Viajar con menores requiere el consentimiento de ambos padres si están divorciados:

....... una medida contra la sustracción del hijo.
Rocío Ocaña, abogada, explica que "si no existiere convenio o sentencia o si existiere y exigiere que se preste el consentimiento en cada viaje, será necesario rellenar un formulario en dependencias policiales".
Virgilio González, 25/8/2023 
Varios padres esperan con ilusión la temporada de vacaciones para poder viajar con sus hijos, pero en el caso de las personas divorciadas, deben constatar el consentimiento de su expareja y progenitora en común para poder salir del territorio nacional con el menor de edad, así como para obtener el pasaporte del mismo.

La obligatoriedad de contar con el permiso para poder viajar al extranjero con un hijo menor de edad viene establecida por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, junto con el Código Civil y otros reglamentos, que exigen además la firma de ambos para la expedición o renovación del pasaporte.
«Esta es una exigencia que deriva del ejercicio de la patria potestad, con independencia de la regulación sobre la custodia o las visitas», explica Rocío Ocaña, abogada del despacho Marín & Mateo Abogados.

En sus palabras, estas medidas de protección se adoptan para evitar que se produzcan casos de sustracción de menores, es decir, para evitar que un progenitor pueda llevar a los hijos al extranjero sin el consentimiento del otro progenitor o sin la debida notificación, lo cual traería problemas con los agentes fronterizos durante el viaje.

De hecho, se han dado casos en los que la autoridad fronteriza ha denegado el paso a un progenitor acompañado de un menor por no presentar la autorización del otro, apunta Ocaña. «De ahí que en los casos en los que un menor fuera acompañado de un solo progenitor, se le pueda solicitar la autorización expresa del progenitor ausente».

El Ministerio de Exteriores en su página web que “la policía de fronteras, tanto dentro como fuera de la zona Schengen -integrada por aquellos países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes-, tiene el mandato específico de prestar una especial atención a los menores, viajen acompañados o no”.

La forma de otorgar el permiso dependerá de la situación familiar, que puede abarcar la existencia de un convenio regulador, una sentencia de divorcio con regulación de las medidas paternofiliales e incluso los casos en los que aún no se hayan regulado.
«En aquellos casos en los que existe convenio regulador o sentencia, será necesario comprobar si se prevé la necesidad de solicitar el consentimiento o si ya se ha otorgado el permiso para poder viajar al extranjero. En ese caso, bastará con la sentencia o resolución judicial en la que se regule el permiso para viajar al extranjero para acreditarlo», señala Ocaña.

Así, «si no existiere convenio o sentencia o si existiere y exigiere que se preste el consentimiento en cada viaje, será necesario rellenar un formulario en dependencias policiales», aclara la abogada, enumerando el cambio de residencia, los tratamientos médicos importantes y la educación y elección de colegio como acciones que también requieren el consentimiento de ambos progenitores.

Por otro lado, en los casos en los que las relaciones entre los progenitores tras la separación o el divorcio sean muy conflictivas, «será difícil que se puedan conciliar los deseos de ambos padres, lo que haría necesaria la intervención de un juez para tomar una decisión en función de los intereses de los menores después de evaluar si el viaje es en el interés superior éstos y si no afecta negativamente sus derechos», según la abogada.

«Lo mejor es que los progenitores traten de mantener una comunicación cordial entre ellos en beneficio de sus hijos y establezcan acuerdos claros entre los padres en relación con los viajes al extranjero; ahora bien, si esto no es posible, lo mejor es planificar los viajes con la suficiente antelación e iniciar el procedimiento de autorización judicial con tiempo suficiente para evitar contratiempos», concluye.

Australia pide a Japón que adopte la custodia compartida

Jiji Press, Sídney, 23  marzo 2023

Australia pidió a Japón que adopte un sistema de custodia compartida mediante el que los padres divorciados puedan contribuir juntos al cuidado de sus hijos. Esta petición llega como respuesta a una serie de secuestros parentales internacionales.

El Gobierno de Australia presentó una opinión escrita al Ministerio de Justicia japonés en la que demanda una revisión del Código Civil que facilite a uno de los progenitores reunirse con su hijo cuando este vive en Japón bajo la custodia del otro progenitor.
El Código Civil japonés otorga la custodia solo a uno de los padres después del divorcio. Esto es considerado como uno de los motivos para el secuestro parental en casos que afectan a australianos con exparejas japonesas.

De acuerdo con el diario The Sydney Morning Herald, desde 2004 al menos 82 menores han sido secuestrados por sus progenitores japoneses después que estos rompieran con su pareja australiana.
Japón se unió al Convenio de La Haya sobre el Secuestro Internacional de Menores en 2014, que estipula que la disputa por la custodia debe resolverse después de que los menores regresen a sus países originales de residencia.

Los secuestros parentales baten todos los récords en España

...... desde que Irene Montero es ministra de Igualdad.
Tras el escándalo destapado en junio por LD, Interior se ve obligado a ofrecer las cifras, aunque sigue ocultando el género del secuestrador.
Sandra León, 25/10/2022 
El pasado mes de junio, Libertad Digital destapó que, por 1ª vez, España oculta en las estadísticas oficiales el número de secuestros parentales que se perpetran en nuestro país, suprimiendo este dato del informe anual que publica el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES). Ya entonces, la Asociación Niños sin Derechos (NISDE) dejó entrever que la "opacidad total" del Gobierno de Pedro Sánchez podría responder al interés por ocultar la realidad en plena campaña de indultos a secuestradoras como Juana Rivas o María Sevilla, a las que la ministra de Igualdad califica como "madres protectoras".

Tres meses después, el Ministerio de Interior corrobora las sospechas de tal vergonzosa maniobra, al reconocer que en el año 2021 se abrieron hasta 434 diligencias policiales por sustracción de menores, nombre con el que jurídicamente se conoce a los secuestros parentales. Según las estadísticas publicadas por el CNDES, en 2019 -último año en el que los datos se hicieron públicos-, el número de casos se situó en 369, siendo la cifra más alta hasta ese momento, por lo que la información facilitada ahora por el Gobierno viene a demostrar que, tras la llegada de Irene Montero al ministerio de Igualdad, las cifras habrían batido todos los récords. Lo que sigue sin aclarar es el género del secuestrador.

Histórico de sustracción de menores del CNDES

Los datos de este 2022
En cuanto a este 2022, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reconocen que, hasta el pasado mes de agosto, ya habían registrado 283 casos, incluyendo 14 en el extranjero, lo que significa que en España se produce al menos 1 secuestro de 1 menor al día por parte de su padre o madre. En el desglose por comunidades, Cataluña se situaría a la cabeza, con 53 casos hasta este verano.

Le seguirían la Comunidad Valenciana, con 46 casos, Andalucía, con 44 y la Comunidad de Madrid, con 40. 

Mientras tanto, en las Islas Baleares se habrían abierto 32 diligencias, en Canarias, 25, en Galicia, 19 y en el País Vasco, 18. Fuera de España, las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de 26 denuncias.

