http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1818334/01/10/Violencia-genero-asociaciones-a-favor-de-la-custodia-compartida-se-concentraran-en-madrid-en-apoyo-al-juez-serrano.html
Violencia género. asociaciones a favor de la custodia compartida se concentrarán en Madrid en apoyo al juez serrano: Piden modificar las leyes contra la violencia de género y del "divorcio exprés"
MADRID, 08.01.2010 (SERVIMEDIA)
Un total de 67 asociaciones de apoyo a la custodia compartida celebrarán una concentración en la madrileña Puerta del Sol el próximo 10 de enero, en apoyo al juez de Sevilla Francisco de Asís Serrano, que criticó la ley contra la violencia de género y podría ser expedientado por ello.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Padres y Madres en Acción (Pamac) insta al Ministerio de Igualdad a promover la modificación de las leyes contra la violencia de género y del "divorcio exprés", porque entienden que "la mayoría de los hombres no maltrata a las mujeres en el ámbito conyugal".
En nombre de la Plataforma de Víctimas por Falsas Denuncias en los Procesos de Divorcio, Pamac subraya que esta ley impone "una suerte de jurisdicción especial" basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima contraria al artículo 14 de la Constitución, que prohibe la discriminación por motivos de raza, sexo o ideología.
Por ello piden sustituir la denominación "violencia de género" por la de "violencia doméstica o intrafamiliar", y critican la creación de juzgados expecíficos para juzgar esos delitos.
En su opinión, el espíritu de la norma es "paternalista y en el fondo machista", pues considera a la mujer como "una menor de edad" que necesita protección especial.
Finalmente, los firmantes reclaman la inclusión de la responsabilidad parental conjunta o de la guarda y custodia compartida de los hijos de forma preferente en la legislación que regula el divorcio, y ponen de manifiesto la existencia de denuncias falsas de malos tratos para obtener ventajas en los procesos de separación.
Enlaces relacionados
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Sigue la polémica por las 'falsas' denuncias por violencia de género (6/01)
sábado, 9 de enero de 2010
El diario El País entre dos aguas y guarda la ropa....
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Choque/parejas/elpepiopi/20100109elpepiopi_2/Tes
EDITORIAL: Choque de parejas
Casos como el de Carrascosa evidencian la falta de instancias supranacionales de mediación
09/01/2010.
El caso de la española María José Carrascosa, condenada en Estados Unidos por haber trasladado a España a su hija de 4 años, sin el permiso de su padre estadounidense, ha llamado la atención por la fuerte y desproporcionada condena, 14 años de prisión; pero también por algunos aspectos chocantes de la justicia norteamericana, vista desde este lado del Atlántico: la comparecencia de la acusada encadenada de pies y manos y la áspera reconvención que le hizo el juez una vez acabado el juicio y al margen del procedimiento: "Entérese: el juego se ha acabado".
En los conflictos de pareja que tienen que ver con la pugna por la custodia de los hijos el Código Penal tiene poco que hacer.
Y en caso de intervenir, lo tendría que hacer con tiento, conforme al contexto fuertemente emocional en que suelen producirse los hechos.
Esto es así en general, y es aplicable tanto en Estados Unidos como España.
Pero más allá de la condena, el caso de María José Carrascosa plantea un preocupante conflicto de jurisdicciones entre la justicia española, que otorgó la custodia a la madre, y la norteamericana, que la concedió al padre.
Y aunque EE UU y España suscribieron la Convención de La Haya de 1980 que les obliga a respetar sus sentencias, parece que no la interpretan del mismo modo, a falta quizás de criterios claros, y pone de manifiesto la ausencia de instancias supranacionales capaces de dirimir el conflicto.
Esa ausencia se notará cada vez más ante el creciente número de parejas formadas por ciudadanos de distinta nacionalidad.
EE UU no debe sentirse satisfecho por que decenas de padres estén recluidos en sus prisiones por casos similares al de Carrascosa.
Tampoco España por tener que seguir el rastro de niños reclamados por padres españoles. Como, seguramente, otros países seguirán el rastro en España de niños reclamados por padres de otra nacionalidad.
El juez que condenó a María José Carrascosa la culpabilizó de que "su hija no tendrá ni a una madre ni un padre al que abrazar".
Pero haberla mantenido 3 años en prisión preventiva y condenarla a 14 de cárcel ha ayudado poco.
El choque de nacionalismos judiciales, en el que se impone el más fuerte o el que actúa con ventaja, no va precisamente en beneficio del menor y de su derecho a disfrutar del padre y de la madre en un aceptable régimen de visitas o de custodia compartida.
EDITORIAL: Choque de parejas
Casos como el de Carrascosa evidencian la falta de instancias supranacionales de mediación
09/01/2010.
El caso de la española María José Carrascosa, condenada en Estados Unidos por haber trasladado a España a su hija de 4 años, sin el permiso de su padre estadounidense, ha llamado la atención por la fuerte y desproporcionada condena, 14 años de prisión; pero también por algunos aspectos chocantes de la justicia norteamericana, vista desde este lado del Atlántico: la comparecencia de la acusada encadenada de pies y manos y la áspera reconvención que le hizo el juez una vez acabado el juicio y al margen del procedimiento: "Entérese: el juego se ha acabado".
En los conflictos de pareja que tienen que ver con la pugna por la custodia de los hijos el Código Penal tiene poco que hacer.
Y en caso de intervenir, lo tendría que hacer con tiento, conforme al contexto fuertemente emocional en que suelen producirse los hechos.
Esto es así en general, y es aplicable tanto en Estados Unidos como España.
Pero más allá de la condena, el caso de María José Carrascosa plantea un preocupante conflicto de jurisdicciones entre la justicia española, que otorgó la custodia a la madre, y la norteamericana, que la concedió al padre.
Y aunque EE UU y España suscribieron la Convención de La Haya de 1980 que les obliga a respetar sus sentencias, parece que no la interpretan del mismo modo, a falta quizás de criterios claros, y pone de manifiesto la ausencia de instancias supranacionales capaces de dirimir el conflicto.
Esa ausencia se notará cada vez más ante el creciente número de parejas formadas por ciudadanos de distinta nacionalidad.
EE UU no debe sentirse satisfecho por que decenas de padres estén recluidos en sus prisiones por casos similares al de Carrascosa.
Tampoco España por tener que seguir el rastro de niños reclamados por padres españoles. Como, seguramente, otros países seguirán el rastro en España de niños reclamados por padres de otra nacionalidad.
El juez que condenó a María José Carrascosa la culpabilizó de que "su hija no tendrá ni a una madre ni un padre al que abrazar".
Pero haberla mantenido 3 años en prisión preventiva y condenarla a 14 de cárcel ha ayudado poco.
El choque de nacionalismos judiciales, en el que se impone el más fuerte o el que actúa con ventaja, no va precisamente en beneficio del menor y de su derecho a disfrutar del padre y de la madre en un aceptable régimen de visitas o de custodia compartida.
viernes, 8 de enero de 2010
El registro civil a traves de internet,2012
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=676465&idseccio_PK=1012&h=100108
LUZ VERDE DEL GOBIERNO:El Registro Civil se podrá consultar a través de internet.
Justicia dará un número personal ya desde el nacimiento que permitirá seguir los datos.
EL PERIÓDICO.MADRID.8/1/2010
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley del Registro Civil, que busca "cambiar de arriba a abajo" el actual modelo, vigente desde 1957, y crear un nuevo registro único y electrónico "pensado en las personas" que simplificará trámites y agilizará procesos.
El nuevo sistema prevé concentrar el registro según la persona y no la localidad, como hasta ahora.
Para ello, a partir de la entrada en vigor de la ley, a cada recién nacido se le adjudicará un número único (propiamente, una secuencia alfanumérica) llamado Código Personal de Ciudadanía y que permitirá ssguir todo su rastro civil: nacimiento, boda, divorcio, defunción...
Este número será, en principio, independiente del DNI, según un portavoz de Justicia.
Y permitirá dejar de expedir libros de familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales que se podrán pedir con la firma electrónica del DNI digital.
"El nuevo Registro Civil no será accesible directamente para los ciudadanos, pero estos sí podrán pedir los certificados que precisen a través de una web", señala el portavoz.
Cambio administrativo.
La futura ley del Registro propone también que dejen de ser los jueces los encargados de los registros, sino que esta función pase a ejercerla un funcionario cualificado y el registro en sí dependa del Ministerio de Justicia.
El texto legal iniciará en breve su tramitación en el Congreso, por lo que los responsables de Justicia no prevén que esté listo antes de 2 años.
El Ministerio de Justicia ya ha digitalizado todos los registros civiles desde 1950, a excepción del Registro Civil Central, que recoge la información de los consulados y extranjero.
LUZ VERDE DEL GOBIERNO:El Registro Civil se podrá consultar a través de internet.
Justicia dará un número personal ya desde el nacimiento que permitirá seguir los datos.
EL PERIÓDICO.MADRID.8/1/2010
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley del Registro Civil, que busca "cambiar de arriba a abajo" el actual modelo, vigente desde 1957, y crear un nuevo registro único y electrónico "pensado en las personas" que simplificará trámites y agilizará procesos.
El nuevo sistema prevé concentrar el registro según la persona y no la localidad, como hasta ahora.
Para ello, a partir de la entrada en vigor de la ley, a cada recién nacido se le adjudicará un número único (propiamente, una secuencia alfanumérica) llamado Código Personal de Ciudadanía y que permitirá ssguir todo su rastro civil: nacimiento, boda, divorcio, defunción...
Este número será, en principio, independiente del DNI, según un portavoz de Justicia.
Y permitirá dejar de expedir libros de familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales que se podrán pedir con la firma electrónica del DNI digital.
"El nuevo Registro Civil no será accesible directamente para los ciudadanos, pero estos sí podrán pedir los certificados que precisen a través de una web", señala el portavoz.
Cambio administrativo.
La futura ley del Registro propone también que dejen de ser los jueces los encargados de los registros, sino que esta función pase a ejercerla un funcionario cualificado y el registro en sí dependa del Ministerio de Justicia.
El texto legal iniciará en breve su tramitación en el Congreso, por lo que los responsables de Justicia no prevén que esté listo antes de 2 años.
El Ministerio de Justicia ya ha digitalizado todos los registros civiles desde 1950, a excepción del Registro Civil Central, que recoge la información de los consulados y extranjero.
miércoles, 6 de enero de 2010
Sexo y Politica en la España de Zapatero
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100105/53860966227.html
Albert Castillón: Sexo y política
Albert Castillón 05/01/2010
Tenemos 2 losas sociales que nos impiden avanzar como ciudadanos de un nuevo siglo: el sexismo y la politización.
La política de partido lo engulle todo:
1.-Si el gobierno socialista prohíbe fumar en locales públicos, en las comunidades del PP se permite;
2.-Si eres artista de los de "la ceja" nunca te contratan en un Ayuntamiento de derechas;
son los partidos quienes eligen los jueces del Consejo General y los jefes de informativos de las televisiones públicas.
Se meten en todo, con el objetivo de controlar la realidad en su beneficio.
Con el sexismo sucede lo propio.
Hemos perdido la condición de persona por la de hombre o mujer, presuponiendo que por ello tenemos facultades especiales que nos distinguen.
En televisión ninguna fea, gorda o cuarentona triunfa que no sea por décadas de profesión a sus espaldas, solo hay espacio para jóvenes y bellas sin experiencia.
