http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/03/19/0003_201103G19P14991.htm
SEPARACIÓN: 5 comunidades ya impulsan normas sobre la custodia compartida.
En Aragón es actualmente, por ley, la opción preferente tras una ruptura
Patricia blanco /redacción / la voz /19/3/2011
La custodia compartida como opción preferente tras una ruptura es uno de los temas que se están valorando en la Comisión Superior para o Estudo do Desenvolvemento do Dereito Civil Galego, órgano consultivo de la Xunta.
Para esa cuestión existe una subcomisión integrada, entre otros, por Helena Martínez Hens, profesora titular de Derecho Civil en la Universidade de Vigo, y Domingo Bello Janeiro, catedrático de esa misma rama en la Universidade da Coruña.
Según explica este último, para sacar adelante esta cuestión existirían varias vías:
a.- una ley propia;
b.- la introducción de artículos en nuestra Lei de Dereito Civil;
c.- o instar al Gobierno a modificar el Código Civil.
5 comunidades españolas, señala Bello, ya impulsaron cambios en uno u otro sentido.
Aragón
Recientemente se aprobó una ley que considera la custodia compartida como opción preferente, anunciando la comunidad valenciana su intención de legislar en este mismo sentido.
Valencia
En el boletín oficial de las cortes valencianas se publicaba en enero la tramitación por vía de urgencia de los proyectos de ley para reformar su Estatuto de Autonomía y la ley de custodia compartida: 2 textos legislativos que estaban a disposición de ser debatidos en su Parlamento, si bien parece que quedarán para la próxima legislatura.
País Vasco
El Parlamento vasco aprobó una resolución en la que se pide como preferente la custodia compartida, apoyando casi todos los grupos un texto en el que se insta al Gobierno estatal a presentar un proyecto de reforma de la Ley de Divorcio en ese sentido.
Cataluña
El Parlamento catalán ha aprobado la Ley del Libro IIº del Código Civil relativo al derecho de familia -entró en vigor en enero-, con la previsión de que se otorgue la custodia compartida, pero no por defecto, como en Aragón, sino condicionada a un acuerdo entre los padres y a que esa custodia existiese antes de la separación.
Navarra
Según la ley que se deberá ratificar ahora en pleno, «el juez decidirá sobre la modalidad de custodia más conveniente para el interés de los hijos», quedando así los 2 regímenes (individual y compartida) en pie de igualdad.
Galicia
«Estamos valorando la situación normativa vigente y la realidad actual», informa Bello Janeiro. Según apuntaba hace unos días Martínez Hens a La Voz, hay elaborado, con carácter inicial, un borrador legislativo, aunque de momento este aún no ha sido visto en la comisión pertinente y tampoco ha llegado a la Xunta.
La custodia compartida, habitual en países europeos, fue incorporada al Código Civil español en el 2005, «pero, a diferencia de nuestros vecinos, en España solo puede ordenarse cuando los padres así lo acuerden», expone Bello.
Si no existe ese acuerdo, se puede otorgar, excepcionalmente, tras informar favorablemente el fiscal, y resultando que en más de un 85% de los casos, los jueces conceden la custodia en exclusiva a las madres.
Es por este motivo que, de acuerdo con la realidad actual y en virtud de la «pasividad estatal», las comunidades autónomas han ido asumiendo competencias en materias de Derecho Civil.
«Nadie puede sostener que la mayor parte de los hombres son incapaces de compartir la tutela», considera Bello.
La custodia compartida, salvo excepciones, «no tiene más que beneficios».
No obstante, señala también que el convertirla en preferente ha de hacerse dentro de determinados parámetros, porque el Gobierno central, «tan permisivo con otras comunidades autónomas, como Cataluña, que ha regulado prácticamente todo su derecho civil, es muy estricto con nuestras competencias, como pasó con la ley de cajas, el catálogo de fármacos o, en el propio derecho civil, en materia de autotutela o adopción».
sábado, 19 de marzo de 2011
Las madres no deben temer 'perder' al hijo en la custodia compartida
http://www.lasprovincias.es/v/20110319/opinion/custodia-compartida-20110319.html
MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA: La Custodia compartida.
Las madres no deben temer 'perder' al hijo en la custodia compartida: ellos no las amarán un ápice menos por disfrutar más tiempo de sus padres
19.03.11 - VICENTE GARRIDO
El pasado martes varios miembros de la plataforma Custodia Compartida se encadenaron a las farolas que hay en la calle de la entrada principal de Les Corts como protesta porque la futura ley valenciana de relaciones familiares no se aprobará finalmente en esta legislatura, una promesa que estaba incluida en el programa electoral del Partido Popular.
En la actualidad la evidencia científica sugiere que la custodia compartida por ambos progenitores revierte en el mayor beneficio para el hijo o hijos implicados.
Una investigación reciente donde se revisaron los resultados obtenidos por 33 estudios realizados en todo el mundo acerca de la comparación entre la custodia por parte de uno de los padres (generalmente la madre) y la custodia compartida, abarcando cerca de 3.000 niños, concluyó que «los niños en régimen de custodia compartida mostraron índices de ajuste en diversas áreas significativamente más elevados que los niños que estaban a cargo de un solo progenitor».
¿Qué requisitos deben darse para que la custodia compartida tenga éxito?
Hay 2 condiciones:
a.- la primera es que los 2 padres dispongan de una propuesta de convivencia, recursos materiales y competencias personales adecuados para la atención del hijo, y
b.- la segunda es que entre ambos haya al menos una relación que permita que la transición entre el hogar de una y otra parte se lleve con naturalidad.
En contra de lo que se cree, no es necesario que los padres se lleven 'de fábula': basta con que el trato sea cordial, que cada padre respete al otro, y que haya una comunicación fluida que consiga que el menor comprenda, mediante sus vivencias en esa rutina, que su casa se extiende a los 2 hogares.
Lograr esa convicción sentida de que «tengo 2 casas» y «en ambas soy feliz» es el resultado ideal, una imagen que se opone a la vivencia en la custodia tradicional por un progenitor (normalmente la madre) de que «mi casa es la de mi madre».
Curiosamente, la custodia compartida ayuda también a que los padres se lleven mejor, porque el trato necesario favorece el sentido común, y ambos comprenden que ayudándose en su relación el último beneficiado es el propio niño.
El principal peligro de la custodia compartida está en solicitarla y luego desdecirse del compromiso, arredrarse ante la fatiga de la crianza y pasar el esfuerzo a abuelos o canguros. Pedir la custodia compartida como una manera subrepticia de castigar al otro es algo que hay que evitar a toda cosa, lo que generalmente puede lograrse con una evaluación rigurosa de los solicitantes y de sus planes de convivencia con el hijo.
Las madres no deben temer 'perder' al hijo en la custodia compartida: ellos no las amarán un ápice menos por disfrutar más tiempo de sus padres.
MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA: La Custodia compartida.
Las madres no deben temer 'perder' al hijo en la custodia compartida: ellos no las amarán un ápice menos por disfrutar más tiempo de sus padres
19.03.11 - VICENTE GARRIDO
El pasado martes varios miembros de la plataforma Custodia Compartida se encadenaron a las farolas que hay en la calle de la entrada principal de Les Corts como protesta porque la futura ley valenciana de relaciones familiares no se aprobará finalmente en esta legislatura, una promesa que estaba incluida en el programa electoral del Partido Popular.
En la actualidad la evidencia científica sugiere que la custodia compartida por ambos progenitores revierte en el mayor beneficio para el hijo o hijos implicados.
Una investigación reciente donde se revisaron los resultados obtenidos por 33 estudios realizados en todo el mundo acerca de la comparación entre la custodia por parte de uno de los padres (generalmente la madre) y la custodia compartida, abarcando cerca de 3.000 niños, concluyó que «los niños en régimen de custodia compartida mostraron índices de ajuste en diversas áreas significativamente más elevados que los niños que estaban a cargo de un solo progenitor».
¿Qué requisitos deben darse para que la custodia compartida tenga éxito?
Hay 2 condiciones:
a.- la primera es que los 2 padres dispongan de una propuesta de convivencia, recursos materiales y competencias personales adecuados para la atención del hijo, y
b.- la segunda es que entre ambos haya al menos una relación que permita que la transición entre el hogar de una y otra parte se lleve con naturalidad.
En contra de lo que se cree, no es necesario que los padres se lleven 'de fábula': basta con que el trato sea cordial, que cada padre respete al otro, y que haya una comunicación fluida que consiga que el menor comprenda, mediante sus vivencias en esa rutina, que su casa se extiende a los 2 hogares.
Lograr esa convicción sentida de que «tengo 2 casas» y «en ambas soy feliz» es el resultado ideal, una imagen que se opone a la vivencia en la custodia tradicional por un progenitor (normalmente la madre) de que «mi casa es la de mi madre».
Curiosamente, la custodia compartida ayuda también a que los padres se lleven mejor, porque el trato necesario favorece el sentido común, y ambos comprenden que ayudándose en su relación el último beneficiado es el propio niño.
El principal peligro de la custodia compartida está en solicitarla y luego desdecirse del compromiso, arredrarse ante la fatiga de la crianza y pasar el esfuerzo a abuelos o canguros. Pedir la custodia compartida como una manera subrepticia de castigar al otro es algo que hay que evitar a toda cosa, lo que generalmente puede lograrse con una evaluación rigurosa de los solicitantes y de sus planes de convivencia con el hijo.
Las madres no deben temer 'perder' al hijo en la custodia compartida: ellos no las amarán un ápice menos por disfrutar más tiempo de sus padres.
Expertos discrepan sobre la custodia compartida: Apuestan por un análisis caso a caso
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-expertos-discrepan-imponer-custodia-compartida-modelo-preferente-20110318193140.html
Expertos discrepan sobre imponer la custodia compartida como modelo preferente: Apuestan por un análisis caso a caso.MADRID, 18 Mar. 2011(EUROPA PRESS)
La Oficina del Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, juristas y asociaciones de mujeres, discrepan sobre la procedencia de imponer la custodia compartida como modelo preferente en los casos de divorcio con hijos menores de edad, aunque comparten la idea de que cuando hay niños por medio, cada caso debe ser analizado de forma individual y pormenorizada.
Así lo explican fuentes del Defensor del Pueblo, que, en declaraciones a Europa Press, han señalado que la custodia de hijos menores de edad "debe ir siempre en función del interés" de éstos, aplicando "el sentido común, el análisis caso por caso y con el máximo rigor qué es lo mejor" para el niño o la niña.
Ese "debe ser el norte de las iniciativas y actuaciones", señalan.
Por su parte, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, considera que si bien a priori el modelo de custodia compartida por defecto como el que ha implantado Aragón es "interesante porque pretende minimizar los efectos de la separación en los niños, hay que ser consciente de que una custodia compartida cuando no es de mutuo acuerdo y es impuesto por el juez puede traer problemas".
En declaraciones a Europa Press, Canalda ha indicado que "con independencia del modelo, lo que se debe intentar es que la separación incida lo menos posible en los menores", y tener en cuenta "muchos factores, como las edades de los niños" ya que, según ha dicho, "cada vez hay más divorcios" y cuando son contenciosos "tienen muchísima incidencia en los niños".
En esta línea se ha expresado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, para quien la custodia compartida "en aquellos supuestos en los que pueda ser mucho más beneficiosa para el menor parece razonable", aunque, según ha señalado, "lo que hace falta es que sea una custodia que no desequilibre al menor por las necesidades de cambios permanentes de domicilio".
MÁS MADRES QUE PADRES CON CUSTODIA
En relación con el hecho de que son más las madres que los padres que obtienen la custodia en los procesos de divorcio, el magistrado ha señalado que "los jueces sólo se hacen eco de lo que es una realidad social mayoritariamente extendida".
"No es que sea exclusivamente así, pero fundamentalmente, hoy por hoy son las madres quienes asumen una mayor dedicación al cuidado de los hijos en la mayor parte de las familias y eso luego se refleja en las sentencias", ha añadido.
Sobre este asunto, la abogada y presidenta de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, ha señalado que "mayoritariamente, en los divorcios y separaciones con mutuo acuerdo, siempre se suele fijar la custodia en las madres porque tiene un sustrato sociológico muy real, porque son las mujeres quienes atienden más a los hijos, trabajen o no".
"Esto no quiere decir que no haya familias en las que el padre haya adoptado una postura de coparticipación en la educación y el cuidado de los hijos y que se establezcan también por pacto custodias compartidas", ha señalado, para incidir en que "la base es cuál ha sido la situación anterior, y si el padre ha estado ajeno al cuidado de los hijos o ha participado de él, lo que deviene lógicamente, en custodia compartida".
