Más de 30 organizaciones feministas, al borde del desahucio

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Más de 30 organizaciones feministas, al borde del desahucio: «No nos esperábamos esto de Igualdad»
Este domingo expira la cesión de los espacios que utilizan y aún no les han ofrecido una alternativa.

Rodrigo Díez Manceñido, Madrid,  28/01/2023 

Hasta 30 organizaciones de mujeres se ven en la calle debido a que el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, no les ha renovado la cesión de los espacios que ocupan en la capital de España, que finaliza este domingo. Una docena de estas asociaciones ya exigió a principios de esta semana una reunión con el Instituto de las Mujeres para abordar esta posible pérdida de sus locales, ante lo que han sido citadas el lunes 30, cuando ya haya expirado el plazo.
Se trata de 2 espacios, uno situado en la calle Bravo Murillo y el otro en la plaza Juan Zorrilla, ambos en el madrileño distrito de Chamberí. 

Las distintas organizaciones ocupan estos lugares desde el año 2015 –gobernando el Partido Popular– y son «espacio de referencia del movimiento feminista», según sus componentes.

Elena de León, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid (FAMCM), ha querido trasladar a El Debate el enfado y la decepción de todas esas organizaciones. 

«No nos esperábamos esto de un Ministerio de Igualdad. Es un sinsentido que nos echen porque trabajamos para ellos».

De León insta al Instituto de las Mujeres, a su directora –Toni Morillas– y al ministerio que dirige Irene Monero a buscar una alternativa para poder realojarlas. Asimismo, ha destacado que, si finalmente se quedan sin lugar donde reunirse, con ello «se cargan el movimiento feminista de España».
El fin que persiguen las afectadas es, principalmente, que se renueve el acuerdo de cesión por otros 4 años o, en su defecto, que el Instituto de las Mujeres gestione con Patrimonio Nacional la ampliación o traslado a otro lugar. Ponen el acento en que hay ministerios que tienen locales vacíos y que podrían pasar a sus manos si las echan de los de Chamberí.

Estos lugares no sirven solo para que se reúnan ocasionalmente, sino que, tal y como recalca la activista, cuenta con trabajadoras que están dadas de alta en la Seguridad Social y que, ante la posibilidad de perder la sede, su puesto de trabajo peligra. Como lo hacen también las subvenciones, y es que para recibirlas es necesario que figure el lugar en el que se establezcan.

«Se podía haber evitado»
De León ha querido recordar que llevan años ocupando locales y nunca habían tenido un problema como este, incluso cuando no existía un Ministerio de Igualdad. Asimismo, ha criticado la gestión de los responsables de Podemos, y es que «han tenido 4 años para pensarlo, por lo que se podría haber evitado».

Las asociaciones temen ahora que el Instituto de las Mujeres haya decidido sacar a concurso público estos espacios, una propuesta que se les comunicó que sería planteada a la Abogacía del Estado. «Entendemos que sacarlos a concurso público puede poner en peligro la continuidad de nuestras organizaciones porque son espacios de trabajo, no solo de reunión», ha destacado Ángeles Álvarez, portavoz de la 'Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género'.

Hasta ahora, según señalan estas organizaciones, había un acuerdo «en término de respeto hacia la cesión de los locales que permiten a las asociaciones desarrollar las organizaciones de apoyo a las mujeres y sus derechos». Existe, por tanto, nerviosismo entre las feministas ante la posibilidad cada vez más cercana de quedarse sin lugares de trabajo y reunión gracias a la ineficacia del Ministerio y el Instituto de las Mujeres.

El hombre blandengue o por qué nos abochorna Irene Montero

El Ministerio de Igualdad inicia una esperpéntica campaña contra el machismo con la voz en off de El Fary 15 años después de su muerte.
Rebeca Argudo, 24-09-2022 
En la imagen aparece un chaval llorando sentado en unas escaleras y, enseguida y superpuestas, unas letras amarillas en las que se puede leer «El hombre blandengue. Una entrevista a El Fary en 1984». A continuación, un hombre hace la cama, un chico sirve agua, otro sostiene a un bebé en brazos, metiendo compra en un maletero, atendiendo a una mujer mayor, levantándose a atender al bebé…

La voz en off de El Fary, con las palabras que tantas veces hemos escuchado todos, acompaña a las imágenes: «El hombre blandengue. Ese hombre de la bolsa de la compra y el carrito del niño con el coche, y venga, no sé qué, y no sé. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Debe de estar ahí». Termina la cosa con un el mismo chaval del berrinche del principio y otra voz en off, no la de El Fary, diciendo «cada vez somos hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana. Más fuerte». Entonces un chaval negro abraza al que llora y la voz dice «Blancos responsables. Ministerio de Igualdad». Supongo que a estar alturas quedarán pocos por ver el anuncio del Ministerio de Igualdad en el que, 38 años después de que pronunciara esas palabras y 15 después de su fallecimiento, el feminismo hegemónico de Irene Montero, siempre al día, contesta al machismo de El Fary. 

Casi 40 años después, sí.

Nada más terminar de verlo, uno no tiene muy claro si está ante una parodia o eso que acaba de ver tiene alguna finalidad real. No sé cual de las 2 opciones es más insultante. La 1ª, porque estaríamos ante un gasto superfluo en un momento delicado para muchas familias. Invertir dinero de todos en un chiste o una ocurrencia no parece la mejor de las ideas. Y si es en serio, porque un Ministerio, el de Igualdad en concreto, está en manos de alguien que considera importante y necesario solucionar problemas de hace 4 décadas mientras obvia los acuciantes del presente.

Algo así solo puede pensarlo una persona totalmente desvinculada y desinteresada por la realidad social: hoy en día, en España y en 2022, a nadie le impresiona ni sorprende ver a un hombre atendiendo a un bebé, haciendo la compra, cocinando o sirviendo la mesa. 

Ninguna de las situaciones que se remarcan en el anuncio como si nos estuviesen mostrando un nuevo modo de vivir, un necesario cambio de costumbres, es ajena al espectador ni, muchísimo menos, provoca un rechazo en la ciudadanía al contemplarse. 

Eso tan inaudito es el día a día en el que uno no repara.

Casi lo provoca más el empeño del chiquipark ministerial por mostrarlas como extraordinarias e inusuales. Si la intención de la campaña era la de animar a los hombres a librarse de la imposición de estereotipos de género, se han equivocado al escoger los estereotipos: esos ya están superados para la mayor parte de nuestra sociedad. 

El periodista Jose Ignacio Wert, en una columna de opinión al respecto, se preguntaba con tino «pero ¿por quién nos toman?». Apuntaba Wert en la pieza: «Es difícil establecer qué resulta más irritante. Si las administraciones públicas metiéndose hasta en el salón de casa con el dedo índice enhiesto para decirnos cómo debemos ser (“¡Dé usted los buenos días! Campaña para la generalización de las normas de cortesía”) o la imagen grotesca que nuestros gobernantes tienen de la sociedad a la que sirven».

Desequilibrio
David Mejía, articulista y profesor de Filosofía y Humanidades en IE University, añade al respecto: «El concepto de masculinidad tóxica es oportunista. Es cierto que estadísticamente es claro que las tareas de los cuidados recaen más sobre las mujeres. Lo que habría que ver es las razones reales por las que ocurre y ver cómo corregir ese desequilibrio, si desde el poder público o incentivando las costumbres, o mediante qué fórmula efectiva. Pero lo cierto es que hoy en día el hombre que decide volcarse en esto no tiene estigma social. Existen otros, que puede que tengan que ver con un concepto anticuado de la masculinidad. Pero en general, en un entorno social estándar, el hombre que participa en las labores del hogar, que expresa sus emociones o atiende a sus hijos, no sufre estigma ni señalamiento. Está absolutamente normalizado».

Precisamente ese es quizá uno de los aspectos más llamativos de la campaña: el empeño por resaltar como inaudito algo que, el que más y el que menos, ve con normalidad a su alrededor. 

