martes, 26 de mayo de 2020

Redes Sociales: Fotos de menores

Otras Informaciones:
¿Podemos hacer fotos a los niños en la función navideña del colegio y publicarlas en redes sociales?
Sentencia pionera en Europa: una abuela deberá borrar las fotos de sus nietos en redes sociales por la ley de protección de datos.
ÓSCAR CONDÉS @hoskarxataka
25 Mayo 2020,
En muchas ocasiones hemos hablado del peligro de compartir fotos en redes sociales, y todos más o menos tenemos claro que, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con las fotos de menores... 
Pero, ¿podemos negar a una abuela el derecho a publicar imágenes de sus nietos? Un juzgado de Holanda ha dictaminado que sí, y le obliga a borrar las fotos compartidas en Facebook y Pinterest.
La historia tiene que ver con problemas familiares entre una abuela y una madre que no se llevan bien. Esta última denunció a su madre por publicar fotos de los niños y, al parecer, le pidió repetidas veces que las borrara. Como la abuela se negó, la cosa llegó a los tribunales que, finalmente, han fallado a favor de la demandante.
Así, la sentencia obliga a la abuela a borrar las fotos subidas de sus nietos a sus redes sociales. Por cada día que pase sin hacerlo, la abuela tendrá que pagar una multa de 50 €, hasta un máximo de 1.000, lo mismo que si subiera más imágenes de los niños en el futuro.
Así contado puede parecer lógico, pero es un sentencia pionera que puede marcar una línea de actuación futura. La cuestión es que la ley que regula estos derechos en el ámbito europeo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), no se aplica para fotos realizadas en el ámbito personal o doméstico, y por tanto los tribunales no actúan en estos casos.
Sin embargo, el tribunal holandés consideró que, al subir las imágenes a redes sociales y sin permiso de los padres, estaban exponiéndolas a un público más amplio y, por tanto, se salía del entorno doméstico.
Ahora bien, desde un punto de vista humano, seguro que hay más debate en que una abuela no pueda compartir fotos de sus nietos. 
¿Qué opináis? Vía BBC

sábado, 23 de mayo de 2020

Separación de bienes: cómo afecta a la hipoteca en caso de divorcio

Otras informaciones:
En caso de divorcio, ¿es legal que cada uno resida en un piso de la casa?                                Si el régimen en el que se reside es el de gananciales, al casarse en separación de bienes hay que otorgar capitulaciones matrimoniales en un notario.
Itziar Echeandia/ Rosa Alevito, 22 Mayo 2020
PREGUNTA
Mi pareja y yo tenemos pensado contraer matrimonio. La idea es hacerlo bajo régimen de separación de bienes porque cada uno tiene su piso y su hipoteca, y economías totalmente independientes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto nos afecta si nos divorciamos?
En separación de bienes, cada uno de ustedes hará suyo todo lo que adquiera constante matrimonio, al contrario de lo que ocurre en gananciales, de modo que no habrá una masa común de bienes que liquidar cuando se disuelva la sociedad de gananciales por la causa que sea (divorcio, pacto, muerte…).
Si donde ustedes residen el régimen supletorio es el de gananciales, para casarse en separación de bienes habrán de otorgar capitulaciones matrimoniales en un notario. En esta escritura se preestablecen los pactos económicos del matrimonio, concretamente el régimen económico matrimonial al que se sujeta.
Luego la misma se inscribe en el registro civil, al margen de la inscripción de su matrimonio. 
Para modificar el régimen económico después, tendrán que hacer lo mismo: ponerse de acuerdo e ir a un notario.
Las capitulaciones pueden otorgarse hasta 1 año antes de celebrarse el matrimonio. Si pasa este plazo y no se ha celebrado, las mismas pierden su eficacia aunque se celebre después. También pueden otorgarse después de la celebración del matrimonio.
Si ustedes se divorcian, no tendrán, como es lógico, que liquidar la sociedad conyugal, porque no existe, pero ello no implica que la vivienda familiar no esté sujeta a una atribución de uso por parte del juez. Así, si ustedes tienen hijos menores, el juez de familia puede perfectamente atribuir el uso de dicha vivienda a quien quede en compañía de los hijos haciendo absoluta abstracción de quién sea el propietario único de esta vivienda.

