http://www.diariodejerez.es/article/jerez/913616/regulacion/la/guarda/y/custodia/compartida.html
Regulación de la guarda y custodia compartida
25.02.2011. Aurelia María Romero Coloma,Doctora en Derecho
LA guarda y custodia compartida es una medida de carácter familiar que parece ir ganando cada vez más auge, aunque, en nuestro país, siempre se ha mirado este sistema con ciertos recelos.
La Ley, la nueva redacción del artículo 92 de nuestro Código Civil, surgida de la Ley 15/2.005, pretendió establecer una regulación, coherente, a las relaciones paternofiliales una vez producida la crisis o ruptura conyugal, tras una sentencia de separación o divorcio.
De este precepto, importantísimo hoy en día para valorar este sistema de guarda y custodia, lo primero que se deduce es la especificidad de la regulación de la guarda y custodia compartida, si bien hay que resaltar que el término no es correcto, ya que, cuando los progenitores están separados o divorciados, no es posible, precisamente, la guarda conjunta, ya que ambos progenitores, en esta situación, no pueden ejercer de modo simultáneo el cuidado de los hijos menores de edad, ya que no hay entre los cónyuges convivencia.
En este sentido, cabe decir que, en el marco del concepto de custodia compartida, el ejercicio de la custodia va a ser, en realidad, alternada, o por períodos – más o menos largos, o más o menos breves; alternados, en función de los períodos de tiempo establecidos en convenio regulador y aprobados judicialmente en sentencia o dictados en la propia resolución judicial que pone fin a un proceso de separación o divorcio de carácter contencioso.
A partir de ahí, cabe que las estancias de los progenitores con los hijos sean más o menos frecuentes en el tiempo.
La actual regulación de la guarda y custodia compartida potencia la posibilidad legal de acordarla por las partes en convenio regulador, y también –algo novedoso – la posibilidad de que sea uno solo de los progenitores el que la solicite, pudiendo ser adoptada por el Juzgado, lo que, lógicamente, supone que esta modalidad de custodia se verá incrementada.
También hay que destacar el papel que juega, en la regulación de este complejo tema, la protección del interés superior del hijo menor de edad.
Si bien gran parte de la doctrina se refiere al “interés” del hijo o a su “beneficio”, estimo que la dicción correcta, la que mejor se ajusta a los parámetros que deben regir en materia de Derecho de Familia, es la de “bienestar” del hijo.
No cabe duda que, por regla general –hay que exceptuar, naturalmente, los supuestos anómalos a los que se les puede calificar de “patógenos”–, los hijos quieren estar con su madre y con su padre, y una medida familiar como lo es la guarda y custodia compartida, no cabe duda, propicia que las relaciones de ambos progenitores con sus hijos no se deterioren, evitando, debido a su periodicidad, a su frecuencia, que los hijos se distancien, gradualmente, de uno de los progenitores, por lo general, del progenitor con el que, de no adoptarse esta medida, no conviven.
Es decir: en el régimen de visitas, es el progenitor no conviviente con sus hijos, o sea, el no custodio, el que, en muchas ocasiones, por desgracia, se ve abocado a un distanciamiento, a un enfriamiento en las relaciones con sus hijos, lo que, en buena medida, contribuye, a mi juicio, a que la imagen parental se deteriore.
Ello no es beneficioso para los hijos, tampoco para el progenitor afectado. Precisamente, la medida de guarda y custodia compartida puede venir a paliar estos efectos indeseables.
Pero, además, caben otras razones para considerar que la guarda y custodia compartida es beneficiosa.
Así, se puede citar una causa que tiene, en la actualidad, un gran peso:
1.-esta medida contribuye a favorecer el principio de igualdad entre los progenitores.
2.-Los hijos perciben que su madre no tiene por qué ser más, ni mejor, que su padre, y viceversa.
sábado, 26 de febrero de 2011
viernes, 25 de febrero de 2011
Carlos Carnicer: Se está poniendo en peligro el turno de oficio
http://www.cincodias.com/articulo/economia/poniendo-peligro-turno-oficio/20110225cdscdieco_8/
Entrevista Carlos Carnicer. Presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
"Se está poniendo en peligro el turno de oficio".
La voz de la abogacía en España aboga por mantener el servicio de justicia gratuita tal y como se encuentra en estos momentos.
Sobre la nueva forma de acceso a la profesión, considera que será positiva.
"No veo el beneficio de suprimir los colegios"
Lola Fernández - Madrid - 25/02/2011
El recién reelegido presidente de los abogados españoles reconoce que fue una compañera suya quien le animó a adelantar al 14 de enero las elecciones al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
"Se preveía un año muy denso, jurídicamente hablando, así que convine que era lo mejor". Las convocó y las volvió a ganar por 3ª vez consecutiva.
El próximo mes de julio, Carlos Carnicer cumplirá 10 años en el cargo, con un lustro aún por delante para cerrar algunos asuntos pendientes, como el modo en que los graduados accederán a la profesión.
Educación y Justicia han chocado en la nueva norma de acceso a la abogacía, ¿cómo está el asunto en estos momentos?
Ha habido ciertos problemas de interpretación del reglamento.
Recientemente se ha creado una comisión compuesta por 4 representantes de la universidad, 2 expertos del Ministerio de Educación, otros 2 del Ministerio de Justicia, 2 del Consejo General de la Abogacía y 2 más del Consejo de los Procuradores.
Ahora se están puliendo las diferencias y la próxima semana habrá una reunión para establecer los contenidos que deberán tener los cursos de posgrado.
¿Afectará eso al ejercicio de la profesión?
Se ha dicho por ahí que estaremos 2 años sin abogados, pero eso no es cierto.
El pasado 30 de octubre se aprobó la ley, pero tendrá efecto para los titulados de Grado egresados en 2012.
Serán éstos los que tengan que cumplir con el requisito legal de estudiar 90 créditos más, mediante la realización de un máster (60 créditos) y prácticas (otros 30 créditos), pero será algo normal porque hasta ahora los licenciados en Derecho solían dedicar 1 ó 2 años a estudiar en alguna Escuela de Práctica Jurídica, antes de ejercer, sin mayor impacto.
Además de esta reforma se escuchan voces que pretenden cambiar el turno de oficio.
¿Cree que los impagos de las comunidades autónomas lo están poniendo en peligro?
O se está poniendo en peligro el turno de oficio o se está dificultando seriamente.
El servicio de justicia gratuita se ofrece 365 días al año y está formado por 38.000 abogados, la mayoría con una antigüedad de 14,5 años.
En el turno de oficio están trabajando abogados de gran prestigio, asistiendo al detenido o a la mujer víctima de violencia de género.
Por eso, no concibo que por parte de las Administraciones Públicas no se satisfagan puntualmente las cantidades.
¿Cuál es la remuneración de un abogado de oficio?
Se están pagando 200 euros por un proceso tipo, que exige 2 ó 3 consultas, numerosos escritos y asistencias múltiples a los juzgados.
Las Administraciones Públicas se escudan ahora en la crisis para demorar los pagos.
También se quejan de que ha habido un repunte de casos.
¿Cómo se podría solucionar? Madrid se queja de que hay gente que usa el servicio de forma fraudulenta...
Se solucionaría pagando y mejorando la retribución de los letrados.
El turno de oficio reclama toda la documentación necesaria, el catastro, la seguridad social, etc. Si no merecen asistencia gratuita, nosotros somos los primeros afectados por el fraude.
Por último, ¿cómo ve la modernización de la justicia?
La abogacía está colaborando con el Plan Estratégico de Justicia.
Somos los primeros interesados en que funcione bien y ágilmente, pero tenemos cierta desazón por el gran esfuerzo que tenemos que realizar para adaptarnos a las constantes reformas. El problema es que se trata de un modelo agotado.
Ha habido muchos cambios como la elevación de la cuantía para recurrir.
Es hora de que nos sentemos y hagamos autocrítica de lo que va bien y lo que va mal.
"No veo el beneficio de suprimir los colegios"
La nueva ley de servicios profesionales podría dejar a salvo la colegiación obligatoria para abogados y médicos, según ha podido saber CincoDías.
"Espero que así sea", reconoce el presidente de los abogados, Carlos Carnicer, aunque "sin lugar a dudas" le gustaría también que se extendiese al resto de profesionales.
Advierte que los colegios profesionales son organizaciones de Administración pública corporativa que sirven para regular y ordenan las profesiones, por tanto no entiende "esa furia hacia todos los colegios profesionales cuando cumplen un papel también muy importante en la formación y en el reciclaje de los profesionales".
"No veo el beneficio económico que puede traer la supresión de colegios profesionales", puntualiza también como presidente de la Unión Profesional.
Respecto a la situación económica que están viviendo los abogados asegura que pocas han sido las áreas donde ha habido beneficio.
"Se ha notado una mayor demanda en la reducción de honorarios y un incremento de los impagos, a lo que también se ha unido una caída de asuntos", aclara, pero le consta que "la abogacía está reteniendo más empleo que la media" porque la relación con el cliente se basa en el principio de confianza.
"Por lo menos, se están manteniendo los puestos de trabajo y no asistimos a más cierres de despachos algo que ocurrió al inicio".
Perfil: Aragonés
-Estudios: licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1971) y pasantía en el despacho de José Luis Espinosa.
-Presidente de los abogados y profesionales: en 2001 fue elegido presidente del CGAE, reelegido en 2006 y el 14 de enero de 2011. Preside también la Unión Profesional.
-Consejo de Estado: miembro nato del Consejo de Estado y ponente de la reforma constitucional por encargo del presidente del Gobierno.
Entrevista Carlos Carnicer. Presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
"Se está poniendo en peligro el turno de oficio".
La voz de la abogacía en España aboga por mantener el servicio de justicia gratuita tal y como se encuentra en estos momentos.
Sobre la nueva forma de acceso a la profesión, considera que será positiva.
"No veo el beneficio de suprimir los colegios"
Lola Fernández - Madrid - 25/02/2011
El recién reelegido presidente de los abogados españoles reconoce que fue una compañera suya quien le animó a adelantar al 14 de enero las elecciones al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
"Se preveía un año muy denso, jurídicamente hablando, así que convine que era lo mejor". Las convocó y las volvió a ganar por 3ª vez consecutiva.
El próximo mes de julio, Carlos Carnicer cumplirá 10 años en el cargo, con un lustro aún por delante para cerrar algunos asuntos pendientes, como el modo en que los graduados accederán a la profesión.
Educación y Justicia han chocado en la nueva norma de acceso a la abogacía, ¿cómo está el asunto en estos momentos?
Ha habido ciertos problemas de interpretación del reglamento.
Recientemente se ha creado una comisión compuesta por 4 representantes de la universidad, 2 expertos del Ministerio de Educación, otros 2 del Ministerio de Justicia, 2 del Consejo General de la Abogacía y 2 más del Consejo de los Procuradores.
Ahora se están puliendo las diferencias y la próxima semana habrá una reunión para establecer los contenidos que deberán tener los cursos de posgrado.
¿Afectará eso al ejercicio de la profesión?
Se ha dicho por ahí que estaremos 2 años sin abogados, pero eso no es cierto.
El pasado 30 de octubre se aprobó la ley, pero tendrá efecto para los titulados de Grado egresados en 2012.
Serán éstos los que tengan que cumplir con el requisito legal de estudiar 90 créditos más, mediante la realización de un máster (60 créditos) y prácticas (otros 30 créditos), pero será algo normal porque hasta ahora los licenciados en Derecho solían dedicar 1 ó 2 años a estudiar en alguna Escuela de Práctica Jurídica, antes de ejercer, sin mayor impacto.
Además de esta reforma se escuchan voces que pretenden cambiar el turno de oficio.
¿Cree que los impagos de las comunidades autónomas lo están poniendo en peligro?
O se está poniendo en peligro el turno de oficio o se está dificultando seriamente.
El servicio de justicia gratuita se ofrece 365 días al año y está formado por 38.000 abogados, la mayoría con una antigüedad de 14,5 años.
En el turno de oficio están trabajando abogados de gran prestigio, asistiendo al detenido o a la mujer víctima de violencia de género.
