El ex alcalde de Elche y ex portavoz del PSPV en la diputación
de Alicante, Alejandro Soler, lanzó ayer una propuesta de debate sobre la
conveniencia de modificar algunos aspectos de la ley de violencia de
género. Lo hace después de que el juez lo absuelva de la denuncia
presentada por su ex mujer.
Soler pretende que se aplique una especie de control de las denuncias y que sólo se ejecuten las medidas cautelares, una vez se hayan verificado los hechos.
En la actualidad, los jueces aplican el protocolo y dictan medidas contra el supuesto agresor una vez presentada la denuncia y se celebra la primera vista.
Si se aplica el caso de Soler, la propuesta no es descabellada porque finalmente el juez concluyó que no se pudieron acreditar las agresiones y las amenazas. Es decir, que los hechos que denunció su ex pareja no fueron verdad. Existe mucha sensibilidad social sobre esta cuestión y de ahí que el PSOE, en sus años de Gobierno, legislara de una manera tan estricta.
Hoy, uno de sus cargos públicos ha sufrido en sus carnes los rigores de la ley. Aunque también se ha demostrado que la ley es garantista y no se condena a nadie si no existen unos hechos probados. El debate, por lo tanto, está servido, sobre todo, en el seno del PSOE.
Soler pretende que se aplique una especie de control de las denuncias y que sólo se ejecuten las medidas cautelares, una vez se hayan verificado los hechos.
En la actualidad, los jueces aplican el protocolo y dictan medidas contra el supuesto agresor una vez presentada la denuncia y se celebra la primera vista.
Si se aplica el caso de Soler, la propuesta no es descabellada porque finalmente el juez concluyó que no se pudieron acreditar las agresiones y las amenazas. Es decir, que los hechos que denunció su ex pareja no fueron verdad. Existe mucha sensibilidad social sobre esta cuestión y de ahí que el PSOE, en sus años de Gobierno, legislara de una manera tan estricta.
Hoy, uno de sus cargos públicos ha sufrido en sus carnes los rigores de la ley. Aunque también se ha demostrado que la ley es garantista y no se condena a nadie si no existen unos hechos probados. El debate, por lo tanto, está servido, sobre todo, en el seno del PSOE.
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