miércoles, 7 de noviembre de 2012

Unas 800 viviendas públicas okupadas se rehabilitarán por ONG para desahuciados




La Comunidad de Madrid va a destinar cerca de 800 viviendas que han estado 'okupadas' pertenecientes al IVIMA a varias ONG que las repararán y las podrán alquilar a familias desahuciadas.
 
| 06 Noviembre 2012 - 
Fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad han explicado que son cerca de 800 casas que recupera el IVIMA de "okupaciones ilegales" y que necesitan ser reparadas puesto que los anteriores inquilinos las han dejado en muy mal estado.
En las "próximas semanas", el presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, firmará un convenio con distintas ONG para ceder estos inmuebles y que las organizaciones, tras repararlas, puedan alquilarlas a estas familias por un precio aproximado de unos 200 euros al mes.
Cáritas es la organización con la que las conversaciones están más avanzadas, según las mismas fuentes, que han explicado que se trata de una medida "temporal" para dar salida a estas familias que, de la noche a la mañana, se han quedado sin casa, y que no reúnen todos los requisitos para optar por una vivienda del IVIMA por el procedimiento ordinario.
Estas personas tendrán que pagar un alquiler medio de unos 200 euros y cada año se someterán a una revisión. 
Las 800 viviendas están repartidas por 34 municipios de la región, siendo Madrid capital la localidad con mayor nº de casas disponibles, pues cuenta con unas 350.

EL AYUNTAMIENTO YA LO HACE
Una iniciativa similar se puede encontrar en el Ayuntamiento de Madrid. 
Precisamente, el principal anuncio que hizo la alcaldesa, Ana Botella, en el Pleno del Estado de la Ciudad de junio fue su propósito de destinar 200 viviendas municipales a familias desahuciadas.
Los primeros pisos empezaron a ocuparse con la llegada del otoño. 
Son propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y están siendo gestionados por entidades y organizaciones dedicadas a la lucha contra la exclusión social.
Las familias tienen que pagar a cambio un "precio social", como lo definió la primera edil, que asciende a tres euros por metro cuadrado hasta un máximo de 200 euros

El mercado inmobiliario español recibe fuertes criticas en el informe de la relatora de la ONU

Raquel Rolnik, relatora especial de las naciones unidas, ha presentado un informe  donde critica con dureza el paradigma  inmobiliario basado en la financiación como mecanismo financiero, solicitando a los gobiernos afectados  que abandonen de inmediato las políticas centradas en la financiación en pro de unas políticas basadas en los derechos humanos. 
 
De las conclusiones y recomendaciones del informe extraemos las más llamativas:
  • Critica que la financiación de la vivienda se ha convertido en un pilar central de los mercados financieros mundiales.
  • El estado ha pasado de ser proveedor de viviendas asequibles a facilitador de los mercados inmobiliarios y financieros
  • La relatora opina que en general estas políticas sociales en vivienda no han servido para promover el acceso de los sectores de población  mas desfavorecidos a una vivienda adecuada.
  • Por su naturaleza misma, las políticas de financiación de la vivienda basadas en el crédito discriminan a las familias de menores ingresos
  • Estas políticas no abordan los aspectos más amplios del derecho a una vivienda adecuada
  • La vivienda ha sido concebida como un activo y un producto básico, distribuido solo por las fuerzas del mercado.
  • Los pobres han estado al margen de soluciones adecuadas a ello más allá de la lógica financiera de los mercados inmobiliarios.
  • Los Estados siguen invirtiendo grandes cantidades  de recursos públicos en rescates, subsidios, y exenciones fiscales. 
  • Finalmente se recomiendan 15 medidas par atenuar la grave situación que atraviesan sectores de población afectados por la crisis financiera e inmobiliaria.
Para mas información pueden descargarse el informe completo en PDF

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/175/79/PDF/G1117579.pdf?OpenElement