Por eso, no concibo que por parte de las Administraciones Públicas no se satisfagan puntualmente las cantidades.
¿Cuál es la remuneración de un abogado de oficio?
Se están pagando 200 euros por un proceso tipo, que exige 2 ó 3 consultas, numerosos escritos y asistencias múltiples a los juzgados.
Las Administraciones Públicas se escudan ahora en la crisis para demorar los pagos.
También se quejan de que ha habido un repunte de casos.
¿Cómo se podría solucionar? Madrid se queja de que hay gente que usa el servicio de forma fraudulenta...
Se solucionaría pagando y mejorando la retribución de los letrados.
El turno de oficio reclama toda la documentación necesaria, el catastro, la seguridad social, etc. Si no merecen asistencia gratuita, nosotros somos los primeros afectados por el fraude.
Por último, ¿cómo ve la modernización de la justicia?
La abogacía está colaborando con el Plan Estratégico de Justicia.
Somos los primeros interesados en que funcione bien y ágilmente, pero tenemos cierta desazón por el gran esfuerzo que tenemos que realizar para adaptarnos a las constantes reformas. El problema es que se trata de un modelo agotado.
Ha habido muchos cambios como la elevación de la cuantía para recurrir.
Es hora de que nos sentemos y hagamos autocrítica de lo que va bien y lo que va mal.
"No veo el beneficio de suprimir los colegios"
La nueva ley de servicios profesionales podría dejar a salvo la colegiación obligatoria para abogados y médicos, según ha podido saber CincoDías.
"Espero que así sea", reconoce el presidente de los abogados, Carlos Carnicer, aunque "sin lugar a dudas" le gustaría también que se extendiese al resto de profesionales.
Advierte que los colegios profesionales son organizaciones de Administración pública corporativa que sirven para regular y ordenan las profesiones, por tanto no entiende "esa furia hacia todos los colegios profesionales cuando cumplen un papel también muy importante en la formación y en el reciclaje de los profesionales".
"No veo el beneficio económico que puede traer la supresión de colegios profesionales", puntualiza también como presidente de la Unión Profesional.
Respecto a la situación económica que están viviendo los abogados asegura que pocas han sido las áreas donde ha habido beneficio.
"Se ha notado una mayor demanda en la reducción de honorarios y un incremento de los impagos, a lo que también se ha unido una caída de asuntos", aclara, pero le consta que "la abogacía está reteniendo más empleo que la media" porque la relación con el cliente se basa en el principio de confianza.
"Por lo menos, se están manteniendo los puestos de trabajo y no asistimos a más cierres de despachos algo que ocurrió al inicio".
Perfil: Aragonés
-Estudios: licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1971) y pasantía en el despacho de José Luis Espinosa.
-Presidente de los abogados y profesionales: en 2001 fue elegido presidente del CGAE, reelegido en 2006 y el 14 de enero de 2011. Preside también la Unión Profesional.
-Consejo de Estado: miembro nato del Consejo de Estado y ponente de la reforma constitucional por encargo del presidente del Gobierno.
La violencia de género se dispara en 2011: una víctima cada cuatro días
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201102241834-violencia-genero-dispara-2011-victima-cont.html
La violencia de género se dispara en 2011: 1 víctima cada 4 días.
13 mujeres han muerto a manos de sus parejas, lo que sitúa la cifra de víctimas en los niveles más altos a estas alturas de año desde que hay registros.
Sólo 2006 y 2007 fueron años igual de trágicos.
Emelia Viaña/Qué.es 24 de febrero de 2011 .
Son más del doble de las mujeres asesinadas en esta misma fecha en 2010 y no hay ninguna razón que lo explique.
"No se puede decir que algo no esté funcionando", afirma Susana Enciso, psicóloga de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. ¿Entonces qué pasa?
Sólo 2 de las 13 mujeres asesinadas denunciaron a su pareja y obtuvieron una orden de alejamiento respecto de ella.
Una de ellas, la última asesinada en Reus, pidió más tarde que revocarán esa orden y vivía con su maltratador.
Lo poco que se denuncia, el miedo de las víctimas y la tardanza en la actuación de las instituciones explican en parte lo que está pasando, pero sólo en parte, porque son factores que también estaban presentes el año pasado y a estas alturas había 6 victimas por las 13 actuales.
Y quizá ese sea uno de los problemas más frustrantes.
Que un año haya más víctimas y otros haya menos se debe en muchos casos a factores aleatorios. "No hay nada coyuntural, no se puede achacar a nada", dice Susana Enciso.
¿Cómo son la víctimas?
Casi el 30% trabaja y 1/3 de las mujeres asesinadas ha sufrido maltrato.1.- Un 75% de las mujeres muertas eran españolas,
2.- la mayoría no denunciaron (1 solo denuncio a su pareja y solo 1 tenia una orden de
alejamiento)
3.- en un porcentaje bastante alto todavía vivían con su asesino. 7 de las victimas de este año
vivian con sus pareja
Ese es el perfil de las 13 mujeres fallecidas este año.
En cuanto a la edad de las víctimas, el abanico abarca desde los 21 a más de 65 años, por lo que no se puede definir una edad determinada. Además, algunas eran madres y otras no.
La comunidad que ha registrado más víctimas es Andalucía, con 4, seguida de Cataluña, con 2
¿Cómo son los asesinos?
También fueron en su gran mayoría españoles, aunque en este caso si se nota una mayor concentración de agresores en una franja de edad: de 35 a los 44 años. 9 de ellos tienen más de 41 años.
a.- 2 de cada 10 tenia empleo en el momento en que se cometieron el asesinato y
b.- 2 de cada 10 tienen antecedentes penales.
c.- El 70% ha sido detenido, despues de cometer el crimen.
Datos: 43 denuncias por cada 10.000 mujeres.
En 2010 más de 60.000 mujeres denunciaron a sus parejas. Además, se concedieron 9.890 ordenes de protección.
En España hay 1910 policias especializados en violencia de género. Además, hay 106 juzgados específicos.
En 2010 habia 5.058 hombres encarcelados por este delito. A 759 extranjeras les dieron la residencia por ser victimas.
En la última década las muertes por violencia machista han crecido un 17´65 %. Más de 600 mujeres han muerto.
La violencia de género se dispara en 2011: 1 víctima cada 4 días.
13 mujeres han muerto a manos de sus parejas, lo que sitúa la cifra de víctimas en los niveles más altos a estas alturas de año desde que hay registros.
Sólo 2006 y 2007 fueron años igual de trágicos.
Emelia Viaña/Qué.es 24 de febrero de 2011 .
Son más del doble de las mujeres asesinadas en esta misma fecha en 2010 y no hay ninguna razón que lo explique.
"No se puede decir que algo no esté funcionando", afirma Susana Enciso, psicóloga de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. ¿Entonces qué pasa?
Sólo 2 de las 13 mujeres asesinadas denunciaron a su pareja y obtuvieron una orden de alejamiento respecto de ella.
Una de ellas, la última asesinada en Reus, pidió más tarde que revocarán esa orden y vivía con su maltratador.
Lo poco que se denuncia, el miedo de las víctimas y la tardanza en la actuación de las instituciones explican en parte lo que está pasando, pero sólo en parte, porque son factores que también estaban presentes el año pasado y a estas alturas había 6 victimas por las 13 actuales.
Y quizá ese sea uno de los problemas más frustrantes.
Que un año haya más víctimas y otros haya menos se debe en muchos casos a factores aleatorios. "No hay nada coyuntural, no se puede achacar a nada", dice Susana Enciso.
¿Cómo son la víctimas?
Casi el 30% trabaja y 1/3 de las mujeres asesinadas ha sufrido maltrato.1.- Un 75% de las mujeres muertas eran españolas,
2.- la mayoría no denunciaron (1 solo denuncio a su pareja y solo 1 tenia una orden de
alejamiento)
3.- en un porcentaje bastante alto todavía vivían con su asesino. 7 de las victimas de este año
vivian con sus pareja
Ese es el perfil de las 13 mujeres fallecidas este año.
En cuanto a la edad de las víctimas, el abanico abarca desde los 21 a más de 65 años, por lo que no se puede definir una edad determinada. Además, algunas eran madres y otras no.
La comunidad que ha registrado más víctimas es Andalucía, con 4, seguida de Cataluña, con 2
¿Cómo son los asesinos?
También fueron en su gran mayoría españoles, aunque en este caso si se nota una mayor concentración de agresores en una franja de edad: de 35 a los 44 años. 9 de ellos tienen más de 41 años.
a.- 2 de cada 10 tenia empleo en el momento en que se cometieron el asesinato y
b.- 2 de cada 10 tienen antecedentes penales.
c.- El 70% ha sido detenido, despues de cometer el crimen.
Datos: 43 denuncias por cada 10.000 mujeres.
En 2010 más de 60.000 mujeres denunciaron a sus parejas. Además, se concedieron 9.890 ordenes de protección.
En España hay 1910 policias especializados en violencia de género. Además, hay 106 juzgados específicos.
En 2010 habia 5.058 hombres encarcelados por este delito. A 759 extranjeras les dieron la residencia por ser victimas.
En la última década las muertes por violencia machista han crecido un 17´65 %. Más de 600 mujeres han muerto.
Navarra: Aprobado el dictamen de la ley foral sobre custodia de los hijos.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=703774
Aprobado el dictamen de la ley foral sobre custodia, enmendada por UPN y PSN(Navarra)
Pamplona, 24 feb 2011(EFE).-
La Comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy el dictamen de la proposición de ley foral sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, que había sido presentada por IUN-NEB y que ha sido ampliamente enmendada por UPN y PSN.
Tras las modificaciones introducidas a partir de las enmiendas aprobadas a iniciativa de UPN y PSN, el objeto de la proposición de ley se reduce a "regular el régimen de la guarda y custodia de los hijos menores de edad", señala el Parlamento de Navarra en un comunicado.
A tal fin, para que la decisión que se tome sobre la custodia atienda al interés superior de los hijos menores y a la "igualdad" de los progenitores, "se adoptarán las medidas necesarias y se facilitará el acuerdo de aquellos a través de la mediación familiar".
Con esta nueva redacción se pretende "corregir la problemática" que actualmente se plantea ante la "excepcionalidad" que supone asistir a la custodia compartida en los casos en que "no existe acuerdo" entre los padres, señala el Parlamento de Navarra.
Por el contrario, no se considera "procedente ni necesario" abordar una "regulación completa de las relaciones familiares y de todo el Derecho de Familia", tal y como se planteaba a juicio de UPN y PSN en siete de los nueve artículos restantes del texto original.
Estos artículos han sido eliminados a través de una enmienda de supresión de regionalistas y socialistas a la que se han opuesto NaBai, CDN e IUN-NEB.
En lo concerniente a la mediación familiar y tras las variaciones introducidas por una enmienda de modificación de UPN y PSN, se dispone que los padres podrán someter "voluntariamente" sus discrepancias a dicho arbitraje e igualmente el juez podrá proponer una solución de mediación en caso de "demanda judicial".
Para ello, el Gobierno de Navarra facilitará un servicio de mediación familiar "público e imparcial", de modo que quede garantizado dicho servicio en la Comunidad Foral.
A su vez, la ley introduce una mínima regulación tendente a considerar las custodias compartida e individual en un plano de "igualdad", dejando que sea el juez el encargado de decidir cuál es la más idónea en cada caso concreto, aunque dando prioridad al interés de los hijos menores o incapacitados y conciliando, cuando sea posible, los deseos de los padres.
La ley estipula que, si se decide la custodia individual, el otro progenitor deberá tener garantizado el ejercicio de las facultades y deberes propios de la patria potestad que tenga atribuidos conforme a la Ley de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra.
No obstante, no procederá la atribución de la guarda y custodia, ni individual ni compartida, cuando se esté incurso en un proceso penal o existan "indicios fundados de criminalidad o violencia doméstica o de género".
Las medidas adoptadas en estos 2 supuestos serán revisables una vez que la resolución adquiera firmeza.
