Diferencias legales entre matrimonio y pareja de hecho

Arantza Casaubón, Abogada, 18/07/2017.
Hace años cuando se formaba una familia no se entendía de otra forma que no fuese mediante el vínculo matrimonial, si bien desde hace un tiempo hasta la actualidad la convivencia no matrimonial es una realidad cada vez más extendida entre los nuevos modelos de familia, y cada opción presenta una situación jurídica distinta.
Las diferencias más significativas que encontramos entre ambas, se centran en temas fiscales, hereditarios y de liquidación del patrimonio común.
Además, es indispensable tener presente el tipo de regulación existente en el lugar de residencia de la pareja, ya que, a diferencia del matrimonio, cada comunidad autónoma tiene su propia legislación y no todas regulan los mismos derechos.
De forma resumida las similitudes y diferencias entre ambas modalidades son:
Hijos en común y adopciones
En cuanto a derechos y obligaciones, la ley no distingue entre matrimonio y pareja de hecho. El interés superior del menor provoca que estos queden protegidos en todas las regulaciones tanto a nivel estatal como autonómico y los derechos del menor siempre quedarán reconocidos sea cual sea la situación legal como pareja de sus progenitores.
Por tanto al no distinguirse derechos y obligaciones entre matrimonio y pareja de hecho, los hijos quedan protegidos tanto cuando se produce una ruptura de la pareja/matrimonio referente a la (guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas) como en lo que hace referencia a derechos sucesorios.
Fiscalidad
A diferencia del matrimonio, los miembros de una pareja de hecho no pueden tributar conjuntamente a efectos de IRPF.
Cuestiones hereditarias
En el supuesto que el cónyuge/pareja fallecido no hubiera otorgado testamento habrá que atenerse a lo dispuesto en la legislación de cada Comunidad Autónoma; en el caso de Aragón, Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra y Baleares equiparan derechos sucesorios (pareja-cónyuge).
Respecto de la pensión de viudedad y para poder acceder a la misma, en el caso de las parejas de hecho, será necesario acreditar una convivencia previa a la defunción de 5 años.
Ruptura y liquidación del patrimonio común
A diferencia del régimen económico matrimonial, en las parejas de hecho esta cuestión está expresamente regulada en las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña, Cantabria, Navarra y País Vasco. Si este punto no queda aclarado en la legislación autonómica, será el juzgado el que determine si procede o no el derecho a pensión, y se ha de tener en cuenta que en el momento de la inscripción como pareja de hecho se puede pactar una compensación para el caso de ruptura.
Si se produjese desequilibro económico, la parte más desfavorecida, en el caso de parejas de hecho, no podría solicitar una prestación compensatoria (como en el matrimonio) pero sí una prestación alimentaria.

Las lesbianas se "dan caña" de verdad

2 lesbianas detenidas por violencia de género.
Colectivos LGTB apuestan por ampliar el radio de la ley para proteger a víctimas homosexuales
Javier Pajarón, 20/07/2017
Agentes de la Policía Local de Almería han arrestado a 2 mujeres acusadas de delitos de violencia doméstica y atentado a la autoridad. Las arrestadas son pareja y mantenían una fuerte discusión la mañana del sábado en plena calle.
El suceso se produjo a las 10.45 horas en la barriada capitalina de El Zapillo, según fuentes policiales consultadas por LA VOZ.
El centro de coordinación del 092 recibió la llamada de un vecino alarmado por la riña entre las jóvenes, ambas de unos 30 años de edad.
La Policía Local de Almería desplazó una patrulla hasta la zona indicada y localizó a las 2 mujeres golpeándose mutuamente. Se amenazaban de muerte a gritos entre patadas y puñetazos, visiblemente alteradas.
Las jóvenes continuaron la disputa a pesar de la llegada de la Policía Local e, incluso, los puñetazos alcanzaron a los agentes sin provocar lesiones. Finalmente fueron apartadas e identificadas.
Los agentes arrestaron a S. T. y G. R. acusadas de un delito de malos tratos en el ámbito doméstico, dado que ambas manifestaron espontáneamente durante la intervención que mantenían una relación desde hacía más de una década y convivían en la misma vivienda.
La patrulla trasladó a las detenidas hasta la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería, que se encargó del resto de las diligencias y de la entrega a la autoridad judicial.
Activistas
Colectivos LGTB han demandado la ampliación del radio de acción de la Ley de Violencia de Género a parejas de homosexuales y lesbianas para garantizar las mayores medidas de protección a las posibles víctimas.
De este modo, las personas maltratadas podrían beneficiarse del sistema de seguridad y los protocolos de asistencia, sea cual sea su orientación sexual o su género.
El Observatorio Español contra la LGBTfobia ha pedido también acabar con el tabú de la violencia intragénero y adaptar la normativa actual a la realidad de todas las parejas.

