Marta Borraz |08/12/2015
En su programa electoral la formación incorpora la medida de
reformar la ley integral contra la violencia de género para acabar "con
la asimetría penal por cuestión de sexo"La pena por lesiones que no requieren tratamiento es de 3 meses a 1 año de prisión en caso de violencia doméstica, pero si es el hombre el que agrede a su pareja o expareja femenina es de 6 meses a 1 año.
El Tribunal Constitucional avala la diferencia de condenas dependiendo de si la agresión se da en un contexto de violencia de género o doméstica porque la 1ª reproduce la desigualdad.
Ciudadanos incluye en su programa la reforma de la ley para acabar "con la asimetría penal por razón de sexo"
Reformar la Ley Integral contra la violencia
de género para acabar "con la asimetría penal por cuestión de sexo". Es
una de las propuestas que Ciudadanos incluye en el programa,
junto con modificarla para combatir "la ineficacia de la propia
ley", con el que se presenta a las próximas elecciones generales.
El
documento, en el que incorpora todo un apartado dedicado a "igualdad y
violencia de género e intrafamiliar", apuesta por la medida de "igualar
las penas con independencia del sexo del agresor", según confirma
Antonio Espinosa, secretario de Acción Política de la formación. Es
decir, acabar con la agravante que la ley introdujo en el Código Penal
cuando es el hombre el que agrede a quien es o fue su pareja femenina.
El objetivo, según Espinosa, es que se respete el art. 14 de la
Constitución Española, que garantiza la igualdad ante la ley de todos
los españoles sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición.
Un argumento, junto al de que se "condena con mayor rigor al hombre por
el mero hecho de serlo", que fue empleado en varias de las cuestiones
de inconstitucionalidad que se plantearon tras la aprobación de la ley
en 2004 y que años más tarde tumbó el Tribunal Constitucional.
En ellas se cuestionaba, entre otros, el art. 153.1
del Código Penal, modificado por la ley contra la violencia de género,
que establece una pena de prisión de 6 meses a 1 año si es el hombre
el que maltrata, golpea o menoscaba psicológicamente a su pareja o
expareja sin causarle lesión que requiera tratamiento. En caso de
tratarse de una situación de violencia doméstica, y no de género o
machista, la norma fija una pena de 3 meses a 1 año. Algo similar
ocurre con las amenazas y coacciones leves o las lesiones que requieran
tratamiento médico.
Estas últimas podrán ser
castigadas con una pena de 3 meses a 3 años, que asciende a de 2
a 5 años si es violencia machista. En el caso del asesinato, la ley
no establece por sí misma condenas diferentes, pero el juez puede
dictar una más alta dependiendo de varios factores, entre ellos, la
vulnerabilidad de la víctima o si le precede una suma de delitos, es
decir, si ha sufrido violencia reiterada. Por eso puede darse que las
situaciones de violencia de género estén sujetas a una mayor pena.
Lo que aún no saben en Ciudadanos es cómo lo harán: si disminuirán la
posible condena a la que se enfrenta el hombre que agrede a su pareja o
expareja, es decir, la concreta por violencia de género, o si aumentarán
la pena por violencia doméstica. "Nosotros queremos cambiar esa
asimetría, en el fondo lo que perseguimos es que haya más igualdad
porque lo que hay ahora es desigualdad de trato que se manifiesta en
diferentes condenas si el que agrede es un hombre o una mujer", sostiene
Espinosa. Este se convirtió en uno de los puntos más polémicos de la
ley durante su tramitación que, finalmente, acabó por zanjar el Tribunal
Constitucional, que en una sentencia de 2008 avala su constitucionalidad.
El fallo dispone que no existe esta discriminación y entiende que la
sanción debe incluir un plus de gravedad si las agresiones responden a
un contexto machista. Violencias que "son más graves y reprochables
socialmente a partir del contexto relacional en el que se producen"
porque, afirma, son conductas que reproducen la desigualdad en el ámbito
de la pareja entre hombres y mujeres, "de gravísimas consecuencias para
quien de un modo constitucionalmente intolerable ostenta una posición
subordinada".
Violencia que responde a una pauta cultural
"Desde Ciudadanos defendemos la igualdad entre hombres y mujeres [...] y
combatimos cualquier discriminación por razón de género o sexo", apunta
en su programa la formación liderada por Albert Rivera. De hecho,
incluye medidas educativas, económicas y sociales, pero afirma que "si
bien la violencia de género afecta tanto a hombres como a mujeres, el
mayor porcentaje corresponde a la violencia ejercida de hombres hacia
mujeres". Una frase que no se ajusta a lo que la ley entiende por
violencia de género, que "se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo
de serlo".