Tampoco procede la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas con anterioridad, tal y como postulaba el texto original, salvo en el modo y la forma que contemple la legislación en vigor.
Finalmente, la ley señala que en el plazo de 1 año desde su entrada en vigor, y previo informe del Consejo Asesor de Derecho Civil Foral, el Ejecutivo Foral presentará ante el Parlamento un proyecto de Ley de modificación del Fuero Nuevo de Navarra en materia de Derecho de Familia.
Se entiende que la custodia de los hijos y otras cuestiones conexas deben estar integradas en el Fuero Nuevo, que a su vez necesita adaptar la regulación del Derecho de Familia "a los nuevos tiempos".
Además, en el plazo de 6 meses el Gobierno de Navarra deberá aprobar un decreto foral para regular la "organización, funcionamiento, competencias y atribuciones de los servicios de mediación familiar".
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicará lo dispuesto al respecto en el Código Civil.
Durante el debate efectuado en comisión se han discutido 55 enmiendas, 30 de ellas de NaBai y 14 de CDN, que han sido rechazadas, y se han aprobado 11, todas ellas de UPN y PSN.
Las enmiendas presentadas por NaBai y CDN iban en la línea planteada por IUN-NEB en el sentido de reconocer la custodia compartida como modelo preferente.
Aprobado el dictamen de la ley foral sobre custodia, enmendada por UPN y PSN(Navarra)
Pamplona, 24 feb 2011(EFE).-
La Comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy el dictamen de la proposición de ley foral sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, que había sido presentada por IUN-NEB y que ha sido ampliamente enmendada por UPN y PSN.
Tras las modificaciones introducidas a partir de las enmiendas aprobadas a iniciativa de UPN y PSN, el objeto de la proposición de ley se reduce a "regular el régimen de la guarda y custodia de los hijos menores de edad", señala el Parlamento de Navarra en un comunicado.
A tal fin, para que la decisión que se tome sobre la custodia atienda al interés superior de los hijos menores y a la "igualdad" de los progenitores, "se adoptarán las medidas necesarias y se facilitará el acuerdo de aquellos a través de la mediación familiar".
Con esta nueva redacción se pretende "corregir la problemática" que actualmente se plantea ante la "excepcionalidad" que supone asistir a la custodia compartida en los casos en que "no existe acuerdo" entre los padres, señala el Parlamento de Navarra.
Por el contrario, no se considera "procedente ni necesario" abordar una "regulación completa de las relaciones familiares y de todo el Derecho de Familia", tal y como se planteaba a juicio de UPN y PSN en siete de los nueve artículos restantes del texto original.
Estos artículos han sido eliminados a través de una enmienda de supresión de regionalistas y socialistas a la que se han opuesto NaBai, CDN e IUN-NEB.
En lo concerniente a la mediación familiar y tras las variaciones introducidas por una enmienda de modificación de UPN y PSN, se dispone que los padres podrán someter "voluntariamente" sus discrepancias a dicho arbitraje e igualmente el juez podrá proponer una solución de mediación en caso de "demanda judicial".
Para ello, el Gobierno de Navarra facilitará un servicio de mediación familiar "público e imparcial", de modo que quede garantizado dicho servicio en la Comunidad Foral.
A su vez, la ley introduce una mínima regulación tendente a considerar las custodias compartida e individual en un plano de "igualdad", dejando que sea el juez el encargado de decidir cuál es la más idónea en cada caso concreto, aunque dando prioridad al interés de los hijos menores o incapacitados y conciliando, cuando sea posible, los deseos de los padres.
La ley estipula que, si se decide la custodia individual, el otro progenitor deberá tener garantizado el ejercicio de las facultades y deberes propios de la patria potestad que tenga atribuidos conforme a la Ley de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra.
No obstante, no procederá la atribución de la guarda y custodia, ni individual ni compartida, cuando se esté incurso en un proceso penal o existan "indicios fundados de criminalidad o violencia doméstica o de género".
Las medidas adoptadas en estos 2 supuestos serán revisables una vez que la resolución adquiera firmeza.
Tampoco procede la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas con anterioridad, tal y como postulaba el texto original, salvo en el modo y la forma que contemple la legislación en vigor.
Finalmente, la ley señala que en el plazo de 1 año desde su entrada en vigor, y previo informe del Consejo Asesor de Derecho Civil Foral, el Ejecutivo Foral presentará ante el Parlamento un proyecto de Ley de modificación del Fuero Nuevo de Navarra en materia de Derecho de Familia.
Se entiende que la custodia de los hijos y otras cuestiones conexas deben estar integradas en el Fuero Nuevo, que a su vez necesita adaptar la regulación del Derecho de Familia "a los nuevos tiempos".
Además, en el plazo de 6 meses el Gobierno de Navarra deberá aprobar un decreto foral para regular la "organización, funcionamiento, competencias y atribuciones de los servicios de mediación familiar".
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicará lo dispuesto al respecto en el Código Civil.
Durante el debate efectuado en comisión se han discutido 55 enmiendas, 30 de ellas de NaBai y 14 de CDN, que han sido rechazadas, y se han aprobado 11, todas ellas de UPN y PSN.
Las enmiendas presentadas por NaBai y CDN iban en la línea planteada por IUN-NEB en el sentido de reconocer la custodia compartida como modelo preferente.
jueves, 24 de febrero de 2011
La Princesa Letizia no puede conciliar la Vida Familiar y la Laboral
http://es.noticias.yahoo.com/8/20110224/tcb-por-que-dona-letizia-no-volvera-a-qu-ac4d085.html
¿Por qué Doña Letizia no volverá a quedarse embarazada?
Jueves, 24 de Febrero de 2011
La revista 'Qué Me Dices!' ha publicado una noticia que traerá mucha cola en la prensa del colorín este año: los Príncipes de Asturias no quieren tener más hijos.
Las razones esgrimidas son peculiares, incluso histriónicas.
Con 2 hijas, las infantas Leonor y Sofía, los herederos al trono han comentado en muchas ocasiones que la "sucesión está garantizada".
No obstante, parece que quieren evitar a toda costa la reforma constitucional que podría producirse si tuvieran un bebé varón.
En este punto los 2 principales partidos, PSOE y PP, están de acuerdo, aunque 'tocar' la Carta Magna siempre es un asunto delicado.
En la actualidad, el artículo 57.1 de la Constitución Española dice lo siguiente:
"La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos".
Las 2 niñas son mucho trabajo
Sin embargo, esta excusa para que Don Felipe y Doña Letizia no tengan una familia numerosa, que sería la más lógica, no es la única que se baraja.
Ni, por supuesto, la que ellos revelan.
Según 'Qué Me Dices!', el "círculo más íntimo" de la princesa asegura que 2 niñas dan demasiado trabajo para plantearse más descendencia, aunque "la pareja puede cambiar de opinión en cualquier momento".
El segundo argumento que aporta la publicación es que después de 2 cesáreas los embarazos siempre son de alto riesgo, lo que muchos expertos rebaten recomendando que entre parto y parto haya una recuperación de 6 meses.
Eso sí, la Infanta Elena, que tuvo a sus hijos Froilán y Victoria también por cesárea, sufrió en 2003 un aborto espontáneo en el 4º mes de su 3º embarazo.
Otra versión más polémica
Hasta aquí la versión que da "el círculo íntimo" de Doña Letizia sobre su negativa a tener descendencia es normal.
Lo increíble es que la 3ª hipótesis sostiene que se habría operado el pecho y que, por tanto, sería una prueba concluyente para determinar que no volverá a ser madre.
¿Quizás porque no podría dar de mamar a los niños? Las fuentes no van más allá.
Los médicos a los que ha consultado 'Qué Me Dices!' afirman que la ex periodista se ha operado el pecho. Sólo uno de ellos matiza:
"Resulta casi evidente, pero hay maneras de lograr ese efecto".
Esas "maneras" son las que citan la mayoría de medios, que aseguran que Doña Letizia utilizó un sujetador con relleno en su reciente visita a la feria ARCO, en Madrid.
Al margen de tantas especulaciones, lo único que los Príncipes reconocieron en su día, cuando Don Felipe hizo la pedida de mano oficial delante de la prensa, es que querían tener "más de 3 niños y menos de 5".
Ahora bien, esa posibilidad pierde fuerza, teniendo en cuenta que ella cumplirá el próximo 15 de septiembre 39 años.
Las víctimas de violencia de género tendrán derecho a la jubilación anticipada
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/23/espana/1298475597.html
PENSIONES: Anteproyecto de ley.
Las víctimas de violencia de género tendrán derecho a la jubilación anticipada
Efe/Madrid/ miércoles 23/02/2011
El ser una víctima de violencia de género también se tendrá en cuenta para que las trabajadoras puedan acceder a los 61 años a la jubilación anticipada por una situación de crisis de la empresa, según el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones.
El "Anteproyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social" establece que a la jubilación anticipada se podrá acceder por 2 vías:
a.- de forma voluntaria o
b.- por cese en el trabajo no imputable al asalariado.
Causas involuntarias
En el caso de la marcha involuntaria habrá que tener 61 años, estar inscrito como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación y haber cotizado durante 33 años a la Seguridad Social.
Además, el cese en el trabajo debe ser consecuencia de una situación de crisis o de cierre de la empresa, que impida la continuidad de la relación laboral.
A estos efectos las causas de extinción del contrato que darán derecho al acceso a la jubilación anticipada serán:
1.- despido colectivo por causas económicas,
2.- despido objetivo por causas económicas,
3.- extinción del contrato por resolución judicial,
4.- muerte, jubilación, incapacidad del empresario individual o
5.- por causa mayor.
Asimismo, la extinción de la relación laboral consecuencia de la violencia de género también dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada, según el anteproyecto.
Aunque la jubilación anticipada no haya sido solicitada por el trabajador, vendrá acompañada de coeficientes reductores que se aplicarán a la cuantía de la pensión a percibir (del 1,875% por cada trimestre que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, que en 2027 será de 67 años).
Jubilación voluntaria
Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, habrá que tener 63 años de edad y una carrera de cotización mínima de 33 años.
El anteproyecto además fija que el importe de la pensión a percibir deberá ser "superior al 125% de la cuantía de la pensión mínima que hubiere correspondido al interesado por su situación familiar y edad".
En caso contrario, se precisa, no se podrá acceder a esta modalidad de jubilación anticipada.
Los becarios cotizan
Otra novedad que se introduce en la reforma, que entrará en vigor en 2013 y se implantará paulatinamente hasta el 2027, es que los becarios podrán cotizar, por un máximo de 2 años, por esa actividad de formación.
Cuando entre en vigor la reforma, los menores de 32 años podrán sumar 2 años de cotización por participar en programas de formación financiados por organismos o entidades públicas o privadas que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven prestación económica para los afectados.
Según el texto del anteproyecto, los becarios sólo podrán sumar esos 2 años siempre y cuando los programas hayan sido realizados cuatro años antes de la entrada en vigor de la reforma.
Para que puedan cotizar por dicha actividad deberán firmar, por una única vez, un convenio especial con la Seguridad Social.
PENSIONES: Anteproyecto de ley.
Las víctimas de violencia de género tendrán derecho a la jubilación anticipada
Efe/Madrid/ miércoles 23/02/2011
El ser una víctima de violencia de género también se tendrá en cuenta para que las trabajadoras puedan acceder a los 61 años a la jubilación anticipada por una situación de crisis de la empresa, según el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones.
El "Anteproyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social" establece que a la jubilación anticipada se podrá acceder por 2 vías:
a.- de forma voluntaria o
b.- por cese en el trabajo no imputable al asalariado.
Causas involuntarias
En el caso de la marcha involuntaria habrá que tener 61 años, estar inscrito como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación y haber cotizado durante 33 años a la Seguridad Social.
Además, el cese en el trabajo debe ser consecuencia de una situación de crisis o de cierre de la empresa, que impida la continuidad de la relación laboral.
A estos efectos las causas de extinción del contrato que darán derecho al acceso a la jubilación anticipada serán:
1.- despido colectivo por causas económicas,
2.- despido objetivo por causas económicas,
3.- extinción del contrato por resolución judicial,
4.- muerte, jubilación, incapacidad del empresario individual o
5.- por causa mayor.