Las ministras se nombran por cuota, las secretarias siguen siendo mujeres y sus jefes hombres, aunque la mayor perversión se alcanza con la ley contra la violencia de género, que contabiliza todo asesinato de mujer en manos de su compañero, aunque sea por causas psiquiátricas y sin embargo no cuenta a los hombres asesinados por sus mujeres.
Distingue entre falta o delito según el sexo del agresor, no según el acto de violencia que se cometa. Esta aberración de la ley no tiene parangón en ningún código penal europeo.
Ya existía el agravante de superioridad, que implica mayor delito a quien comete un acto de violencia contra una persona con menor fuerza física, pero se quiso criminalizar al hombre por ser hombre, no por ser agresor.
La discriminación positiva tenía sentido hace 20 años, no en el 2010.
Que el nuevo año haga cumplir los derechos fundamentales de la Constitución Española.
Con eso es suficiente.
Albert Castillón: Sexo y política
Albert Castillón 05/01/2010
Tenemos 2 losas sociales que nos impiden avanzar como ciudadanos de un nuevo siglo: el sexismo y la politización.
La política de partido lo engulle todo:
1.-Si el gobierno socialista prohíbe fumar en locales públicos, en las comunidades del PP se permite;
2.-Si eres artista de los de "la ceja" nunca te contratan en un Ayuntamiento de derechas;
son los partidos quienes eligen los jueces del Consejo General y los jefes de informativos de las televisiones públicas.
Se meten en todo, con el objetivo de controlar la realidad en su beneficio.
Con el sexismo sucede lo propio.
Hemos perdido la condición de persona por la de hombre o mujer, presuponiendo que por ello tenemos facultades especiales que nos distinguen.
En televisión ninguna fea, gorda o cuarentona triunfa que no sea por décadas de profesión a sus espaldas, solo hay espacio para jóvenes y bellas sin experiencia.
Las ministras se nombran por cuota, las secretarias siguen siendo mujeres y sus jefes hombres, aunque la mayor perversión se alcanza con la ley contra la violencia de género, que contabiliza todo asesinato de mujer en manos de su compañero, aunque sea por causas psiquiátricas y sin embargo no cuenta a los hombres asesinados por sus mujeres.
Distingue entre falta o delito según el sexo del agresor, no según el acto de violencia que se cometa. Esta aberración de la ley no tiene parangón en ningún código penal europeo.
Ya existía el agravante de superioridad, que implica mayor delito a quien comete un acto de violencia contra una persona con menor fuerza física, pero se quiso criminalizar al hombre por ser hombre, no por ser agresor.
La discriminación positiva tenía sentido hace 20 años, no en el 2010.
Que el nuevo año haga cumplir los derechos fundamentales de la Constitución Española.
Con eso es suficiente.
Ley de Violencia de Género: una reforma necesaria
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2010/01/05/ley-violencia-genero-reforma-necesariabr/966657.html
Ley de Violencia de Género: una reforma necesaria
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO.Martes 05 de enero de 2010
No es tan difícil, en pleno siglo XXI, en el que las estadísticas han avanzado considerablemente, realizar un estudio global, que atienda a todas las variables posibles, acerca de la aplicación de la ley de violencia de género.
La polémica suscitada ahora por el juez Serrano, revelando datos de archivos de denuncias que rozan el noventa por ciento de las formuladas, aunque posiblemente exagerada, no puede, ni debe, tacharse de falsa sin más explicaciones que esgrimir informes parciales que escogen elementos de estudio que no son susceptibles de proporcionar un resultado completo.
No me valen las conclusiones del Observatorio sobre la violencia de género, porque para conocer el grado de denuncias archivadas no son las acusaciones formuladas el elemento de análisis, sino el de denuncias deducidas en relación con las acusaciones y sentencias, ya que en el camino desde la denuncia hasta la sentencia bien pueden haberse archivado un buen número de ellas que, con un análisis parcial, quedan reducidas a la nada, a la inexistencia. Es fácil, muy fácil hacer un estudio completo.
Basta con tomar los datos de ingresos de denuncias en las comisarías y relacionarlas con las sentencias dictadas. El resultado expresará el porcentaje de las que se quedan en el camino.
Ese estudio no se ha hecho o no se conoce o, al menos, no ha visto la luz pública.
Hay datos, derivados indirectamente de estadísticas del propio Observatorio y publicitados por su misma presidenta, que permiten concluir que, no el 90, pero sí alrededor de un 60 % de las denuncias terminan en archivo o en absolución, de lo que se infiere que un 60 % de los hombres denunciados son sometidos al protocolo de la ley de violencia de género, tal vez a una orden de alejamiento, que marca con un cierto estigma y que luego la justicia les exime de toda responsabilidad.
Y soluciones hay o debe haber para evitar este elevado número de denuncias que no se materializan en una realidad condenatoria.
Que en todo tipo de delitos se den archivos o absoluciones no es justificación suficiente, ya que en este ámbito, por su especial sensibilidad, se producen efectos demoledores sobre las mujeres maltratadas, pero también sobre los hombres injustamente denunciados.
Y no hablo de falsedad, no tengo datos, pero, sí de una ley compleja y jurídicamente deficiente.
Y es que la propia filosofía de dicha ley, que se basa en una presunción general, que considera la violencia fruto de una posición de superioridad del hombre que trae consigo la necesaria protección especial de la mujer, permite un cierto abuso o exceso por parte de quienes quieran utilizar los recursos que la ley ofrece para fines distintos a los perseguidos.
La ley, por los principios que la informan, constituye un instrumento poderoso para luchar contra la violencia de género, pero, a la vez, por coherencia con su estructura desigual en el trato, aunque éste sea admisible, en un arma que puede ser utilizada por algunas mujeres y sus abogados de forma indebida.
Cuando la ley optó por un sistema que parte de una presunción general que califica como violencia de género toda la que se produce en el ámbito de la relación entre hombre y mujer, a su vez asumió los riesgos derivados de una norma de estas características automáticas. La especial protección implica, a su vez, la desigualdad del denunciado.
Y ahí radica el problema que no puede ser desatendido, ni minusvalorado.
Pero es más, la criminalización de todo tipo de conductas, incluso aquellas que proporcionalmente no merecen un reproche penal, como sucede en otros países, unido a que basta la mera admisión de une denuncia para acumular ante el juez de violencia el conflicto matrimonial, genera efectos perversos.
Con una denuncia por hechos no graves, se obtiene inmediatamente una orden de alejamiento, unos efectos que en el ámbito civil serían más lentos.
El archivo posterior de la denuncia no implica la pérdida de la competencia del juez de violencia que ya habrá acordado las medidas cautelares civiles.
Es claro, pues, que la ley autoriza su uso para fines diferentes cuando de actos no graves se trata, en los que la opción española, no universal, se ha mostrado excesivamente exagerada y no útil a los efectos de reprimir la violencia de género.
Tal vez habría que meditar acerca de la opción legislativa y aprender de otros países con más experiencia, máxime habida cuenta del gran número de archivos y absoluciones que se dan en España.
No se puede hablar de dogmas cuando en otros ordenamientos se actúa de forma diferente y con excelentes resultados o, al menos, no muy distintos de los obtenidos aquí.
Y tampoco de un sistema que acude al derecho penal como la panacea.
Esta visión no es compatible con los principios democráticos, se trate del problema que retrate.
Por último, la orden de alejamiento es una medida cautelar, sujeta a la proporcionalidad, de modo que acordarla ante hechos no graves es de dudosa admisibilidad cuando no aparece con claridad un riesgo evidente de reiteración que haya que prevenir.
Restringir las órdenes a los casos más graves evitaría efectos no deseables y, a la vez, la interposición de denuncias infundadas, especialmente porque se suprimiría un posible beneficio indebido donde no fuera necesaria la medida.
Cierto es que existe un interés digno de elogio en que se denuncien los hechos de violencia, que no pasan aún de una cuarta parte de los que se producen y que revelar datos como los del posible grado de fraude, puede servir de freno a la iniciativa de las mujeres.
Pero, también lo es que, si bien los maltratadores deben ser castigados, las mujeres que aprovechen los resortes de la ley para fines no compatibles con ella, han de experimentar una respuesta proporcional a su conducta. No hacerlo carece de justificación.
No cabe en un sistema democrático, para conseguir un fin loable aceptar daños colaterales o promoverlos, ya que, si se admite, se estará dañando la ley más allá de lo que creen sus más fervientes promotores.
Un problema no puede ser resuelto creando otro o aceptándolo como mal menor, pues toda lesión a un ser humano es rechazable y el fin no justifica los medios.
Ley de Violencia de Género: una reforma necesaria
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO.Martes 05 de enero de 2010
No es tan difícil, en pleno siglo XXI, en el que las estadísticas han avanzado considerablemente, realizar un estudio global, que atienda a todas las variables posibles, acerca de la aplicación de la ley de violencia de género.
La polémica suscitada ahora por el juez Serrano, revelando datos de archivos de denuncias que rozan el noventa por ciento de las formuladas, aunque posiblemente exagerada, no puede, ni debe, tacharse de falsa sin más explicaciones que esgrimir informes parciales que escogen elementos de estudio que no son susceptibles de proporcionar un resultado completo.
No me valen las conclusiones del Observatorio sobre la violencia de género, porque para conocer el grado de denuncias archivadas no son las acusaciones formuladas el elemento de análisis, sino el de denuncias deducidas en relación con las acusaciones y sentencias, ya que en el camino desde la denuncia hasta la sentencia bien pueden haberse archivado un buen número de ellas que, con un análisis parcial, quedan reducidas a la nada, a la inexistencia. Es fácil, muy fácil hacer un estudio completo.
Basta con tomar los datos de ingresos de denuncias en las comisarías y relacionarlas con las sentencias dictadas. El resultado expresará el porcentaje de las que se quedan en el camino.
Ese estudio no se ha hecho o no se conoce o, al menos, no ha visto la luz pública.
Hay datos, derivados indirectamente de estadísticas del propio Observatorio y publicitados por su misma presidenta, que permiten concluir que, no el 90, pero sí alrededor de un 60 % de las denuncias terminan en archivo o en absolución, de lo que se infiere que un 60 % de los hombres denunciados son sometidos al protocolo de la ley de violencia de género, tal vez a una orden de alejamiento, que marca con un cierto estigma y que luego la justicia les exime de toda responsabilidad.
Y soluciones hay o debe haber para evitar este elevado número de denuncias que no se materializan en una realidad condenatoria.
Que en todo tipo de delitos se den archivos o absoluciones no es justificación suficiente, ya que en este ámbito, por su especial sensibilidad, se producen efectos demoledores sobre las mujeres maltratadas, pero también sobre los hombres injustamente denunciados.
Y no hablo de falsedad, no tengo datos, pero, sí de una ley compleja y jurídicamente deficiente.
Y es que la propia filosofía de dicha ley, que se basa en una presunción general, que considera la violencia fruto de una posición de superioridad del hombre que trae consigo la necesaria protección especial de la mujer, permite un cierto abuso o exceso por parte de quienes quieran utilizar los recursos que la ley ofrece para fines distintos a los perseguidos.
La ley, por los principios que la informan, constituye un instrumento poderoso para luchar contra la violencia de género, pero, a la vez, por coherencia con su estructura desigual en el trato, aunque éste sea admisible, en un arma que puede ser utilizada por algunas mujeres y sus abogados de forma indebida.
