Orense: Quejas contra abogados

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La Comisión Deontológica recibió 50 quejas contra abogados en lo que va de 2008
EFE
03-08-2008

Ourense.- El Colegio Oficial de Abogados de Ourense tiene desde hace 4 años la única Comisión Deontológica de Abogados de Galicia para investigar las quejas presentadas por letrados y ciudadanos sobre actuaciones de otros abogados, y que en lo que va de año 2008 son ya más de cincuenta, según el decano, Arturo González.

El decano del Colegio Oficial de Abogados de Ourense, Arturo González Estévez, único colegio gallego de letrados que tiene una Comisión Deontológica creada para atender las quejas de ciudadanos y abogados contra la actuación de otros letrados.

El Colegio de Abogados de Ourense asocia a 756 letrados en ejercicio y a otros 200 no ejercientes, según explicó su decano en una entrevista a Efe, y tiene la obligación de "defender a los que trabajan bien y sancionar a los que no lo hacen así, siempre que haya pruebas".

En ese sentido, aludió a la particularidad del Colegio orensano por tener una Comisión Deontológica encargada de "instruir" o investigar las quejas que recibe "mientras que el otro órgano del colegio que es la Junta de Gobierno, se encarga de determinar la conveniencia o no de sanción tras juzgar los hechos".

Explicó que en el resto de los colegios de abogados gallegos también se reciben quejas que se investigan y resuelven, "pero es la Junta de Gobierno la encargada de todo el proceso ya que no tienen un órgano específico como en Ourense", subrayó.
Las quejas recibidas se refieren, en proporciones semejantes, a desacuerdos de ciudadanos con sus letrados y a los originados entre abogados.
El volumen más elevado de las quejas presentadas por ciudadanos, según González, corresponde al ejercicio privado de la Abogacía y no llegan al 1 % las que se refieren a actuaciones de oficio.

Las discrepancias más frecuentes se refieren a la forma de llevar la defensa y al cobro de honorarios excesivos.
En ese sentido, indicó que desde 1997 hay libertad total de honorarios pero a pesar de esto recomienda a los colegiados el uso de unas tablas orientativas en las que se cuantifica el cobro en proporción al valor de lo que se discute, "y también les indicamos que nada más acordar el trabajo con su cliente, hagan una hoja de servicio en la que consten los honorarios".

Entre estas quejas, está la de una vecina de Ourense que denunció que su abogada le cobró en exceso y se apropió de una pensión alimenticia derivada de su proceso de separación matrimonial.
Según González Estévez, la Comisión Deontológica abrió un expediente para investigar ese caso "pero hace unas semanas supimos que la afectada denunció ya el tema en el juzgado, por lo que el expediente del Colegio de Abogados se suspende hasta que haya resolución judicial".

También aludió a un caso "peculiar" registrado este año en el que un letrado denunció a un ciudadano en el juzgado por las "injurias" vertidas contra su trabajo de abogado, en un mensaje de Internet, por uno de los miembros de un matrimonio en trámites de divorcio.
La denuncia, a la que tuvo acceso Efe, explica que un hombre acusó al abogado de su esposa de "actuar a espaldas de ella y en confabulación con él para perjudicar a la mujer que le contrató", y en el mismo mensaje enviado por "messenger" a varios conocidos, el marido insinuó que esa actuación del letrado podría suponerle la expulsión del Colegio Oficial.

Según el decano del Colegio orensano, el abogado pidió amparo oficial y el órgano colegiado acordó dárselo porque no hay quejas ni denuncias en su trayectoria profesional, "y también estamos para defender las actuaciones éticas, no por corporativismo, sino con la misma objetividad que nos lleva a investigar las quejas presentadas por posibles malas actuaciones".

También se refirió a las denuncias entre abogados que recibe la Comisión Deontológica y explicó que se dan cuando un ciudadano decide cambiar de abogado, "y esto puede originar -dijo- una situación de malestar y falta de entendimiento entre el primer letrado y el segundo, en el traspaso de la documentación de uno a otro".

Tras la investigación de la Comisión Deontológica, la Junta de Gobierno analiza los hechos y resuelve el expediente en seis meses como máximo.
Si hubo comportamientos punibles, se impondrá una sanción que puede ir desde un apercibimiento escrito hasta la expulsión, pasando por la suspensión profesional desde un día hasta varios meses e incluso esta decisión puede ser recurrida ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, según explicó Arturo González.