Asimismo, la extinción de la relación laboral consecuencia de la violencia de género también dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada, según el anteproyecto.
Aunque la jubilación anticipada no haya sido solicitada por el trabajador, vendrá acompañada de coeficientes reductores que se aplicarán a la cuantía de la pensión a percibir (del 1,875% por cada trimestre que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, que en 2027 será de 67 años).
Jubilación voluntaria
Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, habrá que tener 63 años de edad y una carrera de cotización mínima de 33 años.
El anteproyecto además fija que el importe de la pensión a percibir deberá ser "superior al 125% de la cuantía de la pensión mínima que hubiere correspondido al interesado por su situación familiar y edad".
En caso contrario, se precisa, no se podrá acceder a esta modalidad de jubilación anticipada.
Los becarios cotizan
Otra novedad que se introduce en la reforma, que entrará en vigor en 2013 y se implantará paulatinamente hasta el 2027, es que los becarios podrán cotizar, por un máximo de 2 años, por esa actividad de formación.
Cuando entre en vigor la reforma, los menores de 32 años podrán sumar 2 años de cotización por participar en programas de formación financiados por organismos o entidades públicas o privadas que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven prestación económica para los afectados.
Según el texto del anteproyecto, los becarios sólo podrán sumar esos 2 años siempre y cuando los programas hayan sido realizados cuatro años antes de la entrada en vigor de la reforma.
Para que puedan cotizar por dicha actividad deberán firmar, por una única vez, un convenio especial con la Seguridad Social.
El PP pedirá que la custodia compartida sea el régimen preferente en los divorcios
http://www.granadahoy.com/article/granada/912416/pp/pedira/la/custodia/compartida/sea/regimen/preferente/los/divorcios.html
El PP pedirá que la custodia compartida sea el régimen preferente en los divorcios
Los populares presentarán mociones en los municipios donde tengan representación
Redacción / Granada / 24.02.2011
El PP defenderá en los municipios de la provincia de Granada donde tiene representación que la custodia compartida sea el régimen preferente en los casos de separación o divorcio.
Así lo hizo público ayer la diputada provincial del PP Carmen López Nieto quien explicó que los populares adoptarán esta medida después de que el pleno de la Diputación aprobara por unanimidad la propuesta presentada por el PP y que se ratificó en una declaración institucional.
"La propuesta de acuerdo, firmada por PP, PSOE e IU, insta al Gobierno de la Nación a promover las oportunas modificaciones legislativas con el objeto de considerar la custodia compartida como régimen preferente en los supuestos de separación o divorcio, como apuesta por la igualdad efectiva, por la distribución de responsabilidades y por las tareas en el matrimonio y una vez terminado el mismo, en defensa del interés superior del menor con exclusión expresa en situaciones de violencia de género", informó López Nieto.
Por su parte, el presidente de la Asociación por la Custodia Compartida en Granada, José Cervilla, felicitó el consenso alcanzado en la Diputación y aseguró que es una decisión "feliz" para miles de padres, madres e hijos.
Cervilla habló de la situación de los menores tras un divorcio o separación como un problema social y familiar, que afecta en Andalucía a 20.000 familias, 4.000 de las cuales corresponden a Granada.
"Hablamos de casos trágicos si después de una ruptura matrimonial no hay una salida firme para los menores, que puede crear precariedad en la educación de nuestros hijos", explicó José Cervilla.
El PP pedirá que la custodia compartida sea el régimen preferente en los divorcios
Los populares presentarán mociones en los municipios donde tengan representación
Redacción / Granada / 24.02.2011
El PP defenderá en los municipios de la provincia de Granada donde tiene representación que la custodia compartida sea el régimen preferente en los casos de separación o divorcio.
Así lo hizo público ayer la diputada provincial del PP Carmen López Nieto quien explicó que los populares adoptarán esta medida después de que el pleno de la Diputación aprobara por unanimidad la propuesta presentada por el PP y que se ratificó en una declaración institucional.
"La propuesta de acuerdo, firmada por PP, PSOE e IU, insta al Gobierno de la Nación a promover las oportunas modificaciones legislativas con el objeto de considerar la custodia compartida como régimen preferente en los supuestos de separación o divorcio, como apuesta por la igualdad efectiva, por la distribución de responsabilidades y por las tareas en el matrimonio y una vez terminado el mismo, en defensa del interés superior del menor con exclusión expresa en situaciones de violencia de género", informó López Nieto.
Por su parte, el presidente de la Asociación por la Custodia Compartida en Granada, José Cervilla, felicitó el consenso alcanzado en la Diputación y aseguró que es una decisión "feliz" para miles de padres, madres e hijos.
Cervilla habló de la situación de los menores tras un divorcio o separación como un problema social y familiar, que afecta en Andalucía a 20.000 familias, 4.000 de las cuales corresponden a Granada.
"Hablamos de casos trágicos si después de una ruptura matrimonial no hay una salida firme para los menores, que puede crear precariedad en la educación de nuestros hijos", explicó José Cervilla.
PSOE y PP rechazan que la entrega del piso salde la deuda hipotecaria
http://www.cincodias.com/articulo/economia/PSOE-PP-rechazan-entrega-piso-salde-deuda-hipotecaria/20110224cdscdieco_7/
Proposición de ley de IU-ICV
PSOE y PP rechazan que la entrega del piso salde la deuda hipotecaria
El PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar una proposición de ley de IU-ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que, con la entrega de la vivienda, sea suficiente para cancelar el préstamo.
Un juez pide que el TC intervenga
Cinco Días - Madrid - 24/02/2011
Ambas formaciones aseguraron que la iniciativa, que también demandaba el reconocimiento del derecho subjetivo y "judicialmente exigible" de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también esgrimieron CiU y PNV para justificar su abstención.
La iniciativa, derrotada por 320 votos en contra, 8 a favor y 9 abstenciones, contemplaba también la:
1.- "prohibición de cláusulas abusivas" en los contratos,
2.- como la imposición de intereses "moratorios" superiores a los "remuneratorios",
3.- los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y
4.- la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
En este sentido, Adicae denunció ayer que miles de consumidores están pagando en su hipoteca un tipo de interés un 250% superior al que correspondería legalmente a causa de las cláusulas suelo de los créditos a la vivienda, según informó en un comunicado.
La asociación explicó que la documentación de los contratos ha puesto de manifiesto que muchas entidades fijaron cláusulas suelo del 5%, por lo que los hipotecados no se han beneficiado de la bajada del euríbor y están pagando tipos de interés muy elevados.
Hasta en un 50% de los casos ese suelo está fijado en niveles superiores al 3,5%, asegura esta asociación.
Un juez pide que el TC intervenga
El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sabadell (Barcelona) ha pedido al Tribunal Constitucional que analice la posible inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias, ya que estos procesos impiden analizar la posible nulidad de esos préstamos o su potencial "carácter abusivo".
En su auto, el juez Guillem Soler critica que estos procedimientos no permitan un análisis judicial de las circunstancias en las que se suscribió el contrato, ya que se debe proceder "de modo automático a la subasta del bien inmueble, aunque se trate de la vivienda habitual del ejecutado".
Proposición de ley de IU-ICV
PSOE y PP rechazan que la entrega del piso salde la deuda hipotecaria
El PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar una proposición de ley de IU-ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que, con la entrega de la vivienda, sea suficiente para cancelar el préstamo.
Un juez pide que el TC intervenga
Cinco Días - Madrid - 24/02/2011
Ambas formaciones aseguraron que la iniciativa, que también demandaba el reconocimiento del derecho subjetivo y "judicialmente exigible" de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también esgrimieron CiU y PNV para justificar su abstención.
La iniciativa, derrotada por 320 votos en contra, 8 a favor y 9 abstenciones, contemplaba también la:
1.- "prohibición de cláusulas abusivas" en los contratos,
2.- como la imposición de intereses "moratorios" superiores a los "remuneratorios",
3.- los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y
4.- la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
En este sentido, Adicae denunció ayer que miles de consumidores están pagando en su hipoteca un tipo de interés un 250% superior al que correspondería legalmente a causa de las cláusulas suelo de los créditos a la vivienda, según informó en un comunicado.
La asociación explicó que la documentación de los contratos ha puesto de manifiesto que muchas entidades fijaron cláusulas suelo del 5%, por lo que los hipotecados no se han beneficiado de la bajada del euríbor y están pagando tipos de interés muy elevados.
Hasta en un 50% de los casos ese suelo está fijado en niveles superiores al 3,5%, asegura esta asociación.
Un juez pide que el TC intervenga
El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sabadell (Barcelona) ha pedido al Tribunal Constitucional que analice la posible inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias, ya que estos procesos impiden analizar la posible nulidad de esos préstamos o su potencial "carácter abusivo".
En su auto, el juez Guillem Soler critica que estos procedimientos no permitan un análisis judicial de las circunstancias en las que se suscribió el contrato, ya que se debe proceder "de modo automático a la subasta del bien inmueble, aunque se trate de la vivienda habitual del ejecutado".
¿Para que sirven los Colegios Profesionales? Los antiguos Gremios.....
http://www.cincodias.com/articulo/economia/colegiacion-obligatoria-reducira-medicos-abogados/20110224cdscdieco_10/
La colegiación obligatoria se reducirá a médicos y abogados.
El borrador de la ley de servicios profesionales liberaliza 150 actividades.
Los profesionales dudan de que la nueva ley se apruebe esta legislatura
B. G. / N. S. - Madrid - 24/02/2011
El Gobierno quiere reducir las barreras de entrada a determinadas actividades profesionales y las obligaciones de colegiación en múltiples disciplinas porque está convencido de que la regulación actual "genera distorsiones" y lastra la dinamización.
Solo 2 sectores se librarán de la corriente liberalizadora, el sanitario y jurídico, para cuyos profesionales se mantendrá la colegiación obligatoria con carácter general.
Al menos esto se desprende de un documento con el que trabaja el Ministerio de Economía previo al anteproyecto de ley de servicios profesionales y al que ha tenido acceso CincoDías.
Según esta fuente, las obligaciones de colegiación se circunscribirán exclusivamente a estos 2 ámbitos y en el resto pasará a ser a voluntad del profesional.
Además, con carácter general, será voluntario también pertenecer al colegio a los trabajadores en exclusiva para el sector público.
Médicos y abogados están presionando al Ministerio de Economía para que les tenga más en cuenta como interlocutores en la elaboración de la nueva regulación y para mantener la colegiación obligatoria en sus disciplinas como garante de las buenas prácticas de los profesionales.
Fuentes jurídicas han explicado que el Gobierno ha incumplido los plazos previstos para sacar adelante esta ley y dudan de que esto pueda suceder en la presente legislatura.
El Gobierno pretende reducir también con la ley de servicios profesionales "reducir significativamente" las profesiones que tienen reservas de actividad, es decir, que solo quien posee una determinada cualificación puede prestar determinados servicios.
Hasta el momento, se han identificado 192 profesiones con restricciones a la actividad, que con la nueva ley quedarían reducidas a medio centenar.
En las profesiones sanitarias se mantendría la actual disposición en cuanto a reservas, "sin perjuicio de algunos ajustes concretos", según el documento.
También puede haber retoques en las profesiones jurídicas, pero en este sector no se sabe a ciencia cierta qué planes tiene el Ministerio de Economía.
En el mundo de la abogacía defienden que la labor que realizan los abogados exige una formación específica.
En el caso de las profesiones técnicas, todo apunta a cambios importantes en el cuadro de las ingenierías.
Economía cree que la existencia en España de 17 ramas de ingeniería con reservas de actividad (minas, industriales, etc.) "son una anomalía en el contexto europeo".
La propuesta que se plantea es que cualquier ingeniero "tendrá reconocidas facultades para realizar cuantas funciones le atribuya la normativa vigente de cualquier rama" de esta profesión.
Ingenieros
En el caso de los ingenieros, el documento considera que la falta de flexibilidad del modelo actual "segmenta artificialmente el mercado y frena la capacidad de atender las necesidades de la economía".