Cuando la ley optó por un sistema que parte de una presunción general que califica como violencia de género toda la que se produce en el ámbito de la relación entre hombre y mujer, a su vez asumió los riesgos derivados de una norma de estas características automáticas. La especial protección implica, a su vez, la desigualdad del denunciado.
Y ahí radica el problema que no puede ser desatendido, ni minusvalorado.
Pero es más, la criminalización de todo tipo de conductas, incluso aquellas que proporcionalmente no merecen un reproche penal, como sucede en otros países, unido a que basta la mera admisión de une denuncia para acumular ante el juez de violencia el conflicto matrimonial, genera efectos perversos.
Con una denuncia por hechos no graves, se obtiene inmediatamente una orden de alejamiento, unos efectos que en el ámbito civil serían más lentos.
El archivo posterior de la denuncia no implica la pérdida de la competencia del juez de violencia que ya habrá acordado las medidas cautelares civiles.
Es claro, pues, que la ley autoriza su uso para fines diferentes cuando de actos no graves se trata, en los que la opción española, no universal, se ha mostrado excesivamente exagerada y no útil a los efectos de reprimir la violencia de género.
Tal vez habría que meditar acerca de la opción legislativa y aprender de otros países con más experiencia, máxime habida cuenta del gran número de archivos y absoluciones que se dan en España.
No se puede hablar de dogmas cuando en otros ordenamientos se actúa de forma diferente y con excelentes resultados o, al menos, no muy distintos de los obtenidos aquí.
Y tampoco de un sistema que acude al derecho penal como la panacea.
Esta visión no es compatible con los principios democráticos, se trate del problema que retrate.
Por último, la orden de alejamiento es una medida cautelar, sujeta a la proporcionalidad, de modo que acordarla ante hechos no graves es de dudosa admisibilidad cuando no aparece con claridad un riesgo evidente de reiteración que haya que prevenir.
Restringir las órdenes a los casos más graves evitaría efectos no deseables y, a la vez, la interposición de denuncias infundadas, especialmente porque se suprimiría un posible beneficio indebido donde no fuera necesaria la medida.
Cierto es que existe un interés digno de elogio en que se denuncien los hechos de violencia, que no pasan aún de una cuarta parte de los que se producen y que revelar datos como los del posible grado de fraude, puede servir de freno a la iniciativa de las mujeres.
Pero, también lo es que, si bien los maltratadores deben ser castigados, las mujeres que aprovechen los resortes de la ley para fines no compatibles con ella, han de experimentar una respuesta proporcional a su conducta. No hacerlo carece de justificación.
No cabe en un sistema democrático, para conseguir un fin loable aceptar daños colaterales o promoverlos, ya que, si se admite, se estará dañando la ley más allá de lo que creen sus más fervientes promotores.
Un problema no puede ser resuelto creando otro o aceptándolo como mal menor, pues toda lesión a un ser humano es rechazable y el fin no justifica los medios.
martes, 5 de enero de 2010
Nada en España da más miedo que un juez
http://www.elpais.com/articulo/ultima/Agentes/senorias/elpepuopi/20100104elpepiult_1/Tes
ALMUDENA GRANDES:Agentes y señorías
ALMUDENA GRANDES 04/01/2010
En mis primeros años, los últimos del franquismo, sólo existía una cosa en el imaginario colectivo español que infundiera tanto temor como un tricornio acharolado.
No era la muerte, sino un uniforme gris.
Aún recuerdo un protocolo físico, automático, que consistía en encoger los hombros, bajar la mirada, y aplicar el consejo que la mayoría de los padres daban a sus hijos cuando empezaban a andar solos por la calle: tú, de entrada, si te dice algo, llámale "agente", no se vaya a mosquear...
La alegría que nos llevamos al ver venir a la Guardia Civil cuando el coche nos ha dejado tirados en la carretera, representa una de las grandes conquistas de la democracia española.
Por eso produce más tristeza que pasmo la impresión de que aquella alarma universal se haya trasladado, en los últimos tiempos, a una institución creada para proteger a los ciudadanos de, entre otras cosas, los excesos de las fuerzas represivas del Estado.
Hoy por hoy, nada en España da más miedo que un juez, tanto cuando condena -a la cárcel, a periodistas por publicar informaciones veraces-, como cuando opina -que es lástima que un marido que acaba de matar a su mujer se suicide, siendo tan abundantes las falsas denuncias por maltrato-, y no digamos ya cuando se colocan, todos ellos como un solo hombre, de espaldas a la sociedad, para respaldar a ciegas los errores, por acción u opinión, de sus compañeros.
Los jueces deberían reflexionar sobre el descrédito de su profesión, porque su relevancia va mucho más allá de ellos mismos.
El Gobierno y la oposición deberían asumir sus culpas en el estancamiento de los órganos judiciales, aunque eso no baste como coartada.
Y los demás, si esto no cambia, tendremos que acostumbrarnos a añadir, al darle a los niños las llaves de casa: y tú, si ves una toga, de entrada, llámale "señoría", por lo que pueda pasar...
ALMUDENA GRANDES:Agentes y señorías
ALMUDENA GRANDES 04/01/2010
En mis primeros años, los últimos del franquismo, sólo existía una cosa en el imaginario colectivo español que infundiera tanto temor como un tricornio acharolado.
No era la muerte, sino un uniforme gris.
Aún recuerdo un protocolo físico, automático, que consistía en encoger los hombros, bajar la mirada, y aplicar el consejo que la mayoría de los padres daban a sus hijos cuando empezaban a andar solos por la calle: tú, de entrada, si te dice algo, llámale "agente", no se vaya a mosquear...
La alegría que nos llevamos al ver venir a la Guardia Civil cuando el coche nos ha dejado tirados en la carretera, representa una de las grandes conquistas de la democracia española.
Por eso produce más tristeza que pasmo la impresión de que aquella alarma universal se haya trasladado, en los últimos tiempos, a una institución creada para proteger a los ciudadanos de, entre otras cosas, los excesos de las fuerzas represivas del Estado.
Hoy por hoy, nada en España da más miedo que un juez, tanto cuando condena -a la cárcel, a periodistas por publicar informaciones veraces-, como cuando opina -que es lástima que un marido que acaba de matar a su mujer se suicide, siendo tan abundantes las falsas denuncias por maltrato-, y no digamos ya cuando se colocan, todos ellos como un solo hombre, de espaldas a la sociedad, para respaldar a ciegas los errores, por acción u opinión, de sus compañeros.
Los jueces deberían reflexionar sobre el descrédito de su profesión, porque su relevancia va mucho más allá de ellos mismos.
El Gobierno y la oposición deberían asumir sus culpas en el estancamiento de los órganos judiciales, aunque eso no baste como coartada.
Y los demás, si esto no cambia, tendremos que acostumbrarnos a añadir, al darle a los niños las llaves de casa: y tú, si ves una toga, de entrada, llámale "señoría", por lo que pueda pasar...
Debate jurídico sobre la ley de Violencia contra la mujer
http://www.lne.es/gijon/2010/01/05/juez-campo-enerva-feministas-recibe-apoyo-abogados-cuestionar-paridad/855646.html
Un importante debate jurídico: El juez Campo enerva a las feministas y recibe apoyo de abogados por cuestionar la paridad.
Las defensoras de la ley contra la violencia de género aseguran que era necesaria y los detractores piden la igualdad real de sexos
LNE R. GARCÍAMartes 05 de enero de 2010
Las declaraciones del juez de Sevilla Francisco Serrano abrieron la pasada semana un debate social en torno a la violencia de género al que se sumó ayer en LA NUEVA ESPAÑA el magistrado Ángel Luis Campo.
En sus declaraciones, el juez gijonés arremetía contra la concepción «de género que diferencia a hombres y a mujeres» y respaldaba las tesis de Serrano denunciando la inferioridad masculina frente a la Justicia.
Sus declaraciones han dividido a los abogados gijoneses y han contado con el rechazo de las feministas.
Algunos, como Alberto Rey, apoyan al juez asegurando que «la ley debe ser igual para todos y no distinguir de sexos», mientras que otros, como Ana María González, aseguran que «la ley de violencia de género es absolutamente necesaria: no se puede eludir un problema tan grave».
El juez Campo aseguró en este periódico que «la paridad ha denigrado a la mujer, que está en determinados puestos por su sexo y no por lo que vale» y que «la ley contra la violencia de género en realidad ha creado más conflictos por su labor diferenciadora».
El abogado Francisco Javier Díaz Dapena se mostró ayer «encantado de que quienes han de aplicar la ley sirvan de altavoz a la legítima crítica respecto de los problemas de aplicación».
Las declaraciones del magistrado, según la letrada Edelmira Nistal Rubio, «recogen el sentimiento de muchos profesionales que ven cómo el sistema se pervierte en algunos casos».
Para estos abogados, la ley integral contra la violencia de género se ha convertido «en un arma de doble filo».
Alberto Rey va más allá denunciando discriminación masculina: «Hubo un tiempo en el que la mujer se situó por debajo del hombre en el campo de la Justicia y ahora parece que queremos invertir del todo la balanza para no sentirnos mal».
Detractores tampoco le faltan a Ángel Luis Campo.
Algunos abogados expresaron ayer su disconformidad con unas declaraciones, que a juicio de la letrada Ana María González «hacen un flaco favor a las mujeres maltratadas».
«La ley hizo algo muy positivo, que fue sacar un problema invisible a la calle. Dio más poder a las mujeres porque son las que sufren y hay que ayudarlas hasta que se llegue a una igualdad completa; entonces es cuando habrá que revisar la ley y ver que se mejora».
Para letradas como Carina Rodríguez, «habría que tomar medidas contra las mujeres que usan la ley como privilegio a la hora de afrontar procesos como un divorcio».
La letrada Monserrat González también se une a estas tesis asegurando que «parece comprensible la protección de la mujer frente a tantos siglos de desprotección en un ámbito como el doméstico en el que su indefensión es mayor. La ley no van contra los hombres sino contra los maltratadores».
González sí reconoce sin embargo que la ley tiene carencias, que habrán de ser examinadas «sin la casuística».
Abogada:«Cuando se llegue a una situación real de igualdad se pensará en cambios de leyes»
Abogada:«La ley no va contra los hombres sino sólo contra los maltratadores»
Abogada:«La ley contra la violencia de género se ha convertido en un arma de doble filo»
Abogad0:«Ahora queremos invertir la balanza de la justicia para no sentirnos mal»
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Los lectores de lne.es apoyan las tesis de Campo y piden una igualdad real. Gijón
Un importante debate jurídico: El juez Campo enerva a las feministas y recibe apoyo de abogados por cuestionar la paridad.
Las defensoras de la ley contra la violencia de género aseguran que era necesaria y los detractores piden la igualdad real de sexos
LNE R. GARCÍAMartes 05 de enero de 2010
Las declaraciones del juez de Sevilla Francisco Serrano abrieron la pasada semana un debate social en torno a la violencia de género al que se sumó ayer en LA NUEVA ESPAÑA el magistrado Ángel Luis Campo.
En sus declaraciones, el juez gijonés arremetía contra la concepción «de género que diferencia a hombres y a mujeres» y respaldaba las tesis de Serrano denunciando la inferioridad masculina frente a la Justicia.
Sus declaraciones han dividido a los abogados gijoneses y han contado con el rechazo de las feministas.
