jueves, 16 de enero de 2025

El Divorcio en España: Aumenta a partir de los 60 años

El divorcio tardío crece en España: los mayores de 60 también rompen sus matrimonios.
Desde 2006 se observa un aumento de los divorcios en mayores de 60 años y una disminución en los otros grupos de edad.
Aurora Gómez Garrido, VozPopuli, 15/01/2025 
El pasado septiembre se cumplieron 43 años de los primeros divorcios oficiales en España tras la aprobación de la Ley 30/1981 que, a pesar de no ser la 1ª, fue todo un reflejo de la bien denominada transición democrática. Julia Ibars fue la 1ª mujer divorciada tras la implantación de esta ley. 
El divorcio era una novedad, pero su estigma social y religioso aún era profundo. Esto explica la gran cobertura mediática que tuvo aquel 1º caso.

No sería hasta 2005 cuando comenzaron a surgir avances como el divorcio exprés y el fondo público de garantía del pago de alimentos. Tampoco debería olvidarse la labor de las llamadas “divorcionetas”, furgonetas donde “patrullan” especialistas en la materia en busca de clientes para tramitar divorcios exprés a precios de bajo coste.
Sin duda, la legalización del divorcio en 1981 significó todo un antes y un después en la estructura familiar y en los valores tradicionales. 
La tasa global de divorcios se disparó de manera exponencial a pesar de la resistencia ejercida por los sectores más conservadores de la sociedad española.

Una decisión pospuesta
Las palabras del entonces ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, pronunciadas en 1981, siguen resonando hoy: “No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos”. Sin embargo, y aunque hayan pasado 4 décadas, es en la población mayor donde más se reflejan.

Efectivamente, la tasa global de divorcios en España lleva experimentando unas décadas de cambios en su estructura por edades y evolución. 
Desde 2006 se observa un aumento de los divorcios en mayores de 60 años y una disminución en los otros grupos de edad, según los datos más recientes del INE.

Las cifras lo dicen todo
La reducción del número de matrimonios explica, en parte, este descenso paulatino de la tasa global de divorcios. Sin embargo, una vez más, podemos observar la heterogeneidad de los fenómenos sociales. 
En un contexto de disminución generalizada, las disoluciones matrimoniales en mayores de 60 años han aumentado un 47 % entre 2013 y 2023 en España, y casi la mitad (48 %) ocurren en matrimonios de más de 15 años, según las mismas fuentes.

Este fenómeno está siendo denominado divorcio tardío. Se trata de aquella ruptura matrimonial que se pospone a las edades avanzadas o bien tiene lugar después de muchos años de convivencia.
Varias causas explican este fenómeno. El aumento de la longevidad y la mejora en la salud de las personas mayores son las principales, así como los cambios sociales. Todo ello ha permitido el surgimiento de nuevas formas de experimentar la vejez y la jubilación.

Destacan también los avances en igualdad y el feminismo, que han empoderado a las mujeres. Estas ahora tienen consciencia crítica sobre su papel como cuidadoras del hogar y de la familia. En muchos casos, también sobre las actitudes violentas que hasta la ley del 81 habían sido normalizadas e invisibilizadas. No olvidemos que el amor líquido del que hablaba el sociólogo polaco Zygmunt Bauman –relaciones sin calidez, fugaces y superficiales– se aplica a todas las edades.

Cuando los hijos se van de casa

Estudios recientes indican que una de las principales motivaciones para posponer la decisión de divorciarse es esperar a la emancipación de los hijos del hogar familiar.
Esta situación ha sido denominada síndrome del nido vacío y podría percibirse como una forma de facilitar el proceso de ruptura. 
Por un lado, se eliminan aspectos administrativos relacionados con la custodia y la manutención. Y, por otro, se minimizan los posibles traumas que la separación podría ocasionar en hijos cuando son pequeños.

El mayor tiempo libre tras la jubilación a menudo viene acompañado de un cuestionamiento de las expectativas vitales, así como de una mayor exigencia de las mujeres respecto a la participación de sus parejas en las tareas domésticas. 
Este último aspecto puede dificultar la relación conyugal, especialmente si los hombres no han incorporado los cambios sociales en sus representaciones matrimoniales, lo cual les lleva a no adaptarse a las nuevas exigencias de igualitarismo familiar.

Las mujeres ganan autonomía
Finalmente, el impacto diferencial del divorcio en hombres y mujeres deja traslucir otro dato importante que tiene que ver con las mujeres: diversos estudios muestran que estas tienden a permanecer solteras tras divorciarse. 
Si encuentran pareja, lo suelen hacer más tarde que los hombres y tienen una menor propensión a la cohabitación.