Además, esta regulación da pie a una "gran conflictividad" entre las corporaciones colegiales y llega incluso a paralizar proyectos.
Fuentes consultadas dudan de que la eliminación de las reservas de actividad y voluntariedad de la colegiación sean una fuente apreciable de puestos de trabajo.
No obstante, se mantendrán las reservas de actividad en las profesiones relacionadas con la seguridad y las derivadas de normativa nacional o internacional, especialmente en lo que se refiere al ámbito del transporte.
El Gobierno confía en que la ley de servicios profesionales tendrá efectos liberalizadores sobre un 30% de los licenciados.
Se busca superar las exigencias de titulaciones corporativas en cada una de las profesiones, dijo el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui.
El sector sanitario presiona en el Congreso
Los presidentes de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, y del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, se reunieron ayer con Josep Antoni Duran i Lleida, presidente y portavoz de CiU, para reclamar el papel regulador de estos organismos y la colegiación obligatoria para ambos colectivos.
Los médicos y enfermeros consideran que España debe erigirse como el modelo de los países desarrollados y reclamar la colegiación obligatoria "de todos los profesionales".
Desde su punto de vista, "existe la necesidad de que las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros ejerzan su rol de órgano regulador con todo el universo profesional sin excepciones".
En este sentido, Rodríguez Sendín y González Jurado destacaron su preocupación porque, a día de hoy, en España se desconoce la realidad internacional de los colegios profesionales, que son los órganos que regulan las profesiones, los que deciden cuáles son las buenas prácticas profesionales y determinan dónde están los límites, poniendo siempre la seguridad del paciente por delante de los intereses del propio profesional.
Junto a esto, también consideran "imprescindible" la creación del registro de profesionales en dichas organizaciones, tal y como establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la puesta en marcha de una evaluación de la competencia a través de la recertificación de los profesionales y la obligatoriedad del cumplimiento de las normas deontológicas para todos los profesionales.
Por su parte, los parlamentarios de CiU se mostraron interesados en la cumbre internacional de médicos y enfermeros, que se celebrará en Madrid durante el próximo 15 de abril y en la que participaran los órganos reguladores de ambas profesiones de todo el mundo.
Tanto enfermeros como médicos asumen el Pacto de Estado para la Sanidad con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud y la seguridad del paciente, velando, sobre todo, por la competencia de estos colectivos, y garantizando las buenas prácticas profesionales.
La cifra: 30 % es el porcentaje de licenciados sobre los que tendrá efectos la ley de servicios profesionales, según el Gobierno.
192 profesiones tienen reservas de actividad, es decir, tienen condicionado su desempeño a tener una titulación concreta.
La colegiación obligatoria se reducirá a médicos y abogados.
El borrador de la ley de servicios profesionales liberaliza 150 actividades.
Los profesionales dudan de que la nueva ley se apruebe esta legislatura
B. G. / N. S. - Madrid - 24/02/2011
El Gobierno quiere reducir las barreras de entrada a determinadas actividades profesionales y las obligaciones de colegiación en múltiples disciplinas porque está convencido de que la regulación actual "genera distorsiones" y lastra la dinamización.
Solo 2 sectores se librarán de la corriente liberalizadora, el sanitario y jurídico, para cuyos profesionales se mantendrá la colegiación obligatoria con carácter general.
Al menos esto se desprende de un documento con el que trabaja el Ministerio de Economía previo al anteproyecto de ley de servicios profesionales y al que ha tenido acceso CincoDías.
Según esta fuente, las obligaciones de colegiación se circunscribirán exclusivamente a estos 2 ámbitos y en el resto pasará a ser a voluntad del profesional.
Además, con carácter general, será voluntario también pertenecer al colegio a los trabajadores en exclusiva para el sector público.
Médicos y abogados están presionando al Ministerio de Economía para que les tenga más en cuenta como interlocutores en la elaboración de la nueva regulación y para mantener la colegiación obligatoria en sus disciplinas como garante de las buenas prácticas de los profesionales.
Fuentes jurídicas han explicado que el Gobierno ha incumplido los plazos previstos para sacar adelante esta ley y dudan de que esto pueda suceder en la presente legislatura.
El Gobierno pretende reducir también con la ley de servicios profesionales "reducir significativamente" las profesiones que tienen reservas de actividad, es decir, que solo quien posee una determinada cualificación puede prestar determinados servicios.
Hasta el momento, se han identificado 192 profesiones con restricciones a la actividad, que con la nueva ley quedarían reducidas a medio centenar.
En las profesiones sanitarias se mantendría la actual disposición en cuanto a reservas, "sin perjuicio de algunos ajustes concretos", según el documento.
También puede haber retoques en las profesiones jurídicas, pero en este sector no se sabe a ciencia cierta qué planes tiene el Ministerio de Economía.
En el mundo de la abogacía defienden que la labor que realizan los abogados exige una formación específica.
En el caso de las profesiones técnicas, todo apunta a cambios importantes en el cuadro de las ingenierías.
Economía cree que la existencia en España de 17 ramas de ingeniería con reservas de actividad (minas, industriales, etc.) "son una anomalía en el contexto europeo".
La propuesta que se plantea es que cualquier ingeniero "tendrá reconocidas facultades para realizar cuantas funciones le atribuya la normativa vigente de cualquier rama" de esta profesión.
Ingenieros
En el caso de los ingenieros, el documento considera que la falta de flexibilidad del modelo actual "segmenta artificialmente el mercado y frena la capacidad de atender las necesidades de la economía".
Además, esta regulación da pie a una "gran conflictividad" entre las corporaciones colegiales y llega incluso a paralizar proyectos.
Fuentes consultadas dudan de que la eliminación de las reservas de actividad y voluntariedad de la colegiación sean una fuente apreciable de puestos de trabajo.
No obstante, se mantendrán las reservas de actividad en las profesiones relacionadas con la seguridad y las derivadas de normativa nacional o internacional, especialmente en lo que se refiere al ámbito del transporte.
El Gobierno confía en que la ley de servicios profesionales tendrá efectos liberalizadores sobre un 30% de los licenciados.
Se busca superar las exigencias de titulaciones corporativas en cada una de las profesiones, dijo el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui.
El sector sanitario presiona en el Congreso
Los presidentes de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, y del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, se reunieron ayer con Josep Antoni Duran i Lleida, presidente y portavoz de CiU, para reclamar el papel regulador de estos organismos y la colegiación obligatoria para ambos colectivos.
Los médicos y enfermeros consideran que España debe erigirse como el modelo de los países desarrollados y reclamar la colegiación obligatoria "de todos los profesionales".
Desde su punto de vista, "existe la necesidad de que las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros ejerzan su rol de órgano regulador con todo el universo profesional sin excepciones".
En este sentido, Rodríguez Sendín y González Jurado destacaron su preocupación porque, a día de hoy, en España se desconoce la realidad internacional de los colegios profesionales, que son los órganos que regulan las profesiones, los que deciden cuáles son las buenas prácticas profesionales y determinan dónde están los límites, poniendo siempre la seguridad del paciente por delante de los intereses del propio profesional.
Junto a esto, también consideran "imprescindible" la creación del registro de profesionales en dichas organizaciones, tal y como establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la puesta en marcha de una evaluación de la competencia a través de la recertificación de los profesionales y la obligatoriedad del cumplimiento de las normas deontológicas para todos los profesionales.
Por su parte, los parlamentarios de CiU se mostraron interesados en la cumbre internacional de médicos y enfermeros, que se celebrará en Madrid durante el próximo 15 de abril y en la que participaran los órganos reguladores de ambas profesiones de todo el mundo.
Tanto enfermeros como médicos asumen el Pacto de Estado para la Sanidad con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud y la seguridad del paciente, velando, sobre todo, por la competencia de estos colectivos, y garantizando las buenas prácticas profesionales.
La cifra: 30 % es el porcentaje de licenciados sobre los que tendrá efectos la ley de servicios profesionales, según el Gobierno.
192 profesiones tienen reservas de actividad, es decir, tienen condicionado su desempeño a tener una titulación concreta.
Radio On Line Divorcio, Liquidación de Bienes Gananciales y Custodia Compartida
Plataforma Padres sin Ley
c/ Benjamín Palencia,1609
* Urbanización Cerro Alberche *
45542 - El Casar de Escalona
(Toledo)
Teléfono: 925 86 31 65 * Móvil: 657 82 64 87
Página WEB: http://www.plataformapadressinley.org/
COMUNICADO:
Hola a tod@s:
En los primeros días de emisión en pruebas de PPSL RADIO, queremos deciros que está siendo todo un éxito.
La verdad no hubiéramos creído que nos escribieran desde Argentina, Venezuela y Miami, dando los ánimos que nos están dando y ayudando en hacerla más fuerte en su camino
Hemos habilitado una cuenta de Skipe expresamente para la emisora y para que cualquier persona pueda participar en ella solo tenéis que agregarnos como: ( ppslradio), para poder entrar en directo y participar directamente si así lo deseáis.
También haremos entrevistas en directo a través de Skipe si nos facilitáis algún número de teléfono fijo.
Al mismo tiempo si alguien desea que demos alguna noticia importante por la emisora puede mandarla a ppslradio@plataformapadressinley.org
De momento la dirección web de la emisora es: http://plataformapadressinley.org/radio.htm
hasta que tengamos operativa su propia web.
Saludos cordiales
Plataforma Padres sin Ley
La cara poco humana de la justicia
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cara/poco/humana/justicia/elpepisoc/20110224elpepisoc_1/Tes
La cara poco humana de la justicia:
La anticuada organización de los tribunales, el boato judicial y las rígidas estructuras explican el trato que se da a los ciudadanos
PERE RÍOS 24/02/2011
No es sencillo encontrar a una persona que no haya ido al juzgado en alguna ocasión por un accidente de tráfico, un conflicto laboral, un divorcio, a realizar cualquier gestión o a declarar en un juicio.
El trato que recibe el ciudadano en esas situaciones a menudo no solo es burocrático y frío, sino, en ocasiones, hasta despectivo.
La justicia es un servicio público más, pero sigue apareciendo como el más trasnochado y deshumanizado tras 30 años de democracia e innumerables promesas de modernización de los sucesivos Gobiernos, sean del PSOE o el PP, que no se traducen en ninguna mejora.
En 2008 hubo más de 7.000 quejas por la impuntualidad y la falta de modales.
Ya hay más reclamaciones por desatención que por lentitud judicial.
Las explicaciones a ese trato que recibe el ciudadano hay que buscarlas en la anticuada organización de los tribunales, sus rígidas estructuras y el boato judicial.
A eso hay que sumar las insuficientes reformas del proceso judicial para hacerlo más ágil y rápido, la necesidad de incorporación las nuevas tecnologías a los juzgados más allá de ordenadores que sirven para poco más que para escribir y la atención adecuada al ciudadano siguen siendo asignaturas pendientes.
Seguramente lo más preocupante de esa justicia deshumanizada es que la situación se agrava con el tiempo y que el número de pleitos España no para de aumentar.
La cifra de asuntos totales que tramita la justicia española ha pasado de 6 a 9 millones en una década y en 25 años se ha cuadruplicado la media de casos que lleva cada juez.
Es una realidad que afecta a todas las jurisdicciones y otros servicios que ofrece la justicia, como el registro civil o la celebración de matrimonios civiles, la mayoría de los cuales se celebran en los juzgados.
En 1996 fueron 44.779 y representaban el 23% del total de uniones.
En 2009, las bodas civiles superaron a las religiosas por primera vez (94.108 frente a 80.959).
La ciudadanía se queja cada vez más del trato que recibe.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 3 años casi se han triplicado las quejas relacionadas con lo que se denomina el derecho a una justicia atenta, un capítulo previsto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia promulgada en 2002 y que reconoce 41 derechos.
En 2008, último año del que se tienen datos, se contabilizaron 7.013 quejas, frente a las 4.436 del año anterior y las 2.579 del año 2006.