Cae una red que presentaba denuncias por violencia de género para cobrar ayudas

Detenidas 18 personas en la operación 'Pomelo': 
Contactaba con marroquíes para simular ser pareja y agresor de la mujer. 
A los jóvenes les ofrecían entre 2.000 y 4.000 euros por sus servicios
La Guardia Civil ha desmantelado una red que ofrecía a mujeres inmigrantes, sobre todo marroquíes, regularizar su situación y acceder a ayudas públicas mediante falsas denuncias por violencia de género hacia sus parejas residentes en España, que la propia banda les buscaba en Almería, principalmente hombres de la misma nacionalidad, a quienes la banda ofrecía entre 2.000 y 4.000 euros por interpretar su papel de maltratadores.
En la 'operación Pomelo' han sido detenidas 18 personas, entre los que se encuentran los responsables del grupo, que ponían en contacto a las inmigrantes que querían legalizar su situación en España con hombres residentes en la provincia de Almería
A continuación, simulaban una relación y la mujer presentaba una denuncia por violencia de género para obtener así la regularización y, además, iniciar la tramitación de una subvención de 400 euros.
La Benemérita ha detenido a los 3 organizadores de la trama, además de a otros 6 varones y 9 mujeres que participaron en los hechos. 
En la operación también se han practicado 2 registros en los domicilios de algunos de los implicados, donde se ha intervenido abundante documentación que está siendo analizada.
Hasta el momento, se ha determinado la implicación de los detenidos en al menos 14 delitos de denuncias falsas por violencia de género, con las que pretendían obtener la regularización de su situación e iniciar la tramitación de una subvención.

Aumento de denuncias por violencia de género.

La investigación se inició después del verano, al detectarse un aumento significativo de denuncias por violencia de género entre ciudadanos marroquíes ante la Guardia Civil de El Ejido, en las que coincidían una serie de características y patrones comunes.
Tras las averiguaciones, se localizó a un grupo organizado compuesto por 3 personas de nacionalidad marroquí que se dedicaban a buscar mujeres marroquíes en situación irregular en España. 
Les ofrecían poder acceder a regularizar su situación administrativa simulando ser víctimas de violencia de género, además de posibilitarles acceder a las ayudas económicas que se conceden en España para las víctimas de estos delitos.
Para ello contactaban con varones marroquíes, con situación administrativa regularizada en España, a los cuales les ofrecían entre 2.000 y 4.000 euros por simular ser pareja y agresor de la mujer, con la promesa de que cuando ésta consiguiera su residencia legal en España retiraría la denuncia y la causa se archivaría, quedando sin antecedes por dichos delitos.
Una vez interpuesta la denuncia y con la sentencia provisional, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjeros de Almería, donde presentaban una solicitud de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, conforme a su consideración de víctimas de violencia de género. En los casos investigados hasta el momento estas ayudas eran concedidas en el plazo de 1 mes.

Violencia Doméstica : Muere toda la familia

Mata a su mujer, quema la casa y luego se ahorca en una parroquia de La Coruña. La pareja tenía problemas de convivencia, aunque no existían denuncias por violencia de género. Los 2 cuerpos llevaban varios días en la finca.

EFE, Narón (La Coruña) | 05.11.2012 
Un hombre de 73 años ha matado a su mujer de 63, ha quemado la casa y luego se ha ahorcado en una dependencia anexa a la vivienda en la parroquia de Sedes del municipio coruñés de Narón, según la reconstrucción de los hechos hecha por la Policía. 
Los cuerpos sin vida de A.L.G. y de su mujer M.A.S. han sido hallados en la vivienda del lugar conocido como A Revolta. Fuentes de la investigación han confirmado que se trata, con toda probabilidad, de un crimen machista.

El hombre mató supuestamente a su esposa y le prendió fuego a la casa antes de quitarse él mismo la vida ahorcándose en un anexo de la vivienda que compartían en Sedes, una casa unifamiliar de color naranja en una finca de esta parroquia rural del municipio coruñés de Narón, próxima a San Sadurniño. 

Las mismas fuentes han indicado que la pareja tenía problemas de convivencia que les llevaron hasta la comisaría, aunque no existían denuncias previas por violencia de género. Todo apunta a que los 2 cadáveres llevaban varios días en la finca sin que nadie se percatase del suceso hasta que un vecino los descubrió este lunes.

La Policía Nacional de la comisaría de Ferrol-Narón, que se ocupa de la investigación, acordonó la zona y la juez de guardia autorizó, el levantamiento de los dos cadáveres del matrimonio, que tenía al menos un hijo. 

El alcalde de Narón, Xosé Manuel Blanco, de Terra Galega, ha lamentado el crimen machista y ha anunciado que la corporación local convocará una concentración en repulsa por el presunto asesinato de Marisol a manos de su marido. 
Se trata del crimen por violencia de género que se registra en este municipio desde el pasado mes de junio, cuando un hombre joven y con antecedentes por tráfico de drogas y denunciado por violencia machista, Óscar Ferreño, se saltó la orden de alejamiento para degollar, supuestamente, a su ex novia, Iria García Bouza, de 28 años, en plena calle delante de su portal en Xuvia (Narón). 
Ferreño admitió el asesinato y espera el juicio en prisión.

Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. (BOE de 10 de marzo de 2012)
El Real Decreto-Ley 6/2012 tiene por objeto establecer medidas conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria.
Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión.
Texto completo aqui

martes, 6 de noviembre de 2012

Divorcio y acumulación de modificación de medidas.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 16 de enero de 2012. Recurso nº 350/2011.

Otro Sí/02-11-2012 
Procedencia de la acción de divorcio y acumulación de modificación de medidas. 
Inexistencia de cosa juzgada formal ni material.
Se promueve acción de divorcio, a la que se acumula modificación de medidas reguladoras de la crisis conyugal con el objeto de que fueran moderadas las pretensiones que se le impusieron en la sentencia de separación matrimonial a favor de la demandada (pensión compensatoria), y de la hija común (pensión alimenticia).

La parte demandada alega en la alzada, razones de orma al entender que no se está ante una acción modificatoria, sino que el objeto de la demanda lo constituía puramente la pretensión sobre el estado civil.
Establece la sentencia en Fundamento de Derecho

“ Una de las características de los procesos de familia es la de que a la acción principal sobre estado civil se acumulan “ope legis” otras acciones conexas que posibilitan la regulación de los efectos de las declaraciones de separación, nulidad o divorcio. 
No solo son razones de economía procesal sino también de congruencia las que permiten que con el divorcio se vuelvan a plantear la vigencia de las medidas, por cuanto respecto de las mismas no rige el principio de cosa juzgada formal ni material respecto de las que tienen por finalidad regular obligaciones de futuro. Concretamente la pensión compensatoria, los alimentos y el uso de la vivienda familiar son medidas de marcado contenido conyuntural.

La sentencia aquí

lunes, 5 de noviembre de 2012

Dos jueces sancionados se libran de su castigo

...... por retrasos en el Poder Judicial

  • Se quedarán sin suspensión o multa pese a actitudes como no tomar declaración en fin de semana o tardar más de 1 año en dictar una sentencia
El retraso con el que el Consejo General del Poder Judicial tramitó 2 expedientes disciplinarios abiertos a 2 jueces, precisamente por retrasos y desatención en sus juzgados, ha librado a ambos de las sanciones que se les impusieron, según 2 sentencias del Supremo.
Los 2 jueces, castigados con suspensión y multa, recurrieron contra las sanciones ante el Supremo, argumentando que la tramitación de sus expedientes sobrepasó el plazo de 6 meses previsto por la Ley, y el Alto Tribunal les ha dado la razón.
Ambos fueron expedientados precisamente por desatención o retraso injustificado en la tramitación de las causas de su jurisdicción, retraso que tuvo carácter muy grave en 1 de los 2, que fue suspendido, y grave en el otro magistrado, que recibió solamente una multa.

En el primer caso, la suspensión por 1 año acompañada también de multas se impuso al magistrado Juan Carlos M. G., titular de un juzgado de Vilanova y la Geltrú (Barcelona). La desatención cometida por este juez consistió en hechos, que ahora quedarán impunes, como negarse a recibir declaración a detenidos en sábado tarde o domingo o posponer la revisión de un caso de violencia de género con solicitud de protección por parte de la víctima.
A pesar de estar probados estos hechos, el Supremo destaca que el recurso del juez expedientado debe ser estimado porque el procedimiento había caducado cuando el pleno del CGPJ acordó el castigo y porque, en contra de lo pretendido por el órgano disciplinario, no había ninguna circunstancia extraordinaria que justificara una prórroga.

En el caso del magistrado con sanción grave, se trata de una sanción que el CGPJ impuso a un juez de Lorca (Murcia) por falta grave en el ejercicio de sus funciones, sanción que suponía una multa de 300 euros.
La falta cometida por el juez radicó en el retraso indebido al tardar más de 1 año en dictar la sentencia de un juicio (se celebró en noviembre de 2007 y sentenció en febrero de 2009). Sin embargo, el propio órgano disciplinario incurrió también en retraso en la tramitación de este expediente (tardó más de 6 meses), de tal modo que el asunto había caducado cuando impuso la sanción. 
De hecho, el propio CGPJ aceptó la reclamación del juez y retiró la sanción inicialmente.