Por tanto, la evidencia indica que las mujeres mayores perciben el divorcio como una oportunidad para mejorar su autonomía y liberarse de las tareas del cuidado de sus maridos. La ruptura también beneficia significativamente a las mujeres que han vivido experiencias machistas y de violencia en sus matrimonios. Pero, en cualquiera de los 2 casos, la disolución se muestra como una vía para finalizar el sufrimiento vivido y otros problemas resultantes del mal funcionamiento del matrimonio.

En definitiva, el divorcio es un fenómeno complejo y multifactorial, caracterizado por su heterogeneidad, donde factores como la edad y el género ejercen una influencia significativa en sus tendencias.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

miércoles, 15 de enero de 2025

Divorcio 2025: “La adjudicación de la vivienda sigue siendo cuestión clave en una crisis de pare

Luisja Sánchez, Periodista jurídico, 14/01/2025 
Carmen Varela, abogada de familia: “La adjudicación de la vivienda sigue siendo cuestión clave en una crisis de pareja
Esta experimentada letrada está ahora introduciendo el arbitraje, siguiendo las pautas de la UIA en declaraciones de gananciales.

Más de tres décadas lleva Carmen Varela desde su Barcelona natal siendo uno de los referentes del derecho de familia en nuestro país. A lo largo de estos años ha visto la evolución de los conflictos familiares, que se han ido complicando a medida que han ido surgiendo modelos de familia diferentes del convencional, la falta de respuesta del legislador ante esas nuevas realidades y el papel de los jueces, en especial los de la Sala Civil del Tribunal Supremo, que han resuelto cuestiones pendientes sobre este actual panorama.

En especial, muchas de las sentencias de esa sala Civil del Supremo han resuelto asuntos preocupantes para las familias, como ha sido el tema de la custodia compartida, la adjudicación de la vivienda o los derechos de la pareja de hecho, un colectivo con menos derechos que un matrimonio convencional. 
Precisamente, ahora se espera que el Tribunal Constitucional respalde o no la Ley de vivienda de parejas de hecho catalana tras una cuestión de inconstitucionalidad planteada, pero aún no resuelta. “Por el momento sabemos que anuló la Ley de parejas de hecho de Valencia y la de Navarra, con lo cual las perspectivas en Cataluña no son muy optimistas”, expresa Varela.

Esta abogada, como muchos otros españoles, ha seguido la actividad de nuestros 2 principales partidos políticos, que este domingo y este pasado lunes presentaron distintas medidas para resolver el problema de la vivienda. A su juicio, sería bueno que llegasen a un pacto de Estado de vivienda. Tal y como nos comentaba Cristina Vallejo, otra abogada experta en la materia, Valera también coincide en que los alquileres se han disparado y comprar una vivienda no es fácil.

La vivienda sigue siendo el principal problema cuando hay una separación de pareja. El tema sería más sencillo si hiciéramos como en Inglaterra, donde hay un tribunal para todo lo que tiene que ver con los niños y hay otro para las cuestiones de patrimonio. Nosotros en España, al vincular el uso de la vivienda con la custodia, el que tiene los niños tiene el uso de la vivienda, lo que genera bastantes problemas. Que la custodia se una a la adjudicación de la vivienda complica mucho los procesos. La solución sería seguir el modelo inglés para evitar este tipo de conflictos”, comenta.

Ahora, los abogados de familia están bastante enfadados con el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes. En marzo del 2024, su secretario de Estado, Manuel Olmedo, aseguró ante un auditórium formado por medio millar de juristas convocados por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y otra docena de periodistas —entre los que nos encontrábamos— que la reivindicación histórica de contar con una sección de familia capacidad e infancia sería una realidad en la Ley de Eficiencia Procesal, ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero la aprobación de la Ley no ha traído ese cumplimiento obligatorio, sino algo voluntario.

No solamente no han creado dicha sección, sino que la han complicado porque las grandes ciudades siguen teniendo sus jugados especializados en familia, pero en los juzgados mixtos llevan de todo. Ahora tienen más trabajo. Les ponen familia, junto con penal o civil y las incapacidades. Al mismo tiempo, esta Ley de Eficiencia quiere que los juzgados de violencia de género lleven todos los asuntos relacionados con agresiones sexuales, lo que puede generar cierto colapso. De momento no tendrán más recursos y Justicia tampoco se plantea remunerarles mejor. Desde esta perspectiva, la Ley de Eficiencia es una gran equivocación”, critica.

Para esta letrada, “no parece claro que introducir la mediación y los métodos alternativos de solución de controversias (MASC) como elementos obligatorios vaya a generar menos procesos judiciales. De momento las intentonas que se han hecho de derivaciones de juzgados de familia de Madrid y Barcelona a mediación no ha conseguido frenar la ola de asuntos, que sigue creciendo. El que quiere mediar, lo hace desde el inicio, no hace falta una ley que le obligue a hacerlo antes de interponer su demanda civil o mercantil. Nosotros en el despacho apostamos ahora mucho por el arbitraje en temas patrimoniales para evitar litigios sobre los bienes gananciales de una pareja que pueden durar años”.

