Javier Izaguirre Fernández, E&J, 13/04/2022
Cuenta atrás para que la mediación sea obligatoria antes de acudir a la vía judicial.
La norma establece un nuevo requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, una norma que, entre otros extremos, pretende impulsar la utilización de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) para acabar con la sobrecarga de asuntos que soportan a diario nuestros juzgados y tribunales.
Según los datos ofrecidos por el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial, el informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa y el informe anual del Defensor del Pueblo, el tiempo medio de duración de los procedimientos judiciales muestra un diagnóstico de ineficiencia.
La Justicia no es únicamente la “administración de la justicia contenciosa”.
Bajo la intención de reducir la litigiosidad, el Ministerio de Justicia da un paso más en su propósito de impulsar la participación de la ciudadanía en el servicio público de la Justicia e invita a las partes a promover su capacidad negociadora. Como se desprende del propio Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, “el servicio público de Justicia debe ser capaz de ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para gestionar su problema. En unos casos será la vía exclusivamente judicial, pero en muchos otros será la vía consensual la que ofrezca la mejor opción. La elección del medio más adecuado de solución de controversias aporta calidad a la Justicia y reporta satisfacción al ciudadano. En este contexto cobran importancia las razones de las partes para construir soluciones dialogadas en espacios compartidos”.
«Los MASC ayudarán también a reducir la sobrecarga de los tribunales, impulsando un servicio público de Justicia sostenible».
Con la introducción de los MASC, pese a la opinión contraria de algunos operadores jurídicos, se incrementa el protagonismo de todas las profesiones jurídicas, especialmente por el papel negociador de los abogados que se garantiza en todo caso, pero también de los procuradores de los tribunales, los mediadores, los graduados sociales, los notarios y los registradores de la propiedad, entre otros.
Cabe recordar que el propio Estatuto General de la Abogacía Española exige que el asesoramiento letrado que se preste no incite al conflicto ni al litigio.
Además, como medida estrella, el Ministerio de Justicia avala el nuevo requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantil (incluidos los conflictos transfronterizos), al exigir un intento de solución consensuada a las partes con anterioridad a la interposición de la correspondiente demanda. Según la norma, las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa entre las mismas, a través de la opinión de un experto independiente, por medio de la conciliación, por la vía de la mediación o mediante una oferta vinculante confidencial.
Eso sí, como ya se recogiese en el Anteproyecto, entre todas las alternativas, parece que la mediación adquiere un especial protagonismo. Según el literal de la norma, “es necesario introducir medidas eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos. Con este fin se ha de potenciar la mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado”.
Por último, respecto al acuerdo logrado a través de los MASC, la norma establece que el mismo tendrá idéntica validez que si el conflicto hubiera sido resuelto por un juez. Es decir, el acuerdo alcanzado tendrá valor de cosa juzgada para las partes enfrentadas, impidiéndose así la presentación de una demanda con idéntico objeto. No obstante, para que aquél tenga valor de título ejecutivo, deberá ser elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente cuando corresponda.
En palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, los MASC van a permitir “garantizar mejor los derechos de la ciudadanía por vías menos costosas y que llevan menos tiempo”. A su juicio, “se trata de un cambio de la cultura del litigio hacia la cultura del acuerdo”.
Cuenta atrás para que la mediación sea obligatoria antes de acudir a la vía judicial.
La norma establece un nuevo requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, una norma que, entre otros extremos, pretende impulsar la utilización de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) para acabar con la sobrecarga de asuntos que soportan a diario nuestros juzgados y tribunales.
Según los datos ofrecidos por el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial, el informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa y el informe anual del Defensor del Pueblo, el tiempo medio de duración de los procedimientos judiciales muestra un diagnóstico de ineficiencia.
La Justicia no es únicamente la “administración de la justicia contenciosa”.
Bajo la intención de reducir la litigiosidad, el Ministerio de Justicia da un paso más en su propósito de impulsar la participación de la ciudadanía en el servicio público de la Justicia e invita a las partes a promover su capacidad negociadora. Como se desprende del propio Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, “el servicio público de Justicia debe ser capaz de ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para gestionar su problema. En unos casos será la vía exclusivamente judicial, pero en muchos otros será la vía consensual la que ofrezca la mejor opción. La elección del medio más adecuado de solución de controversias aporta calidad a la Justicia y reporta satisfacción al ciudadano. En este contexto cobran importancia las razones de las partes para construir soluciones dialogadas en espacios compartidos”.
«Los MASC ayudarán también a reducir la sobrecarga de los tribunales, impulsando un servicio público de Justicia sostenible».
Con la introducción de los MASC, pese a la opinión contraria de algunos operadores jurídicos, se incrementa el protagonismo de todas las profesiones jurídicas, especialmente por el papel negociador de los abogados que se garantiza en todo caso, pero también de los procuradores de los tribunales, los mediadores, los graduados sociales, los notarios y los registradores de la propiedad, entre otros.
Cabe recordar que el propio Estatuto General de la Abogacía Española exige que el asesoramiento letrado que se preste no incite al conflicto ni al litigio.
Además, como medida estrella, el Ministerio de Justicia avala el nuevo requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantil (incluidos los conflictos transfronterizos), al exigir un intento de solución consensuada a las partes con anterioridad a la interposición de la correspondiente demanda. Según la norma, las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa entre las mismas, a través de la opinión de un experto independiente, por medio de la conciliación, por la vía de la mediación o mediante una oferta vinculante confidencial.
Eso sí, como ya se recogiese en el Anteproyecto, entre todas las alternativas, parece que la mediación adquiere un especial protagonismo. Según el literal de la norma, “es necesario introducir medidas eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos. Con este fin se ha de potenciar la mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado”.
Por último, respecto al acuerdo logrado a través de los MASC, la norma establece que el mismo tendrá idéntica validez que si el conflicto hubiera sido resuelto por un juez. Es decir, el acuerdo alcanzado tendrá valor de cosa juzgada para las partes enfrentadas, impidiéndose así la presentación de una demanda con idéntico objeto. No obstante, para que aquél tenga valor de título ejecutivo, deberá ser elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente cuando corresponda.
En palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, los MASC van a permitir “garantizar mejor los derechos de la ciudadanía por vías menos costosas y que llevan menos tiempo”. A su juicio, “se trata de un cambio de la cultura del litigio hacia la cultura del acuerdo”.
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