Absuelven a un hombre condenado por violencia de género

 ...... al no hallar pruebas.

SANTANDER, 4 Nov. 2012(EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Cantabria ha absuelto a un hombre que había sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander a 1 año y medio de cárcel por un delito de violencia de género, en la modalidad de maltrato físico y psíquico, al no encontrar pruebas suficientes para imputar y condenar al acusado.
Así consta en una sentencia de la Sección IIIª de la Audiencia, recogida por Europa Press, que estima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y el acusado y no considera probados ciertos hechos.
   
Entre estos últimos, la resolución judicial indica que no está demostrado que el acusado golpeara a su esposa, con la que estuvo casado entre septiembre de 2004 y octubre de 2006 y con la que tenía una niña, en el transcurso de una comida con sus padres, ni que la agarrara del cuello para mantener relaciones íntimas ante la negativa de ella, o que la diera un bofetón tras una discusión.
De igual modo, la Audiencia no considera probado que cuando el matrimonio decidió separarse, el abogado del marido convenciera a la mujer para que firmara un convenio por el que renunciaba a la custodia de su hija y se establecía un régimen de visitas anormal. Asimismo, la sentencia tampoco achaca a estos supuestos malos tratos físicos y psíquicos la depresión y estrés que padecía la mujer.
  
 La Sala entiende por tanto que "no ha existido prueba de cargo" para imputar y condenar al hombre por malos tratos físicos y psicológicos y que estos motivaran los trastornos depresivos y síndrome de estrés, por lo que absuelve al acusado y declara de oficio las costas.

Desobediencia civil contra la actual ley del divorcio

Y Llamazares amenaza con "desobediencia civil" contra las medidas de Sanidad en Madrid. El diputado nacional de Izquierda Abierta ha amenazado con movilizaciones y "desobediencia civil" contra la implantación del euro por receta y la privatización de una parte de los hospitales en la Comunidad de Madrid.

| 03 Noviembre 2012 - 
Llamazares ha señalado que estas medidas son "inconstitucionales" porque "si algo dice nuestra Constitución es que la sanidad es un bien público". 
"No de financiación pública, que lo es, si no también un bien de prestación y provisión públicas", ha añadido. 
Desde su punto de vista, "también es una malversación de servicios públicos".
Gaspar Llamazares se ha mostrado rotundo y ha asegurado que son medidas "inaceptables". "El Gobierno quiere convertir una necesidad social, como es la necesidad de la salud, en un negocio particular para los amigos del Partido Popular", ha señalado. 
Ha añadido que no solo tiene coste público, si no también "en la salud de los ciudadanos".
"Es escandaloso y nosotros adoptaremos todas las medidas políticas, de movilización social y de desobediencia civil y también todos los recursos judiciales necesarios para impedir esta monstruosa malversación de servicios públicos", ha zanjado.
Llamazares ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Mieres. 
El diputado ha presentado una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado que incluye una inversión en el concejo de 34 millones de euros. 
IU pide medidas para generar empleo y aprovechar los recursos que ha dejado la minería.

Efectos de la actual ley del divorcio:
1.- Expolio del Padre o de los abuelos por la que fue Vivienda Familiar.
2.- Alejamiento de unos de los Progenitores de la educación y vida de los hijos
3.- Pagar una Pensión que no sirve para cubrir las necesidades existentes
4.- Imposibilidad de controlar el uso que se hace de dicha pensión
5.- Imposibilidad de Conciliar la Vida Familiar y laboral del Progenitor Custodio
6.- Discriminación a la hora de beneficiarse de las ventajas del IRPF
7.- Confundir la Patria potestad (Responsabilidad Parental) con la Guarda y Custodia 
8.- Incremento de la Pobreza y del Riesgo social de los menores y de sus Progenitores
9.- Etc..........

¿Desobediencia Civil ? ¡¡¡¡ YA !!!!   

domingo, 4 de noviembre de 2012

Una mujer lucha por mantener el contacto con su hijo

......... engendrado por otra. La madre biológica ha sido encarcelada, y su familia no permite las visitas. 