viernes, 22 de mayo de 2020

Madrid ante un posible colapso de los juzgados de familia

Otros Medios: economistjurist,
La Junta de jueces de familia de Madrid capital unifica criterios de cara a las demandas sobre regímenes de visitas y alimentos. SE TRATA DE CRITERIOS QUE NO TIENEN EL CARÁCTER DE VINCULANTE. Otras juntas de jueces también han acordado criterios unificadores en relación con el Real Decreto-ley 16/2020, las de Palma de Mallorca, Alicante, Villena del Real, y en breve los dictarán los de Barcelona;
Rosalina Moreno, 21 Mayo 2020
La Junta de jueces de los juzgados de Familia de Madrid capital ha unificado criterios relativos a la tramitación de los procedimientos sumarios en materia de familia regulados por Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Este acuerdo fue alcanzado ayer en una reunión presidida por la decana de los juzgados de Madrid, Mª Jesús del Barco, con asistencia presidencial o delegada de 13 de los 14 jueces titulares de los Juzgados de Familia número 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 66, 75, 76, 79, 80, 85 y 93.
Fue adoptado por 12 votos a favor y 1 en contra.
Se trata de criterios que no tienen el carácter de vinculante.
Estos acuerdos tienen un doble carácter: relativos a aspectos sustantivos y aspectos procesales.
Respecto de los aspectos sustantivos han acordado que con carácter general que “no procede la compensación de visitas no disfrutadas o estancias no realizadas”.
Sin perjuicio de lo anterior, para aquellos casos excepcionales en los que, por interés del menor, se considere conveniente la compensación, “deberá tenerse en cuenta que no son equivalentes los tiempos de disfrute con los menores durante el confinamiento en relación con las estancias en situación de normalidad”.
Asimismo, en interés del menor, “se insta a los progenitores a alcanzar acuerdos, ya que son ellos quienes mejor conocen las circunstancias particulares que concurren en su entorno familiar y las necesidades concretas de sus hijos menores”.
Sin perjuicio de los acuerdos a los que puedan llegar las partes, ofrecen una serie de orientaciones generales, para los supuestos excepcionales en los que fuera procedente la compensación.
Visitas intersemanales, con o sin pernocta
No se recuperarían.
Se trata de estancias de corta duración, cuya recuperación vía compensación no atiende a la finalidad de las mismas (asegurar el contacto frecuente con el progenitor no custodio), además de ser perjudicial al interés del menor por cuanto que dificultaría la normalización en sus rutinas.
Visitas de fin de semana
En los supuestos excepcionales a los que antes se ha hecho referencia, se podría recuperar por cada dos fines de semana no disfrutados, 1 fin de semana adicional, cada mes, o añadiendo 3 días a un período vacacional.
En el supuesto de que dichas visitas hubieran de llevarse a efecto a través de puntos de encuentro familiar (PEF) no habrá lugar a dicha compensación, por imposibilidad manifiesta, habida cuenta de la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los mismos.
Vacaciones de Semana Santa
Se podrían recuperar añadiendo dichos días a los periodos vacacionales.
Si la Semana Santa pérdida fuera completa, se podría compensar con 5 días y si fuere de la mitad con un tiempo equivalente.
Guarda y custodia compartida
En caso de custodias compartidas por periodos semanales alternos, se considera un criterio equitativo (en atención al razonamiento antes expuesto de no la no equivalencia entre los tiempos de disfrute con los menores durante el confinamiento en relación con las estancias en situación de normalidad) el establecer una compensación futura de 3 días, como máximo, por cada semana no disfrutada, que se agregarían a las semanas correspondientes al progenitor afectado en los meses consecutivos siguientes (excluido el periodo vacacional de verano), pues de este modo se garantiza la necesaria alternancia de convivencia de los menores con ambos progenitores (10 y 4 días, respectivamente) y se evita que los menores no convivan con uno de sus progenitores durante 3 semanas consecutivas.
No se considera recomendable acumular todos los días perdidos recuperables y adicionarlos a las vacaciones de verano, ya que ello podría producir un grave desequilibrio entre los progenitores en el reparto de los tiempos de ocio de las vacaciones de verano, que carece de justificación razonable.
En el caso de custodias compartidas con tiempos de convivencia alterna distintos a la semana, podría aplicarse un criterio análogo al expuesto para las custodias compartidas semanales.
Las anteriores pautas pretenden dotar de seguridad jurídica a todos los afectados, además de evitar indeseables dilaciones por el desmesurado incremento de la litigiosidad que se producirá y no condicionaran las decisiones que puedan adoptarse en cada caso concreto.”
ASPECTOS PROCESALES
En cuanto a los aspectos procesales, precisan que no se admitirán a trámite las demandas presentadas sin la documentación reseñalada en el art. 5.1 del citado Real Decreto-ley, que establece que como indicio de prueba tendrá que acompañarse a la demanda el principio de prueba documental que consistirá en la aportación del certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en las que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestación o subsidio de desempleo, en caso de situación legal de desempleo, o bien el certificado expedido por la agencia estatal de administración tributaria o por las administraciones tributarias competentes de la Comunidad Foral de Navarra o de los territorios históricos del País Vasco sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado que acredite el cese de actividad o disminución de ingresos, en el caso de trabajadores por cuenta propia.
Por otra parte, acuerdan que las acciones reguladas en el art. 3 del Real Decreto son acumulables entre sí.
Son las siguientes: las relativas al restablecimiento del equilibrio (compensación) del régimen de visitas o custodia compartida; las que tengan por objeto solicitar la revisión de las pensiones económicas entre cónyiges y alimentos reconocidos a los hijos; y las que pretendan el establecimiento o revisión de obligaciones de prestar alimentos.
Otras juntas de jueces también han acordado criterios unificadores en relación con el Real Decreto-ley 16/2020, las de Palma de Mallorca, Alicante, Villena del Real, y en breve los dictarán los de Barcelona.
LA PLATAFORMA FAMILIA Y DERECHO PIDE LA ESPECIALIZACIÓN DE DETERMINADOS JUZGADOS PARA PRECISAMENTE TRAMITAR ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS
La Plataforma Familia y Derecho (PF&D) reclama la especialización de determinados juzgados para procedimientos de familia.
El pasado 27 de abril, remitió una propuesta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia para que se especializaran juzgados en toda España y asumieran la responsabilidad de tramitar en exclusiva estos novedosos procedimientos y reformas procesales, relevando a los restantes juzgados de su conocimiento y tramitación.
Isabel Winkels Arce, secretaria de esta plataforma, señala a Confilegal que la propuesta “es factible con mínima inversión” y que “la tramitación de estos procedimientos sería mucho más ágil si fueran tramitados por magistrados que tuvieran como único objetivo el conocimiento de estos procesos que a tantas familias están afectando”.
Indica que los abogados de familia esperan una avalancha de procedimientos de estos asuntos, que pueden colapsar los juzgados especialmente si son mixtos o de primera instancia, y que “ralentizará la resolución de estas importantísimas cuestiones, así como de todos aquellos procedimientos que estaban ya en trámite, cuya resolución fue suspendidas por causa del coronavirus”.
La Plataforma Familia y Derecho, que preside el magistrado Xavier Abel Lluch, ha analizado de forma pormenorizada la planta judicial en toda España e hizo una propuesta para especializar de manera comarcal determinados jzugados en familia, quitando dicha competencia a los juzgados limítrofes.
Informa que la concentración de asuntos que propone afectaría a 80 juzgados, y en la propuesta concreta la posible distribución.
Plantea que en aquellos partidos judiciales donde existan 5 o más juzgados de primera instancia o mixtos con una población superior a 80.000 habitantes “se concentre la competencia en materia de familia en uno de ellos, “preferentemente en los juzgados de primera instancia, aglutinando la población de partidos judiciales más próximos geográficamente y más pequeños”.

Divorcio express: qué es y cuánto cuesta divorciarse en España

Los despachos de abogados ven crecer las consultas de parejas que quieren finiquitar su vida en común. Quizá sea una buena idea apurar el confinamiento llegando a acuerdos que permiten un divorcio rápido
IRATXE BERNAL, 21 mayo 2020,
Hace 2 días, la Asociación Española de Abogados de Familia reconocía que el Covid-19 va a dar mucho trabajo a los bufetes, que ya han registrado un aumento de las consultas para iniciar el divorcio
A los lógicos gastos que implica deshacer una vida en común, quienes ya hayan decido hacerlo se enfrentarán además a los inconvenientes surgidos de la acumulación de casos que habrá en los juzgados cuando estén reanuden su actividad ordinaria. 
De modo que quizá sea buena idea apurar el confinamiento para llegar a acuerdos que permitan optar por el divorcio exprés.
¿Qué requisitos exige el divorcio exprés?
Acudir a esta fórmula es posible desde que la Ley 15/2005 modificara tanto el Código Civil como la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar la posibilidad a cualquier pajera de poner fin a su matrimonio sin necesidad separarse previamente (ni de hecho ni judicialmente) y sin alegar ninguna causa.
Los requisitos quedaban desde entonces reducidos a que: al menos 1 de los cónyuges resida en España, a la existencia de acuerdo entre ambos tanto en la disolución del matrimonio como en las medidas adoptadas para hacerlo, y al período transcurrido desde la celebración de la boda, que ha de ser de al menos 3 meses.
Si cumplen estas exigencias, la pareja deberá redactar un convenio regulador en el que especifiquen cómo han pactado cuestiones como el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos (el tipo de custodia, régimen de visitas, pensiones de alimentos…), el uso o venta de la vivienda familiar (y el reparto de los muebles y enseres que contiene), la existencia o no de una pensión compensatoria de una de las partes y la liquidación si procede del régimen económico del matrimonio.
Ojo con recurrir a plantillas o a modelos estándar. Hay convenios perfectamente admisibles en el juzgado pero que sólo incluyen unos mínimos que no ayudan a resolver conflictos que en el futuro puedan surgir, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la custodia de los hijos.
Toda esta simplificación del proceso conlleva la agilización ( y abaratamiento) de los trámites, que se pueden realizar mediante procedimiento judicial o a través de escritura pública ante notario. 
La 1ª fórmula es más lenta y la 2ª, más cara.
Coste del divorcio express mediante procedimiento judicial
En este caso hay que entregar la demanda de divorcio acompañada del convenio y documentos adjuntos en el juzgado, a donde se acude a ratificar dicho convenio. Sigue siendo una opción más rápida que el divorcio contencioso (llamado así aunque entre las partes no haya malos rollos), pero dista mucho de ser inmediato; no se formalizará antes de 3 meses.
Si optamos por ésta posibilidad, deberemos contar con un procurador que nos represente ante el juzgado y reciba en nuestro nombre todas las notificaciones y tendremos que estar asistido por un abogado, aunque pueden ser los mismos para ambas partes.
El 1º cobra según los aranceles establecidos en el R.D. 1373/2003. 
En él se dice que en los procesos de divorcio de mutuo acuerdo »el procurador devengará la suma de 52,01 euros» y que a esta cifra hay que añadir lo que, según la escala establecida en la propia norma, le corresponda si en el divorcio se establecen pensiones por alimentos o compensatorias.
Esta escala vincula el arancel que debe cobrar a las cantidades que se pacten en los acuerdos y aumenta proporcionalmente a éstas. «Si además se liquida el régimen económico matrimonial, el procurador aplicará el 25% del arancel correspondiente a la cuantía de los bienes liquidados. Por último, por la solicitud o intervención en medidas provisionales, devengará otros 52,01 euros. Sobre estas cantidades fijas, estos profesionales tienen permitido aplicar un 12% al alza o la baja. Es decir, que el coste puede variar mucho según las circunstancias de cada caso, pero en la media está entre los 150 y los 250 euros.
Los horarios del abogado, en cambio, están liberalizados desde la aprobación en 2009 de la Ley Omnibus, de modo que depende en 1º lugar del letrado al que acudamos, pero también de la dificultad que implique la redacción del convenio regulador y de si además hay liquidación de bienes.
Coste del divorcio express mediante escritura pública
Una de las novedades que introdujo la Ley del Divorcio Exprés es la posibilidad de romper el vínculo matrimonial sin intermediación judicial, resolviendo el proceso ante un notario que otorgue escritura pública. Es lo que se llama divorcio notarial. El notario examinará los acuerdos del contenido convenio regulador y si alguno de ellos pudiera ser perjudicial para una de las partes lo advertirá antes de dar por tramitado el expediente.
Esta opción sólo es posible si, además de todos los requisitos mencionados antes, la pareja no tiene hijos menores de edad o incapacitados judicialmente. Si tuviera hijos mayores de edad que, por carecer de ingresos propios o vivir en el domicilio familiar, puedan verse afectados por las medidas pactadas por sus padres deberán ratificar su consentimiento con el convenio regulador acudiendo (ellos mismos o un apoderado) a la firma del divorcio. Si están de acuerdo, sólo faltara expedir copias de la escritura pública para cada uno de los cónyuges y el Registro Civil. Si los hijos, en cambio, mostraran alguna objeción, el divorcio quedaría a expensas de la aprobación del convenio regulador por parte de un juez.
También en este caso es obligatorio asistir a la notaria con un abogado (que puede ser compartido), pero ya no hace falta contar también con un procurador. Así, el desembolso queda reducido a los honorarios del letrado y al coste del otorgamiento. Como no hay un arancel notarial propio para este tipo de escrituras, se aplica el precio de una escritura sin cuantía específica, que es de 30,05 euros por folio. Pese a esto, como ya hemos dicho antes, es mejor que el convenio regulador esté tan detallado como sea posible para evitar malentendidos posteriores, especialmente si la pareja tiene hijos menores.
Este proceso también se encarece si se realiza la liquidación del régimen económico del matrimonio, cuyo precio varía, entre otros factores, según el número de bienes que se liquidan, forma en que se hace y número de folios de la escritura.