La opacidad del Gobierno
Los datos fueron facilitados este domingo a la agencia Europa Press y corroborados a este periódico por el Ministerio del Interior, que, sin embargo, sigue sin incluirlos en ningún informe oficial. "No están publicados en la web. Son los datos recogidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se vuelcan en el Sistema Estadístico de Criminalidad y que se facilitan a los medios de comunicación que así lo solicitan", esgrimen a Libertad Digital fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska.

A pesar de que el Centro Nacional de Personas Desaparecidas venía publicando anualmente las cifras, por 1ª vez el informe de 2021 suprimió la categoría de sustracción de menores, limitándose a distinguir entre desaparición "forzosa", "involuntaria", "voluntaria" o "sin catalogar". "Antes, el Centro Nacional de Desaparecidos nos daba todo tipo de datos: género del secuestrador, datos por provincia, por regiones, por rangos de edad... La información era buenísima y exhaustiva, y nos servía como herramienta de prevención, pero ahora mismo la opacidad es total", denunciaba en junio en LD el presidente de NISDE, Javier Somoza.

Ahora, el Gobierno se ha visto obligado a reconocer el imparable aumento de este delito. Sin embargo, siguen haciéndolo por la puerta de atrás. "Hacen lo mismo que la Dirección General de Cooperación Jurídica del Ministerio de Justicia: tienen los datos pero no los hacen públicos", lamenta Somoza, que no entiende por qué se da las cifras a un medio y, sin embargo, no aparecen reflejadas en un informe oficial, dada su gravedad.

El rapapolvo internacional
De la misma manera, llama la atención que se oculte el género del secuestrador, algo de lo que ya alertó en 2018 el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, según sus siglas en inglés). Hace 4 años, este organismo ubicado en La Haya publicó un informe en el que revelaba que 7 de cada 10 secuestros parentales son perpetrados por mujeres. La cifra había sido extraída de un pormenorizado análisis de los datos aportados por los distintos países, en el que, sin embargo, ya se abroncaba a España precisamente por su opacidad.

"El Gobierno central español fue incapaz de proporcionar información sobre la relación entre el secuestrador y el niño. En informes anteriores, la mayoría de las personas secuestradoras eran madres, representando el 67% en 2008, el 71% en 2003 y el 61% en 1999", rezaba el documento (página 116).

De acuerdo con los reproches del ICMEC, el género del secuestrador habría desaparecido así de los informes españoles, al menos, desde 2009, época en la que gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Somoza asegura que el resto de datos (edad del menor, lugar de procedencia, etc) se empezaron a ocultar hace 3 años, ya con Pedro Sánchez en el poder.

"Si uno tiene una enfermedad, lo mejor es conocer los síntomas y analizar todo para poder dar con la mejor solución, pero en este país parece que lo que se quiere es tapar esa enfermedad y así nunca la vas a curar", advertía el presidente de NISDE, que insistía en que "es evidente", que la mayor parte de los secuestros son perpetrados por la madre. Es más, en NISDE, el porcentaje de casos en los que la secuestradora es la mujer se eleva al 92%.

¿Qué es el secuestro parental y cuáles son sus consecuencias?

Este acto viola los derechos fundamentales del menor, porque le impide tener contacto con el otro progenitor y su familia.

Alberto Zárate, México, 6 Septiembre 2022
El secuestro parental es común, en especial cuando una pareja está en proceso de separación. Te decimos cómo identificarlo.

¿Qué es el secuestro parental?
El secuestro parental, también llamado abducción parental, abducción familiar o parental child abduction (en inglés) es una clase particular de secuestro donde un menor de edad (niña, niño o adolescente) es separado abruptamente y sin consentimiento de su hogar por uno de los padres o tutores legales, alejándolo de forma temporal o permanente sin ánimo de regresarlo con la otra persona.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo define como la «sustracción, retención u ocultamiento como la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o adolescente de la persona que legalmente detenta su guarda o custodia (generalmente es uno de los padres), ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar habitual de residencia».

Ya en marzo del 2019, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados propuso reformar el Código Penal Federal para imponer de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 1000 días multa, al «ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor de edad fuera de la entidad federativa donde reside».

En caso de que no exista relación de parentesco, o de tutela, la pena será de 5 a 15 años y de 200 a 1000 días de multa.

Existen miles de casos donde los hijos son escondidos durante meses o incluso años. 
El objetivo principal de esta iniciativa presentada por Morena, era prohibir y penalizar el secuestro parental de menores de edad, además de que las niñas, niños y adolescentes volvieran sanos y salvos a sus hogares, ya que “hay miles de casos donde los hijos o hijas son ocultadas durante meses, o incluso años, de sus padres o familiares”.
Tan solo en 2015, la asociación “Niños, Niñas y Adolescentes con Ma-Pa” expuso que al menos 100 mil menores eran rehenes de los juicios de divorcio de sus padres. 

Comúnmente alguno de ellos los utilizaba como arma contra su pareja.

¿Qué hacer en caso de secuestro parental?
La organización Womens Law señala que la custodia y secuestro parental son temas complicados y es importante encontrar un abogado o abogada con experiencia en estos temas.
Los menores que sufren este tipo de secuestros ven su equilibrio emocional alterado y, en muchos casos, se presentan secuelas que son difíciles de borrar. 

Una recomendación es la siguiente:
En caso de que uno de los padres o tutores tema que el otro padre, madre o tutor saque a un menor de edad de la ciudad o estado donde residen sin su consentimiento, la opción es pedir a la corte una orden de custodia temporal de emergencia con la que la otra parte no puede sacar a nadie, solo puede tener visitas supervisadas. Cuando uno de los padres saca del país a su hijo sin contar con la autorización del otro progenitor no sólo se comete un delito sino que se daña el equilibrio emocional del menor. 
En caso de que este acuerdo sea vulnerado por uno de los padres podrá, también, iniciar un proceso penal.

Secuestro Internacional menores en el PSOE

Un cargo público del PSOE denuncia a su ex mujer por «sustracción internacional de menores»

