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EP, Madrid, 30 DIC 2021 El fallo más consultado es el de un padre que solicita la extinción de la pensión alimenticia de su hija tras perder la relación con ella.
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha hecho público el ránking de las 10 sentencias más consultadas por los más de 2.500 abogados especializados en Derecho de Familia a lo largo de 2021 y, según ha señalado la entidad, los conflictos relacionados con los hijos y el reparto de la vivienda, son los que ocupan los primeros puestos.
Esta clasificación, según señala la AEAFA, se realiza analizando el número de consultas realizadas por los juristas que emplean el buscador de la web de la asociación que, según han apuntado, acumula cerca de 1/4 de millón de visualizaciones anuales.
A su juicio, este ránking "constituye el mejor termómetro de las crisis familiares en España y de los conflictos que son tendencia en el ámbito del Derecho de Familia".
Así, con este estudio, se puede determinar que la resolución que más ha interesado en este año es la que se refiere a un padre que solicita la extinción de la pensión alimenticia de su hija mayor de edad por falta de trato y afecto.
"La relación entre ambos se rompe definitivamente mediante un mensaje un correo electrónico de ella a los 14 años, coincidiendo con disputas judiciales entre los progenitores por el impago de la pensión de alimentos. Posteriormente, cuando adquiere la mayoría de edad, la hija publica un libro en el que escribe que no tiene padre y procede a invertir sus apellidos", señala la AEAFA.
La asociación apunta que, en la sentencia, la A. P. de Navarra estima la demanda del padre y acuerda la extinción de la pensión de alimentos e imputa a la hija la decisión de desentenderse del padre, "lo que implica la asunción de las consecuencias de sus actos y de las decisiones libérrimas adoptadas por parte de una persona mayor de edad".
Similar es otra de las resoluciones más buscadas este año, dictada por la A. P. de Pontevedra, en la que también se extingue la pensión de alimentos por falta de relación familiar de "un hijo 'nini'. La Audiencia considera constatado que el hijo no coge el teléfono ni habla al padre desde hace 2 años.
También relacionado con hijos es la 3ª resolución más vista. En este caso, un hombre solicita la adopción de las 2 hijas mayores de edad de la esposa, que conviven con ellos, dado que el padre biológico se ausentó física y económicamente de la vida de sus hijas.
En este caso, apunta AEAFA, la Fiscalía se opone porque, aduce, las adoptadas no habían roto radicalmente su relación con la familia del padre, al seguir manteniendo una relación de afecto con sus tías paternas. Sin embargo, la A. P. de Madrid apunta a que la constitución de facto de una relación paternofilial entre adoptante y adoptadas no exige una ruptura radical, total y absoluta con la familia del padre biológico, pues ni la ley lo impone, ni se considera modulado.
Del mismo modo, recoge el caso de una demanda ejecutiva fundamentada en que el progenitor incumple el régimen de visitas porque no recoge personalmente a los hijos y se ocupa de hacerlo la pareja.
La A. P. de Madrid determina, en este punto, que "en cualquier entorno familiar es ocasionalmente necesario acudir a la ayuda de 3ª personas cuando los horarios laborales no son compatibles con los de los hijos menores" y determina que "no puede derivarse de ello reproche alguno, ni afirmar que ello implica el incumplimiento del régimen de visitas, especialmente cuando quien se encarga de ello no es una persona desconocida para los menores".
Por su parte, la resolución que ocupa el 2º lugar entre las más buscadas es un caso en el que una mujer reclama en 2021 una pensión compensatoria a su exmarido, del que se separó en 2007. En este caso, la A.P. de Valencia determina que, el transcurso del tiempo de separación sin reclamar pensión compensatoria provoca la presunción de disponibilidad de medios, que evita que se genere la pensión compensatoria.
Entre los casos destacados, la AEAFA también recoge uno en el que la madre de un niño pide compartir con el padre los gastos de logopedia y de integración social, al considerarlos gastos extraordinarios y, concreta-mente, gastos médicos urgentes de necesidad y conveniencia acreditadas no incluidos en la Seguridad Social. Por su parte, el padre interpreta que se trata de gastos ordinarios por tratarse de un gasto periódico y que, en todo caso, no le pueden ser exigidos por no haber sido consensuados ni haberse recabado autorización judicial.
En este caso, el auto da por probada la necesidad y conveniencia de los gastos por el tratamiento de logopedia e integración social del hijo, pero también considera que no son urgentes y deben ser consentidos por el otro progenitor o autorizados por la autoridad judicial.
Por su parte, la resolución que ocupa el 2º lugar entre las más buscadas es un caso en el que una mujer reclama en 2021 una pensión compensatoria a su exmarido, del que se separó en 2007. En este caso, la A.P. de Valencia determina que, el transcurso del tiempo de separación sin reclamar pensión compensatoria provoca la presunción de disponibilidad de medios, que evita que se genere la pensión compensatoria.