Nos sorprendería más en nuestro día a día un hombre que no se levantase a atender a su bebé que el que lo hace sin aspavientos.

«Evidentemente, hay machismo. Eso es innegable», afirma José A. Peláez, columnista y publicista. «Nosotros vivimos en entornos en los que no lo hay: las mujeres estudian lo que quieren, acceden al mercado laboral, ganan dinero, no hay violencia ni maltrato… Pero existen otros entornos culturales y sociales. No existe solo nuestra realidad. 

Y hay entornos marginales, con adicciones, prostitución, creencias distintas (religiosas, étnicas, culturales…)… 

Y en esos entornos hay violencia y hay discriminación. 

Y roles de género muy rígidos y caducos que no permiten a las mujeres determinadas cosas, desde estudiar a comportarse de ciertas maneras con libertad. El problema existe, está ahí. Pero es cada vez menor y en algunos ámbitos y entornos sanos es absolutamente residual. Y lo que nos están pretendiendo hacer ver es lo contrario, que cada vez es mayor. 

Hoy un tío que no quita la mesa no es un machista, es un jeta y un vago».

«A mí lo que me llama la atención», apunta, «es que hablen del hombre sensible que ejecuta las tareas del hogar y cría a sus hijos en igualdad, cuando son ellos los que no nos dejan hacerlo al negarse a la custodia compartida, si quieren establecer lo que ellos llaman custodia compartida impuesta. Solo quieren que haya custodia compartida si hombre y mujer están de acuerdo. Dicho de otra manera: si la mujer quiere. Están dando a la mujer la llave para que el hombre pueda criar a sus propios hijos en igualdad. ¿Cómo se puede sostener esto y al mismo tiempo la coparentalidad como ideal? ¡Si no les estás dejando! Hay mucho que hacer, eso es cierto, pero por la igualdad. Y el feminismo hace mucho que dejó de significar igualdad. Todos somos feministas en este sentido, por supuesto. Pero ahora el fin de este feminismo hegemónico no es la igualdad: son los intereses de un lobby feminista que maltrata al hombre y le ningunea de manera revanchista».

El final, si esa apostilla del «blancos responsables» significa que solo los hombres blancos (y heterosexuales) deben serlo, que solo los blancos pueden serlo o que son los blancos los únicos que necesitan deconstruirse y ser blandengues porque los negros ya lo han logrado, merecería todo un Contracultura a parte. No lo descartamos.

La nueva ley de Irene Montero o el timo del amante casado

Otros Medios: la razon, E&J,

«Es posible que parte de la Ley de la Salud Sexual de Montero tenga sus cosas buenas, pero el chiringitismo y el adoctrinamiento que van aparejados no van a compensarnos».
Lucía Etxebarria, 04/09/2022 
(......) Repito: en puridad, sus amigos no le habían mentido. Solo habían economizado con la verdad.
Algo parecido nos pasa con las leyes en España. 

Que se economiza con la verdad. 

Que se nos ocultan cosas y por lo tanto no nos cuentan las consecuencias reales de lo que puede suceder si las aprobamos. Como a Marta nadie la informó de las consecuencias reales que podría traer aquel bonito fin de semana.

Y suelen ser «leyes amante casado»: muy buena apariencia en principio, pero que no te traen lo que prometen, y solo te acarrean problemas, ya que cuando te las presentan te han ocultado algunas cosas.
Ya escribí en su día un artículo sobre las consecuencias de la Ley Trans que nos pretenden colar con calzador y de lo que ha sucedido con leyes similares en otros países. Esa ley que viene disfrazada de buenismo, purpurina y buenas intenciones.

En la misma línea «ley amante casado», ¿recuerdan uds cómo nos vendieron del desarrollo del Real Decreto Ley 37/2020, por el cual, desde la pandemia, se impiden los desahucios de personas vulnerables sin solución habitacional? ¿Esa ley que se nos vendió como un logro progresista que iba a ayudar a personas en situación desesperada? 

Pues en realidad lo que ha creado es una prominente expansión de la ocupación y de las mafias. Un problema que afecta a ciudadanos de a pie y que no afecta a personas de posibles, -porque la gente que tiene dinero ya tiene medios para impedir una ocupación, o para librarse rápidamente de ella-, sino a pequeños propietarios, que se encuentran con la pesadilla de quedarse sin casa y para colmo tener que pagar impuestos, agua y luz, o que se encuentran que tienen por vecinos a unos traficantes. 

En Madrid la okupacion afecta a Móstoles, Parla, Alcorcón, Fuenlabrada, Ciempozuelos, o distritos como Puente de Vallecas, Villaverde, Usera o

Carabanchel  Es decir, zonas tradicionalmente desfavorecidas, no precisamente La Moraleja. 

Así que no se ayuda a personas que atraviesan una situación desesperada, sino que se les crea esa situación desesperada a otras.

Cuando escribo estas letras leo que el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

He escuchado y leído las loas y alharacas, alardeos propagandísticos que han hecho sobre esta ley desde el ministerio de igualdad y me gustaría puntualizar algunas cosas.

Esta ley nos vende como grandes avances en los derechos de la mujer propuestas que en realidad ya existían.
Las mujeres con menstruaciones incapacitantes diagnosticadas siempre han tenido derecho a la baja laboral. La seguridad social ya financia la píldora anticonceptiva. La gestación subrogada es ilegal en España. 

En los centros jóvenes de salud ya se suministran preservativos gratuitos. El matrimonio forzado ya es ilegal en España, así como el aborto forzado y la esterilización forzada. En institutos públicos y centros penitenciarios ya se ofrecen tampones o compresas a alumnas o internas que los solicitan

Atención a este detalle: los condones en las cárceles
Art 7 b b) La distribución gratuita de métodos de barrera (…/…) en los lugares donde permanezcan personas privadas de libertad.
Ojo a este dato que es importante: se nos dice que se repartirán anticonceptivos en las prisiones. Esto ya se hace. En los vis a vis ya se suministran preservativos. Y en las cárceles masculinas españolas cada mes los presos reciben entre 2 y 4 condones.¿No nos estarán diciendo que van a repartir preservativos y anticonceptivos en las prisiones porque ya admiten que con su ley trans van a entrar en las prisiones varones sin operar ni hormonar? ¿Y que por lo tanto vamos a adoptar medidas como las de Estados Unidos o Canadá, donde ya se reparten preservativos en las prisiones femeninas porque los varones que allí han entrado mediante el truco de decir que son mujeres han infectado a presas o las han violado? Ojo. Ojo y ojo. 

Yo veo que nadie ha tenido en cuenta este detalle importante.

La ley presenta también novedades que probablemente sean interesantes y loables para el colectivo feminista:

Art. 13 bis: «Las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad de consentimiento de sus progenitores o tutores, derogando así la reforma operada por la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, lo que se completa con la disposición final tercera».Es decir: se puede abortar desde los 16 años y sin necesidad de consentimiento paterno. Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir acerca de su embarazo. 

Sé que muchos padres y madres objetan esta idea porque dicen que «yo no permitiría a mi hija abortar sin mi consentimiento». 

Pero no todos los padres son como ud. 

En España, un 44,7% de los abusos sexuales cometidos hacia menores de edad se producen entre los 13 y los 16 años. Además, el 78,9% de los casos las víctimas son niñas y chicas adolescentes, y el 84% de los abusadores son familiares o conocidos de la familia. Es decir, si una niña ha sido violada por su padrastro, tío, abuelo, y se queda embarazada, no tiene nada fácil que sea precisamente su familia quien la apoye. Con lo cual yo permitiría abortar a cualquier menor de edad sin necesidad de consentimiento paterno. Punto.

Art. 7, anticoncepción de urgencia: «Se considerarán adecuadas las existencias de los métodos anticonceptivos de urgencia que garanticen la normal prestación del servicio en función de la demanda de cada oficina de farmacia».
Es decir: la píldora del día después y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias. En esto no estoy de acuerdo. 