Cerrillos, no obstante, critica el modelo aragonés, que tilda de "inconstitucional" y que, asegura, "está generando muchos problemas" porque al imponer la custodia compartida como modelo preferente aún sin acuerdo de las partes, "se convierte en un comodín perfecto" para que uno de los progenitores consiga otros fines, "como ofrecer a la mujer la custodia a cambio de pasar menos dinero de pensión alimenticia o vender la vivienda".
CUSTODIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
La letrada de Fundación Mujeres Progresistas, Lola González, añade un supuesto más: en los casos de violencia de género en los que la mujer ha decidido no denunciar y apuesta por el divorcio como salida de su situación, se topa con la necesidad de acudir a mediación para abordar la custodia, y allí, afirma, "no se produce una negociación de igual a igual, sino de maltratador a víctima".
"En el 80 % de los casos de separación, la gente alcanza el mutuo acuerdo y decide que lo mejor es que la madre tenga la custodia. Es un mito que los tribunales de familia actúen discriminando a los padres", ha señalado González, para incidir en que "la mayoría de los que piden la custodia compartida son maltratadores".
Expertos discrepan sobre imponer la custodia compartida como modelo preferente: Apuestan por un análisis caso a caso.MADRID, 18 Mar. 2011(EUROPA PRESS)
La Oficina del Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, juristas y asociaciones de mujeres, discrepan sobre la procedencia de imponer la custodia compartida como modelo preferente en los casos de divorcio con hijos menores de edad, aunque comparten la idea de que cuando hay niños por medio, cada caso debe ser analizado de forma individual y pormenorizada.
Así lo explican fuentes del Defensor del Pueblo, que, en declaraciones a Europa Press, han señalado que la custodia de hijos menores de edad "debe ir siempre en función del interés" de éstos, aplicando "el sentido común, el análisis caso por caso y con el máximo rigor qué es lo mejor" para el niño o la niña.
Ese "debe ser el norte de las iniciativas y actuaciones", señalan.
Por su parte, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, considera que si bien a priori el modelo de custodia compartida por defecto como el que ha implantado Aragón es "interesante porque pretende minimizar los efectos de la separación en los niños, hay que ser consciente de que una custodia compartida cuando no es de mutuo acuerdo y es impuesto por el juez puede traer problemas".
En declaraciones a Europa Press, Canalda ha indicado que "con independencia del modelo, lo que se debe intentar es que la separación incida lo menos posible en los menores", y tener en cuenta "muchos factores, como las edades de los niños" ya que, según ha dicho, "cada vez hay más divorcios" y cuando son contenciosos "tienen muchísima incidencia en los niños".
En esta línea se ha expresado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, para quien la custodia compartida "en aquellos supuestos en los que pueda ser mucho más beneficiosa para el menor parece razonable", aunque, según ha señalado, "lo que hace falta es que sea una custodia que no desequilibre al menor por las necesidades de cambios permanentes de domicilio".
MÁS MADRES QUE PADRES CON CUSTODIA
En relación con el hecho de que son más las madres que los padres que obtienen la custodia en los procesos de divorcio, el magistrado ha señalado que "los jueces sólo se hacen eco de lo que es una realidad social mayoritariamente extendida".
"No es que sea exclusivamente así, pero fundamentalmente, hoy por hoy son las madres quienes asumen una mayor dedicación al cuidado de los hijos en la mayor parte de las familias y eso luego se refleja en las sentencias", ha añadido.
Sobre este asunto, la abogada y presidenta de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, ha señalado que "mayoritariamente, en los divorcios y separaciones con mutuo acuerdo, siempre se suele fijar la custodia en las madres porque tiene un sustrato sociológico muy real, porque son las mujeres quienes atienden más a los hijos, trabajen o no".
"Esto no quiere decir que no haya familias en las que el padre haya adoptado una postura de coparticipación en la educación y el cuidado de los hijos y que se establezcan también por pacto custodias compartidas", ha señalado, para incidir en que "la base es cuál ha sido la situación anterior, y si el padre ha estado ajeno al cuidado de los hijos o ha participado de él, lo que deviene lógicamente, en custodia compartida".
Cerrillos, no obstante, critica el modelo aragonés, que tilda de "inconstitucional" y que, asegura, "está generando muchos problemas" porque al imponer la custodia compartida como modelo preferente aún sin acuerdo de las partes, "se convierte en un comodín perfecto" para que uno de los progenitores consiga otros fines, "como ofrecer a la mujer la custodia a cambio de pasar menos dinero de pensión alimenticia o vender la vivienda".
CUSTODIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
La letrada de Fundación Mujeres Progresistas, Lola González, añade un supuesto más: en los casos de violencia de género en los que la mujer ha decidido no denunciar y apuesta por el divorcio como salida de su situación, se topa con la necesidad de acudir a mediación para abordar la custodia, y allí, afirma, "no se produce una negociación de igual a igual, sino de maltratador a víctima".
"En el 80 % de los casos de separación, la gente alcanza el mutuo acuerdo y decide que lo mejor es que la madre tenga la custodia. Es un mito que los tribunales de familia actúen discriminando a los padres", ha señalado González, para incidir en que "la mayoría de los que piden la custodia compartida son maltratadores".
viernes, 18 de marzo de 2011
Los socialistas son contrarios a establecer la custodia compartida por ley
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/socialistas-gallegos-son-contrarios-establecer-custodia-compartida-ley/idEdicion-2011-03-18/idNoticia-650048/
Los socialistas gallegos son contrarios a establecer la custodia compartida por ley.
Apuestan por la separación de bienes con una compensación.
El BNG ve prematuro posicionarse sin debate en la Cámara.
MÓNICA NOGUEIRA SANTIAGO E. P. Viernes 18.03.201 galicia@elcorreogallego.esExpertos juristas, reunidos en un órgano consultivo dependiente de la Consellería de Presidencia, analizan una posible reforma de la Lei de Dereito Civil Galego, pero el debate no ha llegado al Parlamento autonómico.
Precisamente, el Gupo Socialista recriminó ayer este extremo al Ejecutivo de Núñez Feijóo.
En declaraciones a este periódico, la diputada del PSG, Beatriz Sestayo, denunció que el "Gobierno está actuando a espaldas del Parlamento".
Recordó que en la Cámara existe una ponencia para el desarrollo del Dereito Civil propio y aprovechó para pedir que "se constituya".
"La Xunta se empeña en sustraer al legislador el derecho que le corresponde", subrayó la diputada socialista.
Las reformas que impulsa el Gobierno gallego, entre otras, van encaminadas:
1.- por una parte a sustituir el régimen económico de gananciales por el de separación de bienes, si la pareja no hace capitulaciones;
2.- y por otra a establecer por ley la custodia compartida de los menores al llegar la separación o el divorcio de la pareja.
El PSdeG reconoce que los datos apuntan a que cada vez las parejas jóvenes prefieren la separación de bienes, y por eso les "parecería bien poner este régimen como principal, pero eso sí, con muchas garantías y protección para el cónyuge que no tienen bienes, porque este régimen económico muchas veces perjudica a una parte, en el 90 % de los casos es a las mujeres", explica Sestayo.
De esta forma, para el PSdeG, a la hora de aplicar la separación de bienes "tendríamos que buscar un método de compensación o de protección que supla el desequilibrio patrimonial" que, insistió, "afecta a la mujer".
Con respecto a la posibilidad de que el Dereito Civil de Galicia finalmente establezca la custodia compartida como la opción ordinaria, los socialistas son claros:
"estamos en contra de la custodia compartida de forma automática, no lo vamos a defender, el Derecho Civil debe siempre defender a un menor y el menor necesita estabilidad", sentencia Sestayo.
El PSdeG sostiene que el derecho civil a día de hoy contempla todas las posibilidades, también la custodia compartida.
Actualmente, el fiscal propone (cuando hay acuerdo de la pareja) y el juez decide. "Entendemos que es una buena fórmula, aunque se puede mejorar el procedimiento y su regulación", aclara.
Por su parte, los nacionalistas aprecian que "el debate está abierto, pero a la Cámara no llegó nada".
Su portavoz, Carlos Aymerich, también recuerda que "no se está tratando el tema en la comisión de Dereito Civil. Cuando llegue ya hablaremos", dice.
Pasando de puntillas, Aymerich apunta que desde el BNG "estamos a favor de ir construyendo un derecho de familia gallego" y de caminar hacia unas "relaciones familiares más democráticas, más igualitarias, protegiendo siempre los derechos e intereses de los menores".
No obstante, señala que "si por custodia compartida se entiende que los 2 progenitores son responsables de la crianza y de la educación de los hijos -que esto es la custodia- y esa responsabilidad no tiene que ver con que convivan o no, estamos de acuerdo. Otra cosa es en qué forma se traslada al derecho positivo, donde pueden aparecer las divergencias".
Sobre el régimen económico de los matrimonios, opta por insistir en que "es prematuro para pronunciarse". Lo hará al llegar el debate a la Cámara.
La diputada del PPdeG Paula Prado subraya que su grupo ve estas propuestas "encaminadas hacia la igualdad" y justifica la apertura del debate entre expertos para "establecer modelos a través de los cuales llevarlas a la práctica" en sintonía con la sociedad actual.
Paula Prado, Diputada del PPdeG: "Creo que son dos propuestas muy encaminadas hacia la igualdad "
Beatriz Sestayo. Diputada del PSdeG: "No vamos a apoyar la custodia compartida de forma automática"
Carlos Aymerich, Portavoz del Grupo del BNG : "El tema no está en la comisión de Dereito Civil. Cuando llegue, hablaremos" .
Los socialistas gallegos son contrarios a establecer la custodia compartida por ley.
Apuestan por la separación de bienes con una compensación.
El BNG ve prematuro posicionarse sin debate en la Cámara.
MÓNICA NOGUEIRA SANTIAGO E. P. Viernes 18.03.201 galicia@elcorreogallego.esExpertos juristas, reunidos en un órgano consultivo dependiente de la Consellería de Presidencia, analizan una posible reforma de la Lei de Dereito Civil Galego, pero el debate no ha llegado al Parlamento autonómico.
Precisamente, el Gupo Socialista recriminó ayer este extremo al Ejecutivo de Núñez Feijóo.
En declaraciones a este periódico, la diputada del PSG, Beatriz Sestayo, denunció que el "Gobierno está actuando a espaldas del Parlamento".
Recordó que en la Cámara existe una ponencia para el desarrollo del Dereito Civil propio y aprovechó para pedir que "se constituya".
"La Xunta se empeña en sustraer al legislador el derecho que le corresponde", subrayó la diputada socialista.
Las reformas que impulsa el Gobierno gallego, entre otras, van encaminadas:
1.- por una parte a sustituir el régimen económico de gananciales por el de separación de bienes, si la pareja no hace capitulaciones;
2.- y por otra a establecer por ley la custodia compartida de los menores al llegar la separación o el divorcio de la pareja.
El PSdeG reconoce que los datos apuntan a que cada vez las parejas jóvenes prefieren la separación de bienes, y por eso les "parecería bien poner este régimen como principal, pero eso sí, con muchas garantías y protección para el cónyuge que no tienen bienes, porque este régimen económico muchas veces perjudica a una parte, en el 90 % de los casos es a las mujeres", explica Sestayo.
De esta forma, para el PSdeG, a la hora de aplicar la separación de bienes "tendríamos que buscar un método de compensación o de protección que supla el desequilibrio patrimonial" que, insistió, "afecta a la mujer".
Con respecto a la posibilidad de que el Dereito Civil de Galicia finalmente establezca la custodia compartida como la opción ordinaria, los socialistas son claros:
"estamos en contra de la custodia compartida de forma automática, no lo vamos a defender, el Derecho Civil debe siempre defender a un menor y el menor necesita estabilidad", sentencia Sestayo.
El PSdeG sostiene que el derecho civil a día de hoy contempla todas las posibilidades, también la custodia compartida.
Actualmente, el fiscal propone (cuando hay acuerdo de la pareja) y el juez decide. "Entendemos que es una buena fórmula, aunque se puede mejorar el procedimiento y su regulación", aclara.
Por su parte, los nacionalistas aprecian que "el debate está abierto, pero a la Cámara no llegó nada".
Su portavoz, Carlos Aymerich, también recuerda que "no se está tratando el tema en la comisión de Dereito Civil. Cuando llegue ya hablaremos", dice.
Pasando de puntillas, Aymerich apunta que desde el BNG "estamos a favor de ir construyendo un derecho de familia gallego" y de caminar hacia unas "relaciones familiares más democráticas, más igualitarias, protegiendo siempre los derechos e intereses de los menores".