Rodrigo Villar, 16/06/2022 
Pedro Llorente, secretario de Política Institucional del PSOE en San Sebastián de los Reyes y miembro del Comité Regional del PSOE Madrid, ha denunciado a su ex mujer por «sustracción internacional de menores». El motivo: su ex mujer, E.N., de nacionalidad rusa, se ha llevado a los hijos de ambos a Rusia faltando al convenio de divorcio, según ha comentado el propio padre. «Parece que cuando hay un problema entre un hombre y una mujer el hombre es prácticamente un borracho violento. Ella (la ex mujer) ya se había fugado a Rusia cuando mi hija tenía 1 año y medio y ahora se los lleva en mitad de una guerra», dice.
Este caso es uno de tantos que rompe con la ideología de género que defiende el dogma de que el hombre es el agresor y la mujer la víctima. «Creo que mi partido, el PSOE, está abocado a pronunciarse sobre el caso. No puedes poner a una mujer por encima de un hombre ni a un hombre por encima de una mujer. No estoy de acuerdo con la postura que el PSOE ha tenido con la ley de ideología de género. Determinado feminismo muy radical hace un flaco favor a la mujer y al feminismo», señala Pedro Llorente.
Según la sentencia que otorga el divorcio a los 2 cónyuges, la custodia de los menores corresponde a la madre teniendo el padre un régimen de visitas estipulado en fines de semanas alternos y miércoles interpersonales. Sin embargo, aunque en el convenio regulador el progenitor se compromete a autorizar la salida de sus hijos de territorio nacional para visitar a sus familiares en Rusia, dicho extremo tiene que hacerse con previo aviso por escrito, con fecha de ida y vuelta y con copia de los billetes al padre.
En este sentido, la denuncia explica que el cargo del PSOE recibió una llamada el día 13 de junio desde el centro docente donde sus hijos estudian, en la que le dijeron que los menores llevaban sin asistir a clases desde el 9 de junio de 2022. Inmediatamente, Llorente intentó comunicar por teléfono con su ex mujer y con sus 2 hijos sin obtener respuesta por parte de nadie, por lo que, según dice, sospecha que su madre se los ha llevado a Rusia. Pedro Llorente denuncia además que su ex mujer le comunicó que pasaría un periodo vacacional con sus hijos en Rusia del 1 al 31 de julio. Ahora bien, en ningún momento le comunicó que iban a salir de España en las fechas actuales, cuando los menores tienen exámenes finales en el colegio.
Llorente se define como un socialista de «pata negra» y revela a OKDIARIO que lleva afiliado desde los 18 años al PSOE. «He sido además secretario de comunicación de las Juventudes Socialistas cuando Pedro Sánchez estaba en la ejecutiva. Llevo toda la vida en el partido».

El Supremo aplica la doctrina Juana Rivas y ......

...... rebaja la condena de un maltratador que ocultó a sus hijos.

Otras Informaciones:

El Supremo reduce a 2 años y medio la pena de prisión de Juana Rivas.

El Supremo aplica la 'doctrina Juana Rivas' y rebaja la condena de una pareja que sustrajo a sus 3 hijos.

Los tribunales le habían condenado a 4 años de cárcel por 2 delitos de sustracción de menores, 1 por cada niño a los que ocultó durante 2 semanas, pero el Supremo deja su condena en la mitad.
Alberto Pozas, 17 de marzo de 2022 
El Tribunal Supremo ha reducido a la mitad la condena de prisión de un maltratador que en 2018 ocultó a sus 2 hijos pequeños durante 2 semanas a su madre. Los magistrados aplican el criterio surgido a raíz del caso de Juana Rivas y dejan su condena en 2 años de prisión por 1 solo delito de sustracción de menores. Fuentes del caso explican a elDiario.es que el padre, con varias condenas por violencia machista en su historial, ya se encuentra en prisión por otras causas y por tanto sí cumplirá condena entre rejas por llevarse a sus hijos sin permiso de la madre.
Los hechos, según las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es, arrancaron en septiembre de 2018. La pareja tenía 2 niños menores de 10 años de edad, residía en Euskadi y llevaban varios años divorciados. 

Los tribunales vascos habían otorgado la guarda y custodia de los menores a la madre y también habían dejado en sus manos la decisión de en qué colegio debían estar escolarizados. Esas sentencias del proceso de divorcio, examinadas por este periódico, reflejan “las condenas del padre en el ámbito doméstico”: según fuentes del caso, a día de hoy ha sido condenado varias veces por diversos delitos relacionados con la violencia de género y quebrantamiento de condena.
Las entregas de los 2 niños se producía en un Punto de Encuentro Familiar pero ese día, en la 1ª semana de septiembre, el padre no entregó a los 2 niños. No lo hizo tampoco al día siguiente ni a la semana siguiente mientras los 2 menores faltaban a clase y él se negaba a revelar a la madre dónde los tenía. Por teléfono instó a su exmujer a cambiar a los niños de colegio antes de decir que “su teléfono iba a dejar de funcionar”, sin dar ningún número nuevo de contacto y afirmando que “no se enterará” de ningún mensaje posterior. 

El padre fue localizado con los niños 16 días después en un pueblo de la provincia de Salamanca, a más de 400 kms por carretera.
En un 1ºr momento los tribunales vascos le impusieron una condena de 4 años de cárcel, a razón de 2 años por cada delito de sustracción de menores, un delito por cada hijo. Así lo estableció un juzgado de lo penal en 2020 y posteriormente la A. P. de Bizkaia avaló esta condena en el 1º mes de 2021. Los jueces razonaron en ese momento que, cuando se habla de la sustracción de menores, “hay tantos delitos como menores hubieren sido sustraídos porque con su comisión se atacan bienes jurídicos personales”, además de razonar que “siendo 2 los sujetos pasivos de este tipo delictivo, son 2 los resultados lesivos”.
Esta jurisprudencia sobre la sustracción de menores quedó matizada por el Tribunal Supremo cuando en abril de 2021 decidió rebajar a la mitad la condena de Juana Rivas, la madre de Maracena condenada por ocultar durante 1 mes a sus 2 hijos de su padre, al que acusaba entonces de maltrato. El caso de Juana Rivas sirvió para que la sala de lo penal estableciera como criterio que se trataba de un único delito aunque hubiera varios hijos afectados, lo que implicó que su condena quedaba rebajada de 5 a 2 años y medio de prisión. Esa misma doctrina ha sido aplicada al caso de este hombre y su condena baja de 4 a 2 años de prisión por un único delito de sustracción de menores.

Los jueces, con Javier Hernández como ponente, estiman el recurso del condenado, con la opinión contraria de la Fiscalía - que sí apoyó esta rebaja en el caso de Rivas - y de la acusación y rebajan su condena a la mitad. La sala de lo penal explica que debe ser condenado por un único delito de sustracción de menores y recuerdan que esta “cuestión normativa” ya fue “objeto de pronunciamiento plenario” cuando resolvieron el caso de Juana Rivas, cuya sentencia reproducen textualmente durante varias páginas. “Procede, por tanto, dejar sin efecto 1 de las 2 condenas, objeto de recurso”, zanja el Supremo en una sentencia que, como es habitual en los casos de sustracción de menores resueltos en el último año, tienen un voto particular contrario del ponente y de Leopoldo Puente, 2 de las últimas incorporaciones a la sala que preside Manuel Marchena.
Una condena de 2 años de cárcel no tendría por qué implicar su ingreso obligatorio en prisión para cumplir condena pero, en este caso, sí que será así. Fuentes conocedoras del procedimiento afirman a elDiario.es que en este momento el condenado se encuentra en prisión cumpliendo condena por otro asunto, y que además tiene otras condenas pendientes por violencia de género. 

El proceso, en cualquier caso, entrará ahora en fase de ejecución para decidir si esta condena se acumula a las que ya está cumpliendo.
El Tribunal Supremo rebaja su condena por este motivo pero rechaza el resto del recurso, en el que su defensa pedía además que fuera condenado por una versión menos grave del delito de sustracción de menores. Su abogado alegaba que restituyó a los menores antes del límite de 15 días que marca el Código Penal y que, además, permitió que los niños hablaran por teléfono con la madre aunque no revelase su paradero. Los jueces contestan que fue detenido con sus hijos “a centenares de kilómetros de la residencia habitual sin que se disponga de ningún dato más allá de la manifestación contenida en el recurso de que su intención era la de restituir a los menores al lugar fijado como su residencia habitual”.
Decenas de condenas al año
Cada año, los tribunales españoles condenan a casi 6.000 personas por delitos relacionados con la familia: en 2019 por ejemplo hubo 5.821 condenas por delitos contra las relaciones familiares y la inmensa mayoría, un total de 5.749, fueron delitos de abandono de familia. Un delito que se suele aplicar a cuando uno de los progenitores no cumple con sus obligaciones como, por ejemplo, pagar una pensión de alimentos.De esa cantidad, hace 2 años, los tribunales impusieron 30 condenas por delitos de sustracción de menores, un 0,5% del total de delitos de este tipo.