Todo sobre la Declaración de la Renta 2019

www.idealista,Mayo 2020.
Si todavía no has hecho la Declaración de la Renta de 2019, te informamos de las novedades de la Campaña, así como de las casillas que debes rellenar y de los cambios que ha habido ante el estallido del covid-19.
Qué debes saber si aún no la has presentado:
Las principales novedades de la declaración ante la llegada de la campaña
Qué cambia y qué no en la Campaña de la Renta 2019 por la crisis del covid-19
Las casillas que debes utilizar en la declaración de la renta 2019, explicadas en menos de un minuto
Los datos que debes revisar antes de presentar la declaración y cómo cambiar los errores
Deducción por alquiler de vivienda habitual en cada comunidad autónoma
Cuándo se pierde la exención en el IRPF por vender la vivienda habitual
Los pasos que hay que seguir para declarar el alquiler en la renta 2019
Los gastos deducibles en el IRPF e IVA para los autónomos que teletrabajan por el covid-19
Cómo computar la venta de la vivienda en la declaración del IRPF
Renta WEB 2019: Hacienda limita las deducciones de pisos alquilados procedentes de herencia
Qué pasa si por error renuncias a la devolución del IRPF en favor del Estado

miércoles, 20 de mayo de 2020

El Divorcio y el IRPF 2019

¿Se puede deducir la pensión de alimentos en la renta?
Se trata de una de las preguntas más repetidas por parte de las personas separadas o divorciadas.
diario informacion, 19.05.2020
El plazo de la campaña de la Renta 2019 finalizará el 30 de junio en general.
Cada año millones de españoles se ven ante el trámite de realizar la declaración de la Renta, que a muchos abruma. Y es que, cada primavera se acumulan infinidad de dudas respecto a esta situación. Una de las preguntas más repetidas guarda relación con las pensiones de alimentos como consecuencia de una separación o divorcio. Para conocer más sobre cómo presentar la declaración de la Renta puede acceder al siguiente manual.
Muchas personas no conocen si las cantidades que se abonan o se perciben de las pensiones de alimentos tienen o no algún tipo de tratamiento fiscal diferenciado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Según informa la propia Agencia Tributaria en su página web, en los casos de separación legal o divorcio, normalmente se establecerá, por un lado, "una pensión compensatoria a favor de uno de los cónyuges, y, por otro, la obligación de pagar una cantidad en concepto de alimentos a favor de los hijos, para el progenitor que no los tenga a su cargo".
"En el supuesto especial de que se establezca la obligación de un pago único, sin precisar en la resolución judicial ni en el convenio regulador qué parte corresponde a pensión compensatoria y qué parte a anualidades por alimentos, la imposibilidad de determinar la cuantía correspondiente a la pensión compensatoria impide aplicar la reducción de la base por este concepto. Todo ello sin perjuicio de que en un momento posterior puedan especificarse judicialmente las cantidades que corresponden a cada concepto".
¿Cuándo finaliza la campaña de la Renta 2019?
La campaña de la Renta 2019, que comenzó en el mes de abril, abrió la posibilidad de acudir presencialmente a la entidades colaboradoras, comunidades autónomas y oficinas de la AET de la declaración anual el pasado 13 de mayo. Por lo que ya es posible acudir a personalmente a las oficinas pertinentes.
En cuanto al plazo de la campaña, éste finalizará el 30 de junio en general, si bien concluirá con anterioridad, el 26 de junio, en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta.
La declaración de la Renta de 2019 ya incorporará la exención de las retenciones de prestaciones de maternidad y paternidad, así como la ampliación de la deducción por familia numerosa, hasta 600 euros anuales, por cada 1 de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, entre otras.
La presentación electrónica por internet podrá realizarse con DNI electrónico, certificado electrónico, Clave PIN o número de referencia. Para todos los modelos podrá utilizarse el DNI electrónico y/o el certificado electrónico, de personas físicas, representantes de personas jurídicas y cualquier otra entidad. La Clave PIN y el número de referencia sólo podrán ser utilizados por personas físicas.
Documentos a presentar
Es fundamental que antes de la cita, se conozca qué documentación concreta y exacta hay que llevar, sabiendo que, como destaca la Agencia, "en caso contrario no le podrán atender". 
Consulta aquí como hacer la declaración paso a paso.
Los documentos imprescindibles, destaca la propia Agencia Tributaria, son los siguientes:
-DNI original del titular que acude a la cita y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración.
-Autorización firmada por otros declarantes y su fotocopia del DNI (miembros de la unidad familiar o terceros) para realizar la declaración en su nombre.
-Número IBAN de cuenta bancaria.
-Referencias catastrales de todos los inmuebles de su propiedad o en los que viva de alquiler o en otras circunstancias.
Además, es importante acudir con todos los documentos que acrediten las rentas que se posean y por la que se este obligado a declarar, en función de rendimientos del trabajo, propiedades inmobiliarias, etc:
-Certificado emitido por el pagador.
-Documentación relativa al despido o cese: importe de la indemnización, fecha de acuerdo del despido o cese, de aprobación del expediente de regulación de empleo o de apertura del período de consultas a la autoridad laboral, en caso de despido colectivo.
Rendimientos del capital inmobiliario (alquileres de pisos, locales, plazas de garaje...): relación y justificantes de ingresos (contratos) y gastos deducibles (facturas).
Rendimientos del capital mobiliario: certificados de empresas, entidades financieras y de seguros, contratos, recibos de gastos, etc.
Rendimientos de actividades económicas en estimación objetiva (módulos): documentos acreditativos de los elementos o parámetros de la actividad utilizados durante el año. Según la actividad, por ejemplo, personal empleado, consumo de energía eléctrica, superficie del local, potencia fiscal del vehículo, ingresos, libros de bienes de inversión, etc.
Ganancias y pérdidas patrimoniales: Ya sea por venta de vivienda habitual y transmisiones de propiedades, hay que acreditar las correspondientes escrituras, las fechas anotadas, las declaraciones en las que se consignó deducción y los préstamos hipotecarios.
Otros documentos
Por último, también es necesario presentar los recibos de los seguros vinculados a la hipoteca, documentos de cantidades pagadas en caso de un alquiler y otros gastos que supongan desgravación; justificantes por colaboración con ONG, donativos, etc.

