Un total de 1.114.560 denuncias por violencia de género han entrado en los juzgados españoles desde 2007, según el informe '10
años de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género en los órganos
judiciales', que publica el Boletín de Información Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En cualquier caso, según revelaba hace unos días el Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género
del Observatorio contra la violencia doméstica y de género --que
analiza datos de 2013--, un 80 % de las mujeres muertas por
violencia de género no había denunciado.Según refleja el informe del CGPJ publicado este martes, de ese millón de denuncias, casi el 80 % procedieron de atestados policiales, un 12 % por partes de lesiones y 8 % por denuncia directa en el juzgado de la víctima o sus familiares (6 % en los 1º 6 meses de 2015).
En cuanto a la orden de protección, en estos 10 años de Ley Integral se han incoado 365.868, de las que los jueces concedieron 246.542 (un 67,4%). Se observa una tendencia creciente en el nº de órdenes incoadas a nivel estatal (33.167 en 2014 frente a 32.831 en 2013) y en el 1º semestre de 2015 ya se han recibido 17.648.
El estudio especifica que fue en los juzgados de violencia sobre la mujer compartidos donde se produjo un mayor porcentaje de concesión de órdenes de protección, un 71,7%, frente al 62,9% en los juzgados exclusivos.
Además, de los datos se desprende que 1 de cada 3 mujeres que solicitó orden de protección en los 10 últimos años en los juzgados de violencia sobre la mujer (un 33 %) eran extranjeras. También fueron las que más denuncias presentaron en este periodo, 4 veces más que las españolas.
En cuanto a la edad, el estudio pone de manifiesto que un 2,3 % de las víctimas de violencia de género que solicitaron órdenes de protección en esta última década eran menores de 18 años.
Por comunidades, en La Rioja y Murcia fue donde se concedieron porcentualmente más órdenes de protección, con un 86 % sobre el total de solicitadas, mientras que Cataluña, con un 52,6 %, y Asturias y Madrid, con porcentajes cercanos al 57 %, fueron las comunidades con menor ratio de órdenes concedidas sobre las solicitadas.
Entre las medidas de protección, el alejamiento (con un 84,2 %) y la prohibición de comunicación (81,6 %) fueron las que se adoptaron en un mayor nº de casos, mientras que la privación de libertad se estableció en un 5,4 % de los casos.
En todo caso, durante estos 10 años también se han registrado 131.043 renuncias a continuar con el proceso y la cifra aumentó en 2014 hasta las 15.721 frente las 15.300 de 2013. En el 1º semestre de 2015 se han presentado 7.537. Por nacionalidad, el informe muestra que la ratio de mujeres extranjeras que renuncia a seguir con el proceso (29,4 %) quintuplica al de españolas (5,5 %).
77 % de Sentencias condenatorias.
Atendiendo a las sentencias, los juzgados de violencia sobre la mujer han dictado en los 10 años de aplicación de la Ley Integral un total de 192.804 sentencias, de las que 148.894 fueron condenatorias (107.264 por delito y 41.630 por falta), lo que representa un porcentaje de condenas del 77 % respecto del total de sentencias dictadas.
Por su parte, los juzgados de lo penal han dictado 273.034 sentencias, de las que 141.382 fueron condenatorias, lo que representa un 51,8 % del total de sentencias. Este dato varía de una comunidad a otra. Así, mientras que en Madrid y Cataluña el porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal se situó en torno al 44 %, en Extremadura rozó el 80 %.
En estos juzgados se enjuició a 284.029 personas de las que un 96,3 % eran hombres. En total, fueron condenados 146.587, de los que 98.455 eran españoles y 44.336 extranjeros.
Por su parte, los Juzgados de menores han registrado desde 2007 un total de 1.526 asuntos de violencia doméstica y de género. En este período se han dictado 1.148 sentencias penales, de las que 1.104 han sido en procedimientos por delito y 44 en faltas. El nº total de enjuiciados fue de 1.238 menores, de los que 1.042 se encontraban en la franja de edad de entre 16 y 17 años y 196 tenían entre 14 y 15 años. De todos los menores enjuiciados en estos 10 años, 898 eran españoles y 34, de origen extranjero.
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