Los expertos creen que falta protección a los niños en los casos de violencia de género.
María R. Sahuquillo /
Jesús Sánchez Orellana
Madrid
/
Málaga
1 ABR 2013
Los crímenes machistas han convertido esta Semana Santa en un periodo
especialmente crudo. Desde el pasado miércoles, 3 mujeres han sido
asesinadas por sus parejas o exparejas en Oliva (Valencia), Palma y
Lugo.
A estas tres muertes se suma otro caso en el que la violencia de género ha segado la vida de una menor. En la madrugada del domingo, un hombre mató presuntamente a su hija de 6 años y después se suicidó en Campillos (Málaga). El padre, de 32 años, había sido condenado en diciembre a 6 meses de prisión por malos tratos a su expareja —madre de la niña— de la que estaba en proceso de separación y de quien tenía una orden de alejamiento. A pesar de ello, mantenía el régimen de visitas a la pequeña.
Una vez más, los menores se convierten en víctimas directas del machismo, y son utilizados, como apuntan los expertos, como instrumentos de venganza.
La niña de 6 años fallecida había viajado desde Mataró (Barcelona), donde vivía con su madre, a Campillos para pasar la Semana Santa con su padre, Diego G. P —que no llegó a entrar en prisión para cumplir condena porque no tenía antecedentes—. Ayer, debía volver a casa para incorporarse al colegio, pero cuando su tío fue a recogerla para llevarla a la estación del Ave encontró al padre ahorcado y el cuerpo de la niña sobre la cama.
La menor había sido asfixiada, según la investigación policial.
El caso de la pequeña de Málaga no es único: Ruth y José, cuyo padre, José Bretón, está imputado por asesinato, o el niño de 9 años al que su progenitor asfixió en Gran Canaria en 2012 son ejemplos de lo que los expertos denominan violencia de género extendida. “La que trata de dañar a la mujer a través de familiares, nuevas parejas o sus hijos, quienes más la sufren”, define Miguel Lorente, forense y experto en este tipo de delitos. “Haciendo daño a los hijos, llegando a matarles incluso, buscan causar a la mujer el sufrimiento más intenso que se puede provocar a alguien: quitarle lo más querido”, añade.
La Ley Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil permiten a los jueces retirar a los padres la custodia de los hijos para preservar el interés del menor.
Sin embargo, como apunta la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, esa opción, que queda a la discrecionalidad de los jueces, se aplica en contadas ocasiones. “No se hace apenas con la custodia. Y menos con el derecho de visitas”, indica. Para Cerrillos, los jueces suelen “minimizar las conductas violentas del padre agresor” y tratan a los menores solo como víctimas indirectas.
Entre 2005 y 2010, los tribunales retiraron en 11.000 ocasiones la guardia y custodia de los hijos a padres condenados por malos tratos, según el balance del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.
En noviembre de 2010, el Gobierno socialista trató de reformar el Código Civil para que la retirada de la custodia fuera automática para los imputados por malos tratos, pero la modificación, largamente exigida por los expertos y las asociaciones de mujeres, finalmente no vio la luz.
“Es necesario proteger a los menores y la mejor manera es aplicar para ellos los mismos sistemas de protección que a sus madres”, pide Cerrillos. Mientras, desde el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad insisten en que trabajan —junto a Justicia— para reforzar los protocolos para agilizar la retirada de la custodia en los casos de malos tratos. Este año, por 1ª vez, además, los registros de víctimas de la violencia machista incluyen también a los menores fallecidos —como la pequeña de Málaga, de confirmarse el caso— y de aquellos que han quedado huérfanos por esta causa.
Para Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, no es suficiente. Su partido presentará esta semana una Proposición de Ley que impida de manera concreta que se produzcan situaciones como la de Campillos. “La ley tiene instrumentos para ello y hay que usarlos”, exige también la diputada socialista Ángeles Álvarez.
Con las tres últimas víctimas mortales, ya son 12 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2013, 1 más que en el mismo periodo del año anterior.