"No quiere decir que no se pene la
violencia de la mujer hacia el hombre", sostiene María Naredo, jurista
especializada en derechos humanos y género, "pero al revés viene a
reforzar el patrón de discriminación, que no es una cuestión personal,
sino estructural, por eso, el Estado debe reaccionar ante esta violencia
de una manera distinta". De hecho, el Tribunal Constitucional avala que
una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa
conforme a una pauta cultural, la desigualdad en el ámbito de la
pareja, porque dota de "un efecto añadido a los propios (daños) del uso
de la violencia en otro contexto".
Entre estos
efectos, enumera el TC, se encuentra el del "temor a ser de nuevo
agredida", la restricción de la libertad de la víctima, ya que este tipo
de agresiones añaden un "efecto intimidatorio a la conducta" o la
negación de "su igual condición de persona". A Naredo le sorprenden los
cuestionamientos y pone el ejemplo de "las agravantes por violencia
racista, que se traducen en que hay que reprochar más la violencia que
encierra un componente racista, pero no quiere decir que la violencia de
un negro sobre un blanco no esté penada, ¿por qué esto nunca ha
desencadenado críticas?", se pregunta.
Podemos, PSOE e IU ampliarán la ley
En los apartados específicos de sus programas electorales sobre violencia de género, tanto Podemos como PSOE e IU-Unidad Popular proponen
ampliar la ley integral para adaptarla a la normativa internacional
firmada y ratificada por España, que obliga a incluir todas las
violencias machistas, no solo las que se dan en el ámbito de la pareja o
expareja. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) manifestaba en sus
últimas observaciones una "especial preocupación" porque la ley no
refleje todas las formas de violencia sobre las mujeres. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos incluyen esta medida en sus programas.
Y es que las agresiones sexuales, los matrimonios forzosos, la
mutilación genital, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual o el acoso sexual laboral no están oficialmente reconocidas como
violencia de género al no figurar en la ley. Haciéndolo, España
cumpliría además con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa,
unificaría los servicios de atención y acompañamiento a víctimas y
garantizaría sus derechos, independientemente de la comunidad en la que
residan. "No pueden ser violencias que sigan sin ser consideradas
merecedoras de políticas públicas y presupuestos asignados para su
desarrollo", denuncia Bárbara Tardón, doctora en Estudios
Interdisciplinares de Género e integrante de la Plataforma CEDAW Sombra.
Otras medidas de los partidos
Podemos propone garantizar una alternativa habitacional
inmediata, en un plazo de 30 días, para las mujeres y menores que sean
víctimas de la violencia machista y "el acceso prioritario a recibir
prestaciones sin necesidad de denuncia previa".
El PP enumera una batería de medidas basadas en reforzar la prevención y las redes de centros de acogida, estudiar el acceso a bases de datos de interés policial o fomentar que los programas de empleabilidad tengan en cuenta a las víctimas.
Ciudadanos promete elevar a política de Estado la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar, acabar con la ineficacia de la ley integral, ampliar la oferta de plazas en los centros de acogida o garantizar la formación de los jueces.
El PSOE quiere potenciar el acompañamiento judicial personalizado para combatir el alto número de mujeres que retiran la denuncia; convertir en inadmisible el Síndrome de Alienación Parental (SAP) como acusación o garantizar la suspensión del régimen de visitas cuando el padre esté condenado por violencia de género. Algo similar comparte Unidad Popular, que pretende suspender el régimen sin supervisión a padres denunciados; posibilitar la atención y el acompañamiento de la víctima sin necesidad de denunciar; evaluar la perviviencia de actitudes machistas en el sistema judicial o formar a la Policía Nacional en la creación de espacios seguros.
El PP enumera una batería de medidas basadas en reforzar la prevención y las redes de centros de acogida, estudiar el acceso a bases de datos de interés policial o fomentar que los programas de empleabilidad tengan en cuenta a las víctimas.
Ciudadanos promete elevar a política de Estado la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar, acabar con la ineficacia de la ley integral, ampliar la oferta de plazas en los centros de acogida o garantizar la formación de los jueces.
El PSOE quiere potenciar el acompañamiento judicial personalizado para combatir el alto número de mujeres que retiran la denuncia; convertir en inadmisible el Síndrome de Alienación Parental (SAP) como acusación o garantizar la suspensión del régimen de visitas cuando el padre esté condenado por violencia de género. Algo similar comparte Unidad Popular, que pretende suspender el régimen sin supervisión a padres denunciados; posibilitar la atención y el acompañamiento de la víctima sin necesidad de denunciar; evaluar la perviviencia de actitudes machistas en el sistema judicial o formar a la Policía Nacional en la creación de espacios seguros.
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