No obstante, señala que "si por custodia compartida se entiende que los 2 progenitores son responsables de la crianza y de la educación de los hijos -que esto es la custodia- y esa responsabilidad no tiene que ver con que convivan o no, estamos de acuerdo. Otra cosa es en qué forma se traslada al derecho positivo, donde pueden aparecer las divergencias".
Sobre el régimen económico de los matrimonios, opta por insistir en que "es prematuro para pronunciarse". Lo hará al llegar el debate a la Cámara.
La diputada del PPdeG Paula Prado subraya que su grupo ve estas propuestas "encaminadas hacia la igualdad" y justifica la apertura del debate entre expertos para "establecer modelos a través de los cuales llevarlas a la práctica" en sintonía con la sociedad actual.
Paula Prado, Diputada del PPdeG: "Creo que son dos propuestas muy encaminadas hacia la igualdad "
Beatriz Sestayo. Diputada del PSdeG: "No vamos a apoyar la custodia compartida de forma automática"
Carlos Aymerich, Portavoz del Grupo del BNG : "El tema no está en la comisión de Dereito Civil. Cuando llegue, hablaremos" .
jueves, 17 de marzo de 2011
eximir del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los divorcios con separación de bienes
http://www.europapress.es/epsocial/familia-00324/noticia-pp-erc-buscan-eximir-impuesto-transmisiones-patrimoniales-divorcios-separacion-bienes-20110317135657.html
Que no haya discriminación en función del régimen y del territorio
PP y ERC buscan eximir del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los divorcios con separación de bienes
MADRID, 17 Mar.2011 (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular y ERC han registrado en el Congreso de los Diputados sendas iniciativas parlamentarias para incluir en los supuestos de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales la disolución de matrimonios que hubieran adoptado el régimen de separación de bienes, un supuesto excluido por la doctrina fijada por el Tribuna Supremo.
Así, los 'populares' han presentado una proposición de ley para aclarar el alcance e incluir en los supuestos de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales la disolución de matrimonios que hubieran adoptado el régimen de separación de bienes, frente a lo que señala la doctrina fijada por el Tribuna Supremo.
El texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, señala que la exención alcanza:
1.- las aportaciones de los cónyuges a la "sociedad conyugal",
2.- las adjudicaciones que en pago de éstas se verifiquen a su disolución y
3.- las transmisiones de bienes que se efectúe a cada uno en pago de su haber en los bienes gananciales.
Sin embargo, los 'populares' recuerdan que una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de abril interpreta que dicha exención sólo es aplicable a las disoluciones en que haya "efectiva comunidad de bienes", por lo que no es aplicable a los supuestos en que rija un régimen económico matrimonial de separación de bienes.
A juicio del PP, la doctrina del Alto Tribunal da lugar a un "trato fiscal discriminatorio" de los contribuyentes, especialmente en las comunidades autónomas en las que este régimen de separación de bienes constituya la "primera y preferente opción en su derecho foral".
Por este motivo, el PP pide cambiar el artículo 45.1.B.3) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ya que excluir de su alcance a los matrimonios bajo este régimen "podría entrar en contradicción con los artículos 14 y 31.1 de la Constitución".
SOLVENTAR LOS "PROBLEMAS INTERPRETATIVOS"
Así, el PP plantea añadir un nuevo párrafo al artículo para especificar que en los casos de disolución de los matrimonios que hubieran adoptado la separación de bienes, dicha exención alcanzará a las adjudicaciones que se hicieran los cónyuges en pago de las contribuciones atrasadas y gastos comunes, así como a las compensaciones que se acuerden durante el proceso, ya sean en metálico o mediante entrega de otros bienes derivados.
Por su parte, ERC ha presentado una proposición no de ley en la que llama la atención sobre los "problemas interpretativos" de la legislación actual, pues los "regímenes económicos materiales son variadísimos" en función de la comunidad autónomas y su Derecho Civil propio.
HASTA NUEVE REGÍMENES DISTINTOS EN FUNCIÓN DEL TERRITORIO
Así, recuerda que:
1.- en Cataluña existen 5 diferentes --separación de bienes, asociación a compras y mejoras, hermanamiento o pacto de medio por medio, pacto de "convinença o mitja guadanyería" y comunidad de bienes--,
2.- en Aragón, el "consorcio conyugal aragonés",
3.- en Navarra la "sociedad conyugal de conquistas" y
4.- en el País Vasco, la comunidad foral de bienes o la comunicación foral de bienes.
5.- Incluso, menciona el "régimen consuetudinario del Fuero de Baylío" vigente en algunos pueblos de Extremadura.
En este sentido, considera que la sentencia del Tribunal Supremo complica todavía más la situación, por cuanto a partir de ahora deberá analizarse cada uno de los regímenes para determinar si suponen una efectiva comunidad de bienes para que le sea aplicable la exención fiscal.
Por ello, al igual que el PP, aboga por corregir el artículo 45 del Real Decreto Legislativo para darle una "redacción que no preste a confusión" y evite las "discriminaciones" y tanto en función de régimen económico matrimonial como, en el fondo, "en función del territorio de los cónyuges".
Que no haya discriminación en función del régimen y del territorio
PP y ERC buscan eximir del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los divorcios con separación de bienes
MADRID, 17 Mar.2011 (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular y ERC han registrado en el Congreso de los Diputados sendas iniciativas parlamentarias para incluir en los supuestos de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales la disolución de matrimonios que hubieran adoptado el régimen de separación de bienes, un supuesto excluido por la doctrina fijada por el Tribuna Supremo.
Así, los 'populares' han presentado una proposición de ley para aclarar el alcance e incluir en los supuestos de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales la disolución de matrimonios que hubieran adoptado el régimen de separación de bienes, frente a lo que señala la doctrina fijada por el Tribuna Supremo.
El texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, señala que la exención alcanza:
1.- las aportaciones de los cónyuges a la "sociedad conyugal",
2.- las adjudicaciones que en pago de éstas se verifiquen a su disolución y
3.- las transmisiones de bienes que se efectúe a cada uno en pago de su haber en los bienes gananciales.
Sin embargo, los 'populares' recuerdan que una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de abril interpreta que dicha exención sólo es aplicable a las disoluciones en que haya "efectiva comunidad de bienes", por lo que no es aplicable a los supuestos en que rija un régimen económico matrimonial de separación de bienes.
A juicio del PP, la doctrina del Alto Tribunal da lugar a un "trato fiscal discriminatorio" de los contribuyentes, especialmente en las comunidades autónomas en las que este régimen de separación de bienes constituya la "primera y preferente opción en su derecho foral".
Por este motivo, el PP pide cambiar el artículo 45.1.B.3) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ya que excluir de su alcance a los matrimonios bajo este régimen "podría entrar en contradicción con los artículos 14 y 31.1 de la Constitución".
SOLVENTAR LOS "PROBLEMAS INTERPRETATIVOS"
Así, el PP plantea añadir un nuevo párrafo al artículo para especificar que en los casos de disolución de los matrimonios que hubieran adoptado la separación de bienes, dicha exención alcanzará a las adjudicaciones que se hicieran los cónyuges en pago de las contribuciones atrasadas y gastos comunes, así como a las compensaciones que se acuerden durante el proceso, ya sean en metálico o mediante entrega de otros bienes derivados.
Por su parte, ERC ha presentado una proposición no de ley en la que llama la atención sobre los "problemas interpretativos" de la legislación actual, pues los "regímenes económicos materiales son variadísimos" en función de la comunidad autónomas y su Derecho Civil propio.
HASTA NUEVE REGÍMENES DISTINTOS EN FUNCIÓN DEL TERRITORIO
Así, recuerda que:
1.- en Cataluña existen 5 diferentes --separación de bienes, asociación a compras y mejoras, hermanamiento o pacto de medio por medio, pacto de "convinença o mitja guadanyería" y comunidad de bienes--,
2.- en Aragón, el "consorcio conyugal aragonés",
3.- en Navarra la "sociedad conyugal de conquistas" y
4.- en el País Vasco, la comunidad foral de bienes o la comunicación foral de bienes.
5.- Incluso, menciona el "régimen consuetudinario del Fuero de Baylío" vigente en algunos pueblos de Extremadura.
En este sentido, considera que la sentencia del Tribunal Supremo complica todavía más la situación, por cuanto a partir de ahora deberá analizarse cada uno de los regímenes para determinar si suponen una efectiva comunidad de bienes para que le sea aplicable la exención fiscal.
Por ello, al igual que el PP, aboga por corregir el artículo 45 del Real Decreto Legislativo para darle una "redacción que no preste a confusión" y evite las "discriminaciones" y tanto en función de régimen económico matrimonial como, en el fondo, "en función del territorio de los cónyuges".
Maria Antonia Trujillo ha asegurado que el precio de la vivienda debe bajar un 50%
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/2011-03-16/ex-ministra-trujillo-sincera/2011031616233800386.html
La ex ministra Trujillo acusa a Solbes de priorizar los resultados tributarios a la 'burbuja'.
La que fuera la promotora de la Ley de Suelo cree que el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, pudo hacer algo más contra la 'burbuja' inmobiliaria.
nuevatribuna.es. 16 Marzo 2011
La ex ministra de Vivienda Maria Antonia Trujillo ha asegurado que el precio de la vivienda debe bajar un 50% desde sus máximos para que puedan reactivarse las compraventas y absorberse un 'stock' de viviendas que, a su juicio, podría cubrir la demanda de los próximos 10 años.
En una entrevista a Idealista News, la que fuera la promotora de la Ley de Suelo o la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) entre 2004 y 2007 señala que "el precio de la vivienda tiene recorrido a la baja porque si no, no se va a vender nada".
"O se ajusta por las buenas o por las malas", añade.
El Ministerio de Fomento (en el que ahora se encuadra el antiguo Ministerio de Vivienda) calcula que la caída acumulada desde sus máximos, en el primer trimestre de 2008, ha sido del 13,1%, con lo que la rebaja del 50% a la que alude Trujillo supondría un descenso adicional de casi el 37%.
Según la ex ministra esta rebaja es de vital importancia, ya que de no producirse no podrá reabsorberse el 'stock' de vivienda que estrangula la actividad del sector y que, según sus cálculos, podría cubrir la demanda de los próximos 10 años.
Más aún, cree que en España hay suelos recalificados para un horizonte de 20 años.
"Hoy por hoy no habría necesidad de construir nada más", apostilla.
En cuanto a las viviendas sin vender en manos de las entidades financieras, Trujillo no cree que vayan a vender sus inmuebles "si tienen que dotar capital o vender por debajo de la hipoteca".
En conclusión, considera que "para llegar a soluciones todos los agentes inmobiliarios tienen que perder", más aún teniendo en cuenta que si el BCE sube los tipos de interés, como ha sugerido, "habrá más dificultades para acceder a la vivienda".
Por otro lado, Trujillo realiza una defensa de la vivienda en alquiler argumentando que sigue siendo más barato que comprar, a pesar de que los arrendar un piso "es caro".
Explica que una vivienda en propiedad puede llegar a costar el doble de su precio si se suman los intereses de la hipoteca, las escrituras o los gastos de notaría, además de los impuestos o los gastos de comunidad, por lo que decir que las casas cuestan lo que marca el precio de la compraventa "es una ficción".
VIVIENDA POR HIPOTECA Y OTRAS CRÍTICAS AL GOBIERNO
La ex ministra de Vivienda dedica buena parte de sus declaraciones a criticar al Gobierno y especialmente al ex ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
Partiendo de los acontecimiento más recientes, cree, en contra de la opinión del Ejecutivo, que la vivienda debería ser suficiente para saldar el crédito hipotecario.
"Creo que si un banco te da el 100% de la vivienda, tendría que ser suficiente para cancelar la hipoteca. En España hay excesivas garantías para la compra de una vivienda", sostiene.
Además, considera que los acuerdos firmados por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) con promotores y entidades financieras para dar salida al 'stock' de viviendas supone una "deriva".
"La SPA se creó para fomentar el alquiler, no para solucionar el problemas a la banca y a la empresa privada porque es competir con el negocio que hay en la calle", defiende.
ATAQUES A LA POLÍTICA DE SOLBES
Sin embargo, Trujillo carga las tintas especialmente contra Solbes al que acusa de haber mirado más por las cuentas públicas que por solucionar el problema de la burbuja inmobiliaria.
En este sentido, asegura que durante su labor al frente del ministerio de Vivienda trabajó "en la dirección de acabar con la burbuja, lo que no quiere decir que otros trabajaran en esta misma dirección, como el ministro de Economía".
Como ejemplo, Trujillo señala que aquellos años "hubieran sido un buen momento para acabar con la desgravación por compra de vivienda o para equiparar la compra con el alquiler", a lo que añade: "Entiendo que el ministro de Economía tenía que presentar cifras económica y la economía iba como la seda".