“Ningún poder jurídico puede separarnos”

 
Maribel Blanco en 2006, cuando inició la lucha por ver a su hijo. / RICARDO GUTIÉRREZ

Maribel Blanco ha reiniciado la lucha
Cuando se separó de su expareja, otra mujer, en 2006, tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para que se le reconociera un régimen de visitas con Miguel –nombre supuesto-, un niño a quien ella solo acepta llamar –y que se le llame- como su hijo. 
Ahora ha vuelto otra vez al combate, pero esta vez contra la hermana de su expareja, que es la que desde hace 2 meses se encarga del niño, después de que la madre biológica del pequeño, una asesora fiscal, entrara en prisión por apropiación indebida. 
Cansada, pero enérgica, Maribel no lo duda: “Ningún poder jurídico puede separarnos”.

Las 2 mujeres se convirtieron en pareja a finales de 1995. 
En 2003, cuando la relación les pareció que estaba suficientemente consolidada, decidieron tener un hijo. Como la otra mujer era más joven (Maribel tiene ahora 60 años), fue ella la que se sometió a la inseminación. 
Para tenerlo, se fueron de Madrid a vivir a Talavera de la Reina (Toledo), una localidad a 110 kms de la capital. “Nos parecía que era mejor para el niño, con un ambiente más relajado”. Todo ello, no sin sacrificios por parte de la mujer, que mantuvo durante un tiempo su gabinete de masajes en Madrid. 
De aquel proceso nació Miguel. Eran los buenos tiempos, y el niño se inscribió con un nombre compuesto que incluía el apellido de su segunda madre, "M. Blanco", y con el apellido de la biológica. “Era para que se fuera acostumbrando. Está así desde la guardería”, dice Maribel.
En 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Era su oportunidad para regularizar la relación entre los 3 miembros de la familia. Pero la madre biológica fue demorando el proceso. “Luego dijo en el juicio que ella no creía en el matrimonio gay”, cuenta Maribel. En 2006 se separaron.

Maribel consiguió un régimen de visitas "como allegada". 
“Media hora dos días a la semana, fines de semana alternos y las vacaciones a medias”, cuenta. “Igual que cualquier pareja que se separa”. 

 El artículo completo



Solicitud de la Pensión de Viudedad

Para tener derecho a la “pensión de viudedad en supuestos especiales”, es obligatorio presentar la solicitud en el plazo improrrogable de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley 40/2007

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia que declaró el derecho de la actora, pareja de hecho del causante, a percibir una pensión de viudedad en virtud de los establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 40/2007, pese a que el tenor literal de tal precepto sólo permite conceder pensiones a quienes las solicitasen en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la Ley; no fue el caso de la actora, que presentó la solicitud transcurrido tal plazo.

La Sala afirma que la exigencia de que la solicitud sea presentada en el plazo improrrogable de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley configura, conforme a la finalidad de la norma comentada, la petición en dicho plazo en un presupuesto para el acceso a la prestación, y sólo una vez reconocida por concurrir ese esencial requisito de petición en tal improrrogable plazo, los efectos económicos se retrotraerán al día de entrada en vigor de la Ley, por lo que no resulta aplicable la regla general que para las normales prestaciones por muerte y supervivencia se contiene en el art. 178 LGSS, sobre la imprescriptibilidad del derecho al reconocimiento de las mismas, pues en el supuesto analizado se exige que la pensión especial se solicite en un plazo improrrogable para poder acceder a dicha especial pensión.

La sentencia aquí

El Tribunal Supremo Condena al juez Serrano

El TS rechaza anular la condena del juez Serrano, inhabilitado 10 años por prevaricación
Modificó el régimen de visitas de un menor para que pudiera acudir a una procesión de Semana Santa.
MADRID, 31 Octubre 2012 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite la petición de nulidad planteada por el exjuez de Familia de Sevilla Francisco Serrano contra la sentencia que lo condenó a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa, por modificar el régimen de visitas de un menor para que saliera en Semana Santa.
El auto del Supremo, conocido este miércoles, rechaza los 3 motivos de nulidad planteados por el juez, que había alegado que durante su proceso vio vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, señala que Serrano pudo defenderse de la impugnación realizada por la acusación particular ante el Supremo en su recurso de casación. 
Esta acción tuvo como consecuencia que la condena de inhabilitación se incrementara de los 2 hasta los 10 años.

Añade que en este caso se contó además la presencia del acusado en la vista de casación, lo que había sido solicitado por su defensa, y que ello "satisface la necesidad de audiencia establecida en los recientes pronunciamientos de la jurisprudencia".
Además, el Supremo niega haber realizado una revalorización de las pruebas presentadas contra Serrano que supusieran una modificación de los hechos probados que justificaron su condena, "aunque sí se ha efectuado una valoración de la inferencia sobre la concurrencia del tipo subjetivo en el delito de prevaricación". Dicha valoración motivó el aumento de la pena.

