El Gobierno del PP en la linea roja de la Justicia

Violencia género: El gobierno quiere que los jueces impongan más 'pulseras antimaltrato'

lainformacion.com/ Servimedia/ viernes, 05/10/12

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género impulsará la utilización de los “dispositivos de seguimiento telemático para garantizar las medidas de alejamiento en casos de malos tratos (conocidos como 'brazaletes')” por parte de la judicatura, según anunció este viernes la responsable de dicha delegación, Blanca Hernández.
En su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, Hernández anunció que dentro de las conversaciones habituales con los órganos jurisdiccionales se estudiará por qué dicha medida no se utiliza más.
En todo caso, Hernández aseguró que se impulsará su utilización, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez, donde se lamentaba de su “infraempleo”. Afirmó que la dotación a esta partida (de 5.200 millones de euros) ha aumentado “para hacer frente a las obligaciones contractuales contraídas y al aumento de demanda que esperamos”.
“En la actualidad hay 781 brazaletes instalados, aunque tenemos 3.100 disponibles para su utilización”, afirmó. 
No obstante, según informó Álvarez, en España existen “unas 137.000 mujeres que han sido valoradas en situación de riesgo”, de las que 34.700 “son de alto riesgo y 7.100 de riesgo extremo”.

PRESUPUESTOS
La delegada del Gobierno destacó:
1.- la atención y protección a las mujeres y menores víctimas de violencia de género y
2.- la sensibilización para “romper el silencio” como los “2 objetivos prioritarios” de su departamento, en torno a los cuales se organiza el presupuesto para 2013.
Además de estas 2 metas fundamentales, dijo que en el proyecto de presupuestos para 2013 la Delegación del Gobierno se ha fijado otros 3s retos: 
3.- mejorar la información, conocimiento y diagnóstico del maltrato en la sociedad; 
4.- mejorar la coordinación entre todos los agentes implicados en las distintas administraciones, y 
5.- luchar contra "la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas con fines de explotación sexual".

Las distintas partidas para protección social integral a víctimas y sus hijos ascienden a 16.800.000 euros (el 79,3% del presupuesto total de la Delegación), lo que, a juicio de Hernández, demuestra “la prioridad que le concedemos a este objetivo”.
Por este motivo, en el reparto de los 4 millones de euros en trasferencias que se concederán a las comunidades autónomas para atención integral a las víctimas “tendrán prioridad aquellos que sean programas de asistencia y protección”, postergando otros de carácter educativo o similares que en ediciones anteriores sí se financiaban. 
A ello hay que añadir otro millón de euros procedente, de la Unión Europea que, según Hernández, se mantendrá.

Las partidas para el servicio de atención telefónica Atempro, la utilización de los dispositivos telemáticos, las ayudas para inserción laboral de víctimas con escasa empleabilidad y el nº de información telefónica 016 mantendrán sus dotaciones de 5,5, 5,2, 1,1 y 1 millones de euros, respectivamente.
A las campañas de sensibilización y concienciación se destinarán 1.500.000 euros, al igual que a las acciones de lucha contra la trata de mujeres.
Finalmente, con medio millón de euros se impulsará la información disponible y el diagnóstico sobre la violencia de género, a fin de conseguir “mejores indicadores y optimizar la explotación de datos”.
Se creará un portal estadístico para que todos aquellos profesionales interesados puedan acceder a la información de que dispone la Delegación del Gobierno, “se trabajará en la explotación de los datos obtenidos tras la macroencuesta sobre violencia de género que realizamos junto al CIS y reforzaremos la coordinación entre administraciones para conseguir msá datos”, dijo.

RECORTE MENOR
Hernández, que admitió que el presupuesto de su departamento se ha reducido en un 7% para 2013, insistió en que se trata “de un recorte menor en comparación con los producidos en otros ministerios y departamentos”.
De hecho, aseguró que la Delegación que dirige es la menos afectada dentro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y subrayó que “todos los ajustes se han realizado en ámbitos donde se pueden lograr idénticos resultados”.
El empleo del personal de la delegación en tareas que antes se externalizaban, la utilización de redes sociales y otros canales ya existentes para difundir campañas, la sustitución de publicaciones en papel por publicaciones 'on-line' (se han ahorrado 377.000 euros) y el nuevo alojamiento de la web de la Delegación en el mismo servidor del Ministerio (200.000 euros menos) son algunas de las claves del ahorro, explicó.