España: Padre por "Obligación" legal

El T. Supremo declara la paternidad de un hombre que se negó a someterse a una prueba biológica.
acta sanitaria.com/MADRID, 20 JUL, 2017
El Tribunal Supremo, concretamente su Sala Civil, ha declarado la paternidad de un hombre “que se negó de forma injustificada a someterse a una prueba biológica”, ya que asegura que de este modo “no puede prevalecer la actuación de quien obstaculiza, sin razón justificada, la averiguación de la verdad”.
Según pone de manifiesto esta instancia judicial de ámbito nacional, la referida situación se produjo por parte del hombre en cuestión “teniendo a su alcance la posibilidad de facilitar la solución del problema”. 

Así, la sentencia recoge, además, que “no es necesario que se pruebe la existencia de una relación sentimental entre las partes”.
“Basta una simple relación de conocimiento de la que se pueda concluir la posibilidad de la procreación, como sucede en este caso: las partes se conocían porque iban al mismo gimnasio y un empleado del mismo se refirió a comentarios de que ‘estaban liados‘”, continúa el fallo del Tribunal Supremo, según relata el Consejo General del Poder Judicial.
“La Sala concluye que estas circunstancias son insuficientes como prueba de paternidad, pero unidas a la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica llevan a estimar la demanda de filiación paterna no matrimonial de hija menor planteada por la madre; demanda que fue rechazada por un juzgado de San Sebastián y por la AP de Guipúzcoa”, concluye la sentencia.

¿Qué pasa con mi mascota si me divorcio?

En CIUDADANÍA, 17/07/2017
Cuando se tiene una mascota, esta suele convertirse en parte de la familia, y hay muchas personas que al divorciarse no quieren separarse de su animal de compañía con el que han compartido tanto cariño.
En los últimos años han aumentado el nº de divorcios en el que el matrimonio tiene una mascota. Las mascotas son una de las mejores compañías que podemos tener las personas, ya sea en pareja, solteros o como compañeros de los hijos.
Las mascotas tienen la consideración legal de objeto o de bien inmueble, de manera que su posesión puede ser reclamada por cualquiera de los miembros de la pareja
Y con el aumento del nº de divorcios, las probabilidades de que en muchos de los hogares de parejas que se divorcian haya una mascota obviamente aumentan.
La mascota se considera un “objeto”
Hay que partir del hecho de que a pesar de que una mascota es un ser vivo e independientemente del cariño que se le tenga, el art. 333 del Código Civil considera a una mascota de la misma manera que considera a cualquier “cosa” u “objeto”.
Lo más lógico sería que la mascota permanezca con el miembro de la pareja con el que haya tenido más contacto
Así, se le da la consideración legal de objeto o de bien inmueble, de manera que su posesión puede ser reclamada por cualquiera de los miembros de la pareja.
Si la mascota ha sido adquirida por uno de los cónyuges antes del establecimiento de la pareja o del matrimonio, no hay ninguna duda, ya que su posesión le corresponde a ese cónyuge y a nadie más.
Lo mismo ocurre si la mascota fue adquirida durante el matrimonio en un régimen de separación de bienes, correspondiendo la posesión al cónyuge que la adquirió demostrándolo con los documentos de adopción o compra del animal de compañía.
De no constar ninguno de estos documentos, la posesión de la mascota se le otorga a quien tenga la cartilla sanitaria del animal a su nombre.
Lo más lógico sería que la mascota permanezca con el miembro de la pareja con el que haya tenido más contacto y, además, que éste disponga de tiempo y espacio para su cuidado.
Llegado el caso, se puede establecer una indemnización en concepto de pérdida sentimental o gastos al otro cónyuge, o incluso pactarse una custodia compartida o régimen de visitas siempre que sea posible.
Esto ya ocurrió en el año 2010, cuando una sentencia en Badajoz otorgó mediante 6 meses alternos la custodia compartida de un perro.
Por último, cuando se da el caso de hijos menores que han compartido convivencia y cariño con la mascota, por el bien del menor no deberán separarse.
Y si se trata de un gato, dado el carácter territorial de los felinos y el estrés que sufren cuando viajan o viven cambios continuos de situación, deberá quedarse en el hogar en el que ha vivido y crecido.

