M. Llamas, 16.03.2019
A lo largo de los últimos años, y a la vista de la mayoría de noticias y mensajes políticos que recibe la opinión pública, da la sensación de que España se ha convertido en un país muy peligroso para las mujeres cuando, en realidad, es todo lo contrario. Los datos que se suelen aducir para sustentar tal afirmación es que, por un lado, las denuncias por violencia de género no dejan de crecer, mientras que, por otro, el número de condenas es muy superior al de absoluciones (63% frente a 37%), pese a que la mayoría de los casos no llegan a juicio.
De este modo, se transmite la idea de que, lejos de remitir, el problema de la violencia de género aumenta, lo cual sirve de excusa para exigir no sólo una mayor atención pública a todos los niveles, incluido el político y el judicial, sino también un mayor volumen de recursos económicos para luchar contra esta lacra. Hasta aquí, el discurso oficial. Vayamos ahora a los datos, y, más concretamente, a los informes que elabora anualmente el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se recogen tanto las denuncias presentadas como su terminación concreta en los juzgados.
Desde finales de 2004, momento en el que entra en vigor la Ley de Violencia de Género aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta 2017, se han presentado un total de 1,69 millones de denuncias relacionadas con esta materia, lo que arroja una media de casi 130.000 denuncias al año.
De esa cifra global, los juzgados han resuelto 1,23 millones de casos (73,1%), mientras que las 454.000 restantes (26,9%) no han alcanzado ningún tipo de resolución concreta (sobreseimiento, archivo, absolución o condena por el tribunal competente).
Los datos oficiales arrojan el siguiente cuadro:
El 26,9% de las denuncias no alcanzan ninguna resolución concreta.
El 36,2% son denuncias sobreseídas o archivadas.
El 13,7% son sentencias de absolución tras juicio.
El 11,6% son condenas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM).
El 11,4% son condenas en los Juzgados de lo Penal (J. PEN).
El 0,2% son condenas en la Audiencia Provincial correspondiente (AP).
La 1ª gran conclusión, por tanto, es clara: tan sólo el 23,2% de las denuncias presentadas por violencia de género acaban en condena, mientras que el 76,8% restante terminan sin resolución, archivadas, sobreseídas o con una sentencia absolutoria por parte de los tribunales. Así pues, el 77% de los denunciados acaban resultando inocentes o, si se prefiere, no culpables -todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante condena firme, tal y como exige la ley y el Estado de Derecho-.
Y si se excluyen las denuncias no resueltas (27% del total), el resultado que arrojan las resoluciones judiciales es el siguiente:
El 49,5% de las denuncias son sobreseídas o archivadas por carecer de indicios probatorios.
El 18,7% son absoluciones tras concluir el juicio.
Y el 31,8% restante son sentencias condenatorias tras su enjuiciamiento.
Así pues, del total de denuncias que concluyen con una resolución específica tras ser valoradas y juzgadas por la instancia correspondiente, el 68,2% (unos 840.000 casos) arrojan un dictamen de inocencia, ya sea por archivo y sobreseimiento (610.000) o por absolución (230.000), mientras que el número de condenas por violencia de género desde 2004 rondan el 32% (casi 392.000 casos).
Dicho de otro modo, de los casos de violencia de género resueltos por los tribunales, tan sólo 1 de cada 3 termina en condena, y cerca de la mitad resulta archivado o sobreseído por falta de indicios, sin necesidad, por tanto, de llegar a juicio.
El 26,9% de las denuncias no alcanzan ninguna resolución concreta.
El 36,2% son denuncias sobreseídas o archivadas.
El 13,7% son sentencias de absolución tras juicio.
El 11,6% son condenas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM).
El 11,4% son condenas en los Juzgados de lo Penal (J. PEN).
El 0,2% son condenas en la Audiencia Provincial correspondiente (AP).
La 1ª gran conclusión, por tanto, es clara: tan sólo el 23,2% de las denuncias presentadas por violencia de género acaban en condena, mientras que el 76,8% restante terminan sin resolución, archivadas, sobreseídas o con una sentencia absolutoria por parte de los tribunales. Así pues, el 77% de los denunciados acaban resultando inocentes o, si se prefiere, no culpables -todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante condena firme, tal y como exige la ley y el Estado de Derecho-.
Y si se excluyen las denuncias no resueltas (27% del total), el resultado que arrojan las resoluciones judiciales es el siguiente:
El 49,5% de las denuncias son sobreseídas o archivadas por carecer de indicios probatorios.
El 18,7% son absoluciones tras concluir el juicio.
Y el 31,8% restante son sentencias condenatorias tras su enjuiciamiento.
Así pues, del total de denuncias que concluyen con una resolución específica tras ser valoradas y juzgadas por la instancia correspondiente, el 68,2% (unos 840.000 casos) arrojan un dictamen de inocencia, ya sea por archivo y sobreseimiento (610.000) o por absolución (230.000), mientras que el número de condenas por violencia de género desde 2004 rondan el 32% (casi 392.000 casos).
Dicho de otro modo, de los casos de violencia de género resueltos por los tribunales, tan sólo 1 de cada 3 termina en condena, y cerca de la mitad resulta archivado o sobreseído por falta de indicios, sin necesidad, por tanto, de llegar a juicio.
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