El borrador de informe al Anteproyecto de
Ley de Jurisdicción Voluntaria que el pleno del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) estudiará este jueves propone mantener el control
del juez en los casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, así
como la presencia de un abogado en este tipo de expedientes cuando los
tramiten los notarios.
El texto considera que la competencia para celebrar un matrimonio
--que el Anteproyecto extiende a los notarios-- no debe amparar la de
disolverlo, al argumentar que "son realidades absolutamente
diferenciadas". Asimismo, el borrados recoge que debe seguir siendo
preceptiva la intervención de un abogado en este tipo de expedientes,
así como en todos los relativos a la capacidad de las personas, menores y
familia en general.De este modo, se recomienda "específicamente" la presencia de un abogado en los expedientes notariales de separación y divorcio de mutuo acuerdo, considerándose imprescindible que cada parte esté asistida en todo caso por su propio letrado.
Respecto al requisito de la edad para contraer matrimonio, que pasa de 14 a 16 años, el borrador pide mantener un cierto grado de discrecionalidad judicial, como en determinados casos ocurre actualmente.
Insuficiencia de recursos económicos.
Además, el borrador de informe propone que continúen siendo las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita --y no los notarios o los registradores en los expedientes que tramiten-- las que valoren la concurrencia de los requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos que dé derecho a esta prestación.
En la misma línea y en los casos de algunos expedientes cuya tramitación se atribuye en exclusiva a notarios y registradores, el texto aboga porque se aplique el arancel correspondiente a los documentos sin cuantía que los acerquen, en cuanto a su coste para el usuario, a los tramitados en sede judicial, carentes de tasa.
Por último, el texto propone mantener exclusivamente en el ámbito jurisdiccional las reclamaciones de deudas dinerarias no discutidas y lo justifica en la "ineludible necesidad" de que sea el juez quien controle --a través de su competencia para inadmitirlo-- la propia admisión de la petición y la suficiencia de la documentación presentada por el acreedor, "cada vez más compleja".
En este sentido, el borrador destaca la necesidad de un riguroso control previo por parte del órgano judicial de la suficiencia y adecuación de los documentos y recuerda que el control de la información que se facilita al deudor para conformar su voluntad de aceptar o no la reclamación efectuada es esencial.
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