EL PSOE Y EL NEGOCIO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES

EL PSOE INSTA AL GOBIERNO A QUE ESTUDIE QUÉ IMPACTO TIENE EN LOS MENORES LA CUSTODIA COMPARTIDA IMPUESTA.

MADRID, 17/07/2017 

El Grupo Parlamentario Socialista registró este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a elaborar un estudio para conocer el impacto en los menores de la aplicación de la custodia compartida impuesta.La proposición, que será debatida en la Comisión de Justicia, fue presentada ante los periodistas por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Igualdad, Ángeles Álvarez, que remarcó que, a su juicio, “los jueces tienen que intervenir solo en aquellos casos en los que exista conflicto y que hay que dejar a las partes que negocien el modelo de custodia cuando se realizan de mutuo”, que según ella, son “la mayoría”.“Nos parece una iniciativa que va a da al conjunto de los diputados de la cámara informaciones importantes para que no legislemos solamente con las informaciones que nos transmiten distintos lobbies u organizaciones que tienen intereses en la materia”, destacó la diputada, que defendió la importancia de que “legislemos anteponiendo por encima de todo el interés superior del menor y conociendo, por tanto, en detalle cuales son las consecuencias en aquellas comunidades autónomas donde ya se ha legislado en esta materia”.Por último, Álvarez explicó que “es evidente que en los casos de violencia de género no cabe ningún tipo de custodia compartida” y celebró que en el marco de las negociaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género “ha existido unanimidad respecto a la necesidad de legislar para evitar que existan incluso visitas de padres violentos con los menores”.

NOTA: Admite que legisla por la presión de ciertos lobbies (Feministas).

Forma parte de la cuota que el PSOE tiene sobre el colectivo de Lesbianas, pero no las defiende en los procesos de divorcio. Ella sabrá por que, ya son muchos años, viviendo de la política. Se le ha olvidado pedir los datos sobre los efectos negativos de las custodias monoparentales ¿A que se debe este lapsus?. Y lo que la pierde es ver los resultados de las regulaciones por autonomías en esta materia. Puro centralismo político. Y luego viene Pedro Sanchez con el tema de la Plurinacionalidad.....

Custodia compartida: ¿Cuál es el reparto de tiempo idóneo...?