Los datos del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, con los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora el recuento anual de delitos y de condenados, reflejan que entre 2013 y 2020 los juzgados y tribunales han condenado a 262 personas por delitos de sustracción de menores, con entre 30 y 40 condenas al año. Se trata del único delito relacionado con la familia en el que hay más mujeres condenadas que hombres: en este periodo de tiempo hubo 122 condenados y 140 condenadas. En 2019, en el caso del delito de abandono de familia, hubo 5.315 hombres condenados y 506 mujeres condenadas.
Tal y como explicó elDiario.es, diversos juristas abogan por aplicar perspectiva de género a este tipo de delitos. Así lo expresó, por ejemplo, la fiscal de sala Teresa Peramato afirmó recientemente: “Conocedores de que la mayor parte de las personas que sustraen a sus hijos e hijas son las madres, que además son las cuidadoras, y que esta conducta puede obedecer a la necesidad de protegerse y de proteger a sus hijos e hijas, lo que procede es extremar las diligencias en la investigación de estos procedimientos”, explicó para llamar a los fiscales a poner la lupa también la “incidencia de la violencia de género en la sustracción y dar la respuesta jurídica que sea mas justa y adecuada, con aplicación en su caso de las circunstancias eximentes completas o incompletas que resulten aplicables”.

España: Aumentan los secuestros parentales tras el divorcio

Otros Medios: enlineadirecta,

LAS VÍCTIMAS SE QUEJAN DE LENTITUD JUDICIAL.
"Su madre le ha dicho que he muerto". 

300 niños sufren secuestro parental cada año.
Rusia es el país en el que más se refugian los progenitores con sus hijos; allí no se respeta el Convenio de La Haya; Interior ha registrado más de 2.700 casos desde 2010
Roberto R. Ballesteros, 14/09/2019 
El año pasado 320 niños fueron sustraídos de su padre o de su madre y trasladados fuera de España. La cifra la publica el informe anual elaborado por el Centro Nacional de Desaparecidos dependiente del Ministerio del Interior, que extrae los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad, que a su vez recoge todas las infracciones penales detectadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

En la práctica totalidad de estos casos, quien retiene a los menores es uno de los progenitores, que se queda con el hijo de su pareja y se lo lleva al extranjero sin el consentimiento de la otra persona.
Durante la última década, según las mismas estadísticas que maneja el mencionado Centro Nacional de Desaparecidos, el número de niños sustraídos por alguno de sus progenitores ha rondado los 300 anuales. Desde 2010 hasta el año pasado, en total, ha habido 2.731 casos. 

El hijo de Iván Manjón es uno de ellos. El hombre llevaba 10 años casado con Olga, una rusa a la que conoció durante un viaje a San Petersburgo en 2002, cuando un día de 2014 ella decidió llevarse al pequeño para siempre. Le dijo que se iba con él de vacaciones, como había hecho otros veranos, pero esta vez compró solo billetes de ida. 

El menor entonces contaba 7 años.

"Ella inició un procedimiento de divorcio allí en cuanto llegó y la jueza rusa nos divorció sin siquiera notificarme; después de mucho tiempo conseguí por fin que la justicia rusa anulara el divorcio; y así llevamos 5 años sin divorciarnos; el próximo 22 de octubre tenemos una vista en el Juzgado Civil nº 8 de Vitoria para determinar quién tiene la guardia y custodia del menor", explica Manjón, que durante este último lustro tan solo ha visto a su hijo 1 vez. "Llevo un año enviando 3 mensajes de Whatsapp cada semana para hablar con mi hijo, porque el juzgado me dijo que tenía derecho a eso, pero ella no lo permite", protesta Manjón, que se queja también de la lentitud de la justicia española. "Si tardan un poco más, el niño cumple 18 años", critica.
"En Rusia hay 147 menores españoles que han sido sustraídos; es el país al que llegan más pequeños de este modo desde España", explica Javier Somoza, portavoz del Colectivo contra la Sustracción Parental y padre de un niño también trasladado a Rusia y al que no ve desde hace 3 años. 

"Su madre le ha dicho que he muerto; tiene 7 años, pero he sabido que se hace pis, que no habla, que tiene terrores nocturnos... y es español", afirma con asombro Somoza, que llegó a proponer a las autoridades rusas "un pasillo humanitario que permitiera que los padres tuvieran contacto con sus hijos". "El Ministerio de Justicia rechazó hacer los trámites, por lo que fuimos directamente a Moscú a través de Exteriores, pero ni respondieron", cuenta con tristeza.
"Rusia no cumple con el Convenio de La Haya de 1980; todavía no he visto un retorno desde allí", sentencia Adriana de Ruiter, abogada y vocal de la Asociación de Profesionales contra la Sustracción Internacional de Menores. "En todos los casos que conozco el procedimiento es el mismo; regresan con su hijo a su país para pasar las vacaciones, allí presentan el divorcio y la justicia les concede unas medidas; en ese momento, el retorno se complica mucho", describe la letrada, que recomienda actuar desde el 1º momento tanto por la vía civil como por la penal. 

Esta última, asegura, sirve "al menos para localizar al menor". 

