Iglesia y Ley del Divorcio II

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APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS
Intercambio de reproches ante el anuncio del Gobierno de reformar la ley del divorcio.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha anunciado este viernes que el Gobierno ha aceptado en Consejo de Ministros iniciar la reforma de la ley del divorcio " para cumplir un compromiso del Gobierno".

La medida ha provocado ya la reacción de la Iglesia. El obispo de Mondoñedo-Ferrol, José Gea Escolano, considera que la reforma favorecerá los matrimonios de conveniencia, declaraciones que el PSOE ha considerado como "lamentables y xenófobas".

(EFE)
Según anunció el Gobierno al término del Consejo de Ministros, la reforma de la ley de divorcio es una de las prioridades del Ejecutivo en el calendario legislativo del nuevo periodo de sesiones, su objetivo es agilizar ese proceso y tiene como principal novedad la eliminación del requisito de la separación previa o la necesidad de alegar ante el juez motivos para la ruptura.

El tema es polémico como casi todas las reformas que viene proponiendo el Ejecutivo. El obispo de Mondoñedo-Ferrol, José Gea Escolano, ha manifestado que la nueva ley de divorcio favorecerá matrimonios de conveniencia, "que se pueden contraer para obtener beneficios al margen de la finalidad del matrimonio". El prelado publicó este viernes una carta pastoral en la que aborda el proyecto de la nueva ley de divorcio y recuerda que es preciso distinguir entre lo legal y lo moral, de forma que "no todas las leyes son morales, por muchos que sean los votos con que se aprueben".

José Gea reconoce que es "cierto que hay casos que hay que solucionar, pero –añade–eso no significa que para solucionarlos se rompan los moldes que configuran la convivencia matrimonial". El religioso se pregunta si es progreso facilitar el divorcio de manera que quede al arbitrio de los esposo o si lo es "romper el matrimonio sin apenas tiempo para una posible reconciliación". También inquiere si es progreso aumentar el número de niños faltos de referencia a sus padres y a su hogar, o la custodia compartida, "obligando al niño a estar un tiempo con cada uno de los padres, sean como sean y los hayan tratado como sea", o "no velar por el bien del niño que, en definitiva, es el más perjudicado".

El PSOE pide la reacción de Rouco Varela.
Ante las declaraciones obispo, el partido en el Gobierno no ha tardado en reaccionar. El secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, tachó de "lamentables y xenófobas" las críticas a la reforma de la ley del divorcio del obispo de Mondoñedo-Ferrol, José Gea Escolano, quien ha apuntado que favorecerá los matrimonios de conveniencia. Para Zerolo, estas palabras son "preocupantes" porque "parecen responder a un intento de criminalización de los inmigrantes por parte de un sector de la jerarquía eclesiástica".

Por ello invita a través de un comunicado al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, a reaccionar de "inmediato", a "rectificar" las declaraciones del obispo de Mondoñedo-Ferrol y a manifestar "el respeto de la jerarquía eclesiástica a los derechos de las personas y a las más elementales reglas del juego democrático".

Rechazo a la reforma de la ley
El Foro Español de la Familia mostró su rechazo a la reforma al considerar que supone "la desaparición del matrimonio del ordenamiento jurídico español y su equiparación con las parejas de hecho" y "un desprecio total" hacia esa institución. Según manifiesta en un comunicado el presidente del Foro, Benigno Blanco, "un contrato que se puede romper unilateralmente por una de las partes a los tres meses sin que concurra ninguna causa más que la voluntad de no cumplirlo, no sólo no tiene nada que ver con algo tan serio para las personas como el matrimonio, sino que no puede llamarse ni siquiera contrato".

Para esta organización de defensa de la familia, con la reforma el matrimonio "pasaría a ser el contrato menos protegido por el derecho, pudiéndose disolver en tres meses por voluntad de uno sólo de los contrayentes". "¿Alguien alquilaría un piso si supiera que el arrendador a los tres meses de firmar el contrato puede reclamarle que abandone la casa en cualquier momento?", se pregunta Blanco.

También lamentó que el Gobierno "haya dado este paso arbitrario" sin convocar una mesa de diálogo, tal como le habían solicitado las asociaciones de defensa de la familia, y confía en que en el trámite parlamentario se corrija "una iniciativa esencialmente negativa y perjudicial".