Gallardón anuncia ahora que modificará parte de las tasas judiciales

Rectificar es de sabios: el PP da su brazo a torcer en los asuntos más polémicos.

Diariocrítico/Agencias 12/02/2013

"Rectificar es de sabios", dijo María Dolores de Cospedal para explicar el cambio de postura oficial del PP en cuanto al despido del ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, por el caso Gürtel. Y a partir de ahí, el 'volantazo' político se ha llevado por delante las apuestas más polémicas del Gobierno: la ILP para abrir el debate sobre la dación en pago que reunió más de un millón de firmas y, ahora, las tasas judiciales que provocaron una convocatoria de huelga histórica en la judicatura.

 

 

El Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas de las tasas  judiciales antes de septiembre, según ha adelantado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en el Congreso, atendiendo así a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con la que ha tenido ocasión de reunirse este martes y justo un día después de que desde Bruselas se advirtiese al Gobierno español que vigilarían de cerca su aplicación para garantizar que no supondrían una barrera para el ejercicio del derecho de acceso a la Justicia.

 "El Gobierno asume las recomendaciones del Defensor del Pueblo y articularemos los procedimientos legales adecuados para introducir esas recomendaciones en la legislación", ha asegurado el titular de Justicia, al mismo tiempo que ha indicado que intentará que la Ley de Justicia Gratuita entre en vigor "lo antes posible".
La Defensora del Pueblo, que tiene de plazo hasta el próximo día 21 para decidir si recurre ante el Constitucional la Ley de Tasas, ha hecho entrega al ministro de un escrito en el que le recomienda una "modificación sustancial" del sistema de tasas judiciales.

Recomendaciones de la Defensora del Pueblo
En el texto recomienda reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.
Asimismo, propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.
Por último, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.Según ha dicho Gallardón, el Gobierno asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo al entender que "son sensatas, están muy bien fundamentadas y consolidan el principio que es el que recoge la Ley de tasas, de un sistema mixto de financiación plenamente constitucional y que no sean sólo los contribuyentes con cargo a sus impuesto, sino también una parte de los litigantes los que financien la Justicia".

Entre las que podrían suprimirse figuran las tasas judiciales en casos de procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual. Un tema que viene ligado al otro polémico asunto en el que el PP ha virado el rumbo: la votación de la ILP sobre el debate de la dación en pago.
También podrían adelantarse algunas medidas que se han remitido a la futura Ley de Justicia Gratuita, cuya tramitación no se calcula hasta después del verano.