Así pues, considera que la eliminación de este beneficio fiscal a las rentas superiores a los 24.000 euros y mantenerlo íntegro para las de menos de 17.000 euros desde enero de este año "no es la medida más adecuada".
"¿Alguien en este país cree que con 17.000 euros al año te puedes comprar una casa?", sentencia.
La ex ministra Trujillo acusa a Solbes de priorizar los resultados tributarios a la 'burbuja'.
La que fuera la promotora de la Ley de Suelo cree que el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, pudo hacer algo más contra la 'burbuja' inmobiliaria.
nuevatribuna.es. 16 Marzo 2011
La ex ministra de Vivienda Maria Antonia Trujillo ha asegurado que el precio de la vivienda debe bajar un 50% desde sus máximos para que puedan reactivarse las compraventas y absorberse un 'stock' de viviendas que, a su juicio, podría cubrir la demanda de los próximos 10 años.
En una entrevista a Idealista News, la que fuera la promotora de la Ley de Suelo o la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) entre 2004 y 2007 señala que "el precio de la vivienda tiene recorrido a la baja porque si no, no se va a vender nada".
"O se ajusta por las buenas o por las malas", añade.
El Ministerio de Fomento (en el que ahora se encuadra el antiguo Ministerio de Vivienda) calcula que la caída acumulada desde sus máximos, en el primer trimestre de 2008, ha sido del 13,1%, con lo que la rebaja del 50% a la que alude Trujillo supondría un descenso adicional de casi el 37%.
Según la ex ministra esta rebaja es de vital importancia, ya que de no producirse no podrá reabsorberse el 'stock' de vivienda que estrangula la actividad del sector y que, según sus cálculos, podría cubrir la demanda de los próximos 10 años.
Más aún, cree que en España hay suelos recalificados para un horizonte de 20 años.
"Hoy por hoy no habría necesidad de construir nada más", apostilla.
En cuanto a las viviendas sin vender en manos de las entidades financieras, Trujillo no cree que vayan a vender sus inmuebles "si tienen que dotar capital o vender por debajo de la hipoteca".
En conclusión, considera que "para llegar a soluciones todos los agentes inmobiliarios tienen que perder", más aún teniendo en cuenta que si el BCE sube los tipos de interés, como ha sugerido, "habrá más dificultades para acceder a la vivienda".
Por otro lado, Trujillo realiza una defensa de la vivienda en alquiler argumentando que sigue siendo más barato que comprar, a pesar de que los arrendar un piso "es caro".
Explica que una vivienda en propiedad puede llegar a costar el doble de su precio si se suman los intereses de la hipoteca, las escrituras o los gastos de notaría, además de los impuestos o los gastos de comunidad, por lo que decir que las casas cuestan lo que marca el precio de la compraventa "es una ficción".
VIVIENDA POR HIPOTECA Y OTRAS CRÍTICAS AL GOBIERNO
La ex ministra de Vivienda dedica buena parte de sus declaraciones a criticar al Gobierno y especialmente al ex ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
Partiendo de los acontecimiento más recientes, cree, en contra de la opinión del Ejecutivo, que la vivienda debería ser suficiente para saldar el crédito hipotecario.
"Creo que si un banco te da el 100% de la vivienda, tendría que ser suficiente para cancelar la hipoteca. En España hay excesivas garantías para la compra de una vivienda", sostiene.
Además, considera que los acuerdos firmados por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) con promotores y entidades financieras para dar salida al 'stock' de viviendas supone una "deriva".
"La SPA se creó para fomentar el alquiler, no para solucionar el problemas a la banca y a la empresa privada porque es competir con el negocio que hay en la calle", defiende.
ATAQUES A LA POLÍTICA DE SOLBES
Sin embargo, Trujillo carga las tintas especialmente contra Solbes al que acusa de haber mirado más por las cuentas públicas que por solucionar el problema de la burbuja inmobiliaria.
En este sentido, asegura que durante su labor al frente del ministerio de Vivienda trabajó "en la dirección de acabar con la burbuja, lo que no quiere decir que otros trabajaran en esta misma dirección, como el ministro de Economía".
Como ejemplo, Trujillo señala que aquellos años "hubieran sido un buen momento para acabar con la desgravación por compra de vivienda o para equiparar la compra con el alquiler", a lo que añade: "Entiendo que el ministro de Economía tenía que presentar cifras económica y la economía iba como la seda".
Así pues, considera que la eliminación de este beneficio fiscal a las rentas superiores a los 24.000 euros y mantenerlo íntegro para las de menos de 17.000 euros desde enero de este año "no es la medida más adecuada".
"¿Alguien en este país cree que con 17.000 euros al año te puedes comprar una casa?", sentencia.
Las casas apenas se abaratan un 1,9%
http://www.cincodias.com/articulo/economia/vivienda-usada-comienza-ser-cara-todo-pais/20110316cdscdieco_8/
La vivienda usada comienza a ser más cara en casi todo el país: Las casas apenas se abaratan un 1,9%.
Los precios inmobiliarios cerraron en 2010 su 3º año en negativo, aunque en esta ocasión con matices.
Las cifras publicadas ayer por el INE demuestran cómo la vivienda usada, cuya oferta es más escasa en muchas zonas, comienza a encarecerse en casi todo el país.
R. Díaz Guijarro - Madrid - 16/03/2011
El índice de precios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en el cuarto trimestre las casas se abarataron de promedio un 1,9% anual, lo que parece confirmar que el ajuste continúa amortiguándose.
Tanto es así, que en términos trimestrales cada vez son más las regiones que protagonizan incrementos en los precios de sus pisos.
En tasa anual, Madrid y Extremadura finalizaron 2010 con idéntico encarecimiento medio, del 1,7%.
Cambio de tendencia
Vistos estos números, ¿se puede hablar de cambio de tendencia?
Probablemente no, pero sí es bastante significativo lo que está pasando.
Las cifras correspondientes al mercado de la vivienda de segunda mano revelan que todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña, Baleares, País Vasco y Melilla, registraron en el último trimestre de 2010 alzas de precios trimestrales.
Los expertos recuerdan que este fenómeno es perfectamente lógico con la atonía de la demanda y la situación de crisis del sector del ladrillo.
"Las viviendas usadas suelen estar ubicadas en las zonas más consolidadas de las ciudades, con mejores transportes y equipamientos y, por tanto, son las más codiciadas por los compradores. Por eso, es lógico que sea el mercado de segunda mano donde se inicien los primeros repuntes de precios", aseguran en una agencia inmobiliaria.
Por contra, los pisos de nueva construcción, cuya oferta es mayor y además se localizan en las áreas interurbanas, tardarán más tiempo en volver a registrar encarecimientos.
Además, la inmensa mayoría de los estudios apuestan por que este año los precios de las casas continuarán descendiendo en términos generales, ante la presión que ejercen sobre el sistema financiero los nuevos requisitos de capitalización impuestos por el Banco de España.
Las mayores caídas anuales de precios se anotaron en Cantabria (-7,2%), seguida de La Rioja (-6,2%) y Navarra, con un descenso promedio del 5,9%.
Los menores se localizaron en Castilla-La Mancha (-0,8%), Asturias (-1%) y Melilla (-1,1%). El índice que publica el INE es compatible con las exigencias establecidas por Eurostat y es junto al que elabora la Secretaría de Estado de Vivienda el único dato aceptado por el sector como oficial.
Objetivo: evitar la ejecución hipotecaria.
El 30% de las ejecuciones hipotecarias, procesos que acaban en la pérdida de la vivienda, pueden evitarse a través de una consolidación de deudas en el momento adecuado, antes de que los impagos se generalicen y la morosidad personal bloquee cualquier posible salida.
Así se desprende de un estudio del Observatorio de Financiación Familiar de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, que añade que más del 71% de los hipotecados aceptaría alargar el plazo e importe de su hipoteca a cambio de pagar un 30% menos cada mes.
Concretamente, "esto puede suponer el umbral entre poder pagar y no poder hacerlo, con el riesgo de embargo y ejecución de la hipoteca, y con la consiguiente pérdida de la casa", destaca la Agencia Negociadora.
Por otra parte, 3 grupos o subgrupos del Parlamento catalán (ICV-EUiA, ERC y Ciutadans) han presentado hasta ahora sendas proposiciones de ley en las que se insta al Congreso de los Diputados a permitir que ante la imposibilidad de seguir pagando el crédito, la devolución de una vivienda hipotecada cancele la deuda.
La Mesa del Parlamento acordó ayer que las 3 propuestas sean debatidas conjuntamente la semana próxima porque sus contenidos son coincidentes.
En todas estas propuestas se solicita acabar con una situación que consideran injusta, haciendo las reformas legales que hagan falta, a fin de que las entidades financieras no puedan continuar cobrando un crédito hipotecario a una persona que ya ha perdido su piso.
miércoles, 16 de marzo de 2011
Islas Baleares: Se aprovará la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
http://www.que.es/islas-baleares/201103151946-pleno-parlament-votara-proximo-martes-epi.html
El Pleno del Parlament votará el próximo martes la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Los 'populares' podrían abstenerse en función de las enmiendas suyas que se acepten durante la sesión plenaria.
PALMA DE MALLORCA, 15 Marzo 2011 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlament votará el próximo martes la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, después de que esta tarde haya finalizado el trámite de esta normativa tras dictaminarse en la Comisión de Asuntos Sociales, si bien el PP ha mantenido vivas para su debate en la sesión plenaria 62 enmiendas, mientras que el Grupo Mixto (UM) mantiene un total de 10.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Ponencia para la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y diputada del PP, Isabel Llinàs, ya ha anunciado que su grupo no votará a favor de la citada normativa, aunque no se descarta que su grupo se pueda abstener en la votación de esta Ley, aprobada por el Govern el pasado 11 de junio y que, entre otros aspectos, contempla que el impago de las pensiones se considerará un caso de violencia económica contra las mujeres equiparable a la violencia física o psicológica.
Para evitar que su grupo vote en contra de la Ley, ha precisado que se tendrían que aceptar, al menos, aquellas enmiendas que solicitan que no se creen 5 organismos diferentes para poder restar competencias al Institut Balear de la Dona que es, a su juicio, el organismo que debe "planificar todas las políticas de igualdad en Baleares".
"Pretenden desmembrar el Institut de la Dona y no lo podemos aceptar", ha recalcado.
Por otro lado, ha explicado que otra de las enmiendas del PP que también se deben aprobar para que su grupo no vote en contra de la Ley es la que reclama la supresión del artículo, que establece que ningún colegio o centro escolar con educación diferenciada entre sexos podrá recibir fondos públicos.
"No estamos de acuerdo con esto, porque pensamos que los padres deben poder elegir en igualdad de condiciones la enseñanza que quieren para sus hijos, de forma que si la Constitución nos dice que la gratuidad de la enseñanza básica es un derecho, también los citados centros escolares deben tener la posibilidad de acceder a la financiación pública", ha indicado Llinàs.
De esta manera, los 'populares' pretenden que puedan acceder a fondos públicos los 3 colegios ubicados en el Parc Bit de Palma, promovidos por la Fundación Educación y Familia de las Islas Baleares, próxima al Opus Dei, denominados Aladern, Aixa y Llaüt, y en los que se imparte las clases divididas por sexos.
Además, Llinàs ha recordado que también hay colegios de órdenes religiosas que tampoco pueden acceder a fondos públicos, debido a que las clases también están separadas por sexos.
UM DEFIENDE LA CUSTODIA COMPARTIDA
Por su parte, el Grupo Mixto, concretamente, los diputados de la antigua UM, mantienen 10 enmiendas vivas, mediante las cuales defienden la custodia compartida de los hijos como un principio general cuando se produzca la separación o el divorcio de una pareja.
No obstante, admite que, al final, será el juez quien, a la vista de las circunstancias, decida si puede haber o no una custodia compartida de los hijos.
En declaraciones a Europa Press, el diputado del Grupo Mixto Josep Melià ha manifestado que, en función de si aceptan o no sus enmiendas, decidirá la postura de su voto a la Ley de Igualdad en el Pleno del próximo martes.
Finalmente, durante la tramitación parlamentaria de esta normativa, se admitieron dos enmiendas presentadas por el Bloc y que hacen referencia a poner fin a la explotación sexual.
VIOLENCIA ECONÓMICA
El Proyecto de Ley de Igualdad, aprobado por el Ejecutivo y que tiene 7 títulos y 93 artículos, define el concepto de violencia económica como "la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos; o la discriminación a disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja".
Así, la normativa permitirá a las víctimas de esta violencia económica acceder a las mismas prestaciones y ayudas que las disponibles para las mujeres que sufren agresiones físicas o psicológicas, cosa que actualmente no pueden hacer.