Las farmacias son aquellos establecimientos sanitarios privados en los que se lleva a cabo la dispensa de medicamentos y cuya propiedad y titularidad se atribuye a los profesionales farmacéuticos. Una farmacia no deja de ser un establecimiento privado, a pesar de que cumpla un servicio público, y no se les puede exigir a personas que no son funcionarios del estado a que renuncien a sus creencias religiosas. 

Esto es imposición, censura y totalitarismo. De la misma forma que, si en el año 2016 se fijó una ley que indicaba que los farmacéuticos ya no tenían que priorizar la venta de genéricos y que la decisión final de qué tipo de producto vender a los consumidores que se acerquen a tal farmacia dependerá única y exclusivamente del farmacéutico. 

Por esa misma regla de 3, un farmacéutico o farmacéutica puede negarse, creo yo, a dispensar un producto de cualquier tipo. Sí que estoy de acuerdo en que la píldora del día después se dispense de forma gratuita en los centros de salud, porque aquí sí que hablamos de centros públicos. «La nueva ley garantizará el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública, que será la de referencia. Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio». En principio el aborto es una prestación sanitaria que está incluida en los servicios de sistema público de salud y, yo diría que esto ya estaba garantizado.
«También se reconocen como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes la debida a la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo, y la de gestación de la mujer a partir de la trigésimo novena semana». 

Es decir, se reconoce el derecho a la baja tras someterse a un aborto.
Esto es nuevo, pero en realidad, la recuperación de un legrado o de un aborto farmacológico supone un día en la cama, no más. 

Ya mucha gente se tomaba el día. Tampoco es el avance del siglo, vaya.

«Se elimina el plazo de reflexión de 3 días que opera en la actualidad y la obligatoriedad de recibir información acerca de los recursos y las ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo, debiendo proporcionarse dicha información sólo si la mujer lo requiere». Desaparecen, para todos los casos, las exigencias actuales de información previa y 3 días de reflexión.
Esto me parece una barbaridad. 

La libertad de elección implica el conocimiento de las consecuencias de esa decisión, así que ¿cómo va a decidirse una mujer, en una clínica privada o pública, entre un aborto con o sin anestesia si no le informan previamente? ¿O entre un aborto farmacológico y quirúrgico, si no le explican cómo se practica cada uno y por qué? Además, si se trata de un aborto no quirúrgico, sino farmacológico, las personas asmáticas, las que padezcan una cardiopatía, etc. han de ser informadas del riesgo. Por no hablar de que existe la depresión post aborto, así que una mujer debe estar muy segura de la decisión que va a tomar, y bien informada. También existe un consenso común con respecto al hecho de que los factores de riesgo que identifican a las mujeres que están en mayor peligro, por ejemplo, las mujeres adolescentes y las mujeres con antecedentes de enfermedades mentales previas, se benefician de la información previa y de la reflexión. Y es que una decisión así se debe tomar sabiendo lo que una va a hacer y estando muy segura de lo que va a hacer. 

«La distribución gratuita de métodos de barrera en los servicios a que se refiere el art. 5». 

En cristiano, entre otras cosas, vamos a repartir condones en institutos.

Esto me recuerda a cuando los repartieron en mi instituto, que era precisamente el mismo en el que estudiaría más tarde Pablo Iglesias. Y recuerdo con horror cuando nos encontramos muchas chicas en nuestros pupitres condones rellenos de una asquerosa sustancia blanca que parecía semen y que resultó ser leche condensada. Porque los adolescentes granujientos con los que compartíamos aula no tenían relaciones sexuales ni soñaban aún con tenerlas, y en algo tenían que emplear los preservativos. No olvidemos que la edad de inicio de las relaciones sexuales en España se sitúa alrededor de los 17 años.

Y ahora pasemos a la carga de profundidad, al verdadero problema de esta ley: el adoctrinamiento y el chiringuitismo
«En el marco de lo establecido en la reciente regulación del sistema educativo, la educación afectivo-sexual se contempla en todas las etapas educativas, adaptada a la edad del alumnado y contribuyendo al desarrollo integral del mismo».
«En concreto, se impulsarán y reforzarán campañas periódicas destinadas a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, que podrán venir acompañadas de medidas en el ámbito educativo derivadas de la inclusión en el currículum escolar de la educación afectivo-sexual, con respeto a la igualdad de género, a la diversidad y a los derechos humanos e incluyendo la prevención de las violencias sexuales».
«Los poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán La educación sanitaria integral, con perspectiva de género, de derechos humanos e interseccional, sobre salud sexual y salud reproductiva».

El adoctrinamiento
¿Pero qué es educación sexual con perspectiva de género e intereseccional? Pues es adoctrinamiento queer.
Para empezar, comencemos definiendo la teoría queer (o teorías queer). La teoría queer es una teoría acientífica y anti religiosa que pretende convertirse en una postura político-filosófica. Y que establece que los genitales con los que una persona nace no deberían identificarse con la etiqueta de ‘hombre’ o ‘masculino’ y ‘mujer’ o ‘femenino’, puesto que existen personas que, al nacer, poseen una identidad de género que no se corresponde con la «asignada por sus genitales», según ellos, pero determinada por sus cromosomas según la ciencia. Explico más aquí.

Volvamos al instituto al que cuando éramos adolescentes acudimos Pablo Iglesias y yo. A día de hoy, este instituto proporciona charlas de educación sexual que en realidad vienen a ser charlas en el adoctrinamiento queer. En este instituto, como en tantos otros en España, se les está contando a los adolescentes que, si no se sienten a gusto con las imposiciones sexistas, entonces es que están atrapados en el cuerpo equivocado. 

Es decir, nos venden tontunas sexistas y reaccionaras como que el pelo largo es exclusivo para las mujeres o que un hombre no se puede pintar las uñas o usar maquillaje o extasiarse con los culebrones turcos. 

Que una chica no puede llevar pelo corto o pantalones y aburrirse ante la perspectiva de ir a comprar ropa a un centro comercial porque le apetece más estar en casa viendo series de marcianitos. Axiomas que niegan la libertad individual, que son profundamente sexistas y que están basados en un iluminismo religioso que cree en almas de colores.

Defemco es el acrónimo de Docentes Feministas por la Coeducación, una plataforma educativa constituida por docentes feministas cuya finalidad es difundir y reivindicar la coeducación como principal instrumento de transformación social para lograr una sociedad más justa.
Dofemco ya ha alertado del impacto de estas charlas. Un impacto que se concreta en un aumento exponencial de las transiciones sociales (es decir, de chicas que exigen que se les considere chicos). Pero también, y, sobre todo, que se traduce en un aumento desmesurado de tratamientos experimentales de efectos irreversibles con bloqueadores del desarrollo de la pubertad, de tratamientos con hormonas cruzadas y de las cirugías precoces. Tratamientos y cirugías que en el 90% de los casos sufren las niñas. Niñas con a, menores de edad. Niñas a las que se les convence de que son niños que nacieron en el cuerpo equivocado. Niñas cobaya. Niñas conejito de indias. Tratamientos, repito, experimentales e irreversibles.

Dofemco ya ha alertado del proceso de suplantación de la Coeducación por parte del lobby queer en escuelas, institutos y universidades. 

Y esta suplantación de la coeducación viene metida con calzador en muchos casos en charlas disfrazadas de educación sexual. 

Que nada tienen de educación sexual. Y mucho de adoctrinamiento.
Dofemco ha denunciado reiteradamente cómo se impone una transformación de los centros educativos para validar la ideología transgenerista. Dofemco advierte que desde el Ministerio de Igualdad se consolida y legitima la entrada de grupos de interés ideológico en los centros educativos, cuando se incluye en la norma de forma explícita la promoción del papel experto de las entidades transactivistas como asesoras, formadoras y orientadoras directas .

Yo tengo bastante claro que estas entidades transactivistas serían las que impartieran las charlas de educación sexual. Charlas al estilo de Gales, donde Alex Drummond, un hombre no hormonado ni operado, un hombre con barba, y con un par de cojones, pero identificado como mujer lesbiana (¡tócale sus cojones!), va dando charlas pagadas en los institutos sobre lo que supone ser una mujer lesbiana. ¿Imaginan el impacto devastador que puede tener sobre una niña de 13 años lesbiana que le digan que ser lesbiana quiere decir tener sexo con alguien con pee, testículos y barba?

