Los datos del INE reflejan una caída del 2,7% en las rupturas matrimoniales durante 2025, pero los abogados de familia advierten de una realidad menos visible. Muchas parejas retrasan el divorcio, continúan conviviendo o aceptan acuerdos precarios. No pueden asumir 2 viviendas, 2 economías domésticas ni las exigencias económicas derivadas de la custodia compartida.
Alberto García Cebrián, 27/07/2026
El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los datos de nulidades, separaciones y divorcios correspondientes a 2025, revelando una caída del 2,7 % respecto al año anterior, con un total de 80.785 rupturas oficiales. Esta cifra no es un motivo de celebración, sino el síntoma de una profunda fractura social: el descenso de los divorcios esconde el drama silencioso de quienes no pueden permitirse el lujo de separarse. El divorcio no es un capricho, sino una necesidad y, no poder divorciarse afecta a la dignidad de las personas y las familias.
Hoy, el divorcio en España se ha convertido en un derecho accesible en la teoría, pero inalcanzable en la práctica para miles de familias. La estadística del INE oculta una realidad angustiosa: la de matrimonios convertidos en rehenes de la inflación, el euríbor y el mercado inmobiliario, forzados a elegir entre 2 opciones igualmente devastadoras.
El secuestro económico: Convivencia tóxica o indignidad vital.
Desde el punto de vista legal, el trámite de un divorcio de mutuo acuerdo, que en 2025 representó el 80,5 % de los casos, puede ser relativamente rápido y económico. El problema no son las minutas de los abogados; el problema es el "día después". Disolver un matrimonio exige, por definición matemática, duplicar los gastos estructurales: pagar 2 alquileres o hipotecas, 2 facturas de luz y 2 cestas de la compra con los mismos ingresos que antes sostenían 1 solo hogar.
Ante esta imposibilidad financiera, en los despachos estamos siendo testigos de un fenómeno alarmante: el "divorcio en suspenso". Parejas que, con el matrimonio irremediablemente roto, se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo sin querer estar juntas.
Jurídicamente, esto genera un polvorín. La convivencia forzada en un clima de desamor, resentimiento o tensión constante dispara los problemas de convivencia y, en el peor de los casos, la conflictividad. Los abogados vemos cómo esta olla a presión deriva frecuentemente en un aumento de las denuncias cruzadas, problemas de salud mental y un entorno profundamente tóxico para el desarrollo de los hijos menores. El derecho, diseñado para dar una salida ordenada a la crisis de pareja, se topa con un muro económico que obliga a las familias a vivir en un limbo legal y emocional inasumible.
Separaciones de hecho y pactos de supervivencia
Cuando la convivencia se vuelve absolutamente insostenible, la alternativa que asumen muchas parejas es firmar divorcios en condiciones que bordean la indignidad. El descenso del 2,7 % en los divorcios formales convive con un aumento invisible de las separaciones de hecho, donde los cónyuges hacen vidas separadas sin liquidar la sociedad de gananciales ni regularizar las medidas paternofiliares, simplemente para no hacer frente al colapso financiero de un proceso judicial.
Y para aquellos que sí acuden al juzgado, los convenios reguladores han mutado.
Ya no se negocian buscando el escenario ideal, sino el "menos malo". Vemos a personas de 46 y 49 años, las edades medias de divorcio según el INE, viéndose forzadas a regresar a las habitaciones infantiles en casa de sus padres ancianos, o alquilando habitaciones en pisos compartidos porque sus nóminas no dan para más tras pagar la pensión de alimentos y su mitad de la hipoteca familiar. ¿Es esto un divorcio digno? Jurídicamente es válido; vitalmente es una condena a la precariedad.
La custodia compartida: ¿Un hito o una trampa de cristal?
El gran titular del INE este año es que, por 1ª vez, la custodia compartida ha superado el 50 % en las rupturas con hijos. Es, sin duda, una victoria histórica de la igualdad y del interés superior del menor.
La custodia compartida: ¿Un hito o una trampa de cristal?
El gran titular del INE este año es que, por 1ª vez, la custodia compartida ha superado el 50 % en las rupturas con hijos. Es, sin duda, una victoria histórica de la igualdad y del interés superior del menor.
Pero la letra pequeña de este dato exige una lectura económica.
El Tribunal Supremo establece que para otorgar una custodia compartida es necesario que ambos progenitores cuenten con una vivienda adecuada para el arraigo de los menores. Pero, ¿qué ocurre cuando el dinero no alcanza? El polémico sistema de "casa nido", donde los niños se quedan en la vivienda familiar y son los padres quienes rotan cada semana, conviviendo el resto del tiempo en precario o en casas de familiares, cada vez es más frecuente por necesidad forzosa. Esta figura jurídica, que sobre el papel parece salomónica, en la práctica se revela como una fuente inagotable de nuevos conflictos, roces económicos y falta de privacidad, siendo totalmente inviable a medio plazo.
En otros casos, la falta de capacidad económica para mantener una vivienda digna está siendo esgrimida en los tribunales para denegar custodias compartidas, creando una justicia de 2 velocidades: la de quienes pueden pagar para criar a sus hijos en igualdad de condiciones, y la de quienes pierden derechos parentales por pura falta de recursos.
El Tribunal Supremo establece que para otorgar una custodia compartida es necesario que ambos progenitores cuenten con una vivienda adecuada para el arraigo de los menores. Pero, ¿qué ocurre cuando el dinero no alcanza? El polémico sistema de "casa nido", donde los niños se quedan en la vivienda familiar y son los padres quienes rotan cada semana, conviviendo el resto del tiempo en precario o en casas de familiares, cada vez es más frecuente por necesidad forzosa. Esta figura jurídica, que sobre el papel parece salomónica, en la práctica se revela como una fuente inagotable de nuevos conflictos, roces económicos y falta de privacidad, siendo totalmente inviable a medio plazo.
En otros casos, la falta de capacidad económica para mantener una vivienda digna está siendo esgrimida en los tribunales para denegar custodias compartidas, creando una justicia de 2 velocidades: la de quienes pueden pagar para criar a sus hijos en igualdad de condiciones, y la de quienes pierden derechos parentales por pura falta de recursos.
El derecho al divorcio, en jaque.
Celebrar el descenso de los divorcios en 2025 es no entender lo que ocurre en las calles y en los juzgados de España. Tras esos 16 años de convivencia media que marca el INE, el final del amor debería poder resolverse con dignidad y amparo legal.
El altísimo porcentaje de mutuo acuerdo no siempre es fruto del civismo; muchas veces es la rendición incondicional ante la falta de alternativas económicas. Como juristas, debemos alertar de que el sistema legal ha avanzado hacia modelos más equitativos y menos litigiosos, pero la realidad económica ha convertido el derecho a rehacer tu vida en un lujo al alcance de cada vez menos personas. El verdadero drama no es que la gente se divorcie, sino que, necesitando hacerlo, estén condenados a no poder hacerlo.
Un matrimonio no es libre si el divorcio no es accesible. Cada vez se tiene menos miedo al divorcio y más temor a no poderse divorciar.