Ninguna de las 3 mujeres había denunciado a su maltratador, patrón que se repite en la mayoría de los casos: solo 2 de las 12 fallecidas había iniciado alguna causa por violencia de género. Un dato que preocupa a los expertos. Causapié incide en que los recortes en la protección social a las víctimas —casas de acogida, centros de asesoramiento— pueden estar “desincentivando” que las mujeres busquen salir de la situación de violencia.
A estas tres muertes se suma otro caso en el que la violencia de género ha segado la vida de una menor. En la madrugada del domingo, un hombre mató presuntamente a su hija de 6 años y después se suicidó en Campillos (Málaga). El padre, de 32 años, había sido condenado en diciembre a 6 meses de prisión por malos tratos a su expareja —madre de la niña— de la que estaba en proceso de separación y de quien tenía una orden de alejamiento. A pesar de ello, mantenía el régimen de visitas a la pequeña.
Una vez más, los menores se convierten en víctimas directas del machismo, y son utilizados, como apuntan los expertos, como instrumentos de venganza.
La niña de 6 años fallecida había viajado desde Mataró (Barcelona), donde vivía con su madre, a Campillos para pasar la Semana Santa con su padre, Diego G. P —que no llegó a entrar en prisión para cumplir condena porque no tenía antecedentes—. Ayer, debía volver a casa para incorporarse al colegio, pero cuando su tío fue a recogerla para llevarla a la estación del Ave encontró al padre ahorcado y el cuerpo de la niña sobre la cama.
La menor había sido asfixiada, según la investigación policial.
El caso de la pequeña de Málaga no es único: Ruth y José, cuyo padre, José Bretón, está imputado por asesinato, o el niño de 9 años al que su progenitor asfixió en Gran Canaria en 2012 son ejemplos de lo que los expertos denominan violencia de género extendida. “La que trata de dañar a la mujer a través de familiares, nuevas parejas o sus hijos, quienes más la sufren”, define Miguel Lorente, forense y experto en este tipo de delitos. “Haciendo daño a los hijos, llegando a matarles incluso, buscan causar a la mujer el sufrimiento más intenso que se puede provocar a alguien: quitarle lo más querido”, añade.
La Ley Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil permiten a los jueces retirar a los padres la custodia de los hijos para preservar el interés del menor.
Sin embargo, como apunta la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, esa opción, que queda a la discrecionalidad de los jueces, se aplica en contadas ocasiones. “No se hace apenas con la custodia. Y menos con el derecho de visitas”, indica. Para Cerrillos, los jueces suelen “minimizar las conductas violentas del padre agresor” y tratan a los menores solo como víctimas indirectas.
Entre 2005 y 2010, los tribunales retiraron en 11.000 ocasiones la guardia y custodia de los hijos a padres condenados por malos tratos, según el balance del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.
En noviembre de 2010, el Gobierno socialista trató de reformar el Código Civil para que la retirada de la custodia fuera automática para los imputados por malos tratos, pero la modificación, largamente exigida por los expertos y las asociaciones de mujeres, finalmente no vio la luz.
“Es necesario proteger a los menores y la mejor manera es aplicar para ellos los mismos sistemas de protección que a sus madres”, pide Cerrillos. Mientras, desde el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad insisten en que trabajan —junto a Justicia— para reforzar los protocolos para agilizar la retirada de la custodia en los casos de malos tratos. Este año, por 1ª vez, además, los registros de víctimas de la violencia machista incluyen también a los menores fallecidos —como la pequeña de Málaga, de confirmarse el caso— y de aquellos que han quedado huérfanos por esta causa.
Para Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, no es suficiente. Su partido presentará esta semana una Proposición de Ley que impida de manera concreta que se produzcan situaciones como la de Campillos. “La ley tiene instrumentos para ello y hay que usarlos”, exige también la diputada socialista Ángeles Álvarez.
Con las tres últimas víctimas mortales, ya son 12 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2013, 1 más que en el mismo periodo del año anterior.
Ninguna de las 3 mujeres había denunciado a su maltratador, patrón que se repite en la mayoría de los casos: solo 2 de las 12 fallecidas había iniciado alguna causa por violencia de género. Un dato que preocupa a los expertos. Causapié incide en que los recortes en la protección social a las víctimas —casas de acogida, centros de asesoramiento— pueden estar “desincentivando” que las mujeres busquen salir de la situación de violencia.
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