En su opinión, una ley de este tipo que cambia la organización total de la Justicia implica la necesidad de «dotarla de medios técnicos como de profesionales especializados que puedan afrontar este cambio hacia los tribunales de instancia y de reformas legislativas. En el Código Civil común se habla aún del delito del abandono de hogar, que ya no existe pero que ahí sigue en esta norma centenaria que ha sufrido muchos cambios. El legislador en materia de familia debe hacer su trabajo y no delegar tanto en el poder judicial, cuya encomienda queda clara que es juzgar por encima de todo».

Los juicios online no funcionan
Otro tema que es mejorable en todos los juzgados españoles es el uso de las videoconferencias y de los teams, tanto en algunas comparecencias como en algunos juicios que se presten a ello. Para Varela, “hay más interés en acudir a estos métodos online tras el Covid, donde se avanzó mucho en los juicios online, pero para que se utilicen tienen que funcionar, cuestión que en muchos juzgados se producen muchos fallos sobre su funcionamiento, mientras que en otros no existen. La falta de medios de nuestros juzgados debe ser el objetivo principal de esta nueva Ley de Eficiencia Organizativa, por encima de todo”.

Esta boutique legal que Carmen arrancó hace 7 años, en este último año ha crecido en tamaño y ya cuenta con una decena de profesionales de los que 5 son letrados. La expansión es progresiva y esta boutique legal no descarta abrir oficina en Madrid, de donde llegan muchos asuntos de toda índole. 
Lo estamos estudiando para ver el momento adecuado de cuándo nos vamos a ubicar en Madrid, una de las ciudades referentes de nuestro país», celebra.

Su hija, Julia Camón, se ha incorporado como socia y lidera el área del departamento penal-familiar y también —como es el caso de Carmen, una de las fundadoras de la Asociación contra la sustracción internacional de menores (ASIME)— forma parte de esta red de juristas. Sobre esa sustracción de menores, los datos dicen que el fenómeno empeora. «Ahora en España estamos en unos 700 casos anuales. Cada vez hay más movilidad geográfica, lo que genera problemas. Al final, cuando uno se divorcia y vive en otro país, tiende a volver a sus país de origen y ahí hay problemas si hay hijos por medio”, menciona.

En los últimos, la firma que lleva su nombre, gracias a la actividad de su socia fundadora en la Unión Internacional de Abogados (UIA) como en la Asociación Internacional de Abogados de Familia (AIJUDEFA) —entidades a las que sigue a través de los eventos que organizan— han crecido los asuntos internacionales en la misma proporción que los domésticos.

Como antes comenté, queremos introducir el arbitraje en derecho de familia en el ámbito patrimonial para evitar las larguísimas litigaciones de gananciales y los procesos largos también para liquidar bienes. En la propia UIA hemos visto que en muchos países la aplicación del arbitraje funciona bien en este tipo de prácticas. Ahora hay que ver cómo lo desarrollamos en España”, subraya.

El despacho está trabajando en contar con su propio modelo de inteligencia artificial (IA), sobre todo a nivel de herramienta que ayude a los abogados de la firma a mejorar la redacción y documentación de las demandas que se lleven al juzgado. Para Varela, se trata de la optimización del tiempo y ser más operativo
Es un elemento útil para la gestión de despacho, a nivel administrativo también. Una de las ideas que tenemos para este 2025 es tener un Copilot solo para el despacho, práctica que muchas firmas norteamericanas así lo implementan. Sabemos que es una herramienta que nos puede ayudar a ser más eficaces, tanto a nivel interno como en las relaciones que mantengamos con los clientes”.

lunes, 13 de enero de 2025

El 'caso Juana Rivas' enfrenta a jueces y organizaciones feministas

...... por las críticas a la última actuación judicial.
La Coordinadora Estatal contra la Violencia Vicaria denuncia desprotección y falta de diligencia, mientras que togados critican un "ataque personalizado" hacia una compañera.
María G. San Narciso, Madrid,  12 ENE 2025 
La decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Granada, que ha rechazado resolver sobre si el hijo de Juana Rivas debía quedarse en España o volver con su padre a Italia, ha agitado aún más todo lo que rodea a un caso que lleva cerca de nueve años siendo objeto de gran atención mediática
La última en tomar voz ha sido la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional, que ha respondido al comunicado de apoyo de 107 jueces y juezas de violencia a la magistrada Aurora Angulo.