Algunos, como Alberto Rey, apoyan al juez asegurando que «la ley debe ser igual para todos y no distinguir de sexos», mientras que otros, como Ana María González, aseguran que «la ley de violencia de género es absolutamente necesaria: no se puede eludir un problema tan grave».
El juez Campo aseguró en este periódico que «la paridad ha denigrado a la mujer, que está en determinados puestos por su sexo y no por lo que vale» y que «la ley contra la violencia de género en realidad ha creado más conflictos por su labor diferenciadora».
El abogado Francisco Javier Díaz Dapena se mostró ayer «encantado de que quienes han de aplicar la ley sirvan de altavoz a la legítima crítica respecto de los problemas de aplicación».
Las declaraciones del magistrado, según la letrada Edelmira Nistal Rubio, «recogen el sentimiento de muchos profesionales que ven cómo el sistema se pervierte en algunos casos».
Para estos abogados, la ley integral contra la violencia de género se ha convertido «en un arma de doble filo».
Alberto Rey va más allá denunciando discriminación masculina: «Hubo un tiempo en el que la mujer se situó por debajo del hombre en el campo de la Justicia y ahora parece que queremos invertir del todo la balanza para no sentirnos mal».
Detractores tampoco le faltan a Ángel Luis Campo.
Algunos abogados expresaron ayer su disconformidad con unas declaraciones, que a juicio de la letrada Ana María González «hacen un flaco favor a las mujeres maltratadas».
«La ley hizo algo muy positivo, que fue sacar un problema invisible a la calle. Dio más poder a las mujeres porque son las que sufren y hay que ayudarlas hasta que se llegue a una igualdad completa; entonces es cuando habrá que revisar la ley y ver que se mejora».
Para letradas como Carina Rodríguez, «habría que tomar medidas contra las mujeres que usan la ley como privilegio a la hora de afrontar procesos como un divorcio».
La letrada Monserrat González también se une a estas tesis asegurando que «parece comprensible la protección de la mujer frente a tantos siglos de desprotección en un ámbito como el doméstico en el que su indefensión es mayor. La ley no van contra los hombres sino contra los maltratadores».
González sí reconoce sin embargo que la ley tiene carencias, que habrán de ser examinadas «sin la casuística».
Abogada:«Cuando se llegue a una situación real de igualdad se pensará en cambios de leyes»
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El auge del feminismo inquisistorial
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/50784
Hablemos sin tapujos: El auge del feminismo inquisitorial
Miguel Massanet. martes, 05 de enero de 2010
Es obvio que, desde la entrada de lo socialistas en el Gobierno, hay algunos colectivos que han encontrado:
1.- la forma de progresar en sus reivindicaciones,
2.- de imponer sus criterios y
3.- de conseguir de la Administración, siempre pendiente de las encuestas de intención de voto, concesiones y prebendas que, probablemente, ni en sus más optimistas sueños hubieran nunca pensado poder conseguir con tanta rapidez, amplitud y facilidad.
Tenemos los ejemplos de los homosexuales y lesbianas, que han alcanzado la cúspide de su reconocimiento como grupo social, equiparable, si no más favorecido, al de los heterosexuales; tenemos en puertas el tema del aborto que, en un avance insólito de elipsis temporal, va a pasar de ser un delito recogido en el Código Penal, a constituir un derecho de las mujeres;
también hemos pasado, sin solución de continuidad, de las peticiones de igualdad, formuladas por los grupos feministas que solicitaban paridad de condiciones, los mismos derechos y retribuciones equivalentes a las que gozaban los varones; a dar una vuelta de tuerca más, que nos ha conducido a una nueva situación, no prevista por cierto en la Constitución y que, sólo las alambicadas ingenierías legales de algunos juristas, poco escrupulosos con la hermenéutica constitucional, han conseguido encajar en una, más que dudosa y muy discutible, legalidad.
Sí, porque las presiones feministas no dejaron de insistir sobre el Gobierno del señor ZP, hasta que consiguieron esta fórmula especial, por la que se exige que la pretendida igualdad de capacidades entre ambos sexos, ceda a favor de una modalidad más elaborada, más “positiva” para el sexo femenino y menos comprensible para el masculino, consistente en los famosos cupos igualitarios.
El cupo vino a hacer saltar todas las alarmas.
El término “igualdad” resultó ser, para nuestro Gobierno, algo maleable, convertible, opinable y, por supuesto, susceptible de todas las interpretaciones que se le quisieran dar, siempre que, naturalmente, redundaran a favor del sexo femenino.
La explicación: la tradicional desigualdad de las mujeres a través de los siglos debería se compensada con privilegios a su favor.
Ya no bastaba alcanzar la equiparación hombre – mujer, basada en igualdad de conocimientos, igualdad de preparación, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones físicas e igualdad de inteligencia, sino que era preciso establecer un “plus” revanchista a favor de aquel género que consideró haber estado perjudicado por los varones durante tantos siglos de “opresión”.
¡Claro que, cuando el hombre primitivo, armado de un útil primitivo, se ocupaba de proveer de caza a la tribu, ninguna mujer rechistaba y quería imitarlo!
Evidentemente que, cuando el Rey convocaba a sus mesnadas para ir a morir en las batallas, las matronas permanecían, más o menos incómodas y mal olientes con sus cinturones de castidad, en el refugio de los castillos medievales, bordando o tejiendo primorosos encajes en oro y plata.
Hoy en día, en ocasiones, ya cuesta distinguir por su vestuario, por sus modales, por sus poses, por su falta de pudor, por su actitud desafiante y provocativa, a un hombre de una mujer y ya no hablemos cuando entramos en cuestiones relativas a las nuevas modalidades de sexos cambiados, de travestís y de familias homosexuales; donde las sorpresas que uno se puede llevar serían difíciles de clasificar y ordenar debidamente, en un tomo enciclopédico.
Pero lo que es la claudicación, la sumisión incondicional, la cesión gratuita y el reconocimiento palpable de que a las mujeres se les ha de ceder, a partir de ahora, el puesto que anteriormente ocupaba el hombre; sin oponer resistencia y admitiendo que los errores que el sexo masculino ha venido cometiendo, a través de los siglos, no se hubieran producido si las mujeres hubieran llevado la batuta de la civilización; es, en gran parte, culpa de los hombres.
Sin embargo, convendría precisar algunos puntos que, quizá, nos sirvieran para aclarar determinadas reacciones, si se quiere salvajes, incivilizadas, desorbitadas y definitivas, con las que el hombre, desesperado y fuera de sí, ha querido acabar con una situación insostenible. Deberíamos intentar analizar las diferencias abismales existentes entre la forma de pensar y actuar de las féminas y los individuos del sexo contrario.
Sus diferencias psicológicas.
Por ello, cuando vemos la forma desabrida, desproporcionada, histérica y absolutista como ha reaccionado un determinado colectivo de mujeres (20 organizaciones de mujeres de toda España), contra las manifestaciones de un juez que opina que también las mujeres maltratan a los hombres y que la ley de Violencia de Género es, sin duda, discriminatoria para los hombres, deberíamos meditar.
Nos cuesta entender como, estas mujeres, pueden negar que, aparte del maltrato físico de la mujer al hombre, más común de lo que se piensa – pero que no se denuncia por la humillación que ello representa para el varón –, existe otra clase de maltrato menos aparente, más efectivo, más estresante, más sostenido y más traumatizante, que la mujeres saben administrar, como nadie, a pequeñas dosis de letales efectos.
Se trata del maltrato psicológico; la gota de agua constante sobre la misma zona del ego marital; las pequeñas maldades; las repetitivas descalificaciones y las burlas sostenidas sobre su pareja que no duda en aplicar, si cabe, en público, ante sus amistades, donde más puede doler y ofender.
Señores, no quiero justificar ningún acción de agresión contra mujeres, pero que nadie me niegue, ni los propios magistrados del CGPJ que, el arte de las mujeres para aplicar esta suerte de violencia todavía no ha sido igualado en cuanto a eficacia, rotundidad, suplicio y exasperación a ninguna otra clase de castigo físico.
Es cierto que hay hombres pusilánimes que se dejan dominar pos sus compañeras.
Es cierto, señora Montalbán, que también hay mujeres que agreden a sus hombres y que son agredidas por ellos, pero, y de esto parece que se ha olvidado usted, también es cierto que muchas de estas acciones dramáticas y extremas, cometidas por los hombres contra sus mujeres, vienen precedidas:
1.- de un mal trato psíquico por parte de su pareja;
2.- de un chantaje anímico persistente y desmoralizante;
3.- de la ventaja que les proporciona a las mujeres un sexo pasivo ante el hecho evidente de que el varón debe demostrar siempre su potencia sexual y, si no puede o no lo hace con la frecuencia solicitada, se convierte en un inmejorable blanco de burlas de su compañera.
No señoras, ustedes no quieren la igualdad, ustedes quieren derrotar a los hombres, ustedes no quieren justicia ustedes pretenden poner a la justicia a su servicio, como ocurre con el ignominioso caso del aborto.
Ustedes son las que pretenden, en muchos casos, destruir la familia tradicional para poder campar por sus respectos y para ello, aparte de buscar acabar con la moral tradicional, apuntándose al mismo libertinaje que han venido criticando secularmente a los hombres – siempre con la colaboración de las mujeres –, ahora no quieren dar cuartel a cualquier persona que, en uso de su libertad de expresión, se atreva a poner en duda la lógica y legalidad de algunas de sus “conquistas”, logradas gracias a un Gobierno débil, amoral, incompetente y que no ha sabido o no ha querido, poner coto a excesos que son los que están dando lugar a que, España, se haya convertido en un país ingobernable, donde cada sector se quiere alzar con su parcela de poder y donde las formas, las buenas costumbres, la decencia y el sentido común son puestos, cada día en entredicho por personas a las que se les ha subido a la cabeza su ego femenino.
La Justicia no va bien en España, pero ello no es óbice para que se la deje actuar sin presiones. Las mujeres, como los hombres, no deben pretender ser la excepción.
Hablemos sin tapujos: El auge del feminismo inquisitorial
Miguel Massanet. martes, 05 de enero de 2010
Es obvio que, desde la entrada de lo socialistas en el Gobierno, hay algunos colectivos que han encontrado:
1.- la forma de progresar en sus reivindicaciones,
2.- de imponer sus criterios y
3.- de conseguir de la Administración, siempre pendiente de las encuestas de intención de voto, concesiones y prebendas que, probablemente, ni en sus más optimistas sueños hubieran nunca pensado poder conseguir con tanta rapidez, amplitud y facilidad.
Tenemos los ejemplos de los homosexuales y lesbianas, que han alcanzado la cúspide de su reconocimiento como grupo social, equiparable, si no más favorecido, al de los heterosexuales; tenemos en puertas el tema del aborto que, en un avance insólito de elipsis temporal, va a pasar de ser un delito recogido en el Código Penal, a constituir un derecho de las mujeres;
también hemos pasado, sin solución de continuidad, de las peticiones de igualdad, formuladas por los grupos feministas que solicitaban paridad de condiciones, los mismos derechos y retribuciones equivalentes a las que gozaban los varones; a dar una vuelta de tuerca más, que nos ha conducido a una nueva situación, no prevista por cierto en la Constitución y que, sólo las alambicadas ingenierías legales de algunos juristas, poco escrupulosos con la hermenéutica constitucional, han conseguido encajar en una, más que dudosa y muy discutible, legalidad.