Luego es la demanda civil, añade, la que sirve para pedir medidas que permitan el regreso del niño desde el país de destino.
Aun siguiendo todos estos trámites, sin embargo, la odisea del progenitor que pierde al menor parece insalvable. Carlos Salgado se separó de su mujer en 2013. Durante el proceso de divorcio, ella, nacida en Kirguistán, se enamoró de un administrativo del Juzgado de Blanes (Girona) -que llevaba el caso- y se fue a vivir con él y con la hija que había tenido antes con su marido. 3 años después, recuerda el propio Salgado, ella quiso quitarle los días de visita. "Como protesté, fue a la escuela y se llevó a la niña", recuerda. "El juzgado me daba la razón en todo, pero nunca ejecutaba sus resoluciones", afirma. "Yo le advertí de que ella no obedecería nunca, que había que ejecutar esas resoluciones, pero ni caso; advertí también hasta 4 veces y por escrito de que un día secuestraría a la niña; y así ocurrió", relata.
En septiembre de 2016, cuando la menor tenía 8 años, la madre se la llevó a su país. "Su novio le ayudó y se fue con ella; de hecho, está también imputado", cuenta con desesperanza el hombre, que asegura que el verdadero culpable de todo esto fue el juzgado, que no hizo nada a pesar de que tenía todas las herramientas para actuar. "Había hasta una investigación de la Fiscalía de Menores contra ella por presunto maltrato a la niña", apunta Salgado, que recuerda que la mujer mandó un mail para hacer creer que estaba en Rusia y despistar a la justicia española, pero en realidad se fue a Kirguistán, donde vive actualmente. "Lo supe porque contraté a un detective, ya que el juzgado no actuaba", explica el padre, que tras la pasividad judicial no encontró más salida que viajar al país asiático a recoger a su hija.
"Tengo la custodia en exclusiva, la patria potestad y todos los papeles que lo acreditan; además, hay una orden de busca y captura contra mi ex mujer", justifica Salgado, que cuando llegó a Kirguistán localizó a su hija y trató de salir del país con ella. Sin embargo, la Policía le paró en la frontera y le retuvo un día en los calabozos. "Me amenazaron de muerte, me llevaron a un descampado y pensé que me pegaban un tiro, un agente jugaba con una pistola delante de mi", rememora el padre, que lee con horror reportajes sobre cómo en Kirguistán secuestran a las jóvenes y las casan con el secuestrador. Su hija cumplirá 12 años en enero. Aunque le quedan 5 para cumplir la mayoría de edad, la lentitud judicial no da precisamente esperanzas a Salgado, que cada día está pendiente de las resoluciones judiciales. La última: la A. P. de Girona ha ordenado remitir una requisitoria para interrogar a la madre en Kirguistán.
"Vergüenza de ser española"
"Es una ciudadana española que está secuestrada en un país extranjero y España no hace nada", sentencia el catalán. "Quiero demandar al estado español por dejación de funciones", agrega visiblemente molesto con la pasividad de la justicia. Sin embargo, no es el progenitor que lleva más tiempo sin ver a su hijo. Heber Serrano, un profesor de primaria de Granada, no tiene ningún contacto con él desde hace 12 años. "El Juzgado 3 de Granada me dio la guardia y custodia; ella no podía salir de España, pero el consulado ruso le ayudó; hizo una declaración jurada en la que decía que el niño no tenía padre y le dieron la nacionalidad rusa a mi hijo; se fue por Francia en 2008 justo cuando me tocaba recogerle", relata Serrano.
El juzgado reaccionó, aunque sin éxito. "Emitió una orden de busca y captura y una euroorden, pero eso no vale para nada; Moscú respondió que los 2 estaban en paradero desconocido", recuerda. "Luego me tiré 3 años de juicios en Rusia, pero lo denegaban todo; incluso ponían en duda la resolución española", afirma Serrano, que, cansado de la incapacidad judicial y administrativa, decidió actuar por su cuenta. "Escribí una carta y pedí a Exteriores ir a verle, pero sin que nadie lo supiera allí, porque si no ella lo impediría; el Ministerio al principio me dijo que sí, pero luego me lo denegaron", asegura Serrano, quien no se dio por vencido. 

"Decidí entonces hacer una campaña por redes; me creé un perfil en VContact, el Facebook ruso, me hice amigo de todas las instituciones del pueblo y publicité que buscaba al menor; sé que la carta le llegó a mi hijo por esta vía", afirma aún esperanzado.
El padre no consiguió contactar con el niño, que ya tiene 14 años, pero sí logró un número de teléfono. "Alguien de su colegio me lo dio y le pasé la carta por Whatsapp; sé que la leyó él, porque la aplicación señalaba que la vio sobre las 18 horas, que es cuando sale del colegio; luego sospecho que ella fue la que me respondió por el móvil que no quería saber nada de mí; se notaba que era la forma de expresarse de la madre", valora Serrano, que después descubrió que su exmujer trabaja en el Ministerio de Justicia ruso. "Ahora entiendo que siempre hayan denegado todo", apunta.
Aunque según el Tribunal de Derechos Humanos el 78% de las sustracciones parentales las realiza la madre, también hay mujeres que los sufren. Es el caso de Olga Rodríguez, que dejó a su hijo con su exmarido el verano de 2018, como tenía pactado, y ya no volvió a verlo. "Tenía que devolvérmelo después de pasar 15 días de vacaciones en Torrevieja, pero no lo hizo", relata la mujer, que como en el resto de casos acudió a la justicia sin éxito alguno. "El juicio en España tardó 1 año en salir y ahora se va a celebrar el de Estados Unidos, en los tribunales de Greenboro, en Carolina del Norte", anuncia Rodríguez, visiblemente descontenta con la actuación de la justicia española.
"Tras la 1ª denuncia que pusimos, el juez nos dijo que le daba en la nariz que ese niño iba a aparecer; esa es la justicia que tenemos; luego denunciamos en plaza de Castilla y el expediente se tiró semanas por el suelo; tuve que dejar mi trabajo, un buen trabajo, para ponerme con el caso de mi hijo; mi familia está arruinada del dinero que hemos gastado en abogados y en detectives privados, que son los que le han localizado; esto es un secuestro en toda regla", cuenta Olga, que refleja así un sentimiento generalizado entre los padres y madres que sufren este tipo de sustracción, casi 500 de ellos agrupados en el mencionado colectivo presidido por Somoza.
"Policía y Guardia Civil no se coordinan; una noche me tuvieron en Interpol hasta las 2 de la madrugada y nadie llevaba mi caso; todo es un desastre, no hay ayudas de nadie; si te toca esto, date por jodido", añade Rodríguez, que reconoce que tuvo problemas para volver al mercado laboral precisamente por sufrir este "secuestro". Tanto ella como el resto de entrevistados tuvo que recurrir a la investigación privada para averiguar dónde su pareja mantiene escondido a su hijo. Así encontró Salgado a su hija en Kirguistán y así descubrió Serrano a qué colegio iba su hijo en Rusia. "Ni la justicia ni la administración de España hacen nada; siento vergüenza de ser española", sentencia Olga.

Secuestro parental: Los 233 niños secuestrados (por sus madres)

"Con las denuncias falsas ganan tiempo para la huida".
MARTÍN MUCHA, BERTA GONZÁLEZ de VEGA, 8 abril 2019 

