La sede del Instituto de Medicina Legal se halla en el PTS.
El IML se desvincula de la dinámica de trabajo de los equipos psicosociales.
Y. H. Granada | 10.08.2015
Las reacciones al caso de los niños de Motril cuyos padres
iniciaron su divorcio en 2013 y que tendrán que esperar hasta junio del
año que viene para ser explorados por un equipo psicosocial no se han
hecho esperar. La directora del Instituto de Medicina Legal (IML) de
Granada, Nieves Montero de Espinosa, ha considerado "inaceptable" la
tardanza en este caso concreto y ha desvinculado a los forenses de la
dinámica de trabajo de los equipos psicosociales de los juzgados de
Familia.
En declaraciones a este diario, Montero de Espinosa opinó que, si bien son periciales delicadas y complejas, la tardanza en las exploraciones de menores y en la emisión de informes en nada beneficia al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. No obstante, dijo tener constancia de que el Gobierno andaluz está ya buscando la solución más idónea. "Me consta que se trata de un asunto prioritario en la agenda de la Junta", manifestó.
En el caso de los niños de Motril publicado ayer por este diario, se fijaba la exploración de los menores tan tarde -2 años y 7 meses después de iniciarse el divorcio- porque el reconocimiento estaba señalado para noviembre del año pasado y tuvo que suspenderse al coincidir la cita con el ingreso hospitalario de uno de los niños para ser operado por apendicitis.
Pero al margen de las circunstancias especiales de este caso concreto, la responsable del IML indicó que las exploraciones están tardando aproximadamente 1 año o año y medio. "Se trata de una dinámica de trabajo que produce unos retrasos que desde el punto de vista médico forense resultarían inaceptables".
La directora puso el acento que los retrasos de los equipos psicosociales no son un problema sólo de Granada ni de Andalucía, sino que se producen "a nivel nacional". Por ello, reclamó un "análisis en profundidad, pues nosotros tenemos que adaptar nuestra técnica y nuestra pericia a las necesidades que se nos demandan y no al revés". En este contexto, advirtió de que "el aumento de la tardanza lo que produce es litigiosidad y aumenta la sintomatología de los intervinientes".
Los forenses del IML, en los casos penales complicados, suelen tardar unos 2 meses, mientras que en los casos de Lex Artis -denuncias contra facultativos-, pleitos laborales -litigios por incapacidades- y asuntos complicados de violencia de género emplean una media de 3 meses, pues requieren mucho estudio y recabar mucha documentación.
A juicio del IML, en el caso de Motril "se debería haber buscado un hueco en el menor tiempo posibles y no haber ido a la cola tras el aplazamiento". En el Instituto, de hecho, hay una norma de funcionamiento que es que "los casos de menores son los casos urgentes, por delante incluso de las causas con preso".
Los equipos psicosociales que intervienen en los procesos de divorcio están adscritos a los juzgados de Familia y dependen del Servicio de Justicia de la Junta. El IML, como aclaró su directora, cuenta con 2 equipos psicosociales adscritos para los casos de abusos a menores, las valoraciones de las víctimas de violencia de género y otras pericias, pero no intervienen en las disoluciones matrimoniales y "tienen otros tiempos completamente distintos".
En declaraciones a este diario, Montero de Espinosa opinó que, si bien son periciales delicadas y complejas, la tardanza en las exploraciones de menores y en la emisión de informes en nada beneficia al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. No obstante, dijo tener constancia de que el Gobierno andaluz está ya buscando la solución más idónea. "Me consta que se trata de un asunto prioritario en la agenda de la Junta", manifestó.
En el caso de los niños de Motril publicado ayer por este diario, se fijaba la exploración de los menores tan tarde -2 años y 7 meses después de iniciarse el divorcio- porque el reconocimiento estaba señalado para noviembre del año pasado y tuvo que suspenderse al coincidir la cita con el ingreso hospitalario de uno de los niños para ser operado por apendicitis.
Pero al margen de las circunstancias especiales de este caso concreto, la responsable del IML indicó que las exploraciones están tardando aproximadamente 1 año o año y medio. "Se trata de una dinámica de trabajo que produce unos retrasos que desde el punto de vista médico forense resultarían inaceptables".
La directora puso el acento que los retrasos de los equipos psicosociales no son un problema sólo de Granada ni de Andalucía, sino que se producen "a nivel nacional". Por ello, reclamó un "análisis en profundidad, pues nosotros tenemos que adaptar nuestra técnica y nuestra pericia a las necesidades que se nos demandan y no al revés". En este contexto, advirtió de que "el aumento de la tardanza lo que produce es litigiosidad y aumenta la sintomatología de los intervinientes".
Los forenses del IML, en los casos penales complicados, suelen tardar unos 2 meses, mientras que en los casos de Lex Artis -denuncias contra facultativos-, pleitos laborales -litigios por incapacidades- y asuntos complicados de violencia de género emplean una media de 3 meses, pues requieren mucho estudio y recabar mucha documentación.
A juicio del IML, en el caso de Motril "se debería haber buscado un hueco en el menor tiempo posibles y no haber ido a la cola tras el aplazamiento". En el Instituto, de hecho, hay una norma de funcionamiento que es que "los casos de menores son los casos urgentes, por delante incluso de las causas con preso".
Los equipos psicosociales que intervienen en los procesos de divorcio están adscritos a los juzgados de Familia y dependen del Servicio de Justicia de la Junta. El IML, como aclaró su directora, cuenta con 2 equipos psicosociales adscritos para los casos de abusos a menores, las valoraciones de las víctimas de violencia de género y otras pericias, pero no intervienen en las disoluciones matrimoniales y "tienen otros tiempos completamente distintos".
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