Además, prevé que un informe social que acredite que una mujer ha sido víctima de cualquier tipo de violencia machista será suficiente para que pueda percibir dichas ayudas, mientras que hasta ahora se debía presentar una denuncia y esperar una sentencia.
Otra novedad del Proyecto es que obliga a las administraciones públicas -Govern, Consells Insulars y ayuntamientos- a tener en sus órganos colegiados y de selección de personal una representación equilibrada de hombres y mujeres.
El Govern entiende por representación equilibrada que cada sexo no supere el 60 % ni sea inferior al 40 %.
Asimismo, el texto marca que las administraciones públicas han de abstenerse de formalizar contratos con empresas que estén sancionadas administrativamente o condenadas por promover o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias para las mujeres.
Esta abstención se mantendrá mientras dure el periodo de sanción o condena.
Otra de las disposiciones relativas a las mujeres maltratadas es la que les otorga más puntos, una vez haya sentencia judicial, a la hora de optar a un piso del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).
Asimismo, el texto consolida el Consejo de Participación de las Mujeres y se reafirma la necesidad de mantener la existencia de un órgano autonómico, el Instituto Balear de la Mujer, como impulsor de las políticas de igualdad en la comunidad autónoma.
La Ley también garantiza una cobertura mínima de servicios que las administraciones deben mantener: una plaza en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista por cada 3.500 mujeres y un centro de información para cada 100.000 mujeres.
Finalmente, prevé la creación de la figura del Defensor de la Igualdad de Mujeres y Hombres, que será adjunta al Síndic de Greuges, que vigilará y recibirá quejas de todos los temas de igualdad referidos al ámbito privado.
El Pleno del Parlament votará el próximo martes la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Los 'populares' podrían abstenerse en función de las enmiendas suyas que se acepten durante la sesión plenaria.
PALMA DE MALLORCA, 15 Marzo 2011 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlament votará el próximo martes la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, después de que esta tarde haya finalizado el trámite de esta normativa tras dictaminarse en la Comisión de Asuntos Sociales, si bien el PP ha mantenido vivas para su debate en la sesión plenaria 62 enmiendas, mientras que el Grupo Mixto (UM) mantiene un total de 10.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Ponencia para la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y diputada del PP, Isabel Llinàs, ya ha anunciado que su grupo no votará a favor de la citada normativa, aunque no se descarta que su grupo se pueda abstener en la votación de esta Ley, aprobada por el Govern el pasado 11 de junio y que, entre otros aspectos, contempla que el impago de las pensiones se considerará un caso de violencia económica contra las mujeres equiparable a la violencia física o psicológica.
Para evitar que su grupo vote en contra de la Ley, ha precisado que se tendrían que aceptar, al menos, aquellas enmiendas que solicitan que no se creen 5 organismos diferentes para poder restar competencias al Institut Balear de la Dona que es, a su juicio, el organismo que debe "planificar todas las políticas de igualdad en Baleares".
"Pretenden desmembrar el Institut de la Dona y no lo podemos aceptar", ha recalcado.
Por otro lado, ha explicado que otra de las enmiendas del PP que también se deben aprobar para que su grupo no vote en contra de la Ley es la que reclama la supresión del artículo, que establece que ningún colegio o centro escolar con educación diferenciada entre sexos podrá recibir fondos públicos.
"No estamos de acuerdo con esto, porque pensamos que los padres deben poder elegir en igualdad de condiciones la enseñanza que quieren para sus hijos, de forma que si la Constitución nos dice que la gratuidad de la enseñanza básica es un derecho, también los citados centros escolares deben tener la posibilidad de acceder a la financiación pública", ha indicado Llinàs.
De esta manera, los 'populares' pretenden que puedan acceder a fondos públicos los 3 colegios ubicados en el Parc Bit de Palma, promovidos por la Fundación Educación y Familia de las Islas Baleares, próxima al Opus Dei, denominados Aladern, Aixa y Llaüt, y en los que se imparte las clases divididas por sexos.
Además, Llinàs ha recordado que también hay colegios de órdenes religiosas que tampoco pueden acceder a fondos públicos, debido a que las clases también están separadas por sexos.
UM DEFIENDE LA CUSTODIA COMPARTIDA
Por su parte, el Grupo Mixto, concretamente, los diputados de la antigua UM, mantienen 10 enmiendas vivas, mediante las cuales defienden la custodia compartida de los hijos como un principio general cuando se produzca la separación o el divorcio de una pareja.
No obstante, admite que, al final, será el juez quien, a la vista de las circunstancias, decida si puede haber o no una custodia compartida de los hijos.
En declaraciones a Europa Press, el diputado del Grupo Mixto Josep Melià ha manifestado que, en función de si aceptan o no sus enmiendas, decidirá la postura de su voto a la Ley de Igualdad en el Pleno del próximo martes.
Finalmente, durante la tramitación parlamentaria de esta normativa, se admitieron dos enmiendas presentadas por el Bloc y que hacen referencia a poner fin a la explotación sexual.
VIOLENCIA ECONÓMICA
El Proyecto de Ley de Igualdad, aprobado por el Ejecutivo y que tiene 7 títulos y 93 artículos, define el concepto de violencia económica como "la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos; o la discriminación a disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja".
Así, la normativa permitirá a las víctimas de esta violencia económica acceder a las mismas prestaciones y ayudas que las disponibles para las mujeres que sufren agresiones físicas o psicológicas, cosa que actualmente no pueden hacer.
Además, prevé que un informe social que acredite que una mujer ha sido víctima de cualquier tipo de violencia machista será suficiente para que pueda percibir dichas ayudas, mientras que hasta ahora se debía presentar una denuncia y esperar una sentencia.
Otra novedad del Proyecto es que obliga a las administraciones públicas -Govern, Consells Insulars y ayuntamientos- a tener en sus órganos colegiados y de selección de personal una representación equilibrada de hombres y mujeres.
El Govern entiende por representación equilibrada que cada sexo no supere el 60 % ni sea inferior al 40 %.
Asimismo, el texto marca que las administraciones públicas han de abstenerse de formalizar contratos con empresas que estén sancionadas administrativamente o condenadas por promover o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias para las mujeres.
Esta abstención se mantendrá mientras dure el periodo de sanción o condena.
Otra de las disposiciones relativas a las mujeres maltratadas es la que les otorga más puntos, una vez haya sentencia judicial, a la hora de optar a un piso del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).
Asimismo, el texto consolida el Consejo de Participación de las Mujeres y se reafirma la necesidad de mantener la existencia de un órgano autonómico, el Instituto Balear de la Mujer, como impulsor de las políticas de igualdad en la comunidad autónoma.
La Ley también garantiza una cobertura mínima de servicios que las administraciones deben mantener: una plaza en un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista por cada 3.500 mujeres y un centro de información para cada 100.000 mujeres.
Finalmente, prevé la creación de la figura del Defensor de la Igualdad de Mujeres y Hombres, que será adjunta al Síndic de Greuges, que vigilará y recibirá quejas de todos los temas de igualdad referidos al ámbito privado.
las trabas de las madres para fijar pernoctas de los hijos con la expareja
Galicia: La realidad de los juzgados revela que la mayoría pediría la custodia compartida
Los juzgados apenas dictan custodias compartidas.
El fiscal delegado de Menores apuesta por ir a la corresponsabilidad de los progenitores en todos los aspectos.
Destaca las trabas de las madres para fijar pernoctas de los hijos con la expareja
A. ARNÁIZ. mailto:galicia@elcorreogallego.es.%2016.03.2011
La posibilidad de establecer custodia compartida para parejas separadas o divorciadas con hijos menores ya existía antes de 2005, pero fue en este año cuando una reforma del Código Civil la visualizó al citarla expresamente. No obstante hasta esa fecha, muy pocas, pero algunas sentencias ya se habían dictado así.
Tras este cambio, esta fórmula que permite a los progenitores que ya no son pareja compartir el día a día de los hijos menores de edad sigue siendo excepcional, frente a la habitual atribución de la custodia a una de las partes, con carácter general a las madres.
Entre las razones del freno a la custodia compartida está el hecho de que:
a.- la ley exige que los 2 progenitores estén de acuerdo o
b.- que haya un informe favorable del Ministerio Fiscal, que con criterio general lo emite cuando no hay oposición por ninguna de las partes.
Así lo reconoce el fiscal delegado de Menores en Galicia, Carlos Mariscal de Gante, que confirma que se opta por "concederla si hay acuerdo".
Cada vez son más las voces que se suman a reclamar que sea la custodia compartida el régimen ordinario que impere llegada la separación de una pareja con hijos menores.
Precisamente, los expertos reunidos en la Comisión para el Desarrollo del Dereito Civil de Galicia –órgano asesor de la Xunta– estudian la cuestión con la intención de proponer la reforma del derecho propio gallego en esta dirección.
Pero ¿el hecho de que se introduzca por ley la preferencia por la custodia compartida va a significar que va a haber más que las actuales que, por cierto son muy escasas?
Para Mariscal de Gante, sí.
Su experiencia en la realidad de los juzgados es que "cada vez la piden más, lo que pasa es que el porcentaje es pequeño", y ello responde "más a la falta de asesoramiento y no tanto a la disposición de los padres", sostiene.
"Ellos saben que la normativa en vigor está como está y lo asumen así. Cuando se cambie el sistema y la norma permita una custodia compartida, creo que la van a pedir una gran mayoría", sentencia el fiscal delegado de Menores.
"Creo que hay que ir hacia la custodia compartida, aunque es un término que está mal empleado, ya que no se comparte, si no que se alterna. Debe ser así porque el padre se tiene que corresponsabilizar en todos los aspectos como titular de la patria potestad", asevera Mariscal de Gante.
A juicio de la catedrática de Derecho Civil de la USC e investigadora principal del grupo De Conflictu Legum, María Paz García Rubio, la custodia compartida se estableció "con tales trabas y dificultades que casi supuso un paso atrás" y tiene sus "dudas" de que establecerlo como régimen ordinario en el Dereito Civil propio de Galicia vaya a generalizarlo.
La cuestión es compleja, en opinión de ambos expertos, porque la custodia compartida rompe el binomio que se venía dando hasta ahora de que los hijos van con la vivienda familiar. Coinciden en que cualquier reforma tendrá que ahondar en un régimen de atribución de la vivienda, y aunque la rotación de los progenitores en la casa sería "lo ideal" para el interés de los menores, recuerda el fiscal, las dificultades de esta fórmula la hacen muy poco probable en la práctica, sostienen ambos.
La venta de la vivienda también es otra opción, pero no siempre válida, ya que puede tratarse de una propiedad de algún pariente o de un tercero convertida en la vivienda familiar.
Pero aún, antes de todo esto, hay un "gran problema por parte de las madres respecto a la custodia compartida, que es la pernocta de los hijos" con la ex pareja.
Según el fiscal de Menores, "a las madres les cuesta mucho trabajo asumir que el hijo o la hija tiene que ir a dormir con el padre, sobre todo si es la primera vez. Las madres siempre quieren retrasar eso, a los 3, 4, 5 o incluso 9 o 10 años", explica.
Las razones son una mezcla entre la desconfianza sobre las habilidades del padre y los reproches, comenta, y añade que "el tema de la pernocta siempre se le atraganta a las madres y en la custodia compartida es un tema que hay que afrontar desde el principio".
Para la catedrática, desde el feminismo de la igualdad, "pensamos que está muy bien criar a los hijos, pero también que la crianza no sea exclusiva y no tengamos nosotras todo el peso, y que por lo tanto se comparta en posiciones igualitarias ya, porque son periodos continuados.
Los juzgados apenas dictan custodias compartidas.
El fiscal delegado de Menores apuesta por ir a la corresponsabilidad de los progenitores en todos los aspectos.
Destaca las trabas de las madres para fijar pernoctas de los hijos con la expareja
A. ARNÁIZ. mailto:galicia@elcorreogallego.es.%2016.03.2011
La posibilidad de establecer custodia compartida para parejas separadas o divorciadas con hijos menores ya existía antes de 2005, pero fue en este año cuando una reforma del Código Civil la visualizó al citarla expresamente. No obstante hasta esa fecha, muy pocas, pero algunas sentencias ya se habían dictado así.
Tras este cambio, esta fórmula que permite a los progenitores que ya no son pareja compartir el día a día de los hijos menores de edad sigue siendo excepcional, frente a la habitual atribución de la custodia a una de las partes, con carácter general a las madres.
Entre las razones del freno a la custodia compartida está el hecho de que:
a.- la ley exige que los 2 progenitores estén de acuerdo o
b.- que haya un informe favorable del Ministerio Fiscal, que con criterio general lo emite cuando no hay oposición por ninguna de las partes.