Mientras que los jueces de violencia creen que se está produciendo un "ataque personalizado" a su compañera y un intento por "iniciar una campaña mediática" dirigida a estigmatizar cualquier decisión judicial que pueda resultar contraria a los intereses" de Juana Rivas, la Coordinadora VVVI, que desde 2022 agrupa a diversas organizaciones dedicadas a combatir la violencia vicaria y la violencia de género institucional, señala en una carta de respuesta algunos casos concretos de actuación judicial que, según ellas, no cumplieron con los estándares de diligencia debida, generando desprotección para las víctimas. Defienden que se pueda criticar actuaciones judiciales y se centran, sobre todo, en el caso de Juana Rivas.

"Consideramos que, partiendo de argumentos jurídicos (y obviamente sin utilizar expresiones ofensiva o aportar datos falsos), criticar las actuaciones de un juez o jueza, en cuanto que servidores públicos cuyas resoluciones, en determinados casos, tienen evidente interés para la opinión pública, no solo forma parte del legítimo derecho a la libertad de expresión, sino que es síntoma de una sociedad avanzada, con capacidad para profundizar en la mejora de su sistema de Justicia", asegura la Coordinadora.

Las críticas del caso
En la misiva, critican decisiones puntuales de la jueza Angulo que, en su opinión, no cumplieron con los estándares de diligencia debida, sobre el caso de Juana Rivas, quien denunció nuevos episodios de maltrato por parte de su expareja. Destacan, por ejemplo, retrasos en la traducción y remisión de la denuncia a las autoridades en el pasado. Aseguran que el auto de la jueza del Juzgado N.º 2 de Violencia sobre la Mujer de Granada, que "niega a Rivas la posibilidad de presentar la denuncia en el territorio español", les dejó a ella y a "sus hijos en una situación de total abandono, generándoles, en consecuencia, una gravísima situación de indefensión". 
Además, indican que el mismo juzgado desestimó solicitudes de medidas de protección para los menores en 2017.

Por último, denuncian que ante el "Informe de Valoración Policial de Riesgo (VioGén)", hecho por "personal de la Guardia Civil altamente cualificado", y que "concluye que es de riesgo alto, y califica de caso de especial relevancia", el Juzgado de Violencia sobre al Mujer N.º2 de Granada decrete un "sobreseimiento provisional, sin la práctica de ninguna actuación, ni escucha de las víctimas". En su opinión, esto desoye "no solo la denuncia presentada por la parte afectada, sino la valoración de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la petición de los Servicios Públicos Especializados en Violencia de Género".

Datos alarmantes
Así, la Coordinadora destaca la necesidad de autoexigencia y evaluación permanente en el sistema judicial especializado, al ser, como dicen los propios jueces, "la pieza necesaria y fundamental para que todas las actuaciones dirigidas a la concienciación en la lucha contra la violencia de género lleguen a buen fin". 
Por eso, creen que la "crítica ha de formar parte de las reglas de juego de un auténtico estado de Derecho".

También subrayan que la falta de diligencia y la resistencia a la crítica generan desconfianza en las víctimas y en la sociedad, debilitando la lucha contra la violencia de género.
En este sentido, aportan algunas cifras "alarmantes" del Observatorio Estatal contra la Violencia Doméstica y de Género. En su informe de 2023, este mostró que en solo un 12,75% de las órdenes de protección se suspendió el régimen de visitas al "padre maltratador", pese a que "desde 2021 esta debe ser la regla general". Además, apenas el 0,59% de las medidas incluyen protección específica para menores.

Los jueces defienden a su compañera
Este pasado viernes, un centenar de jueces y de juezas emitieron un comunicado, al que después se adhirió el Foro Judicial Independiente, en el que criticaban la nota de prensa difundida por equipo jurídico de Juana Rivas. El texto enviado a los medios de comunicación por el despacho de abogados comenzaba así: "Quédense con este nombre: Aurora Angulo. Es la jueza del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 2 de Granada…".

Para los jueces, la crítica que se está produciendo sobre su compañera es un "ataque personalizado" y un intento por "iniciar una campaña mediática" dirigida a estigmatizar cualquier decisión judicial que pueda resultar contraria a los intereses" de Rivas.
En su manifiesto aseguraban que, cuando "se desprestigia a una compañera por su actuación profesional en un caso concreto que es objeto de una enorme atención mediática, se desprestigia en definitiva a todo el sistema judicial".

También la Asociación Profesional de la Magistratura defendió en otro comunicado "la independencia de los jueces y magistrados que desempeñan sus funciones" en España. "Las resoluciones judiciales están sujetas a crítica, pero los términos de la nota de prensa [de Aránguez Abogados] resultan de todo punto rechazables por suponer un ataque personal y directo a la juez encargada del caso y a la independencia judicial".

"Las resoluciones dictadas en el seno del procedimiento podrán ser recurridas ante la instancia superior, no siendo admisible en democracia el señalamiento público de los jueces por actos realizados en el ejercicio de sus funciones", añadían.