La denuncia de una juez de familia contra una letrada por llamarla "loca" al finalizar un juicio ha abierto una brecha entre jueces, fiscales y abogados, hasta el punto de que el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) planteará el lunes en una reunión si presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que sí ha hecho ya ante este órgano la letrada denunciada.
Una abogada alicantina se sentó ayer en el banquillo en un juicio de faltas por supuestas vejaciones y amenazas a la titular del juzgado de Primera Instancia nº 8 de Alicante, especializado en Familia, después de llamar "loca" a la magistrada a la salida de una vista oral el pasado mes de marzo ante la atenta mirada de peritos, psicólogos y funcionarios al ordenarle la juez que abandonara la sala al excederse del tiempo que le otorgó para las conclusiones. Una representación del Colegio de Abogados de Alicante quiso estar presente ayer en la vista oral par dar su apoyo a la letrada, pero los miembros de la junta no pudieron acceder a la sala al decidir la juez del caso celebrar la vista a puerta cerrada, hecho criticado por algunos compañeros de profesión de la letrada.
Según la denuncia de la magistrada -que se basa en otros testimonios, ya que ella se encontraba aún en la sala cuando se produjeron las presuntas vejaciones-, la abogada comenzó a gritar a la salida de un juicio por un cambio de medidas en el convenio regulador sobre una menor que la juez estaba "loca" y que necesitaba "un psiquiatra", según fuentes judiciales.
La magistrada decidió denunciar los hechos y nada le ha hecho dar marcha atrás. Ni siquiera el intento de mediación del Decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, que intentó acercar posturas para evitar la vista oral.
Preguntado Candela por este diario respecto a una posible denuncia ante el CGPJ, el decano indicó que ha convocado la comisión permanente el lunes y que en ella se abordará la situación y las medidas que emprenderá el Colegio de Abogados. Ratificó que una representación del Colegio estuvo ayer presente para poder entrar al juicio y apoyar a la letrada, pero que él no pudo asistir al encontrarse de viaje. Tampoco precisó si la letrada podría llegar a ser sancionada si la sentencia le declarara culpable de una falta de respeto a la autoridad judicial, que es como ayer el fiscal entendió los hechos, por los que reclama a la imputada el pago de una multa de 240 euros y costas.
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