Así lo reconoce el fiscal delegado de Menores en Galicia, Carlos Mariscal de Gante, que confirma que se opta por "concederla si hay acuerdo".
Cada vez son más las voces que se suman a reclamar que sea la custodia compartida el régimen ordinario que impere llegada la separación de una pareja con hijos menores.
Precisamente, los expertos reunidos en la Comisión para el Desarrollo del Dereito Civil de Galicia –órgano asesor de la Xunta– estudian la cuestión con la intención de proponer la reforma del derecho propio gallego en esta dirección.
Pero ¿el hecho de que se introduzca por ley la preferencia por la custodia compartida va a significar que va a haber más que las actuales que, por cierto son muy escasas?
Para Mariscal de Gante, sí.
Su experiencia en la realidad de los juzgados es que "cada vez la piden más, lo que pasa es que el porcentaje es pequeño", y ello responde "más a la falta de asesoramiento y no tanto a la disposición de los padres", sostiene.
"Ellos saben que la normativa en vigor está como está y lo asumen así. Cuando se cambie el sistema y la norma permita una custodia compartida, creo que la van a pedir una gran mayoría", sentencia el fiscal delegado de Menores.
"Creo que hay que ir hacia la custodia compartida, aunque es un término que está mal empleado, ya que no se comparte, si no que se alterna. Debe ser así porque el padre se tiene que corresponsabilizar en todos los aspectos como titular de la patria potestad", asevera Mariscal de Gante.
A juicio de la catedrática de Derecho Civil de la USC e investigadora principal del grupo De Conflictu Legum, María Paz García Rubio, la custodia compartida se estableció "con tales trabas y dificultades que casi supuso un paso atrás" y tiene sus "dudas" de que establecerlo como régimen ordinario en el Dereito Civil propio de Galicia vaya a generalizarlo.
La cuestión es compleja, en opinión de ambos expertos, porque la custodia compartida rompe el binomio que se venía dando hasta ahora de que los hijos van con la vivienda familiar. Coinciden en que cualquier reforma tendrá que ahondar en un régimen de atribución de la vivienda, y aunque la rotación de los progenitores en la casa sería "lo ideal" para el interés de los menores, recuerda el fiscal, las dificultades de esta fórmula la hacen muy poco probable en la práctica, sostienen ambos.
La venta de la vivienda también es otra opción, pero no siempre válida, ya que puede tratarse de una propiedad de algún pariente o de un tercero convertida en la vivienda familiar.
Pero aún, antes de todo esto, hay un "gran problema por parte de las madres respecto a la custodia compartida, que es la pernocta de los hijos" con la ex pareja.
Según el fiscal de Menores, "a las madres les cuesta mucho trabajo asumir que el hijo o la hija tiene que ir a dormir con el padre, sobre todo si es la primera vez. Las madres siempre quieren retrasar eso, a los 3, 4, 5 o incluso 9 o 10 años", explica.
Las razones son una mezcla entre la desconfianza sobre las habilidades del padre y los reproches, comenta, y añade que "el tema de la pernocta siempre se le atraganta a las madres y en la custodia compartida es un tema que hay que afrontar desde el principio".
Para la catedrática, desde el feminismo de la igualdad, "pensamos que está muy bien criar a los hijos, pero también que la crianza no sea exclusiva y no tengamos nosotras todo el peso, y que por lo tanto se comparta en posiciones igualitarias ya, porque son periodos continuados.
Valencia: Los padres se encadenan por la ley de custodia compartida
http://www.lasprovincias.es/v/20110316/comunitat/padres-encadenan-custodia-compartida-20110316.html
Los padres se encadenan por la ley de custodia compartida.
Miembros de la plataforma se atan a las farolas de Les Corts y la Junta de Portavoces decidirá si hay pleno escoba
16.03.11 - 00:16 - HÉCTOR ESTEBAN. VALENCIA.
Varios miembros de la plataforma Custodia Compartida Ya se encadenaron ayer por la mañana a las farolas que hay en la calle de la entrada principal de Les Corts como protesta porque la futura ley valenciana de relaciones familiares no se aprobará finalmente en esta legislatura. Los miembros de esta asociación de padres y madres separados reclamaron que se apruebe una ley que está incluida en el programa electoral del Partido Popular.
La futura norma de custodia compartida iguala los derechos del padre y la madre en el cuidado de los hijos una vez se rompe el matrimonio.
El proyecto fue aprobado en la comisión de Gobernación y está a la espera de ser presentado en el hemiciclo.
La previsión era que una vez pasen las Fallas se convocara un pleno escoba para tratar estas ley, además de otras como la de Movilidad y la de Bomberos.
En las farolas de la entrada de Les Corts se encadenaron 6 personas que recibieron el apoyo de una veintena de compañeros. Una dotación de agentes de la Policía Nacional identificaron a algunos de los manifestantes y les invitaron a terminar con una propuesta que dieron por finalizada sobre el mediodía.
Los miembros de Custodia Compartida han sido constantes en sus protestas en la puerta del Parlamento regional.
Cada mañana antes de que comenzara el pleno de Les Corts, varios miembros de la plataforma extendían su pancarta para reivindicar la aprobación de la ley.
En la anterior campaña electoral incluso se llegaron a cortar el pelo en un mitin del PSPV.
En el PP existen diferencias, aunque apuntan que lo que persiguen es mejorar la norma en la próxima legislatura.
Compromís y Esquerra Unida sí que están a favor.
La Junta de Portavoces se convocará el día 22 de marzo para analizar la posibilidad de realizar un pleno escoba tras la petición realizada por Mónica Oltra.
No está previsto que haya pleno aunque se podría cambiar de opinión a última hora.
Los padres se encadenan por la ley de custodia compartida.
Miembros de la plataforma se atan a las farolas de Les Corts y la Junta de Portavoces decidirá si hay pleno escoba
16.03.11 - 00:16 - HÉCTOR ESTEBAN. VALENCIA.
Varios miembros de la plataforma Custodia Compartida Ya se encadenaron ayer por la mañana a las farolas que hay en la calle de la entrada principal de Les Corts como protesta porque la futura ley valenciana de relaciones familiares no se aprobará finalmente en esta legislatura. Los miembros de esta asociación de padres y madres separados reclamaron que se apruebe una ley que está incluida en el programa electoral del Partido Popular.
La futura norma de custodia compartida iguala los derechos del padre y la madre en el cuidado de los hijos una vez se rompe el matrimonio.
El proyecto fue aprobado en la comisión de Gobernación y está a la espera de ser presentado en el hemiciclo.
La previsión era que una vez pasen las Fallas se convocara un pleno escoba para tratar estas ley, además de otras como la de Movilidad y la de Bomberos.
En las farolas de la entrada de Les Corts se encadenaron 6 personas que recibieron el apoyo de una veintena de compañeros. Una dotación de agentes de la Policía Nacional identificaron a algunos de los manifestantes y les invitaron a terminar con una propuesta que dieron por finalizada sobre el mediodía.
Los miembros de Custodia Compartida han sido constantes en sus protestas en la puerta del Parlamento regional.
Cada mañana antes de que comenzara el pleno de Les Corts, varios miembros de la plataforma extendían su pancarta para reivindicar la aprobación de la ley.
En la anterior campaña electoral incluso se llegaron a cortar el pelo en un mitin del PSPV.
En el PP existen diferencias, aunque apuntan que lo que persiguen es mejorar la norma en la próxima legislatura.
Compromís y Esquerra Unida sí que están a favor.
La Junta de Portavoces se convocará el día 22 de marzo para analizar la posibilidad de realizar un pleno escoba tras la petición realizada por Mónica Oltra.
No está previsto que haya pleno aunque se podría cambiar de opinión a última hora.
El enigma del PSOE: ¿dimite? ¿No dimite? Dimite....Zapatero
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/psoe-asume-que-zapatero-seguira/940222.shtml
EL ENIGMA SUCESORIO : El PSOE asume que Zapatero no seguirá.
La dirección socialista centra el debate en cuál es la mejor fecha para notificarlo.
La anulación del mitin de Vistalegre alimenta la hipótesis de que el anuncio se hará en el comité del 2 de abril.
Lunes, 14 de marzo del 2011 - 03:00h. ROSA PAZ / Madrid
El PSOE parece enfrentarse desde hace meses a 2 grandes enigmas que preocupan e incluso desorientan a sus dirigentes: si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, repetirá como candidato en el 2012 -y si no lo hace quién le sucederá- y cuándo anunciará su decisión.
En los últimos días, sin embargo, se ha extendido entre los socialistas el convencimiento de que Zapatero se retirará de la carrera electoral y ya solo un puñado de personas sigue alentando la idea de que aún no ha decidido y que, por tanto, puede hacerlo en cualquiera de las dos direcciones.
Menos unanimidad existe sobre la fecha que elegirá para decirlo.
La reciente suspensión del mitin de Vistalegre, que debía celebrarse el 3 de abril, ha alimentado la hipótesis de que el líder podría anunciar su retirada en el comité federal previsto para el día anterior.
Pero desde el entorno de Zapatero se insiste en que lo más acertado sería esperar a que pasen las elecciones autonómicas y municipales porque permitiría designar al sucesor sin precipitación.
EL ENIGMA SUCESORIO : El PSOE asume que Zapatero no seguirá.
La dirección socialista centra el debate en cuál es la mejor fecha para notificarlo.
La anulación del mitin de Vistalegre alimenta la hipótesis de que el anuncio se hará en el comité del 2 de abril.
Lunes, 14 de marzo del 2011 - 03:00h. ROSA PAZ / Madrid
El PSOE parece enfrentarse desde hace meses a 2 grandes enigmas que preocupan e incluso desorientan a sus dirigentes: si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, repetirá como candidato en el 2012 -y si no lo hace quién le sucederá- y cuándo anunciará su decisión.
En los últimos días, sin embargo, se ha extendido entre los socialistas el convencimiento de que Zapatero se retirará de la carrera electoral y ya solo un puñado de personas sigue alentando la idea de que aún no ha decidido y que, por tanto, puede hacerlo en cualquiera de las dos direcciones.
Menos unanimidad existe sobre la fecha que elegirá para decirlo.
La reciente suspensión del mitin de Vistalegre, que debía celebrarse el 3 de abril, ha alimentado la hipótesis de que el líder podría anunciar su retirada en el comité federal previsto para el día anterior.
Pero desde el entorno de Zapatero se insiste en que lo más acertado sería esperar a que pasen las elecciones autonómicas y municipales porque permitiría designar al sucesor sin precipitación.
Valencia: El PP se divide por la Custodia de los hijos
http://www.elpais.com/articulo/espana/Padres/afectados/exigen/tramitar/ley/Custodia/Compartida/elpepusoc/20110312elpepunac_4/Tes
Padres afectados exigen tramitar la ley de Custodia Compartida
El PP dejará caer las leyes de custodia compartida y de movilidad.El PP ha dejado decaer el proyecto de ley al no celebrarse un pleno escoba para los días 23 y 24 de marzo
EFE - Valencia - 12/03/2011
La Federación Valenciana por la Igualdad y la Coparentalidad ha reclamado a la Junta de Portavoces de Les Corts Valencianes que convoque un pleno adicional en la Cámara autonómica para tramitar la ley de Custodia Compartida antes de que termine la presente legislatura.
En un comunicado, la federación ha criticado que el Parlamento valenciano vaya a disolverse por la convocatoria de elecciones autonómicas sin tramitar esta norma, ya que no se va a celebrar ningún pleno más en esta legislatura.
Por ello, han reclamado a la Junta de Portavoces que convoque el pleno en el que se debe aprobar la norma "en cumplimiento de los compromisos adquiridos con las asociaciones de madres y padres separados y con la sociedad valenciana en general".
La federación exige a los grupos parlamentarios que eviten "de una vez por todas el maltrato institucional que sufren los hijos de familias separadas en los discriminatorios procesos de separación".
Considera que, si Les Corts no aprueban la ley en esta legislatura, ello supondrá "una dejación de poderes por parte de Les Corts Valencianes y una traición al colectivo de madres y padres separados, que han depositado toda su confianza en los políticos valencianos".
A su juicio, esta actuación también "dejaría patente la falta de división de poderes en la sociedad valenciana y la falta de autonomía del Parlamento valenciano".
Los padres y madres separados han insistido en que si no se convoca este pleno, "se ahondará en el divorcio ya existente entre la clase política y la sociedad en general".
"Una vez más, estaríamos ante un priorización de los intereses partidistas frente a las necesidades de la sociedad que, como en el caso de la custodia compartida, ha llegado a convertirse en un clamor generalizado", concluyen.