Sí, porque las presiones feministas no dejaron de insistir sobre el Gobierno del señor ZP, hasta que consiguieron esta fórmula especial, por la que se exige que la pretendida igualdad de capacidades entre ambos sexos, ceda a favor de una modalidad más elaborada, más “positiva” para el sexo femenino y menos comprensible para el masculino, consistente en los famosos cupos igualitarios.
El cupo vino a hacer saltar todas las alarmas.
El término “igualdad” resultó ser, para nuestro Gobierno, algo maleable, convertible, opinable y, por supuesto, susceptible de todas las interpretaciones que se le quisieran dar, siempre que, naturalmente, redundaran a favor del sexo femenino.
La explicación: la tradicional desigualdad de las mujeres a través de los siglos debería se compensada con privilegios a su favor.
Ya no bastaba alcanzar la equiparación hombre – mujer, basada en igualdad de conocimientos, igualdad de preparación, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones físicas e igualdad de inteligencia, sino que era preciso establecer un “plus” revanchista a favor de aquel género que consideró haber estado perjudicado por los varones durante tantos siglos de “opresión”.
¡Claro que, cuando el hombre primitivo, armado de un útil primitivo, se ocupaba de proveer de caza a la tribu, ninguna mujer rechistaba y quería imitarlo!
Evidentemente que, cuando el Rey convocaba a sus mesnadas para ir a morir en las batallas, las matronas permanecían, más o menos incómodas y mal olientes con sus cinturones de castidad, en el refugio de los castillos medievales, bordando o tejiendo primorosos encajes en oro y plata.
Hoy en día, en ocasiones, ya cuesta distinguir por su vestuario, por sus modales, por sus poses, por su falta de pudor, por su actitud desafiante y provocativa, a un hombre de una mujer y ya no hablemos cuando entramos en cuestiones relativas a las nuevas modalidades de sexos cambiados, de travestís y de familias homosexuales; donde las sorpresas que uno se puede llevar serían difíciles de clasificar y ordenar debidamente, en un tomo enciclopédico.
Pero lo que es la claudicación, la sumisión incondicional, la cesión gratuita y el reconocimiento palpable de que a las mujeres se les ha de ceder, a partir de ahora, el puesto que anteriormente ocupaba el hombre; sin oponer resistencia y admitiendo que los errores que el sexo masculino ha venido cometiendo, a través de los siglos, no se hubieran producido si las mujeres hubieran llevado la batuta de la civilización; es, en gran parte, culpa de los hombres.
Sin embargo, convendría precisar algunos puntos que, quizá, nos sirvieran para aclarar determinadas reacciones, si se quiere salvajes, incivilizadas, desorbitadas y definitivas, con las que el hombre, desesperado y fuera de sí, ha querido acabar con una situación insostenible. Deberíamos intentar analizar las diferencias abismales existentes entre la forma de pensar y actuar de las féminas y los individuos del sexo contrario.
Sus diferencias psicológicas.
Por ello, cuando vemos la forma desabrida, desproporcionada, histérica y absolutista como ha reaccionado un determinado colectivo de mujeres (20 organizaciones de mujeres de toda España), contra las manifestaciones de un juez que opina que también las mujeres maltratan a los hombres y que la ley de Violencia de Género es, sin duda, discriminatoria para los hombres, deberíamos meditar.
Nos cuesta entender como, estas mujeres, pueden negar que, aparte del maltrato físico de la mujer al hombre, más común de lo que se piensa – pero que no se denuncia por la humillación que ello representa para el varón –, existe otra clase de maltrato menos aparente, más efectivo, más estresante, más sostenido y más traumatizante, que la mujeres saben administrar, como nadie, a pequeñas dosis de letales efectos.
Se trata del maltrato psicológico; la gota de agua constante sobre la misma zona del ego marital; las pequeñas maldades; las repetitivas descalificaciones y las burlas sostenidas sobre su pareja que no duda en aplicar, si cabe, en público, ante sus amistades, donde más puede doler y ofender.
Señores, no quiero justificar ningún acción de agresión contra mujeres, pero que nadie me niegue, ni los propios magistrados del CGPJ que, el arte de las mujeres para aplicar esta suerte de violencia todavía no ha sido igualado en cuanto a eficacia, rotundidad, suplicio y exasperación a ninguna otra clase de castigo físico.
Es cierto que hay hombres pusilánimes que se dejan dominar pos sus compañeras.
Es cierto, señora Montalbán, que también hay mujeres que agreden a sus hombres y que son agredidas por ellos, pero, y de esto parece que se ha olvidado usted, también es cierto que muchas de estas acciones dramáticas y extremas, cometidas por los hombres contra sus mujeres, vienen precedidas:
1.- de un mal trato psíquico por parte de su pareja;
2.- de un chantaje anímico persistente y desmoralizante;
3.- de la ventaja que les proporciona a las mujeres un sexo pasivo ante el hecho evidente de que el varón debe demostrar siempre su potencia sexual y, si no puede o no lo hace con la frecuencia solicitada, se convierte en un inmejorable blanco de burlas de su compañera.
No señoras, ustedes no quieren la igualdad, ustedes quieren derrotar a los hombres, ustedes no quieren justicia ustedes pretenden poner a la justicia a su servicio, como ocurre con el ignominioso caso del aborto.
Ustedes son las que pretenden, en muchos casos, destruir la familia tradicional para poder campar por sus respectos y para ello, aparte de buscar acabar con la moral tradicional, apuntándose al mismo libertinaje que han venido criticando secularmente a los hombres – siempre con la colaboración de las mujeres –, ahora no quieren dar cuartel a cualquier persona que, en uso de su libertad de expresión, se atreva a poner en duda la lógica y legalidad de algunas de sus “conquistas”, logradas gracias a un Gobierno débil, amoral, incompetente y que no ha sabido o no ha querido, poner coto a excesos que son los que están dando lugar a que, España, se haya convertido en un país ingobernable, donde cada sector se quiere alzar con su parcela de poder y donde las formas, las buenas costumbres, la decencia y el sentido común son puestos, cada día en entredicho por personas a las que se les ha subido a la cabeza su ego femenino.
La Justicia no va bien en España, pero ello no es óbice para que se la deje actuar sin presiones. Las mujeres, como los hombres, no deben pretender ser la excepción.
Estigmatización de los varones en la ley de Violencia de Género
http://www.lne.es/gijon/2010/01/04/heroinas-anonimas-o-----potenciales-represaliadas/855303.html
¿Heroínas anónimas o potenciales represaliadas?
Sobre la estigmatización de los varones en la ley de Violencia de Género
JAVIER DÍAZ DAPENA. ABOGADO PENALISTA DE GIJÓN.Lunes 04 de enero de 2010
Me dirijo y refiero a las distinguidas compañeras cuyos acertados comentarios recoge el artículo publicado el pasado día 28 de diciembre en LNE bajo la rúbrica «Condenados hombres», y que tan celosamente mantienen su anonimato «por miedo a levantar recelos entre los colectivos feministas» (sic).
Nos decís a quién teméis, pero desconozco qué teméis o, dicho de otro modo, qué mal puede haceros el colectivo del que predicáis dicho temor.
Según se indica en el artículo referido, sois 2 prestigiosas letradas de Oviedo y Gijón que, a grandes rasgos, convenís con las reflexiones hechas públicas por el juez Serrano y relativas a los perniciosos efectos que genera la denominada ley de Violencia de Género, en concreto, la estigmatización que de los varones efectúa la indiscriminada e irreflexiva aplicación de algunas disposiciones de tan injusta y sectaria norma (los calificativos son míos).
Me permito considerar que, entre vuestra numerosa clientela, se encuentran algunas mujeres víctimas de maltrato por parte de sus parejas, pero igualmente me atrevo a suponer que el anunciado temor a ser represaliadas no se referirá a una eventual pérdida de confianza de dicha clientela, pues a buen seguro que esas mujeres maltratadas, o algunas de ellas, tendrán hijos varones y aspirarán a que los mismos no puedan ser injustamente victimizados por sus parejas.
Así, desearán que, a diferencia de lo que a ellas les ha ocurrido, a sus hijos no se les discrimine por un género que no han elegido, y sin duda aplaudirán las atinadas reflexiones de sus letradas por cuanto únicamente suponen un canto a la igualdad que tan impunemente se ve profanada por la actual coyuntura.
Y es que nada hay que temer cuando la bandera que se esgrime es la de la igualdad, pues ningún recelo puede hallar cabal sustento (ni entre los colectivos feministas ni entre cualquier otro) si lo que se denuncia es la ausencia de tan esencial valor.
¿De qué os van a acusar?, ¿de traición de género?
Debe ser por eso que quien esto escribe no alberga tal temor, pero permitiéndome corregir a la autora del reportaje, nada tiene de paradójico que sea una mujer quien denuncie lo absurdo de la situación creada, pues ante un déficit de igualdad en perjuicio de colectivo tan amplio como el de los varones, de ninguna manera puede predicarse que exista un correlativo beneficio para otro colectivo igual de amplio, el de las mujeres.
Las mujeres de bien, que (como los hombres de bien) son la mayoría, lejos de encontrar algún provecho en esta desigualdad de trato, no vienen sino a sufrir una nueva victimización cuando ven cómo, desde lo que se ha dado en llamar discriminación positiva, tan escaso valor se concede a sus méritos y capacidad que lo mismo se les concede una ayuda en atención exclusiva a su género, como -ante una eventual agresión en la que ocupen respectivamente los papeles de agredida o agresora- se las considere víctimas de un delito o meras autoras de una falta.
Pues qué quieren que les diga, las mujeres de bien que yo conozco, y que son casi todas, aspiran a que se las sitúe en un verdadero plano de igualdad con respecto a los varones, y como ninguna intención tienen de maltratar a sus novios y esposos, ningún provecho obtienen ante la expectativa de que su eventual quebranto legal encuentre menor sanción que el correlativo de sus parejas.
Pero volviendo al tema que ha despertado mi curiosidad (por conocer las ocultas identidades) y sorpresa (por el hecho de la ocultación), me tomaré la licencia de realizar un cariñoso reproche a mis anónimas compañeras, en el lógico entendido de que las revelaciones que en el artículo comentado efectúan aspiran a cambiar la situación objeto de denuncia.
El anonimato de una reflexión, amén de soslayar principio tan eficaz como el de la autoridad de quien la vierte, no provoca la necesaria difusión exponencial del pensamiento que la misma encierra.
Así, si en lugar de atribuir la autoría de tan atinadas manifestaciones a «dos prestigiosas letradas de Oviedo y Gijón», se cuenta con sus datos de identidad, tendremos que las muchas personas que en ellas confían (incluidas sus clientes víctimas de maltrato) tendrán ocasión de escuchar (y, por tanto, transmitir) de voces tan autorizadas el riesgo inminente y cierto de que acaben pagando justas por pecadoras y de sufrir una (y ya van tres) nueva victimización, la consistente en que su situación sea permanentemente puesta en tela de juicio y objeto de todo tipo de suspicacias (al tiempo, no otra cosa es lo que ha ocurrido con los accidentes de tráfico, tan dignos de pretérito crédito como de actual desconfianza); precisamente a causa de las cuatro (cuarenta o cuatrocientas que, visto lo visto, es mejor no jugar con los datos) desalmadas que pervierten en su dudoso beneficio ley tan maleable como la referida.