El derecho a la justicia atenta agrupa conceptos como:
1.- el trato recibido (las quejas aumentaron un 16%),
2.- la puntualidad de las actuaciones judiciales (se quintuplicaron),
3.- el incumplimiento del deber de identificación de los funcionarios (se multiplicó por 10) la información sobre las suspensiones de juicios, las condiciones de los juzgados, el pago de indemnizaciones a testigos o el horario de atención al público.
El Poder Judicial constata en su memoria de 2008 su preocupación y recuerda que, por primera vez, los ciudadanos se quejan más por la falta de atención que por la endémica lentitud de la justicia.
Más de 7.000 quejas por desatención no es nada comparado con los millones de usuarios que acuden cada año a los tribunales, viene a decir el CGPJ, "pero esta apreciación no resta valor a la llamada de atención que subyace en estas quejas, en la que la ciudadanía parece querer expresar que, además de tomar conciencia de la tradicional carencia de medios, existen además otros obstáculos para que la justicia sea más atenta con ellos", dice en la memoria.
"El problema es que hemos metido el siglo XVII en el ordenador y ahora lo vamos a meter en el expediente judicial digital, pero sin cambiar las normas del proceso. La mayoría de los papeles que tramita el juzgado no sirven para nada y lo que hay que hacer es eliminarlos en lugar de digitalizarlos. Tampoco existe una estructura moderna ni ágil de gestión, todo sigue siendo jerárquico y autoritario y a la gente se la sigue tratando de manera agria y destemplada en la mayoría de los casos", explica Manuela Carmena, una magistrada que se jubiló hace unas semanas a los 66 años después de 30 años en la carrera judicial y 15 de abogada.
Ahora dedica su tiempo a elaborar un blog para "reinventar la justicia", algo sobre lo que ya teorizó en 1998 en un libro.
Carmena no niega que la justicia:
1.- ha cambiado desde que hay democracia y
2.- que han desaparecido corruptelas de otros tiempos,
3.- que se han dictado leyes más ágiles en el proceso civil oral y
4.- que ahora los juicios quedan grabados.
"Pero la justicia no ha logrado ser el instrumento que precisa nuestra sociedad para resolver los conflictos que generan los deberes y derechos que a todos nos obligan. Sobran un sinfín de liturgias procesales", dice.
Y falta sentido común, pues no es razonable, por ejemplo, que un tribunal cite a 70 personas a declarar a la misma hora del mismo día (ocurrió hace años en la Audiencia de Barcelona).
O que centenares de ciudadanos pasen toda la mañana esperando a declarar y no puedan hacerlo finalmente porque el juicio se había suspendido y no se les había avisado (sucede a diario en muchos juzgados españoles).
Otra cosa es la incomprensible falta de medios, pues si cualquier persona se puede comunicar con otra de punta a punta del planeta, con o sin videocámara, no se entiende que un testigo (sea policía, perito o ciudadano), tenga que desplazarse expresamente al juzgado y esperar toda la mañana a que le llegue su turno para declarar y responder a 1 o 2 preguntas.
"Los españoles continúan recibiendo trato de súbditos, no de ciudadanos, cuando acuden a los tribunales. Eso no tiene parangón con cualquier otro servicio público", explica el abogado madrileño José Luis Galán, que ejerce desde hace 35 años.
Para él, la solución radica en la voluntad política, pero es muy escéptico.
"La justicia no da votos y los partidos piensan que no es un problema del todo suyo, lo que no ocurre con los hospitales ni con las escuelas", añade.
Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, pero la organización de la justicia en todos sus ámbitos, la dotación de medios y la relación de personal para hacerla más ágil depende del Gobierno y de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de los medios materiales.
"Los clientes nos empiezan a mirar mal a los abogados y yo creo que acabaré llevándoles un día a los juzgados para que vean como funcionan", explica Galán, aunque admite que "todos no son iguales" y que, no solo entre jurisdicciones (civil, penal, laboral, mercantil o administrativa) existen diferencias, sino que entre un juzgado y otro "puede haber un mundo en el trato a los ciudadanos, según sean el juez y el secretario".
La estadística de 2008 del Poder Judicial revela que las quejas de los ciudadanos por desatención se achacan mayoritariamente a :
a.- los funcionarios judiciales (57%),
b.- después al juez (24%, cuatro puntos más que en 2007).
"Es necesario replantearlo todo, pero empezando por el concepto del proceso, cosa que no ha hecho el Poder Judicial hasta ahora", explica Manuela Carmena.
Ella fue vocal 5 años y asegura que ya expuso estas ideas sin ningún éxito.
"Hay que cambiar la mentalidad y así se cambiará la relación de la justicia con los ciudadanos. No puede ser que casi siempre se le haga declarar a la gente de pie, o que si va a una oficina judicial casi nunca tenga silla para sentarse", dice.
Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la organización mayoritaria entre los jueces españoles, quita hierro a las quejas y recuerda que las encuestas revelan que el 68% de los usuarios de los tribunales dice sentirse bien tratado.
También defiende el trabajo de los funcionarios, que son los que más tratan con los ciudadanos, y, por ello, es razonable que soporten la mayor parte de las quejas.
Con todo, admite que la justicia actúa con mecanismos muy enquistados y que sería necesario habilitar espacios en los juzgados para que víctimas y acusados estén separados antes del juicio -lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX- y que el juicio se celebrase sin demoras.
"La justicia en España funciona muy mal, como en Italia. Y en el resto de países de nuestro entorno, mal", sentencia el abogado José Luis Galán, "porque no ha habido intentos serios de arreglarlo, solo falsas declaraciones de intenciones".
Josep Junyent es un abogado catalán que vive a caballo entre Barcelona y la ciudad sueca de Umeå. En aquel país, el funcionamiento de la justicia es también un modelo a seguir.
"En Suecia se intenta evitar el pleito siempre que se puede, los equipos de mediación están muy arraigados y muy reconocidos en la sociedad y todo es más simple que en España". Divorciarse de mutuo acuerdo, por ejemplo, es tan sencillo como rellenar un impreso y comunicarlo a la administración.
Allí los testigos disponen de un cómodo sillón cuando declaran, no han de acudir necesariamente a la sala de vistas y lo pueden hacer por teléfono -eso significa que los edificios están acondicionados para ello- y el proceso judicial está desposeído de toda liturgia. El juez y su ayudante, que es quien dirige el proceso, no visten toga, y se sientan junto a los miembros del jurado, pues casi todos los juicios penales se celebran por ese procedimiento.
Y esos miembros del jurado se eligen de unas listas de hombres justos que designan los partidos políticos en cada municipio.
Una carta de derechos sin rango de ley
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que tiene carácter vinculante para jueces, fiscales y todos los profesionales relacionados con la justicia, reconoce el derecho del ciudadano a ser atendido de forma respetuosa adaptada a sus circunstancias y a exigir que las actuaciones judiciales en las que intervenga "se celebren con la máxima puntualidad".
En este sentido estipula que el juez o el secretario deberán informar al usuario de los motivos por los que se ha suspendido o retrasado esa actuación.
Son contadas las ocasiones en que se actúa de esa manera en los tribunales españoles.
También se reconoce el derecho a que la comparecencia de un ciudadano ante un tribunal "resulte lo menos gravosa posible" de manera que solo se le podrá llamar "cuando sea estrictamente indispensable" y que las zonas de espera deberán reunir condiciones para asegurar una correcta atención.
Otro de los derechos que se incumple a diario es el de proteger a los testigos o conocer la identidad de la autoridad o la persona que le atiende.
También se reconoce el derecho a ser atendido personalmente por el juez o secretario respecto de cualquier incidencia y a utilizar y ser atendido la lengua oficial que escoja en su relación con la administración de justicia.
La cara poco humana de la justicia:
La anticuada organización de los tribunales, el boato judicial y las rígidas estructuras explican el trato que se da a los ciudadanos
PERE RÍOS 24/02/2011
No es sencillo encontrar a una persona que no haya ido al juzgado en alguna ocasión por un accidente de tráfico, un conflicto laboral, un divorcio, a realizar cualquier gestión o a declarar en un juicio.
El trato que recibe el ciudadano en esas situaciones a menudo no solo es burocrático y frío, sino, en ocasiones, hasta despectivo.
La justicia es un servicio público más, pero sigue apareciendo como el más trasnochado y deshumanizado tras 30 años de democracia e innumerables promesas de modernización de los sucesivos Gobiernos, sean del PSOE o el PP, que no se traducen en ninguna mejora.
En 2008 hubo más de 7.000 quejas por la impuntualidad y la falta de modales.
Ya hay más reclamaciones por desatención que por lentitud judicial.
Las explicaciones a ese trato que recibe el ciudadano hay que buscarlas en la anticuada organización de los tribunales, sus rígidas estructuras y el boato judicial.
A eso hay que sumar las insuficientes reformas del proceso judicial para hacerlo más ágil y rápido, la necesidad de incorporación las nuevas tecnologías a los juzgados más allá de ordenadores que sirven para poco más que para escribir y la atención adecuada al ciudadano siguen siendo asignaturas pendientes.
Seguramente lo más preocupante de esa justicia deshumanizada es que la situación se agrava con el tiempo y que el número de pleitos España no para de aumentar.
La cifra de asuntos totales que tramita la justicia española ha pasado de 6 a 9 millones en una década y en 25 años se ha cuadruplicado la media de casos que lleva cada juez.
Es una realidad que afecta a todas las jurisdicciones y otros servicios que ofrece la justicia, como el registro civil o la celebración de matrimonios civiles, la mayoría de los cuales se celebran en los juzgados.
En 1996 fueron 44.779 y representaban el 23% del total de uniones.
En 2009, las bodas civiles superaron a las religiosas por primera vez (94.108 frente a 80.959).
La ciudadanía se queja cada vez más del trato que recibe.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 3 años casi se han triplicado las quejas relacionadas con lo que se denomina el derecho a una justicia atenta, un capítulo previsto en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia promulgada en 2002 y que reconoce 41 derechos.
En 2008, último año del que se tienen datos, se contabilizaron 7.013 quejas, frente a las 4.436 del año anterior y las 2.579 del año 2006.
El derecho a la justicia atenta agrupa conceptos como:
1.- el trato recibido (las quejas aumentaron un 16%),
2.- la puntualidad de las actuaciones judiciales (se quintuplicaron),
3.- el incumplimiento del deber de identificación de los funcionarios (se multiplicó por 10) la información sobre las suspensiones de juicios, las condiciones de los juzgados, el pago de indemnizaciones a testigos o el horario de atención al público.
El Poder Judicial constata en su memoria de 2008 su preocupación y recuerda que, por primera vez, los ciudadanos se quejan más por la falta de atención que por la endémica lentitud de la justicia.
Más de 7.000 quejas por desatención no es nada comparado con los millones de usuarios que acuden cada año a los tribunales, viene a decir el CGPJ, "pero esta apreciación no resta valor a la llamada de atención que subyace en estas quejas, en la que la ciudadanía parece querer expresar que, además de tomar conciencia de la tradicional carencia de medios, existen además otros obstáculos para que la justicia sea más atenta con ellos", dice en la memoria.
"El problema es que hemos metido el siglo XVII en el ordenador y ahora lo vamos a meter en el expediente judicial digital, pero sin cambiar las normas del proceso. La mayoría de los papeles que tramita el juzgado no sirven para nada y lo que hay que hacer es eliminarlos en lugar de digitalizarlos. Tampoco existe una estructura moderna ni ágil de gestión, todo sigue siendo jerárquico y autoritario y a la gente se la sigue tratando de manera agria y destemplada en la mayoría de los casos", explica Manuela Carmena, una magistrada que se jubiló hace unas semanas a los 66 años después de 30 años en la carrera judicial y 15 de abogada.
Ahora dedica su tiempo a elaborar un blog para "reinventar la justicia", algo sobre lo que ya teorizó en 1998 en un libro.
Carmena no niega que la justicia:
1.- ha cambiado desde que hay democracia y
2.- que han desaparecido corruptelas de otros tiempos,
3.- que se han dictado leyes más ágiles en el proceso civil oral y
4.- que ahora los juicios quedan grabados.