El chiringuitismo
Recordemos aquellas palabras de Iñigo Errejón:
«Asumir que, cuando perdamos las elecciones, hemos de dejar sembrado de instituciones populares que resistan…y donde refugiarse cuando gobierne el adversario». Instituciones que «hacen falta para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio, cuando se pierdan elecciones». Porque «hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales». «Porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene sólo del aire».

Traducción al castellano: tenemos que dejar chiringuitos organizados para poder resistir cuando perdamos las elecciones porque todo el mundo sabe que no vamos a encontrar ningún sitio donde trabajar. 

Porque ninguno de nosotros ha trabajado jamás en empresa privada ni tenemos la menor intención de empezar a hacerlo a estas alturas.
Errejón estaba confesando públicamente uno de los grandes proyectos de la izquierda «regeneradora», la mal llamada izquierda que nada tiene que ver con la izquierda tradicional. Lo explico aquí.
Ese proyecto de la izquierda autosentida reconoce nada más y nada menos que la importancia de proyectar una red clientelar entre los militantes del partido mediante la creación de chiringuitos para que en épocas de vacas flacas la neoizquierda de brilli-brilli tenga para comer.

España está muy acostumbrada a este tipo de corrupción de baja intensidad, el clientelismo. Todos sabemos de sobra que en España existe una relación estrecha entre políticos y afiliados, amigos, allegados y conocidos. Que las élites de todos los colores, desde partidos bien distintos, crean redes clientelares, donde los políticos reciben apoyos y los ciudadanos contratos de trabajo, ayudas, subvenciones. Ambas partes salen beneficiadas, sí… A costa de sangrar y robar a un grupo significativo que no participa y está al margen. Gente como ud y como yo que pagamos esas redes clientelares. Pero luego nos cuentan que nuestros impuestos se van a salud y educación. Yo estoy harta. ¿Ud no?

Así que lo que la Ley de Salud sexual Montero pretende es dejar atada y bien atada una red que permita que las asociaciones que representan los intereses de su partido se queden con el riñón cubierto y los contratos asegurados.
Pero además esta red clientelar se asocia al adoctrinamiento, y lo que va a crear es un relato emocional transmitido en la escuela, a niños que de mayores serán adultos aborregados. 

¡El sueño húmedo de todo totalitarismo!
Y, ya de paso, nos va a dejar una generación de niñas medicalizadas de por vida, para llenarle bien las arcas al lobby farmacéutico. Porque una menor al que se le somete a un bloqueo de pubertad va a necesitar terapia hormonal de reemplazo y/o atención médica especializada durante toda su vida.

Quizá es que vivimos en una sociedad muy cómoda en la que se ha delegado la transmisión de valores a la escuela. Pero es necesario revertir el intervencionismo estatal, apartar a los gurús de la educación, a los pedagogos que creen que el sexo se asigna mágicamente al nacer como quien te pone un nombre, sí, a esos a los que solo les importa su cuenta corriente, y no la formación del alumnado. Es preciso que la educación vuelva a ser instrucción, que lo que se enseñe en el colegio o en el instituto sean conocimientos, no sentimientos. 

Mucho menos teorías mágicas que en las escuelas e institutos públicos vengan a sustituir a la antigua religión católica oficial.

En conclusión
(....) De la misma manera, es posible que parte de esta Ley de la Salud Sexual de Irene Montero tenga sus cosas buenas, como las tenía Vicente. Cierto. Pero el chiringitismo y el adoctrinamiento que van aparejados no van a compensarnos de estas cosas buenas. Y podemos reclamar una ley que elimine la publicidad de la gestación subrogada, que recupere el aborto a los 16 años, que recupere aquellos centros de salud en los que se nos proporcionaba gratuitamente la píldora del día después, que garantice que una mujer podrá abortar en su comunidad autónoma sin tener que desplazarse a otra para poder hacerlo… sin necesidad de que nos cuelen en la ley la bomba de profundidad.

Tened cuidado, mujeres feministas. Tened cuidado, padres y madres. Tened cuidado, ciudadanos con sentido crítico y que creen en la libertad de expresión y en el laicismo en la educación pública. 

Tened cuidado y abrid los ojos: porque esta ley es como el amante casado que por fuera es muy guapo, y por dentro un engañabobas.

Las claves del caso de María Salmerón: De los tres indultos al ingreso en prisión

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Conmutan otra condena a María Salmerón por una multa.
"Salmerón se burla de la Justicia amparada por los políticos".
La sevillana está inmersa en un tortuoso laberinto jurídico desde hace más de 2 décadas, con denuncias cruzadas con su ex marido.
JORGE MUÑOZ,19 Mayo 2022,  
Un tortuoso laberinto jurídico ha envuelto la vida de la sevillana Mª Salmerón desde hace más de 2 décadas, con denuncias cruzadas con su ex marido, que fue condenado en su día por malos tratos y que a su vez la denunció a ella en varias ocasiones. 

Estas son algunas de las claves de un caso que se ha enquistado en la Justicia, con 3 indultos.
La historia de Mª Salmerón, de 57 años y auxiliar de enfermería de profesión, se remonta a 1999, cuando contrajo matrimonio. La pareja tuvo a su bebé al año de casarse y en 2001 se separó porque su marido, según denunció, la maltrataba. Desde entonces, más de 2 décadas después, se ha visto envuelta en numerosos procesos judiciales, como denunciante y denunciada.
Durante años, su hija tuvo que acudir a las visitas supervisadas. La mujer aseguró en 2010 que a la entonces menor de edad se le había causado un "daño y un sufrimiento" en el marco de la batalla judicial que emprendió para que la Justicia respetara la "voluntad" de ésta cuando tenía sólo 10 años.
Mª Salmerón confesó igualmente que no ha podido rehacer su vida y denunció el rosario de citaciones judiciales que le llevaron incluso a tener embargada su nómina y la herencia de su padre, una parte de un pequeño piso de 60 m2. 

"Intento salir del círculo, pero la Justicia no me deja", lamentó entonces.
Uno de los últimos indultos le llegó en febrero de 2016, cuando el Consejo de Ministros acordó sustituir una condena de 6 meses de cárcel por un delito de desobediencia, por haber incumplido el régimen de la custodia compartida con el padre, que a su vez había sido condenado a 1 año y 9 meses por malos tratos.
La concesión del indulto fue anunciada por el entonces ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien explicó que el Ejecutivo había concedido este indulto parcial pese a que se parte de que la desobediencia del régimen de visitas por parte de Mª Salmerón "ciertamente se ha producido", puesto que la mujer "negó reiteradamente los derechos de visita del padre". Catalá añadió que Salmerón incumplió el régimen de visita porque, según la madre, estaba protegiendo "el interés del menor" y, como consecuencia de su actuación, fue condenada en 4 ocasiones por delitos de desobediencia.
La medida de gracia a Mª Salmerón fue adoptada por el Consejo de Ministros a pesar de que los informes del juez y de la Fiscalía -que son preceptivos pero no vinculantes- eran desfavorables a su concesión.
En 2016, la asociación de Victimas de la Ley de Violencia de Género aseguró que Mª Salmerón tenía "4 sentencias firmes de prisión y 6 causas penales abiertas", 2 de ellas por denuncias falsa, 1 por impago de pensión y 3 más por delitos de desobediencia a la autoridad.
Precisamente, en agosto de 2016, el juzgado de lo Penal nº 15 de Sevilla conmutó otra condena de 1 año de cárcel impuesta a Mª Salmerón por una multa de 3.240 euros.
Mª Salmerón ha sido indultada en 3 ocasiones, lo que le ha evitado el ingreso en prisión por incumplir el régimen de visitas de su hija con su ex marido.
Las denuncias que motivaron sus condenas fueron presentadas contra ella por su ex marido, que fue condenado a 21 meses de prisión por malos tratos. Salmerón se congratuló en su momento de que no tendría que ingresar en la cárcel por este motivo.
A lo largo de estos años, Mª Salmerón ha recibido el apoyo de todos los grupos políticos, como cuando en el año 2016 acudió al Parlamento andaluz antes de que el Gobierno le concediera 1 de los indultos. 