Entre los casos destacados, la AEAFA también recoge uno en el que la madre de un niño pide compartir con el padre los gastos de logopedia y de integración social, al considerarlos gastos extraordinarios y, concreta-mente, gastos médicos urgentes de necesidad y conveniencia acreditadas no incluidos en la Seguridad Social. Por su parte, el padre interpreta que se trata de gastos ordinarios por tratarse de un gasto periódico y que, en todo caso, no le pueden ser exigidos por no haber sido consensuados ni haberse recabado autorización judicial.
En este caso, el auto da por probada la necesidad y conveniencia de los gastos por el tratamiento de logopedia e integración social del hijo, pero también considera que no son urgentes y deben ser consentidos por el otro progenitor o autorizados por la autoridad judicial.
Desalojo
En tema de vivienda, la AEAFA destaca 2 casos. El 1º es una resolución de la A. P. de Madrid tras la petición de desalojo de una mujer de una casa que, por sentencia, ella tenía en uso por 2 años o hasta que se liquidara la sociedad de gananciales.
"Se estima el motivo de apelación ya que la sentencia de divorcio no contiene pronunciamiento de condena al desalojo, por lo que la petición vulnera por exceso el título que se pretende ejecutar. Sin embargo, no restaura el uso de la vivienda para la exmujer toda vez que el derecho del recurrido (...) es ahora de igual condición que el de la recurrente", recoge la sentencia.
El 2ª caso es de un matrimonio que se reconcilia en el año 2002 y que dura otros 15 años, hasta 2017. Durante este tiempo se rigió por el régimen de separación de bienes. La esposa ha trabajado hasta 2008 y cobra la prestación de desempleo hasta 2010, cuando comienza a trabajar en tareas administrativas colaborando con el esposo en su oficio de electricista. Compagina ese trabajo con su dedicación al hogar. No existen hijos en común.
En la sentencia se estima procedente en función de las circunstancias concurrentes establecer en 20.000 € de indemnización, una cuantía que, según el texto, podrá ser abonada de un sola vez o a plazos superiores a 200 € al mes. Y respecto a la vivienda, hasta que se liquide o divida, al ser copropietarios ambos litigantes, por un reparto temporal por años.
El responsable de la selección de resoluciones y de su análisis para la AEAFA es el abogado y vocal de la junta directiva José Luis Cembrano, quien añadiría "2 más" que se han dictado a lo largo de 2021 "debido a su trascendencia".
Se trata de "la sentencia que aborda la audiencia de los niños y niñas", en la que el Supremo anula la sentencia y retrotrae las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia para que las niñas menores sean oídas y escuchadas sobre su custodia"; y la "sentencia que aborda el cambio de paradigma en el concepto de la "persona con discapacidad" por la que "desaparece la tutela, por ser el régimen basado en la protección". "Ahora la persona con discapacidad tiene capacidad de obrar y capacidad jurídica", ha destacado.
En tema de vivienda, la AEAFA destaca 2 casos. El 1º es una resolución de la A. P. de Madrid tras la petición de desalojo de una mujer de una casa que, por sentencia, ella tenía en uso por 2 años o hasta que se liquidara la sociedad de gananciales.
"Se estima el motivo de apelación ya que la sentencia de divorcio no contiene pronunciamiento de condena al desalojo, por lo que la petición vulnera por exceso el título que se pretende ejecutar. Sin embargo, no restaura el uso de la vivienda para la exmujer toda vez que el derecho del recurrido (...) es ahora de igual condición que el de la recurrente", recoge la sentencia.
El 2ª caso es de un matrimonio que se reconcilia en el año 2002 y que dura otros 15 años, hasta 2017. Durante este tiempo se rigió por el régimen de separación de bienes. La esposa ha trabajado hasta 2008 y cobra la prestación de desempleo hasta 2010, cuando comienza a trabajar en tareas administrativas colaborando con el esposo en su oficio de electricista. Compagina ese trabajo con su dedicación al hogar. No existen hijos en común.
En la sentencia se estima procedente en función de las circunstancias concurrentes establecer en 20.000 € de indemnización, una cuantía que, según el texto, podrá ser abonada de un sola vez o a plazos superiores a 200 € al mes. Y respecto a la vivienda, hasta que se liquide o divida, al ser copropietarios ambos litigantes, por un reparto temporal por años.
El responsable de la selección de resoluciones y de su análisis para la AEAFA es el abogado y vocal de la junta directiva José Luis Cembrano, quien añadiría "2 más" que se han dictado a lo largo de 2021 "debido a su trascendencia".
Se trata de "la sentencia que aborda la audiencia de los niños y niñas", en la que el Supremo anula la sentencia y retrotrae las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia para que las niñas menores sean oídas y escuchadas sobre su custodia"; y la "sentencia que aborda el cambio de paradigma en el concepto de la "persona con discapacidad" por la que "desaparece la tutela, por ser el régimen basado en la protección". "Ahora la persona con discapacidad tiene capacidad de obrar y capacidad jurídica", ha destacado.
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