Las asociaciones judiciales, partidarias de la tasa judicial

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Las asociaciones judiciales, partidarias de la tasa judicial pese a que pudiera dañar los derechos del ciudadano con menos recursos



10/08/2011.Diario Jurídico.com

No se han hecho esperar las reacciones de las asociaciones judiciales al hilo de las declaraciones del conseller de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, sobre que no descarta implantar el pago de una tasa “como medida para agilizar los trámites judiciales”.
Estas entidades muestran su interés en aplicar esta medida aunque es evidente que para aquellos ciudadanos sin recursos podría peligrar el propio derecho a la defensa.


Jueces para la Democracia (JpD) explicó en un comunicado que aunque las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio “no tendrían ningún problema en pagar las tasas, a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.

Para JpD, “esta perspectiva de limitación de los servicios públicos a través del copago, como otras similares referentes a la educación o a la sanidad, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado social, democrático y de derecho”.


La asociación subrayó que la gestión de la Justicia podría mejorar “con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas” por la Generalitat Valenciana, como:
1.- el impulso en la reforma de la oficina judicial,
2.- una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales, o
3.- una reducción de gastos “superfluos”.


Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, señaló que es lógico que los gastos ordinarios de la Administración de Justicia sean soportados en mayor medida por aquellas personas que acuden a los tribunales con mayor frecuencia.

No obstante, Llanera indicó 2 limitaciones para el copago:
a.- que aquellas personas que carezcan de recursos para poder litigar tengan derecho a la justicia gratuita y
b.- que el gasto sea soportado por aquellos que acudan a los tribunales y éstos no les den la razón. (Las actuales condenas a costas)


El representante de la APM defendió que quien pierde un juicio asuma mediante el copago un porcentaje del gasto derivado del funcionamiento de la Administración de Justicia -los medios personales y materiales-, en lugar de que sea sufragado por todos los contribuyentes españoles como ocurre en la actualidad.


Extender las tasas a otras jurisdicciones.

Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, recordó que ya existe una tasa en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, que se podría extender al resto de los órdenes judiciales.

Tras indicar que la competencia para fijar un impuesto corresponde al Estado, Sexmero argumentó que el establecimiento de una tasa en la Administración de Justicia no sería onerosa para los usuarios y contribuiría a mejorar este servicio público.


La Administración de Justicia necesita de medios económicos para poder funcionar, resaltó Sexmero, antes de apuntar que:
1.-  o el Estado incrementa los presupuestos de Justicia
2.- o se establece una tasa por la prestación de este servicio en el conjunto del Estado.


El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, comentó ayer que no hay que descartar que los usuarios tengan que sufragar una tasa “simbólica” por la prestación de un servicio en la Administración de Justicia, aunque ha reconocido la dificultad de implantarla en las jurisdicciones social o penal.

Varona aboga por distinguir en qué jurisdicciones y por qué actos se pagaría la tasa, que, en su opinión, podría suponer una mejora de la calidad de la Justicia.