martes, 19 de mayo de 2020

Nuevo procedimiento de familia especial y sumario

Por Redaccion/Mª Cortés Ortiz, 19 mayo 2020
Mucho se está hablando y mucho nos están consultando los clientes sobre el nuevo procedimiento de familia creado por el Gobierno vía Real Decreto Ley a finales de abril (RDL 16/2020, de 28 de abril).
Con él se pretende dar trámite a las reclamaciones que quieran realizar los progenitores si la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 les ha perjudicado en materia de familia: desde incumplimientos de regímenes de visitas o sistema de custodia hasta impagos de pensiones de alimentos, compensatorias o cargas del matrimonio.
En mi opinión se están creando muchas expectativas para un procedimiento que aun siendo especial y sumario, resulta muy limitado por materia, tipo de resolución y tiempo.
La limitación por materia se observa en los únicos 3 supuestos que pueden tramitarse a través de este nuevo procedimiento:
a.- Incumplimiento del régimen de visitas o custodia compartida y, por lo tanto, solicitud de reequilibrio, es decir, de compensaciones.
b.- Incumplimiento en el abono de pensiones compensatorias, de alimentos o 

c.- cargas del matrimonio consecuencia de una merma de ingresos (Ej. ERTEs, cese de actividad) y, por lo tanto, solicitud de modificación de la cuantía.
Necesidad de alimentos entre parientes y, por lo tanto, solicitud de establecimiento ex novo o revisión de la cuantía.
En cuanto a la limitación por tipo de resolución de que se disponga ésta se observa en los 2 primeros supuestos. Cuando se solicita un reequilibrio del régimen de visitas o de custodia, se puede hacer valer tanto un auto de medidas provisionales como una sentencia firme pues el RDL no indica nada al respecto, es decir, lo que prima es dar solución al incumplimiento no en qué resolución venga recogida la obligación.
En cambio, cuando lo que se desea modificar es una medida de carácter económico, el RDL claramente establece que se ha de contar con medidas definitivas, es decir, se debe tener una sentencia que haya puesto fin al procedimiento. Quedan fuera, por lo tanto, aquellos litigantes que cuenten con autos de medidas provisionales a quienes el parón judicial, evidentemente, ha dejado su juicio en suspensión, pero a los que la crisis del Covid-19 puede haber afectado de la misma manera y en la misma medida que a una persona cuyo proceso judicial ya haya finalizado.
Lo que observamos, por lo tanto, es que ante una misma necesidad de modificación económica causada por un mismo hecho (Covid-19) se prima una tener un tipo de resolución y no otra. En otras palabras, si un auto se ha de cumplir al igual que se ha de cumplir una sentencia, ¿por qué no pueden acceder ambos a la modificación sumaria?, sobre todo, dado el carácter temporal de la situación que se pretende modificar y, previsiblemente, de la solución que se va a dictar.
Y es que, precisamente, la última limitación reside en su carácter temporal, ya que el procedimiento se podrá interponer mientras esté vigente el estado de alarma y durante los 3 meses posteriores a su levantamiento, a lo que hay que añadir que su tramitación ha de ser rápida.
Sin intención de introducir al lector en los pormenores técnicos del nuevo procedimiento, los plazos que plantea para la celebración de la vista en la que se dilucide el caso (incluida sentencia in voce y firmeza inmediata si ninguna parte se opone) son difíciles de cumplir pues se pretende citar a vista en los 10 días siguientes a la admisión a trámite de la demanda. La dificultad de cumplir estos tiempos y, con ello, la sumariedad del proceso, se trasluce, sobre todo, por la situación de colapso judicial que se arrastra y que se prevé; por la posible reducción de personal funcionario afectado por Covid-19 o que tome vacaciones de verano entre junio y septiembre; y por el reinicio de los plazos procesales desde cero una vez se levante la suspensión acordada por el Consejo General del Poder Judicial, lo que hace que todas las actuaciones del mismo tipo venzan el mismo día.
¿Resultado?: suspensión de vistas y más colapso.
Efectivamente, el RDL establece que el nuevo procedimiento es preferente desde que se levante la suspensión de los plazos procesales y hasta el 31 de diciembre de 2020, pero, en mi opinión, es a la vez discriminatorio. Discriminatorio con respecto a otros litigantes en la misma situación de incumplimiento de régimen de visitas o custodia y de necesidad de modificación económica que por el simple hecho de sufrirlos antes del Covid-19 ven su tutela judicial efectiva retrasada.
Para finalizar, una mención al apartado tecnológico, pues al no celebrarse vistas de forma presencial en los Juzgados durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su levantamiento (así lo indica el art. 19 del RDL 16/2020), se pretende que todas las partes implicadas intervengan preferentemente mediante presencia telemática, obviando que muchos Juzgados y muchos más domicilios no disponen de la tecnología y los conocimientos necesarios para ello. Si antes de la pandemia la digitalización era una de las asignaturas pendientes de la Justicia y en contadas ocasiones la inmediación judicial se sacrificaba, parece que de un día para otro la situación está resuelta, primando más la evacuación de casos que las garantías procesales de los justiciables y los menores.
Como en todo cambio legislativo, habrá que esperar a las primeras sentencias que resuelvan este tipo de procedimientos con la duda que inevitablemente aflora de si aquellas que resuelvan cuestiones económicas serán temporales en tanto en cuanto dure, por ejemplo, la situación de ERTE, o, por el contrario, se tendrá que acreditar por aquél que ha visto reducida su pensión, la “mejor fortuna” del acreedor para volver a la situación anterior. ¿Resultado?: más litigiosidad.
¿No hubiera sido más procedente agilizar la tramitación judicial, aumentar la plantilla de Jueces y funcionarios de la Administración de Justicia, impulsarla de oficio, en vez de crear un procedimiento nuevo y temporal?
Como vemos, las prisas no son buenas para nada y menos en la Administración de Justicia. De hecho, no olvidemos que el Real Decreto Ley ha de ser convalidado por el Congreso en el plazo de 1 mes. 
¿Y si no consigue la aprobación de la Cámara? ¿Qué ocurriría con los casos ya tramitados conforme a él?
Nota: Y como siempre con abogado y procurador. Una pasta.

lunes, 18 de mayo de 2020

Mallorca: Pensión de alimentos mínima: 180€

Los jueces de Palma fijan en 180 euros la pensión mínima de alimentos
V. Malagón, Palma, 16/05/2020
Los jueces de Familia de todos los partidos judiciales de Baleares excepto Ibiza buscan evitar una avalancha de demandas de padres y madres divorciados con hijos. En una serie de juntas han fijado una serie de criterios comunes para hacer frente a 2 focos de conflicto derivados del estado de alarma: cómo se recuperan el tiempo que un progenitor no pudo disfrutar con su hijo por las restricciones de movilidad y qué ocurre con las pensiones de alimentos a los menores de padres afectados por la crisis económica. Así, el acuerdo en Palma ha sido fijar como «mínimo vital» la cantidad de 180 euros mensuales en el caso de 1 hijo, 150 euros para 2 hijos y 120 para 3.
El acuerdo de los jueces de Palma señala que estos criterios son «interpretativos» y que buscan dar «seguridad jurídica a las relaciones familiares e intentar evitar el incremento desmesurado de los procedimientos judiciales». Es decir, se busca que sean los padres quienes intenten alcanzar acuerdos y se apela a su «lógica, sensatez y prudencia». Además, los jueces recomiendan que se acuda a otros procesos como la mediación en lugar de pleitear.
Sobre los regímenes de visitas establecen como norma general que el progenitor que no tiene la custodia pueda recuperar las visitas que haya dejado de disfrutar. Así, propone que se añada un fin de semana mensual. Algo similar hace con las vacaciones y en los casos en los que se trata de custodias compartidas. También marca que se reanuden todas las visitas, con la salvedad de las que se realizan en el punto de encuentro que gestiona el Govern y que tendrá que garantizar que puede llevar a cabo los intercambios con seguridad.
El problema que prevén los jueces con las pensiones es un aluvión de peticiones de que se modifiquen a la baja por parte de padres que se vean afectados por la crisis económica. Se abre la puerta a esas revisiones pero se aclara que se trata de unas medidas provisionales: «En el supuesto de que la situación del progenitor que ha solicitado la revisión, pasado un tiempo, vuelva a ser la anterior, en el proceso posterior se podrá aplicar con carácter retroactivo la pensión vigente antes de la modificación». 

