Julio Rodríguez López
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20 Junio 2013 -
Se han puesto en marcha en el 1º semestre de 2013 los 1º cambios introducidos por el actual gobierno del Partido Popular en el marco estatal de la política de vivienda. Destaca la aprobación del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016 (RD 233/2013, BOE de 10.4.2013), y de un conjunto de correcciones sustanciales a la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 4/2013, BOE de 5.6.2013) Junto a lo anterior, todo indica que en el Senado apenas se corregirá el texto del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana aprobado en el Congreso de los Diputados.
Dicho proyecto de ley es la 3ª pieza legal rectificada entre las que integran las la política de vivienda. Se modifica en el mismo la normativa correspondiente a la rehabilitación, se sustituye al actual ITE (inspección técnica de edificios) por el Informe de Evaluación de Edificios (IEE). Además, se cambian las leyes vigentes de suelo y de propiedad horizontal, reforzando de nuevo los derechos del propietario. Se abren las puertas a la figura del agente urbanizador, en este caso aplicado a la rehabilitación y a la regeneración urbana.
Una enmienda a última hora del Grupo Popular del Congreso ha incorporado a dicho proyecto de ley una vieja aspiración de los promotores inmobiliarios, la suspensión de la reserva de suelo (30% de la edificabilidad) para la construcción de vivienda protegida o equivalente en los nuevos desarrollos urbanos. Dicha suspensión duraría 4 años y deberán aceptarla las comunidades autónomas.
En la presente situación de España la gente necesita viviendas caras según los diputados populares, a pesar de la destrucción de empleos, del descenso confirmado del nº de hogares, de la emigración y del descenso de los salarios.
Ello recuerda el dicho que se atribuyó a la reina María Antonieta poco antes de la revolución francesa, de que a falta de pan que la gente coma pasteles.
Los diputados populares deben de ignorar que la restricción crediticia está afectando más a las ventas de viviendas protegidas que a las viviendas libres en las nuevas promociones de viviendas. En el último trimestre de 2012, según el Banco de España, la tasa interanual del saldo de crédito para la compra de vivienda protegida descendió en un 4,5%, descenso más acusado que el del 3,5% correspondiente al crédito total para compra de vivienda.
En tiempos de restricción crediticia los bancos desconfían mas de los hogares con menores niveles de ingresos, a los que están destinadas tales viviendas protegidas.
Sorprende la defensa del alquiler en boca de la Ministra de Fomento, Ana Pastor. Se dice ahora que en Europa hay una proporción bastante mayor que en España de dicho tipo de viviendas y que en España hay un 17% de hogares viviendo de alquiler.
En la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE relativa a 2011 solo un 12,1% de los hogares viven bajo dicha forma de tenencia, dato que también recoge en sus indicadores el Banco de España. En el Ministerio de Fomento suman a los hogares de alquiler los que residen en viviendas cedidas en uso gratuito (5,1%) para llegar a dicha proporción.
No es lo mismo vivir de alquiler bajo un contrato a cumplir que hacerlo en una vivienda cedida gratis a un familiar, por ejemplo.
Las reformas de la vigente ley de arrendamientos urbanos (Ley 25/1994) tienen un sesgo favorable al propietario: se rebaja de 5 a 3 años el plazo máximo del alquiler, se puede despachar al inquilino con solo 1 año de contrato aduciendo la necesidad de la vivienda, retornando al “Decreto Boyer” de 1985 que admiran los populares. Se deja libertad entre arrendador y arrendatario para elegir el indicador con el que se va actualizar el alquiler, y no el IPC como hasta ahora. Los inquilinos deberán pasar previamente por un curso de estadística descriptiva para ejercer la libertad de elección entre índices de precios.
El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, el Xº plan plurianual de vivienda de la democracia (el 1º fue el de 1981-83, imperantes Suarez y Calvo-Sotelo) busca reactivar el deprimido sector de la construcción. Recupera las ayudas directas, de hasta 200 euros al mes, a los inquilinos que no paguen más de 600 euros al mes de alquiler. Establece las ayudas directas a la construcción de viviendas de alquiler, que solo podrán edificarse sobre suelo o edificaciones de titularidad pública. Desaparece por el momento cualquier ayuda a la vivienda protegida en propiedad.
