sábado, 23 de marzo de 2019

Paca Granados, la consejera del desastre judicial de Juana Rivas, con el apoyo de Susana Diaz.

QUICO ALSEDO, 21 marzo 2019
Jueces, abogados y amigos avisaron a la madre de Maracena de que desbordar la legalidad era un error... Excepto su consejera áulica, la directora del Centro de la Mujer de Maracena
"¿Pero tú sabes quién soy? Te lo digo con respeto, ¿tú sabes con quién estás hablando?", espetaba Francisca Granados, Paqui, de buenas a primeras, aún hace pocos meses, a los periodistas que simplemente la llamaban para interesarse por el devenir procesal del caso Juana Rivas.
"¿Sabes que yo no soy una cualquiera, que tengo mi título de Derecho?", soltaba a bocajarro, tal vez preparando su propia defensa (y no sólo la de su representada) para lo que vendría después: un desastre judicial para Rivas, quien ahora, de no remediarlo el Supremo y un tribunal italiano, podría dejar a la otrora 'madre coraje de Maracena' en la cárcel, con un régimen draconiano para ver a sus hijos, sin la patria potestad sobre ellos por espacio de 6 años e incluso a tratamiento para reaprender a ser madre.
Granados no sólo era la portavoz y alter ego de la madre ante los medios: abogados que en los momentos álgidos del caso, con los niños en paradero desconocido, intentaban ayudar a Rivas y la aconsejaban pactar -y llegó a haber algún principio de acuerdo-, se encontraban con la negativa de ambas. De la madre, "más preocupada por la violencia de género que de sus hijos", sostiene ahora el juez italiano, pero también de la directora del Centro de Atención a la Mujer y responsable de Igualdad en Maracena. De ahí, después, la cárcel, la terapia y el alejamiento de sus hijos.
CAMPAÑA MEDIÁTICA
2 son las durísimas alusiones a Granados en las últimas sentencias del caso. La 1ª, del Penal nº 5 de Granada, la hizo suya la Audiencia Provincial al ratificar los 5 años de cárcel a Rivas por sustraer a los 2 niños de su padre durante más de 1 año.
En el relato de la declarada insumisión de la madre a devolver a los niños, incluso ante las repetidas requisitorias de la Justicia, narra el juez: "La acusada toma parte en una campaña mediática, con rueda de prensa incluida, al frente de la cual aparece una tal Francisca Granados Gámez, quien adoptó la función de portavoz y asesora legal de Juana, llegando a manifestar el 25 de julio [de 2017] que los menores no habían sido entregados».
Eran los días de vino y rosas de la reivindicación para una luchadora, desde los años 80, por los derechos de la mujer. España entera, aparentemente, se negaba a devolver a los hijos de Juana a Italia, a Francesco Arcuri, padre supuestamente maltratador. Incluso Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, tuiteaba: "Todo mi apoyo a Juana Rivas en la lucha por proteger a sus hijos. Los niños también son víctimas de la violencia machista".
Siempre al lado de Rivas, siempre gesticulante, siempre con el eslogan a punto, Paqui Granados, nacida en Benalúa de las Villas en los años 60, parecía el cerebro de la operación ante la opinión pública. Rivas se había puesto en sus manos en mayo de 2016, e incluso según algunas versiones ella la habría aleccionado a denunciar por malos tratos a Arcuri el 12 de julio de ese año, en una estrategia que se ha revelado suicida: alegar sin prueba alguna violencia machista -con la condena por malos tratos a Arcuri de 2009 como único apoyo en esencia-, y a partir de ahí desbordar la legalidad. Una especie de 'procés' de género.
CUANDO PSOE, PODEMOS E IU PELEABAN POR ELLA
Sin devolver a sus hijos hasta más de 1 año después, envuelta en una campaña mediática que intentaban rentabilizar políticamente PSOE, Podemos e IU (que destinó el dinero de la huelga del 8-M al caso), Rivas ponía los cimientos para la catástrofe posterior: la denuncia por malos tratos era enviada a Italia sin que se le otorgara crédito alguno -aún queda por llegar un previsible rosario de archivos desde el otro lado del Mediterráneo-, y a la madre de G. y D. le caía encima todo el peso de la Justicia.
El propio juez de Granada, Manuel Piñar, se lo dijo a Rivas a posteriori, cuando su defensa, varias veces cambiante ante la influencia de Granados, llegó a alegar que la madre había estado mal asesorada desde el principio: "Pues haber elegido mejor a sus abogados", le espetó el magistrado, mencionando sin mencionar a "Paqui", que asesoró legalmente a la mujer como licenciada en Derecho, pero sin estar colegiada como abogada, como evidenció una denuncia contra ella por intrusismo profesional del Colegio de Abogados granadino. 
La denuncia fue archivada, pero ella no dejó ni por un momento su estribillo: la habían denunciado "por ser mujer", iban contra "la igualdad entre hombres y mujeres".
La 2ª alusión a Granados llegaba ayer desde Italia y esta vez era velada: Juana Rivas, dice el juez, "no es capaz de tomar decisiones" sobre sus hijos por sí misma, luego el papel de Granados en el desaguisado se agrandaría... De no ser por lo que deslizan fuentes de la causa: "En realidad, Paqui ha sido fundamental, pero no tomaba las decisiones: era una palmera de lo que Juana quería. Si Juana se negaba a esto o a aquello, Paqui lo que hacía era darle cobertura legal, pero no era ella la que mandaba: era Juana".
¿Y qué opina el abogado de la contraparte, el letrado de Francesco Arcuri? Habla Enrique Zambrano, que apunta en muchas más direcciones en esta suerte de hoguera de las vanidades en que se terminó convirtiendo el caso: "A mi modo de ver, Granados podría tener la misma o incluso menos trascendencia que determinados personajes mediáticos de todos los órdenes, en especial televisivos, que encumbraron por un lado a Rivas como madre coraje y a mi representado como el ogro de la historia. Afortunadamente, hemos ido poniendo las piezas en su sitio. Aun espero la rectificación de todos".
"Y tú, ¿sabes lo que es la violencia machista? Eso de la violencia de género... ¿cómo lo ves?", le lanzaba a botepronto Granados al periodista, por teléfono. "Porque sí, los periodistas sois todos muy imparciales, pero no hay acto sin ideología, no lo hay, que lo sepas, ¿eh?", remachaba.

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