El acuerdo es común para todos los juzgados de Mallorca.

viernes, 15 de mayo de 2020

Los procedimientos de familia en Reino Unido

......... y el Covid19
Por Redaccion
Carolina Marín Pedreño, Abogada internacional de familia en Inglaterra, 15 mayo 2020
Es necesario distinguir que en Reino Unido hay 3 sistemas jurídicos distintos: Norte de Irlanda, Escocia e Inglaterra y Gales, centrando la exposición a los procedimientos seguidos en Inglaterra y Gales al ejercer como Solicitor en Londres, conocida como la “capital de los divorcios” en Europa, y en donde no se aplica ninguna legislación que no sea la inglesa, siendo ésta última muy discrecional y aplicable conjuntamente con la jurisprudencia al ser un sistema de Derecho Común. No existe regímenes económicos matrimoniales. Hay factores que van a tener en cuenta los jueces reflejados en la legislación conjuntamente con la jurisprudencia para decidir caso por caso. Cada familia recibe un traje a medida dependiendo de sus circunstancias particulares.
Muy resumidamente y a modo de introducción, la 1ª cuestión a señalar es la importancia de tener en cuenta siempre la competencia judicial. Es necesario determinar qué países van a tener competencia en un divorcio internacional para decidir sobre los menores o sobre las pensiones ya que pueden ser varios. Por ejemplo en Inglaterra y Gales los acuerdos prematrimoniales no son ejecutables, solo tenidos en cuenta si cumplen unos requisitos por lo que tal vez para el divorcio sea más beneficioso la jurisdicción del país de origen, por cuanto los jueces pueden no admitir en algunos casos esos acuerdos prematrimoniales.
En el proceso de divorcio intervienen 2 tipos de abogados, los “Solicitor” y los “Barrister”:
- Los “Solicitor” son los abogados que atienden al cliente, organizan el caso, los documentos, la estrategia,
Los “Barrister”, son los abogados contratados por los solicitor que comparecen ante el tribunal, y efectúan las peticiones al juez respecto al proceso.
En Inglaterra y Gales el proceso legal de divorcio internacional es costoso y solamente quien tenga un nivel económico considerable puede acudir a un Solicitor, añadiendo que si uno de los cónyuges tiene una situación económica elevada el otro cónyuge podrá solicitar la financiación del proceso por la otra parte. La asistencia jurídica gratuita está limitada para las víctimas de violencia de género. En todo caso, aquellas personas que no tienen esa capacidad económica pueden efectuar la solicitud de divorcio de forma personal ya que la postulación procesal no es obligatoria. La duración de un proceso de divorcio no contencioso puede llevar aproximadamente 6 meses.
En Inglaterra y Gales todavía existe la necesidad de esgrimir una causa para el divorcio, como puede ser el adulterio, la separación por 2 años, la causa relativa al comportamiento irracional, etc..... como prueba de que la ruptura es irreparable. El divorcio solo puede ser solicitado transcurrido 1 año de matrimonio. Si bien la necesidad de establecer causas es una cuestión que está siendo muy debatida en la actualidad y hay proyectos de ley para su extinción.
En cuanto a la custodia/cuidado de los niños la competencia la tienen siempre los tribunales de su residencia habitual, esto es el lugar que constituye el centro de interés de los niños. Hay más seguridad legal en los temas de menores con respecto a la competencia de los tribunales que en los temas de divorcio y patrimoniales internacionales.
Pueden existir 3 procesos de familia distintos:
a.- El proceso de declaración de la disolución del matrimonio por el divorcio.
b.- El proceso sobre las medidas económicas y, 
c.- un proceso sobre la custodia/cuidado de los niños.
En el proceso sobre el cuidado de los niños, el juez no va a valorar si se está abonando la pensión de alimentos o que está pasando en la división patrimonial, únicamente decidirá sobre la custodia en virtud del interés de los hijos y con fundamento en la relación con ambos padres, considerando que es un proceso muy justo desde la perspectiva del niño, no siendo tampoco necesario en esta fase la asistencia de un Solicitor, al poder acudir directamente al tribunal sin abogado. Existe también una figura similar al trabajador social, el cual en caso de discrepancia entre los progenitores o relaciones negativas entre los padres o alegaciones con respecto a la capacidad de cuidado de alguno de los progenitores, realiza un informe o asesoramiento de la situación para ayudar al juez en su labor. Por último resalta la existencia de muchos casos de desamparo de los menores, niños que se encuentran con familias de acogida. Estos procedimientos no son administrativos sino judiciales. En estos procedimientos los niños son siempre parte en el proceso.
En todo caso, los asuntos en los que se valora la custodia (en Inglaterra no utilizamos custodia sino cuidado del menor) el juez dictará unas directrices generales después del informe del trabajador social y es habitual que por medio de negociación entre abogados se concluya una orden judicial final. Sin embargo siempre salvo aquellos progenitores que tengan una situación muy enfrentada que sí puede derivar en juicio, si bien el sistema legal está diseñado para que las cuestiones relativas al cuidado de los niños no finalicen en juicio y se incentiva la negociación y la mediación.
La situación judicial por el Covid19
Desde el 23 de marzo cuando se decreta el Estado de Alarma en Inglaterra y Gales, el acceso a la Justicia se ha mantenido como un derecho de la sociedad adaptándose los tribunales de familia y los oficiales de justicia a las circunstancias y restricciones que conllevaban. Los juicios en familia, en particular los de menores se han mantenido y se han llevado a cabo de forma remota por plataformas de Zoom, Microsoft Teams o BT Connect de forma telefónica. Yo personalmente estaba representando a un padre español en una causa de sustracción de menores. El juicio final era el 27 de marzo y se llevó a cabo por Zoom declarando el trabajador social y las partes y con el apoyo de intérpretes. Se dictó una orden de retorno y la menor regreso a España a los días.
Uno de los procedimientos que va a provocar la pandemia puede ser si se considera un Barder Event, es decir un evento que justifique que cualquiera de las partes pueda reabrir la decisión final ante los tribunales con respecto a la división patrimonial matrimonial ya que el valor del patrimonio ha sufrido un cambio de valor. Este tipo de proceso es posible en nuestra jurisdicción.