La nueva política de vivienda impulsa algo el alquiler y la rehabilitación, modifica la ley del suelo para hacer rentable la rehabilitación a los agentes privados, echa una mano a los arrendadores y despide sin más ceremonias a la vivienda protegida en propiedad.
Dicho proyecto de ley es la 3ª pieza legal rectificada entre las que integran las la política de vivienda. Se modifica en el mismo la normativa correspondiente a la rehabilitación, se sustituye al actual ITE (inspección técnica de edificios) por el Informe de Evaluación de Edificios (IEE). Además, se cambian las leyes vigentes de suelo y de propiedad horizontal, reforzando de nuevo los derechos del propietario. Se abren las puertas a la figura del agente urbanizador, en este caso aplicado a la rehabilitación y a la regeneración urbana.
Una enmienda a última hora del Grupo Popular del Congreso ha incorporado a dicho proyecto de ley una vieja aspiración de los promotores inmobiliarios, la suspensión de la reserva de suelo (30% de la edificabilidad) para la construcción de vivienda protegida o equivalente en los nuevos desarrollos urbanos. Dicha suspensión duraría 4 años y deberán aceptarla las comunidades autónomas.
El argumento que justifica tal enmienda es que no hay demanda para dicho tipo de vivienda, como viene a decir la alcaldesa de Madrid para cerrar la empresa municipal de vivienda.
En la presente situación de España la gente necesita viviendas caras según los diputados populares, a pesar de la destrucción de empleos, del descenso confirmado del nº de hogares, de la emigración y del descenso de los salarios.
Ello recuerda el dicho que se atribuyó a la reina María Antonieta poco antes de la revolución francesa, de que a falta de pan que la gente coma pasteles.
Los diputados populares deben de ignorar que la restricción crediticia está afectando más a las ventas de viviendas protegidas que a las viviendas libres en las nuevas promociones de viviendas. En el último trimestre de 2012, según el Banco de España, la tasa interanual del saldo de crédito para la compra de vivienda protegida descendió en un 4,5%, descenso más acusado que el del 3,5% correspondiente al crédito total para compra de vivienda.
En tiempos de restricción crediticia los bancos desconfían mas de los hogares con menores niveles de ingresos, a los que están destinadas tales viviendas protegidas.
Sorprende la defensa del alquiler en boca de la Ministra de Fomento, Ana Pastor. Se dice ahora que en Europa hay una proporción bastante mayor que en España de dicho tipo de viviendas y que en España hay un 17% de hogares viviendo de alquiler.
En la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE relativa a 2011 solo un 12,1% de los hogares viven bajo dicha forma de tenencia, dato que también recoge en sus indicadores el Banco de España. En el Ministerio de Fomento suman a los hogares de alquiler los que residen en viviendas cedidas en uso gratuito (5,1%) para llegar a dicha proporción.
No es lo mismo vivir de alquiler bajo un contrato a cumplir que hacerlo en una vivienda cedida gratis a un familiar, por ejemplo.
Las reformas de la vigente ley de arrendamientos urbanos (Ley 25/1994) tienen un sesgo favorable al propietario: se rebaja de 5 a 3 años el plazo máximo del alquiler, se puede despachar al inquilino con solo 1 año de contrato aduciendo la necesidad de la vivienda, retornando al “Decreto Boyer” de 1985 que admiran los populares. Se deja libertad entre arrendador y arrendatario para elegir el indicador con el que se va actualizar el alquiler, y no el IPC como hasta ahora. Los inquilinos deberán pasar previamente por un curso de estadística descriptiva para ejercer la libertad de elección entre índices de precios.
El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, el Xº plan plurianual de vivienda de la democracia (el 1º fue el de 1981-83, imperantes Suarez y Calvo-Sotelo) busca reactivar el deprimido sector de la construcción. Recupera las ayudas directas, de hasta 200 euros al mes, a los inquilinos que no paguen más de 600 euros al mes de alquiler. Establece las ayudas directas a la construcción de viviendas de alquiler, que solo podrán edificarse sobre suelo o edificaciones de titularidad pública. Desaparece por el momento cualquier ayuda a la vivienda protegida en propiedad.
La nueva política de vivienda impulsa algo el alquiler y la rehabilitación, modifica la ley del suelo para hacer rentable la rehabilitación a los agentes privados, echa una mano a los arrendadores y despide sin más ceremonias a la vivienda protegida en propiedad.
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