..... para reconocer la “bondad objetiva” de este sistema?
María Márquez, 16 Julio, 2017
Una reciente sentencia del pasado 27 de junio de 2017, dictada por el magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Seijas Quintana, ha sentado bases para clarificar esta cuestión.
El interés de esta sentencia radica en cómo valora la estabilidad de los menores para aplicar o no el régimen de guarda y custodia compartida como sistema normal y no excepcional, analizando lo dispuesto en el apartado 6 del art. 92 del Código Civil.
“En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda”.
En su dimensión constitucional, según establece la sentencia del Tribunal Constitucional 185/2012, de 17 de octubre, corresponde exclusivamente al juez o tribunal verificar si concurren los requisitos legales para aplicar este régimen, tras haber declarado la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “favorable “, relativo al informe del Ministerio Fiscal, contenido en el art. 92.8 del Código Civil, según redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, habiendo variado el Tribunal Supremo su doctrina hasta el punto de establecer que este sistema debe de considerarse normal, deseable, y no excepcional.
Ahora bien, que sea así, ¿implica que la respuesta deba ser necesariamente favorable al régimen de guarda y custodia cuando se solicita?
A esta pregunta respondió la sentencia 162/2016, de 16 de marzo del Tribunal Supremo, que admitió que podía acordarse la guarda y custodia compartida por cambio de circunstancias, incluso habiendo precedido convenio regulador de los progenitores con guarda y custodia exclusiva de los hijos, pero siempre que el interés de estos lo requiriera.
Y ahora, de nuevo, esta sentencia del Tribunal Supremo entra a valorar el interés del menor para resolver si, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial fijada al respecto, procede o no modificar el régimen acordado al de guarda y custodia compartida por cambio de circunstancias.(...)

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Majadahonda estimó parcialmente la pretensión modificativa ejercitada, (...)
Contra dicha sentencia interpusieron recurso de apelación tanto el padre como la madre, resolviendo la Sección 24 de la AP de Madrid ambos recursos en sentencia de 14 de octubre de 2016. En esta sentencia, la Audiencia desestima íntegramente el recurso interpuesto del padre –que, reconocida la custodia compartida de las hijas, solicitaba la reducción de la pensión de alimentos establecida, y la limitación del uso de la vivienda familiar por 2 años-, y estima íntegramente el de la madre, (...)

Contra esta sentencia se interpuso recurso de casación por la representación del padre, admitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo, cuya votación y fallo se señaló para el día 20 de junio de 2017.
La argumentación de la Sala para desestimar el recurso fue el siguiente:
“Lo que hizo la sentencia, bajo la denominación de guarda y custodia compartida, es aceptar el régimen propuesto en la demanda y ampliar el régimen de comunicaciones y estancias del padre con las 2 hijas incluido el convenio regulador, con la pernocta de las hijas los domingos y 2 días intersemanales (lunes y miércoles); cambio que, a decir en la sentencia, “se traduce, a lo sumo, en 2 días de cena y 2 desayunos por cada una de las hijas y semana (más 1 desayuno cada 2 semanas).
Si se atiende a las necesidades intersemanales de los menores, tanto personales como escolares, en función de la edad actual de los mismos, el régimen propuesto por el padre no es el más propio para un régimen de guarda y custodia compartida, por compadecerse más con un régimen monoparental con amplitud de comunicación y visitas para el custodio.

Si se acude al régimen de guarda y custodia compartida ha de ser para que los menores tengan estabilidad alternativa con ambos progenitores, sin verse sujetos a situaciones incomodas en sus actividades escolares, extraescolares o personales, durante la semana.

En atención a lo razonado el motivo no puede prosperar en el buen entendimiento de que no se niega el régimen de custodia compartida por ser per se, desfavorable para el interés de los menores, sino por ser favorable para los mismos el plan propuesto y el modo de articular aquella”.

La sentencia concluye que el cambio propuesto en la demanda por el padre no estaba justificado, y no puede ser valorado como una custodia compartida sino como una ampliación del régimen de visitas a favor del padre, no existiendo por tanto vulneración de la jurisprudencia de esta Sala; la sentencia se limita a aplicarla a la vista del resultado probatorio obrante en autos, por lo que resulta que la cuestión no fue resuelta en función de los elementos fácticos sino a las simples discrepancias sobre la valoración de interés del menor.

Cabe con ello concluir que “la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida” no puede operar automáticamente como sistema normal, sino que ha de valorarse si se debe o no adoptar tal medida, en atención de “las necesidades intersemanales de los menores, tanto personales como escolares, en función de la edad de los mismos.”

Nota: Todavia quedan dudas de que el tribunal Supremo está a favor de la Guarda y Custodia Compartida. Ahora se ampara en las necesidades intersemanales y en la edad de los menores (Bueno, siempre lo han hecho).Olvidándose de las ventajas fiscales y la Corresponsabilidad parental que conlleva.