lunes, 11 de mayo de 2020

La voluntad del menor y la modificación del régimen de guarda y custodia

José L. Pastor Amate, 10/05/2020
Nuestro Tribunal Supremo ha venido reiterando la “bondad objetiva del Régimen de guarda y custodia compartida” ( SSTS de 4 de febrero de 2016, 27 de junio de 2016 o 12 de mayo de 2017 entre muchas). Sin embargo, que este sistema sea el más deseable en términos generales no significa que no existan los casos en que una vez adoptado, la voluntad expresa del menor haga poco menos que imposible que el régimen se ejerza con normalidad o cumpla con su finalidad de proteger el interés del susodicho. Siendo en estos casos cuando surge la duda acerca de la posibilidad de una modificación en el régimen de guarda y custodia atendiendo exclusivamente a la voluntad del menor.
¿Hasta qué punto es importante la voluntad del menor en una posible modificación del régimen de guarda y custodia?
La voluntad de los menores es influyente a la hora de determinar el régimen de guarda y custodia que les atañe, algo que no debe sorprendernos a tenor de los art. 92.6 del C.Civil y 770.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ofrecen la posibilidad al Juez de escuchar al propio menor antes de acordar dicho régimen si este tuviese suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de 12 años.
Asimismo, conviene recordar la STS de 27 de septiembre de 2011, en la que se expresa que el régimen de guarda y custodia compartida no está contemplado con la finalidad de garantizar el principio de igualdad de ambos progenitores siendo la única finalidad que persigue que se haga efectiva la mejor forma de procurar la protección del interés del menor. Constituyendo el respeto de su voluntad una forma de protección de su interés, aunque no se produzca siempre una correspondencia entre ambos, tal y como veremos a continuación.
En cuanto a la posición adoptada por la jurisprudencia ante este interrogante es clara, la voluntad del menor es suficiente motivo para fundamentar una posible modificación de la medida relativa a la guarda y custodia dada la trascendencia que dicha voluntad tiene a la hora de apreciar las condiciones de convivencia más beneficiosas para el menor, no obstante cualquier manifestación de la voluntad no es óbice para justificar un cambio en el régimen de guarda y custodia, debiendo este deseo responder a una voluntad del menor firme y ajena a influencias externas o caprichos pasajeros. (SAP de Toledo de 17 de abril de 200; SAP A Coruña 11 de diciembre de 2017; SAP Pontevedra 19 de enero de 2017…).
De este modo, la voluntad del menor tendrá que ser tenida en cuenta aunque con reservas acerca de sus motivaciones, siendo tarea del Juzgador discernir aquellos casos en los que el deseo del menor se corresponde efectivamente al favor filii.
Adquiriendo especial importancia en la valoración de esta correspondencia entre voluntad e interés la edad del menor. 
Siendo que para la mayoría de los Tribunales y Juzgados esta voluntad es objeto de especial protección a partir de los 14 años dada la madurez que se le presupone, expresándose así la AP de Valencia en Sentencia de 12 de mayo de 2014; “Esta voluntad de la menor contraria a la guarda compartida tiene especial fuerza habida cuenta de su edad, 14 años, que hace presumir en ella una madurez próxima a la que determina la mayoría de edad legal”.
Incrementando su peso conforme el menor se acerca a la mayoría de edad, hasta el punto de considerar muchos Tribunales y Juzgados que independientemente de la motivación que subyazca detrás de esta manifestación de la voluntad, llegados a cierta edad el respeto a la decisión del menor debe ser preeminente a la imposición de una convivencia por vía forzosa que no desea. Sirviendo a modo de ejemplo la Sentencia de 19 de enero de 2019 dictada por la A. P. de Pontevedra:
Aun siendo muy relevante valorar la motivación (…), e incluso pudiendo concluir que lo son y que su voluntad no es libre sino que está manipulada por su padre, e influida por su hermana, consideramos que la imposición coactiva de contactos no deseados, además de ser de muy difícil en la práctica, por no decir de imposible ejecución forzosa cuando la menor ha superado cierta edad (mucho más en este caso que ya está́ próxima a los 17 años), resulta contraproducente desde la perspectiva de la mejora de relaciones con el progenitor no custodio(…).”
De este modo, podemos concluir que la voluntad del menor no es tan solo capaz de motivar una eventual modificación del régimen de guarda y custodia, dada la importancia que tiene la valoración de esta a la hora de determinar qué régimen es el más adecuado para proteger el interés del mismo, sino que podrá convertirse la causa principal que justifique su modificación atendiendo principalmente a 2 elementos, la motivación subyacente tras dicho deseo y la edad del menor que lo manifieste.

jueves, 7 de mayo de 2020

Denuncia falsa y custodia compartida.

Agencia EFE, 06 may 2020
Una mujer ha sido condenada a abonar una multa de 2.400 € y a compensar con otros 4.006 € a su excompañero sentimental y padre de su hijo, por presentar una falsa denuncia de maltrato psicológico con el fin de evitar que el hombre consiguiera la custodia compartida en la separación de la pareja.
Según la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de San Sebastián, a la que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan a abril de 2015, cuando, tras la ruptura sentimental, la mujer abandonó con el niño el domicilio en el que convivían, "impidiendo" al hombre ver al pequeño.
Ante esta situación, el padre inició un procedimiento judicial "para regular las relaciones entre los progenitores y el menor" y solicitar "que la guarda y custodia fuera compartida".
La mujer interpuso entonces una denuncia contra su excompañero" por malos tratos psicológicos", en la que alegó que desde que se quedó embarazada había empezado "a comportarse de forma agresiva con ella, perdiendo los nervios sin motivo aparente y golpeando puertas y paredes de la vivienda donde residían, llegando incluso a romper los cristales de la puerta de acceso al balcón y 2 lámparas de la mesilla de noche", además de amenazarla con llevarse al niño.
Asimismo, manifestó "tener grabaciones del comportamiento de su expareja" en las que se podía "comprobar su actitud y malas formas", además de "múltiples" mensajes en su teléfono en los que la insultaba.
Por estos motivos, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer inició un procedimiento contra el padre y requirió a la chica que aportase su teléfono con los supuestos mensajes amenazantes, si bien la policía científica constató que en el móvil "no había conversaciones entre las partes en las fechas señaladas", tras lo que la mujer renunció a la "acción penal" y el hombre fue absuelto, además de obtener la custodia compartida que demandaba en el otro procedimiento.
Seguidamente, el padre, que ha sido representado en este caso por la letrada Beatriz Rodríguez Aparicio, denunció a su excompañera por presentar una denuncia falsa y se inició un nuevo proceso judicial que ha otorgado ahora la razón al hombre al tener "muy en cuenta los informes de la policía científica, que fueron demoledores" señalando que "no había conversaciones" de mensajería entre ambos progenitores.
La sentencia del caso recuerda además que el delito de denuncia falsa esconde una "finalidad detrás", porque "nadie acusa falsamente de algo si no es por una motivación específica" que, en este caso, "en la situación de conflicto familiar" subyacente, "estaba orientada" a "apartar" al padre de su hijo, "impidiendo que el juzgado de familia estimase su pretensión de custodia compartida".
"A esta conclusión se llega no sólo por la actitud torpe" de la mujer "mediante la interposición de la denuncia falsa" sino también "analizando" otras pruebas que "ponen en evidencia, no sólo la ausencia de maltrato psicológico" sino la "predisposición infinita" del hombre "a ejercer responsablemente su paternidad", recalca la sentencia. 