En esa visita a la cámara andaluza, la sevillana se reunió con la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, y con los portavoces parlamentarios de PP, Podemos, Cs e IU.
Galardonada en el día internacional contra la violencia de género.
Mª Salmerón fue galardonada el 25 de noviembre de 2015 por el Gobierno con un premio que entregó el entonces presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con motivo del día internacional contra la violencia de género y en reconocimiento por haber prestado su testimonio en la serie "Amores que duelen".
Ahora, después de más de 2 décadas, la mujer tendrá que ingresar en prisión antes de 15 días para cumplir una pena de 9 meses no permitir a su marido las visitas a su hija.
En declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante el juez el pasado miércoles, Salmerón se mostró confiada en eludir de nuevo la cárcel, ya que ha abonado la cantidad de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, obtenidos mediante aportación de varias personas en una campaña solidaria.
Sin embargo, “de eso no nos han dicho nada”, ha explicado a los periodistas al salir de los juzgados, además de indicar que se le ha comunicado oficialmente que el Consejo de Ministros rechazó el pasado 26 de abril el indulto “por ser reincidente y la negativa del tribunal sentenciador”.
Su abogado detalló que se barajan varias opciones para intentar eludir la entrada en prisión, entre otras “pedir nuevamente un indulto acreditando que se ha hecho el pago” de la responsabilidad civil, con un escrito solicitando la ejecución de la pena hasta que se resuelva el indulto.
En cualquier caso y en el supuesto de que finalmente entre en prisión, Salmerón podría obtener beneficios penitenciarios muy pronto, dado que el riesgo de reincidencia en el delito de desobediencia es nulo porque su hija ya es mayor de edad y nadie la puede obligar a que vea a su progenitor, según han explicado fuentes del caso.

Nota: Secuestrar o alejar a los hijos del otro progenitor sale gratis con el co-gobierno socialista y popular, en los procesos de ruptura de la convivencia en pareja.

El término «feminismo» y la estrategia «motte and bailey»

La lucha, con técnicas medievales, por la titularidad de una ideología.
«Feminismo
1.m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.». Diccionario de la Real Academia Española

neandergrand, 27 Febrero 2020

La tesis central de este artículo es que una parte del movimiento feminista está usando la falacia motte and bailey para apoderarse en exclusiva de los términos feminismo y feminista. Pero, antes de empezar, es justo reconocer que, buscando referencias sobre el tema, he descubierto que no soy ni mucho menos el 1º al que le llama la atención el uso de estas tácticas. Enlazo aquí, por ejemplo, este artículo de Quintana Paz, en el que expone ideas parecidas.
Empiezo, ahora sí, con mi propia explicación.
La estrategia motte and bailey (descrita originalmente por el filósofo Nicholas Sackel) consiste en mantener 2 conjuntos de postulados, de los cuales 1 es más extremista y dificil de defender (el cercado exterior del castillo), y otro, por el contrario, muy razonable y difícil de atacar (la fortificación sobre la mota o montículo). Eso permite mantener de forma habitual un discurso radical, pero, cuando este es atacado, retirarse rápidamente a la mota y desde allí mostrarse desconcertado o incluso ofendido por las críticas.
En el caso que nos ocupa, la mota fortificada es la definición de feminismo del diccionario de la R.A.E., porque, si feminismo es estar a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿cómo no vas a ser feminista?, ¿quién puede atacar eso?
Ahora bien, el truco está en, a partir de ahí, ir ampliando cada vez más el tamaño del castillo a base de adherir a ese postulado original otros mediante una serie de falsas dicotomías.
Así, si eres feminista, entre las mujeres víctimas de delitos y una justicia patriarcal, ¿cómo no vas a tomar partido por creer siempre e incondicional-mente a la mujer?
Y, si eres feminista, entre seguir negando que el machismo existe o reconocer de una vez por todas que cualquier agresión a una mujer por parte de su pareja es consecuencia de la cultura patriarcal, ¿cómo no vas a optar por lo 2º?
Y, si eres feminista y tienes que elegir entre los derechos de las mujeres y el capitalismo, ¿cómo no vas a posicionarte contra el capitalismo?
De esa forma, el cercado se va ampliando cada vez más, enterrando los matices, pero, en el momento en que alguien se rebela, siempre queda el recurso de retirarse a la mota, recordar que feminismo es defender la igualdad y acusar al crítico de machista por atreverse a cuestionar ese principio.
Es una estrategia simple y efectiva, que les ha permitido a quienes la usan registrar el término feminista a su nombre y, a partir de ahí, usarlo para promover sus propias agendas políticas o intereses particulares.
Sin embargo, en mi opinión, es también una estrategia que está teniendo efectos tóxicos para la lucha por la igualdad, porque su coste, que recae sobre el conjunto de la sociedad, es el incremento de la polarización y que se estén cavando trincheras donde bien podría haber puentes. 

Con demasiada frecuencia, se le está negando a otros, incluso de forma muy agresiva, el derecho a identificarse con ese término, hasta que hemos alcanzado un punto en que, por reacción, hay mucha gente que lo ve con hostilidad o cuando menos con desconfianza. Eso sí, cuando una mujer se atreve a decir en voz alta que no se siente feminista, lo primero que se hace, de nuevo, es echarle en cara la definición de la R.A.E., como si en vez del cercado estuviera cuestionando la mota.
¿Cómo reaccionar ante eso? Creo que hay 2 posibilidades.
La 1ª sería que todos asumiéramos que el término feminista ha mutado y que la definición del diccionario ya no es la válida. Así, ser feminista, como ser católico, no consistiría en creer en un único punto, sino en aceptar un bloque de dogmas, dogmas que no siempre están engarzados unos con otros a través de la razón, sino a menudo mediante saltos de fe.
Y la 2ª, que es de la que yo soy partidario, es reclamar que el término retorne al patrimonio común, y que todo aquel que crea sinceramente en la igualdad de derechos sea reconocido como feminista sin exigirle nada más.
Obviamente, eso no significa que no podamos criticar la forma que tengan los demás de entender o defender el feminismo. Si este es una ideología política y no una religión, la crítica es lícita y necesaria. Pero lo que sí que significa es que, por muy convencidos que estemos cada uno de nosotros de que nuestra versión es la buena, eso no nos convierte en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y no nos da el derecho a imprimir carnés.

El movimiento feminista pide el cese de Montero y un cambio de rumbo en Igualdad

Irene Montero "se ha embarcado en una deriva antifeminista" contraria a la defensa de los derechos de las mujeres, según Confluencia Movimiento Feminista.
vozpopuli, 21/01/2021 
La Confluencia Movimiento Feminista ha reprobado el Iº año de gestión del Gobierno en materia de igualdad, ha reclamado "un cambio de rumbo" en sus políticas y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que cese a la titular de esta cartera, Irene Montero.
Para este colectivo, según expone en un comunicado, la ministra "se ha embarcado en una deriva antifeminista" contraria a la defensa de los derechos de las mujeres y cita como ejemplos su postura en contra de una ley abolicionista de la prostitución o que no se haya tenido en cuenta a las organizaciones feministas para redactar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí.
Tampoco ha respondido Montero, afirma la confluencia, a su petición de reunirse con el movimiento "para hablar" de la futura ley trans, que en su opinión, "establecería una definición de mujer contraria a la igualdad y pondría en jaque toda la normativa" en vigor en este ámbito.
Por ello, la confluencia solicita "la reconducción inmediata" de las políticas de Igualdad y pide que se reactiven las comunicaciones para abordar "varias cuestiones ineludibles" relativas a la agenda feminista.

