteza se pasó entonces al mundo de la abogacía, y fue acusado, en 2 ocasiones, de exigir dinero a los presos a cambio de conseguirles beneficios penitenciarios.

El magistrado Agustín Azparren conoce el mecanismo por el que se incapacita a un juez, ya que formó parte durante 7 años de la Comisión Disciplinaria del CGPJ.
“Cuando un juez es examinado psicológicamente por los médicos forenses, se emplean criterios genéricos, no centrados en la función judicial. Esto habría que cambiarlo”, opina Azparren.
Este ex vocal del CGPJ cree que el número de incapacitaciones aumentaría si se llevara a cabo “una valoración más específica” de la salud mental de los jueces.
“Lo óptimo sería que existiera una unidad médica especial para examinar a los jueces que lo precisen”, añade.

De hecho, el anterior CGPJ –del que fue vocal este magistrado– propuso la creación de esta comisión médica, aunque sin éxito, de momento.
3 años tardó el gobierno de los jueces en apartar de la carrera judicial a Manuel García Navarro, ex magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Jaén.
En ese tiempo, 140 juicios se quedaron sin sentencia, debido a las continuas bajas por problemas depresivos del juez.
Tras su retirada forzosa, el juzgado debió repetir buena parte de aquellos juicios por separaciones, pensiones alimenticias y desahucios.
Antes de su inhabilitación definitiva, García Navarro fue expedientado dos veces.

La vía sancionadora es la única que existe para apartar de la carrera a un juez que no está en plenas facultades mentales, lo que hace que el proceso sea largo y lento.
En el caso del ex juez Ángel Falcón, titular del Juzgado de lo Penal único de Guadalajara, el CGPJ tardó 9 años en incapacitarlo.
En ese tiempo, generó importantes retrasos y un tremendo caos en su juzgado ante sus continuas bajas por depresiones.
Falcón juzgaba todos los crímenes cometidos en la provincia.

Miguel Ángel Jubero, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que “no es lógico que se castigue al juez por una depresión. Hay que crear un catálogo de enfermedades profesionales propias de la carrera judicial, como las de carácter depresivo, ‘el síndrome del quemado’ y el estrés, e incluso físicas, como úlceras e insomnio”.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, anunció a finales del pasado año que abrirían “una amplia reflexión” sobre las incapacidades permanentes de los jueces.
“Hay personas que pueden estar afectadas con determinadas enfermedades y que sufren una merma importante en su capacidad, tanto volitiva como intelectual, y que en consecuencia seguramente ello les limitaría para el desempeño de sus funciones jurisdiccionales”, razonó Bravo, quien ha declinado explicar a esta revista si el actual CGPJ maneja algún proyecto para garantizar el equilibrio mental de los jueces españoles.

Jueces para la Democracia cree que los aspirantes a juez deberían someterse a una prueba psicológica previa.
“No se trata de establecer perfiles para futuros jueces, sino de descartar candidatos con patologías psicológicas incompatibles con la función judicial –dice su portavoz, Miguel Ángel Jubero –. Si hay algún paranoico que quiere ser juez, que lo sepamos antes de que sea tarde”.

Psicólogos consultados por esta revista señalan que la de los jueces es la profesión que menos acude a terapias.
Pero nadie está a salvo de depresiones y trastornos de personalidad.