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España es el único país occidental donde las entidades bancarias se pueden adjudicar la propiedad de una vivienda por impago y seguir cobrando la hipoteca al mismo tiempo; es cortesía del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el agravante de que, gracias a la Ley Concursal 22/2003, la broma afecta a las familias pero no a las empresas.
Jesús Gómez Gutiérrez es escritor y traductor literario
NUEVATRIBUNA.ES - 17.10.2010
La noticia aparece en los periódicos de todo el país: las autoridades de Estados Unidos investigan un fraude masivo en los desahucios; bancos como JP Morgan Chase y el Bank of America se han dedicado a manipular documentos para ejecutar hipotecas y dejar en la calle a decenas de miles de personas.
Pero hablamos de Estados Unidos.
Eso no podría pasar en España, país avanzado; porque si ocurriera aquí, delante de nuestras narices, ni las autoridades intervendrían ni la noticia saldría en la prensa, salvo de pasada o como ejemplo de crecimiento económico.
Entre el mercado inmobiliario de Estados Unidos y el de España hay algunas diferencias; la primera y más importante, que la burbuja de EE.UU. estalló completamente y la nuestra sólo se desinfló.
No es que nuestros bancos tengan demasiado dinero atascado en el ladrillo; es que nuestros bancos son de ladrillo.
Por eso no hay día en que Rodríguez Zapatero no cruce los dedos para que los precios de la vivienda suban; ninguna de las medidas del Gobierno pretende que la vivienda vuelva a ser un bien social, al menos en cantidad suficiente; sólo se busca revitalizar el mercado o mantenerlo en valores ajustados a las necesidades bancarias.
El espectáculo debe continuar.
Incluso en los márgenes del escenario, como se verá a continuación.
España es el único país occidental donde las entidades bancarias se pueden adjudicar la propiedad de una vivienda por impago y seguir cobrando la hipoteca al mismo tiempo; es cortesía del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el agravante de que, gracias a la Ley Concursal 22/2003, la broma afecta a las familias pero no a las empresas; para ser exactos, a 350.000 familias españolas, según afirma la Plataforma de Afectados.
Sin embargo, cuando IU, ICV y ERC presentaron este año una proposición no de ley para que el Gobierno reformara nuestra legislación y la adecuara a la que rige en la UE y EE.UU., se encontraron con el rechazo frontal del Partido Socialista.
Hace unos días, varios sindicatos y organizaciones sociales valoraron la posibilidad de presentar una ILP en el Congreso para solventar el problema, aunque es prácticamente imposible que supere el bloqueo de los socialistas, y en su caso del PP, si la calle sigue en silencio.
Esto es válido para la vivienda, los salarios, las condiciones laborales y, en poco tiempo, también para las jubilaciones, donde Zapatero es monaguillo de Sarkozy.
Pero si España no se parece a EE.UU. en materia de ladrillo, tampoco parece Francia en materia de desobediencia.
Nuestros vecinos llevan varias huelgas generales que se pueden convertir en huelgas sectoriales indefinidas sin que, por cierto, surja ningún movimiento de solidaridad en otros países de la UE. Nosotros, entre tanto, esperamos. A que se nos aparezca la virgen, tal vez.
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