Jueces y Fiscales se rebelan a Gallardón

Los jueces y fiscales acuerdan celebrar juicios sólo durante 4 horas y cortar automáticamente a las 2 de la tarde

Diario La Ley, Nº 7956, Sección Hoy es Noticia, del 2 al 4 Nov. 2012, Editorial LA LEY
LA LEY 11076/2012
  • Denuncian la «inasumible» carga de trabajo que soportan los juzgados y el ratio de jueces por habitante similar al de Azerbaiyán
Las asociaciones de jueces y fiscales han acordado celebrar juicios durante las 4 horas de audiencia pública y cortar automáticamente las vistas cuando sean las 14.00 horas. 
Es una medida que forma parte de su hoja de ruta en protesta por la «inasumible» carga de trabajo que soportan los tribunales y el ratio de juez por habitante en España que es similar al de países como Turquía o Azerbaiyán.
La 4 asociaciones de jueces y las 3 organizaciones de fiscales han vuelto a mostrar este martes su sintonía para denunciar la situación «permanente de crisis» que sufre la Administración de Justicia desde inicios de la democracia, a la que se ha acompañado un aumento del 50 % de la litigiosidad en plena crisis económica.

La falta de inversión se refleja en el «significativo» estudio del Consejo de Europa, que situaba recientemente el ratio de juez por cada 100.000 habitantes en España «en el pelotón de cola» de los países analizados hasta acercarse a «niveles parecidos a los de Turquía o Azerbaiyán», según ha destacado el portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol.
Las asociaciones esperan que el Ministerio de solución a su malestar y, «si no se llega a buen puerto», no descartan en convocar la huelga. 
De hecho, iniciarán contactos con los grupos parlamentarios para que tengan «cabal» conocimiento de la situación de la Administración de Justicia.

«SE ACABÓ EL VOLUNTARISMO»
«El voluntarismo se está acabando», han recalcado los integrantes de las organizaciones judiciales y fiscales, para destacar que desde el 2 de noviembre autorregularán su trabajo según las directrices del informe publicado en octubre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la carga «deseable» que debe asignarse a cada órgano judicial.

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Centros de Atención a la Familia (CAF) Comunidad de Madrid

Los Centros de Apoyo a la Familia de la Comunidad atienden a más de 4.200 personas el primer semestre de 2012

lainformacion.com |sábado, 27/10/12 |Madrid (EUROPA PRESS)
Ofrecen mediación familiar, orientación psicológica y asesoramiento jurídico especializado a los ciudadanos, y la Escuela de Familia


Los Centros de Apoyo a la Familia (CAF) de la Comunidad de Madrid atendieron las dudas y consultas de más de 4.200 personas durante los 6 primeros meses de 2012, ha informado este sábado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.
Estos ciudadanos pertenecen a las 1.270 familias a las que este servicio, ofrecido por el Gobierno regional de manera gratuita y que recibió 2.734 llamadas telefónicas, asesoró en ese periodo.
La Escuela de Familia, un proyecto que nace en el CAF con el objetivo de ser un espacio de encuentro para todas las familias, atendió a 1.465 personas.
Estos datos suponen un incremento del 84 % en relación con el mismo periodo de 2011. 
Este gran aumento se produce tanto por una mayor demanda de los madrileños sobre los servicios que ofrecen los CAF, como por que en mayo de 2011 se produjo la apertura del IIº Centro de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid en Majadahonda.

El servicio más demandado es la mediación familiar, solicitado por 507 familias que abarcaron en sus sesiones a 1.453 personas. 
El capítulo de mediación más demandado ha sido el relacionado con separaciones y divorcios, así como en la resolución de conflictos entre padres e hijos.
En 2º lugar, 846 madrileños han solicitado orientación psicológica, que han tenido como destino apoyar a casi 450 familias con problemas o crisis puntuales.

320 FAMILIAS UTILIZARON EL SERVICIO JURÍDICO
Otra prestación que ofrecen los Centros de Apoyo a la Familia es el asesoramiento jurídico donde 444 personas, lo que supone cerca de 320 familias, han recibido orientación sobre cuestiones jurídicas en el marco de la vida familiar, tales como separaciones, divorcios o derechos de la familia, entre otros.

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