Nota: La Ministra flanqueada por 2 lesbianas que se casaron y se divorciaron posteriormente y junto a una Jueza canaria. El negocio feministas del matrimonio civil.

Cataluña: Violencia de género, los debates que vienen...más de lo mismo.

Más Información:

La propuesta legislativa supone un punto importante de inflexión también en el reconocimiento a las disidencias de género y la incorporación de la violencia institucional.

«Es evidente que las mujeres trans tienen que ser beneficiarias de la legislación contra las violencias machistas»

Andrea Liba, 11/03/2020

Violencias digitales, consentimiento o interseccionalidad son conceptos que contempla la proposición de reforma de la legislación catalana sobre violencias machistas.
Han pasado ya más de 15 años desde que se aprobó en el Estado español la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y más de 10 desde el impulso de las leyes autonómicas en esta materia. En los últimos años, algunas Comunidades Autónomas, como Murcia o Andalucía, han ido haciendo modificaciones siguiendo las propuestas y los compromisos derivados del Convenio de Estambul de 2011, suscrito en 2014 en España, y del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (2017). 

En el caso andaluz se añadieron conceptos como lenguaje sexista o interseccionalidad, se incorporaron elementos en los currículos escolares de “la historia del feminismo” o “el análisis crítico del modelo de masculinidad hegemónica y la existencia del androcentrismo en la transmisión del conocimiento”, y se propusieron medidas contra el antigitanismo. Urbanismo, transporte y movilidad fueron cuestiones que también incorporó la reforma. La ley murciana, por su parte, amplía ligeramente las formas de violencia machista reconociendo como tal aquella perpetrada más allá del entorno de la pareja o expareja, y prevé la necesidad de facilitar la “conciliación familiar, laboral y personal”.
La abogada penalista Laia Serra ha sido la encargada de redactar la proposición de ley de modificación de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, encargada por el grupo parlamentario de Cataluña En Comú Podem. 

También se están estudiando posibles cambios en la Comunidad Autónoma Vasca impulsados por el Gobierno vasco. El 28 de enero de este año, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley de IIª modificación de la ley para la igualdad de mujeres y hombres, después de presentar un 1º borrador en el Consejo de Dirección de Emakunde (el Instituto Vasco de la Mujer), que pretende “adecuar el ordenamiento jurídico vasco al Convenio de Estambul”. 

Desde la ONG Mugarik Gabe se mantienen a la espera y prudentes porque, dicen, “una cosa es la ley y otra cosa es su desarrollo y aplicación”, para lo cual hacen falta recursos económicos.
En el caso catalán se proponen avances clave. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué así? “En su momento, la ley fue pionera, pero 10 años después algunos aspectos son clarísimamente insuficientes”, cuenta la portavoz de Cataluña En Comú en el Parlament catalán, Susanna Segovia. Unos informes de evaluación que realizaron organizaciones especializadas y feministas detectaban básicamente 2 cosas: “No se había desplegado correctamente por falta de recursos y había temas que no se incorporaron en su momento y que ahora deberían recogerse”. 

La propuesta de su grupo parlamentario es una modificación parcial, en lugar de completa, para “preservar el espíritu general de la ley”, como subraya Laia Serra, ya que se trata de una ley “muy trabajada y consensuada por los sectores feministas”.

¿Cuáles son las novedades? La propuesta introduce conceptos clave. Define violencias digitales, consentimiento sexual e interseccionalidad. Amplía las violencias en el ámbito social y comunitario, las formas de violencias machistas y la formación de profesionales; y supone un punto importante de inflexión también en el reconocimiento a las disidencias de género y la incorporación de la violencia institucional. Empecemos por el principio. De prever solo la salvaguardia de las mujeres, niñas y adolescentes cisgénero, se incluye ahora a las “niñas y adolescentes transgénero, a las personas intersexuales, así como a las identidades no binarias y las que no se quieren relacionar con ningún espectro de género binario”. Se trata de un hito en lo que se refiere a la legislación en materia de violencias machistas en el Estado español. Por 1ª vez, una ley que vela por los derechos de las mujeres reconoce explícitamente los derechos de las personas con identidades trans. Otro de los puntos que se quieren modificar equipara las violencias machistas sufridas por las mujeres transgénero, las personas intersexuales y las identidades no binarias a las sufridas por mujeres cisgénero. Susanna Segovia cuenta que, desde su partido y su grupo parlamentario, consideran que “hay que ampliar el sujeto de la ley de violencias machistas, porque se ha visto que la violencia machista es algo que no solo afecta a las mujeres cis y no tiene sentido excluir” a las mujeres trans y al resto de identidades que ahora recoge el texto. 

“Es una declaración de intenciones y es también una evidencia de que hay que ampliar el sujeto para dar cobertura a todas las agresiones machistas”. Y añade que “es un debate dentro del movimiento feminista que parece que se acaba polarizando y que es unas contra otras, cuando lo que tenemos que hacer es ampliar y sumar”, pensando en aquellos sectores feministas que adoptan posiciones transexcluyentes. “Es evidente que las mujeres trans tienen que ser beneficiarias de la lesgislación contra las violencias machistas”, recalca Serra.

Reforzar el “sí es sí”
Respecto a las nuevas definiciones, se añade el consentimiento sexual de una forma novedosa. La parlamentaria de Catalunya En Comú destaca la necesidad de que no se demore más reforzar la idea del ‘sí es sí’. ¿Qué significa esto en la práctica? Explica Laia Serra que, hasta ahora, “no queda claro cuál es el límite y cuál es el aval para que un intercambio sexual se lleve a la práctica”. Se da por hecho “que hay una receptividad, y solo cuando hay un ‘no’ explícito se entiende que hay delito”. La nueva propuesta parte del ‘no’, siendo la explicitación del ‘sí’ la que confirma la existencia de deseo y avala el intercambio sexual. 

La abogada comenta, en clave de humor, que espera que “nadie esté pendiente de definiciones legales cuando está en sus ocupaciones lúdico-eróticas”, porque tener que entrar en estas definiciones, dice ya en tono serio, “lamentablemente es porque hay situaciones de falta de consentimiento y de abuso y de infracción”.
Y surge otra pregunta: una vez reflejada la definición de consentimiento, ¿qué? La abogada aclara que se tienen que materializar 2 tipos de cambio: “Por un lado, tiene que haber la incorporación social de que el consentimiento es esto. La gente tiene que incorporarlo en sus conversaciones, en la manera de relacionarse, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de ocio. La gente tiene que entender que, si no hay un sí, es un no. Y, en el ámbito legal, esto va a determinar que para delimitar cuándo hay delito y cuándo no se tiene que interpretar la situación de acuerdo con este parámetro”.
A las violencias física, psicológica, sexual, obstétrica y económica se sumarían ahora la violencia digital y la violencia institucional. Esta proposición de ley recoge los “actos de violencia machista y misoginia on-line cometidos, instigados, amplificados y/o agravados en parte o totalmente mediante el uso de las TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación], redes sociales” en el concepto de violencia digital como forma y como ámbito de violencia. Laia Serra ya redactó un informe sobre violencias de género en línea en el que recogía numerosas formas y ámbitos de violencias machistas a través de diferentes herramientas digitales que también reconoce ahora la propuesta de texto jurídico. La abogada razona que es “impensable que un fenómeno tan transversal, que afecta a mujeres de todas las edades, no esté contemplado en una ley de violencia machista”. Se trata de una violencia machista específica que requiere una respuesta concreta. Puede servir, por ejemplo, para que un gobierno pueda exigir medidas de protección a grandes empresas de internet, gestoras de redes sociales.