"Pero la justicia no ha logrado ser el instrumento que precisa nuestra sociedad para resolver los conflictos que generan los deberes y derechos que a todos nos obligan. Sobran un sinfín de liturgias procesales", dice.
Y falta sentido común, pues no es razonable, por ejemplo, que un tribunal cite a 70 personas a declarar a la misma hora del mismo día (ocurrió hace años en la Audiencia de Barcelona).
O que centenares de ciudadanos pasen toda la mañana esperando a declarar y no puedan hacerlo finalmente porque el juicio se había suspendido y no se les había avisado (sucede a diario en muchos juzgados españoles).
Otra cosa es la incomprensible falta de medios, pues si cualquier persona se puede comunicar con otra de punta a punta del planeta, con o sin videocámara, no se entiende que un testigo (sea policía, perito o ciudadano), tenga que desplazarse expresamente al juzgado y esperar toda la mañana a que le llegue su turno para declarar y responder a 1 o 2 preguntas.
"Los españoles continúan recibiendo trato de súbditos, no de ciudadanos, cuando acuden a los tribunales. Eso no tiene parangón con cualquier otro servicio público", explica el abogado madrileño José Luis Galán, que ejerce desde hace 35 años.
Para él, la solución radica en la voluntad política, pero es muy escéptico.
"La justicia no da votos y los partidos piensan que no es un problema del todo suyo, lo que no ocurre con los hospitales ni con las escuelas", añade.
Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, pero la organización de la justicia en todos sus ámbitos, la dotación de medios y la relación de personal para hacerla más ágil depende del Gobierno y de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de los medios materiales.
"Los clientes nos empiezan a mirar mal a los abogados y yo creo que acabaré llevándoles un día a los juzgados para que vean como funcionan", explica Galán, aunque admite que "todos no son iguales" y que, no solo entre jurisdicciones (civil, penal, laboral, mercantil o administrativa) existen diferencias, sino que entre un juzgado y otro "puede haber un mundo en el trato a los ciudadanos, según sean el juez y el secretario".
La estadística de 2008 del Poder Judicial revela que las quejas de los ciudadanos por desatención se achacan mayoritariamente a :
a.- los funcionarios judiciales (57%),
b.- después al juez (24%, cuatro puntos más que en 2007).
"Es necesario replantearlo todo, pero empezando por el concepto del proceso, cosa que no ha hecho el Poder Judicial hasta ahora", explica Manuela Carmena.
Ella fue vocal 5 años y asegura que ya expuso estas ideas sin ningún éxito.
"Hay que cambiar la mentalidad y así se cambiará la relación de la justicia con los ciudadanos. No puede ser que casi siempre se le haga declarar a la gente de pie, o que si va a una oficina judicial casi nunca tenga silla para sentarse", dice.
Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la organización mayoritaria entre los jueces españoles, quita hierro a las quejas y recuerda que las encuestas revelan que el 68% de los usuarios de los tribunales dice sentirse bien tratado.
También defiende el trabajo de los funcionarios, que son los que más tratan con los ciudadanos, y, por ello, es razonable que soporten la mayor parte de las quejas.
Con todo, admite que la justicia actúa con mecanismos muy enquistados y que sería necesario habilitar espacios en los juzgados para que víctimas y acusados estén separados antes del juicio -lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX- y que el juicio se celebrase sin demoras.
"La justicia en España funciona muy mal, como en Italia. Y en el resto de países de nuestro entorno, mal", sentencia el abogado José Luis Galán, "porque no ha habido intentos serios de arreglarlo, solo falsas declaraciones de intenciones".
Josep Junyent es un abogado catalán que vive a caballo entre Barcelona y la ciudad sueca de Umeå. En aquel país, el funcionamiento de la justicia es también un modelo a seguir.
"En Suecia se intenta evitar el pleito siempre que se puede, los equipos de mediación están muy arraigados y muy reconocidos en la sociedad y todo es más simple que en España". Divorciarse de mutuo acuerdo, por ejemplo, es tan sencillo como rellenar un impreso y comunicarlo a la administración.
Allí los testigos disponen de un cómodo sillón cuando declaran, no han de acudir necesariamente a la sala de vistas y lo pueden hacer por teléfono -eso significa que los edificios están acondicionados para ello- y el proceso judicial está desposeído de toda liturgia. El juez y su ayudante, que es quien dirige el proceso, no visten toga, y se sientan junto a los miembros del jurado, pues casi todos los juicios penales se celebran por ese procedimiento.
Y esos miembros del jurado se eligen de unas listas de hombres justos que designan los partidos políticos en cada municipio.
Una carta de derechos sin rango de ley
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que tiene carácter vinculante para jueces, fiscales y todos los profesionales relacionados con la justicia, reconoce el derecho del ciudadano a ser atendido de forma respetuosa adaptada a sus circunstancias y a exigir que las actuaciones judiciales en las que intervenga "se celebren con la máxima puntualidad".
En este sentido estipula que el juez o el secretario deberán informar al usuario de los motivos por los que se ha suspendido o retrasado esa actuación.
Son contadas las ocasiones en que se actúa de esa manera en los tribunales españoles.
También se reconoce el derecho a que la comparecencia de un ciudadano ante un tribunal "resulte lo menos gravosa posible" de manera que solo se le podrá llamar "cuando sea estrictamente indispensable" y que las zonas de espera deberán reunir condiciones para asegurar una correcta atención.
Otro de los derechos que se incumple a diario es el de proteger a los testigos o conocer la identidad de la autoridad o la persona que le atiende.
También se reconoce el derecho a ser atendido personalmente por el juez o secretario respecto de cualquier incidencia y a utilizar y ser atendido la lengua oficial que escoja en su relación con la administración de justicia.
miércoles, 23 de febrero de 2011
Alberto Ruiz-Gallardón, abre un correo multimedia para recibir las propuestas de los ciudadanos
http://www.adn.es/local/madrid/20110223/NWS-0218-Gallardon-multimedia-escribir-buzon.html
Un buzón multimedia para escribir a Gallardón
Redacción.Miércoles, 23 de febrero de 2011
En Facebook, Twitter, Youtube, Flickr o directamente por teléfono.
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, abre un correo multimedia para recibir las propuestas de los ciudadanos a los que intentará seducir en las urnas con vistas a conseguir un nuevo mandato en las elecciones municipales de mayo.
Bajo el lema "Nos gusta Madrid, nos gustas tú", el regidor presentó ayer su web http://www.gallardonconmadrid.es/, que en las primeras horas de su puesta en marcha superó el medio centenar de propuestas y comentarios.
Las pintadas en la calle, el servicio de autobuses y los ruidos son algunos de los temas que más se repetían.
También comenzaron allegar mensajes al teléfono 900 202 011.
Por su parte, Gallardón quiso estrenar su Twitter @equipogallardon con un mensaje de ánimo para la presidenta Esperanza Aguirre.
La página tendrá un equipo de reporteros, que recorrerán Madrid en coches ecológicos.
Un buzón multimedia para escribir a Gallardón
Redacción.Miércoles, 23 de febrero de 2011
En Facebook, Twitter, Youtube, Flickr o directamente por teléfono.
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, abre un correo multimedia para recibir las propuestas de los ciudadanos a los que intentará seducir en las urnas con vistas a conseguir un nuevo mandato en las elecciones municipales de mayo.
Bajo el lema "Nos gusta Madrid, nos gustas tú", el regidor presentó ayer su web http://www.gallardonconmadrid.es/, que en las primeras horas de su puesta en marcha superó el medio centenar de propuestas y comentarios.
Las pintadas en la calle, el servicio de autobuses y los ruidos son algunos de los temas que más se repetían.
También comenzaron allegar mensajes al teléfono 900 202 011.
Por su parte, Gallardón quiso estrenar su Twitter @equipogallardon con un mensaje de ánimo para la presidenta Esperanza Aguirre.
La página tendrá un equipo de reporteros, que recorrerán Madrid en coches ecológicos.
Los trueques de viviendas se disparan en el último año por la falta de crédito
http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=44741
EL DERRUMBE AÚN NO HA TOCADO FONDO.
Los trueques de viviendas se disparan en el último año por la falta de crédito.
No todos buscan cambiar sencillamente una casa por otra, algunos persiguen cambiar un inmueble por otro de menor valor y cobrar la diferencia obteniendo liquidez inmediata.
nuevatribuna.es /22.02.2011
El trueque, la forma más básica y antigua de intercambio comercial, se ha disparado en el mercado inmobiliario español durante el último año ante las dificultades para acceder al crédito, según fotocasa.es.
El portal inmobiliario empezó a detectar esta tendencia en 2008, que se ha empezado a consolidar a la vista de las cifras: 17.000 propuestas de trueque en 12 meses.
Las 3 regiones que muestran un mayor incremento de ofertas en tasa interanual han sido Aragón (+81,8%), Cataluña (+17,6%) y Madrid (+14,9%).
Según fotocasa, no todas estas ofertas buscan cambiar sencillamente una casa por otra, algunas persiguen cambiar un inmueble por otro de menor valor y cobrar la diferencia obteniendo liquidez inmediata.
Por ejemplo, se cambia un piso de 200.000 por otro más pequeño de 150.000 euros, y se obtienen una liquidez de 50.000 euros.
Ahora bien, el portal inmobiliario precisa que el trueque implica unos trámites similares a los de la compra de un piso:
a.- otorgamiento de escritura pública,
b.- liquidación de impuestos o
c.- inscripción en el Registro de la Propiedad.
Así, al tratarse de 2 viviendas, los gastos e impuestos se duplican:
1.- con 2 plusvalías municipales,
2.-2 facturas notariales y
3.-2 facturas del Registro,
4.-además de la liquidación del impuesto por cada 1 de las transmisiones patrimoniales.
EL DERRUMBE AÚN NO HA TOCADO FONDO
Según el Banco de España, el precio de la vivienda ha bajado un 17 % en términos reales desde el estallido de la burbuja a finales de 2007 y aún queda margen para nuevos recortes: "A la luz de la experiencia de otros ciclos, de otros países y de la evolución de los indicadores de accesibilidad ... el ajuste de los precios de la vivienda podría continuar", dijo el banco emisor en su boletín mensual de diciembre.
Otros se muestran menos cautelosos.
Los analistas del broker anglosajón Bernstein Research esperan para este año un recorte de los precios inmobiliarios del 8 % y la agencia de rating Fitch ve una rebaja de hasta el 15 % por el desajuste entre oferta y demanda.
Según Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, que dirige una consultora en Madrid, el tiempo mínimo para la absorción del stock de viviendas en oferta será de 6 años.
Mientras tanto, todos los expertos coinciden en que la caída de los precios continuará.
Según el Banco de España, la inversión en vivienda, que llegó a suponer un 9 % del PIB, es ahora del 4 %.
EL DERRUMBE AÚN NO HA TOCADO FONDO.
Los trueques de viviendas se disparan en el último año por la falta de crédito.
No todos buscan cambiar sencillamente una casa por otra, algunos persiguen cambiar un inmueble por otro de menor valor y cobrar la diferencia obteniendo liquidez inmediata.
nuevatribuna.es /22.02.2011
El trueque, la forma más básica y antigua de intercambio comercial, se ha disparado en el mercado inmobiliario español durante el último año ante las dificultades para acceder al crédito, según fotocasa.es.
El portal inmobiliario empezó a detectar esta tendencia en 2008, que se ha empezado a consolidar a la vista de las cifras: 17.000 propuestas de trueque en 12 meses.
Las 3 regiones que muestran un mayor incremento de ofertas en tasa interanual han sido Aragón (+81,8%), Cataluña (+17,6%) y Madrid (+14,9%).
Según fotocasa, no todas estas ofertas buscan cambiar sencillamente una casa por otra, algunas persiguen cambiar un inmueble por otro de menor valor y cobrar la diferencia obteniendo liquidez inmediata.
Por ejemplo, se cambia un piso de 200.000 por otro más pequeño de 150.000 euros, y se obtienen una liquidez de 50.000 euros.