Problemas jurídicos en el ámbito del Derecho de Familia con motivo del Covid-19

...... Se plantean diferentes.
Custodia, visitas y otras medidas en tiempos de coronavirus.
Antonio J. Pérez Martín, Tribuna, 06-05-2020
Nadie podía imaginar que, cuando al inicio del año nos informaban del problema del virus en la ciudad china de Wuhan, unos meses después el mundo entero estaría contagiado.
Como el confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios ha sido vital para detener la pandemia en aquella población, poco a poco todos los países de nuestro entorno han ido adoptando esta medida.
En España, el RD 463/2020, de 14 de marzo (EDL 2020/6230), reguló el confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios estableciendo las excepciones que permitían transitar por las vías públicas. Posteriormente, el Congreso de los Diputados aprobó la prórroga del estado de alarma y finalmente el RD-ley 10/2020, de 29 de marzo (EDL 2020/7737), ha restringido aún más las excepciones para salir de los domicilios. No obstante, todo apunta a que se vuelva a prorrogar durante más tiempo el estado de alarma.
Como casi todo lo que pasa en la sociedad afecta al Derecho de Familia, el COVID-19 y las medidas políticas y sanitarias adoptadas para luchar contra él, plantean una serie de problemas jurídicos que inciden de lleno en esta rama del derecho, y a los que vamos a intentar dar respuesta en este artículo.
I. Supuestos en los que aún no se han adoptado medidas
Puede suceder que el estado de alarma se haya decretado cuando la demanda de divorcio ya se presentó en el juzgado, pero aún no se han dictado medidas. Hay que tener en cuenta que la Comisión permanente del CGPJ en su reunión del día 13 de marzo (EDL 2020/7240) acordó la suspensión de todas las vistas y juicios, salvo las urgentes que, por lo que se indica en el RD 463/2020, en materia de derecho de Familia solo son las previstas en el art. 158 CC (EDL 1889/1).
Por tanto, han sido suspendidas las comparecencias de medidas previas, provisionales y juicios de separación y divorcio. 
En consecuencia, la única vía para que se puedan adoptar medidas en relación con los menores es la del art. 158 CC, que siendo realistas encontrará cierta problemática en su tramitación ante la ausencia de funcionarios en los juzgados pues su número se ha reducido en aplicación de la Resolución del Ministerio de Justicia de 14 de marzo de 2020 sobre servicios esenciales.
Es de esperar que, ante la ausencia de medidas, los padres se centren en lo que verdaderamente es importante y velen principalmente por el interés de los hijos, teniendo en cuenta que la actitud que hayan tenido durante todo este periodo de alarma se valorará en el momento de la adopción de las medidas.
Como el Real Decreto de estado de alarma ha interrumpido los plazos procesales, estos se reanudarán una vez desactivada la situación excepcional en la que nos encontramos.
II. Patria potestad
Las funciones de la patria potestad que recaen sobre los progenitores respecto de sus hijos menores de edad siguen plenamente vigentes en el periodo de alarma decretado por el Gobierno.
Si el menor se contagiase del virus y requiriese su ingreso hospitalario, respetando las normas del centro sanitario, la asistencia de los progenitores en su cuidado debe ser compartido y no en función de que uno de ellos sea el progenitor custodio.
La suspensión de las clases en los colegios no significa que los menores estén de vacaciones ya que deben desarrollar las tareas encomendadas por los docentes. Por tanto, será obligación de ambos progenitores velar porque los menores sigan en su formación escolar. Hoy existen medios de comunicación que permiten a ambos progenitores implicarse directa-mente en la realización de esas tareas. Hay que pensar que el curso sigue y los hijos deben estar preparados para superarlo.
III. Guarda y custodia
Si ya se adoptaron las medidas en relación con la custodia, son varias las cuestiones que se están planteando en la práctica.
A) Custodia compartida
Cuando se acordó la custodia compartida y los progenitores residen en la misma ciudad, ¿se mantienen los mismos periodos de estancia de los hijos con cada uno de ellos?
Desde que se decretó el estado de alarma se han celebrado numerosas Juntas de Jueces de Familia adoptando acuerdos, entre otras, sobre esta cuestión. Pues bien, de los 43 acuerdos a los que hemos tenido acceso, tenemos el siguiente resultado:
- 33 se pronuncian a favor de mantenerla: Albacete, Alicante, Baleares, Barbate, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Coria del Río, Elche, Girona, Granada, Granollers, Las Palmas, León, Linares, Logroño, Lleida, Marbella, Melilla, Murcia, Orense, Pamplona, Sabadell, Sevilla, Toledo, Torrejón de Ardoz, Valencia, Valladolid, Vigo, Villena, Vitoria, Zaragoza
- 10 acuerdan suspender el régimen de custodia compartida: Huelva, Lucena, Málaga, Mataró, Orihuela, Salamanca, Santander y Torremolinos. Tarragona, Reus y Maratón, si bien se posicionan a favor de la suspensión, dejan abierta la posibilidad de que los progenitores lleguen a acuerdos.
Por tanto, el 76,74% de los acuerdos de las Juntas de Jueces se muestran a favor de mantener el régimen de custodia compartida.
Nosotros también nos mostramos favorables al mantenimiento del régimen de custodia compartida con los traslados semanales. No dudamos que las razones de quienes entienden que debe suspenderse el régimen de custodia compartida están guiadas exclusivamente para proteger al menor de contagio en los traslados. Sin embargo, consideramos que ésta sería una razón sanitaria que sin duda ha debido de ser tenida en cuenta por el Ministerio de Sanidad en el momento de regularse el estado de alarma. Nosotros vamos a analizar la cuestión estrictamente desde un punto de vista jurídico. Leer más ......

miércoles, 6 de mayo de 2020

Custodia y Régimen de visitas durante el Estado de Alarma

La juez de Familia Mª Isabel Maroto asegura, en las Jornadas de la UCAV, que en este periodo "no suspende a los progenitores «ni en la titularidad ni la atribución de la guarda y custodia»
La Razón | ÁVILA, 05-05-2020
La custodia y el régimen de visitas durante el Estado de Alarma es un tema, no solo interesante para los que puedan verse afectados, también es delicado porque afecta de manera directa a menores de edad. Para esclarecer todas las duda, Mª Isabel Maroto, juez de Familia, colaboradora de la Cátedra de Estudios sobre la Mujer e Instituto Berit de la Familia, ha participado en las Jornadas Virtuales Multisdisciplinares promovidas por el Gabinete de Comunicación de la Universidad Católica de Ávila (UCAV).
El Estado de Alarma decretado por el Gobierno por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y, aunque fue posteriormente modificado, estableció en su art. 7 que «Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada».
Por tanto, hay que tener en cuenta, tal como ha explicado Mª Isabel Maroto, que este periodo no suspende a los progenitores «ni en la titularidad, ni en el ejercicio de la responsabilidad parental, la atribución de la guarda y custodia, régimen de vistas o disfrute de vacaciones estando la resolución vigente». 
Será cada órgano judicial el que, atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes, resuelva el conflicto planteado.
Así mismo, es obligatorio cumplir con las resoluciones judiciales y las medidas acordadas en las mismas. Además, Mª Isabel Maroto ha recordado que “el interés superior del menor ha de prevalecer en cualquier medida que se acuerde respecto de los mismos, si bien en este caso, también el interés de los mayores habrá de ponderarse en la resolución que se dicte”.
Custodia Compartida
La custodia compartida es “aquella medida en la que la guarda y custodia se ejerce por ambos progenitores y su alternancia suele ser semanal o quincenal”. Además, ha explicado Maroto, “cuando los progenitores así lo pactan, o el juez lo estima conveniente -dada la edad el menor o cualquier circunstancia concurrente que así lo aconseje-, puede establecerse una visita entre semana habitualmente sin pernocta”.
En estos casos, ha continuado la juez de Familia, es casi unánime el mantenimiento de la medida realizándose los intercambios según resolución judicial.
En cuanto a los sistemas de custodia “casa nido” puede existir algún problema. En este régimen son los menores los que permanecen en la misma vivienda y los padres los que se trasladan. Motivo que a muchos los lleva a trasladarse a casa de sus padres; es decir, a casa de los abuelos de los menores. Por ello, ha indicado Maroto, aquí apela la absoluta responsabilidad de cada uno de ellos ante “una situación real de peligro de contagio o riesgo efectivo, siendo aconsejable acordar alguna medida alternativa”.
La también colaboradora de la Cátedra de Estudios sobre la Mujer de la UCAV, ha señalado que existe la posibilidad de recuperar las visitas que no se han llevado a cabo durante este periodo una vez pasado el Estado de Alarma.
Custodias Monoparentales
En este sentido, cuando la guarda y custodia se atribuye a uno de los progenitores, el otro conserva un derecho de visitas con los menores “siendo las vacaciones escolares habitualmente repartidas entre ambos, según unos turnos establecidos en la resolución judicial”. 
Se puede distinguir entre:
Fines de semana alternos en la misma población. Estos se mantendrán con carácter general siempre que sean en la misma población, y el resto de circunstancias lo permitan, según ha indicado Maroto.
Día intersemanal con pernocta. En este supuesto habría de valorar, los horarios y disponibilidad del menor y del progenitor no custodio en su trabajo. “Si bien con carácter general podrían mantenerse y si es la misma localidad no hay problema”, ha señalado la juez de Familia.
Día o Días intersemanales sin pernocta. “Normalmente esto sucedía desde la salida del colegio del menor hasta una hora concreta que se reintegrara al menor en el domicilio”. En este caso se procederá, atendiendo al caso concreto, valorando su suspensión, según Mª Isabel Maroto.
También ha expuesto que en función de la fase concreta de la desescalada, se podrá valorar el desplazamiento a otra ciudad para cumplir con los días de vacaciones que se tenían previstos.
En cuanto a los abuelos de los menores, que en muchas ocasiones también solicitan un régimen de visitas, “es conveniente que quede suspendido en exclusivo interés y beneficio de los mayores, especialmente vulnerables a la pandemia”.
Además, existe otra medida que quedaría suspendida como la de los puntos de encuentro familiar donde las visitas o los intercambios están supervisados. Estos centros donde se desarrollan las visitas, permanecen cerrados por lo que la suspensión es inevitable.

sábado, 2 de mayo de 2020

Feministas contra las medidas expres de Justicia.