Lo mismo se formula para la violencia institucional, señalando los “actos, prácticas, criterios y procedimientos” que atenten contra los derechos de las mujeres. Ello incluye la “producción legislativa, la interpretación y aplicación del Derecho” que provoque violencias machistas. Este apunte novedoso “desdibuja el escenario”, según Laia Serra, porque hasta ahora las leyes contra la violencia de género siempre se encargaban de ayudar a las mujeres que sufren violencias y de señalar a un infractor que siempre era un particular. Ahora se pone el foco también en las responsabilidades del Estado, no solo cuando deja de cumplir con su “rol asistencial, sino porque el Estado realmente comete y es sujeto activo y responsable de toda una serie de violencias hacia las mujeres”. Un caso tangible es el de Ángela González, una víctima de violencia machista que denunció reiteradamente que su exmarido había amenazado con hacerle daño a su hija o a ella sin obtener respuesta por parte de las instituciones. El agresor finalmente asesinó a la criatura y González emprendió un camino judicial de varios años que evidenció la responsabilidad de las instituciones.
Pero vuelven las dudas. ¿Tendrá impacto la ley si no se reforma también el Código Penal? ¿Supone la no reforma del Código Penal un límite a esta proposición de ley de Els Comuns? No. La norma catalana es una ley administrativa y, como tal, redacta, recoge y reconoce términos sociológicos, no legales. Este tipo de legislaciones consolida conceptos sociológicos en los que luego la Judicatura se apoya para aplicar el Código Penal. ¿Y qué posibilidades tiene de prosperar esta proposición de ley? ¿Qué recorrido puede tener? ¿Puede convertirse en la fuente de la que beban otras propuestas de modificación de las leyes de violencia machista autonómicas y estatal? En Cataluña, el momento político avecina una convocatoria de elecciones y, lamenta Susanna Segovia, “todo apunta a que en esta legislatura no va a poder ser”. 

Desde Cataluña En Comú Podem consideran que es importante, al menos, plantear el debate en el Parlament.
El Gobierno estatal, por su parte, no tiene prevista ninguna modificación de la ley actual de violencia de género, a pesar de que, tras 16 años desde su aprobación, ha mostrado claros signos de obsolescencia. Sin embargo, acaba de dar luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que, entre otras cosas, propone eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual y garantizar el ‘sí es sí’ poniendo el consentimiento en el centro de la viabilidad de los encuentros sexuales. Desde el Ministerio de Igualdad apuntan que el objetivo es “erradicar todas las formas de violencia sexual que reconoce el Convenio de Estambul”.
En cualquier caso, se aprueben todas o ninguna modificación, en el plano autonómico o el ámbito estatal, Laia Serra concluye que “no tiene sentido que destinemos toda la energía a promulgar solo leyes de violencia machista cuando hay muchas otras leyes que tienen incidencia directa en los derechos de las mujeres y son fuente directa de violencia”, como, por ejemplo, la ley de extranjería o la ley mordaza. 

“Se tendría que incorporar a partir de ahora el impacto de género en la promulgación de cualquier ley, sea del ámbito que sea, y revisar las leyes existentes que son fuente de violencia y de recorte de libertades de las mujeres”, concluye.

5 ‘lobbies’ feministas que presionan desde hace años en España

......para alcanzar la igualdad.
Desde la Asociación Clara Campoamor hasta el Club de las Malasmadres, los distintos grupos trabajan en varios ámbitos, como el laboral, jurídico, social o cultural, para mejorar la situación de las mujeres en España.

Carmen Serna, 12 marzo 2020 

La Real Academia de la Lengua describe "lobby" como "un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social".
Aunque dentro de esta definición amplia cabrían muchas de las asociaciones que más han influido en los cambios contra la discriminación de la mujer, algunos de ellos rechazan el término por la mala fama que tradicionalmente ha tenido el concepto en España.
Se les llame como se les llame, estos grupos han sido claves para conseguir cambios legislativos o introducir conceptos en la agenda pública como consentimiento, conciliación, cuotas o agresión sexual que han logrado romper algunos de los techos de cristal de las mujeres. Estos son algunos de los más importantes.
Asociación Clara Campoamor
Esta asociación fue fundada en Euskadi en 1985 por un grupo de mujeres del movimiento feminista, ante la necesidad imperante de "defender los derechos de la mujer combinando acciones sociales con la intervención jurídica y la incidencia política".
Su principal objetivo ha sido asesorar legalmente a las mujeres que sufrían cualquier tipo de violencia de género y acompañarlas en el proceso, así como denunciar públicamente las continuas vulneraciones a las que estaban siendo sometidas. De hecho, han ejercido de acusación particular en algunos de los juicios que más han marcado la percepción de la violencia de género en España.
La Asociación Clara Campoamor no quiere que se le considere un lobby puesto que "no son un negocio" e insisten en que el feminismo tiene que ser "una transformación social"(....)

Malasmadres
Este lobby feminista surgió hace 9 años como el blog de su presidenta, Laura Baena, que al quedarse embarazada se dio cuenta de que "la realidad de la maternidad era bien distinta a la que nos habían contado".
"Teníamos supermitificada la maternidad, el embarazo, y cuando lo vives realmente empiezas a sentirte engañada pensando por qué me lo han dulcificado tanto. Yo era creativa en una empresa de publicidad y cuando dije que me había quedado embarazada me dijeron que ésa no era una empresa para mamás y bebés y me doy de bruces con la realidad", arranca Baena a explicar cómo surgió este movimiento social.
"Intenté conciliar dos años, viviendo mal y perdiendo el control de mi vida personal y acabé renunciando a mi carrera profesional como publicista porque era imposible. No había sido madre tampoco para no ver a la niña y no había forma de conciliar", añade introduciendo dos palabras clave en la ola malasmadres: renuncia y conciliación.
De hecho, el club nació de la renuncia de su presidenta a su vida profesional, "porque quería romper con el mito de la superwoman", y se encontró con "una generación de mujeres que se sentían engañadas y que se dieron cuenta de que el modelo social de maternidad que venimos arrastrando está obsoleto" (....).
El Club de las 25
El Club surge hace más de 25 años, "los acabamos de cumplir", explica Cristina Almeida, su presidenta; entre periodistas que cubrían información en el Congreso y políticas. Empezó como un grupo de mujeres que quedaban a cenar o comer con alguna persona de interés que charlara con ellas tranquilamente.
Según explica Almeida, no estaba planteado como un lobby aunque al principio estuviera formado por periodistas parlamentarias. "Es cierto que no tiene la condición de lobby pero queremos influir. La finalidad es empoderar a las mujeres, ocupándonos de su visibilidad y resaltar la fuerza y los avances que han hecho".
Actualmente, el club hace una comida al mes con personas de influencia en distintos ámbitos para evidenciar la lucha de las mujeres y mostrar los hitos que van consiguiéndose o que consiguieron pero no se les reconoció en su momento (....)

Fundación Mujeres
La Fundación Mujeres se define como una ONG feminista que se creó en 1994 a iniciativa de la Asociación Mujeres Jóvenes para el desarrollo de políticas de igualdad. Aunque en sus inicios se especializó en el apoyo a la actividad y la autonomía económica de las mujeres, ahora trabaja en diversos ámbitos y gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto, que dan apoyo económico y asesoramiento jurídico a las familias de las mujeres víctimas mortales de la violencia de género con especial atención a los huérfanos y las huérfanas.
Su presidenta, Marisa Soleto, advierte: "No somos ni un lobby ni, como ahora dice la ultraderecha, un chiringuito. Somos una organización social, que forma parte del movimiento feminista en España". (....)

Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME)
Se trata de la 1ª patronal de mujeres empresarias que se creó en España. Sus 1ªs acciones tuvieron lugar en la clandestinidad pues cuando nacieron, en 1969, no existía el derecho de asociación. Tras su legalización, ya en democracia, se marcaron como objetivo principal lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres en su acceso al mundo laboral, eliminando cualquier discriminación; defender y fomentar la libre iniciativa privada de la empresarias y contribuir a mejorar la actividad empresarial femenina.
Su foco de actuación ha sido, desde hace más de 40 años, la mujer y la empresa. A partir de ahí, han apostado por el emprendimiento, el desarrollo profesional y la creación de redes de apoyo. "Estamos tanto en organizaciones empresariales, como en la Cámara de Comercio de Madrid y Administraciones Públicas para reivindicar los derechos de las mujeres empresarias y profesionales", explica Eva Serrano, presidenta de Aseme.
La asociación se reconoce como "un lobby feminista, democrático, y que cree firmemente que el hombre y la mujer han de avanzar juntos en igualdad de oportunidades". (....)