Padres afectados exigen tramitar la ley de Custodia Compartida
El PP dejará caer las leyes de custodia compartida y de movilidad.El PP ha dejado decaer el proyecto de ley al no celebrarse un pleno escoba para los días 23 y 24 de marzo
EFE - Valencia - 12/03/2011
La Federación Valenciana por la Igualdad y la Coparentalidad ha reclamado a la Junta de Portavoces de Les Corts Valencianes que convoque un pleno adicional en la Cámara autonómica para tramitar la ley de Custodia Compartida antes de que termine la presente legislatura.
En un comunicado, la federación ha criticado que el Parlamento valenciano vaya a disolverse por la convocatoria de elecciones autonómicas sin tramitar esta norma, ya que no se va a celebrar ningún pleno más en esta legislatura.
Por ello, han reclamado a la Junta de Portavoces que convoque el pleno en el que se debe aprobar la norma "en cumplimiento de los compromisos adquiridos con las asociaciones de madres y padres separados y con la sociedad valenciana en general".
La federación exige a los grupos parlamentarios que eviten "de una vez por todas el maltrato institucional que sufren los hijos de familias separadas en los discriminatorios procesos de separación".
Considera que, si Les Corts no aprueban la ley en esta legislatura, ello supondrá "una dejación de poderes por parte de Les Corts Valencianes y una traición al colectivo de madres y padres separados, que han depositado toda su confianza en los políticos valencianos".
A su juicio, esta actuación también "dejaría patente la falta de división de poderes en la sociedad valenciana y la falta de autonomía del Parlamento valenciano".
Los padres y madres separados han insistido en que si no se convoca este pleno, "se ahondará en el divorcio ya existente entre la clase política y la sociedad en general".
"Una vez más, estaríamos ante un priorización de los intereses partidistas frente a las necesidades de la sociedad que, como en el caso de la custodia compartida, ha llegado a convertirse en un clamor generalizado", concluyen.
martes, 15 de marzo de 2011
Psicólogos: El Gobierno zanja el litigio de los psicólogos sanitarios
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Gobierno-zanja-litigio-psicologos-sanitarios/20110315cdscdieco_13/
Reconocimeinto de la categoría sanitaria: El Gobierno zanja el litigio de los psicólogos sanitarios.
El PSOE propone una solución transitoria en la Ley de Economía Social.
El profesional con especialidad clínica o máster podrá ejercer en la sanidad privada
Lola Fernández - Madrid - 15/03/2011.CINCO DÍAS
El próximo jueves, 17 de marzo, el PSOE propondrá una enmienda en la Ley de Economía Social que arreglará en parte los problemas que tienen los psicólogos que trabajan en el área de salud pero que no tienen reconocida la categoría de profesión sanitaria.
A pesar de que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos lleva 7 años solicitando la categoría de profesión sanitaria, todavía el Gobierno no ha querido ofrecer una solución definitiva.
Se trata, por tanto, de una solución transitoria que asume varios compromisos.
El primero de ellos hace referencia al plazo de 1 año que se da el Gobierno para remitir a las Cortes un proyecto de reconocimiento de la psicología como profesión sanitaria.
Según Fernando Chacón, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid y vicedecano del Consejo General de los Colegios de Psicólogos, "la regularización de la profesión se incluiría dentro de la nueva Ley de Servicios Profesionales, cuya aprobación se prevé que será antes de finalizar la legislatura".
Mientras este año transcurre, la enmienda de la Ley de Economía Social contempla que los psicólogos que puedan acreditar un máster de 400 horas o hayan cursado la especialidad clínica dentro de la carrera podrán realizar una actividad sanitaria reconocida y podrán ejercer en centros de psicología.
En cualquier caso, la propuesta de los socialistas no contempla el reconocimiento del psicólogo como profesional sanitario cuando éste trabaje para el Sistema Nacional de Salud. "En estos casos, las exigencias seguirán siendo las mismas que regían hasta esta enmienda, y en la que se solicita el PIR", añade Chacón.
El título de psicólogo residente (PIR) se obtiene de una forma muy similar al MIR, tras realizar un examen y solicitar una plaza de psicología en algún hospital público para hacer la residencia.
No muchos psicólogos cuentan con esta especialidad, entre otros motivos, porque el número de plazas es muy limitado, a pesar de que el Consejo General de los Colegios de Psicólogos ha pedido la ampliación de plazas PIR.
Tampoco se ha conseguido en esta ocasión que el Gobierno abordara la creación de un máster especialista para que se reconociera la profesión de psicólogo sanitario.
"A pesar de las reservas que podamos tener sobre algún aspecto de su redacción, reconocemos que dicha enmienda tiene varios elementos positivos. Con ella se da una solución, aun siendo provisional, para que se reconozca legalmente a los psicólogos que pueden realizar actividades sanitarias, así como para que puedan registrar sus consultas privadas como centros sanitarios", han explicado los psicólogos en un comunicado de prensa. No obstante, la solución transitoria ha paralizado las movilizaciones.
El vacío de 200 titulados
Actualmente, existen unos 200 licenciados aproximadamente en Psicología que se encuentran ejerciendo dentro del Sistema Nacional de Salud sin tener plaza de psicólogo residente (PIR), necesaria para trabajar en la sanidad pública.
"Aunque el colectivo es pequeño, es cierto que plantea un problema que se debe resolver para no tener a estas 200 personas en un vacío legal", asegura Fernando Chacón, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid.
Por este motivo, el Consejo General de Colegios de Psicólogos aboga a que estos titulados se regulen a través de la normativa que contempla los Mestos, médicos especialistas.
Algunos partidos políticos, como CiU y PNV, han mostrado su disposición de ayudar al colectivo de psicólogos para que obtengan el reconocimiento profesional sanitario.
Reconocimeinto de la categoría sanitaria: El Gobierno zanja el litigio de los psicólogos sanitarios.
El PSOE propone una solución transitoria en la Ley de Economía Social.
El profesional con especialidad clínica o máster podrá ejercer en la sanidad privada
Lola Fernández - Madrid - 15/03/2011.CINCO DÍAS
El próximo jueves, 17 de marzo, el PSOE propondrá una enmienda en la Ley de Economía Social que arreglará en parte los problemas que tienen los psicólogos que trabajan en el área de salud pero que no tienen reconocida la categoría de profesión sanitaria.
A pesar de que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos lleva 7 años solicitando la categoría de profesión sanitaria, todavía el Gobierno no ha querido ofrecer una solución definitiva.
Se trata, por tanto, de una solución transitoria que asume varios compromisos.
El primero de ellos hace referencia al plazo de 1 año que se da el Gobierno para remitir a las Cortes un proyecto de reconocimiento de la psicología como profesión sanitaria.
Según Fernando Chacón, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid y vicedecano del Consejo General de los Colegios de Psicólogos, "la regularización de la profesión se incluiría dentro de la nueva Ley de Servicios Profesionales, cuya aprobación se prevé que será antes de finalizar la legislatura".
Mientras este año transcurre, la enmienda de la Ley de Economía Social contempla que los psicólogos que puedan acreditar un máster de 400 horas o hayan cursado la especialidad clínica dentro de la carrera podrán realizar una actividad sanitaria reconocida y podrán ejercer en centros de psicología.
En cualquier caso, la propuesta de los socialistas no contempla el reconocimiento del psicólogo como profesional sanitario cuando éste trabaje para el Sistema Nacional de Salud. "En estos casos, las exigencias seguirán siendo las mismas que regían hasta esta enmienda, y en la que se solicita el PIR", añade Chacón.
El título de psicólogo residente (PIR) se obtiene de una forma muy similar al MIR, tras realizar un examen y solicitar una plaza de psicología en algún hospital público para hacer la residencia.
No muchos psicólogos cuentan con esta especialidad, entre otros motivos, porque el número de plazas es muy limitado, a pesar de que el Consejo General de los Colegios de Psicólogos ha pedido la ampliación de plazas PIR.
Tampoco se ha conseguido en esta ocasión que el Gobierno abordara la creación de un máster especialista para que se reconociera la profesión de psicólogo sanitario.
"A pesar de las reservas que podamos tener sobre algún aspecto de su redacción, reconocemos que dicha enmienda tiene varios elementos positivos. Con ella se da una solución, aun siendo provisional, para que se reconozca legalmente a los psicólogos que pueden realizar actividades sanitarias, así como para que puedan registrar sus consultas privadas como centros sanitarios", han explicado los psicólogos en un comunicado de prensa. No obstante, la solución transitoria ha paralizado las movilizaciones.
El vacío de 200 titulados
Actualmente, existen unos 200 licenciados aproximadamente en Psicología que se encuentran ejerciendo dentro del Sistema Nacional de Salud sin tener plaza de psicólogo residente (PIR), necesaria para trabajar en la sanidad pública.
"Aunque el colectivo es pequeño, es cierto que plantea un problema que se debe resolver para no tener a estas 200 personas en un vacío legal", asegura Fernando Chacón, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid.
Por este motivo, el Consejo General de Colegios de Psicólogos aboga a que estos titulados se regulen a través de la normativa que contempla los Mestos, médicos especialistas.
Algunos partidos políticos, como CiU y PNV, han mostrado su disposición de ayudar al colectivo de psicólogos para que obtengan el reconocimiento profesional sanitario.
La actualización de la pensión alimenticia conforme a los ingresos del padre
http://www.lexfamily.es/revista.php?codigo=909
La actualización de la pensión alimenticia conforme al IPC no puede ser automática, sino en función de los ingresos del padre.
Las pensiones alimenticias de los hijos comienzan a ser víctimas de la crisis económica y algunas Audiencias Provinciales están empezando a fijar índices de actualización distintos al general que hasta ahora se venían estableciendo tanto en los convenios reguladores como en las sentencia.
Un ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sec. 3.ª, de 26 de noviembre de 2010 (Fuente: Base de Datos de Derecho de Familia – Editorial Lex Nova) que fija la siguiente forma de revisión de la cuantía:
“la obligación será revisada anualmente, con efectos del mes de enero de cada año, en proporción a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumo (IPC), siempre que los ingresos del obligado muten en el mismo porcentaje; y si la elevación fuere menor a tal índice, se atenderá al importe del incremento producido en los emolumentos percibidos por éste”.
Para fundamentar esta decisión se indica que “como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1981, debe tenerse especial cuidado al establecer cláusulas de actualización de las prestaciones alimenticias o de las pensiones compensatorias.
Si se acude exclusivamente, como parámetro de actualización, al Índice de Precios al Consumo (IPC), como remedio corrector de la depreciación del signo monetario, se puede vulnerar el criterio de proporcionalidad, que es esencial en la determinación cuantitativa.
No debe olvidarse que este tipo de obligaciones tienen una doble manifestación: activa y pasiva.
Por lo que no sólo puede atenderse a las necesidades de quien la recibe, sino que no puede olvidarse la importancia del caudal del obligado; pues no cabe olvidar las atenciones indispensables a la propia persona del alimentante, sin duda primordiales.
Es por ello que la adecuación exclusiva al Índice de Precios al Consumo, prescindiendo de toda referencia al presupuesto de que los ingresos del obligado hayan recibido un incremento en la misma proporción (lo que en muchos casos no es inhabitual), puede romper esa ecuación de proporcionalidad; hasta el extremo de llegar a un empobrecimiento del obligado al pago, que el mismo desarrollo de la prestación no consiente.
Por lo que la obligación será revisada anualmente, con efectos del mes de enero de cada año, en proporción a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumo, siempre que los ingresos del obligado muten en el mismo porcentaje; y si la elevación fuere menor a tal índice, se atenderá al importe del incremento producido en los emolumentos percibidos por éste”.
La actualización de la pensión alimenticia conforme al IPC no puede ser automática, sino en función de los ingresos del padre.
Las pensiones alimenticias de los hijos comienzan a ser víctimas de la crisis económica y algunas Audiencias Provinciales están empezando a fijar índices de actualización distintos al general que hasta ahora se venían estableciendo tanto en los convenios reguladores como en las sentencia.
Un ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sec. 3.ª, de 26 de noviembre de 2010 (Fuente: Base de Datos de Derecho de Familia – Editorial Lex Nova) que fija la siguiente forma de revisión de la cuantía:
“la obligación será revisada anualmente, con efectos del mes de enero de cada año, en proporción a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumo (IPC), siempre que los ingresos del obligado muten en el mismo porcentaje; y si la elevación fuere menor a tal índice, se atenderá al importe del incremento producido en los emolumentos percibidos por éste”.
Para fundamentar esta decisión se indica que “como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1981, debe tenerse especial cuidado al establecer cláusulas de actualización de las prestaciones alimenticias o de las pensiones compensatorias.