Con información de Laura Garófano.
De los 320 'secuestros parentales' documentados en 2018, el 73% (233) fueron obra de mujeres. Xavi, que lleva ya 3 años sin saber de su hijo: "No busco venganza; sólo quiero volver a verlo".
El padre de Axel solloza por el pequeño que no ve. Con él comparte la forma del rostro y la mirada. En el cartel de SOS Desaparecidos se leen las características de la desaparición: «Posible secuestro parental». Xavi Rojas se quiebra mientras rememora su ausencia. Hay un largo silencio marcado por el dolor. Recuerda su amor por las motos, el último día que le vio, las sonrisas perdidas... El tiempo que le han robado con su hijo. Xavi -nacido en Barcelona, 44 años, 170 centímetros de estatura- quiere contarlo todo porque ya no puede más. Su ex mujer Almudena, catalana también, desapareció con Axel. Ha vivido denuncias falsas, un largo proceso judicial para obtener la custodia del pequeño... Y nada. Sigue sin saber de él. Como si se hubiera desvanecido...
«Papá es el diablo», así recibió el hijo de Rafael a los agentes que le iban a rescatar de su madre, Mª Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre, quien lo tenía escondido desde hace 2 años. «Me olisqueaba... Vivían como animales», comentaron los investigadores. En la semana en que se ha resuelto este dramático caso de secuestro parental, que ha sido portada de periódicos y abierto telediarios, vamos en busca de los datos y los casos de este fenómeno. Cada 27 horas 22 minutos y 30 segundos se produjo un secuestro parental en España. Según las últimas estadísticas del Informe de Personas Desaparecidas en España 2019 -del Centro Nacional de Desaparecidos dependiente del Ministerio del Interior-, el año pasado se contabilizaron 320 secuestros parentales en nuestro país.
LOS CASOS. 
De ellos, como en el caso de Almudena y de Mª Sevilla -esta última incluso fue al Congreso invitada por Podemos- la mayoría son sustracciones que protagonizan las mamás. Según una investigación de La Haya -del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados- el 73% de ellas las realizan las madres [es una cifra a la baja considerando que la asociación española Niños sin Derechos eleva esta cifra al 92%]. En este informe de fecha julio de 2018 se reconoce, además, que España no da la información del género del secuestrador parental. La estimación se basa en sus estadísticas globales. Se puede señalar sin error, en base a este cálculo, que al menos 233 de este tipo de raptos son obra de las madres en España. Son Gonzalo que busca a Laura. Raúl a Amaya. Oscar que añora a Álvaro. José Antonio a María Luna... Y así cientos de casos.
"PAPÁ TE ESTÁ BUSCANDO".
Algunos son extremadamente mediáticos, como el de Juana Rivas, quien protagonizó una fuga seguida por todo el país. Un caso ejemplar: acaba de ser condenada a 5 años de cárcel y pérdida de la patria potestad por 6 años. Es la consecuencia de haber retenido a sus hijos durante 14 meses. Pero también los hay sin resolver. Como el de Anaís, sustraída el 4 de septiembre de 2016 en San Javier (Murcia). En el cartel de la Fundación Anar, el mensaje del padre: «Tu papá te está buscando y no parará hasta encontrarte. Te quiero con locura».
El retrato robot de la secuestradora parental lo hace Javier Somoza, portavoz de la Asociación Niños sin Derechos: «Ellas sufren el síndrome de la perversa narcisista... Son personas sin empatía, que necesitan la aprobación de otros y cuando no la consiguen, buscan acabar contigo. Y esta voluntad nunca cesa». ¿Y qué papel juega el hijo? «El niño es utilizado como herramienta de destrucción». En base a los casos de la organización que lidera -siendo una víctima también- continúa la descripción de su patrón de conducta. «No los escolarizan. No los vacunan. Suelen cambiarlos de residencia constantemente». 

En la mayor parte de los casos, el padre suele tener la custodia del niño o ellas se escapan antes de que él consiga el cambio del régimen. Por eso, es tajante al señalar que en su asociación no se acepta a ningún condenado por maltrato o violencia. Para entender su psicología, cuenta lo que le dijo su ex pareja antes de llevarse a Miguel, su hijito de 7 años: «Nunca podrás librarte de mí del daño que te voy a hacer. No sólo voy a arrancarte lo que más quieres. Te voy a hacer sufrir mientras dure tu vida».
Esa aflicción la vivió de cerca Julio. Su Dora -nombre cambiado- hoy vive en Coslada (Madrid), en una casa de acogida con su madre, española como Julio. Él, como consuelo, tiene la alegría de saber dónde está. Le costó lágrimas y esfuerzo. Supo que durante meses, de los 4 a los 5 años, la niña estuvo en paradero desconocido. Él hasta llegó a ponerse en huelga de hambre para denunciar la situación.. Su historia comienza así... Cuando Julio se separó todos vivían en Inglaterra. Ella, sin trabajar, se quería volver a España; él no. «Me hacía la vida imposible. Me puso una denuncia por violencia doméstica... La archivaron, pero esa denuncia, en el aeropuerto, le sirvió para salir sin mi permiso». No es algo anormal. También forma parte de la casuística. «En el 98% de los casos de secuestro parental hay, en paralelo, denuncias falsas. Eso les hace ganar tiempo para su huida», afirma Somoza. En el caso de Dora es una certeza.

En noviembre de 2016, empezó el calvario de Julio. Él se tuvo que quedar unos meses en Inglaterra cerrando su negocio. Se celebró entonces un juicio para ver cómo retornaba la niña a Inglaterra, porque el Gobierno británico la acusaba a ella de secuestro parental, «pero el juez español dijo que la niña donde mejor estaba era con su madre». Desde entonces, su ex ha incumplido el régimen de visitas. Julio planteó cambiar el régimen de custodia. Ella se negó y volvió a ponerle una denuncia, esta vez por vejaciones: «Me absolvieron, ella recurrió y, de nuevo, me absolvieron en segunda instancia». El juicio fue el 11 de octubre de 2017. 2 días antes, la madre había sacado a la niña del colegio y se resguardaron en un centro de acogida de madres maltratadas. Se enteró de que lo cambiaban a otro centro educativo. Allí logró hablar con la directora, la psicóloga y la trabajadora social. Le contaron que ella se presentaba como una mujer maltratada. Las educadoras, felizmente, se dieron cuenta de su inestabilidad mental. Después, a la abogada de Julio le llegó otra sorpresiva notificación: una que indicaba que, para cualquier contacto, la dirección de su hijo es una asociación de protección de maltratadas. «Ingresó sin nada que le acreditara como una maltratada. Lleva 19 meses bajo su cuidado», explica Julio, que durante meses hizo indagaciones para saber dónde estaba aquel centro, incluso con drones. 

De octubre de 2017 a octubre de 2018 no supo de Dora. Y en todo ese tiempo no fue al colegio. Patrón que se repite una y otra vez.
AYUDANDO AL RAPTO
Somoza advierte que, como en el caso de Mª Sevilla, quien llevaba la presidencia de la asociación Infancia Libre, hay indicios de que hay asociaciones de reciente creación que «sólo sirven para ayudar» a las secuestradoras parentales. Por cierto, Sevilla presumió en su exposición en el mismísimo Congreso que su ONG asistía a 170 madres de niños. Crónica tiene testimonios que certifican que más de una de ellas han sustraído a su hijo con el apoyo de la organización de Mª Sevilla.
«Son muchos casos y muchas asociaciones que lo han hecho. Es una historia que se repite. Se aprovechan de las leyes vigentes», afirma Somoza. Sevilla también dijo en voz alta en la Cámara Baja que el equipo de Infancia Libre era un grupo de trabajo formado por «jueces en excedencia, psiquiatras, pediatras, psicólogos, docentes...». 