Ahora bien, el portal inmobiliario precisa que el trueque implica unos trámites similares a los de la compra de un piso:
a.- otorgamiento de escritura pública,
b.- liquidación de impuestos o
c.- inscripción en el Registro de la Propiedad.
Así, al tratarse de 2 viviendas, los gastos e impuestos se duplican:
1.- con 2 plusvalías municipales,
2.-2 facturas notariales y
3.-2 facturas del Registro,
4.-además de la liquidación del impuesto por cada 1 de las transmisiones patrimoniales.
EL DERRUMBE AÚN NO HA TOCADO FONDO
Según el Banco de España, el precio de la vivienda ha bajado un 17 % en términos reales desde el estallido de la burbuja a finales de 2007 y aún queda margen para nuevos recortes: "A la luz de la experiencia de otros ciclos, de otros países y de la evolución de los indicadores de accesibilidad ... el ajuste de los precios de la vivienda podría continuar", dijo el banco emisor en su boletín mensual de diciembre.
Otros se muestran menos cautelosos.
Los analistas del broker anglosajón Bernstein Research esperan para este año un recorte de los precios inmobiliarios del 8 % y la agencia de rating Fitch ve una rebaja de hasta el 15 % por el desajuste entre oferta y demanda.
Según Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, que dirige una consultora en Madrid, el tiempo mínimo para la absorción del stock de viviendas en oferta será de 6 años.
Mientras tanto, todos los expertos coinciden en que la caída de los precios continuará.
Según el Banco de España, la inversión en vivienda, que llegó a suponer un 9 % del PIB, es ahora del 4 %.
la FEMP pide al Gobierno que regule la 'dación en pago'
http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=44749
PSOE Y PP RECHAZAN LA PROPUESTA.
Hipotecas de por vida: la FEMP pide al Gobierno que regule la 'dación en pago'
Centenares de miles de familias en España sufren el drama de haber perdido su vivienda y seguir debiendo la hipoteca al banco.
Una reciente sentencia judicial avala que devolver el piso liquida la deuda.
La Federación Española de Municipios y Provincias vuelve a poner el debate sobre la mesa el mismo día en que PSOE y PP vetan en el Congreso la propuesta de IU-ICV.
nuevatribuna.es 22.02.2011
El PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar una proposición de ley de IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que, con la entrega de la vivienda, sea suficiente para cancelar el préstamo.
Ambas formaciones han asegurado que la iniciativa, que también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y "judicialmente exigible" de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también han esgrimido CiU y PNV para justificar su abstención.
La iniciativa, derrotada por 320 votos en contra 8 a favor y 9 abstenciones, contemplaba también la "prohibición de cláusulas abusivas" en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
Este mismo martes, la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, reunida en Vitoria aprobó por unanimidad una propuesta para pedir al Gobierno que impulse una normativa que impida que las personas tengan que seguir pagando sus deudas hipotecarias aunque se hayan visto obligadas a entregar sus viviendas a los bancos, lo que ha derivado en situaciones “tremendamente duras” para las familias según destacó el presidente de la FEMP, Pedro Castro.
La FEMP adopta esta iniciativa al hilo de la reciente sentencia judicial que por primera vez en España avala que devolver el piso a la entidad financiera liquida la deuda.
Fue el pasado 26 de enero cuando la Audiencia Provincial de Navarra daba la razón a un cliente del BBVA que denunció al banco por seguir exigiéndole el pago de la hipoteca después de que la vivienda fuera embargada y se llevara a subasta.
La decisión del tribunal autonómico no genera jurisprudencia (debería pronunciarse el tribunal Supremo), pero ha servido para reabrir el debate del sistema hipotecario en España, uno de los más severos del mundo.
Una semana después de dicha sentencia, la asociación Jueces para la Democracia exigía al Gobierno cambios en la legislación para que las familias que no puedan hacer frente a la hipoteca puedan liberarse de su deuda una vez que han entregado la vivienda al banco.
El portavoz de JpD, José Luis Ramírez, argumentó que el auto judicial de la Audiencia Provincial de Navarra podría generar “opiniones discrepantes” en otros juzgados y una “situación preocupante para la seguridad jurídica.
La polémica viene de largo.
Ya en junio de 2010, el Congreso debatió este asunto en comisión parlamentaria en línea con la reivindicación hecha por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
En ese momento, el PSOE se mostró totalmente contrario a la medida, mientras el PP aseguraba que no se podía aprobar una iniciativa de este calibre si antes no se realizaba un estudio sobre el impacto económico que conllevaría para el sistema financiero la dación en pago. 7 meses después de pedir el informe el Gobierno sigue sin remitirlo a la Cámara baja.
Según el análisis hecho por la PAH, regular la figura ‘dación en pago’, para que con la entrega de la vivienda se liquide la totalidad de la deuda hipotecaria, no supondría un elevado coste económico para las entidades financieras en contra de lo dicho por la propia ministra de Economía, Elena Salgado, para quien la medida “pondría en riesgo la fortaleza del sector financiero, base de la recuperación y del crecimiento económico”.
Según datos del INE o el mismo Banco de España, desde 2007 a diciembre de 2010, los procedimientos de ejecución hipotecaria sumaron 300.000.
Desde que alcanzó su máximo histórico, en diciembre de 2007, el precio de las viviendas en España se ha devaluado un 20%.
Tomando como referencia una deuda media de 250.000 euros por vivienda y teniendo en cuenta que cada una se ha devaluado 50.000 euros (20%) nos encontramos con que los bancos perderían 15.000 millones de euros si se aceptara la dación en pago.
Con todo, la PAH pone de manifiesto que dicha cantidad es un 25% inferior a los beneficios que obtuvo la banca en 2009, ligeramente por debajo de los beneficios que obtuvieron en 2010 y muy inferior a los 100.000 millones de euros aportados por el Frob, al tiempo que denuncia que el problema no es lo que pierden los bancos “sino lo que dejan de ganar adjudicándose unas viviendas a precios de saldo, en lo que constituye un claro ejemplo de acumulación por desposesión”.
Y, ¿qué beneficio le reporta a una entidad financiera ejecutar una hipoteca?, se pregunta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Pues, en el supuesto de la que la hipoteca media ascienda a 250.000 euros, el banco se adjudicaría el inmueble por el 50%, es decir, por 125.000 euros.
“Una devaluación del 20% quiere decir que al día siguiente el banco podría colocar la vivienda en el mercado por 200.000 euros. Quedarían 50.000 euros por recuperar. El ex propietario continuaría debiendo 125.000 euros más las costas judiciales que por término medio no bajan de los 50.000 euros.
En total, 175.000 euros, a los que si se restan los 50.000 correspondientes a la devaluación de la vivienda, se obtiene un beneficio neto para el banco por cada procedimiento de ejecución que inician de 125.000 euros. Si multiplicamos 125.000 euros por las 300.000 ejecuciones hipotecarias, nos dan un total de 37.500 millones de euros que, además, generan intereses”, sostiene la PAH.
PSOE Y PP RECHAZAN LA PROPUESTA.
Hipotecas de por vida: la FEMP pide al Gobierno que regule la 'dación en pago'
Centenares de miles de familias en España sufren el drama de haber perdido su vivienda y seguir debiendo la hipoteca al banco.
Una reciente sentencia judicial avala que devolver el piso liquida la deuda.
La Federación Española de Municipios y Provincias vuelve a poner el debate sobre la mesa el mismo día en que PSOE y PP vetan en el Congreso la propuesta de IU-ICV.
nuevatribuna.es 22.02.2011
El PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar una proposición de ley de IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que, con la entrega de la vivienda, sea suficiente para cancelar el préstamo.
Ambas formaciones han asegurado que la iniciativa, que también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y "judicialmente exigible" de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también han esgrimido CiU y PNV para justificar su abstención.
La iniciativa, derrotada por 320 votos en contra 8 a favor y 9 abstenciones, contemplaba también la "prohibición de cláusulas abusivas" en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
Este mismo martes, la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, reunida en Vitoria aprobó por unanimidad una propuesta para pedir al Gobierno que impulse una normativa que impida que las personas tengan que seguir pagando sus deudas hipotecarias aunque se hayan visto obligadas a entregar sus viviendas a los bancos, lo que ha derivado en situaciones “tremendamente duras” para las familias según destacó el presidente de la FEMP, Pedro Castro.
La FEMP adopta esta iniciativa al hilo de la reciente sentencia judicial que por primera vez en España avala que devolver el piso a la entidad financiera liquida la deuda.
Fue el pasado 26 de enero cuando la Audiencia Provincial de Navarra daba la razón a un cliente del BBVA que denunció al banco por seguir exigiéndole el pago de la hipoteca después de que la vivienda fuera embargada y se llevara a subasta.
La decisión del tribunal autonómico no genera jurisprudencia (debería pronunciarse el tribunal Supremo), pero ha servido para reabrir el debate del sistema hipotecario en España, uno de los más severos del mundo.
Una semana después de dicha sentencia, la asociación Jueces para la Democracia exigía al Gobierno cambios en la legislación para que las familias que no puedan hacer frente a la hipoteca puedan liberarse de su deuda una vez que han entregado la vivienda al banco.
El portavoz de JpD, José Luis Ramírez, argumentó que el auto judicial de la Audiencia Provincial de Navarra podría generar “opiniones discrepantes” en otros juzgados y una “situación preocupante para la seguridad jurídica.
La polémica viene de largo.
Ya en junio de 2010, el Congreso debatió este asunto en comisión parlamentaria en línea con la reivindicación hecha por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
En ese momento, el PSOE se mostró totalmente contrario a la medida, mientras el PP aseguraba que no se podía aprobar una iniciativa de este calibre si antes no se realizaba un estudio sobre el impacto económico que conllevaría para el sistema financiero la dación en pago. 7 meses después de pedir el informe el Gobierno sigue sin remitirlo a la Cámara baja.
Según el análisis hecho por la PAH, regular la figura ‘dación en pago’, para que con la entrega de la vivienda se liquide la totalidad de la deuda hipotecaria, no supondría un elevado coste económico para las entidades financieras en contra de lo dicho por la propia ministra de Economía, Elena Salgado, para quien la medida “pondría en riesgo la fortaleza del sector financiero, base de la recuperación y del crecimiento económico”.
Según datos del INE o el mismo Banco de España, desde 2007 a diciembre de 2010, los procedimientos de ejecución hipotecaria sumaron 300.000.
Desde que alcanzó su máximo histórico, en diciembre de 2007, el precio de las viviendas en España se ha devaluado un 20%.
Tomando como referencia una deuda media de 250.000 euros por vivienda y teniendo en cuenta que cada una se ha devaluado 50.000 euros (20%) nos encontramos con que los bancos perderían 15.000 millones de euros si se aceptara la dación en pago.
Con todo, la PAH pone de manifiesto que dicha cantidad es un 25% inferior a los beneficios que obtuvo la banca en 2009, ligeramente por debajo de los beneficios que obtuvieron en 2010 y muy inferior a los 100.000 millones de euros aportados por el Frob, al tiempo que denuncia que el problema no es lo que pierden los bancos “sino lo que dejan de ganar adjudicándose unas viviendas a precios de saldo, en lo que constituye un claro ejemplo de acumulación por desposesión”.
Y, ¿qué beneficio le reporta a una entidad financiera ejecutar una hipoteca?, se pregunta la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Pues, en el supuesto de la que la hipoteca media ascienda a 250.000 euros, el banco se adjudicaría el inmueble por el 50%, es decir, por 125.000 euros.
“Una devaluación del 20% quiere decir que al día siguiente el banco podría colocar la vivienda en el mercado por 200.000 euros. Quedarían 50.000 euros por recuperar. El ex propietario continuaría debiendo 125.000 euros más las costas judiciales que por término medio no bajan de los 50.000 euros.
En total, 175.000 euros, a los que si se restan los 50.000 correspondientes a la devaluación de la vivienda, se obtiene un beneficio neto para el banco por cada procedimiento de ejecución que inician de 125.000 euros. Si multiplicamos 125.000 euros por las 300.000 ejecuciones hipotecarias, nos dan un total de 37.500 millones de euros que, además, generan intereses”, sostiene la PAH.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)