Más Información: infolibre.es,
La Fiscalía alerta de que el nuevo decreto de Justicia puede perjudicar a menores y mujeres.
El equipo de Dolores Delgado cree que resulta "dudoso" que el nuevo procedimiento exprés para resolver asuntos de familia respete el interés superior del menor y avisa de que implica un potencial "impacto de género negativo"
El texto concluye que la agilización procesal se prevé improbable porque la multiplicación de solicitudes urgentes de cambio de pensiones alimenticias alcanzará efectos "probablemente inabarcables"
Alicia Gutiérrez, agutierrez@infolibre.es, 01/05/2020
Un informe interno de la Fiscalía General del Estado cuestiona severamente el decreto de Justicia aprobado el martes en lo que respecta a uno de los apartados de más inmediato alcance: la creación de un procedimiento exprés que durante el estado de alarma y el siguiente trimestre garantiza en no más allá de 15 días hábiles la resolución de demandas sobre compensaciones en el régimen de visitas a menores y el pago de pensiones alimenticias. En el informe, al que ha tenido acceso infoLibre, el equipo de Dolores Delgado considera que la creación de ese sistema de urgencia no está "debidamente justificado". Es "dudoso" –sostiene el texto– que el nuevo cauce procesal respete el interés superior de los menores. Y, además, su aplicación implica un potencial "impacto de género negativo"
El decreto [puedes acceder a su contenido pinchando aquí] ha entrado en vigor justamente este jueves 30 de abril.
El informe hace al menos un rasguño en lo que el ministerio que dirige Juan Carlos Campo define como el objetivo principal del decreto: asegurar un funcionamiento rápido que contrarreste el colapso derivado del parón de la vida judicial por el estado de alarma.Pero difícilmente habrá agilización procesal, argumenta la Fiscalía, porque ese procedimiento exprés "tendrá previsiblemente un efecto multiplicador" de las solicitudes de compensación de visitas que no han podido realizarse a causa del confinamiento. "Los efectos de este novedoso derecho a la compensación serán probablemente inabarcables", advierte la Fiscalía. "No es tan claro el efecto agilizador" –abunda más adelante el informe– si se comparan los términos del decreto en cuanto a la brevedad de los plazos con los que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para la adopción de medidas cautelares.
Es en la espinosa cuestión de los pagos para la manutención de los niños donde el informe traza una línea de abierta divergencia con el Ministerio de Justicia. "Lo que resulta más importante –incide el texto– es que la creación de un cauce específico que permita la reducción urgente de las pensiones alimenticias, aun por motivos coyunturales, puede afectar negativamente de nuevo al superior interés del menor".
El supuesto que prevé la adopción de medidas meteóricas sobre pensión alimenticia, prosigue el escrito, no se encuentra "debidamente justificado". En un contexto de crisis, argumenta el informe, "la mayoría de las peticiones serán de reducción de la cuantía de la pensión". Y la Fiscalía "estima que esta medida puede tener un impacto de género negativo" dado que solo un 5,5% de los padres ostenta la guarda individual de los hijos menores mientras que en el 66,2% es la madre quien la ejerce."
Pero antes de llegar a ese punto el informe ya asesta un mazazo al decreto aprobado en el Consejo de Ministros del martes. Lo hace cuando afirma que tampoco "se encuentra debidamente justificado" un "procedimiento especial y sumario" para restablecer el equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida. 
¿Y por qué, según la Fiscalía General del Estado, carece de justificación? Porque "no existe con carácter general en toda la legislación general civil ningún derecho específico a la compensación del tiempo no disfrutado de régimen de visitas o de guarda compartida".
La Fiscalía va más allá y no se queda en los obstáculos de tipo normativo. "Resulta a priori dudoso que la compensación de tiempos sea respetuosa con ese superior interés" de los menores. Y ello porque "se estima más beneficioso para los/las menores que, una vez alzadas las medidas de restricción circulatoria, puedan retomar sus rutinas y tiempos habituales, y no que se vean de nuevo alteradas para iniciar un periodo de compensación que parece favorecer más a los progenitores que a los propios niños y niñas".
El decreto ha entrado en vigor este jueves, es decir, 1 día después de su publicación en el BOE. Entre sus medidas más conocidas y que mayor polémica han originado entre los operadores jurídicos figura la habilitación parcial de agosto como mes hábil y ordinario a efectos judiciales.
La celebración de juicios telemáticos constituye otra de las más relevantes novedades que introduce una norma que ha topado con la rotunda y total oposición del líder del PP, Pablo Casado, pese a que su contenido fue pactado con todas las comunidades autónomas. De hecho, fuentes del Ministerio de Justicia ya aseguraron el martes que la idea de habilitar el mes de agosto partió del responsable de Justicia del PP y consejero de esa área en el Gobierno de Madrid, Enrique López.

jueves, 30 de abril de 2020

Divorcio y la disolución de gananciales( No la Liquidación de los bienes)

La firmeza del fallo de divorcio produce la disolución de gananciales.
No hay efecto automático en la admisión de la demanda para la disolución.
Xavier Gil Pecharromán, 29/04/2020
En caso de divorcio o separación judicial la disolución de la sociedad de gananciales la produce la firmeza de la sentencia como un efecto legal, según establece el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de marzo de 2020.
La ponente, la magistrada Parra Lucán, señala que si se impugnan los pronunciamientos sobre medidas, el de la separación o divorcio se declara firme (art. 774.5 de la Ley de Enjuicimiento Civil -LEC-), lo que permite proceder a liquidar (art. 1396 del CC).
Antes de la presentación de la demanda, en la contestación a la demanda, y durante la tramitación del procedimiento, pueden solicitarse y adoptarse medidas de administración y disposición de los bienes gananciales, así como la obligatoria rendición de cuentas, medidas que pueden prolongarse después como definitivas (arts. 103.4, 104, 91 del CC, y 771 a 774 de la LEC). 
Pero la ley no anuda como efecto automático del auto de medidas la disolución del régimen de gananciales.
La magistrada razona que la ley tampoco anula como efecto automático de la admisión de la demanda la disolución del régimen de gananciales.
La ley, que contempla como efecto de la admisión de la demanda la revocación de los consentimientos y poderes otorgados y el cese de la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica (art.102 del CC), no establezca como efecto de la admisión de la demanda la extinción del régimen económico, ni la suspensión en la tramitación del procedimiento.
El que una vez admitida a trámite la demanda de divorcio se pueda solicitar la formación de inventario (art. 808 de la LEC) supone la apertura de un trámite procedimental, que tiene carácter cautelar, pues se dirige a determinar y asegurar el caudal partible, como muestra que al final del inventario (que en todo caso debe hacerse conforme a la legislación civil, según reclamen los arts. 806, 807, 808.2, 809.1 de la LEC), el tribunal resuelve lo procedente sobre la administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario.
El art. 1392 del CC tampoco establece la retroacción automática de los efectos de la sentencia una vez dictada.
Para la disolución de la sociedad de gananciales por decisión judicial en los casos previstos en el art.1393 del CC (entre los que se encuentra la separación de hecho de más de 1 año por mutuo acuerdo o por abandono del hogar), los efectos de la disolución se producirán desde la fecha que se acuerde en la resolución judicial (art. 1394 del CC).
Recuerda la jurisprudencia de la sentencia de 28 de mayo de 2019 (rechazando que la disolución se produjera al dictar el auto de medidas provisionales), y de 27 de septiembre de 2019 (rechazando que la disolución se produjera cuando la esposa se marchó de casa).