El portavoz de Niños sin Derechos asegura que ciertas asociaciones «aconsejan denunciar al padre» aunque no haya pruebas concretas. Para más inri, el padre del niño secuestrado por Mª Sevilla fue denunciado 3 veces falsamente, incluyendo por abuso sexual sobre su propio hijo.
Lo cierto es que cuando auténticos peritos judiciales analizan estos casos, los jueces españoles ratifican la pérdida de la custodia del niño por parte de la madre. Como a Luis -nombre cambiado, nos ha pedido protejamos su identidad-, cuya mujer se llevó a su hijo desde Cádiz a Mallorca. Una vez allí, le acusa por malos tratos. En la denuncia ella declara literalmente: «Que se quiere separar y que le ha dicho un abogado que le denuncie por malos tratos». Todo desestimado.
Los informes de los psicólogos que analizaron a la ex mujer de Luis no dudan: «[Ella] tiene deficiencias como cuidadora, con puntuaciones bajas en asertividad, equilibrio emocional, capacidad para resolver vínculos afectivos, cuidado responsable y cuidado afectivo». El final, en esta ocasión, ha sido feliz porque ha logrado recuperar a su hijo.
EL FINAL DE LA ESCAPADA
Crónica ha podido encontrar casos sumamente recientes. Como el de Pedro -nombre ficticio-, quien está en un pueblo de Valladolid. Lleva 10 colegios en 7 años de vida. Su padre, Víctor, no le ve desde Navidades y no cree que lo vaya a ver en Semana Santa. La madre no le coge el teléfono desde hace semanas. Ella se mudó de Zaragoza a la localidad vallisoletana donde vive ahora con sus 4 hijos de 4 padres distintos sin decírselo a Víctor.
Haciendo un trabajo de detective dio con ella. En el colegio se creían que el verdadero padre de su hijo era la actual pareja de la mamá. Está pensando en pedir un cambio en la guarda y custodia pero dice que le da miedo una denuncia falsa por violencia de género o por abusos sexuales a su hijo. No lo podría soportar... Otro dilema es el de Manuel, 41 años, quien está a cargo de una empresa de limpieza de colegios.. Él ha tenido a sus 2 hijos un mes en paradero desconocido. Según le ha dicho su abogado, ella ha logrado hasta cobrar una pensión como mujer maltratada. Su ex pareja le había acusado también por malos tratos. La juez, en enero, le ha absuelto y señala claramente «que las denuncias son por intereses espurios». En ambos casos, al menos, ya han encontrado a sus hijos.Lo que más le importa a los padres.
El caso de Enrique, de Madrid, es rocambolesco. Al poco de convivir con su ex pareja, ella se queda embarazada y, tras parir, registra a la niña como madre soltera. Él se da cuenta de lo que ocurre cuando un día recoge la tarjeta sanitaria de la niña del buzón y no están sus apellidos. «Ya teníamos muchas discusiones. En una de ellas, me lesionó con un cuchillo. Nos denunciamos los 2. Yo dormí en un calabozo en pijama y ensangrentado... Se archivó». Desde entonces, durante 1 año y medio, desapareció y él no sabía dónde estaba. 1º tuvo que interponer una demanda de paternidad. El plan se derrumbó porque, felizmente, Enrique conservaba el cordón umbilical.
Contrató a un detective para saber dónde estaban, hasta dar con ellas en Viladeseca, en Tarragona. Su ex tenía una hija mayor con otro hombre, que le contó a Enrique que había hecho lo mismo con él. Que cobra ayudas de madre soltera, «lo sé por detectives» y «si puede, también la de mujer maltratada». Después del embrollo judicial, desde diciembre tiene ya reconocida su paternidad y un régimen de visitas. Cada 15 días recorre 1.100 kilómetros para ver a su hija. «Tiene 2 años y medio. Seguiré luchando por ella. Estoy esperando que haya medidas nuevas»... 

La gran mayoría de los padres se vuelve paranoico. «Grabo todo. No quiero que me ponga una demanda de nada. Ha sido un sinvivir». 

Lo mismo hace Julio, el padre de Dora. «Por si me pone una denuncia por abusos sexuales, que es lo que suelen hacer en estos casos».
DOS FINALES
Desde octubre, Dora ha vuelto al cole. Su padre ha pedido una valoración independiente psicológica de la madre. «Quiero la custodia total y, si se somete a un tratamiento y está bien, no tengo problema con la compartida», explica. Recuerda el reencuentro, después de haberla visto sólo 4 días en 2 años. «Me reconoció, vino corriendo», dice pletórico. Hace una petición que podrían decir en coro todos los citados en este reportaje: «Que no tengan miedo a pensar por sí mismos, sin presiones. Que admitan las pruebas, que actúen de oficio ante una denuncia falsa, porque los perjudicados son los niños, las auténticas víctimas». Ve la luz después de pensar que lo perdía todo.

La cara B, la de la búsqueda y la angustia, es la de padres como Iván, Juan Carlos, Alejandro, Xavi... Xavi y Axel:«No busco venganza; sólo quiero volver a verlo». Hay reminiscencias del caso de Juana Rivas con el suyo pero al revés. Su hijo estaría en Italia. En Florencia se le vio por última vez.. Van casi 3 años sin él.
-¿Qué recuerda de Axel?
-Cada sitio donde he estado con él me hace llorar...
La mejor foto juntos -dos sonrisas, padre e hijo- la tiene estampada en el cojín que abraza cada noche.

