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Lanbide abrirá sus puertas sin poder tramitar la principal ayuda social
El Gobierno no aprobará las reformas legales necesarias hasta finales de año
A. E. - Vitoria - 21/10/2010
Lanbide, el que va a ser el brazo de las políticas laborales del Ejecutivo, comenzará a funcionar en 2011, pero lo hará de una forma incompleta.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, reconoció ayer en el Parlamento que la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social de 2008 no se aprobará en el Consejo de Gobierno hasta finales de este año.
Esta modificación resulta necesaria para poder dejar en manos de Lanbide la gestión y la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos, la principal ayuda social que se concede en Euskadi a personas necesitadas, y del complemento de vivienda.
La consejería tiene 250 empleos para quienes cobran la renta de garantía
Hasta que no se efectúe ese cambio legal, el modelo que se está probando ya en 8 Ayuntamientos (Portugalete, Basauri, Erandio, Lasarte, Elgoibar, Irún, Amurrio y Salvatierra) no podrá extenderse a toda Euskadi.
Por tanto, Lanbide no contará de entrada con la gestión de la renta de garantía, uno de los proyectos sobre los que más ha incidido el departamento, previsiblemente hasta mediados de 2011, cuando el Parlamento dé su visto bueno definitivo al cambio legal.
Sí contará con el resto del modelo, que albergará las competencias que lleguen con la transferencia de las políticas activas de empleo y que afectará a todos los parados.
Portavoces del departamento reconocen el retraso, pero aseguran que buena parte del modelo estará en marcha a principios de 2011.
A falta de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, prevista para hoy, pero aplazada finalmente por la crisis de Gobierno, el viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, aseguró qyer que desconoce cuántas oficinas más serán finalmente necesarias, además de las de Lanbide y las del antiguo Inem.
Por el momento, el departamento espera dos informes y, tras la aprobación en el Consejo de Gobierno, la tramitación parlamentaria podrá llevar meses.
Zabaleta compareció ayer ante la comisión correspondiente de la Cámara para explicar el desarrollo de la experiencia piloto de Lanbide en ocho municipios.
El cambio se centra en la gestión por Lanbide de la renta básica y el acompañamiento en los itinerarios de formación y búsqueda de empleo con las personas que reciben las ayudas.
La consejera valoró que el cambio simplifica la gestión de las ayudas al concentrarse en Lanbide y que así resulta más sencillo controlar los "abusos".
Ruiz detalló que la lista de espera para una cita con los servicios sociales de los Ayuntamientos se ha reducido un 50% en los ocho municipios, ya que Lanbide descarga a los consistorios.
Zabaleta sostuvo que entre las ocho localidades se han gestionado de julio a septiembre pasados un total de 1.063 expedientes y 215 personas han empezado el proceso de formación para la activación laboral.
El 71% de ellos no tiene el Graduado Escolar y tan sólo un 2%, un grado de Formación Profesional.
Este es el colectivo sobre el que más quiere incidir el departamento para potenciar su empleabilidad.
El viceconsejero apuntó tras su comparecencia que el departamento tiene listos 250 empleos para lograr su activación laboral.
Quienes cobran la renta de garantía deben firmar un convenio de inclusión activa -el decreto que lo regula también lleva retraso- y participar en cursos de formación.
Apoyo en Guipúzcoa a la custodia compartida
Las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaron ayer una propuesta transaccionada por el PNV, Hamaikabat y PP en la que instan al Gobierno central a modificar la ley del Divorcio, aprobada en 2005, para que incluya la custodia compartida de los hijos como modelo preferencial en caso de divorcio.
El ararteko, Iñigo Lamarca, ya reclamó anteayer al Parlamento que analice la posibilidad de tomar alguna iniciativa ante las Cortes Generales para promover los cambios legales que posibiliten que la opción más "deseable" tras una separación sea la citada custodia compartida.
La juntera del PP Asunción Guerra precisó que el objetivo de la propuesta es que ambos progenitores puedan ejercer la custodia legal de sus hijos menores en igualdad de condiciones para conjugar dos derechos básicos: el de los hijos a mantener una relación equilibrada con sus padres y el "derecho-deber" de los progenitores en la educación de sus descendientes.
"Lo que pedimos funciona en las democracias más avanzadas, como Alemania, Francia o Reino Unido", abundó.
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