Totalitarismo: Feminista radical contra el ex-Juez Serrano

El juez Serrano (VOX) debe ser separado de la carrera judicial.
Por Altamira Gonzalo, 04 de julio de 2019,
La gravedad de las expresiones vertidas por Francisco Serrano contra las mujeres con ocasión de la sentencia -o más propiamente del adelanto del Fallo- del Tribunal Supremo en el caso de la Manada, ha sido tal que, en un acto de cobardía enorme por su parte, responsabilizó de las mismas a un colaborador, y hasta su partido VOX se desentendió de ellas.
Estas son las declaraciones del juez Francisco Serrano, de VOX: "Desde ahora, la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que gratis puede salir más caro". "Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres".
"Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión".
El machismo casposo -estilo Torrente- que rezuman esas frases dichas por el juez, avergüenzan a cualquier persona, nos ofende gravemente a las mujeres, a todas nosotras y son la manifestación de una mentalidad que considera que las mujeres somos seres inferiores y que estamos aquí para dar placer a los hombres. Para este misógino antidemócrata, satisfacer su sexualidad le autoriza a hacer con las mujeres lo que él quiera y lo menos arriesgado para él y lo más barato es, dice, sexo de pago, hacer de putero.
Pues bien. Quien dice esas frases es el cabeza de lista de VOX en Andalucía y su portavoz en el parlamento andaluz, de profesión, juez en excedencia. VOX es un partido de extrema derecha, que ha hecho bandera de la negación de la violencia de género y de la desigualdad y está tratando, allá donde tiene mando, de cargarse todos los recursos que tanto tiempo y esfuerzo ha costado crear. Serrano es Vox, Vox es Serrano. Nada extraño, por tanto. Pero la reflexión que quiero hacer en estas notas es cómo es posible que hoy en España una persona con esta forma de pensar, pueda estar capacitado para ejercer la muy noble función de impartir justicia.
Quienes nos movemos en el ámbito del Derecho de Familia conocemos desde hace años a Francisco Serrano, porque se ha señalado desde hace tiempo por su oposición furibunda a todas las leyes que se han aprobado para combatir la desigualdad entre mujeres y hombres, sobre todo ha sido muy activo contra la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. También es activo defensor de la custodia compartida impuesta y del Síndrome de Alienación Parental. Recurre con frecuencia el mito de las denuncias falsas, que tiene como fin desacreditar a las mujeres que se atreven a denunciar, consiguiendo como resultado disuadir a muchas de ellas de poner denuncias contra su maltratador.
Actualmente está muy implicado el Sr. Serrano en la difusión de un nuevo invento neomachista, el del coordinador parental, impartiendo formación en el correspondiente master que se lleva a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos. Si bien, desde la dirección de Comunicación de la URJC, quieren dejar claro que este señor no forma parte del actual equipo docente de la citada universidad.
Todo ello tiene un mismo hilo conductor, que es la negación de la existencia de la violencia de género y tratar de que ésta persista tras la ruptura de la pareja, mediante los instrumentos indicados: la custodia compartida impuesta, el SAP o los coordinadores parentales. 

Todos ellos pretenden un mismo fin, que es continuar controlando y maltratando a las mujeres después de la ruptura de la pareja o del divorcio. Todos estos instrumentos han sido importados de EEUU, donde fueron ideados hace unos años por movimientos contrarios a la igualdad.
Esta persona ya era conocida cuando entró en Vox por sus ideas ultra derechistas y negacionistas de la violencia de género. Y fue por esta razón precisamente por lo que VOX lo puso a la cabeza de la lista electoral y le hizo su portavoz en el Parlamento. Porque con sus exabruptos contra las mujeres y contra la ley Integral conseguía atraer los votos de maltratadores y de sus familias. Él es VOX, por más que esta formación quiera ahora, una vez que lo ha utilizado, distanciarlo de su formación. Como bien dicen en sus grupos en las redes sociales, lo que les hace diferentes es no doblar la cerviz ante el lobby de género.
Lo que me suscita más desasosiego es que este personaje con estas ideas sobre las mujeres, sobre más de la mitad de la población, ha ejercido como Juez de Familia durante muchos años. Y ejerciendo como tal fue condenado por prevaricación, por inmiscuirse en las competencias de otro juez con el fin de favorecer a un padre en relación con las visitas de un hijo. Una vez cumplida la condena de inhabilitación para ejercer por 2 años, no se incorporó al Juzgado dedicándose al ejercicio de la abogacía, a quien por cierto tuve de contrario, siendo su cliente un condenado por malos tratos. Pero y esta es mi inquietud, continúa siendo juez en excedencia, lo que significa que, cuando él decida, puede volver a un Juzgado y dictar sentencias y hacerlas cumplir.
Defender ideas contrarias a la igualdad es estar en contra de la Constitución española. Todos los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva, art. 9.2 de la C.E. La igualdad se persigue por medio de la Ley Integral y mediante la aplicación de la normativa internacional contenida en instrumentos ratificados por España, como el Convenio de Estambul. 

Si no se acatan esas normas, si se está manifiestamente en contra. 

Si se considera que el único sexo seguro es el de pago, es decir, la explotación de las mujeres prostituidas para el placer de los hombres. 

Si se piensa que las mujeres son pérfidas y ponen denuncias para fastidiar a los hombres, cuando el 80% de las mujeres asesinadas jamás habían denunciado, ¿cómo un elemento que piensa así puede aplicar e interpretar las normas bajo el principio constitucional de igualdad? 

Es imposible, salvo que se piense que estamos ante míster Hyde y el doctor Jekyll. Pero yo no lo creo posible.
Lo que falla estrepitosamente es el sistema de acceso y de permanencia en la Carrera Judicial. Padecemos un sistema decimonónico, instaurado por la Constitución de 1869, que fue progresista en su día, pero que no lo es hoy y ha permanecido, en lo esencial, sin modificar. El sistema de acceso es memorístico y requiere disponibilidad económica para poder preparar la oposición de acceso. Superarlo, garantiza que se tienen conocimientos jurídicos y la capacidad para aprenderlos y de memorizarlos, pero no garantiza que quien supera la oposición y la Escuela Judicial posterior esté dotado/a de empatía para tratar a la ciudadanía, de equilibrio personal, sea persona ecuánime, acepte y comprenda de manera real los principios constitucionales, sobre todo el de igualdad que afecta a la mayoría de la población; que tenga una mínima experiencia de vida, requisitos todos ellos absolutamente necesarios para desempeñar de manera satisfactoria la función de juzgar los problemas jurídicos que la ciudadanía, siempre como último recurso, plantea al Poder Judicial. Hay muchos, muchos jueces y juezas extraordinarios, pero falla el control en los extremos señalados tanto en el acceso como a lo largo del desempeño de la vida profesional.
Porque cada persona puede elegir el abogado/a que desee, pero no puede elegir al Juez que le vaya a juzgar. Porque el Juez está predeterminado por la ley. De ahí la importancia que tiene el hecho de que quienes imparten justicia, a todos los niveles, sean personas en quienes concurren los requisitos anteriores. Y esto no se garantiza con el sistema actual de acceso a la Carrera Judicial, porque prevalecen las pruebas memorísticas y no se da la importancia que requiere al equilibrio psicológico, emocional, a las convicciones democráticas personales, todo ello muy necesario, junto con los conocimientos jurídicos, para impartir Justicia en el siglo XXI.
El Partido Socialista llevó en su programa electoral para el 29A propuestas concretas de reforma del actual sistema de acceso. Espero que en esta legislatura se pueda llevar a cabo. Porque por pura democracia, es necesario que la ciudadanía confíe y esté orgullosa de su sistema judicial.

Nota: El PSOE ha estado en el Poder más de 30 años y solo han puesto parches o crear estómagos agradecidos.