¿Justicia “patriarcal”? Carta abierta a Isabel Serra

Jorge Martínez Martínez, Abogado, 20/10/2020
Allá por febrero, con ocasión del último de los archivos frente a uno de los padres acusado de abuso sexual sobre su hija por alguna de las madres integrantes de Infancia Libre, escribimos unas líneas tituladas “Sobre Infancia Libre y la utilización de los hijos como ariete”. Hoy, con ocasión de la condena por sustracción de Dña. Mª Sevilla, presidenta de dicha asociación, a la pena de 2 años y 4 meses de prisión y privación durante 4 años de patria potestad, y las declaraciones de Dña. Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, nos asalta una duda: ¿es nuestra justicia patriarcal?
La respuesta a esas declaraciones de la Srta. Serra parece obvia y rotunda: no. Ni patriarcal ni matriarcal es, sencillamente (y no es poco), justicia. Pero, si por si a la Srta. Serra le pudiera servir para mejor formar su criterio sobre la justicia, le podemos ofrecer 2 ejemplos de asuntos que llevamos en nuestro despacho.
El 1º de ellos (en el que, por cierto, hoy ha comparecido en el enésimo juicio del mismo uno de nuestros compañeros), se lleva en una capital andaluza. Allá por el 2012 interpusimos una modificación de medidas en la que el padre (sí, el “patriarca”) solicitaba que las visitas pudieran desarrollarse en Navarra, donde está la familia paterna. La “respuesta” de la madre fue denunciar a nuestro cliente por un zapatillazo, que dio lugar a una paralización del procedimiento civil, una paralela apertura de diligencias penales y, finalmente, un informe en dicho procedimiento penal en el que se informaba de la manipulación a la que la madre sometía a la hija para no irse con su padre. De ese procedimiento penal, nuestro cliente salió absuelto.
Una vez el procedimiento penal finalizó se reactivó el procedimiento civil. Un nuevo informe psicológico dijo que la niña estaba manipulada por la madre, que había perdido la referencia paterna y que no se encontraba explicación a esa furibunda desafección de la hija para con el padre. Y aunque se pidió el cambio de custodia por la evidenciada manipulación de la madre para con la hija, la “justicia patriarcal” determinó que la niña siguiera con su madre, que no dudamos que seguirá alimentando el amor y cariño por su padre, como ha hecho a lo largo de estos 7 años en los que no ha tenido a bien que padre e hija se relacionen.
Tanto es el amor que la madre profesa hacia su hija y el padre que, hoy, en un nuevo procedimiento de ejecución (por si no ha quedado claro, el padre lleva 7 años sin ver a su hija), el Ministerio Fiscal ha interesado que se deduzca testimonio contra la madre por su actuación y que se abra pieza de medidas urgentes para determina si es procedente el cambio de custodia. Pregunta que nos hacemos: ¿también es patriarcal el Ministerio Fiscal, que en el juicio de hoy estaba representado por una mujer?
Cierto es que la Srta. Serra podría decirnos que es un caso aislado y que no por no haberse matado a un perro se es un mataperros. Pero, como decía Super Ratón en su show de dibujos animados, “¡no se vayan todavía, aún hay más!”.
En otro asunto, en esta ocasión seguido en una localidad valenciana, se veía la posibilidad de que se cambiara la custodia de unos niños que durante casi 4 años y por obra y gracia de la actitud de la madre, no vieron a su padre. Además, con un gran charco mediante, toda vez que los niños (hoy ya no tanto…) viven en EE.UU.
Casi 4 años de incumplimiento, casi 4 años sin noticias de sus hijos y, por fin, se celebra el juicio. El informe que se practicó refiere que los niños están manipulados, que la madre no fomenta la figura del padre biológico y, por el contrario, que pretende sustituir esa figura por la de su actual esposo, que se cree el padre de esos niños. Y, también esta vez, la “justicia patriarcal” entiende que para qué cambiar lo que ya funciona, que para sacar a los niños de su confort si ya están adaptados a la manipulación. Eso sí, esa “justicia patriarcal” le dice al padre de esos niños (al real, no al impostado) que haga un esfuerzo por entenderles…
Y, también una vez más, una representante del patriarcal Ministerio Fiscal, interviene. Pero, ahora, sin desperdicio: no solo “avaló” que los niños siguieran huérfanos de padre en vida sino que, además, entendió que debía premiarse al padre con una subida de la pensión alimenticia, acuñando un nuevo concepto de prueba que podría denominarse con el “lenguaje universal de los números”. Según dijo el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, “no es preciso que la documentación esté traducida, ya que el lenguaje universal de los números y el símbolo del dólar permite extraer como conclusión que la pensión debe aumentar” (la madre no tradujo los documentos que venían en inglés, como obliga nuestra LEC).
Así pues, según nuestros 2 ejemplos anteriores y siguiendo el razonamiento de la Srta. Serra, ¿tendríamos que definir a nuestra justicia como “matriarcal”? ¿Para que una justicia deje de ser “patriarcal” hay que dejar a uno de los progenitores hacer lo que le venga en gana con sus hijos? ¿La “matriarcalidad” o “patriarcalidad” de nuestra justicia dependerá del género de las resoluciones? La justicia no puede ni debe tener género, que es a lo que que la Sra. Serra parece reducir el debate: la justicia debe ser ella misma, justa, juzgado conductas y hechos y no géneros.

Condenan a la presidenta de Infancia libre a Prisión.

Más Información: el diario, abc, la sexta, Confilegal,

Condenada a 2 años y 4 meses de cárcel la presidenta de Infancia Libre por sustracción de menores.
MANUEL MARRACO, Madrid, 20 octubre 2020 
Mª Sevilla tendrá que indemnizar con 5.000 euros al padre del niño por daños morales y perderá la patria potestad durante 4 años.
La presidenta de la asociación Infancia Libre, Mª Sevilla, ha sido condenada a 2 años y 4 meses de prisión y la retirada durante 4 años de la patria potestad por un delito de sustracción de menores. Además, el juzgado de lo Penal de Madrid y ha ordenado que indemnice al padre del niño con 5.000 euros en concepto de daños morales.
La condena impuesta es inferior a la que reclamaban la Fiscalía (3 años y medio) y la acusación particular (4 años y medio), pero al superar los 2 años supone que cuando sea firme implicará el ingreso efectivo en la cárcel. La sentencia es recurrible ante la A. P. de Madrid.
La sentencia considera probado que Mª Sevilla se ocultó con su hijo para eludir el cumplimiento de la resolución judicial que en 2017 le retiraba la custodia de su hijo de 10 años y se la daba al padre. Tras varias maniobras dilatorias de la madre, la resolución fue firme y Sevilla se encontró ante un plazo de 2 días para entregar al menor a su padre. No lo hizo. "No entregó al menor a su padre, manteniendo oculto su paradero, tanto a él, como al propio Juzgado, lo que consiguió mudando su residencia y la del menor por diferentes puntos de España", dice el juez. 

El procedimiento civil pasó a ser penal y la Policía Nacional activó una investigación que 1 año más tarde dio con Mª Sevilla en una finca de la localidad conquense de Villar de Cañas.
"Con la pertinente autorización judicial, los agentes entraron en la finca el día 30 de marzo de 2.019, detuvieron a la acusada e hicieron entrega del menor a su padre en ese mismo momento, dando así cumplimiento a las resoluciones judiciales adoptadas en la vía civil", explica la sentencia.
Durante el juicio, la acusada alegó que se había llevado al menor para evitar los abusos que sufría por parte de su padre. Para demostrarlo presentó diversos informes periciales. El juez desecha esa tesis, puesto que los informes encargados por el juzgado, y por tanto ajenos a alguna de las partes, descartan que haya indicios de abusos.
"No estamos ante una sustracción temporal que trate de evitar un posible peligro al menor mientras los Tribunales se pronuncian sobre los abusos, estamos ante una sustracción que implica un puro desacato al contenido de resoluciones judiciales ya dictadas que valoraron ese peligro", dice el juez, que tampoco ve base para aplicar la eximente de estado de necesidad que propugnaba la defensa.
En la vista oral, la Fiscalía indicó que revisaría algunos de los documentos aportados por Sevilla para valorar la posibilidad de denunciarla por un delito de falsedad documental o estafa procesal.
Otras integrantes de Infancia Libre también han sido detenidas por sustracción de menores. Esta asociación fue denunciada ante la Fiscalía ante la posibilidad de que estuviera respaldando sustracciones de menores como la que acaba ser condenada, apoyadas en denuncias sin base de abusos sexuales que sólo eran un argucia para impedir el acceso de los padres a sus hijos.
El Ministerio Público descartó finalmente actuar contra la asociación como tal y centrarse en acusaciones concretas. Una de ellas se dirige contra Patricia Alicia González Arribas, para la que el Ministerio Público pide 3 años de prisión y 6 años de retirada de la patria potestad por sustracción de menores. El patrón es el mismo que el del caso de Mª Sevilla: denuncia de falsos abusos sexuales contra el padre, que han sido descartados por la Justicia, y huida con la menor, alejada así de su padre durante 20 meses.
En su última resolución sobre un caso vinculado a Infancia Libre, la Audiencia de Madrid lamentó el "peregrinaje" al que se había sometido a la menor para intentar sustentar la acusación falsa de abusos.
La condenada Mª Sevilla tenía vinculación con podemos, formación a la que asesoró en materia de infancia. Desde esa formación, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Isa Serra, afirmó ayer que la condena no le sorprende, al provenir de una "justicia patriarcal" y por la campaña que de la "extrema derecha" para "fortalecer la idea de que existen muchas denuncias falsas".