En definitiva, y bien lejos de osar y cuestionar derecho tan esencial como el de permanecer en su repetida situación de anonimato, me gustaría que el riesgo preconizado por mis compañeras no fuese tal, que sus temores fuesen infundados y que la ocultación de identidades obedeciese a un injustificado exceso de celo.
Yo, en mi humildad, solamente puedo firmar al pie del presente, pues prefiero ser potencial represaliado que héroe anónimo.
¿Heroínas anónimas o potenciales represaliadas?
Sobre la estigmatización de los varones en la ley de Violencia de Género
JAVIER DÍAZ DAPENA. ABOGADO PENALISTA DE GIJÓN.Lunes 04 de enero de 2010
Me dirijo y refiero a las distinguidas compañeras cuyos acertados comentarios recoge el artículo publicado el pasado día 28 de diciembre en LNE bajo la rúbrica «Condenados hombres», y que tan celosamente mantienen su anonimato «por miedo a levantar recelos entre los colectivos feministas» (sic).
Nos decís a quién teméis, pero desconozco qué teméis o, dicho de otro modo, qué mal puede haceros el colectivo del que predicáis dicho temor.
Según se indica en el artículo referido, sois 2 prestigiosas letradas de Oviedo y Gijón que, a grandes rasgos, convenís con las reflexiones hechas públicas por el juez Serrano y relativas a los perniciosos efectos que genera la denominada ley de Violencia de Género, en concreto, la estigmatización que de los varones efectúa la indiscriminada e irreflexiva aplicación de algunas disposiciones de tan injusta y sectaria norma (los calificativos son míos).
Me permito considerar que, entre vuestra numerosa clientela, se encuentran algunas mujeres víctimas de maltrato por parte de sus parejas, pero igualmente me atrevo a suponer que el anunciado temor a ser represaliadas no se referirá a una eventual pérdida de confianza de dicha clientela, pues a buen seguro que esas mujeres maltratadas, o algunas de ellas, tendrán hijos varones y aspirarán a que los mismos no puedan ser injustamente victimizados por sus parejas.
Así, desearán que, a diferencia de lo que a ellas les ha ocurrido, a sus hijos no se les discrimine por un género que no han elegido, y sin duda aplaudirán las atinadas reflexiones de sus letradas por cuanto únicamente suponen un canto a la igualdad que tan impunemente se ve profanada por la actual coyuntura.
Y es que nada hay que temer cuando la bandera que se esgrime es la de la igualdad, pues ningún recelo puede hallar cabal sustento (ni entre los colectivos feministas ni entre cualquier otro) si lo que se denuncia es la ausencia de tan esencial valor.
¿De qué os van a acusar?, ¿de traición de género?
Debe ser por eso que quien esto escribe no alberga tal temor, pero permitiéndome corregir a la autora del reportaje, nada tiene de paradójico que sea una mujer quien denuncie lo absurdo de la situación creada, pues ante un déficit de igualdad en perjuicio de colectivo tan amplio como el de los varones, de ninguna manera puede predicarse que exista un correlativo beneficio para otro colectivo igual de amplio, el de las mujeres.
Las mujeres de bien, que (como los hombres de bien) son la mayoría, lejos de encontrar algún provecho en esta desigualdad de trato, no vienen sino a sufrir una nueva victimización cuando ven cómo, desde lo que se ha dado en llamar discriminación positiva, tan escaso valor se concede a sus méritos y capacidad que lo mismo se les concede una ayuda en atención exclusiva a su género, como -ante una eventual agresión en la que ocupen respectivamente los papeles de agredida o agresora- se las considere víctimas de un delito o meras autoras de una falta.
Pues qué quieren que les diga, las mujeres de bien que yo conozco, y que son casi todas, aspiran a que se las sitúe en un verdadero plano de igualdad con respecto a los varones, y como ninguna intención tienen de maltratar a sus novios y esposos, ningún provecho obtienen ante la expectativa de que su eventual quebranto legal encuentre menor sanción que el correlativo de sus parejas.
Pero volviendo al tema que ha despertado mi curiosidad (por conocer las ocultas identidades) y sorpresa (por el hecho de la ocultación), me tomaré la licencia de realizar un cariñoso reproche a mis anónimas compañeras, en el lógico entendido de que las revelaciones que en el artículo comentado efectúan aspiran a cambiar la situación objeto de denuncia.
El anonimato de una reflexión, amén de soslayar principio tan eficaz como el de la autoridad de quien la vierte, no provoca la necesaria difusión exponencial del pensamiento que la misma encierra.
Así, si en lugar de atribuir la autoría de tan atinadas manifestaciones a «dos prestigiosas letradas de Oviedo y Gijón», se cuenta con sus datos de identidad, tendremos que las muchas personas que en ellas confían (incluidas sus clientes víctimas de maltrato) tendrán ocasión de escuchar (y, por tanto, transmitir) de voces tan autorizadas el riesgo inminente y cierto de que acaben pagando justas por pecadoras y de sufrir una (y ya van tres) nueva victimización, la consistente en que su situación sea permanentemente puesta en tela de juicio y objeto de todo tipo de suspicacias (al tiempo, no otra cosa es lo que ha ocurrido con los accidentes de tráfico, tan dignos de pretérito crédito como de actual desconfianza); precisamente a causa de las cuatro (cuarenta o cuatrocientas que, visto lo visto, es mejor no jugar con los datos) desalmadas que pervierten en su dudoso beneficio ley tan maleable como la referida.
En definitiva, y bien lejos de osar y cuestionar derecho tan esencial como el de permanecer en su repetida situación de anonimato, me gustaría que el riesgo preconizado por mis compañeras no fuese tal, que sus temores fuesen infundados y que la ocultación de identidades obedeciese a un injustificado exceso de celo.
Yo, en mi humildad, solamente puedo firmar al pie del presente, pues prefiero ser potencial represaliado que héroe anónimo.
lunes, 4 de enero de 2010
La magistrada Vives Martínez critica el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género
http://ecodiario.eleconomista.es/legislacion/noticias/1810318/01/10/La-magistrada-Vives-Martinez-critica-el-mal-uso-de-la-Ley-sobre-Violencia-de-Genero.html
La magistrada Vives Martínez critica el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género.
Xavier Gil Pecharromán 4/01/2010
La magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia nº 44 de Barcelona, Gemma Vives Martínez, denuncia en un comentario remitido a Ecoley (suplemento jurídico de elEconomista.es) las injusticias que el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género está acarreando a nuestra sociedad.
En su comentario rompe una lanza en favor del magistrado de un Juzgado de Familia de Sevilla. Francisco Serrano Castro, que denunció la utilización que algunas mujeres hacen de esta Ley, al afirmar en una entrevista realizada por un diario generalista que "miles de hombres son detenidos por denuncias falsas" a la luz de una normativa inspirada en la "dictadura" del "feminismo radical".
Lo que ha su puesto la reacción del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la solicitud para que este organismo le abra un expediente sancionador.
Vives Martínez solicita que el Consejo General del Poder Judicial revise el texto y analice las deficiencias que existen y asevera que "no estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso", se lamenta.
En su comentario, afirma que "la respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad".
También alega que "estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
Denuncia "situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado, estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
"Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales", señala.
"Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió", añade.
Y concluye este razonamiento afirmando que: "una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma".
A continuación se reproduce el comentario de la magistrada Gemma Vives Martínez
Los comunicados y la cortina de humo o la censura del Poder Jucicial
Despedir el año con el gusto amargo y la impotencia que causa (además de provocar estupor e indignación) la lectura de los 2 recientes Comunicados del CGPJ sobre el tema de las críticas/entrevista/opinión (o como pretendan llamarlo) a la (mal llamada, incluso gramaticalmente) Ley contra la Violencia de Género, no era mi (nuestro) deseo, no me cabe duda.
Si de Observatorios estamos hablando o escribiendo, manifiesto que por mi parte, observo temor
Temor por parte de ciertos grupos de poder (...pretendido y ansiado poder) que presionan sobre el Poder Judicial para que se calle, para que obedezca a la doctrina del pensamiento único, para que bajo la triste excusa y dramático argumento de las muertes o ataques sufridos por mujeres (género femenino) derivados de la violencia de algunos hombres (género masculino), se oculte la cara oscura del asunto, real y patente, evidenciada guardia tras guardia, de un peso estadístico (comprobable) y social irrebatible.
Criticar una situación porque la Ley no cumple los objetivos o bien tiene un enorme agujero que permite la entrada de denuncias sin fundamento y de venganzas inadmisibles, es tan legítimo como necesario.
Todos los que hemos vivido profesionalmente semejante situación, que rasga el alma y frustra cualquier atisbo de esperanza, lo sabemos.
Y hablamos de ello porque es nuestro trabajo, no es necesario, lo dije hace unos días, entrar en la agotada discusión de la libertad de expresión de la que gozamos y de la que debemos hacer un uso racional a la par que valiente.
Observo, ya puestos a observar, y recuerdo situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio.
Nadie niega la bondad de una Orden de Protección.
Pero, cuidado!!! estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar.
Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales.
Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió.
Una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma.
Observo, sigo observando, y recuerdo, que al entrar en vigor esa Ley que ahora nos ocupa, seguíamos en el servicio de guardia, los 3 de siempre, a saber, médico forense, fiscal y juez, sin servicios sociales en horario "no lectivo" y sin suficiente espacio en las casas de acogida.
Quien adivinó el agujero legal lo tuvo fácil para medrar y hacer daño a hombres que jamás hicieron nada y que tienen que cargar de por vida, como si de una condena se tratase, con el estigma de "maltratador".
Y, señores (olvidaba, y señoras) del CGPJ: las cosas no son así porque ustedes pretendan que así sean.
Ese mal uso de la Ley nos perjudica especialmente a las mujeres. Y todos lo sabemos.
No estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso.
La respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto.
Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad.
No se trata se enrocarse en la tan traída y llevada Ley contra la Violencia sobre la Mujer, sino en frenar las injusticias que su mal uso está acarreando a nuestra sociedad.
Y es nuestro deber decirlo y es el suyo acometerlo. Ese debe ser el propósito del nuevo año.
La cortina de humo que veo en ambos comunicados me subleva.
Y el silencio ante la injusticia me indigna.
Erradicar lo anterior no depende de emitir comunicados sino de repasar errores y enmendarlos.
Entablar una guerra irrazonable contra un compañero, me parece, sencillamente, vergonzoso. Solo así cobrará sentido esta carrera, solo así podremos avanzar.
Desde aquí lanzo este mensaje a todos los compañeros y demás profesionales para que suscriban lo anterior.
Nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho exige una respuesta, no una cortina de humo que esconda censura y temor.
Comentarios:
a.-Maria Elena Corra Losada. Soy también Magistrada, y suscribo íntegramente la opinión de la compañera Gemma Vives. Es inadmisible que se pretenda callar la voz de un Juez que aplicando la ley de violencia de género está observando directamente en el día a día de lo que llega al Juzgado que una ley está produciendo efectos perniciosos por su desproporción y por el ejercicio abusivo en muchas ocasiones de los derechos que en ella se reconocen (basta comprobar el elevadísimo número de denuncias archivadas por falta de pruebas y de absoluciones, que quienes defienden la opinión “políticamente correcta” tratan de silenciar) y que ante la puesta de manifiesto a la opinión pública de la realidad que ese Juez observa la única respuesta del órgano de gobierno de los Jueces (una vocal del Consejo General del Poder Judicial) sea amenazarle con sanciones y encabezar su linchamiento público en lugar de limitarse a debatir lo que realmente pueda estar sucediendo.
