PP Bilbao pide "reformar en profundidad" la adjudicación de pisos.
lainformacion.com/BILBAO, 21 Octubre 2012 (EUROPA PRESS) Creen que la adjudicación de vivienda "debe ser mucho más justa, equitativa y transparente, y acorde a la situación actual"
PP Bilbao pide
"reformar en profundidad" la adjudicación de pisos y eliminar la
discriminación positiva al inmigrante.
El PP de Bilbao ha presentado una batería de enmiendas al Reglamento de Viviendas Municipales en fase de modificación, en las que apuesta por una "reforma en profundidad" del sistema de adjudicación de estas viviendas, con el fin de que sea "más ágil, eficaz, justo y adecuado al momento de crisis".
En esa misma medida, los populares han eliminado en sus enmiendas la discriminación positiva a inmigrantes para que el texto sea "ecuánime y justo".
La portavoz del PP en Bilbao, Cristina Ruiz, ha comparecido en rueda de prensa con el consejero por el PP en Viviendas Municipales, Óscar Fernández Monroy, para explicar esta batería de enmiendas.
En materia de inmigración, Fernández Monroy ha asegurado que lo que se ha hecho es eliminar las referencias de discriminación positiva que "favorecía exclusivamente a un colectivo concreto, como es el colectivo de inmigrantes" para que las personas, "sean inmigrantes o no", que cumplan con los requisitos, tengan acceso a una vivienda pública.
"Se ha eliminado las referencias de discriminación positiva porque, a juicio del PP, eran uno de los handicaps que imposibilitaban la dinamización de las listas", ha insistido.
Fernández Monroy ha afirmado que con el reglamento vigente, una persona con cuatro años de empadronamiento "perfectamente podría saltar, por esa discriminación positiva a una persona que lleva diez", por lo que a juicio de los populares, sus enmiendas pretenden "equilibrar la balanza", con un texto "ecuánime, justo".
"No intentamos discriminar a ningún colectivo, lo que intentamos es poner las cosas en su justo término, hay poca vivienda, mucho demandante y aspiramos a desatascar las listas de Etxebide y que no sigan incrementándose", ha dicho.
Por su parte, Ruiz ha asegurado que el Reglamento de Vivienda vigente desde 2008, "requiere una adecuación" y una "reforma en profundidad" porque "la realidad socio-económica es muy distinta a la de 2008" y porque la adjudicación de vivienda "debe ser mucho más justa, equitativa y transparente, y acorde a la situación económica y social" actual.
En ese sentido, los populares apuestan en sus enmiendas, entre otras medidas, y como ya anunciaron, por ampliar el mínimo de empadronamiento para optar a una vivienda y por beneficiar a los demandantes cuyo periodo de espera sea superior.
"SISTEMA ATASCADO"
"El sistema está atascado, -ha indicado Ruiz-, y es preciso reformarlo
para imprimirle agilidad". La portavoz municipal del PP ha explicado
que el parque del que dispone el Ayuntamiento es de 4.000 viviendas y
que el nº de solicitantes en lista de espera es de 9.000 personas,
de las que el 60 % en torno a 5.000, "llevan 10 o más años
en cola de espera".
La edil ha indicado también que "el nivel de
rotación es muy bajo y por tanto es muy escaso el número de viviendas
disponibles para la entrada de nuevos demandantes" y que la situación
"se agrava teniendo en cuenta que en los 2 últimos años ha aumentado
un 70 % el número de demandantes". Por ello, el PP ha presentado un paquete de enmiendas con medidas como:
1.- el aumento de 2 a 5 años el mínimo de empadronamiento para optar a una vivienda municipal,
2.- la atención prioritaria a quienes llevan en lista de espera 10 o más años y
3.- la consideración de colectivos nuevos como las personas desahuciadas por impago de hipoteca y los divorciados con pensiones a su cargo.
Asimismo, el PP propone reforzar la inspección de las viviendas para optimizar los gastos y ha introducido un artículo nuevo en su propuesta para que la concesión de los locales del parque de viviendas municipales sea para iniciativas que dinamicen la economía y el comercio.
Además, los populares exigen que cualquier aumento de la renta de Viviendas Municipales se sujete al incremento anual del IPC y tenga plena justificación, así como la aprobación del Consejo de Administración.
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