El Instituto de Política Familiar (IPF) pide la derogación de la ley de violencia de género, de la ley del aborto y de la ley de divorcio en un documento titulado '100 Medidas de Apoyo a la Familia' dirigido a la sociedad y, en concreto, a los políticos, de cara a las elecciones generales del 28 de abril y las municipales y autonómicas del 26 de mayo. El informe se publica este martes 19 de marzo coincidiendo con el Día del Padre.
"3 palabras pueden definir la actuación de los poderes públicos a la familia en los últimos años: abandono, marginación e incluso, a veces, ataque", ha asegurado el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, al tiempo que ha invitado a las administraciones a dejar de "actuar como bomberos-pirómanos" y a "cambiar el chip". "El futuro de la familia se juega en estas elecciones", ha subrayado.
El informe '100 Medidas de Apoyo a la Familia' está dividido en 9 áreas de actuación: La familia como institución; Compromiso con la familia y convergencia con Europa; Cultura de familia; Más que una vivienda digna, un hogar; Derecho a la libertad para tener hijos; Derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar; Derecho a la estabilidad conyugal; Derecho de los padres a educar a sus hijos; y Fiscalidad con perspectiva de familia.
Entre las propuestas, destaca la de "derogar la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine un sexo de otro" porque consideran que contiene "una injusta asimetría penal". En su lugar, el Instituto de Política Familiar sugiere elaborar una "ley de violencia de la pareja" que "proteja por igual a hombres, mujeres y niños, sin distinción ni discriminación de sexo".
Asimismo, el IPF pide la derogación de la Ley del aborto "por su carácter absolutamente regresivo al introducir el aborto libre hasta las 14 semanas y tratarlo como un derecho de la mujer". Además, plantea que se sustituya la autorización de médicos de la clínica especializada en abortos por "la obligación de que sea firmado por 2 médicos de la Seguridad Social, respetando la objeción de conciencia".
"La natalidad no sólo ha caído a niveles dramáticos, sino que se está agravando aún más con el aborto. Es una realidad innegable que las familias españolas tienen en los últimos años muy pocos hijos. España se queda sin niños", avisa el IPF.
En esta línea, también propone establecer la condición necesaria de la receta médica para la dispensación de la píldora del día después en las farmacias y sugiere crear una comisión interministerial dependiente del Ministerio de Sanidad que aborde el "crecimiento vertiginoso de los abortos quirúrgicos y farmacológicos". Igualmente, pide que "se permita a los padres inscribir en el Registro Civil a los niños fallecidos antes de nacer".
PROHIBIR LA GESTACIÓN SUBROGADA
Además, entre las medidas recogidas en el documento, también se encuentra la prohibición de los "vientres de alquiler" porque consideran que es "una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas y que vulnera la dignidad humana más elemental".
Por otro lado, el IPF reclama la derogación de la Ley de divorcio de 2005, "la ley del divorcio exprés" ya que, a su juicio, "ha resultado ser claramente desacertada y, al cabo de 12 años de aplicación, ha demostrado su rotundo fracaso duplicando el número de divorcios en España". En su lugar, propone el desarrollo de una ley de prevención y mediación familiar.
Igualmente, plantean crear un "préstamo matrimonial" para jóvenes que vayan a contraer matrimonio; y la realización de campañas institucionales de sensibilización social, concienciación y de "promoción de la importancia del matrimonio, la familia y la maternidad".
"Produce escalofríos la cifra de las más de 102.000 rupturas que se producen en España anualmente, lo que significa que se rompe 1 matrimonio cada 5,1 minutos, es decir, más de 12 rupturas cada hora, 288 al día. Por otra parte, el divorcio afecta anualmente a 90.000 niños", precisan desde el IPF.
UN MINISTERIO DE FAMILIAAl nuevo Gobierno que saldrá de las elecciones del 28 de abril también le piden la creación de un Ministerio de la Familia y de una Ley de Protección a la Familia. Asimismo, apuestan por un Pacto de Estado sobre la Familia, Natalidad y la Demografía y por un Plan Nacional de Natalidad, de carácter trienal, que "suprima los obstáculos que impiden a las familias tener el número de hijos que desean".
En concreto, reclaman que se destine el 2,4 % del PIB a gasto social familiar frente al 1,3 % actual; que se incremente la prestación de la ayuda por hijo a cargo hasta los 100 euros; y que se restablezcan las deducciones fiscales por compra de la Iª vivienda habitual para familias.
El IPF también propone en su documento una ayuda directa universal al embarazo; la creación de un 'Bono Bebé' con una ayuda directa universal por nacimiento de 1.500 euros de pago único. Y entre las medidas de conciliación, sugiere promocionar los horarios flexibles en las empresas; impulsar la jornada continuada y promocionar el teletrabajo con prioridad para los cónyuges con hijos. Además, pide el aumento del permiso remunerado de maternidad hasta las 20 semanas a las madres e implantar la transferibilidad.
En el ámbito educativo, reclama la retirada de libros de texto en la escuela pública "que vulneren el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones"; así como la instauración de un "PIN Parental" de forma que "se necesite el consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales".
Entre otras medidas, también exige la adaptación del sistema fiscal a la perspectiva de familia eliminando cualquier efecto que la "penalice"; el establecimiento de pensiones contributivas de jubilación para quienes trabajen exclusivamente en el hogar, mediante un convenio voluntario con la Seguridad Social; y el aumento de la pensión de jubilación en función del número de hijos.
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