Gracias a jueces valientes, como éste y como los que dictan esas sentencias absolutorias o archivan cuando no hay pruebas de los hechos, en este país sigue y seguirá habiendo Justicia. Porque aplicar la ley es también absolver al denunciado cuando no hay pruebas, pero si los denunciados absueltos son al parecer más del 50% a pesar de la presión mediática para que se les condene, es evidente que algo está fallando.
Y no hablamos sólo de Derecho penal sino de algo mucho más sensible: las situaciones familiares y la relación de los menores con sus padres.
b.- Eloy Velasco Núñez. Como Magistrado que antes de la Audiencia nacional trabajé en materia de violencia de género, no puedo sino adherirme a lo manifestado por GEMMA.
c.-Alfonso Alvarez Suárez. Me adhiero a lo manifestado por mi compañera Vives Martínez, y lo dice un Juez de Lo Penal que está aguantando todos los días el espectáculo lamentable de la violencia de género; libertad de expresión para todos, pese a quien pese.
La magistrada Vives Martínez critica el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género.
Xavier Gil Pecharromán 4/01/2010
La magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia nº 44 de Barcelona, Gemma Vives Martínez, denuncia en un comentario remitido a Ecoley (suplemento jurídico de elEconomista.es) las injusticias que el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género está acarreando a nuestra sociedad.
En su comentario rompe una lanza en favor del magistrado de un Juzgado de Familia de Sevilla. Francisco Serrano Castro, que denunció la utilización que algunas mujeres hacen de esta Ley, al afirmar en una entrevista realizada por un diario generalista que "miles de hombres son detenidos por denuncias falsas" a la luz de una normativa inspirada en la "dictadura" del "feminismo radical".
Lo que ha su puesto la reacción del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la solicitud para que este organismo le abra un expediente sancionador.
Vives Martínez solicita que el Consejo General del Poder Judicial revise el texto y analice las deficiencias que existen y asevera que "no estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso", se lamenta.
En su comentario, afirma que "la respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad".
También alega que "estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
Denuncia "situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado, estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
"Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales", señala.
"Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió", añade.
Y concluye este razonamiento afirmando que: "una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma".
A continuación se reproduce el comentario de la magistrada Gemma Vives Martínez
Los comunicados y la cortina de humo o la censura del Poder Jucicial
Despedir el año con el gusto amargo y la impotencia que causa (además de provocar estupor e indignación) la lectura de los 2 recientes Comunicados del CGPJ sobre el tema de las críticas/entrevista/opinión (o como pretendan llamarlo) a la (mal llamada, incluso gramaticalmente) Ley contra la Violencia de Género, no era mi (nuestro) deseo, no me cabe duda.
Si de Observatorios estamos hablando o escribiendo, manifiesto que por mi parte, observo temor
Temor por parte de ciertos grupos de poder (...pretendido y ansiado poder) que presionan sobre el Poder Judicial para que se calle, para que obedezca a la doctrina del pensamiento único, para que bajo la triste excusa y dramático argumento de las muertes o ataques sufridos por mujeres (género femenino) derivados de la violencia de algunos hombres (género masculino), se oculte la cara oscura del asunto, real y patente, evidenciada guardia tras guardia, de un peso estadístico (comprobable) y social irrebatible.
Criticar una situación porque la Ley no cumple los objetivos o bien tiene un enorme agujero que permite la entrada de denuncias sin fundamento y de venganzas inadmisibles, es tan legítimo como necesario.
Todos los que hemos vivido profesionalmente semejante situación, que rasga el alma y frustra cualquier atisbo de esperanza, lo sabemos.
Y hablamos de ello porque es nuestro trabajo, no es necesario, lo dije hace unos días, entrar en la agotada discusión de la libertad de expresión de la que gozamos y de la que debemos hacer un uso racional a la par que valiente.
Observo, ya puestos a observar, y recuerdo situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio.
Nadie niega la bondad de una Orden de Protección.
Pero, cuidado!!! estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar.
Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales.
Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió.
Una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma.
Observo, sigo observando, y recuerdo, que al entrar en vigor esa Ley que ahora nos ocupa, seguíamos en el servicio de guardia, los 3 de siempre, a saber, médico forense, fiscal y juez, sin servicios sociales en horario "no lectivo" y sin suficiente espacio en las casas de acogida.
Quien adivinó el agujero legal lo tuvo fácil para medrar y hacer daño a hombres que jamás hicieron nada y que tienen que cargar de por vida, como si de una condena se tratase, con el estigma de "maltratador".
Y, señores (olvidaba, y señoras) del CGPJ: las cosas no son así porque ustedes pretendan que así sean.
Ese mal uso de la Ley nos perjudica especialmente a las mujeres. Y todos lo sabemos.
No estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso.
La respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto.
Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad.
No se trata se enrocarse en la tan traída y llevada Ley contra la Violencia sobre la Mujer, sino en frenar las injusticias que su mal uso está acarreando a nuestra sociedad.
Y es nuestro deber decirlo y es el suyo acometerlo. Ese debe ser el propósito del nuevo año.
La cortina de humo que veo en ambos comunicados me subleva.
Y el silencio ante la injusticia me indigna.
Erradicar lo anterior no depende de emitir comunicados sino de repasar errores y enmendarlos.
Entablar una guerra irrazonable contra un compañero, me parece, sencillamente, vergonzoso. Solo así cobrará sentido esta carrera, solo así podremos avanzar.
Desde aquí lanzo este mensaje a todos los compañeros y demás profesionales para que suscriban lo anterior.
Nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho exige una respuesta, no una cortina de humo que esconda censura y temor.
Comentarios:
a.-Maria Elena Corra Losada. Soy también Magistrada, y suscribo íntegramente la opinión de la compañera Gemma Vives. Es inadmisible que se pretenda callar la voz de un Juez que aplicando la ley de violencia de género está observando directamente en el día a día de lo que llega al Juzgado que una ley está produciendo efectos perniciosos por su desproporción y por el ejercicio abusivo en muchas ocasiones de los derechos que en ella se reconocen (basta comprobar el elevadísimo número de denuncias archivadas por falta de pruebas y de absoluciones, que quienes defienden la opinión “políticamente correcta” tratan de silenciar) y que ante la puesta de manifiesto a la opinión pública de la realidad que ese Juez observa la única respuesta del órgano de gobierno de los Jueces (una vocal del Consejo General del Poder Judicial) sea amenazarle con sanciones y encabezar su linchamiento público en lugar de limitarse a debatir lo que realmente pueda estar sucediendo.
Gracias a jueces valientes, como éste y como los que dictan esas sentencias absolutorias o archivan cuando no hay pruebas de los hechos, en este país sigue y seguirá habiendo Justicia. Porque aplicar la ley es también absolver al denunciado cuando no hay pruebas, pero si los denunciados absueltos son al parecer más del 50% a pesar de la presión mediática para que se les condene, es evidente que algo está fallando.
Y no hablamos sólo de Derecho penal sino de algo mucho más sensible: las situaciones familiares y la relación de los menores con sus padres.
b.- Eloy Velasco Núñez. Como Magistrado que antes de la Audiencia nacional trabajé en materia de violencia de género, no puedo sino adherirme a lo manifestado por GEMMA.
c.-Alfonso Alvarez Suárez. Me adhiero a lo manifestado por mi compañera Vives Martínez, y lo dice un Juez de Lo Penal que está aguantando todos los días el espectáculo lamentable de la violencia de género; libertad de expresión para todos, pese a quien pese.
Ser mujer se ha convertido en un merito
http://www.lne.es/gijon/2010/01/04/gijon-mujer-convertido-merito-igual-pertenecer-partido-politico/855302.html
Ángel Luis Campo Izquierdo.
Juez del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón
«Ser mujer se ha convertido en un mérito, igual que pertenecer a un partido político»
«La paridad ha denigrado a la mujer, que está en determinados puestos por su sexo y no por lo que vale; se está atentando contra la libertad de mercado»
R. GARCÍA.Lunes 04 de enero de 2010
Ángel Luis Campo, juez del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón, ha vuelto a la actualidad tras respaldar las declaraciones de su compañero de profesión y amigo el juez de Sevilla Francisco Serrano.
Ambos magistrados consideran que el varón ocupa en la actualidad una situación de inferioridad con respecto a la mujer en determinados procesos legales como los divorcios o las acusaciones de maltrato.
En esta entrevista, Campo Izquierdo reflexiona sobre las necesidades de reformas legislativas en campos como la violencia de género.
-¿Tiene razón el juez Serrano en sus afirmaciones?
-El juez Serrano tiene toda la razón, pero hay que matizar las declaraciones para que no se mal interpreten.
Ni Francisco Serrano ni yo negamos la existencia de la violencia familiar.
Lo que pasa es que muchos jueces y profesionales del derecho y la psicología estamos manifestando la necesidad de quitar el apelativo de género a la violencia doméstica.
Es cierto que existen malos tratos en el ámbito familiar, pero hay que tratarlos de manera objetiva y no diferenciando si el que comete el delito es un hombre o una mujer.
Personalmente, creí que habíamos superado la distinción entre sexos hace muchos años y que en la actualidad vivíamos en una sociedad en la que se hablaba de personas y no de hombres ni de mujeres, pero veo que no es así.
Tengo la sensación de que hemos perdido 30 años de evolución volviendo a la guerra de sexos. En los colegios están educando de nuevo en las diferencias, no se dice que somos personas iguales Y eso es grave porque la educación es una de las claves para prevenir la violencia de género y está fallando.
La ley es sexista y en vez de prevenir está generando más violencia de género.
-Las asociaciones de mujeres decían que se necesitaba esa discriminación positiva...
-La discriminación no es buena en sí, no le podemos poner un calificativo para hacerla mejor. Estoy de acuerdo en que en determinadas situaciones y hablando de personas y no de hombres ni de mujeres se adopten medidas de protección especiales, pero toda discriminación es negativa. El ser mujer se ha convertido en un mérito al igual que pertenecer a un partido político.
Estamos dejando de lado los esfuerzos personales y ahora se mira más el sexo, parece que el esfuerzo y el respeto están mal vistos.
Cada vez hay más mujeres que estudian Derecho, por lo que los jueces podemos pedir que se respete el 50 % ciento de las plazas para los varones, pero estaríamos dejando fuera a personas válidas.
-También está entonces en contra de la paridad...
-La paridad ha denigrado a la mujer, que ocupa determinados puestos por su sexo y no por lo que vale. Se está atentando contra la libertad de mercado.
Las empresas privadas tienen que seleccionar a las personas por su sexo y no por lo que valen. En la vida está pasando como en el ámbito de la aplicación de la ley de violencia de género, en donde se valora el sexo y no los hechos que se cometen.
-En el momento de aprobarse la ley se dijo que bajarían los casos de violencia. ¿Se ha conseguido ese objetivo?
-No. El número de mujeres que sufren malos tratos no ha bajado, porque la ley ha hecho hincapié en el castigo.
Tendríamos que analizar cada caso particular, viendo de qué naturaleza es la violencia y adoptando medidas en consecuencia. No hay que ir siempre al castigo.
