El negocio de los procesos de divorcio en España

Investigan si una psicóloga judicial incurrió en falta muy grave por incompatibilidad.Emitió un informe pericial sobre la custodia de unos niños a la vez que su socia en un despacho privado cobraba de uno de los cónyuges por un dictamen. 

Ricardo Fernández | MURCIA| 14 abril 2015. 

El Ministerio de Justicia ha abierto un «expediente disciplinario por la posible comisión de una falta muy grave» contra una psicóloga forense, adscrita al Instituto de Medicina Legal de la Región, con el fin de investigar si informó en un procedimiento de divorcio pese a estar inmersa en apariencia en una causa de incompatibilidad. Así se hace constar en documentación de la Gerencia Territorial de Murcia, a la que 'La Verdad' ha tenido acceso, en la que se informa de que el precepto cuya supuesta vulneración se investiga es «el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades».
La denuncia contra la psicóloga forense B.G.A fue presentada el pasado enero por una vecina de Murcia que está en proceso de divorcio contencioso -no amistoso- en el Juzgado de Familia nº 3 de Murcia. Después de entrevistarse con esta mujer, con su exmarido y con los 3 hijos de la pareja, de 4, 6 y 8 años, la mencionada profesional emitió un dictamen por el que recomendaba la custodia compartida de los menores.
La denunciante comprobó, sin embargo, que de manera prácticamente simultánea a la realización de ese informe, su exesposo había acudido a una consulta privada en la que ejerce como coordinadora la mencionada B.G.A, el denominado Gabinete Pericial Forense, y había contratado los servicios de una psicóloga -compañera y socia de la 1ª - para que emitiera un dictamen de parte. La conclusión de este informe de pago fue, igualmente, que lo más indicado era la custodia compartida.
La mujer, que reclamaba la guarda y custodia de sus 3 hijos por no estar trabajando y considerar que por esa razón podía atenderlos mejor -algo con lo que coincidía el fiscal-, interpuso una denuncia ante el Ministerio de Justicia por estimar que la psicóloga forense no se había abstenido pese a estar afectada por una causa de incompatibilidad.
En concreto, destacaba que B.G.A. hubiera emitido un informe como trabajadora de la Administración de Justicia, a la vez que su gabinete privado se llevaba «un evidente lucro o beneficio económico» por parte del exmarido, que es una de las partes interesadas en el procedimiento.
También atribuyó intencionalidad al hecho de que los 2 informes se presentaran en la causa los días 10 de diciembre (miércoles), el privado, y 11 de diciembre, el público, cuando el juicio estaba señalado para el lunes, día 15, con lo que casi se le privaba de tiempo material para impugnarlo o recusar a la perito.
El juez acabó concediendo la custodia compartida al padre, en apariencia por el peso de ambos informes.
Este periódico contactó ayer tarde con B.G.A. para ofrecerle la oportunidad de dar su versión de los hechos, pero no respondió a la invitación.