Si se acude exclusivamente, como parámetro de actualización, al Índice de Precios al Consumo (IPC), como remedio corrector de la depreciación del signo monetario, se puede vulnerar el criterio de proporcionalidad, que es esencial en la determinación cuantitativa.
No debe olvidarse que este tipo de obligaciones tienen una doble manifestación: activa y pasiva.
Por lo que no sólo puede atenderse a las necesidades de quien la recibe, sino que no puede olvidarse la importancia del caudal del obligado; pues no cabe olvidar las atenciones indispensables a la propia persona del alimentante, sin duda primordiales.
Es por ello que la adecuación exclusiva al Índice de Precios al Consumo, prescindiendo de toda referencia al presupuesto de que los ingresos del obligado hayan recibido un incremento en la misma proporción (lo que en muchos casos no es inhabitual), puede romper esa ecuación de proporcionalidad; hasta el extremo de llegar a un empobrecimiento del obligado al pago, que el mismo desarrollo de la prestación no consiente.
Por lo que la obligación será revisada anualmente, con efectos del mes de enero de cada año, en proporción a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumo, siempre que los ingresos del obligado muten en el mismo porcentaje; y si la elevación fuere menor a tal índice, se atenderá al importe del incremento producido en los emolumentos percibidos por éste”.
UE: Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
REGLAMENTO SOBRE LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA
El Parlamento Europeo y el Consejo han hecho público el Reglamento 211/2011, dedicado a la Iniciativa Ciudadana Europea, estableciendo los requisitos exigidos a las iniciativas ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del TUE y el artículo 24 del TFUE.
La iniciativa ciudadana es una la iniciativa presentada a la Comisión, de conformidad con el presente Reglamento, por la que se propone a la Comisión presentar, en el ámbito de sus atribuciones, una propuesta adecuada sobre las cuestiones sobre las que los ciudadanos estimen que se requiere un acto legislativo de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados, siempre y cuando haya recibido el apoyo de al menos 1 millón de firmantes con capacidad para ello y procedan de, por lo menos, un cuarto de los Estados miembros (7).
Los firmantes serán los ciudadanos de la Unión que hayan apoyado una iniciativa ciudadana determinada cumplimentando una declaración de apoyo a esa iniciativa; en el caso de España, se necesitarán 37.500 firmas de españoles para que se considere su participación en la iniciativa.
Los datos que ésta deberá recoger son:
1.- El título de la iniciativa ciudadana propuesta, con un máximo de 100 caracteres;
2.- El objeto de la misma, con un máximo de 200 caracteres;
3.- Una descripción de los objetivos de la iniciativa ciudadana propuesta sobre la que la Comisión debe decidir, con un máximo de 500 caracteres;
4.- Las disposiciones de los Tratados consideradas pertinentes por los organizadores de la acción propuesta;
5.- El nombre completo, la dirección postal, la nacionalidad y la fecha de nacimiento de los siete miembros del comité de ciudadanos, indicando específicamente el representante y los sustitutos así como sus direcciones de correo electrónico; y,
6.- todas las fuentes de apoyo y financiación a la iniciativa ciudadana propuesta en el momento del registro.
Los organizadores podrán proporcionar en un anexo datos más concretos sobre el objeto, objetivos y antecedentes de la iniciativa ciudadana propuesta.
También podrán proponer, en su caso, un proyecto de acto jurídico.
REGLAMENTO SOBRE LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA
El Parlamento Europeo y el Consejo han hecho público el Reglamento 211/2011, dedicado a la Iniciativa Ciudadana Europea, estableciendo los requisitos exigidos a las iniciativas ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del TUE y el artículo 24 del TFUE.
La iniciativa ciudadana es una la iniciativa presentada a la Comisión, de conformidad con el presente Reglamento, por la que se propone a la Comisión presentar, en el ámbito de sus atribuciones, una propuesta adecuada sobre las cuestiones sobre las que los ciudadanos estimen que se requiere un acto legislativo de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados, siempre y cuando haya recibido el apoyo de al menos 1 millón de firmantes con capacidad para ello y procedan de, por lo menos, un cuarto de los Estados miembros (7).
Los firmantes serán los ciudadanos de la Unión que hayan apoyado una iniciativa ciudadana determinada cumplimentando una declaración de apoyo a esa iniciativa; en el caso de España, se necesitarán 37.500 firmas de españoles para que se considere su participación en la iniciativa.
Los datos que ésta deberá recoger son:
1.- El título de la iniciativa ciudadana propuesta, con un máximo de 100 caracteres;
2.- El objeto de la misma, con un máximo de 200 caracteres;
3.- Una descripción de los objetivos de la iniciativa ciudadana propuesta sobre la que la Comisión debe decidir, con un máximo de 500 caracteres;
4.- Las disposiciones de los Tratados consideradas pertinentes por los organizadores de la acción propuesta;
5.- El nombre completo, la dirección postal, la nacionalidad y la fecha de nacimiento de los siete miembros del comité de ciudadanos, indicando específicamente el representante y los sustitutos así como sus direcciones de correo electrónico; y,
6.- todas las fuentes de apoyo y financiación a la iniciativa ciudadana propuesta en el momento del registro.
Los organizadores podrán proporcionar en un anexo datos más concretos sobre el objeto, objetivos y antecedentes de la iniciativa ciudadana propuesta.
También podrán proponer, en su caso, un proyecto de acto jurídico.
Valencia: El PP aplaza la ley de la custodia compartida por la división interna
www.lasprovincias.es/v/20110312/politica/aplaza-custodia-compartida-division-20110312.html
El PP aplaza la ley de la custodia compartida por la división interna.
El Consell anuncia una última sesión escoba en Les Corts para aprobar la norma y 2 horas después rectifica para desconvocarla
12.03.11 - H. E./E. P. VALENCIA.
Antes del mediodía de ayer, iba a haber pleno escoba en Les Corts después de la semana de Fallas.
El Parlamento estaba informado; la comisión de Gobernación debatió las enmiendas a ley conocida como de custodia compartida y la consellera portavoz, Paula Sánchez de León, así lo anunció en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de todos los viernes.
Pocas horas después, el Gobierno valenciano desactivó esa convocatoria.
¿Qué pasó en esas 2 horas? La clave está en la ley de la custodia compartida.
El sector más conservador del PP valenciano está en contra de la ley y presionó hasta conseguirlo con el fin de que no se convocara sesión plenaria.
El ala más liberal, liderada en este caso por el conseller Serafín Castellano, perdió este primer pulso que se retomará después de las elecciones del 22 de mayo.
De hecho, la norma es un compromiso electoral del PP que, en esta legislatura, no se cumplirá.
Los populares que quieren que se apruebe la nueva ley cuentan con el apoyo de Esquerra Unida y de Compromís.
Los socialistas valencianos, como ya hicieron con la norma sobre la separación de bienes, ya anunciaron que no apoyarían el texto de la custodia compartida.
Regular relación con los hijos.
La comisión de Gobernación debatió ayer las enmiendas parciales a la ley de Custodia Compartida.
Era el paso previo para llevar el proyecto del ley al pleno de Les Corts para que los matrimonios que se separaran y divorciaran en la Comunitat se regularán esta fórmula.
En la reunión los grupos llegaron a acuerdos como que esta norma regule las relaciones de los menores de parejas separadas no solo con sus padres, sino también con sus hermanos y abuelos, así como con otros parientes y personas allegadas.
Asimismo, en la norma figurarán algunos relativos a la atribución del uso de la vivienda y el ajuar familiar.
En concreto, incorporará que «en el caso de atribuirse la vivienda familiar a uno de los progenitores, si ésta es privativa del otro progenitor o común de ambos, se fijará una compensación por la pérdida del uso y disposición de la misma a favor del progenitor titular o cotitular no adjudicatario». ¿Por que no se produce la Liquidación de los Bienes Gananciales?
En la ley de custodia compartida se mantiene que la atribución de la vivienda tendrá carácter temporal y que será la autoridad judicial quien fijará el periodo de máximo de dicho uso, pero se añade: «sin perjuicio de que tal uso pueda cesar o modificarse, en virtud de decisión judicial, cuando concurran circunstancias que lo hagan innecesario o abusivo y perjudicial para el progenitor titular no adjudicatario».
También se aprobó incorporar a la ley un párrafo en que se hace referencia a los gastos necesarios de educación y sanidad no cubiertos por el sistema educativo ni por la Seguridad Social, donde se indique que «tendrán que ser sufragados obligatoriamente por ambos progenitores en la proporción que establezca la autoridad judicial».
Del mismo modo, los diputados cambiaron las referencias al «juez» por «autoridad judicial», además de añadir un nuevo artículo detrás del 2 -que, por lo tanto, modifica la numeración correlativa de los restantes preceptos- de definiciones de términos como régimen de convivencia compartida , régimen de convivencia individual, régimen de relaciones y pacto de convivencia familiar, entre otros.
La ley de la custodia compartida, que por el PP ha defendido Asunción Quinzá, sigue el mismo patrón que la que tiene que regular las herencias.
El sector cristiano de los populares tampoco está de acuerdo con un texto que se encuentra en barbecho desde hace meses.
El PP aplaza la ley de la custodia compartida por la división interna.
El Consell anuncia una última sesión escoba en Les Corts para aprobar la norma y 2 horas después rectifica para desconvocarla
12.03.11 - H. E./E. P. VALENCIA.
Antes del mediodía de ayer, iba a haber pleno escoba en Les Corts después de la semana de Fallas.
El Parlamento estaba informado; la comisión de Gobernación debatió las enmiendas a ley conocida como de custodia compartida y la consellera portavoz, Paula Sánchez de León, así lo anunció en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de todos los viernes.
Pocas horas después, el Gobierno valenciano desactivó esa convocatoria.
¿Qué pasó en esas 2 horas? La clave está en la ley de la custodia compartida.
El sector más conservador del PP valenciano está en contra de la ley y presionó hasta conseguirlo con el fin de que no se convocara sesión plenaria.
El ala más liberal, liderada en este caso por el conseller Serafín Castellano, perdió este primer pulso que se retomará después de las elecciones del 22 de mayo.
De hecho, la norma es un compromiso electoral del PP que, en esta legislatura, no se cumplirá.
Los populares que quieren que se apruebe la nueva ley cuentan con el apoyo de Esquerra Unida y de Compromís.
Los socialistas valencianos, como ya hicieron con la norma sobre la separación de bienes, ya anunciaron que no apoyarían el texto de la custodia compartida.
Regular relación con los hijos.
La comisión de Gobernación debatió ayer las enmiendas parciales a la ley de Custodia Compartida.
Era el paso previo para llevar el proyecto del ley al pleno de Les Corts para que los matrimonios que se separaran y divorciaran en la Comunitat se regularán esta fórmula.
En la reunión los grupos llegaron a acuerdos como que esta norma regule las relaciones de los menores de parejas separadas no solo con sus padres, sino también con sus hermanos y abuelos, así como con otros parientes y personas allegadas.
Asimismo, en la norma figurarán algunos relativos a la atribución del uso de la vivienda y el ajuar familiar.
En concreto, incorporará que «en el caso de atribuirse la vivienda familiar a uno de los progenitores, si ésta es privativa del otro progenitor o común de ambos, se fijará una compensación por la pérdida del uso y disposición de la misma a favor del progenitor titular o cotitular no adjudicatario». ¿Por que no se produce la Liquidación de los Bienes Gananciales?
En la ley de custodia compartida se mantiene que la atribución de la vivienda tendrá carácter temporal y que será la autoridad judicial quien fijará el periodo de máximo de dicho uso, pero se añade: «sin perjuicio de que tal uso pueda cesar o modificarse, en virtud de decisión judicial, cuando concurran circunstancias que lo hagan innecesario o abusivo y perjudicial para el progenitor titular no adjudicatario».
También se aprobó incorporar a la ley un párrafo en que se hace referencia a los gastos necesarios de educación y sanidad no cubiertos por el sistema educativo ni por la Seguridad Social, donde se indique que «tendrán que ser sufragados obligatoriamente por ambos progenitores en la proporción que establezca la autoridad judicial».
Del mismo modo, los diputados cambiaron las referencias al «juez» por «autoridad judicial», además de añadir un nuevo artículo detrás del 2 -que, por lo tanto, modifica la numeración correlativa de los restantes preceptos- de definiciones de términos como régimen de convivencia compartida , régimen de convivencia individual, régimen de relaciones y pacto de convivencia familiar, entre otros.
La ley de la custodia compartida, que por el PP ha defendido Asunción Quinzá, sigue el mismo patrón que la que tiene que regular las herencias.
El sector cristiano de los populares tampoco está de acuerdo con un texto que se encuentra en barbecho desde hace meses.
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