Los jueces plantean la gestión estatal del turno de oficio

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Los jueces plantean la gestión estatal del turno de oficio.
El vicepresidente del CGPJ propone que una agencia asuma el papel de las regiones.


B. G. - Madrid - 03/11/2011
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es partidario de crear una agencia estatal que gestione el servicio de justicia gratuita en España para "garantizar los cobros, evitar disparidades en el pago a abogados o coordinar la realización de cualquier tipo de actividad".
Así lo manifestó ayer Fernando de Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, quien reconoció en un desayuno organizado por Acijur y la editorial La Ley que el retraso en los pagos a abogados es uno de los principales problemas de las comunidades con competencias en justicia.


Hay varias comunidades con problemas en este sentido, entre ellas la Comunidad Valenciana y Madrid.
La presidenta de esta última, Esperanza Aguirre, ha llegado a plantear la devolución de las competencias al Gobierno central.
En el caso de Madrid, los baremos que cobran los abogados del turno de oficio no se actualizan desde 2003, año en que se transfirieron las competencias con un presupuesto anual que se ha quedado desfasado por el incremento de la demanda, fundamentalmente por el aumento de la inmigración.
Los 4.600 letrados del Colegio de Madrid llevan 1 año atendiendo solo asuntos de urgencia en protesta por las cantidades que el Gobierno regional les adeuda.
En Cataluña, la Generalitat ha bajado este verano un 5% los baremos.


Devolución de competencias
De Rosa se mostró partidario de "realizar una cogestión a través de una agencia que determinara lo que debe cobrar cada abogado", pero rechazó la devolución de competencias al Ministerio de Justicia porque sería renunciar "al acercamiento de la gestión al ciudadano y a los abogados".
En las comunidades donde no hay competencias transferidas es el departamento de Francisco Caamaño el que gestiona el servicio a través de los colegios de abogados.


Hay varias comunidades que han propuesto alternativas, como:
1.- subcontratar el servicio con un despacho privado o
2.- asumir el trabajo dentro de la propia Administración pero con un presupuesto anual limitado.
Caamaño se mostró contrario a ambas opciones por considerar que se supedita el disfrute de un derecho a la disponibilidad presupuestaria o a criterios de rentabilidad.


La agencia que planteó el vicepresidente del CGPJ se encargaría del pago y cobro del servicio, en lugar de las comunidades autónomas, pero la gestión seguiría correspondiendo a los colegios de abogados, ya que la considera "acertada".
La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, María del Carmen Pérez Cascales, explicó ayer a este periódico que para emitir una valoración de la propuesta de De Rosa falta conocer si la nueva agencia fijaría el presupuesto anual para cada comunidad y los baremos retributivos.
En opinión del vicepresidente del CGPJ, la institución que propone lograría una justicia gratuita "mejor gestionada y más ágil para garantizar este derecho a los ciudadanos".
Es partidario de potenciar la figura del colegio de abogados como ente colaborador.

El portavoz de Justicia del PP en el Senado, Agustín Conde, ha señalado recientemente que no hay sobre la mesa ningún proyecto para reformar la justicia gratuita si gana las elecciones.
De Rosa, vicepresidente del CGPJ a propuesta del PP, sostiene que la prioridad de la justicia tras el 20-N es la elaboración de un nuevo mapa judicial.
"Propongo superar el partido judicial, que es una división obsoleta. Pido una reforma de la Ley de Planta y Demarcación Territorial que prime la agilidad de la justicia con ahorro en edificios y personal", comentó durante el desayuno.


Presupuestos menguantes

La Generalitat Valenciana adeuda a los 3.000 letrados que prestan servicio de justicia gratuita unos 10 millones de euros, según la presidenta de los 8 colegios de la comunidad, María del Carmen Pérez Cascales.
Está pendiente de cobro el 60% del primer trimestre de 2011 y el 2º y 3º completos.
El retraso es ya considerable y, lo que es peor, las perspectivas de cobrar en un tiempo razonable son muy escasas.


Según relata la presidenta, hace 5 años el presupuesto era 23 millones de euros, hace 4 bajó a 20 y en los 4 últimos la cantidad asignada ha sido de 16 millones.
Pero en 2010 la factura real del servicio fue de 24 millones de euros.
Es cierto que en 2010 la demanda de abogados de oficio descendió en toda España como consecuencia de que la población inmigrante, un foco de demanda importante, disminuyó. "Pero en 2011 se está disparando la cifra", comenta Pérez Cascales, que estima que el coste se irá a 25 o 26 millones por el incremento de los concursos, ejecuciones hipotecarias y renegociación de convenios de pensiones alimenticias. Estas situaciones están tirando de la demanda nuevamente al alza, con el consiguiente aumento del coste.


La Generalitat Valenciana ha presupuestado 18,5 millones de euros para justicia gratuita en 2012, lo que supone un ligero incremento sobre los 16 de 2011. No obstante, Pérez Cascales considera que no será suficiente para cubrir el servicio de justicia gratuita.

Según la presidenta de los abogados valencianos, sería deseable una unificación de baremos retributivos en todas las comunidades autónomas.
En las regiones que gestiona el Ministerio de Justicia se cobra "puntualmente".