200 informes paralizados para la
guardia y custodia de menores.
El gabinete psicológico acumula un retraso de 10 meses
y los jueces reclaman un esfuerzo para sacar cientos de evaluaciones de menores
clave.
Elaborar un reportaje sobre Justicia equivale a cubrir un
terremoto. La magnitud de la tragedia hace casi imposible concentrar el foco en
un único objetivo. Algo similar ocurre en esta administración. Son tantos los
problemas que resulta complicado destacar uno y analizarlo de manera
independiente. Se trata de un cúmulo de deficiencias, algunas admiten una
solución sencilla; otras resultan endiabladamente complicadas de erradicar.
Así, a grandes rasgos, este es el diagnóstico. Faltan juzgados, jueces,
fiscales y funcionarios. La sobrecarga de trabajo hace que la respuesta no sea
lo rápida -no necesariamente satisfactoria- que requiere cualquier usuario.
Todo lo anterior se desarrolla en unas instalaciones que, por norma general, no
aceptarían el calificativo de dignas. Por si no fuera suficiente, los medios
materiales no llegan al nivel usuario, el doméstico. "Algún día me
gustaría que te sentaras en mi ordenador y vieras con lo que trabajo",
comentó esta semana un cargo de cierta responsabilidad a quien redacta estas
líneas. El ministerio y la conselleria nunca se han preocupado de esta
Administración como de la Educación o de la Sanidad. Quizá pensaron que una
mayor dedicación no se traducía en votos. Tampoco el colectivo, jueces y
fiscales, puede colocarse tras una pancarta. Son demasiados años de inacción y
de promesas incumplidas. La situación amenaza con convertirse en crónica.
La última memoria del Tribunal Superior de Justicia,
difundida esta semana, saca a la luz todos los problemas de un sistema que
parece anclado al pasado. Casi 300 páginas en las que cuesta encontrar algo
positivo. Llama la atención la sobrecarga judicial, los bancos (preferentes y
la salida de Bankia a Bolsa) son ahora mismo de los que más trabajo generan a
los jueces.
También las rupturas de parejas con hijos. En Valencia,
este problema, resulta especialmente grave por el deficiente funcionamiento del
gabinete psicosocial, un órgano encargado de los informes a menores y que
prácticamente es determinante a la hora de determinar la guarda y custodia y el
régimen de visitas. El gabinete tiene pendientes más de 200 informes. La espera
media para finalizar esta pericial es de unos 10 meses, aunque se dan casos
de espera de hasta 18, según las fuentes consultadas.
La demora, que debería ser inasumible en este tipo de
procedimientos porque afecta a los intereses de un menor de edad, ha obligado incluso
a suspender juicios. Además, se da otra circunstancia añadida. "A la
espera de este informe se adoptan medidas provisionales. Estas se acuerdan sin
el informe del gabinete, pero una vez está terminado puede que las
circunstancias hayan variado tanto que sería necesario un nuevo dictamen",
precisan desde la Fiscalía de Valencia.
El juez decano, Pedro Viguer, ya ha anotado esta
situación en su agenda, como una de las 1ª medidas que planteará al
próximo conseller o consellera de Justicia. Se da la circunstancia de que
algunos padres incluso optan por buscar un perito al margen del gabinete con el
consiguiente desembolso económico. Y quizá Valencia sea una privilegiada. En el
resto de partidos judiciales, la situación es notablemente peor.
Los jueces de Familia soportan una carga de trabajo que
no deja de crecer ejercicio tras ejercicio. Consideran que serían necesarios
otros 5 psicólogos en el citado gabinete para ponerse al día. Actualmente
son 8 los profesionales que trabajan en el departamento. No se duda de su
esfuerzo y dedicación. Sólo durante el pasado año realizaron 350 informes. Es
decir, la bolsa pendiente equivale a unos 7 meses de trabajo en exclusiva.
No es el único problema de los 4 juzgados de
Valencia que se dedican a esta materia. Desde 2010, los procedimientos por
modificación de medidas (fundamentalmente rebajas de pensiones por la crisis
pero también solicitudes de custodia compartida) siguen en aumento. Estas
solicitudes, en ocasiones, también obligan a recurrir al gabinete psicosocial.
Además, desde 2002 que no se crea un nuevo juzgado de Familia. 13 años sin
un mínimo refuerzo estable.
La necesidad de nuevos juzgados, por desgracia, es una
demanda común para toda la Comunitat Valenciana y en todos los órdenes. La
situación más triste en este sentido se remonta a 2010, época del entonces
conseller Rafael Blasco, hoy preso en Picassent por el caso Cooperación. La
Generalitat pidió una moratoria de 6 meses porque no tenía fondos para poner
en marcha 15 juzgados en la región. Hay que tener en cuenta que el sueldo de
los funcionarios y las dependencias corren a cargo del Consell. Sólo la nómina
del juez y del secretario judicial salen de las cuentas de Madrid.
Más adelante ya con Jorge Cabré en la conselleria se
anunció que se pondrían en marcha 5 juzgados. Eran los más urgentes, casos
como Llíria, Massamagrell... Los nuevos órganos salían a coste cero por la
distribución de personal de otros juzgados. Pero el Ministerio frenó esta idea
a los pocos días de difundirse. El discurrir de los acontecimientos fue tan
surrealista que en algún lugar se vieron obligados a desmontar parte del
mobiliario. Parece que la solución de abrir 5 en vez de los 15 no era
apropiada en plena crisis económica. De nuevo el error de concebir como
secundaria la inversión en justicia.
La petición de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva,
cifra en 46 los juzgados necesarios en la Comunitat aparte de refuerzos de
magistrados en diferentes secciones de la Audiencia. En este listado se
incluyen los 15 que se frenaron hace años. Destacan los refuerzos en Primera
Instancia, que copan la mayoría de las exigencias. Y es que estos órganos
sufren una insólita acumulación de trabajo, especialmente grave en la capital
del Turia "sin parangón en ningún tiempo ni en otro lugar de España".
La consecuencia -fundamentalmente por todas las demandas derivadas de
preferentes y la salida a Bolsa de Bankia- es que los señalamientos se han
disparado a casi 1 año. El TSJ ha solicitado otros 3 jueces de refuerzo en
este ámbito.
Intersindical denunciaba esta pasada semana la situación
de estos órganos. No sólo la excesiva carga de trabajo por productos bancarios
sino que el plan de refuerzo de la Conselleria de Justicia no contempla la
llegada de nuevos efectivos. La organización apunta que lo peor -como suele
ocurrir en Justicia- está por llegar. La despenalización de numerosos
procedimientos hará que estas causas se tramiten por la vía civil. Más trabajo,
pues, para estos profesionales (......) .
El listado de reformas pendientes es extenso. Una oficina
judicial que se presenta como una solución milagrosa pero que nunca llega. La
Audiencia de Valencia se ha ofrecido como conejillo de indias para probar el
sistema. Los tribunales de instancia, que permitirían la posibilidad de un juez
sin necesidad de crear un juzgado, siguen a la espera. De igual modo, duerme en
un cajón del Ministerio de Justicia la propuesta de concentrar partidos
judiciales que fue avalado por el Poder Judicial. Disputas políticas enterraron
la iniciativa. Otros apuntes incumplidos son la interconexión de los sistemas
informáticos de los juzgados y la fiscalía, sin olvidar la siempre feliz idea
de la llegada de las nuevas tecnologías. A este paso, se harán viejas.