Se pueden buscar otras soluciones como la mediación o la escuela de padres.
El hombre que se ve ante una denuncia de violencia de género pierde de la noche a la mañana a sus hijos y todas sus pertenencias porque nadie le ha dado la posibilidad de hablar ni de arreglar los problemas. Y al revés.
El Estado obliga a las mujeres a separarse durante un tiempo sin darles posibilidades para solucionar sus conflictos.
Hay que distinguir tipos de violencia, porque cada uno exige una medida concreta.
Hay que dar preferencia a las medidas preventivas y no al castigo.
Tenemos que educar a los adultos.
-¿Qué opina de las condenas a mujeres que se acercan a sus ex parejas?
-Algunas mujeres no conocen las consecuencias de la denuncia que han interpuesto contra su pareja y cuando reflexionan se dan cuenta de que pueden arreglar sus problemas hablando, pero ya es demasiado tarde porque hay una orden de alejamiento y si se acercan el uno al otro el sistema castiga a los dos.
El Estado hace de menos a la mujer, porque cree que no se puede proteger y que los jueces debemos estar tras ella.
Hay que castigar a los maltratadores en general, no sólo a los hombres.
-¿Puede variar mucho la decisión dependiendo del Juzgado que enjuicie?
-Sí, pero como en todos los asuntos judiciales.
Los jueces somos personas humanas, no máquinas. Si 10 jueces estudiamos el mismo caso coincidiremos en el fondo, pero no en la forma.
-¿Juzgar los casos de violencia es fácil?
-No es fácil porque hay problemas de procedimiento.
La ley integral contra la violencia de género ha cometido un error muy importante creando los juzgados especializados.
El magistrado de violencia de género debe resolver sobre asuntos penales y civiles.
Éstos últimos deberían quedar en manos de los juzgados de familia, que ahora mismo están abandonados.
Si se hicieran verdaderas estadísticas, se vería cómo muchos casos de violencia de género son consecuencia de una crisis que llega tras una separación mal llevada o mal tramitada, por lo que cada uno debería centrarse en su especialidad.
Hasta hace poco la mujer estaba en una situación de poder en los juzgados de familia.
Siempre se quedaba con los hijos.
Pero ahora vemos que tanto él como ella tienen derecho a un reparto justo.
Hay que concebir los divorcios como un proceso sin vencedores ni vencidos.
-Ahora se discute hasta por las mascotas...
-Eso es cierto. En países como el nuestro cada vez hay menos natalidad, por lo que muchos sentimientos se vuelcan en las mascotas más que en los hijos.
Sí que es cierto que en los juzgados se pelea hasta por las mascotas, pero eso es una anécdota.
-¿Cómo se puede llevar la igualdad a la educación?
-Hay que empezar a educar desde los colegios, preparando a los niños para las situaciones de crisis.
El grupo de trabajo que hemos formado numerosos profesionales del derecho, la psicología e incluso la pedagogía acaba de presentar a la Consejería de Educación un plan para que se enseñe a los profesores cómo se tienen que enfrentar a los casos de divorcio.
Hay programas muy buenos en los que se enseña a los niños que los conflictos se pueden arreglar entre personas sin tener que acudir a los juzgados.
Todas ésas son medidas muy importantes. Los padres y los abogados tienen que tener una actitud pacificadora en estos procesos en los que se dan situaciones de crisis.
Continua el articulo. (.......)
Quien desee leerlo en su totalidad que "pinche " en el enlace de la pag. original de la noticia.
Ángel Luis Campo Izquierdo.
Actualmente es juez del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón.
Tiene 49 años y es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo.
Tras sus estudios universitarios preparó las oposiciones a la judicatura bajo la tutela del magistrado José Domínguez, «un juez al que le debo mucho».
Campo ejerció en Las Palmas de Gran Canaria durante 3 años. Luego ya consiguió su traslado a Oviedo y finalmente llegó al Juzgado de Gijón que actualmente ocupa y en el que está a punto de cumplir seis años.
Ángel Luis Campo Izquierdo.
Juez del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón
«Ser mujer se ha convertido en un mérito, igual que pertenecer a un partido político»
«La paridad ha denigrado a la mujer, que está en determinados puestos por su sexo y no por lo que vale; se está atentando contra la libertad de mercado»
R. GARCÍA.Lunes 04 de enero de 2010
Ángel Luis Campo, juez del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón, ha vuelto a la actualidad tras respaldar las declaraciones de su compañero de profesión y amigo el juez de Sevilla Francisco Serrano.
Ambos magistrados consideran que el varón ocupa en la actualidad una situación de inferioridad con respecto a la mujer en determinados procesos legales como los divorcios o las acusaciones de maltrato.
En esta entrevista, Campo Izquierdo reflexiona sobre las necesidades de reformas legislativas en campos como la violencia de género.
-¿Tiene razón el juez Serrano en sus afirmaciones?
-El juez Serrano tiene toda la razón, pero hay que matizar las declaraciones para que no se mal interpreten.
Ni Francisco Serrano ni yo negamos la existencia de la violencia familiar.
Lo que pasa es que muchos jueces y profesionales del derecho y la psicología estamos manifestando la necesidad de quitar el apelativo de género a la violencia doméstica.
Es cierto que existen malos tratos en el ámbito familiar, pero hay que tratarlos de manera objetiva y no diferenciando si el que comete el delito es un hombre o una mujer.
Personalmente, creí que habíamos superado la distinción entre sexos hace muchos años y que en la actualidad vivíamos en una sociedad en la que se hablaba de personas y no de hombres ni de mujeres, pero veo que no es así.
Tengo la sensación de que hemos perdido 30 años de evolución volviendo a la guerra de sexos. En los colegios están educando de nuevo en las diferencias, no se dice que somos personas iguales Y eso es grave porque la educación es una de las claves para prevenir la violencia de género y está fallando.
La ley es sexista y en vez de prevenir está generando más violencia de género.
-Las asociaciones de mujeres decían que se necesitaba esa discriminación positiva...
-La discriminación no es buena en sí, no le podemos poner un calificativo para hacerla mejor. Estoy de acuerdo en que en determinadas situaciones y hablando de personas y no de hombres ni de mujeres se adopten medidas de protección especiales, pero toda discriminación es negativa. El ser mujer se ha convertido en un mérito al igual que pertenecer a un partido político.
Estamos dejando de lado los esfuerzos personales y ahora se mira más el sexo, parece que el esfuerzo y el respeto están mal vistos.
Cada vez hay más mujeres que estudian Derecho, por lo que los jueces podemos pedir que se respete el 50 % ciento de las plazas para los varones, pero estaríamos dejando fuera a personas válidas.
-También está entonces en contra de la paridad...
-La paridad ha denigrado a la mujer, que ocupa determinados puestos por su sexo y no por lo que vale. Se está atentando contra la libertad de mercado.
Las empresas privadas tienen que seleccionar a las personas por su sexo y no por lo que valen. En la vida está pasando como en el ámbito de la aplicación de la ley de violencia de género, en donde se valora el sexo y no los hechos que se cometen.
-En el momento de aprobarse la ley se dijo que bajarían los casos de violencia. ¿Se ha conseguido ese objetivo?
-No. El número de mujeres que sufren malos tratos no ha bajado, porque la ley ha hecho hincapié en el castigo.
Tendríamos que analizar cada caso particular, viendo de qué naturaleza es la violencia y adoptando medidas en consecuencia. No hay que ir siempre al castigo.
Se pueden buscar otras soluciones como la mediación o la escuela de padres.
El hombre que se ve ante una denuncia de violencia de género pierde de la noche a la mañana a sus hijos y todas sus pertenencias porque nadie le ha dado la posibilidad de hablar ni de arreglar los problemas. Y al revés.
El Estado obliga a las mujeres a separarse durante un tiempo sin darles posibilidades para solucionar sus conflictos.
Hay que distinguir tipos de violencia, porque cada uno exige una medida concreta.
Hay que dar preferencia a las medidas preventivas y no al castigo.
Tenemos que educar a los adultos.
-¿Qué opina de las condenas a mujeres que se acercan a sus ex parejas?
-Algunas mujeres no conocen las consecuencias de la denuncia que han interpuesto contra su pareja y cuando reflexionan se dan cuenta de que pueden arreglar sus problemas hablando, pero ya es demasiado tarde porque hay una orden de alejamiento y si se acercan el uno al otro el sistema castiga a los dos.
El Estado hace de menos a la mujer, porque cree que no se puede proteger y que los jueces debemos estar tras ella.
Hay que castigar a los maltratadores en general, no sólo a los hombres.
-¿Puede variar mucho la decisión dependiendo del Juzgado que enjuicie?
-Sí, pero como en todos los asuntos judiciales.
Los jueces somos personas humanas, no máquinas. Si 10 jueces estudiamos el mismo caso coincidiremos en el fondo, pero no en la forma.
-¿Juzgar los casos de violencia es fácil?
-No es fácil porque hay problemas de procedimiento.
La ley integral contra la violencia de género ha cometido un error muy importante creando los juzgados especializados.
El magistrado de violencia de género debe resolver sobre asuntos penales y civiles.
Éstos últimos deberían quedar en manos de los juzgados de familia, que ahora mismo están abandonados.
Si se hicieran verdaderas estadísticas, se vería cómo muchos casos de violencia de género son consecuencia de una crisis que llega tras una separación mal llevada o mal tramitada, por lo que cada uno debería centrarse en su especialidad.
Hasta hace poco la mujer estaba en una situación de poder en los juzgados de familia.
Siempre se quedaba con los hijos.
Pero ahora vemos que tanto él como ella tienen derecho a un reparto justo.
Hay que concebir los divorcios como un proceso sin vencedores ni vencidos.
-Ahora se discute hasta por las mascotas...
-Eso es cierto. En países como el nuestro cada vez hay menos natalidad, por lo que muchos sentimientos se vuelcan en las mascotas más que en los hijos.
Sí que es cierto que en los juzgados se pelea hasta por las mascotas, pero eso es una anécdota.
-¿Cómo se puede llevar la igualdad a la educación?
-Hay que empezar a educar desde los colegios, preparando a los niños para las situaciones de crisis.
El grupo de trabajo que hemos formado numerosos profesionales del derecho, la psicología e incluso la pedagogía acaba de presentar a la Consejería de Educación un plan para que se enseñe a los profesores cómo se tienen que enfrentar a los casos de divorcio.
Hay programas muy buenos en los que se enseña a los niños que los conflictos se pueden arreglar entre personas sin tener que acudir a los juzgados.
Todas ésas son medidas muy importantes. Los padres y los abogados tienen que tener una actitud pacificadora en estos procesos en los que se dan situaciones de crisis.
Continua el articulo. (.......)
Quien desee leerlo en su totalidad que "pinche " en el enlace de la pag. original de la noticia.
Ángel Luis Campo Izquierdo.
Actualmente es juez del Juzgado de primera instancia número 8 de Gijón.
Tiene 49 años y es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo.
Tras sus estudios universitarios preparó las oposiciones a la judicatura bajo la tutela del magistrado José Domínguez, «un juez al que le debo mucho».
Campo ejerció en Las Palmas de Gran Canaria durante 3 años. Luego ya consiguió su traslado a Oviedo y finalmente llegó al Juzgado de Gijón que actualmente ocupa y en el que está a punto de cumplir seis años.
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